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  El Vía Crucis De LA Arquidiócesis

El Pais
August 26, 2007

http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Agosto262007/viacrusis.html

Un grupo de sacerdotes también cuestionó manejos administrativos en colegios de la Iglesia y en los cementerios de la institución religiosa.

En carta enviada a monseñor Sarasti, nueve párrocos le señalan que la nómina está inflada y que se oculta una realidad financiera y administrativa con "marrullas" contables.

Advierten que la crisis financiera provocó que a varios colegios les suspendieran los servicios públicos, por falta de pago. Denunciantes pidieron intervención de Roma. Sarasti les dijo que todo estaba claro.

Esta semana el padre Germán Robledo sorprendió al país y a la comunidad religiosa con una serie de denuncias relacionadas con comportamientos homosexuales de algunos sacerdotes de la ciudad. Ahora, el prelado destapa nuevas cartas y asegura que hay manejos irregulares y mala administración en los colegios de la Arquidiócesis de Cali.

El Pais conoció una carta, fechada en mayo 15 del 2007, y dirigida a monseñor Juan Francisco Sarasti, en la que Robledo y nueve sacerdotes más afirman que, dentro de la Arquidiócesis, ocultan una realidad financiera y administrativa con "marrullas" contables.

"Usted (Monseñor) desconoce que el número real de empleados de la Unidad Administrativa no es el que se le ha reportado. Existe otro buen número de empleados 'camuflados' en las nóminas de algunos colegios", dice el documento.

Los colegios que maneja la Arquidiócesis, en su mayoría, atienden a población infantil de los sectores más pobres de la capital del Valle. Según algunos funcionarios de la Secretaría de Educación, éstos jamás han tenido problema en sus manejos financieros.
Photo by El País

En la misiva se citan varios ejemplos: "En el Colegio Mayor, en su nómina, figuran diez empleados de la Unidad Administrativa y no laboran en el colegio. Hay otros más en el Colegio San Joaquín".

"Esto no es honesto y busca ocultar la realidad de la burocracia administrativa que ha devorado las reservas de las administraciones anteriores y podría llevar a la institución a una quiebra financiera".

En entrevista con El Pais, Robledo aseguró que el padre Hernán Betancur fue destituido la semana pasada como rector del Colegio Mayor Santiago de Cali.

"Le dijeron que no había sido leal con la institución, siendo éste el fundador de todos los colegios arquidiócesanos. Betancur logró tener unos colegios ejemplares y ahorrar en doce años como capital de trabajo más de $3.000 millones, que hoy no existen".

Las denuncias sobre los cementerios

El padre Betancur reconoció que su salida de la rectoría del colegio se dio porque no estaba de acuerdo con muchos actos administrativos. Sin embargo, aclaró que no se refiere a deshonestidad ni corrupción. "Es normal. Si uno no se siente a gusto, lo mejor es irse".

Entre tanto, en la misiva, los presbíteros hablan de que la difícil situación financiera se refleja en el no pago de los sueldos a los empleados. Lo más grave de todo es que se asegura que es tan crítica la situación que en muchos colegios no se cancelaron los servicios públicos, por lo que se cortaron los mismos. "El colegio Mayor y las sedes de Guayacanes, Santa Mónica y Guadalupe, entre otros, han sido los afectados por el corte de energía y teléfono".

Otra de las denuncias tiene que ver con el no pago de la seguridad social de los empleados. También, que colegios como el de Los Andes no disponían de una impresora para procesar información académica.

De la misma forma, Robledo argumenta que la Arquidiócesis hizo un préstamo, porque no había presupuesto, por un valor mayor de US$400.000, cuando esta cifra excede los topes que dicta la ley canónica. "Para hacer un préstamo así hay que pedir permiso a la Santa Sede, el Consejo de Asuntos Económicos, el Consejo de Consultores, tener la aprobación del Arzobispo y eso no se cumplió".

Leyes canónicas. Pero aquí no paran las denuncias. En otra carta, conocida por este diario y fechada el 9 de julio del 2007, seis sacerdotes, incluido el padre Robledo, le piden a los superiores de la Sagrada Congregación para el Clero, en Roma, Italia, una revisión de legalidad canónica para algunos decretos administrativos.

Consideran "que están viciados de nulidad por omisiones y violaciones de la ley canónica en lo referente a la administración de los bienes de la Iglesia y de las leyes civiles de Colombia".

Los prelados, incluso, solicitan una visita canónica urgente. Igualmente, en la carta, de 15 páginas de extensión, los prelados revelan que la mayor parte del clero no conoció el texto de los decretos modificados.

"Extrañamente fueron promulgados en la víspera de Navidad cuando la curia disfrutaba de vacaciones colectivas ni se publicaron en el periódico arquidiocesano, como es usual".

Los sacerdotes afirmaron que dudan de los estudios de la Vicaría de Educación, que reestructuró la organización del servicio. "Si hubo estudios fueron sesgados, sin un proyecto previo jurídico canónico, financiero, de solidaridad en pastoral parroquial y en el respeto a los derechos de los párrocos, que son los administradores legítimos de los bienes. La mayor parte de los colegios son parroquiales y no arquidiocesanos", reseña.

Robledo explicó que se le quitó la personería jurídica a los colegios. "Al quitarle la personería jurídica canónica, se cae la civil. Entonces, ¿los colegios con base en qué dan títulos de bachiller? La Arquidiócesis sin más requisitos canónicos ni civiles enajena los bienes de un colegio, que le pertenecen mediante escritura pública", dice.

Arquidiócesis responde. En carta del 2 de mayo del 2007, el arzobispo de Cali, monseñor Juan Francisco Sarasti, les respondió a los sacerdotes y les aclaró algunas de las dudas.

Monseñor Sarasti explica que los colegios de la Arquidiócesis se agruparon en tres entidades diversas: la Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría, Fundación Educativa Alberto Uribe Urdaneta y Fundación Educativa Pablo VI.

"Se trata de tres entidades similares, sí, pero patrimonial y tributariamente diversas, dotada cada una de personería jurídica, del respectivo Consejo de Administración y de su representante legal. Todas son distintas formalmente de la Arquidiócesis de Cali, con NIT y cuyo representante legal es el Arzobispo. En consecuencia, los bienes de estas fundaciones no son propiamente de la Arquidiócesis, aunque pudieran tener el carácter de bienes eclesiásticos", afirma en la carta.



Cita Según el Arzobispo, la realidad de los préstamos conseguidos por cada una de las fundaciones para el pago de los salarios pendientes al personal no superó el monto de US$300.000, que es la suma máxima fijada por la Conferencia Episcopal para actos de administración extraordinaria.

"Para la Fundación Santa Isabel de Hungría fue de $547.390.556 millones, para la Alberto Uribe Urdaneta fue de $224.000 millones y para la Pablo VI, de $162.000 millones. Cada uno de los préstamos contó con la aprobación del Consejo Administrativo", explica.

El Arzobispo aclaró que la necesidad de los préstamos se origina porque el Municipio autoriza desde agosto o septiembre determinada ampliación de cupos educativos, pero el respectivo contrato sólo es suscrito en diciembre y el primer desembolso se recibe hacia finales de febrero o marzo.

"Gracias a la administración unificada establecida para los colegios, las fundaciones logran tener recursos para subvenir a las necesidades de la nómina durante los primeros meses del año lectivo, pero luego se hace imperativo obtener fondos adicionales por vía de préstamo".

También comentó que anteriormente, cuando cada colegio administraba sus propios recursos, algunos alcanzaban a pagar oportunamente a sus administrativos y docentes, pero otros no, por lo cual se acumulaban hasta dos y tres meses sin pago y en diciembre se veían en aprietos para pagar los gastos.

"Con la nueva política se logró que el año pasado lectivo, incluso en diciembre, se pagara puntual y completamente, incluyendo la prima, con fondos propios de las fundaciones".

De todas formas, monseñor Sarasti dejó claro que los préstamos ya fueron cancelados, gracias al pago hecho por el Municipio del 38% del contrato de Ampliación de Cobertura.

"Están desinformados cuando hablan de una difícil situación financiera de los colegios por la nueva administración", acota.

Ante todos estos hechos, El Pais buscó la opinión del actual secretario de Educación, Moisés Sandoval, sobre los colegios de la Iglesia beneficiados por la ampliación de cobertura.

"No hemos tenido problemas con la Arquidiócesis y es la que mejor invierte los dineros del programa. En la dependencia no hay quejas contra estos colegios. Es más, muchos de los padres de familia piden que sus hijos queden en las instituciones de la Iglesia", resaltó Sandoval.

Entre tanto, el ex secretario de Educación Hernán Sandoval dijo que, en los meses que estuvo al frente de la dependencia, la Iglesia administró bien sus recursos y esto se tradujo en educación de calidad. "El único problema que se tuvo fue por la implantación de uniformes, pero la Iglesia concertó con los padres de familia", finalizó.

El Pais conoció que estas denuncias las tiene el Tribunal Eclesiástico y, en los próximos días, los sacerdotes involucrados serán citados. Igualmente, quienes administran las instituciones. Este Tribunal deberá esclarecer los hechos.

El padre Robledo dice que los balances de los cementerios que administra la Arquidiócesis están 'maquillados'.

"Vendieron el año anterior $12.000 millones y sólo aparecen en el balance $50 millones de superávit. Y habían ocultado un pasivo de $1.300 millones deliberadamente para maquillar el balance. Se perdieron más de $2.000 millones. El Arzobispo se negó a poner la denuncia. Y lo negó ante la Junta Directiva para evitar escándalos. También se descubrió que estaban haciendo entierros nocturnos", dijo.

El Pais habló con un funcionario de los cementerios, quien reveló la difícil situación que se vive al interior de los camposantos. Este es su testimonio: "Un grupo de empleados se quejó ante el Arzobispo porque consideraban que se estaban haciendo manejos indebidos. De esas personas sólo quedan dos porque tenían contrato indefinido, al resto los echaron.

Desde hace mucho suceden las irregularidades. Cuando estaba monseñor Isaías Duarte a los empleados nos daban bonificación, pero al morir eso se acabó. El nuevo gerente que llegó dijo que ese dinero era para arreglar la iglesia del Cementerio Central.

Él manejaba mucho dinero por debajo de la mesa con las cuotas funerarias y eso lo supo monseñor Sarasti. Llegó gerente nuevo, con nuevas políticas y los que teníamos mucho tiempo en la institución ya no estamos con la empresa, sino que nos liquidaron y nos pasaron a una cooperativa.

Las nuevas personas que llegaron al camposanto han sembrado un terror en la empresa, porque cuando menos uno piensa, no importa el tiempo ni el contrato que tenga, le llega la carta y sin motivo alguno lo echan. Lo más triste de todo es que la fachada de ellos es decir que Monseñor lo dijo.

La Junta Directiva sabe todo esto de los despidos, de las indemnizaciones que han pagado para que la gente no diga nada. He escuchado que han pagado $80 millones por gente que lleva hasta 30 años trabajando. Todo esto es para callarlos y que no demanden.

Todo esto se lo dijimos a monseñor, con un abogado, pero nos dijo que los trabajadores éramos los ladrones.

A nosotros nos pagan con bonos de La 14, cuando uno necesita es el dinero. Se inventaron una política de la persistencia. Hay gente del Metropolitano a la que no le dan ni un bolígrafo para trabajar ni para tomar café. Dicen que hay que reducir costos. A muchos vendedores les han quitado empresas grandes, para dárselas a los nuevos asesores. Se han gastado una cantidad de plata en software y líneas, pero no vemos ningún cambio".

 
 

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