El tema de responsabilizar a los obispos por no proteger a los niños de depredadores sexuales llegó de lleno el miércoles a la agenda del papa Francisco cuando la persona que ha designado para tratar este asunto presentó el caso del nombramiento de un controvertido obispo en Chile.
El encargado de la junta asesora del papa Francisco en materia de abuso sexual, el cardenal Sean O'Malley, exhortó al pontífice y a sus otros cardenales asesores a tratar la responsabilidad de los obispos de proteger a los niños, y la necesidad de castigarlos cuando no lo hagan, en una de sus reuniones periódicas el miércoles.
El Vaticano dijo que el objetivo de O'Malley es "establecer procedimientos apropiados para evaluar y adjudicar casos de 'abuso de poder' en este tema, especialmente por personas en cargos de responsabilidad en la Iglesia".
O'Malley sacó el tema a discusión a solicitud de cuatro miembros de la junta asesora que viajaron a Roma durante el fin de semana para una reunión de emergencia con O'Malley para tratar el nombramiento del obispo Juan Barros en Osorno, Chile.
Víctimas del agresor sexual más conocido de Chile, el reverendo Fernando Karadima, dicen que Barros presenció los abusos hace decenios y no hizo nada al respecto, y entonces defendió a Karadima de las alegaciones cuando denunciaron los abusos. Las víctimas afirman que eso le impide liderar una diócesis donde sería responsable de proteger a niños.
Barros ha enfrentado una oposición sin precedentes de fieles laicos e incluso de sacerdotes y diáconos en la diócesis.
El caso de Barros no es típico de pedir responsabilidad a un obispo porque Barros nunca fue superior de Karadima. En su lugar, era protegido del carismático y popular sacerdote que fue sancionado por el Vaticano en 2011 por abusar de menores.
Barros ha negado haber hecho algo indebido y dijo que se enteró de los abusos de Karadima en 2010 por los reportes noticiosos. El Vaticano ha defendido el nombramiento.
Al final de su reunión con O'Malley, los miembros de la comisión dijeron que el proceso de nombramiento de obispos debe incluir la evaluación del candidato en materia de protección infantil.