Sacerdotes señalados por abuso sexual, La Prensa Grafica (October 2, 2016)

[For the Catholic Church of El Salvador, 2015 was a turbulent year with the reappearance on the public agenda of issues of pedophilia in the clergy. Two cases occurred in the east of the country and came realization that the phenomenon goes beyond the three processes that were already sent to the Vatican.]

Para la Iglesia católica de El Salvador, 2015 fue un año turbulento, con la reaparición en la agenda pública de problemas de pederastia en su clero. Dos casos ocurridos en el oriente del país dan cuenta de que el fenómeno va más allá de los tres procesos que ya fueron enviados para su última etapa al Vaticano. Uno de ellos fue judicializado y el sacerdote acusado contó con la ayuda de su obispo para salir del país cuando aún tenía la calidad de procesado. En el sistema mismo se vislumbran otras debilidades, como el no cumplimiento de los compromisos pronunciados el año pasado por la conferencia episcopal y otras medidas en las que la Iglesia parece proteger a sus señalados.

2 de Octubre de 2016 a la(s) 7:0 / Un reportaje de Moisés Alvarado / Fotografías de Javier Aparicio y Archivo

El padre Antonio Marcia Cabrera fue acusado en diciembre de 2006 por abusar de ocho menores (quienes eran sus acólitos) mientras era párroco de la iglesia de Joateca, en Morazán. Quienes lo denunciaron tenían entre 11 y 14 años cuando, declararon, inició el abuso que se prolongó desde 2002 hasta 2006.

Los testimonios de las víctimas coinciden en varios detalles. De estos relatos se puede construir que el padre los convocaba a reuniones, usualmente después de las 4 de la tarde, en la casa convento del municipio para realizar el sacramento de la confesión. Esta se hacía de forma individual en el cuarto del clérigo o en uno que era usado para huéspedes.

Entonces, el sacerdote iniciaba con lo habitual, escuchaba las faltas de quienes lo asistían en la misa. Tras eso, dijeron las víctimas en sus testimonios, les pedía que le mostraran el pene. El argumento utilizado por el religioso era que buscaba cerciorarse de que los jóvenes estuvieran cuidando la higiene de sus genitales.

En la primera ocasión que esto ocurría (afirmaron que cada oportunidad se daba con meses de diferencia), Marcia se limitaba a dar un dictamen y consejos referentes a la limpieza del falo. A la mayoría los felicitaba. Uno relató que lo regañó porque le olía mal. Las víctimas comentaron que se bajaron el zíper del pantalón y mostraron el pene no sin cierta extrañeza, aunque aceptaron hacerlo porque se trataba de un líder religioso al que respetaban y apreciaban. Lo vieron, en ese primer momento, como algo justificable.

Pero en la segunda ocasión y en las siguientes, Antonio podía masturbarlos, en sesiones que, según los relatos, duraban entre 30 segundos y 3 minutos. A veces les pedía que se sentaran a la orilla de su cama para tocarles el pene. Mientras realizaba eso, les daba consejos e incluso les preguntaba si alguna vez habían tenido relaciones sexuales o cuáles eran los motivos por los que tenían una erección.

Uno de los muchachos afirmó que existieron oportunidades en las que el padre lo llamó a su cuarto sin que mediara el motivo de la confesión. Una vez le pidió que se acostara en la cama, que se descubriera el pecho y lo acarició por varios minutos, mientras le decía que era bello. Ninguno se lo contó a sus padres, dicen, por pena, hasta pocos meses antes de presentar la denuncia.

El 28 de agosto de 2007, el tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera decidió absolver a Marcia de los delitos de los que se le acusaban. Cuatro de las víctimas se retractaron de su testimonio. Los jueces argumentaron su fallo porque el análisis de todas las pruebas provocaba “indecisión” en las “mentes” de los juzgadores y no se llegaba a “un estado de seguridad sobre la existencia de una intención lasciva de parte del señor Antonio Marcia Cabrera”.

Sin embargo, se dio por cierto que el sacerdote les pedía a los niños, durante la confesión, que le mostraran el pene. Los juzgadores fueron incapaces de definir si se hacía con intención erótica o, como argumentaba el sacerdote, para simplemente cerciorarse de la limpieza en sus órganos genitales.

Lo de pedirles que le mostraran el pene en medio de la confesión lo ha confirmado el mismo padre Antonio Marcia, a través de una llamada telefónica desde la parroquia que dirige en la actualidad, Santa Rita de Casia, en Sabá, Colón, Honduras. Según comentó, eso sucedió “pocas veces”, y lo hizo con la intención de revisar la higiene de los niños.

“Ellos tocaban el cáliz, el copón, las cosas sagradas, entonces yo puse lavamanos, puse jabón, puse toallas en la sacristía porque los niños son bien puerquitos, son bien puerquitos. Ellos van al baño y no se lavan las manos”, comentó Antonio.

El del sacerdote era, a todas luces, un proceso complejo. A diferencia de una penetración anal, una masturbación no deja evidencia en el pene de un niño, por lo que los fiscales Fanny Echeverría y Carlos Martínez Flores se apoyaron en los peritajes psicológicos realizados a los denunciantes.

En vista pública, las psicólogas forenses Aída Lizzette Menjívar y María Cardoza viuda de Ayala expresaron que detectaron en los evaluados indicadores de ansiedad, inmadurez, depresión, impulsividad, culpabilidad y vergüenza. Afirmaron que por la edad que estos tenían cuando sucedieron los hechos eran fácilmente influenciables. Los indicadores también podrían estar asociados al estrés provocado por el mismo proceso judicial en el que estaban involucrados y al escrutinio público al que fueron expuestos.

Concluyeron que para “menores de edad del sexo masculino”, hablar en público sobre su intimidad y sobre todo de sucesos de naturaleza sexual “requiere de mucho valor”, por lo que definieron como entendible que cuatro de los jóvenes decidieran no refrendar su testimonio.

El obispo de San Miguel, Miguel Ángel Morán, consideró que no era necesario realizarle un juicio eclesiástico al cura y le restableció su ministerio. Antonio se convirtió en el sacerdote de la parroquia de Santa Rita de Casia, en Sabá, Colón, Honduras, en 2008, dos años antes de conseguir una absolución en firme, cuando la Sala de lo Penal sentenció con un “no ha lugar” una solicitud de casación por parte de la Fiscalía. Se definió el 20 de septiembre de 2010. El clérigo salió del país cuando todavía conservaba la calidad de procesado.

El obispo de la diócesis de Trujillo, a la que pertenece esa iglesia, Luis Solé, decidió aceptar al clérigo, afirma, por una carta de recomendación enviada por Miguel Ángel Morán. El sacerdote habló del caso a través de una llamada telefónica desde San Pedro Sula, mientras se preparaba para un viaje a España.

—Sí, me dijo que no se había podido demostrar, fue lo que me dijo, por eso yo lo acepté.

—Fue así porque monseñor me dijo que no se le había podido demostrar el hecho de que se le acusaba. Lo mandaba como por prudencia, para que el padre no fuera maltratado, por eso es que yo lo acepté.

—En la sentencia se da como un hecho que el sacerdote les pedía que le mostraran el pene al momento de la confesión. ¿Cree que eso es aceptable?

—Yo ni por teléfono voy a contestar eso, se trata de dar un juicio (de algo) que yo ignoro totalmente. Yo no sé que hubiera un juicio; es más, la carta de monseñor dice que habiendo sido acusado, no se demostró que fuera culpable, y que por protegerlo un poco de acosos y de cosas que le impidieran seguir ejerciendo el ministerio, me pidió a mí que lo aceptara. No quise indagar más porque me fie de la palabra de monseñor Morán. No he tenido ningún problema en ese sentido del que me habla usted.

La sentencia de absolución puede chocar contra el sentido común, pues el sacerdote aceptó que le pedía a sus acólitos que le mostraran el pene, aunque alegó que lo hacía con intenciones higiénicas. El argumento que lo liberó de la cárcel fue, entonces, el de la imposibilidad de definir un motivo. El hecho existió, pero no se pudo precisar con qué intenciones, según los jueces del tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera.

Pero no está escrito en ningún lugar quiénes, en qué circunstancias y bajo qué argumentos puede alguien pedir a un niño que muestre los genitales sin que esto constituya un abuso. No existe una ley o un reglamento que lo diga explícitamente, ni siquiera la LEPINA, proclamada en 2009, que establece, en su artículo 37, que el desarrollo sexual debe ser progresivo y acorde a su edad.

Sin embargo, para Ricardo Montoya, subdirector del ISNA, es necesario que la intimidad de una persona de esta edad sea protegida por todos los medios. Ni siquiera un médico puede pedirle a un menor que le muestre sus genitales si en el mismo espacio no se encuentra el padre o responsable de familia. Para el funcionario, el que ocurra algo como esto es sospechoso y representa “una situación de riesgo de afectación de los derechos de un menor”.

Martín Rogel, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, opina en términos parecidos a los de Montoya. Tras varios años como juez de Sentencia, es una voz certificada para valorar una decisión de esa naturaleza.

“A nosotros se nos dice que la prueba debe ser apreciada conforme a las normas de la sana crítica, son normas de la experiencia común. Yo me pregunto: si vamos a revisar el aseo de una persona, ¿hay necesidad de invadirle la intimidad, de desnudarla, que me enseñe el pene, que me enseñe la vulva (por parte de) una persona extraña? Eso me parece un absurdo”, argumenta Rogel, quien acaba de ser ascendido a la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.

Desde la explosión mundial generada por las investigaciones del Boston Globe alrededor de la arquidiócesis de esa ciudad estadounidense a inicios del milenio, en El Salvador el problema de la pederastia dentro del clero de la Iglesia católica nunca había atraído tanto la atención pública como el año pasado, cuando, tras presiones del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), se hizo público que el sacerdote Jesús Delgado había abusado por años de una mujer cuando esta era adolescente.

José Luis Escobar, arzobispo de la capital, incluso presentó una propuesta a la Asamblea Legislativa para que los delitos sexuales en contra de menores sean incluidos dentro de aquellos que no prescriben. En los meses siguientes se conocieron dos nuevos casos, que involucraban a Juan Francisco Gálvez, párroco en el municipio de Rosario de Mora, y a José Antonio Molina, de Panchimalco. Los clérigos han sido suspendidos de toda labor sacerdotal y administrativa mientras dura el proceso.

Los tres casos le corresponden a la Arquidiócesis de San Salvador y ya han sido enviados a su última etapa en el Vaticano, que puede durar años debido a la gran cantidad de expedientes que debe manejar la Santa Sede en torno del tema. Según el delegado de Comunicaciones del Arzobispado, los padres Simeón Reyes, Gálvez y Molina están con sus familiares. Jesús Delgado ha sido trasladado a una casa de retiro en Los Planes de Renderos. Cada uno recibe, mes a mes, una pensión de $300 para la cobertura de sus necesidades.

El de Delgado se diferencia de los otros dos casos porque el sacerdote aceptó su culpabilidad. Escobar dijo que incluso se había disculpado con la víctima. Eso (que un imputado admita el cometimiento de un delito) representaría en un tribunal un elemento para acelerar los procesos. No es este el caso.

“La lógica de la Iglesia no es la de nosotros. Además, acuérdese que es eterna. No sabemos cuánto tiempo pasará hasta que se resuelva. Pueden pasar años. O más”, comenta el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

La máxima sanción destinada para un sacerdote es la de ser reducido al estado laical, es decir, ya no ser considerado un cura y perder todo vínculo con la Iglesia católica. Esto solo puede autorizarlo la Santa Sede y escapa de las atribuciones de cualquier obispo. Pero este no es el único castigo contemplado para un clérigo. Según explica Rosa Chávez, también puede ser condenado a recibir un tratamiento de rehabilitación para superar sus “problemas” y, tras esto, retomar su ministerio.

La rehabilitación ha sido puesta en tela de juicio incluso por jerarcas de la Iglesia señalados por encubrir los delitos de sacerdotes pederastas, como el exarzobispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles, California, Roger Mahony, quien fue destituido luego de conocerse el escándalo en 2013. El clérigo aceptó que los programas de tratamiento resultaron inútiles y la mayoría de curas que retomaron su ministerio repitieron la conducta.

La Iglesia también ha sido criticada por, aún en sus momentos más escandalosos, favorecer a sus miembros más señalados. Es una suerte de protección encubierta, como lo afirma Sacha Pfeiffer, una de las periodistas encargadas de la investigación sobre pederastia del Boston Globe, a propósito del arzobispo Bernard Law, titular de la diócesis de esa ciudad cuando explotó la controversia.

“Luego de renunciar como arzobispo de Boston en 2002, le dieron un cargo de alto nivel en una prominente iglesia de Roma, y muchos sobrevivientes de abuso sexual por parte de sacerdotes consideraron esto como algo equivalente a una promoción. Lo sintieron como una verdadera bofetada”, comentó Pfeiffer en una entrevista para BBC Mundo en marzo de 2016.

Al igual que Rosa Chávez, el delegado de Comunicaciones de la arquidiócesis, Simeón Reyes, tampoco puede pensar en un período preciso para que se resuelvan los casos. Eso se debe también a que es la primera vez en la historia que el Arzobispado de San Salvador envía expedientes de este tipo al Vaticano. Esto a pesar de que sí hay un antecedente de un juicio eclesiástico. Sucedió en 2002, cuando el sacerdote Luis Recinos López fue acusado de abusar sexualmente de quien después se convirtió en dirigente de la asociación Entre Amigos, William Hernández, a mediados de los ochenta, cuando este era adolescente. El clérigo incluso tuvo que pagarle a su víctima $25,000 tras ser hallado culpable en un juzgado Civil.

El expediente de este caso no fue enviado al Vaticano y el clérigo solo fue suspendido de sus funciones pastorales y administrativas. Está, por lo tanto, en la misma etapa que Delgado, Gálvez y Molina. No ha sido reducido al estado laical, pues eso solo le corresponde a la Santa Sede. Sigue vinculado a la Iglesia y continúa recibiendo una cuota de manutención similar a la que reciben quienes fueron acusados el año pasado, como confirma la curia.

“Esa denuncia (la del padre Recinos López) vino desde el mundo civil, no inició el juicio la Iglesia… En ese entonces no se aplicaba la misma normativa vigente ahora, iniciada por el papa Benedicto XVI, por eso no se envió al Vaticano”, comenta Gregorio Rosa Chávez.

Cuando en diciembre de 2006 se supo de la acusación en su contra, Antonio Marcia Cabrera abandonó la casa convento de Joateca para evitar ser capturado. Uno de los sitios en los que recaló fue la parroquia de Guatajiagua, en Morazán, la misma que era dirigida por el sacerdote Benigno Parada Alfaro, con quien coincidió como auxiliar de 1998 a 1999 en Santa Rosa de Lima. Todavía ahora tienen una sólida amistad.

La entrevista por separado de tres víctimas y las declaraciones de cinco testigos (entre los que se encuentran un empleado de la iglesia y contemporáneos de los abusados) apuntan a que el sacerdote católico Parada Alfaro también abusó de varios niños y adolescentes varones (entre los 10 y los 15 años) en el período que va de 1986 a 1992, cuando era párroco de la iglesia de Santa Rosa de Lima, en la que permaneció de 1983 a 2002. Los tres denunciantes coinciden en que los abusos se realizaron contra los acólitos del sacerdote y de forma individual.

Concuerdan en la forma en la que se desarrollaban los hechos: llamaba a uno de ellos a su habitación con el pretexto de realizarles el sacramento de la confesión, lo que, en efecto, hacía en un primer momento, pero preguntando interrogantes cómo “¿te masturbas?” o “¿has tenido alguna fantasía sexual?”

Tras esto, presuntamente les ofrecía cerveza para tomar (las víctimas dicen que era de la marca Suprema) mientras en el reproductor de VHS que mantenía en su cuarto hacía correr una película pornográfica. Cuando los jóvenes tenían señales de embriaguez y excitación, procedía a besarlos y acariciarlos. Esto pasaba en la primera visita a la habitación del sacerdote.

En la segunda, José Benigno repetía el procedimiento y les pedía que se masturbaran para luego masturbarlos él mismo. En la tercera visita y las posteriores, el sacerdote hacía, presuntamente, sexo oral a los jóvenes. Ninguna de las víctimas manifestó que él los haya penetrado o pedido que lo penetraran a él.

Cada uno de los tres hombres (que ahora rozan los 40 años) afirman que entraron a la habitación del sacerdote (que coinciden en describir repleta de suntuosos muebles de madera) en no menos de 15 ocasiones. Manifiestan que los ataques se realizaron no solo en la habitación del sacerdote, sino también en algunos de los viajes que el clérigo hacía a las otras ermitas y parroquias que atendía, como la de El Bolívar, municipio vecino de Santa Rosa de Lima.

Según el delegado de comunicaciones del Arzobispado de San Salvador, Simeón Reyes, los casos de Delgado, Gálvez y Molina son los únicos que se han registrado hasta ahora desde la explosión de 2015. Al menos en la jurisdicción de esa arquidiócesis, que cubre los territorios de la capital, La Libertad y Cuscatlán.

En el país existen otros ocho obispados que cuentan con autonomía respecto del arzobispo José Luis Escobar: Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Zacatecoluca, San Vicente, Santiago de María, San Miguel y el Ordinariato Militar.

Todos están aglutinados en la Conferencia Episcopal de El Salvador, que el 30 de noviembre de 2015 se comprometió a establecer oficinas receptoras de denuncias de pederastia en cada uno de los obispados. También a la creación de tribunales eclesiásticos para darle un tratamiento más rápido a los casos.

La promesa está lejos de cumplirse: a excepción de San Salvador, Zacatecoluca y el obispado castrense, en el resto no existe un tribunal eclesiástico especializado en casos de pederastia. Las diócesis justifican esta ausencia por lo complicado de encontrar a sacerdotes expertos en derecho canónico. Las oficinas receptoras de denuncias tampoco han sido establecidas y el trabajo de recibirlas recae, más bien, en un sacerdote designado o en el propio obispo.

Según el obispo de Sonsonate, Constantino Barrera, en su caso están estudiando la creación de un tribunal eclesiástico para divorcios junto a la diócesis de Santa Ana. Actualmente las denuncias (si se presentan) serían recibidas por él o por el sacerdote canonista Efraín Villalobos, también parte del tribunal eclesiástico de San Salvador.

Otro caso es el de San Miguel, donde no ha sido nombrado un obispo desde la salida de Miguel Morán hacia Santa Ana en febrero de este año. Actualmente está como encargado de la diócesis Emilio Rivas, quien no tiene potestad para realizar este tipo de actividades. Por eso afirma que las denuncias de pederastia se manejan en San Salvador.

La de San Miguel es una de las diócesis más grandes del país, pues también tiene bajo su cargo las parroquias de los departamentos de Morazán y La Unión. Un elemento que hace más complejo el tratamiento del tema es el de las órdenes religiosas, sobre las que no tiene autoridad el arzobispo: cada una decide cómo enfrentar el problema.

Desde el inicio del milenio, dos sacerdotes han sido enviados a prisión por crímenes de índole sexual: José Daniel Rivas Pérez, acusado de violar a un niño de 11 años de edad en San Cristóbal, Cuscatlán, y el padre salesiano Carlos Humberto Posada, en Santa Ana. Ambos son reos del centro penal de Metapán.

En la Fiscalía General de la República se han recibido ocho denuncias en contra de sacerdotes desde 2008, dos por cada delito: violación (2013 y 2015), agresión sexual en menor e incapaz (2009 y 2015), otras agresiones sexuales (2012 y 2015) y acoso sexual (ambas en 2012). Las denuncias a un sacerdote son escasas también en los tribunales no eclesiásticos.

La iglesia de Joateca es una colección de primores. Luce limpia, casi impecable, en esta media mañana en la que se alista para recibir a decenas de feligreses que despedirán, con una misa, al hermano que se les adelantó. La campana suena, metálica y cristalina, una y otra vez.

Este día de agosto de 2016, el padre Jafet Mendoza, quien sustituyó a Antonio Marcia Cabrera como párroco en Joateca, permanece en la casa convento ubicada atrás del templo. Se disculpa por su ropa: acaba de llegar de trabajar en una milpa que sirve como un proyecto de la iglesia.

Tiene 35 años y esta es su primera parroquia como sacerdote principal. Fue todo un reto, pues se enfrentó a un precedente lleno de turbulencias. A un paso del jardín diseñado por Antonio, Jafet da sus propias apreciaciones sobre el fallo de los jueces en el caso del cura que lo antecedió. Todavía le resulta extraña la decisión, argumenta, porque no existe un motivo lógico para que un sacerdote, durante la confesión, le pida a un niño que le enseñe sus genitales.

“La confesión es para encontrarse con la misericordia de Dios y que el penitente exprese arrepentimiento, incluso sin involucrar a terceras personas. Es un acto de fe expresar el dolor de los pecados, pero nada más… Cuando me di cuenta (de lo del padre Antonio) estaba en otra parroquia… igual eso entre los compañeros sacerdotes (se comentaba) desde hace tiempo. Es bien difícil, y aunque sea muy compañero, pero lo que es, es”, afirma el sacerdote.

Cuatro de los jóvenes se retractaron de su testimonio en la fase de sentencia del juicio, uno que estuvo rodeado de tensiones. El 2 de noviembre de 2006 se realizó una reunión en la casa parroquial de Joateca, a la que asistieron el entonces obispo de San Miguel, Miguel Ángel Morán, y el actual encargado de la diócesis, Emilio Rivas. El motivo era averiguar la procedencia de unas cartas anónimas, en las que se amenazaba de muerte a tres de los padres de familia que pretendían denunciar al clérigo.

“El pueblo está con el padre, par de hipócritas descarados, les aseguramos que si no acatan lo anterior, los eliminaremos del mapa”, decía el trozo de papel, escrito a máquina y dejado debajo de las puertas de sus destinatarios el 29 de octubre de 2006.

A las víctimas se les identificó incluso antes de que terminaran de rendir sus testimonios ante la Fiscalía. Así lo muestra el acta de una reunión realizada el 8 de noviembre de 2006 en el Centro Escolar Manuel José Arce, en el que estudiaban las víctimas. Ahí se le pidió a los niños que hablaran frente al resto de acólitos, exacólitos y algunos padres de familia de los abusos del padre Antonio. El encargado de organizarla fue el entonces director, José Efigenio Ramos, todavía docente del centro de estudios y amigo del sacerdote Antonio Marcia Cabrera.

El juicio incluso separó familias. Es el caso de Fredy Palacios, en ese entonces un veinteañero que estudiaba para sacerdote. Según relató una de las víctimas, él se encontró con un cuaderno en el que el padre Marcia había escrito los nombres de los jóvenes con los que había tenido relaciones, con fecha y hora. Fredy lo habría entregado al obispo de San Miguel, Miguel Ángel Morán, actualmente al frente de la diócesis de Santa Ana.

Tras varios intentos, el clérigo no aceptó realizar una entrevista para hablar sobre la presunta existencia de ese texto, la misma que no pudieron comprobar la Fiscalía y la Policía en la época en que se realizaron las investigaciones. El encuentro del cuaderno devino en un conflicto entre Fredy y su hermano, como lo relata su cuñada, María Dolores Mendoza.

“Yo creo que él fue quien empezó con ese invento… ese cuaderno sí que dio virote. Pero yo que trabajé con el padre Antonio puedo decir que ahí no había algo anormal, él solo anotaba cuándo le tocaba la confesión a cada niño”, comenta Mendoza, una de las feligreses que con más ahínco defendió a Marcia Cabrera en su proceso judicial.

Aún ahora sostiene que se trató de un complot político del alcalde de la época, Vicente Márquez, quien no habría soportado las críticas del religioso. Un argumento parecido al esgrimido por algunos habitantes de Panchimalco en el caso del sacerdote José Antonio Molina.

Fredy salió hacia El Mozote, en el municipio de Arambala, incluso antes de que los padres de las víctimas denunciaran al clérigo ante la Fiscalía. Meses después emigró a Estados Unidos, donde reside actualmente, pero prefiere no comentar nada referente a esa etapa.

Parte de la feligresía en Joateca, entre la que se incluyó María Dolores, se resistió a la entrada de otro sacerdote a la iglesia, incluso de forma violenta. Así lo recuerda el padre Jafet, quien, tras el intento de tres curas diferentes, se acercó al pueblo por año y medio solo como un colaborador.

Cuando ganó la confianza de ambos grupos (los que apoyaban y los que acusaban al sacerdote Marcia Cabrera), anunció que sería su párroco, pero le tomó otros tres años regresar a la normalidad. Para ello, comenta, su principal plataforma de trabajo fueron los jóvenes que presuntamente fueron abusados, que se convirtieron en líderes. Ellos le ayudaron a comenzar proyectos, como la milpa para la que ahora ensució su ropa. Solo tres de ellos viven en El Salvador, resultado de otro fenómeno: la migración en masa hacia Estados Unidos de los jóvenes de Joateca.

El sacerdote Antonio Marcia Cabrera, por otro lado, visita el municipio con cierta regularidad, según confirma su amigo, el docente José Efigenio Ramos. El clérigo es acogido por algunas familias, que continúan siéndole fiel.

“Aquí hay una señora que le tiene siempre listo un cuarto, que no se toca hasta que él lo viene a ocupar, con todas las comodidades posibles. Es mejor que una habitación en un hotel de siete estrellas”, afirma Ramos.

Romeo Tovar Astorga, actual párroco de Ataco, fue obispo de San Miguel desde 1997 hasta 1999. Es, junto a Miguel Ángel Morán (con quien fue imposible hablar), el único que puede dar noticias de una conducta irregular del sacerdote Benigno Parada Alfaro, pues su predecesor, José Eduardo Álvarez Ramírez, falleció en 2000. El clérigo sostiene que a sus oídos nunca llegó una noticia concreta en forma de denuncia.

Dos sacerdotes, que pidieron no revelar su identidad, afirman que escucharon algo referente al tema a inicios de los noventa, pero que, de la misma manera, jamás supieron de una denuncia. En lo que sí coinciden es en señalar la costumbre del sacerdote de beber licor en las celebraciones.

Albertico Hernández, un contemporáneo de los tres abusados, afirma que escuchó algunos testimonios de presuntas víctimas del clérigo cuando era parte del grupo Juventud Cristiana Limeña (JUCRISLI). Pero coincide con los sacerdotes consultados en que a todo lo rodeó el silencio. Para él, esta ausencia de voces denunciadoras fue el fruto de una “época extraña”, la del final de la guerra civil.

“En esa época, si uno se ponía a hablar de derechos humanos o de denunciar cualquier cosa, lo más fácil es que le dieran en la nuca”, dice Hernández.

Otro de los lugareños, aunque con muchos más años sobre la espalda que Albertico, es Alfredo Medrano, quien ha denunciado los presuntos casos de pederastia de Benigno desde principios de siglo en libros digitales que se han distribuido en la web gratuitamente. Para él, un elemento que colaboró en ese pacto de mudez fue que algunas de las víctimas “pertenecían a familias tradicionalmente religiosas”.

“Prefirieron callar eso antes de perjudicar a la Iglesia católica. Lo que hicieron fue apartarlos en silencio”, comenta.

El clérigo Benigno Parada Alfaro dejó la parroquia de Santa Rosa de Lima en 2002, cuando fue transferido al templo de Guatajiagua, en el que permaneció hasta 2013. En una visita a dicho municipio, los feligreses dieron buenas referencias del sacerdote y afirmaron que durante su estadía no escucharon de un caso parecido.

Ahora es el párroco de Moncagua, municipio limítrofe con el de San Miguel. Se quiso pedir una entrevista con el cura para que brindara su punto de vista. Respondió con una llamada tras dejarle la solicitud de respuesta con una de sus empleadas, pero afirmó que no podría dar comentarios al respecto, pues no recordaba nada relacionado con el tema.

Las revelaciones de 2015 en torno a Jesús Delgado volvieron a poner en la mira de la opinión pública al problema de la pederastia dentro de la Iglesia católica en El Salvador. Para Jafet Mendoza, actual párroco de Joateca, el mismo se ve ahora con otros ojos, aunque admite que existe un divorcio entre los sacerdotes de su generación y la de los que la precedieron.

“Yo me formé justo cuando explotó lo de Estados Unidos. Entonces los niños miraban al seminarista o al sacerdote como con miedo… desde entonces el control fue mucho más estricto. Ahora uno tiene que pasar hasta tres filtros”, afirma el clérigo.

Constantino Barrera, obispo de Sonsonate, afirma, por su parte, que la Iglesia ha cambiado su pensamiento, y que ahora la prioridad es la víctima: “Si alguien quiere denunciar, que lo haga con toda libertad, pues no se va a tener esa parcialidad, de creer en la palabra del sacerdote, como antes se tenía. Pedimos que nos crean”.

En su oficina, un hombre que se dice víctima de abuso por el padre Benigno Parada Alfaro habla como si temiera ser descubierto y se muestra escéptico ante el cambio. Junta los dedos de las manos y suda más de lo habitual.

Para él no es un tema sencillo de abordar. Preferiría no hacerlo. Cuando decidió admitir que hechos de esta naturaleza ocurrieron en Santa Rosa de Lima durante su adolescencia, dijo que fue con otros “muchachos” conocidos suyos, que él se enteró de la situación de oídas. Pero algo lo delató: en un punto comentó que jamás se le olvidaría la imagen del cuarto del sacerdote, lleno de muebles de madera fina, y que entró a ese recinto en no menos de 15 ocasiones.

Para hablar frente a una grabadora habría que esperar dos encuentros más y la promesa de que ni su nombre ni ocupación serían revelados. Entonces contó pormenores de la forma de operar, pero sin entrar en detalles demasiado íntimos, como las secuelas que dejó en él el abuso.

“Esa no es una forma natural para que un niño empiece con su vida sexual. A esa edad uno no sabe nada del mundo, lo está apenas descubriendo”, afirma, a manera de opinión. En su vida, dice, todo se ha desarrollado de manera normal. Es padre de familia.

De pronto, un nudo parece amarrarse en su garganta al recordar cuando tuvo que revelarles a sus padres lo que estaba ocurriendo y, con ello, su decisión de dejar el servicio de acólitos. La respuesta lo dejó frío: ni siquiera, dice, tuvieron reacciones como las de los familiares de otras víctimas, que buscaron confrontar al sacerdote, aunque eso no se tradujo en denuncias ante las autoridades civiles o eclesiásticas.

Sus padres lo tomaron como si se tratara de una fantasía de adolescentes, algo que no valía la pena tomar en cuenta. La Iglesia era una institución demasiado respetable como para mancillarla con habladurías. Por eso, comenta, no quiso saber más de su antigua fe.

“Yo tenía 14 años cuando decidí contar que un sacerdote había abusado de mí. Nadie, ni mi familia, me creyó”, dice, con un dejo de resignación en la voz.