Perú: Compensaciones y terapia para víctimas de abusos de clase alta

By Jacqueline Fowks
El País
February 20, 2019

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Fernando Figari, fundador del Sodalicio. Photo by ÁLVARO PADILLA BENGOA

[Peru: Compensation and therapy for upper class abuse victims]

La Conferencia Episcopal de Perú no ha encubierto a religiosos acusados de abusos sexuales a menores y los ha puesto a disposición de la justicia. Pero el arzobispo saliente de Lima, Juan Luis Cipriani, protegió a una organización ultraconservadora, el Sodalicio de Vida Cristiana, en la que los líderes cometieron abusos contra 19 menores y 10 adultos. La cifra procede de un informe que esa agrupación difundió en 2017.

La Fiscalía investiga a varios miembros de esa sociedad y ha pedido la prisión preventiva para el fundador, Luis Figari, pero el caso avanza lentamente. La Conferencia Episcopal Peruana (CEP), ante la petición de la cifra de abusos o casos de pederastia registrados, responde: “Estamos trabajando en las estadísticas a nivel nacional. Sin embargo, el número de casos ha sido mínimo, el más sonado es el que involucra a Sodalicio y a Luis Fernando Figari”. Varias supuestas víctimas de la organización ultraconservadora han presentado sus denuncias ante el Tribunal Eclesiástico de Lima, dependiente del Arzobispado, y no han logrado respuesta. También han formulado denuncias penales ante el Ministerio Público.

La Conferencia Episcopal está formada por 49 obispos de 45 jurisdicciones. “El órgano colegiado no tiene participación en el tribunal eclesiástico. En casos de abusos, deriva a la justicia, puede escuchar a las víctimas y canalizar el trámite a la Congregación de la Doctrina de la Fe”, aseguró el órgano colegiado de los obispos de Perú.

Los abusos a 19 menores de edad en el seno del Sodalicio ocurrieron en Lima entre los ochenta y el año 2000, pero han salido a la luz a partir de 2015. En los últimos 13 años se han producido unos diez casos. Y en estos, la Justicia ha terminado absolviendo a los religiosos implicados en algunos de ellos. En otros, los condenados se fugaron; lo que ha instalado en las víctimas la sensación de impunidad.

El pasado 30 de enero, un juzgado penal de Moyobamba, en la Amazonia, absolvió al sacerdote español Santiago Martínez Valentín-Gamazo. El religioso estaba en prisión preventiva desde agosto de 2017 acusado de tocamientos a cuatro menores en el seminario Juan Pablo II de Moyobamba, capital de la región de San Martín. El clérigo era director espiritual del centro y sus víctimas estaban bajo su supervisión. Fue el director del seminario quien presentó la denuncia ante la comisaría local.

Cuando el diario La República reveló cuatro casos en 2017, Martínez fue retirado del seminario , pero acogido por Rafael Escudero, según informó entonces a ese periódico el secretario general de la prelatura de Moyobamba, José Cerro-Jativa. Las víctimas habían sufrido las agresiones del sacerdote desde 2014. Según Cerro-Jativa, dos de los adolescentes abandonaron el seminario a raíz de esta agresión.

El exsacerdote católico Luis Hernán del Carpio fue condenado a 10 años por tocamientos indebidos en 2014 a una niña de 12 que colaboraba en su parroquia, en Chimbote, en la costa norte. El supuesto agresor está prófugo desde entonces. Y en febrero de 2015, el obispo de este municipio comunicó los hechos a la Congregación para la Doctrina de la fe y siete meses después dicha entidad del Vaticano ordenó anular el estado clerical a Del Carpio.

En octubre de 2015, la Corte Suprema dictó 35 años de prisión para el capellán de un colegio parroquial en Ate. Este religioso violó a un niño de diez años en un distrito de clase media-baja de Lima entre 2010 y 2012, y pertenecía a la Congregación de los Padres Redentoristas.

Los delitos aislados, como los de Moyobamba, Chimbote y Ate, han tenido poca repercusión fuera de Perú. Sin embargo, el sociólogo y experto en religión Wilfredo Ardito asegura que “las víctimas siguen siendo gente pobre y sin influencia, y las autoridades han actuado como debían”. A diferencia de lo que ha pasado en el caso del Sodalicio, cuyas víctimas estudiaban en escuelas caras o pertenecían a familias de clase alta.

Ardito sostiene que, aunque las denuncias contra el Sodalicio han tenido gran repercusión mediática, los líderes fueron apoyados por el cardenal Cipriani, un jerarca del Opus Dei que tuvo excelentes contactos en Roma hasta que Francisco llegó al papado. “Cipriani es parte de la cultura de encubrimiento. Tuvo una actitud muy agresiva hacia ciertos sectores de la iglesia, y también contaba con apoyos en los medios, por eso el resto de la iglesia ha reaccionado con pasividad y temor sobre estos hechos”, explica.

El exmiembro del Sodalicio Pedro Salinas y la periodista Paola Ugaz publicaron en 2015 el libro Mitad monjes, mitad soldados con 30 testimonios de abusos en la organización. Las evidencias obligaron a la agrupación a formar, en noviembre de ese año, una comisión de ética para la justicia y reconciliación que recogió denuncias hasta abril de 2016.

En su informe final, la comisión refirió que las víctimas de los abusos sexuales “evidencian daño profundo”, y criticó que cuando el Sodalicio supo de esos casos, “no procedió con firmeza y justicia. No se protegió a las víctimas, se las dejó a su suerte, se privilegió cubrir al victimario”. La comisión planteó resarcir a las víctimas con compensaciones y terapia psicológica y médica, además de un “repudio público” al fundador Figari, quien estuvo protegido en una casa en Roma.

El Sodalicio convocó a expertos internacionales para que investiguen la conducta de los miembros y exmiembros de la entidad y entregaron sus conclusiones al Ministerio Público. A finales de 2017, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Figari, investigado por los delitos de asociación ilícita y lesiones psicológicas graves. El pasado diciembre, una audiencia para sustentar la petición de cárcel se frustró.

Por otro lado, el congresista Alberto de Belaúnde planteó en 2016 formar una comisión parlamentaria de investigación de los abusos del Sodalicio, pero la mayoría fujimorista bloqueó la propuesta en marzo de 2017. Cinco meses después, Belaunde logró crear la comisión que indaga “abusos sexuales contra menores” ocurridos no solo en el seno de la organización ultraconservadora, sino en albergues estatales de menores y colegios públicos y privados. El parlamentario ha anunciado que presentará el informe final en mayo de 2019.

En una comparecencia ante esa comisión este mes, José Enrique Escardó, víctima de uno de los dos fundadores del Sodalicio dio su testimonio. “La batalla principal ya la hemos ganado con la información a la sociedad. En Internet ya no se encuentra lo que Figari quería que se diga, sino lo que las víctimas queríamos que se sepa”, dijo, pero mostró su descontento con la actitud del Vaticano y de la justicia peruana hacia el fundador de la entidad.

Además del apoyo del influyente Cipriani al Sodalicio, uno de los miembros de la organización forma parte de la Conferencia Episcopal: el obispo de José Antonio Eguren, quien ha demandado en 2018 por difamación a los autores del libro Mitad monjes, mitad soldados.

Pedro Barreto, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, también participó en ese encuentro con las víctimas y tiene una posición opuesta a la de Cipriani. Dijo en julio que Figari “es un pervertido” y que en este caso "la Iglesia ha sido lenta". También Carlos Castillo, quien asumirá el arzobispado de Lima el 2 de marzo, cree que el caso está demorando demasiado.