RIO GALLEGOS (ARGENTINA)
Diario Democracia [Junín, Argentina]
September 12, 2012
By Jorge Luis Calcagno
Una vez más la sociedad argentina debe lamentarse e indignarse por un nuevo caso de
abuso sexual cometido por un sacerdote en contra de un entonces menor.
Los protagonistas del caso, que está siendo juzgado desde el 21 de Agosto de 2012 por
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 8, son el hoy mayor de 36 años Sebastián
Cuattromo y quien habría abusado de él, es el entonces hermano marianista
Fernando Enrique Picciochi. Han pasado veintidós años de los hechos hasta que ¡por
fin! pareciera llegar la justicia.
Hay que subrayar que, en el medio, Picciochi se fugó a los Estados Unidos donde, por
un hecho fortuito –estaba con documentos falsos—fue detenido y posteriormente
extraditado a nuestro país.
El juicio, tal cual lo destacaran casi todos los medios de prensa argentinos, está en
pleno desarrollo. Han declarado testigos de suma importancia para el fallo final,
entre ellos las profesionales que atendieron no sólo a Cuattromo sino a otros dos
entonces menores, también del Instituto Marianista e igualmente abusados, aunque
éstos últimos no hicieron la denuncia. Las mismas detallaron los perjuicios que
causaron los abusos a los damnificados y dieron detalles de importancia en sus
exposiciones.
Declararon, asimismo, el jerarca del Instituto Marianista, y el imputado, Fernando
Picciochi los que, increíblemente, entendieron –y así lo hicieron saber en sus
exposiciones—que el abuso cometido era solamente un supuesto “ juego
inapropiado”. Sobre el mismo, el Instituto Marianista tomó conocimiento en 1991 y
trató de que no se hiciera público el mismo, llegando a pretender arreglar una
indemnización para los damnificados.
Declaró también Enrique Jorge Martín, ex rector del Instituto Marianista, quien
aceptó el poder enorme que tenían en esos años los sacerdotes sobre los niños y sus
familias y la severa disciplina que impartían ellos a sus educandos.
Varias instituciones presentaron “Amicus curiae” en el juicio, que fueron aceptados
por el Tribunal. Entre ellos, y no queremos omitir citarlo, está el que interpuso el
Comité de Aplicación y Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño.
Es probable que, esta semana el Tribunal dé a conocer su veredicto, teniendo en
cuenta que ya han finalizado las declaraciones testimoniales previstas y se dieron los
alegatos.
Mientras esperamos dicho fallo, queremos destacar dos puntos que son de
preocupación, diría yo, de toda la sociedad argentina: el primero de ellos es el
número alarmante de curas pedófilos en el mundo, en general, y en nuestro país en
particular. El segundo es la desconexión que, sobre el tema, pareciera existir entre la
opinión del Papa Benedicto XVI y la de la Iglesia Argentina.
En cuanto al primero de esos puntos, tenemos que lamentar, por ejemplo, los casos
de Ángel Tarcisio Acosta, condenado a 18 años de prisión por el delito de corrupción y
violación de menores; el sacerdote José Francisco Armendáriz, párroco de Palmira,
Mendoza dejó embarazada a una menor. El cura se negó a hacerse el examen de
histocompatibilidad, un Tribunal lo obligó a hacérselo y el resultado fue el 99.99% de
certeza y el tribunal ordenó al sacerdote a reconocer a la niña. El cura Walter Eduardo
Avanzini, filmado cuando en Córdoba intentaba corromper a un menor ofreciéndole
dinero a cambio de servicios sexuales. El obispo de Río Cuarto, ante la prueba
evidente, recluyó a Avanzini en una casa de retiros espirituales. Para no extendernos
demasiado, ya que la lista lamentablemente lo es, recordemos los casos más
conocidos: el del arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni, el del Obispo Macarrone de
Añatuya, Santiago del Estero, al del cura Pared que, condenado por corrupción de
menores murió de SIDA en la cárcel. Y desde luego, el del inefable cura Grassi –a
quien ya nos refiriéramos en una nota anterior—que sigue en libertad después de
haber sido condenado a 15 años de prisión por corrupción de menores, abuso sexual
agravado y amenazas coactivas.
Algo muy distinto a la actitud de la Iglesia Argentina, que traslada de lugares y hasta
defiende a los culpables, es la que expresa el Papa Benedicto XVI sobre el tema. Dice al
respecto, por ejemplo, en un reciente viaje a Estados Unidos: “…me resulta difícil
comprender cómo fue posible que sacerdotes traicionaran de tal manera su
misión…”; “…estoy profundamente avergonzado y haremos todo lo posible para que
esto no vuelva a ocurrir…”En Australia, el Papa reiteró su “vergüenza” y pidió que los
culpables “sean llevados a la justicia”.
No es comprensible, pues, que siendo clara y contundente la opinión pública del
Papa, la Iglesia de nuestro país no la siga, teniendo en cuenta que, además –y según
cifras de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos—un total de 4.392
sacerdotes fueron acusados de pedofilia, alrededor de 14.000 niños y adolescentes
fueron abusados sexualmente en los últimos 40 años y ya ha costado más de dos mil
millones de dólares en indemnizaciones impuestas por la justicia.
Ya terminando esta nota nos llegan por los medios de comunicación las denuncias de
otro hecho de abuso y corrupción de menores cometido por un sacerdote. Esta vez el
aberrante episodio fue cometido entre 1984 y 1992 por el cura Justo Ilarroz en el
Seminario Menor de Paraná y, como es su costumbre, la Iglesia no hizo la denuncia
penal correspondiente a pesar de estar perfectamente al corriente de los hechos.
Habrían sido víctimas de los hechos alrededor de 50 niños. Sería hora que la Iglesia
argentina procediera como corresponde y lo indica el Papa Benedicto XVI .
¿Qué se está esperando?