Tras décadas de encubrimiento entre el Estado y el poder eclesiástico, las víctimas se animaron a denunciar a los curas Nicolas Corradi y Horacio Corbacho.
Las violaciones contra los derechos humanos y contra la construcción de infancias y adolescencias plenas se dio en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo, donde los párrocos Nicolas Corradi y Horacio Corbacho se encuentran acusados del abuso reiterado a estudiantes hipoacúsicos que transitaron el lugar.
Corradi llegó a la argentina en los años 80´, huyendo de denuncias de abuso cometidas durante casi 30 años en Italia. Corbacho fue ordenado como sacerdote en la “Compañía María para la Educación de los Sordomudos”. Estos curas también ya habían sido denunciados anteriormente por hechos sucedidos en Mendoza hace años.
El modus operandi para encubrir semejante atrocidad es común en la Iglesia Católica que tiene denuncias en todo el mundo por abusos y violaciones, principalmente de niñas, niños y adolescentes.
Esta impunidad es producto de una larga cadena de responsabilidades que incluyen a las jerarquías de la Iglesia Católica, al Arzobispado, al gobierno provincial, a la Dirección General de Escuelas y al Ministerio de Desarrollo Soical, organismos del estado provincial que estaban a cargo del Instituto.
De Mendoza a Paraguay
Así como Corradi escapó de Europa en medio de un mar de denuncias, semanas atrás Amnistía Internacional otorgó el premio a la labor periodística del año a miembros del diario La Nación de Paraguay por la investigación realizada sobre curas pedófilos.
Allí se retrata el caso de dos mendocinos. Raúl del Castillo, miembro de la congregación salesiana, y director del Colegio Don Bosco, fue denunciado por abuso de un joven de 14 años. Luego se refugia en Paraguay, donde continúa dando misa.
Carlos Urrutigoity está denunciado por múltiples abusos. Debió renunciar a su cargo en Estados Unidos, donde se radicaron denuncias varias, y refugiarse también en Paraguay. En el país vecino obtuvo el asilo de Walter Jara, otro cura mendocino que había partido tiempo antes. De allí también tuvo que huir acorralado por denuncias y actualmente milita en las filas del Verbo Encarnado en San Rafael, Mendoza.
Otros casos de abusos e impunidad
Jorge Luis Morello, fue denunciado por el abuso de Iván González durante cuatro años en una parroquia de San Martín. Se amparó en el derecho canónico para evitar el procedimiento penal local y lograr impunidad. Recibió una amonestación canónica como única “condena”.
Alejandro Squizziatto, otro cura que fue acusado en 2014 de haber abusado a un niño en Guaymallén.
José Francisco Armendáriz, párroco de Palmira, dejó embarazada a una niña luego de reiterados abusos. El cura lo negó, pero los resultados de histocompatibilidad dieron positivo en 99,9%, el cual fue realizado por orden judicial luego que Armendáriz se negara. Fue trasladado por la Iglesia para protegerlo.
Algunos de estos casos, entre los que se incluye a Corradi, habían sido denunciados en 2015 por la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Washington.
El mismo modus operandi para los curas que participaron del genocidio
Uno de los casos más emblemáticos es el del Cura Franco Revérberi, quien oficiaba en San Rafael. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de esa localidad lo denunció por haber participado de las torturas cometidas en la Casa Departamental de San Rafael durante la dictadura cívico-militar-clerical. Los tribunales federales ordenaron su detención, pero rápidamente se fue, prófugo a Italia, de donde viene Corradi.
La justicia italiana se niega a cumplir el pedido de extradición que recae sobre Revérberi. El cura represor vive en una Iglesia de Parma, donde continúa realizando confesiones y dando misa.
Jorge Antonio Álvarez Domínguez, vocero del obispado de San Rafael y ex capellán militar durante la dictadura, lo defendió y afirmó que en la argentina hubo “auto-desaparecidos”.
Sobre la Iglesia mendocina
En 2011, frente al Festival del Chivo en Malargue, fue censurado por el Verbo Encarnado el grupo cómico Luthiereces. El párroco Jorge Gómez declaró “sí, los censuré” en una confesión bañada de impunidad. Y continúo “. Uno como sacerdote tiene que alentar mil cosas y censurar mil otras, como Jesús, él alentó mil cosas y censuró mil otras. Me parece que lo más lindo que le puedo dar a Malargüe y a la Argentina es censurar las cosas malas y alentar lo otro”.
Referido al mismo hecho delineó la relación entre encubrimiento de los curas abusadores y sus métodos de censura: «Violar la fe es 10 mil veces más grave que violar menores o una hija»; «La violación de la fe es peor que un delito, si una sociedad empieza a reírse de la fe, esa sociedad ya está destruida».
En el pasado mes de agosto, la censura la sufrió una capacitación en “Derechos Humanos, género y diversidad sexual”. El sacerdote Fabricio Porta se expresó mediante las redes sociales llamando a las “familias cristianas” a rechazar “este tipo de políticas” que son “tendientes a minar la moral y las buenas costumbres de nuestro pueblo”.
Fuente: La Izquierda Diario
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