Mientras el papa Francisco hace un llamado urgente para llevar a la justicia los casos de pederastia, la jerarquía católica mexicana contrata negociadores para que lleguen a arreglos extrajudiciales entre víctimas y sacerdotes. Los responsables de los arreglos y personas cercanas a la Iglesia católica explican a Newsweek México cómo operan.
En 2003 en la Catedral Metropolitana, Luis Fletes Santana -entonces obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México- resumía así su apoyo a quienes cometían delitos: “a persona muy degradada en su conducta se le debe dar la oportunidad y apoyo para que se supere, no es cosa de que vamos a empezar a deshacer la sociedad y que solamente queden los buenos”.
Y como si esas palabras hubieran sido un presagio, poco después el mismo obispo recibió esa “oportunidad” que pedía para personas “muy degradadas”. Evadió un proceso penal por abuso de menores gracias a un arreglo extrajudicial.
No fue el único que logró salvarse. A esas “negociaciones espirituales” recurre constantemente la jerarquía católica para evitar que sus “hijos”, como ellos llaman a los sacerdotes, sean procesados por las autoridades civiles cuando son acusados de abuso sexual a menores.
Estas negociaciones se realizan en la mayoría de los casos en las oficinas eclesiásticas e intervienen obispos y cardenales.
Pero para Luis Fletes el trato fue especial. No era un sacerdote común, era un obispo, así que los acuerdos se realizaron en oficinas del gobierno federal, revelan a Newsweek México fuentes cercanas a la jerarquía católica, quienes conocieron de cerca el caso.
Del 21 al 24 de febrero pasado, en la Ciudad del Vaticano se realizó el encuentro sobre protección a menores en la Iglesia, convocado y presidido por el papa Francisco. Ahí se trazó la ruta a para prevenir y atender los casos de abusos sexuales a menores por clérigos. En el marco de este encuentro se dieron cita víctimas de pederastia clerical, organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas que han sufrido abuso y abogados que representan a los sacerdotes.
Durante las jornadas de trabajo se insistió en la creación de un código de conducta para saber cómo proceder en momentos crisis, como si no existiera ya la norma para los obispos, la cual señala que, al recibir las acusaciones de abusos, deben de iniciar una investigación y denunciar ante las autoridades civiles.
En 2001 se publicó el Motu Proprio Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST), que promulga la Norma sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe y se añade el abuso sexual a menores cometido por un diácono, un sacerdote o un obispo como un delito grave.
En su artículo 6.1 señala que “el clérigo […] debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición”.
Las normas se actualizaron en 2010 por Benedicto XVI para incluir, además del abuso, la “adquisición, posesión o distribución de pornografía infantil” entre los delitos más graves.
Las organizaciones civiles y las víctimas de la pederastia se mostraron decepcionadas de los resultados del encuentro entre los obispos y el Papa, pues de acuerdo con Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, y Cristina Sada, activista contra el abuso sexual, no hubo avances en cuanto a transparencia, pues no se quiere dar a conocer la lista de los sacerdotes abusadores, ni tampoco el seguimiento legal que se ha dado, si es que lo ha habido, ni si están en prisión o en libertad.
Al cierre de esta edición, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que han sido retirados del sacerdocio 157 sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores en los últimos nueve años, datos proporcionados por la Nunciatura apostólica. Además, actualmente se tiene a 101 sacerdotes acusados de este delito en procesos penales ante autoridades civiles, según datos de 64 diócesis.
El presidente de la CEM, el arzobispo Rogelio Cabrera declaró que desconocía los nombres de los sacerdotes involucrados en estos abusos, porque las diócesis no tienen obligación de proporcionar al Episcopado esa información por ser autónomas y solo rendirle cuentas al Papa.
Los acuerdos sin justicia
En el marco de este encuentro, Newsweek México habló con personas cercanas a la jerarquía católica para conocer cómo se dan los arreglos extrajudiciales entre sacerdotes y víctimas en México. Además, habló con negociadores que instruyen a los sacerdotes y obispos sobre cómo lograr una salida rápida para que el asunto quede zanjado sin necesidad de denuncia penal.
De acuerdo con las personas entrevistadas, en México obispos y superiores de congregaciones, aún después de los llamados del Papa, no acatan al cien por ciento la normatividad vaticana y prefieren negociar con los padres de las víctimas para evitar un escándalo eclesial.
Tan sólo en México, se calcula que de cada 10 acusaciones por ese delito que se presentan ante la jerarquía católica, sólo dos o tres son presentadas ante los ministerios públicos. La mayoría de los padres de las víctimas prefieren una negociación que enfrentarse a la autoridad eclesiástica, favorecida la mayoría de las veces por las autoridades civiles, quienes se han encargado de amedrentar a los denunciantes o demorar sus procesos judiciales, explican los entrevistados por Newsweek México.
Con estos acuerdos privados, algunos ante notario, los obispos y superiores de congregaciones entran en desacato con las normas eclesiásticas, las cuales establecen que la jerarquía católica debe denunciar ante las autoridades civiles y eclesiásticas los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.
Y bajo el velo del encubrimiento, se dan a la tarea de buscar a personas de su confianza, los denominados “intermediarios”, para negociar con las familias y disfrazar así su participación en esos acuerdos. De esta forma evaden una posible acusación ante el Vaticano por no denunciar al clérigo abusador.
Los representantes de la Iglesia, los que negocian, son hábiles y anteponen la fe de los denunciantes para iniciar las negociaciones, su razonamiento es “si los familiares de las víctimas acuden a la Iglesia en primera instancia, es porque aún creen en esta” y lo consideran un punto a su favor, porque el diálogo se puede iniciar.
Un arreglo en las primeras reuniones es vital –cuentan— porque, en la mayoría de los casos, los padres de familia que acusan van sin abogado “es decir de buena fe y de esta forma es más fácil entablar un diálogo” y desanimarlos de acudir a las instancias judiciales.
Estos “negociadores” son los que aconsejan a los obispos cómo debe ser el acuerdo económico, la oferta del monto y en una sola exhibición, a fin de evitar que los padres de familia se arrepientan o que las diócesis en un futuro ya no respeten el pacto, que “todo se finiquite y no tengan motivo de volverse a reunir”.
La pregunta aquí es en cuánto valora la jerarquía católica mexicana el daño por un abuso sexual a menores. La respuesta de los “negociadores” es rápida: “depende de la familia, lo menos que se ha llegado a pagar son 20 mil pesos y lo máximo 300 mil”. También, explican, es de acuerdo a la gravedad de las acusaciones, porque en ocasiones sólo son tocamientos y en otras sí hay penetración, pero en todos los casos ellos firman y se comprometen a no hacer pública la negociación y olvidarse del sacerdote pederasta.
En la entrevista se les cuestiona cómo operan estos negociadores frente a los padres de menores víctimas, que en su mayoría son hombres, para convencerlos. Revelan: “a ellos se les explican los beneficios de los acuerdos, como son el evitar la burocracia con las autoridades civiles, porque estas someterán a sus hijos a una revisión médica y en ocasiones los pueden volver a lastimar. Además, el proceso jurídico puede llevar años, para enfrentarlo deben contratar a un abogado, con el riesgo de perder”.
También “se les advierte del costo psicológico que puede afectar al menor” de tal forma que los padres optan por un arreglo rápido, y evitar así un mayor sufrimiento para sus hijos.
Estas “negociaciones espirituales” son oportunas si las acusaciones se presentan poco tiempo después de haberse cometido el abuso sexual, porque se evita la denuncia civil y el escándalo.
A las acusaciones del pasado, los obispos le dan un trato diferente, si ocurrieron muchos años atrás, desechan atenderlas, porque consideran que ya prescribió el delito.
En la mayoría de los casos, los padres de las víctimas demandan el retiro del clérigo abusador, decisión que solo le corresponde al obispo, quien debe iniciar el proceso eclesiástico para dimitirlo. Éste no siempre se realiza, porque sin parte acusadora se evita el trámite administrativo ante el Vaticano.
La petición de la dimisión fue solicitada en el caso de Luis Fletes Santana, protegido del cardenal Norberto Rivera Carrera, en las negociaciones que se realizaron en el 2004, y justificó su ausencia al difundir que se había retirado a una experiencia monástica en el centro de Italia, según las fuentes consultadas.
Aún con acusaciones en contra de Fletes, el cardenal Norberto Rivera decidió no iniciar un proceso eclesiástico, ni jurídico y lo envió a un monasterio al norte de Italia.
Tiempo después regresó a la Arquidiócesis de México, con su aceptación, el cardenal rompió el pacto establecido y lo premió al nombrarlo responsable de la Pastoral de Laicos. A finales del 2005 y principios del 2006, Fletes Santana misteriosamente volvió a desaparecer de las ceremonias religiosas públicas.
Pero reapareció en abril de 2007 en las exequias del obispo Ramón Godínez de Aguascalientes, ya revestido para participar en la misa que sería celebrada, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez lo increpó. Cuestionó su presencia y a empujones lo sacó de la catedral, porque no merecía estar ahí. Ésta es la última vez que se presentó en público ante obispos.
Sin explicación, su nombre fue borrado del directorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en su edición impresa de 2009 ya no existe Luis Fletes Santana como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México.
Ya sin permiso para oficiar misa, ese hombre culto a quien en alguna ocasión se mencionara como sucesor de Rivera Carrera, presidia ceremonias religiosas en el templo de Los Remedios, ubicado en Naucalpan, Estado de México, donde lo encubría su amigo el entonces rector Miguel Ángel Corona, quien actualmente se encuentra suspendido del ministerio sacerdotal por tener pareja e hijos.
Sobre el caso de Fletes Santana, el cardenal Norberto Rivera Carrera y su equipo siempre ocultaron información, ni siquiera se menciona en la lista de 2017 donde dan a conocer los nombres de sacerdotes pederastas que fueron retirados de su ministerio.
En México, estas “negociaciones espirituales” son secretas, pero en 2004 se conoció públicamente que el obispo Raúl Vera López de Saltillo, ante notario estableció un acuerdo con padres de víctimas de dos sacerdotes acusados de abuso sexual.
Entonces señaló “Yo fui parte del proceso jurídico eclesiástico de esos dos casos de personas que ya no son sacerdotes. Los abogados me hicieron ver la diferencia entre lo eclesiástico y lo judicial. Ellos me ubicaron para que no me fuera a equivocar”.
En el año 2014, se negó a dar a conocer el nombre de los sacerdotes porque dijo que se había comprometido ante notario a no hacerlo, por respeto a los familiares de los curas involucrados. Para 2017, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE) afirmó que el obispo al no proporcionar los nombres de los sacerdotes les dio oportunidad para desaparecer y evadir la justicia.
Los “negociadores” que en los últimos años han llevado un poco más de 70 casos, señalan que de esas “negociaciones espirituales” se entregan copias a las diócesis y éstas deberían estar integradas en expedientes en sus archivos. Pero también “las pueden destruir”, ya que el obispo es quien toma la decisión.
Los archivos son claves para revelar la problemática, por eso la Conferencia del Episcopado Mexicano les solicitó a las diócesis revisar por lo menos los últimos nueve años.
En esta revisión del pasado, los obispos y arzobispos podrían enfrentarse a problemas, como el no encontrar expedientes o documentos importantes para hacer un informe real. Tal y como lo reveló el cardenal Reinhard Marx de Alemania, en la diócesis de ese país se detectó que fueron destruidos documentos importantes de acusaciones y procesos de casos de sacerdotes acusados de abuso sexual de menores.
Pero para algunos casos graves que se enviaron al Vaticano, la información se podrá obtener a través de la nunciatura, de la Congregación para la Doctrina de la Fe o de la Congregación para el Clero, a menos que el encubrimiento alcance esas altas esferas clericales y por corrupción no se encuentren los documentos oficiales ni en esos archivos.
En entrevista con Newsweek México, estos “negociadores”, que prefieren el anonimato, comentan que ante la presión del papa Francisco por erradicar el abuso sexual de clérigos a menores, algunos obispos mexicanos que desestimaron esas denuncias, actualmente los buscan para solucionar el problema, que el pontífice lo ha calificado como una “plaga” dentro de la Iglesia católica. Esto significa que aún no están dispuestos a entregar a sus “hijos” a las autoridades civiles.
En México en los últimos años se han presentado denuncias de abusos sexuales a menores por clérigos en 23 estados, pero se desconoce el número de casos y de víctimas, la mayoría de los obispos no consideraban éste tema como prioritario y no han realizado una revisión de archivos.
Tan sólo la nunciatura apostólica tiene registrados 157 casos de sacerdotes acusados de pederastas en los últimos nueve años, cuyos expedientes fueron enviados al Vaticano y que fueron dimitidos del ministerio sacerdotal.
Aún no hay cifra oficial de los casos en México, pero la Conferencia del Episcopado Mexicano se comprometió a informarla próximamente, además de cuántos sacerdotes siguieron un proceso con la autoridad civil de 2010 a 2018. Los nombres de los sacerdotes involucrados no se darán a conocer, a diferencia de Estados Unidos, Alemania o Chile.
Al encuentro en el Vaticano asistieron 190 obispos, arzobispos y cardenales. El arzobispo Charles Scicluna secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe advirtió que deben respetar las leyes civiles en todos los casos y enfrentar los terribles efectos de la mala conducta de algunos sacerdotes.
También se les recordó que un obispo o superior “puede ser removido legítimamente de su cargo, si por negligencia, ha colocado u omitido actos que han causado un daño grave a otros, ya sean personas físicas o si se trata de una comunidad en su conjunto. El daño puede ser físico, moral, espiritual o patrimonial”, según lo establece el papa Francisco en Como una Madre Amorosa, papa Francisco 2016.
En su participación el cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, destacó que “no hay ninguna justificación posible para no denunciar, para no desenmascarar, para no enfrentar con valor y contundencia cualquier abuso que se presente al interior de nuestra Iglesia” cualquier negligencia “nos puede acarrear penas canónicas, incluso la remoción del ministerio y penas civiles que pueden llegar hasta ser condenados a prisión por encubrimiento o complicidad”.
En los ocho puntos finales que dio a conocer Jorge Mario Bergoglio al concluir el encuentro destaca “Seriedad impecable… la Iglesia nunca intentara encubrir o subestimar ningún caso”.
Ya se verá con el tiempo si habrá justicia.
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