El “grupo interdisciplinar” sería un recurso más punitivo e intimidatorio que instancia medicinal, de reparación y de justicia promotora de la debida confianza entre sacerdotes y laicos.
La presentación del equipo interdisciplinario de la arquidiócesis de México de atención de víctimas fue presentado el 20 de marzo como todo un acto triunfal para “poner manos a la obra” contra los abusos.
En medio de las cifras, de la falta de precisión e incertidumbre por saber cuántos sacerdotes están bajo proceso por delitos comprobados, el vaivén de justificaciones y aclaraciones al final darían presunta certeza de que sólo seis ministros estarían implicados en la comisión de abusos y los otros 11 “con algún otro tipo de actos” como “revelar el secreto de confesión, el uso de drogas u otras problemáticas”.
La creación de estos equipos interdisciplinarios de atención a víctimas y prevención de abusos ya se venían integrando en otras diócesis conforme a los lineamientos de la CEM además de la creación del Equipo Nacional de Protección al Menor y las líneas de acción después de la Cumbre de Roma.
El equipo interdisciplinar de la arquidiócesis de México vino a ser, por lo menos, un movimiento de impacto levantando más preguntas por quienes lo integran que de expectativa por sus planes y líneas de acción.
Marilú Esponda Sada, directora de comunicación, toma un papel que ha ganado más cuestionamientos que certidumbre en el caminar arquidiocesano. No se sabe cuál es la naturaleza de su encargo que ha rebasado los límites entre lo estrictamente legal y formal como si su oficina fuera cancillería agrietando la confianza con el presbiterio arquidiocesano.
Lo anterior no es nuevo. Cuando el cardenal Norberto Rivera Carrera creó la oficina de comunicación, un laico asociado a los Legionarios de Cristo asumió atribuciones que rebasaron la competencia de su encargo.
En esa época, comunicación social se dio a la consigna para que Rivera Carrera tuviera un posicionamiento nacional aun sobre los obispos de México y hacerse de un monopolio mediático que, a la postre, resultó en la caída del responsable de esa oficina cuando sus errores le costaron el puesto. La historia parece repetirse.
Los erráticos movimientos de Esponda toman derrotero sin importar con quiénes se puede liar y pactar, el objetivo último es posicionar a Carlos Aguiar en el escenario político y eclesiástico internacional bajo la tersa máscara arreglada con el maquillaje de la mediación y conciliación.
Pero eso no es todo, Esponda ahora da la cara como una de las responsables en la lucha contra los abusos cuando no tiene las credenciales necesarias que se exigen este delicado trabajo. En su momento, ni tenía la más remota idea de lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano viene trabajando en la materia de prevención de abusos sexuales ni de la existencia del CEPROME de la Universidad Pontificia de México. En su contra está también lo que dijo a medios a principios de año al considerar que fieles de la arquidiócesis de México tienen una fe de chocolate.
No es extraño en Esponda Sada. Otros proyectos se le han ido de las manos cuando le han servido de trampolín para su proyección personal y posicionamiento ante los obispos. El naufragio y fracaso de Catholic Voices durante la visita de Benedicto XVI es el mejor ejemplo.
El religioso Manuel Corral es el otro polémico integrante quien presume de sus amplísimas relaciones con las cúpulas políticas. En los hechos es quien hace los trabajos incómodos que podrían lesionar la imagen del cardenal Aguiar. Un ejemplo fue el caso ampliamente documentado en medios que tuvo que ver con las supuestas imputaciones contra un sacerdote, el padre Dagoberto Valle Arriaga de la diócesis de Texcoco, a quien se le acusó de haber asesinado a su hijo que había procreado antes de su ordenación.
El sacerdote habría sido entregado a la justicia bajo falsas acusaciones maquinadas por el mismo Corral Martín. El padre Valle pasó ocho años privado de su libertad y su historia fue documentada en el sitio reporteros en movimiento. La narrativa del caso por Reporteros en Movimiento señala que Corral entregó al sacerdote por una supuesta confesión escrita de la desaparición y asesinato del menor. Ya en prisión, el “padre Dago” fue compelido a renunciar al sacerdocio a cambio de su libertad. De acuerdo con algunos testimonios, Corral habría dicho al imputado que se “declarara loco” para salir de la cárcel.
Después de su excarcelación en 2013, y después de ocho años privado de la libertad, Valle no descartó realizar las denuncias para lograr la reparación del daño por el tiempo en prisión y el daño a su reputación. El más duro testimonio vino de personas relacionadas con el acusado quienes denunciaban el desinterés y abandono del sacerdote señalando especialmente al obispo Carlos Aguiar Retes y el presbítero Corral Martín.
Ante el IV obispo de Texcoco, Mons. Juan Manuel Mancilla Sánchez, en 2013 quienes abogaban por el padre Valle afirmaron que el antecesor de Mancilla Sánchez, Carlos Aguiar Retes, se lavaría las manos sobre el caso del sacerdote que él mismo ordenó.Un video completo de esa audiencia puede verse aquí. Dicho sea de paso, es admirable cómo Mons. Mancilla asume el caso, escucha a los implicados y hasta complace en sus demandas.
No sólo hay esta situación. Corral, en el puesto creado a modo por Aguiar haciéndolo “secretario” para las relaciones institucionales, nunca ocultó su animadversión contra el actual presidente de México y apoyando al candidato del PRI. Después del debate, el 22 abril de 2018, en su cuenta de tuiter diría de AMLO: “Después de debate habrá muchas opiniones. Para mí el que mejor propuestas hizo fue Meade y le siguió Anaya. AMLO ni siquiera estuvo a la defensiva. Yo esperaba más de él y más propuestas. Me decepcionó…” Esto vulnera la debida neutralidad y equilibrio que se debería guardar en tales encomiendas.
Finalmente está Joaquín Aguilar. Desde la publicación y difusión en medios arquidiocesanos – el 4 de junio de 2018- el supuesto convenio entre la oficina de Comunicación del Arzobispado de México (Marilú Esponda Sada) y la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales -SNAP México- (Joaquín Aguilar) fue preconizado como una de las movidas más acertadas en el juego de supuestos cambios del arzobispo Aguiar Retes.
Contrario a su objetivo, el acuerdo no tuvo buen recibimiento como sus precursores hubieran querido suscitando duros argumentos rebatidos por una débil defensa bajo escuálidas justificaciones como aquélla que afirmó que se trataba del acercamiento entre “dos instituciones, simplemente, (y) a eso se reduce, no hay para qué ‘rascarle´”.
En ese momento, la única y mejor conclusión que dieron los apologistas del conocido pacto es que los cuestionamientos eran el tono vociferante de quienes no entendieron “de qué se trata” el convenio Arquidiócesis – SNAP al no darle su lugar como ejemplar y supuestamente coherente con “la misión de la Iglesia” para propiciar el diálogo constructor de puentes.
Pronto se desacreditó el supuesto pacto hecho con su amiga Marilú Esponda cuando el lunes 9 de julio cuando Milenio diario publicó una entrevista a Joaquín Aguilar. Sus declaraciones, si bien tratan de ofrecer una justificación sobre los supuestos beneficios, en realidad muestran que la firma de esa colaboración no tuvo los efectos presumidos por Esponda Sada y, posteriormente, justificados por el cardenal Aguiar Retes.
El acuerdo fue sólo a la palabra para la elaboración de un manual de prevención, una comisión de víctimas y una campaña. Independientemente de los buenos propósitos trazados por Aguilar, resulta revelador también que SNAP México sea una organización autónoma sin respaldo suficiente de la entidad internacional que le presta sus siglas. (SNAP Estados Unidos).
Con la Arquidiócesis, “no hemos firmado nada” diría de forma contundente. En conclusión, el convenio se trató de una especie de apretón de manos de buena fe entre el señor Joaquín Aguilar y “los representantes arquidiocesanos”, el cual se sobredimensionó y dio vuelo cuando el arzobispo Aguiar Retes quiso legitimar en el exterior, en Roma, lo que no pudo justificar al interior.
En la historia no se puede ocultar la trama de desencuentros y franca guerra que Aguilar emprendió contra el arzobispado. Al punto, honorabilidad y reputación se pusieron en duda cuando armó una campaña de calumnias contra el arzobispo Rivera Carrera demostrándose, además, que el activista habría cometido perjurio ante las autoridades por haber ofrecido hasta seis declaraciones contradictorias sobre su caso.
El 20 de abril de 2010, ante medios, diría: “No descansaré hasta ver caer al Cardenal… queremos la cabeza de Rivera Carrera”. Sobre sus afirmaciones calumniosas, comunicación del arzobispado de México ofreció abundante documentación que se puso a disposición para demostrar la orquestación de maquinaciones e influir en la opinión pública por una campaña de odio.
Recientemente Aguilar dio a conocer que su organización pronto podría integrar una lista con poco más de medio millar de sacerdotes señalados de abusos desde 1970 lo que podría representar una franca confrontación con la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Las acciones emprendidas por la Iglesia católica mexicana tienen una genuina intención para prevenir y acabar con los abusos. Quizá en el mundo, sea de las pocas instituciones con procesos estructurados que van dando paso a una transparencia contra los abusos que es inédita. No obstante, lo que sucede en la arquidiócesis de México va más por lo mediático echando mano de personajes que no parecen ser los idóneos para este trabajo.
¿Cómo confiar estos delicadísimos procesos cuando la responsable de la comunicación social se mueve más por la imagen, el impacto mediático y no tiene ninguna capacidad y formación que se requieren en estos equipos además de haber dicho que la fe de millones de católicos de la capital del país es de chocolate?
¿Cómo apostar a la confianza cuando hay un clérigo con oscuros antecedentes que vulneraron el derecho humano a la presunción de inocencia de un sacerdote quien pasó ocho años de su vida por un delito que no se demostró?
¿Cómo aplaudir esta iniciativa cuando uno de sus integrantes pidió la cabeza de un arzobispo y, además, armó una presunta campaña de odio, difamación y calumnias contra la Iglesia?
La conferencia de prensa demostró que este mal llamado grupo interdisciplinar de la arquidiócesis de México es un recurso más punitivo e intimidatorio que instancia medicinal, de reparación y de justicia que debería tener por raíces la cultura, la mística y espiritualidad de las acciones para prevenir abusos y recuperar la credibilidad.
En esta mística, los obispos de México han recurrido a procesos certeros de certificación de estos grupos porque no bastan golpes mediáticos ni nombres para decir que se está previniendo y combatiendo los abusos. Se requiere de perfiles discretos, pero bien cimentados y preparados para relacionarse correctamente con los involucrados y respetar su identidad -sean acusados o víctimas- hasta agotar cualquier procedimiento legal siempre bajo la presunción de inocencia y de sus derechos humanos y, ante situaciones concretas y puntuales, enarbolar la serenidad para no reaccionar indebidamente a través de conductas inadecuadas por la superficialidad y negligencia.
El arzobispo de México es elemento esencial, pero la ausencia ha sido su constante pastoral. Aunque decida delegar sus responsabilidades en los peritos más eruditos de la Iglesia, existe una cosa de la cual jamás podrá deshacerse: Su deber de ejemplaridad para devolver la credibilidad en la institución. Por su testimonio, los fieles despertarían de nuevo el aprecio y valor del ministerio sacerdotal. El amor genuino por su presbiterio recuperaría el significado de la coherencia personal del padre y pastor en consonancia con la indelegable ética pastoral a la que está obligado. Tristemente la realidad es otra y estamos muy lejos de esos ideales.
¿Podemos entonces confiar en este equipo interdisciplinar de la arquidiócesis de México? La respuesta la tiene el amable lector.
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