Uno de los más notorios es el caso de Luis Fletes Santana, denunciado por abuso sexual a menores y amparado por Norberto Rivera
Bajo el denominado “secreto pontificio” se encubrieron por años cientos de casos de pederastia y malas conductas al interior de la iglesia católica mexicana. De estos, en un hecho sin precedentes, el pasado 5 de marzo la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que en los últimos nueve años, al menos 157 sacerdotes han sido retirados por cometer abuso sexual contra menores y que hay 101 casos de religiosos a quienes se les sigue un proceso ministerial.
En este halo de secretismo que envuelve a la curia católica, se esconden siete casos de obispos mexicanos, acusados de pederastia o de falta a sus votos y responsabilidades.
Fuentes cercanas al tema afirman que los expedientes que dan cuenta de estos delitos fueron enviados a la Nunciatura Apostólica, quien recibió las denuncias hace varios años sin darles respuesta, por eso llegaron a manos de la Pontificia Congregación para la Doctrina de la Fe.
Todos los casos fueron del conocimiento de la administración pasada, donde el encargado de darles seguimiento era el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien no implementó acciones para frenar los abusos.
Gracias a esta inoperancia, ahora el CEM afirma que desconoce el paradero de los 157 sacerdotes que han sido suspendidos de 2010 a la fecha, ya que una vez presentada la denuncia correspondiente, los casos son competencia de las autoridades civiles.
Un pederasta en la Arquidiócesis Primada
Al parecer con la intención de evitar un escándalo, dos de estos casos fueron ignorados por el Vaticano debido a que los jerarcas católicos involucrados, estaban cercanos a cumplir 75 años de edad, y presentarían sus renuncias en menos de un año. Tres casos más se analizan en la Santa Sede y obligaron a visitadores de la Congregación para la Doctrina de la Fe a viajar a México para sostener diversas entrevistas con personas de las arquidiócesis y diócesis involucradas.
Uno de los más notorios es el caso de Luis Fletes Santana, obispo auxiliar de la Ciudad de México, quien fue denunciado ante el entonces todopoderoso cardenal Norberto Rivera, por abuso sexual a menores.
De acuerdo con testimonios anónimos, Rivera se reunió con familiares de los afectados y en un “arreglo de palabra” realizado en una de las subsecretarías del Gobierno, se acordó que se Fletes Santana se iría de México a cambio de no iniciar un juicio penal.
En 2004, Rivera cumplió en parte su promesa, el obispo auxiliar Fletes fue enviado a Roma a un monasterio, según informó la Arquidiócesis de México aunque sin dar a conocer las causas reales del viaje. Dos años después, el cardenal decidió que era hora de que regresara y lo nombró encargado del Secretariado para los Laicos.
Para explicar su ausencia, el semanario del Arzobispado, Desde la Fe, lo entrevistó, y en una nota titulada “De obispo a monje y de monje a obispo”, Fletes afirmó que su salida de México en 2004 fue porque solicitó permiso al cardenal Rivera Carrera para tomar su año sabático.
Yo decía: ’Dios me escogió para ser obispo y también me ofreció un año para acercarme aún más a Él’. Fue como un espaldarazo para seguir trabajando en su nombre”, indicó en su entrevista con el semanario.
En ese entonces (2006), una denuncia contra Rivera Carrera por “conspiración a la pederastia”, presentada en la Corte Superior de California por el joven Joaquín Aguilar, -quien acusó al sacerdote Nicolás Aguilar de abuso sexual cuando tenía solo 12 años-, revivió el temor de una demanda pública de las víctimas de Fletes.
Ante esto se le habría aconsejado al purpurado que lo más prudente era retirar un tiempo a Luis Fletes de la Arquidiócesis. La recomendación fue aceptada, y lo alejaron de la Iglesia mexicana, quien se limitó a informar por medio del Secretariado, que el aludido se había retirado a la vida de meditación en un monasterio, retirado y por ende había dejado de ser obispo auxiliar.
Así dejó de pertenecer al alto clero de la Arquidiócesis de México.
José Fernández Arteaga
“Autoritarismo enfermo basado en la obsesión del poder, no en el servicio, ni en la corresponsabilidad”, así denunciaron sacerdotes el carácter de José Fernández Arteaga, actual arzobispo emérito de Chihuahua.
Este es otro de los casos que investiga la Santa Sede, el de Arteaga, quien cuenta con 85 años actualmente y aunque las denuncias sobre su descuido pastoral se conocen desde 1997, nunca se actuó en su contra.
Los errores del arzobispo se detallan en el libro JFA elaborado por un grupo de sacerdotes en 2002. Criticaban su falta de espiritualidad, así como de humildad, de servicialidad y de pobreza evangélica, pues, sostenían que “su estilo de vida fastuoso y su inclinación a los que tienen el poder político y económico hacen que se le perciba alejado del pueblo”.
El 13 de julio de 1998 una comisión integrada por cinco sacerdotes le entregaron una carta al entonces nuncio apostólico Justo Mullor, en la Ciudad de México, reiterando la misiva dos años después, sin recibir respuesta.
Se fue Mullor en 2000 y así llegó Leonardo Sandri, y después Giuseppe Bertello. En vano fue el nuevo intento de denunciar las anomalías que observaban en la diócesis, al pedir que se revisaran los expedientes, y fueron ignorados una vez más.
Al no tener respuesta, el grupo de sacerdotes decidieron asesorarse y enviar el expediente integrado por diversos testimonios al Vaticano, a la Santa Sede.
Diversos medios locales documentaron las acusaciones contra Fernández Arteaga tras entrevistas a sacerdotes locales: Protección a curas pederastas y a los que violan los votos del celibato; administración de millones de pesos provenientes de diezmos y limosnas sin rendir cuentas; proselitismo entusiasta a favor de los candidatos del PRI, y trato despótico a la feligresía, así se las gastaba el protegido del cardenal Girolamo Prigione.
En 2008, Fernández Arteaga presentó su renuncia al entonces encargado del Vaticano, el Papa Benedicto XVI, y se convirtió en arzobispo emérito, cargo que ostenta hasta la actualidad.
El caso Tulancingo
Un tercer caso es el de Pedro Arandadíaz Muñoz, el primer hombre que dirigió la Arquidiócesis de Tulancingo y que falleció en noviembre pasado a la edad de 85 años. Fue conocido por su estrecha relación con los gobiernos priistas.
En 2007, el arzobispo cumplía tres años con problemas digestivos que habían afectado su riñón, una situación que lo obligó a encargar el trabajo pastoral a otros sacerdotes.
De acuerdo con las denuncias, las investigación de la Santa Sede en su contra se iniciaron por falta de gobernabilidad en la entonces diócesis de Tulancingo, elevada a arquidiócesis en noviembre de 2006.
“Mal comportamiento moral”
Otro escándalo al interior de la iglesia que habría sido encubierto por el “secreto pontificio” fue el del obispo de Celaya, Jesús Humberto Velásquez Garay, quien en el 2003, a sus 63 años de edad, fue retirado de la diócesis, 12 años antes de la edad de jubilación.
Las denuncias por su “mal comportamiento moral” (homosexualidad) habrían llegado a oídos de la Santa Sede, y aunque fue integrado un expediente y se le hizo un llamamiento desde la nunciatura para corregir su vida personal.
Finalmente en julio de 2003 el papa Juan Pablo II recibió su dimisión al gobierno pastoral de la diócesis de Celaya; falleció diez años después.
En diciembre de 2006, al obispo de Zamora, Carlos Suárez Cázares le fue solicitada su renuncia por el Papa Benedicto XVI.
Dicha dimisión fue en conformidad con el canon 401 apartado 2 del Código de Derecho Canónico que a la letra establece: “Se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo”.
La causa fue que el tenía una mujer con sus hijos, según reportó la prensa en aquella época.
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