HUESCA (SPAIN)
Hoy Aragón [Zaragoza, Spain]
September 17, 2025
La acusación, presentada ante la Fiscalía de Ciudad de México, señala al entonces superior general de los Escolapios, Pedro Aguado Cuesta, de “encubrimiento institucional de pederastia” por la actuación frente a un sacerdote ya fallecido. La Orden de los Escolapios sostiene que el religioso acusado fue expulsado del estado clerical en 2020 y defiende la actuación del actual obispo de Huesca y Jaca por seguir el protocolo y acompañamiento a la víctima desde el primer minuto.
Una presunta víctima de abusos sexuales ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de México en la que solicita la inhabilitación del obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado Cuesta, a quien atribuye un “encubrimiento institucional de pederastia” en el caso del sacerdote escolapio José Miguel Flores, fallecido en 2022.
El escrito, al que ha tenido acceso este medio a partir de la información adelantada por El Diario de Huesca, pide además que se verifique la defunción del clérigo mexicano, un punto ya aclarado por la Orden de las Escuelas Pías, que afirma haber localizado el acta oficial y se ha comprometido a entregarla a la Justicia del país.
Un caso con casi dos décadas de recorrido
El relato de la víctima, Javier Alcántara, sitúa el origen de los abusos en 2006, cuando era menor y se vinculó a la pastoral escolapia en México. La denuncia, a la que ha tenido acceso El Diario de Huesca, describe una relación de confianza previa entre su familia y el padre José Miguel Flores, que se ofreció a “ocuparse” del joven para favorecer su educación y vocación. Los abusos habrían persistido cinco años, según afirma Alcántara en su denuncia, que asegura conservar pruebas, grabaciones y correos.
En 2018, ya mayor de edad y en tratamiento por adicciones, el denunciante reveló a su madre lo sucedido. La familia contactó con el entonces superior general de los Escolapios, Pedro Aguado, ahora actual Obispo de Huesca y Jaca, quien —siempre según la víctima— recibió en Roma a la madre de la víctima, con un billete pagado y 200 euros en conceptos de gastos pagado por el propio Pedro Aguado. Posteriormente, Pedro Aguado viajó a Cancún en octubre de 2019 para entrevistarse con él.
En esa reunión, Aguado le habría pedido perdón “en nombre de los padres”, le anunció la apertura de un proceso canónico y la remisión del caso a la Santa Sede, y le ofreció apoyo material: un empleo en una escuela de Veracruz y, más tarde, una beca universitaria.
La versión de los Escolapios: expulsión en 2020 y medidas cautelares
Fuentes autorizadas de la Orden Escolapia confirman a El Diario de Huesca ese itinerario y aseguran que, desde septiembre de 2019, se aplicaron medidas cautelares sobre el entonces sacerdote Miguel Flores: apartamiento del ministerio, traslado a una comunidad aislada en Peralta de la Sal (España) y prohibición de cualquier actividad sacerdotal pública con menores o personas vulnerables. Tras una investigación preliminar, la Orden elevó las actuaciones a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
En junio de 2020, la Santa Sede autorizó un proceso penal administrativo y, en octubre del mismo año, dictó decreto de dimisión del estado clerical para José Miguel Flores, además de confirmar su salida definitiva de la Orden. “Ya no era sacerdote ni escolapio. No podía celebrar misa”, señalan estas fuentes, que agregan que el padre Aguado se desplazó para comunicar y leer el decreto a la víctima.
La Orden subraya que la expulsión es la máxima sanción canónica posible y que su prioridad “fue y es la protección y el acompañamiento de la víctima”.
El punto de fricción: ¿siguió oficiando y está bien acreditada la muerte?
El núcleo de la nueva denuncia no discute que hubiera sentencia canónica, sino su ejecución y alcance. Alcántara asegura que, pese a la expulsión, Flores siguió oficiando durante un tiempo y que murió “como padre escolapio” en 2022. También sostiene que no le consta el certificado de defunción y pide a la Fiscalía que ordene abrir el féretro para constatarla.
La Orden replica que el documento de la Santa Sede fue mostrado y leído a la víctima —aunque no entregado, por ser de propiedad vaticana, conforme al protocolo canónico— y que solo tienen constancia de una misa celebrada por el exsacerdote tras su expulsión, “hecho jurídicamente ilegal del que no se tuvo noticia antes”. En cuanto a la defunción, Escolapios afirma haber aportado el acta oficial, donde constan fecha, causa de la muerte y sepultura, y que el documento será remitido a la autoridad judicial.
Petición de inhabilitación y alcance penal
En su escrito, Alcántara pide la inhabilitación del ahora obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, y de otros dos escolapios —Fernando Hernández y Marco Antonio Vélez— por un presunto encubrimiento institucional. Asegura que la Fiscalía mexicana le comunicó la falta de registro del certificado de defunción de Flores —extremo que la Orden da por subsanado— y solicita, junto a su abogado, que se libre orden de búsqueda internacional.
Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que los posibles delitos de encubrimiento o omisión en México deberán analizarse a la luz de las pruebas y de la cooperación internacional. La denuncia no implica por sí misma imputación ni medidas cautelares; la Fiscalía podría abrir diligencias, requerir documentación a la Iglesia y a autoridades civiles (registros, sanidad, cementerio) y, en su caso, solicitar asistencia a España o al Vaticano.
Entre 2019 y 2024, la Orden —según el propio relato de la víctima y la versión escolapia— ofreció apoyo económico y acompañamiento: primero, un empleo en un centro educativo y, después, una beca mensual para cursar estudios universitarios. La familia sostiene que las ayudas no cumplieron las expectativas y que se interrumpieron antes de lo pactado; la Orden replica que el propio Alcántara solicitó anticipar las cantidades de 2025 porque pensaba trasladarse a Inglaterra, firmando un finiquito en diciembre de 2024. Aun así, las mismas fuentes recalcan que su “mano sigue extendida” para un acompañamiento integral —emocional, material, académico— “si la víctima lo solicita”.
La denuncia llega en un momento especialmente sensible para Pedro Aguado Cuesta, que fue consagrado obispo de Huesca y Jaca tras su etapa como superior general de los Escolapios. El escrito cuestiona su gestión del caso y su ascenso al episcopado; la Orden defiende que Aguado fue quien inició, impulsó y cerró el procedimiento canónico más severo disponible, y quien acompañó a la víctima desde el primer momento.
La denuncia cita el motu proprio del papa Francisco Vos estis lux mundi (2019), que establece protocolos para denunciar y perseguir abusos y encubrimientos, y obliga a investigar a obispos y superiores religiosos que omitan o obstruyan actuaciones. En el terreno canónico, el decreto de dimisión aplicado a Flores es coherente con ese marco. Lo que ahora se discute es si la ejecución fue estricta y si, en su caso, hubo conductas que puedan trasladarse al ámbito penal.
La Fiscalía de Ciudad de México deberá decidir si abre diligencias y, en su caso, requerir el acta de defunción, las actuaciones canónicas —a través de cooperación con la Santa Sede— y demás pruebas aportadas. Si el deceso queda acreditado (como asegura la Orden), decaerían las órdenes de búsqueda sobre el exsacerdote, y quedaría por dirimir si hay base penal para investigar a terceros.