(ARGENTINA)
Clarín [Buenos Aires, Argentina]
August 30, 2023
By Roxana Badaloni
- En el tercero que se hace por la causa del Provolo.
- Hoy comenzaron los alegatos de las defensas de las nueve mujeres imputadas.
- Las religiosas Kumiko Kosaca y la madre superiora, entre las más complicadas.
A siete años de descubierto el horror en el Instituto Provolo, una orden de la Iglesia Católica en Mendoza, llega a su etapa final el tercer juicio contra las mujeres acusadas de haber participado, encubierto y desprotegido a menores hipoacúsicos que concurrían al colegio, muchos de ellos desde otras ciudades y en condición de pupilos.
En los tribunales provinciales de Mendoza son juzgadas dos monjas, la administradora legal y otras seis mujeres que trabajaban en tareas de dirección, docencia y maestranza en la escuela albergue de Luján de Cuyo, Gran Mendoza.
La pandemia y las impugnaciones de la defensa de las nueve acusadas retrasaron la búsqueda de justicia de las 36 víctimas, menores con discapacidad, que tenían entre 5 y 17 años cuando ocurrieron los abusos sexuales, maltrato y corrupción de menores.
El primer juicio fue contra un chofer y monaguillo del instituto, Jorge Bordón, quien, en juicio abreviado, reconoció haber abusado de chicos con discapacidad que vivían en el instituto primario y secundario. Recibió una condena a 10 años en prisión.
El segundo juicio, el más impactante por la cantidad de testimonios y las condenas, terminó el 25 de noviembre de 2019 y fueron condenados los curas Nicola Corradi (fallecido en 2021) y Horacio Corbacho, junto al jardinero Armando Gómez. Corradi recibió una condena a 42 años en prisión, Corbacho, a 45 años, y Gómez, a 18 años.
Tercer juicio
Las acusadas en el tercer juicio, que comenzó hace más de dos años, son las monjas Kumiko Kosaka (48) y la madre superiora Asunción Martínez (55); la representante legal del colegio Graciela Pascual (67); las ex directoras Edith Pinacca (68), Valeska Quintana (50), Cristina Leguiza (52) y Laura Gaetán (62); la psicóloga Cecilia Raffo (45) y la cocinera Noemí Paz (65).
Las nueve mujeres fueron imputadas por acción u omisión en sus actos como responsables del cuidado de los chicos discapacitados.
La acusación más grave es contra Kosaka, que está imputada como partícipe primaria en siete hechos de abusos y como autora penalmente responsable de un abuso simple. En julio pasado, concluyeron los alegatos de la querella y la fiscalía, quienes solicitaron una pena de 25 años de prisión e inhabilitación contra Kosaka.
Este miércoles es el turno de los abogados defensores. Comenzó el alegato a favor de la madre superiora Asunción Martínez, la monja a la que los chicos identificaban en sus declaraciones como la “monja buena”, mientras Kosaka era “la monja mala”.
El fiscal Alejandro Iturbe sostuvo que por la responsabilidad que tenía y por declaración de los víctimas (en cámara Gesell con ayuda de intérpretes de señas) fue corresponsable de los abusos, por haber omitido el deber de garantes de las víctimas. Pidió una condena de 10 años para la monja Martínez.
Además el fiscal solicitó una pena de 18 años en prisión para la representante legal del Instituto, Graciela Pascual. Y para la exdirectora del Próvolo, Gladys Pinacca, y para la excocinera, Noemí Paz, 3 años de prisión en suspenso.
La Fiscalía no pidió cargos contra las otra cuatro imputadas en este proceso, ex directoras en el periodo en el que ocurrieron los abusos sexuales: Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo. Ante esto, el Tribunal debería declarar extinta la acción penal ante la falta de acusación, y dejarlas al borde de la absolución.
El abogado de las víctimas, Sergio Salinas, dijo que el caso de las cuatro imputadas que no recibieron pedido de condena fue “ante la falta de pruebas que acrediten con la certeza necesaria para el dictado de una sentencia condenatoria sobre el conocimiento directo de los abusos sexuales que sufrían los niños y niñas que asistían al Instituto Próvolo“.
Y, destacó el querellante, “al no poder probarse el conocimiento directo de los abusos sexuales, no significa que el actuar de estas exdirectoras no haya sido, al menos, imprudente, al no advertir, conforme al rol esencial que tenían dentro de la institución religiosa, la cantidad y gravedad de los abusos sexuales que sufrían permanentemente niños y niñas”.
En las próximas semanas se esperan las condenas de este tercer juicio, que arrancó en mayo de 2021.
Mendoza. Corresponsal