Autoridades de la Diócesis de Mexicali encubren a sacerdote pederasta Jesús Antonio Canseco cambiándolo de una parroquia a otra, uso de tráfico de influencias, y amenazas a la víctima desde 2013
MEXICALI, México.- Osvaldo Agundiz Quevedo tenía 14 años de edad cuando fue víctima de abuso sexual por el sacerdote diocesano Jesús Antonio Canseco, de la parroquia Divino Niño en la colonia Villas del Rey, en Mexicali, Baja California. Hoy, Osvaldo tiene 21 años, y lleva siete años, junto a sus padres, pidiendo justicia, mientras las autoridades de la Diócesis de Mexicali protegen al sacerdote acusado de pederastia desde 2013, cambiándolo de una parroquia a otra dentro de la zona conurbada en la misma ciudad, retardando la justicia penal y evitando que trascienda la información sobre el caso.
Estudiante de quinto semestre de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California y empleado del Ayuntamiento de Mexicali, Osvaldo Agundiz, pese a amenazas y acoso cibernético, ha emprendido esta lucha contra la pederastia de los sacerdotes católicos en Mexicali, porque asegura que no ha sido la única víctima de este tipo de abuso en manos de Canseco y de otros sacerdotes de la ciudad. “He sabido y conocido a otros jóvenes, pero no se animan a hablarlo”, dijo a Los Ángeles Press en entrevista a la salida de la segunda audiencia ante el Poder Judicial del Estado, donde se le imputó al sacerdote acusado de pederastia el cargo de abuso sexual y corrupción de menores de acuerdo con la abogada de oficio que lleva el caso bajo el número 0202-2016-49200.
En la primera resolución judicial, con fecha del 30 de diciembre de 2016, la agente del Ministerio Público de la Coordinación de Delitos contra la Libertad sexual y la familia, Hermelinda Sánchez Pacheco, resolvió el “no ejercicio de la acción penal a favor del imputado Jesús Antonio Canseco por la comisión del delito de abuso sexual”, por considerar “en exceso el plazo que prevé la prescripción punitiva”. En una segunda resolución, con fecha del 22 de noviembre de 2017, la titular de la misma institución resolvió también el “no ejercicio de la acción penal” bajo el mismo argumento de la prescripción punitiva. Adicionalmente, en ambos documentos se hizo alusión a que el imputado “nunca ejerció violencia física sobre la víctima, no lo amagó, nunca lo golpeó, amenazó, ni utilizó sustancia alguna para obtener su consentimiento”, pese a que la víctima declaró “que se sentía sin fuerza para moverse, por la fuerza que el imputado ejercía al tocarlo”, y más aún como si el abuso sexual y psicológico no fueran violencia.
En conversación telefónica con el vicario general de la Diócesis de Mexicali, Arnoldo Rascón Pérez, Los Ángeles Press preguntó su opinión sobre este caso de pederastia. La respuesta inmediata del vicario fue de decir que no tenía ninguna referencia. A insistencia de la periodista sobre los tres años que había tardado en hacer una cita a la familia con el obispo para dar seguimiento a la denuncia, el vicario en un tono cortante dijo que si quería hablar con él fuera al obispado y cortó la llamada. No obstante, en una carta firmada por el obispo de Chihuahua, Jesús José Herrera, y dirigida al obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, con fecha del 21 de octubre de 2016, se hizo referencia que desde 2013, las autoridades de la Diócesis de Mexicali, incluyendo al vicario y seis sacerdotes más, sabían ya del caso de abuso.
En otro documento dirigido al juez del Tribunal eclesiástico, Marco Antonio Encinas, en noviembre de 2016, el decano Marcos Zavala Nava dio su testimonio sobre los hechos en relación con el abuso sexual perpetrado por el sacerdote Jesús Antonio Canseco y de cómo este sacerdote abusaba de la confianza de la familia por ser padrino de confirmación de la víctima. En ese mismo documento, Zavala Nava declaró haberle hecho una cita a la familia con el vicario general de la Diócesis, Arnoldo Rascón Pérez, y de que éste le había llamado por teléfono para informarle que ya había atendido a la familia. Concluyó el documento con una nota después de su firma: “Anexo la carta que dirigimos al obispo el día 2 de octubre de 2013”.
Antecedentes
En 2013, la primera autoridad eclesiástica con la que habló Osvaldo sobre el abuso fue con el decano de la Diócesis de Mexicali, Marco Zavala Nava, para denunciar al sacerdote Jesús Antonio Canseco por abuso sexual. El decano les dijo a él y a sus padres que los iba ayudar con la denuncia ante las autoridades de la iglesia y así lo hizo. Sin embargo, pasaron ocho meses y no hubo ningún indicio de justicia sobre el caso. Después de varias entrevistas con seis sacerdotes, la familia fue dirigida al vicario general de la Diócesis de Mexicali, Arnoldo Rascón Pérez, por medio de Zavala Nava. El vicario también prometió ayudarlos y, de la misma manera, dejó pasar el tiempo, en esta ocasión fueron hasta tres años, mientras trataba de disuadir a la familia para que no pusiera la denuncia penal porque, según sus palabras, la persona más perjudicada sería la víctima.
La madre de Osvaldo, Diana Quevedo, pese a ser una colaboradora voluntaria de la Iglesia Católica, aseguró al vicario que no iba a dejar de exigir justicia para su hijo y que denunciaría ante el Ministerio Público al abusador. El vicario alertó al obispo José Isidro Guerrero Macías de las intenciones de la madre y fue éste quien se adelantó a poner la denuncia ante el Ministerio Público contra el sacerdote Jesús Antonio Canseco por abuso sexual. Antes, ya el mismo obispo había intentado también de persuadir a la familia a que renunciara a poner la denuncia contra el depredador, y enfatizaba cuestionamientos sobre los altos costos de abogados y los daños colaterales por exhibir la situación de la víctima.
La Procuraduría de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación contra Jesús Antonio Canseco en 2016, pero el Ministerio Público dio largas al asunto y nunca llegó a investigar cabalmente los hechos. Cuando la familia llegaba a preguntar por el caso, los agentes les decían “que estaban armando la carpeta”. Y al tiempo, les dijeron que el caso se había cerrado: “no había delito que perseguir porque el tiempo había expirado para la denuncia”, como lo evidencian las resoluciones judiciales de diciembre de 2016 y noviembre de 2017.
Las represalias
De acuerdo con la denuncia de Osvaldo Agundiz Quevedo, él y su familia han sido amenazados vía telefónica y hostigados por las redes sociales a partir de que hicieron pública la denuncia contra Jesús Antonio Canseco por pederastia. Incluso en su perfil de Facebook, le dejan comentarios soeces para intimidarlo. Sin embargo, no solamente la familia ha sido acosada, señaló Agundiz, también el sacerdote Álvaro Salvador Gutiérrez Félix, el padre Álvaro, porque los ha acompañado al juzgado y ha estado con la familia para darles fuerza moral.
“Antes de ver al obispo, fuimos a pedir ayuda con muchos padres, y no nos quisieron ayudar. Todos decían que, si sabíamos lo que nos iba a costar hacer la denuncia, y que la gente se iba a burlar de mí, y muchas cosas más. El que nos ayudó y nos ha acompañado es el padre Álvaro”, afirmó Agundiz.
Como represalia al padre Álvaro, el obispo José Isidro Guerrero llamó al seminario para que lo retiraran de la docencia. También le pidió al sacerdote de la pastoral social que lo retirara de cualquier actividad de causa social, ya que el padre Álvaro trabajaba ayudando a migrantes que llegaban a la frontera. Incluso, pidió que lo quitara de su comunidad y lo enviaran a una comunidad apartada como Puerto Peñasco, el lugar más lejano de la Diócesis de Mexicali para ejercer el ministerio.
Hacer viva la palabra del Papa Francisco
Diana Quevedo, en entrevista con el periodista argentino Gustavo Daniel Pescetta, de SOS Señal de Radio, con sede en Buenos Aires, pidió al Papa Francisco “que hiciera viva su palabra de no más tolerancia a estas situaciones”. Como madre de la víctima, denunció a la radio argentina no sólo el dolor que están viviendo como familia después de haber servido a la Iglesia, sino “que es muy triste ver a la Iglesia que en vez de ayudar a las personas actúen como una mafia porque se están encubriendo entre ellos”, sostuvo.
El periodista Daniel Pescetta hizo alusión a la visita del Papa Francisco a su tierra natal y a Chile a principios de enero de 2018, donde pidió perdón a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes pederastas. «No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia», sostuvo Francisco por las investigaciones de la fiscalía chilena contra religiosos maristas.
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