News Archive

A digest of links to media coverage of clergy abuse. For recent coverage listed in this blog, read the full article in the newspaper or other media source by clicking “Read original article.” For earlier coverage, click the title to read the original article.

June 10, 2019

Lawsuit: Chaplain for Department of Youth Affairs sexually abused 14-year-old boy

GUAM
Pacific Daily News

June 10, 2019

By Haidee V. Eugenio

A priest who was serving as a chaplain for the Department of Youth Affairs allegedly sexually abused one of the boys incarcerated at the Mangilao facility for young juveniles years ago, according to a lawsuit filed in federal court on Monday.

The lawsuit, filed by a plaintiff identified in court documents only as BBB to protect his privacy, says former Guam priest Andrew Mannetta abused the boy when he was 14 years old.

Mannetta invited BBB to accompany him to his room at the friary in Sinajana to change his clothes, the lawsuit says.

That’s where the priest abused the boy by touching his private part and doing a sexual act on him, the lawsuit says.

“Plaintiff resisted Mannetta’s act but was too small to stop the abuse,” the lawsuit says. The boy became resentful towards the DYA chaplain after the incident, the complaint says.

BBB, represented by attorney David Lujan, demands $5 million in minimum damages.

The plaintiff named Mannetta and the Capuchin Franciscans as among defendants, along with up to 47 other unnamed defendants.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

June 9, 2019

El acuerdo entre obispos que selló la llegada a Cochamó de sacerdote sancionado por abuso en EEUU

SALTA (ARGENTINA)
BioBioChile [Santiago, Chile]

June 9, 2019

By Manuel Stuardo

Read original article

“El sábado 5 de mayo asumió como Administrador Parroquial de la parroquia María Inmaculada de Cochamó, el presbítero Roberto Barco, procedente de la Diócesis de Chascomús (Argentina). La santa misa fue presidida por el Arzobispo, Monseñor Cristián Caro y participaron en ella el párroco saliente, P. Omar Sandoval, el Diácono Juan Gustavo Cárcamo, además de autoridades civiles y representantes de las comunidades que integran la parroquia, que abarca un total de 17 capillas”.

Así comienza la publicación de la página web de Iglesia.cl del 08 de mayo de 2018, cuando Roberto Barco asumió el cargo, sin embargo, no aparece ninguna mención sobre la sanción por abuso sexual a menor que pesaba en su contra, cuando se desempeñaba en la diócesis de San Bernardino de California, Estados Unidos. 

Según la página de la arquidiócesis norteamericana de Los Ángeles, en 2016 recibieron un informe de la diócesis local, que constataba la denuncia de una mujer de entonces 16 años, que acusaba haber sido violada por Barco cuando tenía entre 9 y 10 años.

Ese mismo año fue investigado y denunciado a la policía, sin embargo, no se presentaron cargos en su contra y fue devuelto a la Diócesis de Chascomús en Argentina, desde donde era oriundo.

Luego que esto se informara a las parroquias correspondientes, dos hombres denunciaron una posible mala conducta o acoso en la arquidiócesis, lo que terminó en que los documentos fueran revisados y enviados a su diócesis de origen.https://d1ab3bbf37bb27e943cbdb4ec1949147.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Finalmente estas llegaron al Vaticano, desde donde recomendaron un proceso canónico.

Lista de sacerdotes acusados de abusos sexuales a menores

En octubre de 2018, la Diócesis de San Bernardino de California publicó un listado con sacerdotes acusados de abuso sexual infantildesde 1978.

De los 34 clérigos que aparecían publicados en la lista, 14 estaban muertos, a cinco se les prohibió ejercer el sacerdocio y otros 14 fueron excluidos permanente de la Diócesis de San Bernardino. Entre ellos estaba Roberto Barco.

Según el medio norteamericano The Desert Sun, en septiembre se agregaron ocho sacerdotes a otra lista de presuntos depredadores sexuales.

Gerald Barnes, obispo de la diócesis norteamericana, publicó un video confirmando la existencia de dicha lista y llamó a las personas a entregar información sobre sacerdotes acusados en caso de abusos. 

“He tomado la decisión de publicar una lista de los nombres de todos los sacerdotes que han ministrado en la Diócesis de San Bernardino que tienen acusaciones creíbles de abuso sexual de un menor durante nuestros 40 años como diócesis”, señaló Barnes en el video.

Barco llegó a Cochamó en 2018, luego que el arzobispo de Puerto Montt de ese entonces, monseñor Cristián Caro, llegara a un acuerdo con el monseñor Carlos Malfa, obispo de Chascomús en Argentina. 

Esto fue el 05 de mayo de 2018. Asumió el cargo frente a diversos representantes eclesiásticos, autoridades civiles y creyentes de la zona. 

El administrador apostólico de Puerto Montt, Ricardo Morales, confirmó que solicitaron más antecedentes, por lo que determinó suspender a Roberto Barco. 

Incluso señaló que en 2017 la Congregación por la Doctrina de la Fe determinó que el obispo de Chascomús amonestara al presbítero, luego que concluyera una investigación previa por abuso sexual contra un menor de edad. Esta no privó a Barco de ejercer como sacerdote.

Un punto no menor, es que se enteraron por la prensa de la sanción que pesaba en contra del sacerdote.

Ese mismo año, tras la renuncia de Cristian Caro, se destapó una serie de denuncias por encubrimiento en casos de abusos sexuales a menores en Puerto Montt, que tenían como principal protagonista al mencionado arzobispo. 

Según una publicación de Ciper Chile, la renuncia de Caro no habría sido coincidencia luego de la polémica que generó el caso de Juan Barros en Osorno, y que terminó con una investigación solicitada por el mismo papa Francisco y una reunión donde todos los obispos del país presentaron su renuncia.

En enero de 2019, tras la salida de Cristian Caro, el papa Francisco nombró como visitador apostólico a Jorge Carlos Patrón Wong, secretario de Seminarios de la Congregación, por denuncias de abuso, tráfico y apropiación indebida. 

Incluso Ricardo Morales fue quien denunció algunos de los casos relacionados a apropiación.

En el caso de Caro, este es acusado de limitar una investigación contra el sacerdote Marcelo González, acusado de abusar de dos menores de edad y de un seminarista. En éste último, el exarzobispo habría tomado la decisión de reunirlos, hacer que se tomen de las manos para que recen, superando con eso el “conflicto”.

Caro se defendió señalando que la investigación de las denuncias llegaban a la Santa Sede y que se le encargaba investigar a Ivo Scapolo, y que no pasaban por el Arzobispado de Puerto Montt.

Según el medio argentino La Nación, en Chascomús se rechazaron los cargos contra Barco en Los Ángeles. Incluso agrega que allá “no se registra ninguna denuncia de conductas impropias de Barco con personas menores de edad”. 

Desde la Conferencia Episcopal en Chile le señalaron a La Nación que ellos no recibieron formalmente alguna acusación contra Roberto Barco.

El aludido les dijo que espera “volver a Los Ángeles (EEUU)”.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

AS SAN FRANCISCO DISTRICT ATTORNEY, KAMALA HARRIS’S OFFICE STOPPED COOPERATING WITH VICTIMS OF CATHOLIC CHURCH CHILD ABUSE

TIJUANA (MEXICO)
The Intercept [New York City NY]

June 9, 2019

By Lee Fang

Read original article

Thanks to Kamala Harris’s predecessor, the San Francisco DA’s office had files on clergy sex abusers. But Harris refused to share them with victims.

KAMALA HARRIS, SURROUNDED by thousands of cheering supporters, kicked off her presidential campaign in Oakland earlier this year, declaring that she has always fought “on behalf of survivors of sexual assault, a fight not just against predators but a fight against silence and stigma.”

Fighting on behalf of victims of sexual abuse, particularly children, has been central to Harris’s political identity for the better part of three decades. Harris specialized in prosecuting sex crimes and child exploitation as a young prosecutor just out of law school. She later touted her record on child sexual abuse cases and prosecuting pedophiles in television advertisementssplashy profiles, and on the trail as she campaigned for public office.

But when it came to taking on the Catholic Church, survivors of clergy sexual abuse say that Harris turned a blind eye, refusing to take action against clergy members accused of sexually abusing children when it meant confronting one of the city’s most powerful political institutions.

When Harris became San Francisco district attorney in 2004, she took over an office that had been working closely with survivors of sexual abuse to pursue cases against the Catholic Church. The office and the survivors were in the middle of a legal battle to hold predatory priests accountable, and Harris inherited a collection of personnel files involving allegations of sexual abuse by priests and employees of the San Francisco Archdiocese, which oversees church operations in San Francisco, and Marin and San Mateo counties.

The files had been compiled by investigators working under the direction of Terence Hallinan, the radical district attorney who Harris ousted in a contentiouselection campaign. Hallinan’s team had prosecuted cases of abuse that had occurred decades earlier and had gathered evidence as part of a probe into widespread clergy sexual misconduct.

“It went from Terence Hallinan going hundred miles an hour, full speed ahead, after the Catholic Church to Kamala Harris doing absolutely nothing.”

Just six months before Harris took office, a U.S. Supreme Court decision overturned a California law that had retroactively eliminated the statute of limitations for criminal prosecution of child molestation cases. That shifted the focus to holding predators among the clergy accountable through civil cases and through a broader effort to bring attention to predators who had been shielded by the church.

Hallinan believed that the clergy abuse files were a matter of public record; Harris refused to release them to the public.

In her seven years as district attorney, Harris’s office did not proactively assist in civil cases against clergy sex abuse and ignored requests by activists and survivors to access the cache of investigative files that could have helped them secure justice, according to several victims of clergy sex abuse living in California who spoke to The Intercept.

“It went from Terence Hallinan going hundred miles an hour, full speed ahead, after the Catholic Church to Kamala Harris doing absolutely nothing and taking it backwards hundred miles an hour,” said Joey Piscitelli, a sexual assault survivor, who a jury found had been molested as a student while attending Salesian College Preparatory, a Catholic high school in Richmond, California.

Piscitelli had met with Hallinan’s office to discuss his case and the ongoing investigation into the church. But, he said, when Harris took over, his access to the office was shut off and his requests for clergy abuse files were ignored. Piscitelli resorted to handing out flyers and picketing outside the district attorney’s office on San Francisco’s McAllister Street.

Dominic De Lucca, a Burlingame, California, resident who says he was raped by a local priest when he was 12 years old, also said he was shocked that Harris declined to aggressively pursue clergy abuse cases and refused to release the files. “I remember Kamala Harris,” said De Lucca. “She didn’t want to have any meetings.” He went on, “She wanted the public to think this is an issue that happened years ago, that it doesn’t happen anymore. Let’s just move on.”

Terence McAteer, a resident of Nevada City, California, says he was raped as a child by Austin Peter Keegan, an infamous San Francisco priest. McAteer said he sees no value in Harris’s decision to conceal the clergy abuse files, which had been used to indict his abuser but remain secret to this day. “Why not tell the story?” said McAteer. “I have no problem with my file being released. I don’t have any great secrets. It’s already in the newspaper. I think the whole cloak of secrecy with the Catholic Church needs to be exposed.”

Kevin V. Ryan, the former U.S. Attorney for Northern California who worked with Hallinan’s office on the clergy abuse cases, also agreed that the files should be disclosed. “Credible allegations in my opinion should be released,” said Ryan. “I think they should be made public and I think it’s necessary not only for accountability but for the healing process to begin.”

Several survivors of clergy abuse said they believed that Harris had declined to release the files in deference to the Catholic Church, which has historically held sway as a major political force in San Francisco.

“The Roman Catholic Church is very powerful and I think they didn’t want to step on any toes, especially in San Francisco,” said De Lucca, citing the influence of former Archbishop William Levada, who oversaw the archdiocese when Harris was district attorney.

Harris’s presidential campaign did not respond to multiple requests for comment from The Intercept.

Mike Brown, director of communications at the San Francisco Archdiocese, said that his office has “cooperated with every district attorney and attorney general request for records every time.” Brown said he did not believe that the archdiocese attempted to influence the Harris’s decision not to release the clergy abuse files. He added that it was not his place to comment on her decisions. “What was in Kamala Harris’s head?” he said. “I don’t think I have any way of knowing that.”

The Catholic Church casts a long shadow over San Francisco politics, despite the city’s national reputation for social liberalism and counterculture. Generations of politicians have relied on the endorsement of the archdiocese, which maintained strong support among Irish, Italian, and Latin American immigrant communities.

David Talbot, a columnist for the San Francisco Chronicle and longtime observer of city politics, said, “The San Francisco Archdiocese certainly — through Kamala’s days as district attorney and through the current day — wields significant influence in the city power structure.”

THE NATIONAL FOCUS on clergy sex abuse came in large part as a reaction to the shocking revelations of the 2002 Boston Globe series on clergy sex abuse in the Boston-area. The investigation revealed that, under the leadership of Cardinal Bernard Law, the Boston Archdiocese covered up for more than 70 priests accused of sexually assaulting children. Following the Globe’s report, media outlets across the country began investigations and found that local church leadership in various locations similarly failed to inform law enforcement of known pedophiles in the clergy and, in some cases, shifted abusers from parish to parish.

Hallinan’s pursuit brought forward a wave of victims who said they had been raped or molested by clergy over the years.

Hallinan’s pursuit brought forward a wave of victims who said they had been raped or molested by clergy over the years.

Hallinan, in his role as district attorney, responded to the story by requesting that the San Francisco Archdiocese provide 75 years of personnel files relating to sex abuse cases. “We want anything they have in their records,” Hallinan told reporters at the time. “We will see if there are enforceable cases, and if there are, we will prosecute.”

The effort made headlines — and engendered some criticism. The San Francisco Chronicle, for instance, editorialized that the investigation was merely a “fishing expedition.” Hallinan’s pursuit, though, also brought forward a wave of victims who said they had been raped or molested by clergy over the years. Just months after opening his inquiry, Hallinan used a grand jury to begin issuing indictments.

The Catholic Church personnel files collected by Hallinan were used to indict Keegan. The internal church records suggest that Keegan may have molested as many as 80 local children over the years. Keegan presided over the funeral of McAteer’s father, a prominent local San Francisco politician, who passed away in 1967. Over the following summer, Keegan brought McAteer to the Disneyland Hotel, where he allegedly molested and sodomized him.

The San Francisco Archdiocese spent $2.4 million defending Keegan from previous lawsuits over molestation accusations and continued paying the former priest a $900-per-month stipend after he left the priesthood. The former priest relocated to an orphanage in Mexico and was later apprehended by FBI agents to stand trial in San Francisco over Hallinan’s criminal charges.

While Hallinan was pursuing his investigation, McAteer spoke to Kevin Ryan, the former federal prosecutor, about the case. “It was Kevin who phoned me up,” said McAteer, “to tell me Hallinan had just gotten all the records from the archdiocese and they opened up the files, and — Kevin’s words, I can still hear them: ‘The fattest file was Peter Keegan.’”

During the investigation, Hallinan’s office issued an indictment for Salvatore “Sal” Billante, who had allegedly molested a teenager and allegedly witnessed the abuse against Piscitelli in Richmond before working as a youth pastor in San Francisco.

Rev. Patrick J. O’Shea, another former priest indicted by Hallinan, had faced decades of accusations that he groomed altar boys at various Catholic institutions across San Francisco, including Mission Dolores Basilica. O’Shea was accused of regularly bringing children to a lake house outside the city, where he would ply them with alcohol and molest them.

De Lucca, one of several men who accused O’Shea, said the former priest molested him on a trip to the lake house in 1978 when he was 12 years old. Other victims have said they were molested over 100 times by O’Shea at church facilities in the city and at the lake house.

THE WAVE OF criminal indictments meant that the San Francisco Archdiocese, under Levada, was suddenly facing repercussions. It could not have come as a total surprise to Levada, who had his own history of dealing with alleged abuses in the clergy’s ranks.

Levada had previously served as the archbishop of Portland, a role in which he had briefly removed Joseph Baccellieri, a priest accused of molesting a child, in 1992 — only to restore him two years later. According to the newspaper SF Weekly, Levada quietly provided payments to three male victims in exchange for their silence and a pledge not to sue the archdiocese. The Portland Archdiocese later became the first Catholic diocese to file for bankruptcy over child sex abuse scandals as it paid out over $50 million to settle hundreds of claims.

A few years later, in 1995, Levada left Portland to become archbishop of San Francisco. He learned in 1996 that a Marin County priest, Gregory Ingels, had been accused of sexually assaulting a 15-year-old boy. Still, Ingels was allowed to continue working and the matter was not reported to police. Instead, Ingels’s career flourished as the priest became an adviser to Levada, helping the church leader shape his approach to clergy sex abuse issues. Ingels was later brought up on molestation charges, including molesting two teenagers in the 1970s.

Nonetheless, Levada’s star would continue to rise in the church. In 2005, Pope Benedict XVI named Levada as the guardian of church doctrine, elevating the archbishop to one of the most powerful posts in the Vatican.

Toward the end of Levada’s 10-year tenure in San Francisco, the church faced a reprieve from Hallinan’s investigations. As church officials and former clergy members faced a slew of criminal charges, prosecutors faced a setback when, in June 2003, the U.S. Supreme Court overturned a 1994 California law that had extended the criminal statute of limitations in sex abuse cases — the law under which indictments had been issued against clergy members. Following the Supreme Court’s ruling, hundredsof accused abusers across the state walked free, including priests and clergy indicted in San Francisco such as O’Shea, Ingels, Keegan, and Billiante. Because the criminal cases came to a halt, the accusations made against these clergy could not be tried, and no finding of guilt was ever made.

The high-court ruling closed the door on criminal prosecutions over abuse that occurred in the past, but a new avenue remained open for civil cases. As Hallinan’s investigations unfolded in 2002, state Sen. John Burton, who represented San Francisco, authored legislation to waive the statute of limitations in civil cases, allowing victims of childhood sexual abuse a chance to seek justice in court with a one-year window to file suit.

The church, then under the leadership of Levada, the archbishop, characterized the effort to extend the statute of limitations as a plot to line the pockets of trial lawyers. The archdiocese newspaper, Catholic San Francisco, responded to Burton’s law with an article warning of a “swarm of lawsuits” as “lawyers aggressively seek sex abuse business.”

But the law was quickly passed. In 2003, hundreds of survivors including Piscitelli filed civil lawsuits against their alleged abusers, under the condition that they could show that the employers of abusers had known of allegations of misconduct and failed to act.

AS THE DRAMA of the church sex abuse cases was unfolding in 2003, Kamala Harris waged a bitter campaign to win the district attorney’s office, alleging that Hallinan had been “soft on crime.” Much of the old guard of San Francisco’s political establishment, which had grown wary of Hallinan’s pugnacious style and investigations of political leaders and police misconduct, backed Harris. The election went to runoff, which Harris handily won.

As the dust settled over the election campaign, hundreds of survivors were shifting their focus to civil court, hoping that they could take advantage of Burton’s law to hold the Catholic Church responsible for shielding predators.

Because Piscitelli, De Lucca, and other survivors had spoken with Hallinan’s investigators, they were surprised when the new district attorney’s office appeared to shift course and declined to meet with them. “My jaw just dropped,” said De Lucca, who was by then working with the activist group Survivors Network of Those Abused by Priests. “SNAP was very upset about it.”

“We were told office policy was we can’t provide you with anything.”

Because Piscitelli, De Lucca, and other survivors had spoken with Hallinan’s investigators, they were surprised when the new district attorney’s office appeared to shift course and declined to meet with them. “My jaw just dropped,” said De Lucca, who was by then working with the activist group Survivors Network of Those Abused by Priests. “SNAP was very upset about it.”

About a year after Harris took office, Piscitelli, whose lawsuit was already underway, wrote Harris to ask for assistance in his case against the Salesians of Don Bosco, the church institution that oversaw the school where he was abused. In the letter, which he shared with The Intercept, Piscitelli noted that his alleged abuser, Steven Whelan, was working at the Saints Peter and Paul Church in San Francisco, a position that placed him in an environment filled with children.

“I know you have files on clergy sex abusers in San Francisco, and you may have a file on him. Please send me that file,” wrote Piscitelli. “Several San Francisco Salesians, and other priests are being sued for sex abuse now, and you may be able to help their victims, and protect other kids from being new victims.”

When no response came, Piscitelli, who had become a volunteer activist with SNAP, began posting flyers and picketed the offices of the district attorney, accusing her of cozy ties with Levada, then the top Catholic official in the city.

Without any help from Harris, Piscitelli continued to pursue his case. During the trial, which took place in Contra Costa County in 2006, Piscitelli testified that when he was 14, Whelan, a teacher and vice principal at Salesian High School in Richmond, had masturbated in front of him while another priest, “Sal” Billante, had watched and expressed pleasure. The jury found that from 1969 through 1971, Whelan continued to molest and rape Piscitelli and told him that no one would believe him if he spoke out.

The trial made headlines as the church sought to discredit Piscitelli, but he won his case. In 2006, a jury awarded him $600,000 in damages. The Salesian order appealed the verdict, but an appellate court sided with Piscitelli.

By the time the judgment came down, Piscitelli had become a coordinator with SNAP and was continuing with his activism to highlight sexual abuse in the church. He picketed the church in San Francisco where Whelan had transferred and asked Harris to take action against other abusers he said were being sheltered by the church. Harris had under her control a tremendous cache of records related to abuse at the church, and even if criminal prosecution was no longer an option, Piscitelli felt that releasing them would ensure some measure of justice.

“It is not understandable that you have refused to release the documents that have been previously collected by DA Terence Hallinan, that spell out the names of the child rapists, and molesters who have wreaked havoc on children here,” Piscitelli wrote in a second letter to Harris in 2010, requesting the church personnel files.

Rick Simons, Piscitelli’s attorney, had served as a plaintiff’s liaison on the Clergy III consolidated lawsuit of over 100 similar cases. He said that he had received informal assistance from a number of district attorneys in the region, including Alameda County’s Nancy O’Malley, who had worked closely with victims and plaintiffs’ attorneys to suggest records to subpoena.

But Harris had stonewalled. Simons recalled phone conversations with Harris’s office in which no help was offered. He said, “We were told office policy was we can’t provide you with anything.”

SF WEEKLY, THE local alternative newspaper, pressed Harris to release the church abuse personnel files in 2005 and again in 2010. In both cases, her office refused. The newspaper revealed that shortly after being elected, Harris had worked with church officials and other prosecutors to conceal the clergy records, electing to only divulge clergy abuse files over the course of a criminal investigation, a possibility forestalled by the Supreme Court ruling.

Several California prosecutors signed a controversial protocol at the time with the Catholic Church to conceal similar sexual abuse documents. SF Weekly reported that the “protocol basically puts church officials on the honor system for turning over materials that they determine may be of relevance to the district attorney.”

Hallinan expressed outrage at the agreement and supported the effort to release the files. He told the magazine that he “wouldn’t do a deal like that for [the archdiocese] any more than I would if it were an Elks Club with a bunch of pedophiles. Those are the kinds of deals that have allowed the church sex scandal to go on as long as it has.”

Protestors stand in front of St. Mary’s Cathedral while Archbisop William Levada delivers his final mass in San Francisco on Aug. 7, 2005.

“District Attorney Harris focuses her efforts on putting child molesters in prison,” Harris’s office responded in a statement to the paper. “We’re not interested in selling out our victims to look good in the paper. When this case was brought under Terence Hallinan, prosecutors took the utmost care to protect the identity and dignity of the victims. That was the right thing to do then and it’s the right thing to do now.”

The response baffled victims’ advocates and Hallinan, who reiterated his support for releasing the files. “It was just a flat-out insult,” said Piscitelli. “She could have redacted the names, blacked out the names and left them out.”

Joelle Casteix, founder of Survivors Taking on Predators, a national advocacy group for victims of clergy sexual abuse, said she was disappointed with the Harris statement. “Sunlight is the greatest disinfectant,” said Casteix. “Victims come forward because they are afraid that the person who hurt them is still out there, hurting other kids, or someone from the diocese is still lying about it. I haven’t met a single survivor who’s said, ‘Boy, am I glad they kept the documents for my case secret.’”

Elliot Beckelman, a former prosecutor in the San Francisco District Attorney’s Office who initially oversaw the clergy abuse files and handled the criminal investigation of clergy abuse, said he did not recall that the attorneys for survivors requested the documents. He did remember opposing the effort to release the documents to the press. “The only thing I remember is the SF Weekly asking,” said Beckelman.

“It was just a flat-out insult. She could have redacted the names, blacked out the names and left them out.”

Still, he said, he believes that Harris made the right choice in declining to release the documents. “I don’t think a district attorney should float that out there if a person can’t defend themselves,” Beckelman continued. “It’s a very serious charge, a sex crime.”

“The Catholics, like other minorities, feel picked upon, and I thought for the integrity of the investigation that we don’t have running press conferences to make out that the Catholics are worse than the Jews — which I am — or worse than the Hindus,” Beckelman said. “There’s always a balance that comes to sexual assault investigations.”

Others in the San Francisco District Attorney’s Office, however, recall getting requests for files from victims. “I certainly remember receiving phone calls from attorneys representing victims and I can’t remember what we actually did,” said Erin Gallagher, a former investigator who worked with Beckelman on the clergy abuse cases at the district attorney’s office. “I don’t recall letters requesting documents, but as I said, but I do remember having a number of phone conversations. I don’t remember how those played out.”

The decision to conceal the San Francisco Archdiocese clergy abuse files stands in stark contrast to recent investigations into Catholic sex abuse across the country.

Over the last year, prosecutors have reopened wide-ranging investigations into systemic clergy sex abuse. Attorneys general in Iowa, New Mexico, Michigan, Illinois, and other states have asked the Catholic Church to produce internal files of clergy accused of sexual abuse.

Last August, Pennsylvania Attorney General Josh Shapiro released a 900-page report from a Pittsburgh grand jury listing 300 priests credibly accused of sexual misconduct. The report included internal church personnel documents, redacting the names of the victims, detailing dozens of cases of confidential letters making clear that incidents of clergy rape, molestation, and other forms of child sex abuse had been reported to high-level church officials. In case after case, church officials were made aware of misconduct and responded by moving the accused priests to parishes around Pennsylvania.

McAteer, one of the survivors who spoke to The Intercept, said his abuser had continued to rape children well after he had reported the incident. “I went to the church in ’77, wrote the archbishop, met with the archbishop, told him the story of what happened when I was raped by Father Keegan,” said McAteer. The church, he said, “covered it up” and allowed his abuser to continue raping children. With the church failing to report the abuse to authorities, Keegan was moved to Santa Rosa, California, where he was accused of raping or molesting at least 50 other children.

“I think the whole problem with this Catholic Church scandal is very rarely has anyone come clean. Finally, we saw in Pittsburgh — finally they said, ‘Let’s tell it like it is,’” McAteer said. “I know the San Francisco files are egregious as well. Why not tell the story so the Catholic Church can clean its act up?”

Piscitelli supports the Pennsylvania probe, as well as the other investigations of Catholic Church sex abuse in other states.

Last year, Piscitelli wrote a letter to current California Attorney General Xavier Becerra demanding that Becerra open an inquiry into clergy sexual abuse. Within weeks, Piscitelli received a response and a request to meet with state investigators. Becerra soon set up a tip line for other survivors to come forward and has demanded clergy abuse records from all 12 Catholic Church dioceses in California.

While previous prosecutions of clergy sex abuse have focused on individual priests or employees of the church, some are hoping the latest round investigations will lead to a more systemic look at the scandal. Kevin Ryan, the former federal prosecutor who worked closely with Hallinan’s office, said prosecutors could pursue charges under the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, a statute used to prosecute organized crime.

“There are still civil RICO potential charges, potential criminal RICO charges if there is a cover-up and it is ongoing,” said Ryan. “We need to know, we need accountability, and certainly we need to be prosecuting the cases we can and anyone involved in this activity should be prosecuted to the full extent of the law.”

The San Francisco Archdiocese has told reporters that it is in discussions with an outside organization to review 4,000 personnel files over clergy abuse allegations, but has so far declined to release a list of priests accused of sexual abuse. Mike Brown, the spokesperson for the archdiocese, told The Intercept that he expects a list of names to be released over the summer this year.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

AS SAN FRANCISCO DISTRICT ATTORNEY, KAMALA HARRIS’S OFFICE STOPPED COOPERATING WITH VICTIMS OF CATHOLIC CHURCH CHILD ABUSE

The Intercept

June 9, 2019

By Lee Fang

KAMALA HARRIS, SURROUNDED by thousands of cheering supporters, kicked off her presidential campaign in Oakland earlier this year, declaring that she has always fought “on behalf of survivors of sexual assault, a fight not just against predators but a fight against silence and stigma.”

Fighting on behalf of victims of sexual abuse, particularly children, has been central to Harris’s political identity for the better part of three decades. Harris specialized in prosecuting sex crimes and child exploitation as a young prosecutor just out of law school. She later touted her record on child sexual abuse cases and prosecuting pedophiles in television advertisements, splashy profiles, and on the trail as she campaigned for public office.

But when it came to taking on the Catholic Church, survivors of clergy sexual abuse say that Harris turned a blind eye, refusing to take action against clergy members accused of sexually abusing children when it meant confronting one of the city’s most powerful political institutions.

When Harris became San Francisco district attorney in 2004, she took over an office that had been working closely with survivors of sexual abuse to pursue cases against the Catholic Church. The office and the survivors were in the middle of a legal battle to hold predatory priests accountable, and Harris inherited a collection of personnel files involving allegations of sexual abuse by priests and employees of the San Francisco Archdiocese, which oversees church operations in San Francisco, and Marin and San Mateo counties.

“It went from Terence Hallinan going hundred miles an hour, full speed ahead, after the Catholic Church to Kamala Harris doing absolutely nothing.”

The files had been compiled by investigators working under the direction of Terence Hallinan, the radical district attorney who Harris ousted in a contentious election campaign. Hallinan’s team had prosecuted cases of abuse that had occurred decades earlier and had gathered evidence as part of a probe into widespread clergy sexual misconduct.

Just six months before Harris took office, a U.S. Supreme Court decision overturned a California law that had retroactively eliminated the statute of limitations for criminal prosecution of child molestation cases. That shifted the focus to holding predators among the clergy accountable through civil cases and through a broader effort to bring attention to predators who had been shielded by the church.

Hallinan believed that the clergy abuse files were a matter of public record; Harris refused to release them to the public.

In her seven years as district attorney, Harris’s office did not proactively assist in civil cases against clergy sex abuse and ignored requests by activists and survivors to access the cache of investigative files that could have helped them secure justice, according to several victims of clergy sex abuse living in California who spoke to The Intercept.

“It went from Terence Hallinan going hundred miles an hour, full speed ahead, after the Catholic Church to Kamala Harris doing absolutely nothing and taking it backwards hundred miles an hour,” said Joey Piscitelli, a sexual assault survivor, who a jury found had been molested as a student while attending Salesian College Preparatory, a Catholic high school in Richmond, California.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

US bishops under pressure to reform clergy abuse oversight

NEW YORK (NY)
Associated Press

June 9, 2019

By David Crary

As the Roman Catholic Church’s sex abuse scandal grows ever wider in scope in the U.S., bishops convene for a national meeting in Baltimore on Tuesday under heavy pressure to acknowledge their oversight failures and give a larger role to lay Catholics and secular authorities in confronting the crisis.

The pressure comes not only from longtime critics of the church’s response to clergy sex abuse, but also from insiders who now voice doubts that the bishops are capable of handling the crisis on their own.

“My biggest concern is that it’s going to end up being bishops overseeing bishops,” Francesco Cesareo, chairman of a national sex-abuse review board set up by the bishops, told Catholic News Service. “If that’s the case, it’s going to be very difficult for the laity to feel any sense of confidence that anything has truly changed.”

Events of the past year have created unprecedented challenges for the U.S. bishops. Many dioceses have become targets of state investigations since a Pennsylvania grand jury report in August detailed hundreds of cases of alleged abuse.

In Baltimore, the bishops will be guided by a groundbreaking new law issued by Pope Francis on May 9. It requires priests and nuns worldwide to report clergy sexual abuse and cover-ups by their superiors to church authorities. It also calls for any claim of sexual misconduct or cover-up against a bishop to be reported to the Vatican and a supervisory bishop in the U.S.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

La Luz del Mundo Church Leader Accused of Sex Crimes

MEXICO CITY (MEXICO)
Santa Barbara Independent [Santa Barbara CA]

June 9, 2019

By Blanca Garcia

Read original article

Former Santa Maria Pastor Naasón Joaquín García Charged with 25 Felony Counts 

Former Santa Maria pastor and La Luz Del Mundo church leader Naasón Joaquín García, 50, was arrested June 3 and is being accused of rape, sex abuse, and sexual trafficking for the production of child pornography. He and three female codefendants, Alondra Ocampo (36), Azalea Rangel Melendez, and Susana Medina Oaxaca (24), are being charged with 26 felony counts involving three minors and one adult. The codefendants and victims are members or children of members of the international Pentecostal church, said California Attorney General Xavier Becerra. It is alleged that García coerced victims into complying with his demands by leveraging his power as church leader. The alleged crimes took place between 2015 and 2018 in Los Angeles County. However, during a press conference on June 6, Becerra said that he believes there are many more victims. 

Several chapters of the church have formed in Santa Barbara County, including one in Santa Maria, where García served as a pastor in the early 2000s, and a church in the City of Santa Barbara. García used to frequent the Santa Barbara church when he was the pastor in Santa Maria, but he hasn’t visited in about 10 years, said Ismael Mendez, the Santa Barbara chapter pastor. 

In a sit-down interview with Mendez and his wife, Evelia Mendez, the church leaders expressed to the Independent their unfaltering commitment to García’s presumption of innocence. “We welcome an investigation” they said. “We pray for the investigators so that they may discover the truth.” Before the interview, Mendez led about 30 members in their Thursday service, in which they prayed for García and asserted his presumption of innocence. “I can tell you with my eyes closed that [García] is pure,” said Mendez, who knows García personally. García is always traveling and surrounded by many people, the couple said, and they questioned when he would have had time to commit these crimes.

Garica is currently being held on a $50 million bail, the highest amount ever imposed on an individual in L.A. County, according to Becerra. The bail amount is in part due to the seriousness of the allegations and also out of concern that his congregation would raise the money to bail him out. The church has at least seven million members in more than 50 countries, said Mendez. The great majority of the members share Mendez’s sentiment that García, who is regarded as the living apostle of God, is being wrongly accused. Mendez and his wife interpret the high bail as a sign of intolerance against the organization. “That bail amount isn’t even set that high for terrorists,” said Mendez. 

This is not the first time the church has faced these types of allegations. Under Samuel Joaquín Flores, García’s father, the church and Flores were also accused of sex trafficking and sexual abuse. Flores was never convicted of any of the charges. “We are not afraid,” said Mendez about the charges against García. This is not new, he said, and happened to the apostle Paul and even to García’s father. 

The church responded to the allegations against García with a press release backing García: “The Church categorically rejects each and every allegation made against him,” it reads. Mendez and his wife added that García always instructed them to conduct themselves with high morals, family values, and ethics. “He taught us the church should be pure,” they said. “He instructed us to never be with young people alone or women alone and to treat everyone with respect. That is why we’re sure he is innocent.” 

When asked by the Independent how abuse is handled within the church, Mendez and his wife responded in unison. “We immediately report to the authorities and encourage our members to report to authorities, even abuse between spouses,” they said. “Immoral things are not allowed in the church,” added Mendez. “If we serve God, we must be pure in all aspects.” 

The complaint against García alleges that he took advantage of the devotion church members have to the church. “There are many people that depend on this church,” said Becerra, as he encouraged additional victims to come forward. While Becerra acknowledged defendants are presumed innocent until proven guilty, he added that an individual cannot be charged without evidence. “We have that evidence,” he said, “and we will act vigorously to prosecute the individuals.” The three female codefendants are alleged to have worked in tandem with García to commit the alleged crimes. Two of the women, Ocampo and Medina Oaxaca, are in custody but Rangel Melendez is still at large. 

Becerra urges victims or anyone who may have information about the case to come forward and call (323) 765-2100 or submit an anonymous tip at oag.ca.gov/clergyabuse.

Those in custody are scheduled to be arraigned on Monday, June 10, in Los Angeles County Superior Court. 


The Mendez and Luz church quotations have been translated from English to Spanish

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Diocese whistleblower attends Bishop Malone’s first listening session on abuse crisis

BUFFALO (NY)
Buffalo News

June 8, 2019

By Lou Michel

The woman who leaked documents on clergy sex abuse in the Buffalo Catholic Diocese attended Bishop Richard J. Malone’s first listening session with the laity Saturday.

One of about 200 Catholics in attendance at the two-hour session at St. Gregory the Great Catholic Church in Amherst, Siobhan O’Connor said the gathering left her with a sense of concern that Catholics are divided — including whether the bishop should remain as head of the diocese.

Several prominent local Catholics and public officials have called for Malone to step down for his handling of sex abuse by clergy, but he has said he has no intention of resigning.

“I was just really taken that there is such polarization. If we are divided, we’ll be less effective as members of the church,” O’Connor said after the session.

O’Connor, who had served as the bishop’s executive assistant until she released reams of confidential documents to WKBW-TV last year, said she felt an obligation as a Catholic to attend the session and learn more about where fellow Catholics stood on church issues.

She said a tightly scripted format for the listening session did not allow that to happen.

Since she released the documents and left her job at the chancery, O’Connor said she has not spoken with the bishop.

“This is the closest I’ve been to him. I was a little more than a table away from him. I believe he saw me. I’m trying to be respectful. My presence might not have been welcome,” she said.

She noted a divide among the attendees over whether the bishop should resign or stay.

“There were people calling for the bishop to resign at my table and a handful of others,” she said.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

SUMMER OF SCANDAL II–IN HELL WE’LL BE IN GOOD COMPANY

Patheos blog

June 9, 2019

By Msgr. Eric Barr

Great bluegrass song out called “In Hell I’ll Be In Good Company.” By the time summer ends, we Catholics will be humming it as we grapple with the crisis in the Church once again. Looks like last year’s Cardinal scandal will have a sequel this year after the Washington Post’s expose of Bishop Bransfield of West Virginia. But before we get on the bandwagon of bashing priests, bishops, etc. again, perhaps we Catholics could all agree to share the guilt. Just a thought. It’s controversial. I should know. For fifteen years I was either the Vicar for Clergy or the Vicar General delegated with the responsibility for ministering to the priests, educating the junior clergy and clergy of the diocese, and helping out or disciplining priests who found themselves with serious problems. I mention all that to establish some street cred. Why? Because this column might cause us all to rethink our presuppositions.

Sharing The Blame
The crisis in the Church centering on the misuse of episcopal authority and the sexual abuse by priests is a horrible and terrible scandal. It has led to the worst crisis in the Church since the Reformation. Granted. But it does no good for the laity simply to savage guilty priests or bishops (though they richly deserve it), call for the abolition of the priesthood, or even seek a reform of the priesthood. The Church has a lot of problems but the crisis is not specifically the problem of the ordained. All Catholics have to take some responsibility. In fact, it’s bigger than all the members of the Church. Here’s why.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Southern Baptists will address clergy sex abuse; victims plan rally

BIRMINGHAM (AL)
Birmingham News

June 9, 2019

By Greg Garrison

Southern Baptists from across the country have arrived in Birmingham and more are on the way.

The Southern Baptist Convention, the annual meeting of the 14.8-million-member denomination, gathers Tuesday and Wednesday at the BJCC Legacy Arena. It’s the first time the Southern Baptist Convention has met in Birmingham since 1941.

It will be an opportunity for many Southern Baptists in Alabama to attend for the first time.

“So many wanted to go as messengers who have never been,” said the Rev. Joe Godfrey, former president of the Alabama Baptist Convention.

The number of messengers, or voting delegates, allowed from each Southern Baptist church depends on its size.

“It’s based on church membership or giving record,” Godfrey said. “The maximum number is ten from each church.”

The Rev. J.D. Greear, 46, senior pastor of The Summit Church in Durham, N.C., will preside at the meeting after being elected president last year. He has made addressing sexual abuse by clergy a priority issue.

“We need to have a posture of lament,” Greear said this past week on a Facebook live video. “Whether or not it’s happened to me, to somebody I know or somebody in my church, it’s happened to churches that bear the name Southern Baptist, and we need to lament that, lament the pain of victims and grieve with them. Lament that it happened on our watch.”

Greear announced a Sexual Abuse Advisory Study in July. More than half of study group is women.

Initial recommendations of the study group include calling for repentance “for decades of inaction.”

A group of sexual abuse survivors and victims’ advocates plans to protest outside the Legacy Arena on Tuesday about 6 p.m. They requested display space in a meeting hall, and permission to rally on the plaza, but were denied by the convention, said the Rev. Ashley Easter, a spokesperson for the rally who grew up in an independent Baptist church and is now an ordained minister in the Progressive Christian Alliance.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Welcome to Syracuse Catholic Diocese’s new spiritual leader

SYRACUSE (NY)
Post Standard

June 9, 2019

Last week, Central New York met the priest with the potential to lead the Roman Catholic Diocese of Syracuse for the next 20 years: Bishop-elect Douglas Lucia, 56, a parish pastor and canon lawyer in the Ogdensburg Diocese. His elevation represents a pivot to a younger generation of leadership by an institution seeking to renew itself, regain the trust of its members and remain relevant in an increasingly secular world.

Lucia will take over from Bishop Robert J. Cunningham, whose decade as the spiritual leader of the Catholic Church in Syracuse was dominated by the clergy sexual abuse crisis and its fallout.

In his first public comments on the crisis, the bishop-elect expressed compassion for victims of clergy sexual abuse. “I just want to be a healing presence,” he said Tuesday at an introductory news conference.

He also signaled a willingness to be transparent about the perpetrators of sexual abuse. In a wide-ranging Q&A with staff writer Julie McMahon, Lucia said he favors releasing the names of priests with allegations against them.

It’s a point of view his predecessor came around to only as his time in office neared an end due to mandatory retirement. In December, Cunningham broke years of silence and released the names of 57 priests with credible accusations of sexual abuse against them. The bishop also created an independent process to compensate victims of clergy sexual abuse. The diocese has paid nearly $11 million to 79 victims, so far.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

June 8, 2019

In video, archbishop overseeing West Virginia probe expresses regret

WASHINGTON (DC)
Catholic News Service

June 8, 2019

By Rhina Guidos

After a major newspaper published a story about alleged financial and sexual misconduct by a West Virginia bishop, a prelate overseeing the investigation for the Vatican expressed regret that he redacted his name out of documents detailing financial aspects of the scandal.

In an 8-minute video released June 7, Archbishop William E. Lori of Baltimore, who was tasked with overseeing the investigation in West Virginia, said mistakes were made and one of them was redacting his name, along with the names of other bishops and high-ranking church officials who received personal financial “gifts” from the Diocese of Wheeling-Charleston’s former bishop, Bishop Michael J. Bransfield.

Lori, who was appointed apostolic administrator of the West Virginia diocese after Bransfield resigned last fall amid allegations of sexual and financial misconduct, said in the video that transparency requires admitting mistakes.

“If I had to do it over again, especially at a time when we’re trying to create greater transparency and accountability, the report would have included the names of those bishops who received gifts, including my own, with some notation that there was no evidence to suggest that those who received gifts reciprocated in any way that was inappropriate.”

The preliminary investigation, he said, found that allegations of sexual misconduct by Bransfield toward adults were found to be “credible,” and it also determined that “during his tenure, he engaged in patterns of excessive and inappropriate spending, misused church funds for personal benefit,” that included travel, liquor, dining, financial gifts and luxury goods.

“There is no excuse nor adequate explanation that will satisfy the troubling question of how Bishop Bransfield’s behavior was allowed to continue for as long as it did without the accountability that we must require from those who have been entrusted with so much, both spiritual and material, as pastors,” Lori said.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Southern Baptist Convention due to focus on sex abuse

NEW YORK (NY)
Associated Press

June 8, 2019

The Southern Baptist Convention gathers for its annual national meeting Tuesday with one sobering topic — sex abuse by clergy and staff — overshadowing all others.

Inside the meeting hall in Birmingham, Ala., delegates representing the nation’s largest Protestant denomination will probably vote on establishing criteria for expelling churches that mishandle or cover up abuse allegations. They also may vote to establish a new committee, which would review how member churches handle claims of abuse.

Outside the convention center, abuse survivors and other activists plan a protest rally Tuesday evening, demanding that the church move faster to require sex-abuse training for all pastors, staff and volunteers, and to create a database of credibly accused abusers that could be shared among its more than 47,000 churches. They will also be urging the church, which espouses all-male leadership, to be more respectful of women’s roles — a volatile topic that’s sparked online debate over whether women should preach to men.

Sex abuse already was a high-profile issue at the 2018 national meeting in Dallas, following revelations about several sexual misconduct cases. Soon after his election as Southern Baptist Convention president at that meeting, the Rev. J.D. Greear formed an advisory group to draft recommendations on how to confront the problem.

Ivonne Gordon-Vailakis isn’t just a 25-year-long Spanish and Latin American lit professor. She’s also a rockstar mentor.

However, pressure on the church has intensified in recent months, due in part to articles by the Houston Chronicle and San Antonio Express-News asserting that hundreds of Southern Baptist clergy and staff have been accused of sexual misconduct over the last 20 years, including dozens who returned to church duties, while leaving more than 700 victims with little in the way of justice or apologies.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

What Southern Baptists must do to fight clergy sex abuse

HOUSTON (TX)
Houston Chronicle

June 8, 2019

By Christa Brown

The “Abuse of Faith” series documented at least 700 people who reported having being sexually abused by Southern Baptist clergy and church leaders. Nearly all of them were children at the time they were abused.

Since the Chronicle and San Antonio Express-News first published the series in February, more than 350 others have contacted the investigative reporters with additional stories of abuse and cover-ups among Southern Baptists.

These stories stand as a collective testament to a chilling reality. For decades, Southern Baptist pastors have been sexually abusing kids, and all the while, other Southern Baptist leaders have known and turned a blind eye. This has been the status quo in the Southern Baptist Convention.

But now, the dam is broken, and there is hope in that.

As the pent-up waters of long-silenced voices continue to rise, the Southern Baptist Convention must choose a higher ground.

The old way was always unholy – shaming and blaming victims while denying and minimizing the problem. Now the old way is also institutionally untenable.

With decades of entrenched patterns to confront, the SBC will not meet this challenge with any feeble half measures. Nor will it meet this challenge with resolutions, platitudes, image-polishing press statements, or pious preaching.

Rather, this massive institutional enabling of horror must be addressed on an equally massive institutional scale.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Greedy Clergy Who Took Cash From Disgraced American Bishop Will Give it Back

ROME (ITALY)
Daily Beast

June 8, 2019

By Barbie Latza Nadeau

A Vatican cardinal is among a handful of Catholic clerics who pledged to return cash gifts bestowed upon them by disgraced W. Virginia Bishop Michael Bransfield, according to the Washington Post. Bransfield, who has been removed from active ministry after credible allegations of sexual misconduct, is alleged to have written personal checks for a total of $350,000 to 137 clerics over a dozen years.

Among them is Cardinal Kevin Farrell, who Bransfield gave $29,000 to renovate his Rome apartment, and who said Friday he would return the money to the W. Virginia diocese.

The Washington Post has learned that Bransfield was reimbursed by the church for the money he gave to the prelates, including two young priests he is credibly accused of molesting.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Christa Brown Writes an Open Letter to Tommy Gilmore, the SBC Pastor Who Sexually Abused Her

Wartburg Watch blog

June 7, 2019

Do you know who Christa Brown is? If not, you should. She has been the shining light behind Stop Baptist Predators for years. She was blogging while I was merrily skipping along in the evangelical world, not realizing the extent of sexual abuse in my tribe.

Although the site is no longer adding stories, it is being maintained so researchers can find the wealth of information contained therein. This was the first blog I visited to get a picture of the ongoing abuse in the SBC. She posted the news release of the predator in my former church who was arrested and convicted.

Christa endured serious pushback for her website. She didn’t have a network of likeminded writers when she started blogging Also, since that time, many people have become aware of the abuse problem due to #metoo #churchtoo #sbctoo. So there is more broad support for those exposing abuse. She powered on with little support and a lot of downright abuse.

Next week, Christa is going to be honored for her pioneering work by those attending the *For Such a Time is This Rally* outside of the SBC convention. It is rather fitting that the SBC refused to allow this rally inside of their hallowed halls. It is the same response that Christa received when she started writing. *Not allowed.*

The following is her story of abuse. I am deeply grateful for her dedication in spite of the trauma she endured. She is a hero.

I want to challenge those of you who attend any of the churches mentioned in this story to approach your church leadership and give them a copy of Christa’s story. I plan to email copies of it to the mentioned churches, challenging them to reach out to Christa.

Also, does anyone know the required ethics of licensed realtors? I’m thinking about checking into this. Can you imagine this guy is selling real estate?

Finally, how many of you know about the secret Baptist file of known predators? I didn’t. Click on the link in the story.

Open letter to Tommy Gilmore, the Southern Baptist pastor who sexually abused me as a kid:

Have you ever felt any remorse for what you did to me? That’s the question I always wonder about.

It’s been on my mind a lot lately because I’ll be speaking on June 11 at the For Such a Time as This Rally outside the SBC’s annual meeting in Birmingham, urging that the denomination institute better safeguards against predatory pastors like you. The horror of what I experienced from your abuse and from the keep-it-quiet cover-up responses of church and denominational leaders ultimately launched a long period of advocacy efforts on my part, because no child should ever experience the horror of what you did to me, and no adult should ever have to go through such a nightmare to try to expose a child-molesting minister.

The most difficult part of this kind of advocacy work is that it sometimes resurrects horrific memories. I did an interview with a reporter just the other day and, when she asked if I could talk a little about what happened to me as a kid, my mind was suddenly a jumble of disjointed flashbacks, and there it was again, that urge to vomit and run.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Springfield Diocese restructures child protection office

SPRINGFIELD (MA)
The Republican

June 7, 2019

By Anne-Gerard Flynn

The Roman Catholic Diocese of Springfield has renamed its department that oversees clergy sexual abuse allegations — as well as matters related to child protection and victim outreach —and made two new appointments.

Effective June 10, Jeffrey J. Trant will serve as director of the newly designated Office of Safe Environment and Victim Assistance, and Li-Ling Lam-Waller is its compliance officer.

The appointments are designed to improve outreach to victims following feedback from parish sessions Bishop Mitchell T. Rozanski held earlier this year. The sessions followed concerns about how this diocese handles clergy sex abuse allegations in the wake of a number of national and international investigations into clergy abuse.

The announcement also comes in advance of Rozanski’s attendance next week at the United States Conference of Catholic Bishops Spring General Assembly in Baltimore. It will focus on bishop accountability measures to address the abuse crisis.

“The re-naming of the former office of Child & Youth Protections is to better define the mission of the office,” diocesan spokesperson Mark Dupont said.

He added, “It doesn’t immediately change any of the reporting procedures, but with the addition of a compliance coordinator it will allow more time for the director to work directly with victims as well as evaluate what other changes might be necessary for the office to be more effective. This new structure was brought about by an internal evaluation which began back in January and from what we heard at the listening sessions from victims and their advocates.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Why Catholics Are Up in Arms Over the “Hostile” California Confession Bill

NEW YORK (NY)
Slate

June 7, 2019

By Ruth Graham

The capital of California was named for a river that was in turn named for the Catholic sacrament of the Eucharist. So it’s notable that last month state senators in Sacramento passed a bill that some say will force Catholic priests to violate a different Catholic sacrament: confession, also known as the sacrament of reconciliation.

Confession, as shown in a zillion pop cultural depictions, is a private conversation between a priest and an individual, meant to encourage Catholics to examine their consciences and request forgiveness from God. The format varies—for example, the two parties may sit face to face, or with an opaque screen between them—but the penitent is encouraged to offer a full inventory of her sins since her last visit. In return, the priest is bound by an ironclad oath of secrecy called the “seal of confession.”

Historically, American law has protected that seal, carving out a “clergy-penitent privilege” for the confessional that is similar to attorney-client privilege. But a bill making its way through the California state Legislature would ever-so-slightly crack the seal open. SB 360, which passed the state Senate in May, would require priests to report suspicions of child abuse obtained through confession in some circumstances. The bill is expected to be voted on by the lower house of the state Legislature in September, according to Catholic News Service. And many Catholics are not happy about it.

Clergy are already among the many professionals deemed mandated reporters for child abuse in California. But state law makes an exception for “penitential communications” obtained in settings where the cleric has a sacramental duty to maintain secrecy. As reporter Jack Jenkins recently pointed out, California’s pathbreaking 1990 law designating clergy as mandated reporters included a confessional carve-out that many other states added when they later adopted similar laws.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Allegations against top priest under review after report

ROME (ITALY)
Associated Press

Jun 8, 2019

By Nicole Winfield

The Catholic Church in Texas says it is reviewing allegations that a top monsignor continued to hear a married woman’s confessions after luring her into a sexual relationship, a potentially serious crime under church law.

The announcement was issued by the Galveston-Houston Archdiocese led by Cardinal Daniel DiNardo, president of the U.S. bishops’ conference, after the woman broke years of silence to denounce his handling of her case in an Associated Press investigation this week. The archdiocese has defended DiNardo’s handling of the case as swift and just. But it said Friday that the issue of confession was a “new development” presented by Laura Pontikes in the AP report and would be “thoroughly reviewed in accordance with canon law.”

Pontikes has accused Monsignor Frank Rossi, DiNardo’s former deputy, of exploiting her emotional dependency on him to manipulate her into a sexual relationship, even as he heard her confessions, counseled her husband on their strained marriage and solicited hundreds of thousands of dollars from them in donations for the church. The archdiocese removed Rossi from the Houston parish, but allowed him to return to ministry in another diocese after he completed a treatment program.

Pontikes protested to the archdiocese and went to police in August. After AP inquiries last week, Rossi’s new bishop placed him on leave pending the outcome of the investigation.

Rossi’s lawyer has said he is cooperating with the police investigation but declined to comment further. The archdiocese has defended him, saying the relationship was consensual and did not involve intercourse. Pontikes claims it did.

The case is significant because DiNardo heads the U.S. Catholic Church’s response to the clergy sex-abuse scandal, which exploded anew last year worldwide. As president of the U.S. Conference of Catholic Bishops, DiNardo will lead a meeting next week of U.S. bishops to approve new measures for accountability over abuse.

The “absolution of an accomplice” crime in confession, one of the most serious in canon law, occurs when a priest absolves someone with whom he has engaged in a sexual sin. It must be reported to the Vatican and can carry the penalty of excommunication.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Mixed Views on Next Steps for Roman Catholic Diocese of Wheeling-Charleston

DENVER (CO)
Crux

June 8, 2019

By Alex Meyer

Opinions are mixed about what should happen to the Roman Catholic Diocese of Wheeling-Charleston after new revelations about Michael J. Bransfield’s conduct while bishop here were made public this week.

Some called for the diocese to reform from within while others asked the West Virginia Attorney General’s Office to take further action, but all agreed: something needs to change.

On Wednesday, Archbishop William E. Lori admitted in a letter that the diocese found “credible” accounts of sexual harassment from Bransfield and that he further engaged in a pattern of “excessive and inappropriate” spending during his tenure.

Judy Jones, midwest regional leader of the Survivors Network of those Abused by Priests, or SNAP, said she wasn’t surprised by the latest developments regarding Bransfield.

“What is so sickening is how this went on for so long and people knew about it. Bransfield kept getting away with it,” Jones said. “We at SNAP applaud the brave victims for coming forward and getting (his) wrongdoings exposed and stopped.”

Jones said the problems with the diocese and the church illuminated by Bransfield’s misconduct need to be “fixed from the outside” by law enforcement.

“The church officials can’t police themselves,” she said. “They can’t fix the problems themselves. It’s not going to change.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

June 7, 2019

Hierarchy and theology alike are caught up in Catholic disruption

ROME (ITALY)
National Catholic Reporter

June 7, 2019

By Massimo Faggioli

Editor’s note: Following is the transcript of a June 7 talk given by Massimo Faggioli at the annual conference of the Catholic Theological Society of America held in Pittsburgh.

Institutional Church and Academic Theology in a Time of Catholic Disruption

1. The church in a time of disruption

Once, Catholicism was a synonym for status quo; now, it could be disruption. The institutional church is not exempt from the crisis that is affecting all institutions today: a social and political crisis, in part a response to growing inequality, which in many countries has brought to power parties and political leaders harboring xenophobic if not racist sentiments; a crisis of globalization in terms of a redefinition of international political alliances and alignments; a cultural and intellectual disruption where the emergence of a social-media-driven public discourse shapes a redefinition of the role of knowledge and scholarship, together with the crisis of authority of cultural institutions and education.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Morrisey calls for Catholic Church to release Bransfield report

CHARLESTON (WV)
West Virginia Record

June 7, 2019

By Kyla Asbury

West Virginia Attorney General Patrick Morrisey urged the Diocese of Wheeling-Charleston to release its investigative report on former Bishop Michael Bransfield’s alleged misconduct.

Morrisey said it was important to disclose the report immediately.

“While we appreciate the fact that our investigation and lawsuit is causing the Wheeling-Charleston Diocese to disclose new improprieties about Bishop Bransfield, we believe it is imperative that the Diocese immediately disclose its investigative report about the Bishop,” Morrisey said. “It’s time to come clean and release the Bransfield report—and no longer hide pertinent information from our office and the public.”

Morrisey said much of the information being released by the Diocese would never have been released if his office hadn’t issued subpoenas, investigated and, ultimately, filed a lawsuit.

“The Diocese did not issue its list of initially 31, now 40, credibly accused priests until after issuance of our first subpoena in the fall of 2018, and today’s disclosure comes approximately two weeks after the filing of our amended complaint,” Morrisey said. “Now is the time for full disclosure. I repeat my call for the Diocese to stop fighting our efforts to get to the bottom of the sexual abuse scandal, come clean and end the secrecy – including release of the full Bransfield report.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Former Dallas Bishop Kevin Farrell Received Cash From Pill-Popping, Sexual Predator Priest

DALLAS (TX)
D Magazine

June 7, 2019

By Tim Rogers

Hopefully you either subscribe to the Washington Post or you haven’t yet this month used up your free visits. Because the paper broke a big story about an out-of-control Catholic bishop in West Virginia. Dude spent a lot of money getting drunk and buying jewelry. Oh, and Michael Bransfield sexually harassed other men. And handed them cash. It was all fueled by revenue from mineral rights generated by land in West Texas. Some highlights from the story:

Another said Bransfield let him drink alcohol before he was legally of age, exposed himself, pulled the young man against him and ran his hands over the seminarian’s genitals. … Throughout his tenure, Bransfield abused alcohol, oxycodone and other prescription drugs, which “likely contributed to his harassing and abusive behavior,” the report says. … During his 13 years as bishop in West Virginia, one of the poorest states in the nation, Bransfield spent $2.4 million in church money on travel, much of it personal, which included flying in chartered jets and staying in luxury hotels, according to the report.

And what does this have to do with Dallas? Kevin Farrell was the previous bishop of the Dallas Diocese (he left in 2016). By all accounts, he is a good man who cleaned up the mess that his predecessor, Charles Grahmann, left behind. However, the Post story notes this about Farrell, who now works at the Vatican:

Cardinal Kevin Farrell, a high-ranking Vatican official who served for years in the District, received two checks totaling $29,000 for expenses related to an apartment in Rome, documents show. … A Vatican spokesman confirmed that Farrell received “voluntary donations” from Bransfield and others for the renovation of his apartment in the Vatican and said that Bransfield “received nothing in exchange.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Scottish Child Abuse Inquiry: Boys raped by priests at ‘satanic parties’

LONDON (ENGLAND)
BBC News

June 7, 2019

A child abuse inquiry witness has told how he was raped by priests during “satanic” drink-fuelled sex parties.

Dave Sharp also described a catalogue of sexual, physical and emotional violence at St Ninian’s in Falkland, Fife, between 1971 and 1975.

Mr Sharp from Glasgow, said the abuse had left him with “lifelong trauma”.

The independent Scottish Child Abuse inquiry is looking in detail at historical abuse of children in residential care.

Mr Sharp urged inquiry chairwoman Lady Smith, to piece together the “jigsaw” of victims’ accounts and called for a “national discussion” on the subject.

The 60-year-old, who has waived his right to anonymity, was put into care after his mother died when he was aged one.

He stayed in several institutions before going to the Catholic-run care home in Fife.

He told how he was groomed by one of the religious brothers, who would tell him he loved him, which “no-one had ever done” before.

The inquiry heard the then-12-year-old was later raped.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Fargo Diocese says clergy abuse claims date back ‘several decades’

FARGO (ND)
KFGO TV

June 7, 2019

By Jim Monk

The Diocese of Fargo has been investigating allegations of clergy sex abuse of minors that date back “several decades.” The information was revealed to KFGO News in response to a question regarding when the diocese plans to release a list of credibly accused priests.

The statement, from Bishop John Folda, says the diocese is “conducting a review of possible allegations of abuse of minors going back several decades.” Folda says a report will be released after the review is complete.

Diocese Spokesman Paul Braun says a timeline for releasing the list has not been determined. “Not at this time. We want to make sure we have everything in order and completed first.”“All the Catholic bishops, including the bishop in the Diocese of Fargo are feeling intense public pressure” according to Jeff Anderson, a St. Paul based attorney who advocates for clergy sex abuse victims across the nation.“I’m glad to hear they’re working on it. I’m despaired that they haven’t done more sooner” Anderson said. “There’s a fierce urgency for Catholic bishops to come cleaner than they have.”

Folda also says the Diocese of Fargo will review its policies to make sure they are in conformity with the new norms issued by Pope Francis as well as the guidelines approved by the U.S. conference OF catholic bishops.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Try, try again: Bishops to address abuse, accountability among their own

WASHINGTON (DC)
Catholic News Service

June 7, 2019

By Greg Erlandson

When the bishops gather in Baltimore June 11-14, their meeting will be anything but pro forma.

Instead, they will have some major decisions to make that may determine how quickly they are able to rebuild trust with their fellow Catholics following a series of recent exposes, allegations and scandals regarding bishops themselves.

“This is going to be a working meeting,” said one observer, implying the likelihood of vigorous discussion and debate as the bishops seek to approve a series of proposals dealing with the investigation of abuse or cover up of abuse by bishops.

The attention of the bishops and the dozens of news media who will be following the proceedings will be focused on four action items.

The most important of these, and perhaps the one most likely to be debated, concerns the directives for the implementation of the recent “motu proprio,” or church law, issued by Pope Francis and governing complaints directed against clergy or church leaders regarding the sexual abuse of minors or vulnerable persons.

The “motu proprio,” known by its Latin title “Vos estis lux mundi” (“You are the light of the world”), grew out of the extraordinary gathering of the presidents of the world’s bishops’ conferences Feb. 21-24 in Rome. The “motu proprio” modified existing church law to bolster laws regarding clergy sexual abuse, including protection for whistleblowers and condemnation of any sort of cover-ups of such abuse.

While many of the directives of the “motu proprio” regarding clergy have already been implemented in the United States with its 2002 “Charter for the Protection of Children and Young People,” the action items before the bishops concern allegations of abuse or negligence on the part of bishops. Bishops were not explicitly included in the charter because authority over the bishops and their discipline rests with the pope himself.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

A Suicide Attempt, an Order to Keep Silent: A U.S. Agency Mishandled Sex-Abuse Claims

NEW YORK (NY)
Wall Street Journal

June 7, 2019

By Christopher Weaver

When employees at a U.S. Indian Health Service facility here saw a video of their maintenance man disappearing with a 16-year-old patient into a private bathroom, they strongly suspected he was sexually involved with her.

After two staff members questioned the girl, she dragged a chair to the bathroom shower and tried to hang herself from the curtain rod, according to internal documents and people familiar with the September 2016 incident.

Although suspected sexual abuse of minors on Indian reservations is supposed to be reported to law-enforcement officials and social workers, several employees said an IHS manager told them not to say anything.

Months later, the maintenance man, then 47 years old, was told he was fired over the incident—then unfired. He returned to work at the Unity Healing Center, a teens-only residential substance-abuse treatment facility, although by then there was a federal investigation into his conduct. His duties included reviewing safety incident reports, including those about sex abuse.

The IHS, which provides health care for 2.6 million Native Americans has allowed employees accused of sexual misconduct to continue working and has struggled to meet U.S. requirements for reporting such allegations, a Wall Street Journal investigation found. At Cherokee, no one contacted law enforcement about the maintenance man until about seven months after the incident, and senior agency officials didn’t intervene.

In February, the Journal and the PBS series Frontline reported that IHS pediatrician Stanley Patrick Weber had sexually assaulted young male patients, and that the agency ignored warnings and tried to silence whistleblowers over two decades. The day the Journal/Frontline report was published, the IHS announced a written policy to improve its handling of sexual-abuse allegations.

Yet in interviews in early April, more than two months after the new policy was enacted, employees of the North Carolina facility said they hadn’t yet gotten any details about the new policy or received any training. The Cherokee case suggests that some of the problems that enabled Mr. Weber’s misconduct persist.

Beverly Cotton, the IHS leader of the region that includes North Carolina, said in an interview she thought the subsequent federal investigation of the Cherokee incident had failed to substantiate the misconduct allegations, and that Unity’s policies complied with federal law. “If there was a report of sexual misconduct and a supervisor advised another licensed provider not to report that, both of them hold responsibility,” she said. Law-enforcement officials said the federal investigation is continuing.

A White House task force is investigating the Weber case and the agency’s policies for handling sexual abuse. At a meeting in Albuquerque, N.M., in May, task force members discussed weaknesses they had discovered in the agency’s sex-abuse reporting practices, including confusion among staff members, and a lack of standard policies.

“There is a lack of clarity when it comes to the immediate steps that need to be taken to report suspected child abuse,” said Trent Shores, the U.S. attorney for the Northern District of Oklahoma and a task force leader. He said the task force is examining whether IHS employees understood their legal obligation to report child abuse, and whether any supervisors might have discouraged such reports.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Broken trust in a broken clerical system

PARIS (FRANCE)
LaCroix International

June 7, 2019

By Robert Mickens

“If you want to be priest, lie!”

That was supposed to be a punch line in “Mass Appeal,” a comedy-drama written by American Catholic playwright Bill C. Davis.

First staged in 1980, it was made into a film four years later.In the screen version Jack Lemmon stars as Father Tim Farley, a popular pastor of an affluent parish in Connecticut. He’s a friendly, feel-good type of priest whose homilies are carefully designed to avoid challenging or upsetting his generous parishioners.

Fr. Farley drives a late-model Mercedes-Benz, loves his wine and Scotch, and spends his day-off at the racetrack. He is “considered to be one of the best priests” in the diocese.

One day he’s asked to mentor Mark Dolson (Željko Ivanek), a highly idealistic young deacon who risks being blocked from priestly ordination because he hasn’t toed the line in the seminary.

Mark’s main offence is that he strongly defended two seminarians that were expelled for a suspected homosexual relationship.

The seminary rector (Charles Durning) thus suspects Mark is also gay.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Convicted priest asks for reconsideration of sentence for child molestation

LAFAYETTE (LOUISIANA)
KATC News

June 7, 2019

Convicted St. Landry Parish priest Michael Guidry has asked a judge to reconsider the 10-year sentence he received for molesting the son of his deacon.

Back in April, Guidry was sentenced to 10 years in prison for child molestation, with three years suspended – meaning he will serve as much as seven years in prison.

His attorneys filed a motion for reconsideration of sentence in May. A hearing has been set for July, court records indicate.

Guidry, 76, who most recently served at Saint Peter’s Church in Morrow, pleaded guilty in March to molesting a deacon’s son after giving him alcohol.

Guidry faced 5 to 10 years in prison. As part of his plea deal, Guidry was placed on the sex offender registry.

The former pastor of St. Peter’s Church in Morrow was arrested in June 2018 after a deacon’s son, Oliver Peyton, came forward to allege the priest had given him alcohol and molested him. In December 2018, Guidry was formally charged with molestation of a juvenile by the St. Landry Parish District Attorney.

Before handing down Guidry’s sentence, Judge Alonzo Harris heard witness testimony from the victim’s parents and brother who gave emotional statements calling for the maximum sentence for a man that they described as a “wolf in shepherd’s clothing.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

The DiNardo allegations could be a test for the new reporting laws

LONDON (ENGLAND)
Catholic Herald

June 6, 2019

By Christopher Altieri

Cardinal Daniel DiNardo, the president of the United States Conference of Catholic Bishops and Archbishop of Galveston-Houston, is facing renewed public scrutiny after the Associated Press published a report on Tuesday, detailing accusations that DiNardo mishandled an allegation of sexual misconduct against a high-ranking priest in his archdiocese.

The Archdiocese of Galveston-Houston released a statement on Tuesday saying it “categorically rejects” the AP story, which the statement describes as “unprofessional, one-sided reporting”. “At each step in this matter,” the statement continues, “Cardinal DiNardo has reacted swiftly and justly — and has always kept the welfare of the Pontikeses in mind.” The Tuesday statement from the archdiocese also says, “A number of the quotes attributed to the Cardinal are an absolute fabrication.”

The story comes just a week before the US bishops’ spring meeting, at which they are slated to debate and vote on accountability measures for bishops. The news also has possible repercussions for Rome and Pope Francis, as it raises questions about how the new universal procedural norms for reporting and investigating allegations of abuse and cover-up will work.

Texas authorities, meanwhile, are investigating the accused priest, Galveston-Houston’s former vicar general, Mgr Frank Rossi, in connection with the complaint detailed in the AP story. Alessandro Gisotti, director of the Holy See Press Office, confirmed for the Catholic Herald that a complaint was received by the Congregation for the Doctrine of the Faith, is currently under review.

Laura Pontikes, 55, claims Mgr Rossi “seduced” her during the course of protracted spiritual counselling. She alleges that he induced her to perform sex acts during their counselling sessions, and that they had sexual intercourse on numerous occasions. AP reports that the archdiocese stated that it believed the relationship was consensual, and that it did not involve sexual intercourse.

The archdiocese sent Mgr Rossi for evaluation and treatment, and eventually released him to the diocese of Beaumont, Texas, where Mgr Rossi received an assignment from Bishop Curtis Guillory as pastor of a parish in the town of Woodville, Our Lady of the Pines.

Mgr Rossi was also a family confidant to whom Laura Pontikes’ husband, George, also allegedly turned for counsel in moments of distress — during the time Rossi was allegedly carrying on his inappropriate relationship with Mrs Pontikes. Mgr Rossi also allegedly convinced the couple to give more than $2 million to the Church over a period of nine years.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Priest & lay reform organizations take on clericalism

WASHINGTON (DC)
Religion News Service

June 7, 2019

Pope Francis has repeatedly called out the clerical culture’s danger to the Catholic Church and its faithful, for example, calling clericalism “our ugliest perversion.” Now a nationwide Catholic priests’ organization and two international lay reform groups have developed the BridgeDialogues: Laity & Clergy re-Imagining Church Together to show Catholics what they can do to recognize and prevent this perversion which blocks the laity from achieving their full potential in the Church.

Clericalism has been defined in various ways. In a 2011 report criticizing the Church’s “Study of the Causes and Context of the Sexual Abuse Crisis,” VOTF defined clericalism as “an overriding set of beliefs and behaviors in which the clergy view themselves as different, separate, and exempt from the norms, rules and consequences that apply to everyone else in society.” As the Pope has said, “Clerics feel they are superior, they are far from the people,” and clericalism “can be fostered by priests or by lay people” where the laity show clergy excessive deference because they assume the clergy are morally superior.

The BridgeDialogues is a collaborative effort of the Association of U.S. Catholic Priests, FutureChurch, and Voice of the Faithful. They offer:

Prompts for opening up discussions addressing clericalism, including topics such as the subtle ways that language and pastoral relationships can feed clericalism;
Examples of how you experience clericalism barriers and what you can do about them;
Tips for how you can guard against clericalism in your own behaviors, while removing the barriers others may use to hold you on “your side” of the lay/clergy divide.

The BridgeDialogues’ many resources are available online at here.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

When Los Angeles police nab pastor of Mexico’s largest church, press scrambles to learn about Luz del Mundo

Get Religion blog

June 7, 2019

By Julia Duin

A story just broke in Los Angeles the other day that has barely raised a ripple in U.S. media. However, Mexican newspapers and TV are transfixed by it.

Most Americans have never heard of this enormous 12,000-seat La Luz del Mundo church complex in Guadalajara. (A translated promo video is here). Built like a multi-tiered wedding cake, its concentric white scalloped walls turn various rainbow colors during festivals. It towers over the city and is Mexico’s largest evangelical Protestant church.

Its pastor, Naasón Joaquín García, was just arrested Monday at LAX and slapped with a bail set at $50 million, the highest ever imposed by a Los Angeles County judge. Imagine if Mexico had thrown Houston megachurch pastor Joel Osteen into jail. That’s the level we’re talking about.

The New York Times and Los Angeles Times are two of the American print outlets really covering this and even they are scraping for details about this church. From the New York Times:

The leader of La Luz del Mundo, a church with its headquarters in Mexico that claims to have more than one million followers worldwide, was charged Tuesday in Los Angeles with more than a dozen sex crimes, including allegations that he forced children to have sex and made them pose naked for photos, the authorities in California said.

The leader, Naasón Joaquín García, 50, was arrested Monday at Los Angeles International Airport, according to the California attorney general’s office. Mr. García is considered by La Luz del Mundo, which has locations in the Los Angeles area, to be an apostle of Jesus Christ.

I would have loved to have been a fly on the wall at the airport that morning. Here’s this man walking onto U.S. soil expecting to visit his four daughter congregations in southern California when –- WHAM -– the police show up.

In a 19-page complaint filed in Los Angeles County Superior Court on Tuesday, prosecutors said there were four victims, three of whom were children. One child and a woman were raped, prosecutors said in the complaint. Mr. García is also accused of human trafficking and forcing children to perform oral sex.

The crimes occurred from 2015 until 2018 in Los Angeles County, the authorities said.

One of the people told a group of girls that if they went against the desires of Mr. García, “they were going against god,” according to the complaint. Children were told to perform “flirty” dances for Mr. García wearing “as little clothing as possible,” according to the complaint.

The complaint said Mr. García gave a group of children “a speech about a king having mistresses and stated that an apostle of god can never be judged for his actions.”

The rest of the piece doesn’t contain a whole lot more than what you can find in a Google search, so we’ll turn to the Los Angeles Times:

Prosecutors said they secured an unprecedented $50-million bail for the leader of La Luz del Mundo church because they feared his followers could raise money to free him from custody and that he would flee the country…

California Atty. Gen. Xavier Becerra on Thursday said that to his knowledge Naason Joaquin Garcia’s bail was the highest ever imposed on someone in Los Angeles County.

“We have a great apprehension that Mr. Garcia will raise the money to get a bond to bail himself out,” Becerra said. “We have provided the court information to back up the credible fear we have.”

The paper then quoted a local defense attorney saying bail rarely goes over $1 million or in very unusual cases, $2 million. The bail was originally set at $25 million and Becerra doubled that. If you doubt this church has money, get a load of some of the photos of this place here.

For reporters wanting to follow up on this place, do a look-see for local branches of Luz del Mundo near you. Here in the Pacific Northwest, I was surprised to find daughter churches in Canby, Ore., and in south Seattle. Here is a video of the pastor’s followers sobbing over his arrest.

Their doctrine is similar to Oneness Pentecostals: They believe in being baptized in Jesus’ name, not in the name of the Trinity. The church has been led by a family dynasty with the imprisoned Garcia being the grandson of the founder.

TheMexicanLabyrinth.com has a good story about the less-than-savory reputation of Samuel Joaquin Flores, the father of the imprisoned pastor, and the church’s cult-like aspects. A Sacramento TV station has another read on the arrest and this video shows followers marching by the pastor (who is standing on a balcony overlooking the crowd) giving him Nazi-like salutes.

The Associated Press did the best story I could find on the question everyone must wonder: Why was this man arrested in Los Angeles and not in Mexico?

The fundamentalist Christian church, whose name translates to The Light of the World, was founded in 1926 by Joaquin García’s grandfather. His father also led the church and was the subject of child sex abuse allegations in 1997, but authorities in Mexico never filed criminal charges.

The accusations were particularly painful for a church that has tried to cultivate an image for its law-abiding, hard-working, conservatively-dressing people in Mexico — a country where it claims about 1.8 million followers. Its male members favor suits and short hair, and female members wear veils that cover their hair and modest dresses. There are about 1 million U.S. members…

Here we go again. Actually, “Pentecostal” would be a better descriptor than “fundamentalist.”

The church also believes there was no salvation on Earth from the death of the Apostle John around A.D. 96 to 1926 when the church was founded. Which definitely consigns a lot of folks to hell. For more videos on their beliefs, click here and here.

The arrest is sure to prove an embarrassment for Mexico, in part because similar allegations have never resulted in charges there and in part because the church has long had political influence.

“It shows the enormous difference between the quality of law enforcement in Mexico and the United States,” said sociologist Bernardo Barranco of the Center for the Study of Religions in Mexico. “In Mexico, unfortunately, there is an innate protection for clergy, not just for the Luz del Mundo.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

California’s Top Prosecutor Believes There Are More Victims of Child Sex Abuse in Mexican Church

SAN DIEGO (CA)
NBC 7 News

June 7, 2019
By Stefanie Dazio and John Antczak

California’s Attorney General, Xavier Becerra, said Thursday at a press conference that he believes there are more victims of child sex abuse than those listed in charges against the leader of Mexico-based megachurch La Luz del Mundo and several followers.

California’s top prosecutor said Thursday that he believes there are more victims of child sex abuse than those listed in charges against the leader of Mexico-based megachurch La Luz del Mundo and several followers.

“It would be hard to believe that, based on the information that we’re collecting, that it’s only these four individuals,” Attorney General Xavier Becerra said at a press conference, urging any victims to come forward.

La Luz del Mundo leader Naasón Joaquín García and two co-defendants were arrested in California this week and a fourth remains at large. They face a 26-count felony complaint that alleges crimes including child rape, statutory rape, molestation, human trafficking, child pornography and extortion.

Church officials have denounced the charges as slander and defamation and said Joaquín García remains the spiritual leader of La Luz del Mundo, which claims more than 5 million members worldwide.

García’s legal team is expected to speak Friday at a 10 a.m. news conference in Los Angeles.

“He is the epitome of love and care and respect,” Jack Freeman, a minister in San Bernadino and the church’s United States spokesman, said Thursday outside a temple in East Los Angeles. “Everything that he does and teaches and he stands for goes against these allegations.”

Freeman also decried Becerra’s remarks as “immature and unnecessary for a man of that position.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Archbishop Carroll High School Employee Arrested For Sexually Assaulting Student, Prosecutors Say

RADNOR (PA)
CBS 3 TV News

June 5, 2019

An employee at Archbishop Carroll High School has been charged for allegedly sexually assaulting a former student, the Delaware County District Attorney’s Office announced. Thirty-three-year-old Christopher Serpentine was arrested Wednesday.

Police say Serpentine had an inappropriate relationship with a student between April and June 2017 while he was the school’s director of communications. According to authorities, the victim came forward last month.

Serpentine, the school’s theater director, is charged with four counts of institutional sexual assault, officials say.

He is the second Archbishop Carroll High School employee arrested on sexual assault charges in the past three months.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Another Archbishop Carroll High School Employee Arrested for Abuse

ST. LOUIS (MO)
Survivors Network of those Abused by Priests

June 6, 2019

With the latest news that another employee from Philadelphia’s Archbishop Carroll High School has been arrested for sexual abuse, we are concerned about the culture at the school that has allowed at least two sexually violent men to slip through their screening process. We hope that administrators will take a serious look at their background check and safety verification policies to see what has gone so drastically wrong.

Two arrests in the past three months is a sign of a significant problem and we hope that secular professionals in law enforcement will be looking deeper into the situation at this school. Children need – and deserve – a safe and welcoming environment to learn and grow in and it is clear that more needs to be done at Archbishop Carroll High School to create this kind of environment.

We hope that parents of students, both past and present, will check with their children and ensure they or their friends weren’t hurt by someone at this school or elsewhere. And we hope those parents will also demand answers from their school administrators in order to ensure that no other children are put at risk.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Bishop Bransfield’s Lush Life

American Conservative blog

June 5, 2019

By Rod Dreher

The Washington Post has the goods on Catholic Bishop Michael Bransfield of Wheeling, W. Va., whose resignation last fall when he reached the age of 75 was swiftly accepted by Rome, which then ordered an investigation into Bransfield’s tenure. Excerpts:

In the years before he was ousted for alleged sexual harassment and financial abuses, the leader of the Catholic Church in West Virginia gave cash gifts totaling $350,000 to fellow clergymen, including young priests he is accused of mistreating and more than a dozen cardinals in the United States and at the Vatican, according to church records obtained by The Washington Post.

Bishop Michael J. Bransfield wrote the checks from his personal account over more than a decade, and the West Virginia diocese reimbursed him by boosting his compensation to cover the value of the gifts, the records show. As a tax-exempt nonprofit, the diocese must use its money only for charitable purposes.

The gifts — one as large as $15,000 — were detailed in a draft of a confidential report to the Vatican about the alleged misconduct that led to Bransfield’s resignation in September. The names of 11 powerful clerics who received checks were edited out of the final report at the request of the archbishop overseeing the investigation, William Lori of Baltimore.

Lori’s name was among those cut. He received a total of $10,500, records show.

The Post obtained both versions of the report, along with numerous emails and financial records.

Ha! Archbishop Lori covered for himself and the other powerful clerics in the report sent to Rome. These guys don’t know what honesty is. Lori told the Post that he didn’t see why those men’s names should be in the report, because there is no evidence that they did wrong by accepting the money. That is true, but basic accountability matters more than covering the rears of the episcopal class.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Bombshell Washington Post report details alleged lavish spending by former Catholic bishop of W.Va

Get Religion blog

June 7, 2019

By Bobby Ross Jr.

“Bishop spent millions on self.”

That’s the crisp, concise way that the front page of today’s Washington Post boils down the newspaper’s bombshell report on the former Catholic bishop of West Virginia.

As The American Conservative’s Rod Dreher put it in a blog post titled “Bishop Bransfield’s Lush Live,” the Post “has the goods” on the bishop, who resigned last fall.

Yes, indeed.

Here’s a big chunk of the top of the story by religion writer Michelle Boorstein and two investigative reporting colleagues, Shawn Boburg and Robert O’Harrow Jr.:

In the years before he was ousted for alleged sexual harassment and financial abuses, the leader of the Catholic Church in West Virginia gave cash gifts totaling $350,000 to fellow clergymen, including young priests he is accused of mistreating and more than a dozen cardinals in the United States and at the Vatican, according to church records obtained by The Washington Post.

Bishop Michael J. Bransfield wrote the checks from his personal account over more than a decade, and the West Virginia diocese reimbursed him by boosting his compensation to cover the value of the gifts, the records show. As a tax-exempt nonprofit, the diocese must use its money only for charitable purposes.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Sexual misconduct with adults next scandal facing the U.S. Church

DENVER (CO)
Crux

June 7, 2019

By Charles Collins

As the U.S. bishops prepare to meet next week for their general assembly in Baltimore, they must be hoping it won’t be a repeat of this one.

The bishops were hoping to finalize a tough new policy on child sex abuse and – even more importantly – abuse cover-up, after the Vatican put a halt on the issue during the USCCB’s fall assembly last year. Since then, there has been a Vatican abuse summit and new legislation from the Vatican to battle abuse and cover-up, meaning the possibility of a “good news” ending to the meeting was in the cards.

But now new scandals are likely to overshadow the meeting.

At the beginning of this week, the Associated Press published a story about a woman accusing a top official in the Archdiocese of Galveston-Houston of sexual misconduct. This story was followed by a Washington Post report on a confidential investigation into impropriety under Bishop Michael Bransfield in the Diocese of Wheeling-Charleston. On Thursday, Crux came out with a story about how various Church institutions passed the buck when a seminarian complained about sexual abuse at the national seminary in Washington, DC.

These stories did not involve the abuse of minors, but did involve sexual impropriety with adults. This means the bishops will be trying to find a solution to one systematic crisis, just as another one is exploding in the papers.

Sexual misconduct with adults is a broad area of offense, especially for a celibate clergy. It can include anything from a brief fling with a willing partner to a sexual assault. Current Vatican legislation generally only covers “vulnerable adults” – that is, those without the full use of reason, although Pope Francis’s most recent law – released in May and called Vos estis lux mundi – defines a vulnerable person as “any person in a state of infirmity, physical or mental deficiency, or deprivation of personal liberty which, in fact, even occasionally, limits their ability to understand or to want or otherwise resist the offence.”

The new legislation also covers those who are forced into sexual acts by “violence or threat or through abuse of authority.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Spiritual Leader in Mexico Arrested thanks to AG Investigation in California

sST. LOUIS (MO)
Survivors Network of those Abused by Priests

June 7, 2019

The head of a large, independent Mexico-based church has just been arrested in California on charges of human trafficking and child rape but remains the spiritual leader of the group. We applaud Attorney General Xavier Becerra for bringing these charges and hope other AGs across the nation will emulate his actions in this case. For the safety of children and vulnerable adults, we also call on church officials to suspend the accused while the legal process plays out.

Naasón Joaquín García of the La Luz del Mundo church will be arraigned on Monday in Los Angeles Superior Court. But the initial evidence against him is substantial so it is crucial that vulnerable adults and innocent kids are protected from him immediately. That can best happen if his church staff and colleagues oust him from his role, even if it is just temporarily. We hope they will act promptly but prudently.

AG Becerra is also holding a news conference to urge other victims to come forward, a smart and compassionate move. The investigation against Joaquín García was initially prompted by a call into AG Becerra’s abuse hotline, so we hope this example will encourage other AGs around the country to set up a hotline of their own and be sure to include all religious groups (not just Catholics) as they reach out to victims of religious and institutional sexual violence.

We are grateful to the church members who are cooperating with law enforcement. That takes real courage. We hope every single person who saw, suspected or suffered crimes in the La Luz del Mundo church will call the AG, get outside help, start to recover and help protect the vulnerable.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Seth Jeffs and the FLDS Reemerges in Minnesota

ST. LOUIS (MO)
Survivors Network of those Abused by Priests

June 7, 2019

The brother of a notorious imprisoned cult leader who heads his own secretive sect is now re-establishing himself and his followers in northern Minnesota. We hope that neighbors and law enforcement stay vigilant and warn children and vulnerable adults about his history and new compound.

Seth Jeffs fled from Texas and resettled in Minnesota following the arrest of his brother, Warren Jeffs, the longtime leader of the Fundamentalist Church of the Latter Day Saints. The cult has been described as “a polygamist sex cult” and attracted the attention of law enforcement due to their practice of marrying underage girls to adult men.

We applaud local residents who are using an environmental law to challenge Jeffs’ construction. Rather than be passive about the potentially dangerous man in their midst, these citizens have chosen to organize in order to protect the vulnerable within their communities. We hope other adults around the country will follow this example and find ways in their own communities to safeguard the vulnerable.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Attorney General Calls For Sexual Assault Victims Of Mexico Mega Church To Come Forward

SACRAMENTO (CA)
CBS 13 News

June 6, 2019

By Marissa Perlman

Attorney General Xavier Becerra is calling for potential abuse victims to come forward.

He’s investigating top leaders at La Luz Del Mundo, a religious organization based out of Mexico. Nasson Joaquin Garcia, the self-proclaimed apostle and church leader, is accused of child rape, sex trafficking, and child pornography.

“There is a real fear because he has his church more than 1-million followers that he will raise the money and he will bail himself out,” said Becerra.

Garcia’s is the highest bail ever set in Los Angeles County history, $50 million dollars.

Garcia and three other religious leaders, one still at large, are all accused of luring young people from the megachurch into sex trafficking.

“Any families of the young girls, they are probably very frightened, very confused,” Becerra said.

The megachurch, with a home in South Sacramento, is close-knit. Parishioners view Garcia as Godly, a self-proclaimed apostle.

“People would call this a case of brainwashing as these families are influenced,” Becerra.

He says some of these families depended on the church, even donating their livelihood to the cause. Now Becerra is calling for other victims to come forward to help him prosecute this case.

“No law of God would permit to occur what Nasson Joaquin Garcia is alleged to have committed. He committed crimes and we’re going to prove that you don’t do that to children,” Becerra said.

Garcia, now behind bars in LA, claims he is an innocent man.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Q&A: Syracuse’s new bishop opens up about clergy abuse, favorite getaways, doubts

SYRACUSE (NY)
Post Standard

June 7, 2019

By Julie McMahon

Syracuse’s next Roman Catholic bishop will take over leadership of an institution during perhaps its most difficult period.

Father Douglas Lucia, 56, will step into the highest post in the Syracuse diocese later this year, amid church closings and heightened international attention on the Catholic church’s handling of the clergy sex abuse scandal. Lucia takes the reins from Bishop Robert Cunningham, who has served for 10 years as Syracuse’s religious leader.

Lucia brings to his role a background in canon law and experience working with new priests and managing his own parishes as a pastor in the Ogdensburg diocese.

Though he was called to serve unexpectedly — bishops are selected by the Pope in a secretive process — Lucia said he believes he can help the church and its followers through this difficult time.

A twin brother and avid Red Sox fan, Lucia shared personal stories and answered questions about his role in the church during a wide-ranging interview with syracuse.com. Lucia took questions over the phone from his current post in Ogdensburg, as he prepares for the transition to his new role in August.

The interview is lightly edited for length and clarity.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

George Pell faces new legal battle after being named in lawsuit

NEW SOUTH WALES (AUSTRALIA)
The Australian

June 7, 2019

By Tessa Akerman

Cardinal George Pell could be on trial again next year, this time on civil claims that he knew former Christian Brother Ted Bales was sexually abusing children and did nothing to protect potential victims.

A man who was abused by Bales, formerly known as Edward Dowlan, has brought the suit against Pell, the Catholic Education Commission, Ballarat Bishop Paul Bird and Melbourne Archbishop Peter Comensoli.

The man was abused by Bales at Cathedral College in East Melbourne in the early 1980s.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Catholic church reform advocates criticize Lori for deleting mention of bishop’s gifts in report to Vatican

BALTIMORE (MD)
Baltimore Sun

June 7, 2019

By Jonathan M. Pitts

The president of a national group that monitors the conduct of Roman Catholic priests criticized Baltimore Archbishop William E. Lori on Thursday for his role in a report to the Vatican that omitted information about large gifts Lori and other bishops received.

Terry McKiernan of Bishop-Accountability.org said Lori’s decision to delete mention that he and other high-ranking clerics had been given cash gifts over the years by West Virginia bishop Michael J. Bransfield — whom Lori was investigating — was “head-shaking.”

Lori had been charged by the Vatican with investigating Bransfield over allegations that included lavish spending of church funds.

McKiernan said Lori’s editing of a draft report was “especially embarrassing” because it created the appearance of Lori “participating in the very malfeasance he had been brought in to put a stop to.”

“There’s nothing good you can say about it,” McKiernan said.

In September, Pope Francis asked for the resignation of Bransfield, the longtime bishop of the Diocese of Wheeling-Charleston in West Virginia, in the wake of allegations he had engaged in a pattern of sexual and financial misconduct throughout his 13 years in the position.

The pope appointed Lori to oversee the diocese on an interim basis and gave him the authority to direct an investigation into the allegations against Bransfield.

The five-person lay panel Lori assembled to run the inquiry completed a detailed report in February.

The report found that Bransfield had indeed behaved inappropriately toward multiple priests and seminarians, including “a consistent pattern of sexual innuendo and overt suggestive comments and actions toward those … over whom [he] had authority,” and spent millions in diocesan funds on travel, liquor, luxury items and more.

It also reported that Bransfield gave more than $350,000 in gifts to fellow clergymen. Recipients included Cardinal Donald Wuerl, who recently retired as the Archbishop of Washington, Cardinal Timothy Dolan of New York, and Lori, who was listed as a recipient of at least $7,500.

But Lori asked that the names of all gift recipients, including himself and other top clerics, be left out.

The Washington Post discovered the discrepancy between the drafts as part of an investigation into the Bransfield case and published a story describing the edits Wednesday.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Renegade African church blames celibacy rule for sex abuse crisis

PARIS (FRANCE)
La Croix International

June 7, 2019

A faction of Catholic priests in Kenya who set up their own church years ago to circumvent the Vatican’s strict celibacy rule see themselves as a solution the clerical sex abuse crisis.

Peter Njogu, a self-proclaimed bishop, said that after falling in love with a nurse in Rome, he was distressed at hearing tales of priests having “secret families.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

New report details history of alleged sexual abuse in Fresno Diocese

BAKERSFIELD (CA)
23 ABC News

June 7, 2019

A new report from Los Angeles law firm Jeff Anderson & Associates details the names and some of the allegations of sexual misconduct against 43 clergymen from the Roman Catholic Diocese of Fresno. Among those 43 clergymen, at least 15 were found to have connections to Kern County.

The Anderson Report on Sexual Abuse in the Diocese of Fresno states that the allegations made in the report have either been “settled or have not been fully evaluated in a civil or criminal court.” The report states that, “the allegations should be considered just allegations and should not be considered proved or substantiated in a court of law.”

The report claims to detail a timeline and analysis of sexual abuse within the Diocese of Fresno, “including a discussion of how the highest Church officials enabled the abusers and covered up crimes of sexual misconduct and abuse,” according to the report.

The report states that from the 43 clergymen listed for alleged abuse, these 15 have connections to Kern County:

1.Bp. Tod D. Brown

1964-1967 Our Lady of Perpetual Help, Bakersfield, Calif.(MF)

After Bp. Tod D. Brown was ordained, he spent the next two and half decades rising through the ranks of the Catholic Church. By 1988, he was named Bishop of Boise. After a decade in Boise, Bp. Brown returned to California as Bishop of Orange. Following his new appointment, news broke alleging that Bp. Brown had sexually abused a minor boy in 1965. Subsequently, it was uncovered that, despite his charade of increased sex-abuse transparency, he had a storied history of repudiating victims, covering up sexual abuse, and continually employing perpetrators. Bp. Brown’s status as a priest, current whereabouts, and whether he has access to children are unknown.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

USCCB bishops to tackle ‘unfinished business’ on sex abuse at meeting

NEW YORK (NY)
Crux

June 7, 2019

By Christopher White

When the U.S. Catholic bishops gather in Baltimore next week, the theme of their three-day meeting could largely be summed up as “unfinished business.”

For starters, there’s the unfinished business from seven months ago of enacting new guidelines for bishop accountability. Just ahead of last November’s meeting, the Vatican halted plans to vote for new guidelines for bishops, citing canonical concerns and faulting the United States Conference of Catholic Bishops’ (USCCB) leadership for not providing Rome adequate time to review the proposals.

More broadly, however, there’s the unfinished business from seventeen years ago of closing the gap in the Dallas Charter – the landmark 2002 document establishing new norms for child protection, which created a “zero tolerance” policy for a priests guilty of abuse, but omitted bishops from the same oversight.

In many respects, the Vatican has done the heavy lifting for this meeting, with last month’s new universal Church law, Vos estis lux mundi (“You are the light of the world”) issued by Pope Francis, which makes it mandatory for all clerics and members of religious orders to report cases of clerical sexual abuse to Church authorities, including when committed by bishops or cardinals.

Known as a motu proprio, meaning a change to Church law under the pope’s authority, the law went into effect on June 1 and now it is up to bishops’ conferences from around the world to implement it on a local level, with a deadline of June 20, 2020 to have a system in place.

For cases in which a bishop is being accused of abuse or its cover-up, Vos estis relies on the metropolitan archbishop to conduct an investigation and allows for the involvement of lay experts in the process to ensure proper oversight and accountability.

When the U.S. bishops convene next Tuesday to Thursday, the “Directives for the Implementation of the Provisions of Vos estis lux mundi Concerning Bishops and their Equivalents,” will be put to a vote, which builds on the motu proprio’s framework and situates it in the U.S. context.

According to a draft of the proposed directives obtained by Crux, the 4-page document would establish a national third-party reporting system to receive complaints of abuse or cover-up and then report it to the appropriate ecclesial authorities.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

June 6, 2019

Ex párroco de Dolores fue separado por abuso sexual contra un menor

LA PLATA (ARGENTINA)
Entrelíneas.info [Dolores, Argentina]

June 6, 2019

By Gabriela Urrutibehety

Read original article

Se trata de Roberto Agustín Barco quien, hasta 2009 estuvo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio norte de la ciudad.

El obispado de Puerto Montt, Chile, decidió suspender de su ministerio al sacerdote Roberto Agustín Barco, quien hasta 2009 se desempeñó en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Dolores.

Según una investigación que publicó La Nación, firmada por Mariana García, Barco había sido investigado en Los Ángeles, Estados Unidos por abuso sexual contra un menor de edad” y allí se le había prohibido ejercer el sacerdocio. Pese a ello, continuó dando misa y fue trasladado a Cochamó, un pueblo del sur del Chile. Luego de conocida la investigación periodística que daba cuenta de los abusos cometidos por sacerdotes en la Argentina, el obispado chileno ordenó la sanción más arriba mencionado.

El informe fue difundido el año pasado por la arquidiócesis de Los Ángeles y recoge una denuncia presentada en 2016 sobre un caso ocurrido seis años antes. Luego de que se le prohibiera ejercer el sacerdocio en ese lugar, fue trasladado a Chile donde lo ejerció normalmente hasta su separación. Ante la consulta del matutino, el sacerdote de 65 años negó totalmente tener responsabilidad en esta situación.

Según el sitio  BishopAccountability.org, que sigue los casos de abusos cometidos por sacerdotes católicos, Barco fue destinado a la parroquia de San Salvador en Colton  en 2009 y posteriormente a la parroquia de St. Louis en Cathedral City del 2011 al 2014, ambas en el estado de California.  Fue destituido en mayo de 2016 y regresó a la Argentina, desde donde fue trasladado a Chile.

El tema de los abusos de menores por parte de sacerdotes no es desconocido en Dolores: en 2015 el obispado de Chascomús, del que depende esta ciudad, excluyó del sacerdocio a Rodolfo Hamerler que fue párroco de Nuestra Señora de los Dolores por cuarenta años. Los hechos de los que se lo acusaron habían comenzado en 1975 y continuaron durante todo el período en que estuvo al frente de la parroquia. Este caso no figura dentro de los mencionados por la investigación de La Nación.

Según este medio, en los últimos 20 años hubo en el país 63 con denuncias consistentes de abuso sexual. En 17 casos hay una condena judicial y en 22 un proceso judicial en marcha. A esos hay que sumarles los 24 con acusaciones consistentes, pero que nunca fueron judicializadas (en cuatro de ellos hubo un proceso que quedó trunco).
 

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Suspenden al Cura Roberto Barco por abuso a menores en Estados Unidos

LA PLATA (ARGENTINA)
Multimedio Digital [Buenos Aires, Argentina]

June 6, 2019

By Mariana García

Read original article

Tras conocer la situación de Roberto Barco, actual administrador parroquial de la Parroquia María Inmaculada de Cochamó, en la región de Los Lagos, la iglesia católica decidió realizar una investigación sobre el caso. El Arzobispado de Puerto Montt (Chile) comunicó este lunes la suspensión “prudencial” del cura argentino, tras conocerse qeue había sido acusado y sancionado en Estados Unidos por  abusos sexuales a menores en 2016.

El Padre Roberto Barco estuvo al frente de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Ranchos, por los años 2004-2005, donde también fue cuestionada su conducta. Sin embargo, por aquel entonces, no se hablaba de abuso a menores.

El Diario La Nación publicó una extensa nota al respecto, contando los pormenores de la investigación:

Sin embargo, Barco siguió dando misa y con el apoyo del obispado de Chascomús, encontró refugio en un pueblo alejado al sur del Chile. Anteayer, luego de que una investigación de LA NACION contara su historia, el obispado de Puerto Montt decidió juntar todas las piezas sueltas y suspenderlo en el «ejercicio público de su ministerio».

«Jamás en mi vida tuve una conducta inapropiada con niños a los que tanto amo!!!», le había asegurado a este diario Barco, vía WhatsApp. Siempre con un tono cordial y cerrando cada frase con un signo de admiración, Barco respondía así a un informe de diciembre 2018 difundido por la arquidiócesis de Los Ángeles en el que se detallaban los nombres de todos los sacerdotes cuyas denuncias por supuestos abusos resultaban creíbles para la Iglesia. Esos testimonios, informó el arzobispo, fueron entregados a la justicia para que se inicien causas judiciales.

Para entonces, Barco, de 65 años, ya llevaba varios meses como párroco en Cochamó, localidad ubicada a 100 kilómetros de Puerto Montt.

«El administrador apostólico del arzobispado de Puerto Montt, padre Ricardo Morales, como medida prudencial ha decidido suspender del ejercicio público del ministerio al Pbro. Roberto Barco, mientras duren las indagaciones que permitan aclarar los hechos de los que se le imputan», anunció el obispado chileno, en un comunicado difundido también por el Episcopado de ese país.

Sanción previa

Pero además de anunciar el alejamiento del sacerdote argentino, el obispado chileno aseguró que en «el año 2017, la Congregación para la Doctrina de la Fe, determinó que el obispo de la diócesis de Chascomús amonestara al Pbro. Barco, después de concluida una investigación previa por abuso sexual contra un menor de edad». Esa sanción a Barco había sido desmentida por el obispado de Chascomús.

La Congregación para la Doctrina de la Fe es el órgano de la Iglesia, con sede en el Vaticano, encargado de llevar adelante las investigaciones sobre pedofilia. Y según reconocieron en Chile, a pesar de que Barco fue amonestado, no se lo «privó de ejercer públicamente el ministerio sacerdotal».

LA NACION había consultado al obispado de Chascomús sobre cuál era la situación de Barco, y si a pesar del informe de Los Ángeles seguía siendo sacerdote. Allí, el presbítero Lisandro Rodríguez, canciller de la diócesis, aseguró que se «dio por cerrada la causa por ausencia de delito».

Barco asumió como Administrador Parroquial de la iglesia de María Inmaculada de Cochamó el 5 de mayo de 2018. Según informó el padre Ricardo Morales, vocero del obispado chileno, su designación fue un acuerdo entre los obispos Cristian Caro, en ese momento a cargo de Puerto Montt, y Carlos Malfa, de Chascomús. Morales insistió en otro punto: Barco sigue perteneciendo la diócesis argentina.

«Yo le comuniqué en el día de ayer [por el domingo] al sacerdote que mientras dure la investigación y por prudencia no puede ejercer el ministerio, esto es que no puede oficiar misa ni ningún otro sacramento en público», dijo Morales durante la conferencia de prensa.

Y agregó que pedirá a Chascomús informes sobre los antecedentes de Barco. «Él es el que tiene la información más fidedigna y completa de lo que ha acontecido», agregó.

Informe público

Ni en los obispados de Chascomús y Puerto Montt, ni en la conferencia episcopal chilena respondieron dónde se encontraba hoy el sacerdote y por qué razón Barco no había sido investigado hasta el momento ya que el informe de Los Ángeles es público y fue difundido por los principales medios de Estados Unidos.

Luego de ejercer la mayor parte de su sacerdocio en Chascomús, Barco fue trasladado a la parroquia San Salvador de Colton, una pequeña ciudad que pertenece al condado de San Bernardino, en California.

De acuerdo al informe difundido por la arquidiócesis de Los Ángeles, el abuso se habría cometido entre 2009 y 2011, aunque la denuncia recién fue presentada el 25 de abril de 2016, y ese mismo día se hizo una denuncia en sede policial. Pocos días después, Barco fue destituido.

A pesar de la sanción, Barco seguía anhelando volver al clima cálido de California y abandonar el frío de la Patagonia. «Desearía regresar a Los Ángeles, aunque es difícil!!! Pero para Dios nada es imposible!!!!, Sería justo que me aceptaran nuevamente para seguir trabajando allí!!!», admitió el sacerdote en uno de sus mensajes a LA NACION.

Pero en Los Ángeles no pensaban lo mismo. John Andrews, director de prensa del obispado de San Bernardino, ratificó a LA NACION que la situación de Barco no varió desde entonces: «Fueron removidas sus facultades, lo que significa que no tiene permiso de ningún tipo de ministerio aquí».

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Investigation into Bishop Bransfield finds harassment, gross misuse of funds

KANSAS CITY (MO)
National Catholic Reporter

June 6, 2019

by Peter Feuerherd

A thousand dollars a month in liquor. Daily fresh flowers delivered to the diocesan office, costing up to $182,000 over 13 years, and $350,000 in gifts to priests, bishops and cardinals spread around the country and at the Vatican.

While Bishop Michael Bransfield led the Diocese of Wheeling-Charleston, West Virginia, with its reputation as a poor, isolated church, it’s the details of high living that spring out from an investigative report, details of which were published by The Washington Post June 5.

The report, directed by Archbishop William Lori of Baltimore, describes Bransfield ordering $4.6 million of renovations on his house in Wheeling and conducting a regular pattern of sexual harassment of seminarians and priests under his authority.

In a letter June 5 to the people of the diocese, Lori said that the report found that the accusations of sexual harassment were credible but did not involve minors. The investigators discovered that Bransfield tapped diocesan funds to pay for an opulent lifestyle that included paying for drug and alcohol abuse and extensive leisure travel.

“There is no excuse, nor adequate explanation, that will satisfy the troubling question of how his behavior was allowed to continue for as long as it did,” Lori wrote. In the letter, Lori acknowledged being a recipient of $7,500 in gifts from Bransfield, money which he said would be donated to Catholic Charities. He also said that Bransfield’s Wheeling house will be sold with the proceeds used to support sex abuse survivors.

As the U.S. bishops meet in Baltimore June 11-14, they are expected to vote on a “metropolitan” plan to discipline transgressing bishops. A vote on that plan, which calls upon archbishops to discipline wayward bishops with the assistance of lay review boards, is a crucial part of the agenda. Lori’s investigation is seen as a model of how that could work in practice.

Bishops who also received money that came from Diocese of Wheeling-Charleston funds included Cardinal Donald Wuerl ($10,000), Cardinal Timothy Dolan, Cardinal Raymond Burke, former papal nuncio Cardinal Carlo Maria Vigano and Cardinal Kevin Farrell, who received $29,000 to help renovate his Vatican residence. The late Cardinal Bernard Law also received $4,800.

The Diocese of Wheeling-Charleston benefitted from the proceeds of oil extracted from Texas property it was bequeathed in the early 20th century. The diocesan endowment, according to the Post, is valued at $230 million. Bransfield, according to the report, would be reimbursed with increases to his salary to pay for the gifts.

Until the Post story was released, details about Lori’s report were held in confidence. In comments on the Post story, Lori said that it was unfair to release the names of the recipients of Bransfield’s gifts, since they were unaware of his questionable financial activities.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Former priest convicted of sexual abuse will live in Lincoln County after release in June

WAUSAU (WI)
Wausau Daily Herald

June 6, 2019

By Natalie Brophy

A former Northwoods Catholic priest convicted of sexually abusing children will be released into Lincoln County later this month.

Upon his release June 19, David J. Malsch, 80, will live at N4883A Lilac Lane in Gleason, a little over 20 miles east of Merrill, according to the Lincoln County Sheriff’s Office.

Malsch was ordained as a Catholic priest in 1967. He was first accused of sexual abuse while he was working at St. Patrick’s in Superior, according to bishopaccountability.org, a website that tracks abuse by Catholic priests. In 1979, Malsch gave two brothers, 12 and 13 years old, alcohol and showed them pornography. He tried to take off the 13-year-old’s pants, the Wausau Daily Herald reported. In the early 1980s, he sexually assaulted the younger brother in the rectory of St. Patrick’s and paid the boy for nude photos, according to the Daily Herald.

After that, according to Bishop Accountability, he was sent to a church-sponsored treatment center in Minnesota. Later that same year, he was reassigned to St. Joseph’s in Rhinelander and two years later, moved to St. Mary’s church in Tomahawk.

At St. Mary’s, Malsch was allowed to work with children who had emotional and learning problems, according to Bishop Accountability. In 1991, he was accused of sexually abusing a 14-year-old boy with learning disabilities. According to a Wausau Daily Herald report from 1999, Malsch took the boy to a hotel in Rib Mountain, gave him alcohol and took nude photos of him. Malsch also showed the boy pornography in the St. Mary’s rectory.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Retired FBI Executive Will Review Clergy Files, Fresno Diocese Says

FRESNO (CA)
Central Velley Wire

June 6, 2019

The Diocese of Fresno said Wednesday that retired FBI agent and high-ranking bureau executive Kathleen McChesney is leading a team reviewing all clergy files going back nearly 100 years.

Their goal is to compile a list of Catholic priests who have been credibly accused of improper conduct with minors, according to the diocese.

McChesney was selected by the United States Catholic Bishops’ Conference to establish and lead their Office of Child Protection where she developed and administered a national compliance mechanism to ensure that all Catholic dioceses complied with civil laws and internal policies relative to the prevention, reporting, and response to the sexual abuse of minors.

She also coordinated a major research study into the nature and scope of the problem of sexual abuse in the Catholic Church. McChesney also co-edited “Sexual Abuse in the Catholic Church: A Decade of Crisis” which describes the actions of Catholic Church leaders, abuse survivors, and lay Catholics following the January 2002 Boston Globe “Spotlight” report.

In addition, a compensation program administered by mediators Kenneth Feinberg and Camile Biros is being set up. They run similar abuse compensation programs for Catholic dioceses in New York, Pennsylvania, New Jersey, and Colorado.

Feinberg, perhaps, is best known as the Special Master of the U.S. government’s September 11th Victim Compensation Fund for the victims of the 9-11 terror attacks.

If they haven’t already done so, past victims of sexual abuse by Catholic clergy should report what happened to law enforcement officials in the city or county where the abuse occurred before applying to the compensation program, the diocese said.

Under the program, victims, including undocumented immigrants, will be able to apply for compensation for past abuse, regardless of when the abuse occurred. The program is operated independently of church control.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Ex-seminarian’s struggle shows ‘overlapping jurisdictions’ gap in abuse crisis

ROME (ITALY)
Crux

June 6, 2019

By Inés San Martín and Christopher White

Seventeen years ago, a young foreign-born seminarian was packing his bags for the opportunity of a lifetime.

During a chance meeting at a Labor Day BBQ, the highly influential and now disgraced Cardinal Theodore McCarrick encouraged him to transfer to Washington, D.C., where he enrolled in the Theological College (TC), the national seminary located at Catholic University of America (CUA).

Little did he know that choice would influence the rest of his life.

The experience turned sour when “Martin,” a pseudonym, (it is the policy of Crux not to identify the victims of sexual abuse who do not want to be named) says he was sexually assaulted by a transitional deacon who was studying at TC and who would be ordained a priest the following year. (That man eventually left the priesthood.)

After the alleged incident took place in the early 2000s, Martin reported it to his spiritual director, his confessor, another seminarian and even to McCarrick. Two decades later it’s never been investigated, and it’s not even clear who would be responsible for looking into it and seeing justice done.

Martin’s case, and others like it, appear to illustrate two serious gaps in the Catholic Church’s overall response to the clerical abuse crisis: A problem of overlapping jurisdictions, and what happens when the victims aren’t minors.

In terms of responding to Martin’s claim, there are at least five entities involved: The seminary, the university, the Archdiocese of Washington, the diocese where the offender was incardinated at the time, and the Vatican. Under Church law, this represents a “conflict of competence,” which can be positive, should multiple parties want to take responsibility, or negative, if none want to assume jurisdiction.

To date, Martin’s efforts to press his case have been a tale of passing the buck, with each institution, to some extent, deferring to one or more of the others.

In the words of a high-ranking Church official aware of Martin’s case: “It proves that at times, when it comes to addressing abuse, we’re still making it up as we go.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

How sex scandal bishop blew $2m in church funds on luxury vacations, drugs, jet charters and booze – along with $200,000 on daily delivery of flowers to his office

LONDON (ENGLAND)
Daily Mail

June 2019

An investigation into former Roman Catholic Bishop Michael Bransfield in West Virginia found he misused church funds, spending $2.4million on personal travel – including charter jets and luxury hotels – $4.6million on renovations for his church properties, and $1,000 per month on liquor for himself and subordinates.

A report obtained by the Washington Post Wednesday claimed abuse of booze, oxycodone, and other prescription drugs ‘likely contributed to his harassing and abusive behavior’ during his 13 years as Wheeling-Charleston Diocese bishop.

It’s also claimed Bransfield, 75, used $182,000 to have fresh flowers delivered to his chancery office daily.

It’s not clear what all of the $350,000 in gifting was for but Bransfield was paid more money to cover gifting which he was later reimbursed for, plus additional funds to cover the tax burden that would come with it.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

SNAP Proposes Four Action Items for Bishops’ June Meeting

ST. LOUIS (MO)
Survivors Network of those Abused by Priests

June 6, 2019

Next week in Baltimore, bishops from across the United States will gather and discuss the future of their Church. We hope they will also be discussing concrete ways to protect children and vulnerable adults from the lifelong harm caused by clergy sexual abuse.

On the first of this month, Pope Francis’ recently-announced edict requiring all church staff to report cases of clergy abuse went into effect. While this move was a step in the right direction, by only requiring them to report internally and not to secular professionals in law enforcement, the Pope’s directive fell short. Now, with this gathering in Baltimore, Cardinal Daniel DiNardo and the rest of America’s bishops have a chance to strengthen these requirements and push forward real changes that will help prevent future abuse.

First, the bishops can and should require that all church staff to report their suspicions to police and prosecutors in addition to reporting internally. By involving outside investigations, Catholic officials can show that they want to prevent more cover-ups in the church.

Second, the bishops can and should require that, by the end of the year, every single diocese release a list of publicly accused priests, nuns, brothers, deacons, and any other church staff that have been alleged to have committed sex crimes against children or vulnerable adults. This process first started 17 years ago when the Diocese of Tucson released a list on June 21, 2002, and in the past year approximately half of the dioceses in the United States have released or updated lists of their own. It should not take more than the rest of the year for the remaining dioceses in the country to follow suit.

Third, the bishops can and should agree to cease any and all efforts – whether by dioceses directly or by Catholic Church-affiliated groups – to lobby against statute of limitations reform. The Church has successfully undercut this needed reform in places like Pennsylvania and South Dakota to the detriment of survivors, parents, and children. Church officials can show that they care more about the safety of their parishioners than protecting their pocketbooks by formally agreeing to cease these lobbying activities.

Finally, the bishops can and should turn over personnel records, sex abuse files, “secret archives” and “bishop’s archives” over to their state attorney general for investigation. So far, 20 states have begun investigations of clergy abuse and with support from the bishops themselves, that number could climb to 50 by the end of the year.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Archbishop William Lori Scrubs Mention of Financial Gifts in Report to Vatican on Bishop Michael Bransfield

ST. LOUIS (MO)
Survivors Network of those Abused by Priests

June 6, 2019

The fox is guarding the henhouse. Or rather, the bank accounts of the hens.

With the news that Archbishop William Lori scrubbed any mention of gifts or monetary exchanges between Bishop Michael Bransfield and some of his brother bishops from his report to the Vatican, we cannot help but feel that this is another example of bishops covering for bishops. Those feelings are compounded by the fact that Archbishop Lori himself was among the recipients of Bishop Bransfield’s lavish gifts.

Investigators have concluded that Bishop Bransfield gave large gifts to many of the young priests he sexually abused in order to keep them quiet. It is not hard to imagine that he similarly gave gifts to other bishops in hopes they would keep quiet as well.

Archbishop Lori claims he simply thought Bishop Bransfield was being generous and kind. But combined with the fact that there have been rumblings about Bishop Bransfield’s misconduct for years, it is difficult to take this claim at face value. Archbishop Lori similarly claims that he removed from the report any mention of the gifts because “it seemed arbitrary to mention one group who got gifts and not a lot of others.” Nonsense. Every group that received these gifts should have been mentioned and investigations should be underway to determine if any of those gifts were quid pro quo.

The fact is that cases of sexual abuse have been covered-up and mishandled by Church officials for far too long for us to have any faith that this change to the Vatican report was done innocently. Given that Pope Francis’ recently announced rules regarding “mandated reporting” for church staff requires internal reporting to bishops, this case shows, to us, why that internal reporting is not the bulwark that Pope Francis believes it will be.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Denuncian a curas de Córdoba por presuntos abusos sexuales

(ARGENTINA)
Diario Femenino [Santa Rosa, Argentina]

June 6, 2019

By Lisandro Tosello

Read original article

Denuncian a curas de Córdoba por presuntos abusos sexuales

Daniel Vera relata por primera vez el infierno que dice haber vivido en 1986, a sus 17 años, cuando, según su testimonio, fue ultrajado por el entonces cura Walter Eduardo Avanzini. Otros tres testimonios con experiencias similares.

Daniel Vera acaba de cumplir 50 años y no se calla más. Hace unas semanas, tras leer el informe que publicó La Voz sobre exmonjas cordobesas que dijeron haber sido abusadas, tomó coraje y decidió relatar el infierno que asegura haber vivido a los 17 años en Arias, una localidad ubicada 360 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital.

Vera relata que conoció al entonces cura Walter Eduardo Avanzini en 1985, por intermedio de su hermano, el ahora también exsacerdote Raúl Vera. Avanzini, luego de su etapa de formación en el Seminario Mayor de Córdoba y su ordenación en la diócesis de Río Cuarto, fue enviado a su destino pastoral en Arias.

Daniel, quien proviene de una familia muy católica, vivía a 53 kilómetros de esa localidad, en Canals, con su madre y su padre. Los domingos solía viajar a Río Cuarto para visitar a su hermano en el Seminario Mayor de esa ciudad. Fue en ese contexto que conoció a Avanzini, quien además de sacerdote era médico y oriundo de una localidad cercana, Sampacho.

“Cuando lo conocí, me pareció un dios. Era un tipo súper carismático. Yo quería ser como él”, recuerda Vera.

En 1985, Daniel cursaba cuarto año en el Instituto Belisario Roldán de Canals y ya soñaba con ser cura y misionero en África. Para sus padres, que se habían conocido dando catequesis, tener dos hijos religiosos no podía ser un regalo mejor, rememora.

Fue así como Daniel Vera y Avanzini se hicieron amigos. Al vivir en localidades vecinas, el adolescente empezó a visitar al cura en la parroquia.

“A veces, la Iglesia organizaba encuentros pastorales de jóvenes, y como él sabía que yo quería seguir sus pasos, me invitaba y yo viajaba”, detalla Vera. Y añade: “Me quedaba a dormir con él, en otra habitación”.

Daniel asegura que a veces, cuando se duchaba en la casa parroquial, Avanzini irrumpía en el baño para llevarle una toalla y lo veía desnudo. Afirma que en ese marco, el sacerdote le hizo una observación íntima, sobre su órgano sexual, aunque siempre dando la impresión de que se trataba de una preocupación médica.

“Me preguntó si no tenía problemas, porque tenía el prepucio largo”, expone Vera. Y agrega: “Como él era médico, no me hizo ruido lo que me dijo en ese momento. Pensé que era una observación profesional”.

En 1986, Daniel transitaba su último año en el secundario y su vocación por lo social crecía a pasos agigantados. Ya había decidido ser religioso y misionero. Su amistad con Avanzini continuaba, y su familia también se había encariñado con el sacerdote. Vera sostiene que en diciembre de ese mismo año fue invitado por Avanzini a un nuevo encuentro pastoral con estudiantes de Río Cuarto y Buenos Aires.

Firme en su decisión de ser sacerdote, el joven viajó a Arias ilusionado por compartir con otros adolescentes un nuevo encuentro pastoral, sin saber que ese diciembre, según sus palabras, le quedaría «marcado a fuego» para siempre.

Dice que una noche de mucho calor, Avanzini lo llamó a su habitación. Le explicó que quería saber cómo le estaba yendo con el resto de los estudiantes que estaban en la misión. Asegura Daniel que cuando ingresó a la habitación del cura, lo encontró en calzoncillos. Esa noche, según relata, ocurrió el abuso sexual que ahora denuncia públicamente.

Según el testimonio que Vera dio a este medio, el cura lo hizo sentar en la cama y empezaron a conversar. Luego de unos minutos, Avanzini lo abrazó y luego lo besó.

“Me quedé paralizado. Me empezó a manosear los genitales y a decirme cosas subidas de tono”. Luego, contó, “me dijo que lo penetre, pero yo no le hice nada”. Vera recuerda que Avanzini estaba muy excitado, pese a que no lo correspondió.

Mientras relata el episodio, Daniel se emociona, aunque reconoce que es la primera vez que lo puede decir sin llorar. No sabe cómo salió eyectado de esa habitación. Al día siguiente, Avanzini le habría advertido que se confesara. “Él –cuenta Vera– se hacía llamar ‘Papi’. No me preguntes por qué. Sólo recuerdo que me dijo que cuando me confesara no diga el nombre de Papi, porque lo podían castigar”.

Misión pastoral. Daniel Vera, en 1987 (Gentileza Daniel Vera).

A 33 años de esa traumática experiencia, Vera no sólo quiere visibilizar su caso a través de la prensa. Por medio de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, remitió una denuncia por escrito a la diócesis de Río Cuarto, dirigida al actual obispo, Adolfo Uriona.

Uriona, hace dos meses, suspendió a otro sacerdote que trabajaba en la localidad de Carnerillo, luego de que una mujer lo acusara de abuso sexual.

Vera fundó su denuncia en la legislación canónica vigente. Expuso los hechos que, cuenta, le ocurrieron con Avanzini, y pide una investigación. “Tenga por interpuesta formal denuncia contra el Pbro. Walter Avanzini por el delito de abuso sexual”, detalla en su presentación. Además, evalúa hacer una presentación en la Justicia penal de Córdoba.

Avanzini, aunque fue apartado del ministerio en 1998 luego de un escándalo público, y pese a encontrarse jubilado, es representante legal de un colegio de La Falda y brinda asesoramiento pedagógico a otra escuela de Colonia Caroya.

La Voz se comunicó con él para pedirle su punto de vista sobre las nuevas denuncias que lo involucran, pero manifestó que no tenía «ninguna intención de hacer una declaración” y colgó el teléfono. Luego se le envió un correo electrónico y un mensaje vía whatsApp, en los que se le hicieron conocer los puntos principales de la denuncia. Tampoco respondió.

Avanzini no es el único religioso denunciado, ni Vera la única presunta víctima que denuncia. Este informe recoge cuatro difíciles testimonios que apuntan hacia distintos protagonistas.

Conmoción en el Seminario

La historia de Daniel Vera no es la única que involucra a Avanzini. Tres años antes de los hechos relatados, en 1983, D. C. tenía 18 años cuando, entusiasmado, abandonó su Río Primero natal para ingresar al Seminario Mayor de Córdoba y convertirse en sacerdote.

Un año antes, D. C. (a su pedido, se reserva su identidad) había realizado las jornadas vocacionales que lo terminaron de encaminar hacia el sacerdocio. Relata que en el Seminario Mayor conoció a Avanzini, quien se estaba por ordenar de sacerdote y que además, por su profesión de médico, prestaba servicios a la comunidad eclesiástica.

En febrero de 1984, después de participar de un retiro espiritual en Los Molinos, D. C. volvió enfermo al seminario. “Tenía mucho dolor estomacal”, explica. Y añade: “Ahí entré en contacto con Avanzini. En el seminario, cada uno tenía su cuarto y él iba a revisarme en mi habitación. Me recetó una medicación y empecé a mejorar”.

Con el paso de los días, el médico-religioso asistía a su paciente durante la mañana y la tarde. D. C. describe que el acercamiento de Avanzini era gradual. “Me palpaba el estómago, el intestino y con el codo me rozaba los genitales y hacía chistes sobre el celibato”, evoca. Y prosigue: “Él usaba un ambo de médico. En una de las revisaciones tuve involuntariamente una erección. Él se bajó los pantalones y se sentó arriba mío”.

Para entonces, D. C. tenía 19 años y asegura que no supo para qué lado disparar. “Avanzini era un tipo grandote. Logré sacarlo de arriba y lo eché de la habitación. No hubo acto sexual. Él no quería curarme; él pretendía otra cosa”, dice.

Seminario Mayor. Donde se formó el excura Walter Avanzini (Facundo Luque/La Voz).

El seminarista afirma que después de esa situación no quiso saber más nada con el médico. “Él seguía insistiendo con que me quería revisar y yo no quería saber nada. Estaba obsesionado conmigo”, expresa.

D. C. dice que durante los meses posteriores la pasó mal, porque dentro del Seminario Mayor tenía que cruzar a Avanzini todo el tiempo, y que sólo un compañero de su camada supo lo que le había sucedido. Cuando el nombre de Avanzini apareció en la lista oficial de quienes serían ordenados sacerdotes, D. C. decidió denunciarlo.

“Fue en septiembre de 1984, seis meses después. Lo hablé con monseñor Carlos Ñáñez, actual arzobispo de Córdoba, quien era rector del Seminario Mayor. Me dijo que escribiera una carta en la que contara todo lo que me había sucedido”, detalla D. C. a La Voz. Y continúa: “A los tres días de la denuncia, expulsaron a Avanzini del Seminario de Córdoba y lo mandaron a Río Cuarto. Como él había nacido en Sampacho, pertenecía a la diócesis de Río Cuarto”.

Según relata D. C., a él le prometieron que lo iban a proteger, pero a las semanas de su denuncia lo mandaron a hacerse exámenes psicológicos. El obispo de Río Cuarto, Adolfo Arana (fallecido en 2003), quien hacía sólo un mes que había sido puesto a cargo de la diócesis, lo mandó a Ucacha con un sacerdote más grande, para que reflexionara sobre lo que había hecho en el Seminario Mayor de Córdoba, y en diciembre de 1985 Avanzini fue ordenado cura.

“Nunca pude digerir esa situación. La Iglesia Católica siempre fue cómplice. Sabían que hacía esas cosas y sin embargo pensaron que en unos meses en el campo iba a estar todo bien”, dice D. C. a 35 años de aquella experiencia.

Actualmente, D. C. vive en el interior de Córdoba, dejó el seminario debido a ese traumático episodio que dice haber vivido y formó una familia. Tuvo dos hijos, hoy de 30 y 23 años. “De mi familia, la única que supo lo que me pasó fue mi mamá. Del resto, no lo sabe nadie. Esta historia la puse en una caja y la guardé para siempre. Creo que el obispo que lo ordenó fue un hijo de puta, porque tendría que haber sabido que iba a arruinar a una comunidad”, concluye.

Niños en una plaza

En 1998, Walter Avanzini llevaba 13 años como sacerdote. Había sido trasladado de la parroquia de Arias a la de Berrotarán, a unos 150 kilómetros de la Capital, donde logró insertarse en la comunidad. Impulsó la creación de un jardín, un colegio primario y una escuela especial. Pero un informe periodístico expuso ese año de forma pública sus relaciones con niños.

Era agosto y hacía frío. El programa A decir verdad, que conducía el periodista Miguel Clariá y se emitía por Telefé Córdoba, emitió un informe sobre la prostitución de niños en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba. La sorpresa ocurrió al aire, cuando en medio del informe, los teléfonos de la producción empezaron a sonar una y otra vez. Decenas de vecinos de Berrotarán se dieron cuenta, al escuchar la voz, que el hombre que salía en el informe, pese a tener el rostro pixelado, era el párroco de su comunidad.

Marta Platía, entonces productora del ciclo, contó a La Voz que el objetivo del informe era denunciar el delito de prostitución de niños que ocurría en la Plaza San Martín a la vista de todo el mundo, y no denunciar a alguien en particular. “Evidentemente, el hombre era habitué en la plaza porque nosotros fuimos un día al azar y él cayó. A Avanzini lo reconoció un pueblo. Nosotros no sabíamos quién era. Quedamos estupefactos”, rememora.

Quien era obispo de Río Cuarto en 1998, Ramón Artemio Staffolani (ya fallecido), dijo “sentir vergüenza por la posibilidad de que un sacerdote católico esté involucrado en un episodio como ese”. Cinco días después de la emisión del programa, viajó a pedir perdón a toda la ciudad.

Pese a sus antecedentes, Avanzini no fue expulsado de la Iglesia Católica sino enviado a un retiro espiritual en San Fernando, provincia de Buenos Aires. La investigación judicial que inició por el caso el fiscal Pablo Sironi no arrojó novedades y el caso se desvaneció en semanas.

Avanzini siguió trabajando en el área educativa y en contacto con niños y adolescentes. Se desempeñó como docente en distintos colegios públicos. En 2011, pasó a cumplir funciones a una inspección zonal dependiente de la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza de la Provincia de Córdoba (Dipe), donde trabajó hasta el 31 de octubre de 2014, año en que finalizó sus funciones, según confirmaron a este medio fuentes oficiales del Ministerio de Educación de Córdoba.De 2014 a la actualidad, Avanzini se dedicó a estudiar. Sumó un profesorado, una licenciatura y una maestría a su curriculum vitae. Esta última la rindió en 2016: el tema de su tesis fue el “Acoso entre pares desde la mirada de los actores educativos adultos”.

REGISTRO PÚBLICO. Desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina reclaman de forma sistemática y continúa la creación de un registro público de religiosos denunciados y condenados por abuso sexual. “El Estado debería tener ese relevamiento como ocurre en otros países”, detalla Carlos Lombardi, abogado de la red.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

West Virginia attorney general ‘disappointed’ in level of church’s cooperation with sexual abuse probe

NEW YORK (NY)
ABC News

June 6, 2019

By Meghan Keneally and Pete Madden

West Virginia’s attorney general says church leaders in his state are withholding information that could prove useful in his fight to expose what he called “a history of secrecy and concealment” within the Catholic Church on alleged sexual abuse by members of the clergy.

In a recent interview with ABC News, Attorney General Patrick Morrisey, a Republican who has served as the state’s top law enforcement official since 2013, expressed concern that even after two subpoenas and a lawsuit, the state’s diocese of Wheeling-Charleston has yet to make a number of relevant documents available to his office.

“That’s not the kind of transparent process that West Virginians deserve, and the church can and should do better than that,” Morrisey told ABC News. “Those are actions that disappointed me. It disappointed me as the state’s attorney general, and it disappointed me as a Catholic.”

The push by the attorney general comes amid a turbulent time for the church, which is battling numerous sexual abuse scandals.

West Virginia is one of several states to probe abuse allegations in their local dioceses in wake of the Pennsylvania grand jury report detailing a massive cover-up of clergy abuse allegations by the Catholic Church. Investigations are currently underway in Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Maryland, Michigan, Missouri, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Vermont, Virginia, the District of Columbia and the Archdiocese of Anchorage in Alaska.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Catholic groups weigh in with ideas for bishops’ meeting on how to ‘solve’ abuse crisis

KANSAS CITY (MO)
National Catholic Reporter

June 6, 2019

By Peter Feuerherd

As the U.S. bishops prepare to meet June 11-14 in Baltimore, with sex abuse concerns at the top of their agenda, they don’t lack for advice.

Across the Catholic spectrum, groups and individuals have issued statements and offered declarations about how to fix the church.

John Carr, a retired staff member for the U.S. bishops and now director of the Initiative on Catholic Social Thought and Public Life at Georgetown University, urged the bishops to keep their focus.

“Empathy, urgency and action,” should be their mantra, he told NCR.

He sees Pope Francis’ latest letter issued motu proprio (on his own initiative), a document that called for worldwide accountability to address the issue of sex abuse, as a recognition by the Vatican that sex abuse “is a global problem that requires local action.”

The pope’s directive cites bishops as accountable for their personal actions as well as failure to address sex abuse in their dioceses, a concern that grew after the revelations about former Washington, D.C., cardinal Theodore McCarrick last year.

Carr, a survivor of sex abuse inflicted while he was a young seminarian, said that whatever the bishops come up with, it should involve the participation of laypeople in diocesan boards and in judgements of offending priests and bishops.

That view is not unique to Carr. Across the Catholic ideological spectrum, the call for lay involvement is a unifying message. Beneath that, differences about what change is needed come less from a liberal/conservative split than they do from divisions between those who still retain some trust in the bishops and those who don’t. The issue has been debated and argued about for more than three decades since NCR first published accounts of sex abuse in the Diocese of Lafayette, Louisiana, in June 1985.

Those who think that bishops can still get the church on track include the leadership of the Napa Institute, an organization for active Catholics with wealth and traditional leanings.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Cardinal DiNardo questions story about how he handled abuse case

WASHINGTON (DC)
Catholic News Service

June 6, 2019

By Rhina Guidos

Texas Cardinal Daniel N. DiNardo, of Galveston-Houston, president of the U.S. Conference of Catholic Bishops, denies a characterization of how he handled an accusation by a woman who said she was manipulated into a sexual relationship with his former deputy, a priest.

An account of the situation was published days before he is set to lead a meeting that will focus on how the U.S. Catholic Church can better handle abuse claims, including holding bishops accountable.

“The Archdiocese of Galveston-Houston categorically rejects the unprofessional, biased and one-sided reporting contained in today’s Associated Press story headlined ‘The Reckoning.’ At each step in this matter, Cardinal DiNardo has reacted swiftly and justly,” said a June 4 statement.

It was released hours after the news agency published a story about Laura Pontikes, who told the AP that she reported to the archdiocese what had happened between her and Msgr. Frank Rossi, a former vicar general in Galveston-Houston, whom she said she met in a confessional at a time when she was having problems in her marriage.

The incidents in question date from 2007, according to Pontikes’ account to the AP. She reported the incidents to the archdiocese in 2016.

“After Mrs. Pontikes reported an inappropriate relationship with Monsignor Rossi to the archdiocese on April 6th, 2016, Cardinal DiNardo removed him from the parish less than a week later and then sent Monsignor Rossi on April 21 to a treatment center for an assessment,” the statement said. “Upon his return to Houston, Monsignor Rossi formally resigned from the parish on May 6th. He then went to a rehabilitation program until early December.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Ruth Krall, Prolegomena: An Act of Re-Thinking

LITTLE ROCK (AR)
Bilgrimage blog

June 5, 2019

By William Lindsey

I’m very pleased to be able to share once again an outstanding essay by Ruth Krall. In this essay about re-thinking how we’ve come to view the phenomenon of sexual abuse of minors and vulnerable people in religious contexts, Ruth urges us to consider applying terms and concepts from the realm of public health to this phenomenon. Is this abuse an epidemic in religious contexts today? Is it endemic in religious structures? Is it pandemic? Because Ruth’s essay is dense and long, I’ve broken the essay into two parts. The second part will follow in a day or so, and will link to this first half. Here’s Ruth’s essay:

Prolegomena: An Act of Re-Thinking
Ruth Elizabeth Krall, MSN, PhD

In 2015, I spoke at SNAP’s national conference and I raised the issue of the clergy and religious leader sexual abuse phenomenon not as a mental health pathology problem (which it is), nor as a spiritual perversion (which it is), nor as an institutional corruption problem (which it is), but as a long-standing and poorly addressed public health issue. It was in that context that I raised the issue of the sexual violence advocacy movement’s need to involve the Surgeon General of the United States, the nation’s academic Public Health Community, the National Institute of Mental Health, and the United States Center for Disease Control and Prevention. (ii)

This public health agency help is urgently needed because these governmental agencies have the personnel and financial resources to do population-specific demographic studies. These kinds of studies are essential to our understanding of the specific issues contained within the clergy and religious leader sexual abuse narrative and to our finding a collective way forward that both can and will protect vulnerable individuals inside a wide variety of religious and spiritual traditions.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Youth pastor at Lansing church charged with sex assault of teenage girl

LANSING (MI)
Lansing State Journal

June 6, 2019

By Kara Berg

One of the youth pastors at the Bread House South church in Lansing is charged with sexually assaulting a teenage girl who is a member at the church.

Victor A. Trevino Jr., 22, is accused of inappropriately touching the girl and seeking sex acts from her for two years, according to court records.

The girl, who is between the ages of 13 and 15, according to records, told investigators Trevino touched her breast under her clothes and touched her buttocks above her clothes more than once at the church, according to court records. Trevino also touched her buttocks at Potter Park Zoo once while at a holiday party.

Lansing police received a report from the girl’s mother in March, who said her daughter had been molested on multiple occasions by Trevino, records show.

The alleged abuse occurred at Trevino’s home, the girl’s home, the Bread House South church and Potter Park Zoo.

The Bread House South church did not respond for comment Wednesday. Trevino did not have an attorney listed in court records.

Trevino asked the girl to send him naked photos over Snapchat, a social media application that erases photos and texts after they are sent. He also sent her photos and videos of his penis, records show.

He faces nine charges, including four counts of fourth-degree criminal sexual conduct, one count of child sexually abusive activity, one count of accosting a child for immoral purposes and two counts of using a computer to commit a crime.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Catholic Church spent $10.6 million to lobby against legislation that would benefit victims of child sex abuse

UNITED STATES
CBS News

June 5, 2019

By Christina Capatides

A new report released Tuesday reveals that, over the past eight years, the Catholic Church has spent $10.6 million in the northeastern United States to fight legislation that would help victims of clergy sexual abuse seek justice.

“At the most basic level, we were inspired by frustration,” says attorney Gerald Williams, a partner at Williams Cedar, one of four law firms that jointly commissioned the report. “We represent hundreds of people, who have truly been victimized by clergymen in the Catholic Church. We’ve heard a lot about the church’s desire to be accountable and turn over a new leaf. But when we turn to the form where we can most help people and where we can get the most justice — the courts of justice — the church has been there blocking their efforts.”

In New York, for example, the Catholic Church spent $2,912,772 lobbying against the Child Victims Act, which Governor Andrew Cuomo ultimately signed into law on February 14, 2019. The act gives survivors more time to seek justice against their abusers, increasing the age at which victims are able to sue from 23 to 55.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

West Virginia bishop spent church money on liquor, ‘luxury items’ and home renovations, church report says

WEST VIRGINIA
CNN

June 5, 2019

By Daniel Burke

The former Catholic bishop of West Virginia spent church money on “luxury items” — including liquor, travel and home renovations — and faces “credible” accusations that he sexually harassed adults under his authority, according to a report issued under a new Catholic policy to address misconduct by bishops.

The investigation into Bishop Michael Bransfield, formerly the head of the Diocese of Wheeling-Charleston, was led by Archbishop William Lori of Baltimore. It is the first in the United States to use the so-called “metropolitan model” since the church’s sexual abuse crisis escalated last summer.

Under that model, when an accusation arises against a bishop the complaint is handled by the local archbishop, or metropolitan. Those are usually the leaders of the region’s biggest cities, hence the name. The US Conference of Catholic Bishops is expected to formally adopt the new model at a meeting next week in Baltimore.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Reporter Who Broke R. Kelly Story: Abuse Was In ‘Full View Of The World’

WASHINGTON (DC)
National Public Radio

June 4, 2019

By Terry Gross

In November 2000, Jim DeRogatis, then music critic at the Chicago Sun-Times, received an anonymous fax in response to a review of he’d written of R&B star R. Kelly’s album TP-2.com. The fax, DeRogatis says, read:

I’ve known Robert [R. Kelly] for many years and I’ve tried to get him to get help, but he just won’t do it. So I’m telling you about it hoping that you or someone at your newspaper will write an article and then Robert will have no choice but to get help. … Robert’s problem — and this is the thing that goes back many years — is young girls.

DeRogatis began investigating the allegations in the fax and, in December 2000, he and his writing partner, Abdon Pallasch, published a story in the Sun-Times alleging that Kelly had engaged in sex with teenage girls. Kelly has denied all allegations.

DeRogatis expected the response to the story to be explosive, but instead it was muted. It was the beginning of his coverage of a story that he would chase for the next 19 years.

In February 2002, DeRogatis received another anonymous tip, this time in the form a videotape purportedly showed Kelly having sex with and urinating on an underage girl. “It was horrifying,” DeRogatis says of the tape. “The worst thing I’ve ever had to witness in my life.”

DeRogatis handed the tape over to the police, and in May 2002 Kelly was indicted on 21 counts of child pornography, seven of which were dropped before the case went to trial. In 2008, a Chicago jury acquitted Kelly of the remaining 14 charges.

This has happened in full view of the world for 30 years while he sold 100 million albums, opened the winter Olympics. … It all happened as everybody watched and nobody did anything.”

Still, allegations of abuse continued to swirl. In January 2019, Lifetime aired Surviving R. Kelly, a six-part docuseries focusing on Kelly’s alleged victims and their family members. In February of this year, he was charged in Cook County, Ill., on 10 counts of sexual abuse; last month, those prosecutors indicted him for a second time on new charges of sexual assault and abuse.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

In report to Vatican, Baltimore Archbishop Lori deleted mention of gifts from bishop he investigated

BALTIMORE (MD)
Baltimore Sun

June 6, 2019

By Jonathan M. Pitts

Baltimore Archbishop William E. Lori has acknowledged that he edited a report to the Vatican to delete mention that a bishop whose conduct he investigated gave financial gifts to nearly a dozen high-ranking Catholic clerics over the years.

The list of recipients included Lori, who says West Virginia Bishop Michael J. Bransfield gave him a total of $7,500 in gifts “for various occasions” since 2012.

See also: Baltimore archbishop takes steps to increase reporting of abuse, seeks to move archdiocese ahead on reform »

The occasions included Lori’s installation as archbishop of Baltimore in 2012 and several Christmases, Lori said Wednesday in an interview with The Sun. The gifts and Lori’s editing of the report were first reported by The Washington Post.

Bransfield resigned in September as bishop of the Diocese of Wheeling-Charleston, W. Va., under orders from Pope Francis after clerics in the diocese raised concerns about his behavior.

Allegations had surfaced that Bransfield engaged in both sexual and financial misconduct over a course of years.

The pope appointed Lori to oversee an investigation into the charges. He and a team of five lay people completed a 60-page report on their findings in February.

The lay investigators concluded that cash gifts Bransfield gave to dozens of fellow clergymen were part of a pattern of abuse of power that included sexual abuse of young priests and out-of-control spending.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

W.Va. bishop gave powerful cardinals and other priests $350,000 in cash gifts before his ouster, church records show

WASHINGTON (DC)
The Washington Post

June 5, 2019

By Michelle Boorstein, Shawn Boburg and Robert O’Harrow Jr.

In the years before he was ousted for alleged sexual harassment and financial abuses, the leader of the Catholic Church in West Virginia gave cash gifts totaling $350,000 to fellow clergymen, including young priests he is accused of mistreating and more than a dozen cardinals in the United States and at the Vatican, according to church records obtained by The Washington Post.

Bishop Michael J. Bransfield wrote the checks from his personal account over more than a decade, and the West Virginia diocese reimbursed him by boosting his compensation to cover the value of the gifts, the records show. As a tax-exempt nonprofit, the diocese must use its money only for charitable purposes.

The gifts — one as large as $15,000 — were detailed in a draft of a confidential report to the Vatican about the alleged misconduct that led to Bransfield’s resignation in September. The names of 11 powerful clerics who received checks were edited out of the final report at the request of the archbishop overseeing the investigation, William Lori of Baltimore.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Day two of Cardinal George Pell’s appeal against conviction gives Crown right of reply

SYDNEY (AUSTRALIA)
News Corp Australia

June 6, 2019

By Rohan Smith

The lawyer on centre stage at one of the biggest appeal hearings in the world has today slipped up, saying the one thing he is not allowed to say.

Lawyer for the Crown, Christopher Boyce QC, told a packed courtroom the name of one of George Pell’s victims.

Victims of sexual abuse cannot be publicly identified.

The slip-up had the potential to be catastrophic because the two-day appeal is being broadcast around the world via the Victoria Supreme Court’s weblink.

The prosecutor’s mistake was thankfully edited out of the live-feed, which has a 15-second delay.

Chief Judge Anne Ferguson said the feed was muted. “There are measures in place,” she said.

Mr Boyce spent the morning outlining all the reasons a jury was right to convict Cardinal George Pell of sexually abusing two choirboys inside the sacristy at Melbourne’s St Patrick’s Cathedral in 1996.

He spent day two of Pell’s appeal rejecting a notion put at trial that the sole witness to testify against Pell was “a liar” and revisiting testimony he said was overwhelmingly credible.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Number of Franciscan Priests Accused of Abuse Grows by Nine

SANTA BARBARA (CA)
Santa Barbara Independent

June 5, 2019

By Tyler Hayden

For the first time publicly, the Franciscan Friars of the Province of St. Barbara have identified 50 priests accused of sexually abusing children in its ministries since 1950. More than half — 26 — were assigned to St. Anthony’s Seminary or Old Mission Santa Barbara at some point in their careers, often after they’d been accused of molestation in another ministry, then reassigned to the Santa Barbara area.

While many of those 26 priests were previously known to attorneys, law enforcement, and victim advocates, nine names had never before been reported, according to attorney Tim Hale, who won a landmark case against the Franciscans in 2006 and has closely followed subsequent cases, as well as recent disclosures by the Catholic Church. All nine priests have died. Their names and the locations and dates of their Santa Barbara postings are as follows:

Note: These dates don’t necessarily reflect when the alleged abuse occurred, only when the accused priests were assigned here.

Camillus Cavagnaro — Old Mission Santa Barbara, 2005-2006

Philip Colloty — Old Mission Santa Barbara, 1973-1975

Adrian Furman — Old Mission Santa Barbara, 1989-2001

Martin Gates — St. Anthony’s Seminary, 1965-1966

Gus Hootka — Old Mission Santa Barbara, 1993-2006

Mark Liening — Old Mission Santa Barbara, 1941-1942, 1985

Finbar Kenneally — Old Mission Santa Barbara, 1939-1940; St. Anthony’s Seminary, 1977-1991

Felix “Raymond” Calonge — St. Anthony’s Seminary, 1965

Felipe Baldonado — Multiple CA missions (Oakland, Stockton, Santa Barbara, Los Angeles, and San Francisco), 1953-1964

Father David Gaa, the Province of St. Barbara’s leader, issued a statement alongside the full list, which was quietly posted on the order’s website late last Friday. “The list is being published as part of our continuous commitment to transparency and accountability,” he wrote. “We are determined to demonstrate, through this action, that we are committed to helping survivors and their families heal.”

Hale, among others, contends the release is actually a self-serving strategy by the Franciscans to preemptively shield the order from potential criminal liability after a Pennsylvania Grand Jury published a searing report against the Catholic Church last August. It was the most expansive investigation yet by a U.S. government agency of abuse within the organization. “Every Roman Catholic diocese around the country fears that Grand Jury report and what it might mean for them,” said Hale.

Last December, in a similar fashion to the Franciscans, the Archdiocese of Los Angeles and the Catholic Church’s western Jesuit province self-published a list of 200 clergymen accused of child molestation, 12 of whom held lengthy postings in Santa Barbara dating back to the 1950s.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Law firm releases list of 65 priests formerly in the Diocese of Rockville Centre accused of sexual abuse

GARDEN CITY (NY)
Long Island Herald

June 6, 2019

By Ben Strack

A report released by a Minnesota-based law firm last week lists the names of 65 priests who at one point worked in the Diocese of Rockville Centre and were accused of sexual abuse, as pressure from abuse survivors and their advocates on the diocese to release all names of those credibly accused continues.

The diocese is one of eight in the state, and comprises 133 parishes, 57 schools and 109 other facilities, according to the report compiled by Jeff Anderson and Associates. There are currently 304 priests, 289 permanent deacons, 60 religious brothers and 875 religious sisters in the Diocese of Rockville Centre, it adds, according to church records.

The 40-page report was created from publicly available sources, claims made by survivors to the dioceses responsible for the offenders and legal settlements, it states. The histories of where the listed priests were assigned were gathered from the Official Catholic Directory, BishopAccountability.org, statements from church officials, diocesan records and media reports.

At a news conference in Uniondale on Monday, Anderson joined Steven Werner, of North Carolina, who alleged he was abused in the 1970s by the late Rev. Peter Charland in St. James. The two called for the diocese to release the names of credibly accused priests. The New York Archdiocese, the Diocese of Brooklyn, among others, have published such lists in the past few months.

Sean Dolan, spokesman for the Diocese of Rockville Centre, wrote in a statement last month that the diocese “believes that while the investigations of claims and allegations are ongoing, it is premature to release a list of accused clergy.” He added that not one priest or deacon of the diocese who has been the subject of a credible and substantiated claim of abuse against a child is in the ministry, and that all allegations, credible are not, are reported to authorities.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Former Ann Arbor priest arrested for sexual assault

ANN ARBOR (MI)
Michigan Daily

June 5, 2019

By Claire Hao

Timothy M. Crowley, a former priest at St. Thomas the Apostle Catholic Church in Ann Arbor, was arrested on May 23 in Tempe, AZ, according to Maricopa County jail records. The next day, Michigan Attorney General Dana Nessel announced Crowley was one of five Michigan Catholic priests her office charged with criminal sexual misconduct.

Crowley, 69, was charged in Washtenaw County with four felony counts of first-degree criminal sexual conduct, with a maximum sentence of life in prison, and four counts of second-degree criminal sexual conduct, with a maximum sentence of 15 years in prison. He is accused of assaulting a minor boy for about eight years, including for three years while at St. Thomas from 1987 to 1990.

The charges come after months of investigation into sexual abuse by Michigan clergy inside the Catholic Church. The investigation was started in August 2018 by Nessel’s predecessor, former Attorney General Bill Schuette, following a report exposing widespread sexual abuse in the Pennsylvania Catholic Church.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Facing calls for resignation, Church says cardinal addressed abuse ‘swiftly’

HOUSTON (TX)
Associated Press

June 5, 2019

Representatives of a top leader of the U.S. Catholic Church say he acted “swiftly and justly” to the allegations made by a woman who claims his former deputy lured her into a sexual relationship.

The Archdiocese of Galveston-Houston issued a statement Tuesday in response to an Associated Press investigation of Cardinal Daniel DiNardo, who is leading the U.S. church’s response to its sex abuse scandal.

The Survivors Network of those Abused by Priests is calling on a top U.S. cardinal to resign or step aside from his role leading the U.S. Catholic Church’s response to its sex abuse crisis.

Laura Pontikes accuses DiNardo of not fulfilling the archdiocese’s promises to prevent Monsignor Frank Rossi from being a pastor or counseling women after engaging in a sexual relationship with her. Instead, DiNardo allowed Rossi to go to a parish in rural east Texas under another diocese.

The statement from church officials says DiNardo agreed not to reassign Rossi in his archdiocese.

It accuses the AP of publishing “unprofessional, biased and one-sided reporting,” and says some comments attributed to DiNardo by Pontikes and her husband, George, are “an absolute fabrication.”

It also says Pontikes demanded $10 million from the archdiocese.

Pontikes acknowledges she made a demand for an unspecified amount of money in an off-the-cuff fit of anger, but says she was clear from the start that she wasn’t interested in a financial payoff.

The Pontikeses and her lawyer told AP that details of mediation, including any financial negotiations, were confidential.

SNAP lauded Pontikes for “speaking out against wrongdoing and in standing up for other survivors.” The group accuses DiNardo of having “compounded” the difficulties faced by adults who allege abuse in the church.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Diocese official says allegations against Bransfield are credible

PARKERSBURG (WV)
News & Sentinel

June 6, 2019

By Jess Mancini

An investigation of the former bishop of the Diocese of Wheeling-Charleston has found the allegations of sexual harassment against him are credible, the apostolic administrator of the diocese said in a letter released on Wednesday.

Bishop William E. Lori, apostolic administrator, also said he has given $7,500 to the diocese, the value of gifts he received over the years from former Bishop Michael Bransfield, whose handling of finances for the diocese was also under investigation.

West Virginia Attorney General Patrick Morrisey on Wednesday said the letter from Lori underscores why the diocese must release the investigative report into alleged misconduct by Bransfield.

Bransfield retired last year, and Lori was appointed apostolic administrator with the instructions from Pope Francis that he commence an investigation into Bransfield.

“Regarding allegations of sexual harassment of adults by Bishop Bransfield, the investigative team determined that the accounts of those who accused Bishop Bransfield of sexual harassment are credible,” Lori said in the letter. “The team uncovered a consistent pattern of sexual innuendo and overt suggestive comments and actions toward those over whom the former bishop exercised authority.

“The investigation found no conclusive evidence of sexual misconduct with minors by the former bishop during its investigation,” he said. “It should be noted that due to privacy concerns and at the request of those who alleged harassment by Bishop Bransfield, the alleged victims and their personal accounts, which for them are a source of deeply felt pain and humiliation, will not be disclosed by the diocese.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Catholic Church Reimbursed U.S. Bishop Who Paid $350,000 to Clergy After Wild Tales of Sex, Drugs, and Luxury Living

NEW YORK (NY)
Slate

June 6, 2019

By Elliot Hannon

The Catholic Church always provides good fodder for Hollywood-like thrillers, that is the inner workings of the church often include the fundamental elements of a good cinematic tale, namely: sex, drugs, money, and, inevitably, a coverup. A new Washington Post investigation in to the church has everything Hollywood could hope for, implicating a former Catholic bishop in West Virginia who spent millions on a lavish lifestyle in one of the poorest states in the country and gave away as much as $350,000 in gifts to clergy before being ousted from the church in September amidst claims of sexual abuse and financial impropriety. Nine men in the Wheeling-Charleston diocese accused Bishop Michael Bransfield of groping, kissing or exposing himself to them or commenting on their bodies. The hundreds of thousands of dollars in cash gifts from Bransfield were given to young priests he is accused of mistreating, as well as to powerful cardinals in the U.S. and the Vatican itself.

The details of Bransfield’s misconduct were outlined in a confidential internal Vatican investigation following Bransfield’s resignation last fall. The instances of abuse, reported by the Post, are staggering:

There were “troubling hugs” from Bransfield, the seminarians and young priests told investigators. On some of these occasions, they alleged, Bransfield appeared to be intoxicated. Others said he warned them not to “get fat.” One said Bransfield slapped him on the buttocks at Castel Gandolfo in Italy, the summer residence of the pope… One seminarian recalled sitting on Bransfield’s lap, being kissed by the bishop and thinking: “I either do this, or I have to completely reinvent my life.” Bransfield asked him to take his pants off, but he refused, the seminarian told investigators. The seminarian later suffered an emotional breakdown and became deeply depressed, the report says.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

June 5, 2019

Bishop sent cash to priests he was accused of mistreating, Vatican report says

WASHINGTON (DC)
Washington Post

June 5, 2019

By Michelle Boorstein, Shawn Boburg, and Robert O’Harrow Jr.

In the years before he was ousted for alleged sexual harassment and financial abuses, the leader of the Catholic Church in West Virginia gave cash gifts totaling $350,000 to fellow clergymen, including young priests he is accused of mistreating, and more than a dozen cardinals in the United States and at the Vatican, according to church records obtained by The Washington Post.

Bishop Michael Bransfield wrote the checks from his personal account over more than a decade, and the West Virginia diocese reimbursed him by boosting his compensation to cover the value of the gifts, the records show. As a tax-exempt nonprofit, the diocese must use its money only for charitable purposes.

The gifts – one as large as $15,000 – were detailed in a draft of a confidential report to the Vatican about Bransfield’s alleged misconduct. The names of 11 powerful clerics who received checks were edited out of the final report at the request of the archbishop overseeing the investigation, William Lori of Baltimore.

Lori’s name was among those cut. He received a total of $10,500, records show.

Lori wanted the names removed because he feared they would be “a distraction” from the report’s other findings, according to a person familiar with the investigation who was not authorized to discuss the findings. The Post obtained both versions of the report, along with numerous emails and financial records.

The investigation was launched by the Vatican last fall after clerics in West Virginia raised concerns about Bransfield’s behavior. Five lay investigators concluded that the cash gifts were part of a broader pattern of abuse of power by the bishop, including harassing young priests and spending church money on personal indulgences.

“Bishop Bransfield adopted an extravagant and lavish lifestyle that was in stark contrast to the faithful he served and was for his own personal benefit,” they wrote in the final report.

During his 13 years as bishop in West Virginia, one of the poorest states in the nation, Bransfield spent $2.4 million in church money on travel, much of it personal, which included flying in chartered jets and staying in luxury hotels, according to the report. Bransfield and several subordinates spent an average of nearly $1,000 a month on alcohol, it says. The West Virginia diocese paid $4.6 million to renovate Bransfield’s church residence after a fire damaged a single bathroom. When Bransfield was in the chancery, an administrative building, fresh flowers were delivered daily, at a cost of about $100 a day – almost $182,000 in all.

Bransfield, 75, drew on a source of revenue that many parishioners knew little about, oil-rich land in Texas donated to the diocese more than a century ago. He spoke of church money as if it were his to spend without restriction, according to the report.

“I own this,” he is quoted as saying on many occasions.

In statements after receiving questions from The Post, Lori said that “in light of what I have come to learn of Bishop Bransfield’s handling of diocesan finances,” he is returning $7,500 to the diocese and asking that it be donated to Catholic Charities.

He also told members of the diocese in a statement that he received permission “as of today” to sell the bishop’s residence in Wheeling and use the proceeds to support victims and survivors of sexual abuse.

He acknowledged that the names of senior clerics were cut from the final report.

“Including them could inadvertently and/or unfairly suggest that in receiving gifts for anniversaries or holidays there were expectations for reciprocity,” he wrote. “No evidence was found to suggest this.”

In an interview with The Post, Bransfield disputed the allegations, saying “none of it is true,” but he declined to go into detail because attorneys had advised him not to comment. One of his attorneys said Lori has not responded to Bransfield’s request for a copy of the report.

“Everybody’s trying to destroy my reputation,” Bransfield said by phone without elaborating. “These people are terrible to me.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Pittsburgh lawsuit details allegations of church negligence in vetting Nigerian priest accused of rape

PITTSBURGH (PA)
Tribune Review

June 5, 2019

By Deb Erdley

Kathy Coll still has trouble processing how the Catholic Church responded two years ago when she reported she had been raped in 2016 by a Nigerian priest who was studying at Duquesne University and assisting in her North Hills parish.

Coll, a retired high school English teacher and Eucharistic minister who sang in the choir, taught CCD classes and volunteered countless hours for her church, said that day changed her life.

The widowed mother of two adult sons remains active in her church.

But Wednesday, Coll, 68, filed a 13-count lawsuit against the priest, Cyprian Duru , the Catholic Diocese of Pittsburgh, Bishop David Zubik, and St. Teresa of Avila Roman Catholic Parish, her Ross Township church.

Her complaint charges that the diocese failed to properly vet Duru before assigning him to a parish where she and others were asked to give support and assist to a predator priest from a region where clergy were known to prey on older women. She alleges that the assault occurred in December 2016.

“I spent 2 ½ years trying to get someone to listen to me,” Coll said. “No one was listening to me, so I decided it was time to say I want to make something happen here.”

She alleges that the church heard complaints from others about Duru’s inappropriate behavior toward older women, failed to act quickly, and later neglected to explain why Duru was removed from ministry after she reported her assault.

Her complaint bears echoes of hundreds of allegations in last summer’s Pennsylvania grand jury report that detailed decades of church inaction against priests accused of child sexual abuse in Catholic dioceses across the state.

Coll’s suit details her account of how Duru — whom she agreed to tutor in English and occasionally transported to Pittsburgh — began taking frequent walks through her neighborhood that fall. On Dec. 11, 2016, Coll said Duru stopped by her home on the pretense of giving her a Christmas card. She said when she offered him a cold drink, he followed her to her family room, overpowered her and assaulted her as she screamed for him to stop.

Duru, who remains at Duquesne on a student visa, could not be reached for comment.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Texas couple stands by story after US cardinal pushes back

ROME (ITALY)
Associated Press

June 5, 2019

By Nicole Winfield

The Texas couple that accused top U.S. Cardinal Daniel DiNardo of mishandling a sexual misconduct case against his former deputy is denying his office’s claims that they fabricated quotes and demanded $10 million, saying they are being dismissed the way the church dismisses other victims.

George Pontikes, president and CEO of the Houston-based construction firm Satterfield & Pontikes, said Wednesday he stood by his comments reported to The Associated Press recounting meetings with DiNardo in 2016 and 2017. The diocese had said it “categorically rejects” the story as biased and one-sided – a response Pontikes called disappointing but not surprising.

“It is another example of a smoke screen designed to cover up wrongdoings,” he said.

His wife, Laura Pontikes, had approached DiNardo’s Galveston-Houston archdiocese in April 2016 to report that the then-vicar general had taken advantage of problems in her marriage and business to manipulate her into a sexual relationship. Emails turned over to the archdiocese and AP show that while the sexual relationship grew, Rossi heard her confessions, counseled her husband on their marriage and solicited hundreds of thousands of dollars in donations for the church.

Houston police are now investigating. Following inquiries by AP, Rossi’s new bishop placed him on leave Tuesday pending the outcome of the police investigation.

The case is significant because DiNardo is heading up the U.S. Catholic Church’s response to the clergy sex abuse scandal, which exploded anew last year worldwide. As president of the U.S. Conference of Catholic Bishops, DiNardo will lead a meeting next week to approve new measures for accountability over abuse.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Catholic Church investigation concludes Bransfield sexually harassed younger priests, misused church money

CHARLESTON (WV)
Metro News

June 5, 2019

By Jeff Jenkins

Former Wheeling-Charleston Bishop Michael Bransfield regularly sexually harassed young priests he oversaw and committed financial improprieties during his 13 years of leading the Catholic Church in West Virginia.

The findings come from an investigation commissioned by the apostolic administrator of the Diocese and released in a letter to Catholic Church priests and church members Wednesday afternoon.

The letter written by Rev. William E. Lori, the Archbishop of Baltimore, who has served as Wheeling-Charleston Diocese apostolic administrator since Bransfield’s resignation last September, details the results of a five-month investigation by a five-member lay investigative team made up of both Catholics and non-Catholics.

Lori said after dozens of interviews with those who worked closely with Bransfield it was determined the allegations of sexual harassment of adults were credible.

“The team uncovered a consistent pattern of sexual innuendo, and overt suggestive comments and actions toward those over whom the former bishop exercised authority,” Lori said in Wednesday’s letter.

Lori said there was no conclusive evidence that Bransfield, 75, participated in sexual misconduct with minors.

According to Lori, the investigation also found Bransfield engaged in excessive and inappropriate spending including expensive renovations to residences in Wheeling and Charleston.

“The investigation further found that Bishop Bransfield misused Church funds for personal benefit on such things as personal travel, dining, liquor, gifts and luxury items,” Lori said.

A report published Wednesday afternoon in the Washington Post, 18 minutes after Lori released the letter to the church community, provides additional details about the investigation saying Bransfield gave cash gifts totaling more than $350,000 to fellow clergymen including those he was allegedly mistreating.

According to The Post, which was able to obtain the full investigative report, the cash gifts followed sexual harassment complaints from “younger male clerical assistants.”

File

Archbishop William Lori
Archbishop Lori was one of higher ranking members of the church to receive money from Bransfield. He disclosed that in Wednesday’s letter.

“In the spirit of full disclosure, I feel it necessary to acknowledge that I was periodically a recipient of financial gifts in varying amounts by Bishop Bransfield for various occasions over the years, including my installation as Archbishop of Baltimore in 2012 and annually at Christmas. These gifts totaled $7,500. In light of what I have come to learn of Bishop Bransfield’s handling of diocesan finances, I have returned the full amount to the Diocese and have asked that it be donated to Catholic Charities,” Lori wrote.

The Post, citing the investigative report, says Bransfield spent $2.4 million of the church’s money on travel and many of the trips were personal.

“Bransfield and several subordinates spent an average of nearly $1,000 a month on alcohol, it says. The West Virginia diocese paid $4.6 million to renovate Bransfield’s church residence after a fire damaged a single bathroom. When Bransfield was in the chancery, an administrative building, fresh flowers were delivered daily, at a cost of about $100 a day — almost $182,000 in all,” The Post reported.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

California bill helps victims of sexual abuse passes Assembly

FRESNO (CA)
YourCentralValley.com

June 5, 2019

By Pedro Quintana

Assembly Bill 218 is making its way through the state capitol that would extend the statute of limitations for victims of childhood sexual abuse.

The current law, states that victims have until they’re 26 years old to file a lawsuit against the accuser, the assembly bill would extend that until those victims are 40 years old.

Clergy Abuse attorney Jeff Anderson is asking the Catholic Diocese of Fresno to come clean.

“The real reason is so many catholic bishops and top officials have been so complicit in these crimes and apart of covering them up they don’t want to have this information revealed and made public,” Anderson said.

The diocese of Fresno has opened an investigation against Monsignor Craig Harrison from Bakersfield, who was a priest in Firebaugh and Merced.

Father Raul Diaz of Dinuba was put on paid administrative leave after allegations of sexual abuse of a minor.

Last month, six California Diocese including Fresno announced a new program, to compensate alleged victims who were abused by a catholic priest. An attorney who represents victims said the compensation program is not transparent.

“This program does not reach out to all survivors,” Clergy Abuse Attorney Mike Reck said.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Number of Franciscan Priests Accused of Abuse Grows by Nine

CIUDAD OBREGóN (MEXICO)
Santa Barbara Independent [Santa Barbara CA]

June 5, 2019

By Tyler Hayden

Read original article

For the first time publicly, the Franciscan Friars of the Province of St. Barbara have identified 50 priests accused of sexually abusing children in its ministries since 1950. More than half — 26 — were assigned to St. Anthony’s Seminary or Old Mission Santa Barbara at some point in their careers, often after they’d been accused of molestation in another ministry, then reassigned to the Santa Barbara area.

While many of those 26 priests were previously known to attorneys, law enforcement, and victim advocates, nine names had never before been reported, according to attorney Tim Hale, who won a landmark case against the Franciscans in 2006 and has closely followed subsequent cases, as well as recent disclosures by the Catholic Church. All nine priests have died. Their names and the locations and dates of their Santa Barbara postings are as follows:

Note: These dates don’t necessarily reflect when the alleged abuse occurred, only when the accused priests were assigned here.

Camillus Cavagnaro — Old Mission Santa Barbara, 2005-2006

Philip Colloty — Old Mission Santa Barbara, 1973-1975

Adrian Furman — Old Mission Santa Barbara, 1989-2001

Martin Gates — St. Anthony’s Seminary, 1965-1966

Gus Hootka — Old Mission Santa Barbara, 1993-2006

Mark Liening — Old Mission Santa Barbara, 1941-1942, 1985

Finbar Kenneally — Old Mission Santa Barbara, 1939-1940; St. Anthony’s Seminary, 1977-1991

Felix “Raymond” Calonge — St. Anthony’s Seminary, 1965

Felipe Baldonado — Multiple CA missions (Oakland, Stockton, Santa Barbara, Los Angeles, and San Francisco), 1953-1964

Father David Gaa, the Province of St. Barbara’s leader, issued a statement alongside the full list, which was quietly posted on the order’s website late last Friday. “The list is being published as part of our continuous commitment to transparency and accountability,” he wrote. “We are determined to demonstrate, through this action, that we are committed to helping survivors and their families heal.”

Hale, among others, contends the release is actually a self-serving strategy by the Franciscans to preemptively shield the order from potential criminal liability after a Pennsylvania Grand Jury published a searing report against the Catholic Church last August. It was the most expansive investigation yet by a U.S. government agency of abuse within the organization. “Every Roman Catholic diocese around the country fears that Grand Jury report and what it might mean for them,” said Hale. 

Last December, in a similar fashion to the Franciscans, the Archdiocese of Los Angeles and the Catholic Church’s western Jesuit province self-published a list of 200 clergymen accused of child molestation, 12 of whom held lengthy postings in Santa Barbara dating back to the 1950s.

Gaa said the heightened public awareness of criminal activity within his order “came in the early 1990s from St. Anthony’s, our minor seminary in Santa Barbara. Since those early days, the friars have worked to help with the healing process for those who were abused and for the protection of children.” The order currently oversees 136 priests in ministries throughout California, Arizona, New Mexico, Oregon, and Washington state. It’s headquartered in Oakland.

The order, which didn’t return calls for comment, deemed an allegation credible if there was “a preponderance of evidence that the allegation [was] more likely true than not” after an internal investigation, according to its website. Priests who’d been convicted in court or admitted to the crimes were also named. More than 120 victims were identified, the friars said. In many instances, they claimed, the accusations were made several years or decades after the alleged abuse occurred, oftentimes after the priest had died.

The list, posted in its entirety below, illuminates when certain priests were accused of molesting minors and when they were placed in Santa Barbara. Gerald Chumik, for instance, was assigned to the Santa Barbara mission in 2003 despite being accused in 1990 of forcing a boy to perform oral sex on him. The Franciscans admitted to first receiving a report of Gus Krumm’s misconduct in 1980, yet they allowed him to continue serving in Santa Barbara until 1982, and again from 1985-88.

Of the 50 total named priests, only four are still alive. Three of them — Chumik, Stephen Kain, and Josef Prochnow — held positions in Santa Barbara. Kain was named in a 2004 lawsuit for assaulting at least one student while working at St. Anthony’s Seminary in the mid-1980s. He was named again in Los Altos in 2001. Prochnow is accused of abusing minors at St. Anthony’s Seminary from 1971-1978. All three, the order claims, now live in “elder care facilities” under what it calls a Safety Plan, a sort of supervised probation for offending priests administered by the order’s internal Review Board. The order has not said where these facilities are located.

Hale said he has reason to believe at least one of them is located in a residential California neighborhood “with families nearby who have no way of knowing who these men are or the risk they pose to children.” Hale said, “The only reason the Franciscans can get away with this is because they never reported the perpetrators to law enforcement, or if they did, it was long after the criminal statute of limitations had expired.” As a result, he said, the men escaped prosecution and having to register as sex offenders. The description of an “elder care facility” may also be misleading, Hale said. “It creates the false impression that these men are in failing health and perhaps less of a threat.” But just last month, he learned, Prochnow was ministering across the street from a school. “I’d love to see the state attorney general step in and look at whether the Franciscans breached their duties as mandatory reporters,” Hale said. “It may be too late, but it’s worth an investigation.”

Hale said while the new names will help the public better understand the sheer scope of the abuse perpetrated by the Franciscans, it likely omits any information that could open them to legal liability. “This is the Franciscans protecting their own,” he said. “Their feet are being held to the fire, and that’s the only reason they’re releasing this information. But I’m confident this is not the complete story.” Now by his count, Hale said, “37 Franciscan predators have been assigned, in residence, or performed their ministry on a recurring basis in Santa Barbara.” The Franciscans dispute that number, he said.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Archbishop Lori, an ‘early adopter,’ talks about holding bishops accountable on abuse

WASHINGTON (DC)
Archdiocese of Baltimore

June 5, 2019

When it comes to holding himself and other bishops accountable, Baltimore Archbishop William E. Lori is the earliest of early adopters.

Before Pope Francis issued his “motu proprio” instructing the world’s dioceses on handling allegations against bishops, before the U.S. bishops themselves vote on such procedures, Archbishop Lori had implemented a comprehensive series of reforms regarding bishop accountability in his archdiocese.

And ahead of a likely vote on a process by which the nation’s archbishops would be charged with investigating allegations made against any bishops in their province, Archbishop Lori has already done it.

When the U.S. bishops meet June 11-14 to discuss a series of proposals outlining a process for holding themselves accountable, Archbishop Lori will have a unique perspective: He’s already put into practice much of what they will be voting on.

It started after last November’s meeting, when the U.S. bishops discussed, but at the request of the Vatican did not vote on, a series of proposals that would legislate how to hold themselves accountable.

Having held listening sessions around his archdiocese in the wake of revelations of abuse by then-Cardinal Theodore E. McCarrick as well as the release of a Pennsylvania grand jury report, Archbishop Lori was aware that people wanted a transparent way to report wrongdoing not just about priests and church workers, but about bishops.

“I asked myself, ‘What can we do? Can’t we do something right now to respond to what I heard in those many evenings I spent with laity around the archdiocese?’” Archbishop Lori recalled in a June 3 interview with Catholic News Service. “And the answer was yes.”

The Baltimore Archdiocese took an independent reporting tool called “EthicsPoint” that it was already using, and promoted it as a way to collect any allegations of inappropriate behavior by Baltimore bishops. To address concerns that a report might be “submerged” by an archdiocesan office, Archbishop Lori said, complaints are reviewed by “two retired judges who were on the independent review board.”

Once they had assessed any complaint for “a minimal threshold for credibility,” they would then report it to law enforcement and the nuncio.

Archbishop Lori said the process has been “pretty well received,” judging from feedback he has gotten from his visits around the archdiocese. The Archdiocese of Boston and the Diocese of Wheeling-Charleston, West Virginia, have subsequently implemented similar reporting programs.

Archbishop Lori also has become an early example of what is being called “the metropolitan option.” In the wake of the McCarrick scandal, the bishops and the Vatican have been grappling with how to address allegations about abuse or the cover-up of abuse when made against bishops.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Latest Catholic scandal spotlights questions of consent in priest-parishioner relationships

WASHINGTON (DC)
Religion News Service

June 5, 2019

By Jack Jenkins

New questions about how Catholic leaders deal with sexual misconduct arose Tuesday (June 4) after a Texas woman claimed in a news report that church officials in Houston allowed a priest with whom she had a sexual relationship to continue in ministry at a parish two hours away.

Yesterday’s story following an Associated Press investigation detailed an unsettling account of Laura Pontikes, who said Cardinal Daniel DiNardo, head of the Archdiocese of Galveston-Houston the current president of the U.S. Conference of Catholic Bishops, failed to respond adequately to her 2016 claim that Monsignor Frank Rossi, a deputy to DiNardo, had begun a relationship in August 2012 after the cleric spent years as her priest and confessor.

Pontikes claimed that Rossi induced her to perform sexual acts in his office during spiritual direction sessions, absolving her of her sins and eventually consummating their relationship with intercourse — all while the priest argued that such “holy touches” were encouraged by Paul the Apostle. Rossi also allegedly pushed her and her husband to donate millions of dollars to his church, St. Michael the Archangel.

In the era of #MeToo and #ChurchToo, the fact that the accuser is an adult has not spared the church new scrutiny about the church hierarchy’s slowness to respond to sexual misconduct claims or about what experts have been quick to call confusion regarding what constitutes consent.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

To the Priests and Lay Faithful of the Diocese of Wheeling-Charleston

WHEELING (WV)
Diocese of Wheeling-Charleston

June 5, 2019

By Archbishop William Lori

As you know, last September, upon the Holy Father’s acceptance of the resignation of
former Wheeling-Charleston Bishop Michael J. Bransfield, I was appointed by the Holy See to
serve as Apostolic Administrator of the Diocese and assigned to commission a preliminary
investigation into allegations of sexual harassment of adults and financial improprieties
committed by the former bishop. In March, at the time of the investigation’s conclusion, I
reported to you that I appointed five lay investigators – both Catholic and non-Catholic alike – of
with professional competency in civil law, finance, human resources, and canon law, to conduct
the investigation. Their work occurred over a five-month period and included interviews with
dozens of individuals who had worked closely with the former bishop and interacted with him
in a variety of ways, and whose knowledge and perspective would inform the findings. As I
shared with you two months ago, I submitted the preliminary investigation to the Holy See for
final judgment and suspended Bishop Bransfield’s priestly and episcopal faculties within the
Diocese of Wheeling-Charleston and the Archdiocese of Baltimore, as was my prerogative to do
so as the Metropolitan Archbishop and as the Apostolic Administrator of the Diocese of
Wheeling-Charleston.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

SNAP Applauds Victims in West Virginia

ST. LOUIS (MO)
Survivors Network of those Abused by Priests

June 5, 2019

We at SNAP applaud the brave victims for coming forward and getting Bishop Bransfield’s wrongdoings exposed and stopped.

After reading the letter from Bishop Lori regarding the church’s investigation into Bishop Bransfield’s alleged sexual harassment, we feel that law enforcement should get involved and do an investigation into Bransfield and the Wheeling-Charleston diocese.

We also are still wondering what is the punishment for Bransfield and what will happen to him? We feel he should never work in any diocese again or be near children or vulnerable adults. Let’s not forget his allegations of sexual abuse of minors in Philadelphia.

The church officials of the Wheeling-Charleston diocese should reach out to any others to come forward and report any kind of abuse to law enforcement.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Diocese: Ex-bishop used sexual innuendo toward subordinates

CHARLESTON (WV)
Associated Press

June 5, 2019

By John Raby

The head of West Virginia’s Roman Catholic diocese says an investigation into a former bishop found a “consistent pattern” of sexual innuendo and suggestive comments and actions toward subordinates.

Archbishop William Lori of the Wheeling-Charleston Diocese on Wednesday released the results of an investigation into claims against ex-Bishop Michael Bransfield, who resigned last year.

Lori says an investigation team determined that the accusations against Bishop Bransfield are credible. It found no conclusive evidence of sexual misconduct by Bransfield involving minors.

Lori says the investigation determined Bransfield also misused church funds for his own benefit, including to pay for expensive renovations to his private residences in Wheeling and Charleston, and his intended retirement residence.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Ex-priest from N.J. met his killer online through ad asking men to wrestle in ‘submission’ matches, Nevada cops say

NEWARK (NEW JERSEY)
Star Ledger

June 5, 2019

By Kelly Heyboer

Then-Rev. John Capparelli allegedly spent decades in New Jersey organizing wrestling matches for young boys and teenagers in church basements and youth clubs where he sometimes donned a Speedo and wrestled the young men in “submission” matches that often turned brutal and sadistic.

Capparelli was suspended in 1992 and eventually defrocked by the Catholic Church after some of the boys alleged he violently groped them during the wrestling matches and sexually assaulted them when they were alone with him in churches, at camps and on vacations.

The ex-priest, who denied the charges and was never prosecuted, eventually left New Jersey and started a new life in a quiet neighborhood in Henderson, Nevada.

But, it appears Capparelli kept looking for young men to wrestle.

The former priest — who was shot in the head in his Nevada house in March — allegedly met his killer through an online Craigslist ad Capparelli placed seeking men to wrestle in his house in “submission matches,” according to a report in the Las Vegas Sun.

Investigators found “hundreds of homemade DVDs that featured nearly-nude men wrestling inside (his) home, presumably while the victim filmed them,” according to an arrest warrant affidavit.

Nevada police issued the warrant earlier this week for Derrick Decoste, 25, on charges of murder and robbery with a deadly weapon in connection with Capparelli’s death. Investigators said Decoste met Capparelli through the Craigslist ad and visited him several times, intending to rob him, the report said.

Capparelli, 70, was found dead in his kitchen March 9 after someone asked police to make a welfare check at his house. Investigators said the former priest’s wallet, car keys and cell phone were missing after his death.

Decoste told police he knew Capparelli, but he denied killing him, the report said.

John Capparelli’s home in Henderson, Nevada, pictured on Wednesday, March 13, 2019. Police responded to a welfare check last Saturday at the residence, 1465 Bonner Springs Drive, and found Capparelli shot dead in an apparent homicide. (Chris Kudialis)
John Capparelli’s home in Henderson, Nevada, pictured on Wednesday, March 13, 2019. Police responded to a welfare check last Saturday at the residence, 1465 Bonner Springs Drive, and found Capparelli shot dead in an apparent homicide. (Chris Kudialis)

Decoste’s girlfriend allegedly assisted police by giving them a bag of her boyfriend’s belongings. Those possessions included a gun and a watch that belonged to Capparrelli, the report said. The watch was inscribed with the words “Newark Teachers Union Local 481,” the union where Capparelli had once been president when he worked as a school teacher after leaving the priesthood.

Nearly two decades after he was removed from ministry for alleged sexual abuse, a 2011 investigation by The Star-Ledger revealed Capparelli was working as a public school math teacher in Newark. After the report detailing past allegations of abuse, the former priest voluntarily surrendered his New Jersey teaching licenses.

The Star-Ledger also reported corporate records showed Capparelli formed a production company in 1999 that produced fetish videos. A website linked to the company, nhb-battle.com, sold erotic videos of adult men in tight bathing suits wrestling.

The goal of “submission” wrestling is not to pin an opponent, but to force him into defeat by causing pain or extreme discomfort.

The videos sold for $6.95 to $14.95. Capparelli later shut down the website after he was sued by one of the boys he allegedly abused while he was a priest.

In Nevada, neighbors on his quiet street in Henderson said Capparelli was quiet and appeared retired. But he would routinely have a couple of visitors a week. There were always high school and college aged men, neighbors said.

Weeks before his death, Capparelli was one of 188 priests and deacons in the state who had been “credibly accused” of child sexual abuse named on a list released by New Jersey’s five Catholic dioceses.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

El padre de Naasón Joaquín García también tuvo acusaciones de abuso sexual (VIDEO)

MEXICO CITY (MEXICO)
El Diario de Colima [Colima, Colima, Mexico]

June 5, 2019

Read original article

No son nuevas las acusaciones de abusos sexuales cometidos por los líderes de la Luz del Mundo, iglesia surgida en México y cuya sede mundial está Guadalajara, Jalisco

No son nuevas las acusaciones de abusos sexuales cometidos por los líderes de la Luz del Mundo, iglesia surgida en México y cuya sede mundial está Guadalajara, Jalisco.
Naasón Joaquín García, arrestado ayer en California, Estados Unidos, heredó el liderazgo de la Iglesia por parte de su padre, Samuel Joaquín Flores, quien también era considerado un enviado de Dios y un iluminado.Naasón, el llamado “apóstol”, está acusado de tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos graves.Su padre Samuel Joaquín también llegó a ser acusado de cometer este tipo de abusos.En su edición especial número 47, Proceso publicó un reportaje especial sobre la Luz del Mundo, firmado por Gloria Reza, Alberto Osorio y Anna Lozano, y reproducido en la página web de este semanario el 9 de diciembre de 2014, a propósito del fallecimiento de Samuel Joaquín Flores, célebre entonces por adorar los lujos, las grandes propiedades y el dinero.“Y no sólo eso”, señalaba el reportaje, “en distintos momentos se han hecho públicos señalamientos de que ha abusado sexualmente de integrantes de su congregación, aunque las autoridades judiciales, al menos las del estado de Jalisco, no reportan ninguna denuncia penal de esa naturaleza en contra del dirigente religioso, quien se hace llamar ‘El Siervo de Dios en la Tierra’ y es idolatrado hasta el delirio por sus seguidores”, se reportó en ese entonces.“Entre 1997 y 2004 quedaron documentadas en varios medios de comunicación denuncias contra Samuel Joaquín por presuntos actos de abuso sexual en agravio de integrantes de la agrupación.“Entre éstas se encuentra la de Moisés Padilla, quien en entrevista con Detrás de la Noticia señaló que fue víctima de abuso por el dirigente religioso en 1981 ‘en un abierto acto de homosexualismo’. Tiempo después este denunciante fue secuestrado y apuñalado hasta quedar al borde de la muerte, según publicó el diario Los Angeles Times.“Aunque denuncias similares se acumulan en la red, hasta el momento no se han traducido en averiguaciones previas o demandas ante el Ministerio Público.“El 18 de octubre de 2010 Samuel Joaquín respondió a los señalamientos en una carta que publicó en diversos medios informativos:“Los actos bochornosos que irresponsablemente me atribuyen son inaceptables e indignantes, derivados de mentes sucias y perversas que recurren al protagonismo, atreviéndose en sus desviaciones morales hasta describir los ‘detalles’ para que las calumnias impacten, sorprendan y desconcierten aún más. Los delitos del orden común, lo son en cuanto hay evidencias, pero estas acusaciones de supuestos actos cometidos hace más de diez años, carecen de pruebas”, expuso en ese momento el reportaje.También recordó que, en 2004, la televisión mexicana difundió varios testimonios de presuntos abusos sexuales contra mujeres pertenecientes a la congregación.Los dio a conocer el Instituto Cristiano de México, que exigió la revocación del reconocimiento de La Luz del Mundo como Iglesia, aunque el asunto terminó por diluirse.Con información de Proceso

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Oakland Diocese adds 18 names to list of clergy accused of sex abuse

OAKLAND (CA)
San Francisco Chronicle

June 3, 2019

By Gwendolyn Wu

The Diocese of Oakland has added 18 friars it claimed sexually abused children to a list of accused priests from East Bay parishes, officials said Monday.

The new names come from a list released Friday by the Franciscan Friars of Santa Barbara, whose territory includes California, Arizona, Oregon and Washington. Friars on the list may have served in or lived at the diocese in the past, said Helen Osman, a diocese spokeswoman.

Church officials said they did not know of the accusations until the friars released the new list.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

With red paint, Washington HS runner honors missing indigenous women while winning 4 medals

AUBURN (WA)
USA TODAY High School Sports

June 4, 2019

By Logan Newman

The three gold medals and one silver medal Rosalie Fish won at the Class 1B state meet weren’t just for her.

As she crossed the finish line with a red handprint over her mouth and the letters MMIW – standing for Missing and Murdered Indigenous Women – in red paint on her leg, Fish wanted to represent the Native American women who couldn’t represent themselves.

The Seattle Times called violence against the group an “epidemic” that’s not being properly reported by police agencies, including when the women are murdered or go missing.

The Muckleshoot Tribal School (Auburn, Washington) runner is part of the Cowlitz Tribe, according to the Seattle Times.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

In a surprise appearance, Kevin Spacey returns to court on Nantucket for pre-trial hearing in sex assault case

NANTUCKET (MA)
Good Morning America

June 3, 2019

By Chris Francescani

In a surprise appearance, Kevin Spacey returns to court on Nantucket for pre-trial hearing in sex assault case originally appeared on abcnews.go.com

Actor Kevin Spacey made a surprise appearance on Monday in a Nantucket courtroom for another pretrial hearing in his sexual assault case, at which his defense attorney blasted the accuser and his mother for allegedly deleting exculpatory text exchanges from the son’s phone before turning it over to investigators.

Citing a forensic extraction report concerning the alleged victim’s phone recently turned over to the defense, Spacey’s attorney Alan Jackson made the case during an hourlong hearing that the accuser and his mother, former Boston ABC affiliate WCVB anchor Heather Unruh “cleansed” the phone of any information that could help exonerate Spacey before turning it over to police.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Counsellors prepare for George Pell’s appeal

AUSTRALIA
The Courier

May 28, 2019

By Jolyon Attwooll

Trauma and abuse counselling services are preparing for more calls ahead of Cardinal George Pell’s appeal hearing next week.

Organisations such as the Centre Against Sexual Assault (CASA) reported a surge in work when Pell’s conviction for molesting two teenagers in the 1990s became public knowledge.

They believe the same may happen when the appeal is heard on Wednesday and Thursday next week.

Carolyn Worth, a spokesperson for CASA forum, said: “If it’s really causing you tension, just dig deep and walk away from it.

“You get really distressed if it triggers you. Just limit what you’re doing – or don’t do it.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Diocese of Phoenix Statement on Arrest of Former Salvatorian Priest Joseph Henn

PHOENIX (AZ)
Diocese of Phoenix

May 31, 2019

Diocese of Phoenix Statement on Arrest of Former Salvatorian Priest Joseph Henn

The Diocese of Phoenix is pleased to learn that authorities have located and apprehended former Salvatorian priest Joseph Henn in Italy. We support the efforts of the Maricopa County Attorney’s Office to extradite Henn and return him to the United States in order to face the criminal charges against him.

Henn was assigned by the Salvatorian order to serve at St. Mark Parish in Phoenix from 1978 to 1982. He was indicted on sexual abuse charges in 2003 and arrested in Italy in 2005, butdisappeared before he could be extradited to the United States to stand trial. Henn is identified on our website as a priest who has been removed from ministry due to sexual misconduct with a minor: https://dphx.org/youth-protection/community-notification-statements

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Kevin Spacey Wants Assault Case Dropped Over Erased Evidence; Trial Set For Fall 2019

NANTUCKET (MA)
Deadline

June 3, 2019

By Dominic Patten

Kevin Spacey wants the indecent assault and battery case against him tossed out of court for “misconduct” on the part of the prosecution and accuser’s family, while a fall trial date is likely.

With the former House of Cards star making a surprise appearance in a Nantucket courtroom Monday, the actor’s attorney hit the state hard with accusations of “misrepresentation.” Alan Jackson declared that the underage accuser’s old phone had his “frat boy activities” and other potential evidence erased by his mother, former Boston TV anchor Heather Unruh, before being handed over to the police.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Prominent Catholic Whistleblower, Survivors and Law Firm to Expose California Diocesan Compensation Programs

LOS ANGELES (CA)
Anderson Advocates

June 4, 2019

Prominent Catholic Whistleblower, Survivors and Law Firm to Expose California Diocesan Compensation Programs Tuesday in Los Angeles

Survivors and Catholic Whistleblower to Highlight Issues With Prior New York Diocesan Compensation Programs

Tuesday in Los Angeles, two clergy abuse survivors, a prominent Catholic whistleblower and the law firm of Jeff Anderson & Associates will:

• Siobahn O’Connor, former personal assistant to Diocese of Buffalo (New York) Bishop Richard Malone, will expose the truth and discuss the cover-up of clergy sexual abuse by Malone that caused her to reluctantly release secret Diocese documents to the public to disclose the truth. O’Connor will discuss how the Diocese of Buffalo and Bishop Malone handled its compensation program;
• Release a summary of the diocesan compensation programs for clergy sexual abuse survivors announced by the Archdiocese of Los Angeles and the Dioceses of Sacramento, San Bernardino, San Diego, Orange and Fresno. Similar survivor compensation programs in New York will be compared and contrasted;
• Survivor Christopher Szuflita will discuss his abuse by a Diocese of Buffalo priest, the Diocese’s handling of his reports and his decision to reject a settlement offer under the Diocese’s compensation program;
• Survivor Thomas Davis will discuss his abuse by a Diocese of Brooklyn priest and determination by the compensation program that his claim was unsubstantiated;
• Compare the California diocesan compensation programs’ features with those that may be offered to survivors in statute of limitations legislation being considered by California lawmakers and discuss how the California bishops are doing the same thing that the New York bishops are doing.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Pell to return to court to appeal sex abuse conviction

AUSTRALIA
The Tablet

June 3, 2019

By Mark Bowling

The appeal will be broadcast live from the Victoria Supreme Court in Melbourne, and will be accessible on the court’s website around the world

Jailed Cardinal George Pell, Australia’s highest-ranking Catholic, will return to court on 5 and 6 June for an appeal against his conviction for sexually abusing two Melbourne choirboys in the 1990s.

In recognition of the high public interest in the case, the appeal will be broadcast live from the Victoria Supreme Court in Melbourne, and will be accessible on the court’s website around the world.

Lawyers for Cardinal Pell, 77, who is three months into his six-year gaol term, will argue his guilty verdict was “unreasonable”.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

George Pell’s lawyer tells appeal court judges child sex abuse offences ‘realistically impossible’

AUSTRALIA
Australian Broadcasting Corporation

June 5, 2019

By Emma Younger and staff

George Pell’s lawyer has told an appeals court the child sex abuse offences the Cardinal is now in jail for are “impossible” and a jury should have found him not guilty even if they believed his victim.

Speaking at Wednesday’s appeal hearing at Victoria’s Supreme Court, Bret Walker SC told the court that evidence given at trial supplied Pell with an alibi.

In written submissions, Pell’s lawyers listed 12 other reasons why the offending could not have occurred, including issues with Pell’s location in the church at the time of the offending and with the dates of the offences in the 1990s.

Mr Walker argued Pell’s clerical robe could not have been pulled aside to commit the “atrocious acts” he has been convicted of.

Pell, 77, is serving a six-year jail term for sexually abusing two choirboys when he was archbishop of Melbourne.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Diocese: Ex-bishop used sexual innuendo toward subordinates

CHARLESTON (WV)
Associated Press

June 5, 2019

By John Raby

The head of West Virginia’s Roman Catholic diocese says an investigation into a former bishop found a “consistent pattern” of sexual innuendo and suggestive comments and actions toward subordinates.

Archbishop William Lori of the Wheeling-Charleston Diocese on Wednesday released the results of an investigation into claims against ex-Bishop Michael Bransfield , who resigned last year.

Lori says an investigation team determined that the accusations against Bishop Bransfield are credible. It found no conclusive evidence of sexual misconduct by Bransfield involving minors.

Lori says the investigation determined Bransfield also misused church funds for his own benefit, including to pay for expensive renovations to his private residences in Wheeling and Charleston, and his intended retirement residence.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Bills enabling a statewide clergy abuse investigation stalled in Kentucky. Supporters blame ‘politics’

NEW YORK (NY)
ABC News

June 5, 2019

By Pete Madden

A pair of bills that would have opened an avenue to investigate alleged clergy abuse in Kentucky languished in this year’s legislative session, and some supporters of the proposals say partisan politics is to blame.

Amid a national reckoning over allegations of sexual abuse in the Catholic Church, Kentucky lawmakers failed to advance or even consider legislation to expand the Attorney General’s powers to investigate crimes, like clergy abuse, that often occur across multiple jurisdictions. Now, the attorney general and his allies are crying foul.

Attorney General Andy Beshear, the highest-ranking Democrat in a state government otherwise controlled by Republicans, is running for governor in what is expected to be a hotly contested campaign. According to Gretchen Hunt, who leads the Attorney General’s Office of Victims Advocacy, Republican lawmakers were reluctant to empower a political rival to conduct a headline-making probe with an election approaching.

“Putting politics above victims and survivors is a bad way to do public policy,” Hunt told ABC News. “The injustice of that is very profound.”

Because Kentucky seats only a part-time legislature, the bills will not return to the floor until 2020, frustrating those eager for Kentucky to join more than a dozen other states where statewide investigations of alleged clergy abuse are already underway.

“It’s a problem,” Rep. Jeff Donohue, a Democrat, who worked with the Attorney General’s Office to introduce one of the stymied pieces of legislation, told ABC News. “I got to have partners to work with towards this, but I’m having trouble finding them. The only explanation is political.”

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Paul Muschick: Amazingly, not all Catholic priests undergo background checks

ALLENTOWN (PA)
The Morning Call

June 5, 2019

By Paul Muschick

You may not be surprised to learn that another review has found shortcomings with the Catholic church’s efforts to prevent clergy sexual abuse of children.

What’s interesting is this review came from within the church.

The U.S. Conference of Catholic Bishops recently released its annual audit about whether dioceses are complying with conference rules enacted in 2002 to stop abuse, and to deal with the aftermath of it.

The study found a “heightened sense of urgency and focus” in many dioceses in 2018. It also uncovered recurring problems, including failure to train or check the backgrounds of clergy, employees and volunteers who have contact with children.

Incredibly, three eparchies — they’re similar to a diocese but don’t have geographic boundaries — refused to participate in the review.

That’s like slamming the door in Jesus’ face when he comes knocking with a question.

Auditors visited 72 of the nation’s 197 dioceses and eparchies, including Philadelphia and Greensburg. The others, including Allentown, were audited through a 12-page questionnaire.

Allentown passed. It told auditors that students, clergy, teachers, employees and volunteers had received safe environment training and the adults underwent background checks, according to a diocese news release.

Allentown is scheduled for an on-site review in the 2020 audit, diocese spokesman Matt Kerr said.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Woodville priest placed on leave by Diocese of Beaumont during sexual misconduct investigation

WOODVILLE (TX)
News West 9

June 5, 2019

By Raegan Gibson & Tyler Seggerman

A Woodville priest has been removed from his duties at Our Lady of the Pines Catholic Church after allegations of sexual misconduct at his former diocese surfaced.

Monsignor Frank Rossi, who retired from the Archdiocese of Galveston-Houston, was accepted into the Beaumont Diocese in May 2017 to work at the parish according to a letter sent to parishioners Saturday by the Bishop of the Beaumont Diocese the Most Rev. Curtis J. Guillory.

The Diocese of Beaumont has placed Rossi, who was acting as pastor of the Woodville parish, on temporary administrative leave while a criminal investigation takes place according to the letter.

At the time of the alleged misconduct Rossi was working in the Archdiocese of Galveston-Houston the letter said.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

Attorney general charges former Shelby Township priest with criminal sexual conduct

SHELBY TOWNSHIP (MI)
Shelby – Utica News

June 3, 2019

By Kara Szymanski

A priest is charged with engaging in criminal sexual conduct in the 1980s in the rectory of a Shelby Township church with a boy who was between the ages of 12 and 14 at the time.

Neil Kalina, 63, a California resident, faces four felony counts of second-degree criminal sexual conduct, which carries a maximum sentence of 15 years in prison and a lifetime of electronic monitoring, in Macomb County at the 41-A District Court.

“In the last 30 hours, more than a dozen members of our investigative team have been in courtrooms in Washtenaw, Wayne, Genesee, Macomb and Berrien counties while other members of our team have been working with local law enforcement in Arizona, California, Florida and Michigan — all in a carefully executed plan to take these charged defendants off the streets,” Michigan Attorney General Dana Nessel said in a press release.

Kalina, who the Attorney General’s Office said had been a priest at St. Kieran Catholic Church in Shelby Township, was arrested May 23 in Littlerock, California.

According to a press release from the Archdiocese of Detroit, Kalina was ordained in 1981 for the Pontifical Institute for Foreign Missions, which is a religious order that operates separately from the Archdiocese of Detroit, and granted faculties in 1984. He was a resident at St. Kieran Parish in Utica from 1984 to 1986 and a weekend assistant at St. Ephrem Parish in Sterling Heights from 1984 to 1986, according to the press release. He left active ministry in 1993, according to the Archdiocese of Detroit.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.