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■ Es “un complot”: junta parroquial; impedirá que lo transfieran

La Procuraduría General de Justicia del estado recibió cinco denuncias en contra del sacerdote Rodolfo Yáñez González, acusado por padres de familia y ex catequistas de la parroquia Corpus Christi de incurrir en actos deshonestos en perjuicio de mujeres y niños.

Integrantes de la junta parroquial y personal de la iglesia, que se ubica en la colonia Obrera, en el norponiente de esta capital, rechazaron las acusaciones. Dijeron que el disgusto con el clérigo se debe a que éste es “estricto” con sus parroquianos y advirtieron que evitarán que sea transferido.

La secretaria de la parroquia, Olga Lima, dijo que el sacerdote no se encontraba porque este miércoles era su cumpleaños y se retiró al municipio de Tequisquiapan, de donde es originario.

En la averiguación previa 4/359/2008, registrada en la agencia del Ministerio Público número 4, especializada en delitos contra el menor, violencia intrafamiliar y sexual, quedaron radicadas las cinco denuncias, en las cuales dos mujeres y una menor de edad señalan que el sacerdote les rozó el cuerpo y las tocó, además de que “se mojaba los labios” para besarlas muy cerca de la boca.

Los presuntos afectados presentaron sus acusaciones de manera anónima a una televisora local, y aseguraron que sacerdote “manoseó” a una niña de 10 años de edad.

De acuerdo con los padres de la menor y una ex catequista, los hechos fueron denunciados ante autoridades eclesiásticas, quie nes únicamente les ofrecieron que el sacerdote se disculparía.

Para los integrantes de la junta parroquial, que organizan actividades religiosas en la colonia Obrera, las imputaciones son “una especie de complot. La gente se aprovecha de los ataques a la Iglesia”, dijo Olga Lima.

Añadió que los denunciantes se inconformaron con el sacerdote porque es “estricto”. Comentó que Corpus Christi “es un templo donde no se permite nada de pláticas, nada de comadreo; eso no le ha parecido a muchas personas”.

Mientras, feligreses de Corpus Christi publicaron en medios locales un desplegado con mil 258 firmas de apoyo, en el cual rechazaron las acusaciones contra Yáñez González y aseguraron que defenderán al prelado, por considerar que es objeto de “calumnias”.

Trascendió que Rodolfo Yáñez ya tiene un abogado, aunque hasta este miércoles no había sido notificado oficialmente de la denuncia en la parroquia.

Ismael Martínez Montes, presidente de la junta parroquial, dijo no conocer a las personas que denunciaron al sacerdote, pero negó que fueran vecinos de la colonia Obrera.

Yáñez González llegó a la parroquia de Corpus Christi hace 18 meses, y la mañana de este miércoles el obispo de Querétaro, Mario de Gasperín Gasperín, asistió a esa iglesia. Sin embargo, los encargados dijeron ignorar si el jerarca católico se reunió con el sacerdote.

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■ Fue nombrado administrador de secundaria del Instituto Potosino

■ Integrantes de SNAP exigen acciones drásticas contra Carlos González

■ La red de cómplices incluye a gobiernos estatales: madre de víctima

Integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes exigieron al gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga , no encubrir a Carlos González González, ex director del Colegio Marista acusado de abusar sexualmente de cuatro niña. 

La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes exigió al gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga, al procurador Francisco Martín Camberos Hernández, al arzobispo Luis Morales Reyes, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Congreso local no ser cómplices del cura marista Carlos González González, quien hace cuatro años fue acusado de haber violado a cuatro niñas del Instituto Potosino, sin que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) actuara.

Encabezados por José Bonilla, abogado de la red (cuyas siglas en inglés son SNAP), llamaron a la Iglesia católica a que retire de sus funciones eclesiásticas y educativas a Carlos González González, quien fue nombrado administrador de secundaria en el propio Instituto Potosino.

También estuvieron en la charla con la prensa Aidé García Hernández, de relaciones interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir; Erick Barragán Bargueño y Joaquín Aguilar Méndez, director y coordinador de SNAP en México, respectivamente, y víctimas de sacerdotes pederastas.

Barragán Bargueño, director de SNAP en América Latina, dijo que el arzobispo Luis Morales Reyes tiene la responsabilidad moral y administrativa de tomar medidas drásticas contra el marista Carlos González. De no hacerlo “se confirmará que desde el Vaticano se protege a esta red internacional de pederastas”, dijo.

Le pidió recordar que el Instituto Potosino es un colegio católico, por lo cual no puede decir que este caso es de la justicia civil para deslindarse, “y si las mismas autoridades del instituto lo siguen protegiendo será director”.

Dijo que 30 organizaciones del país apoyarán a las víctimas en San Luis Potosí hasta que se haga justicia y que el caso de las niñas violadas será llevado a la Corte Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque “no puede quedar impune un sujeto pederasta como Carlos González, que, como todos, de nueva cuenta atacará, porque para la pederastia no hay cura”.

José Bonilla, abogado cuyo hijo sufrió abuso sexual a la edad de tres años en el Colegio Oxford de la ciudad de México, perteneciente a los Legionarios de Cristo, informó que el lunes se puso en contacto con una reportera del diario Le Monde, de París, Francia, para dar a conocer el abuso contra las cuatro niñas potosinas.

Dijo que los padres de los menores ultrajados se han cansado de mandar cartas a las autoridades para que los atiendan, por lo que están dispuestos a llevar este asunto a las autoridades federales y a los organismos internacionales interesados en la protección de los niños, porque “esto es una lacra, una vergüenza que se debe de conocer no sólo en la República Mexicana, sino en el extranjero. Ya basta de que se siga mancillando a los niños mexicanos. No lo vamos a permitir”.

Aseveró que, por lo general, los pederastas en México primero niegan las acusaciones; luego afirman que no le pasó nada a la víctima, y cuando se demuestran los hechos atacan a las víctimas, a sus padres, a través de asociaciones de paterfamilias, colegios o institutos, mediante cartas y marchas “donde lo único que hacen es un ridículo”.

Lo más lamentable, dijo, es que estos grupos “controlan la mayoría de los medios de comunicación, así como a las autoridades. Así actúan. Es el mismo patrón”.

Los padres de familia afectados, apuntó, “son agredidos de manera cobarde. Les dicen que son extorsionadores, mentirosos, que exageran o que los mueven fuerzas ocultas, cuando lo que buscan es que se conozca la verdad sobre esos abusos sexuales”.

Joaquín Aguilar Méndez, coordinador de SNAP en México, y quien denunció ante una corte de Estados Unidos al cardenal Norberto Rivera Carrera, dijo que lleva peleando 13 años por que se castigue a los sacerdotes pederastas como Nicolás Aguilar, y sostuvo que estas denuncias no las hace por dinero, “sino por justicia”.

Señaló que desafortunadamente hay una red de pederastas que luego de ser descubiertas en México se van a Estados Unidos o vienen huyendo de aquel país sin que nadie los detenga.

Clero y gobiernos, “cómplices”

En la rueda de prensa estuvo Leticia Valdés Martell, quien denunció la existencia de un “círculo de corrupción” formado por gobiernos estatales y el clero para proteger a pederastas.

Valdés Martell es madre de un menor que fue víctima sexual de un profesor en el Instituto San Felipe, de un municipio conurbado a la capital de Oaxaca, y después de no obtener justicia en su estado interpuso ante la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una denuncia contra el gobierno encabezado por Ulises Ruiz Ortiz.

Explicó que cuando se refiere a “los hombres del poder” que protegen a los sacerdotes que abusan de niños se refiere a la jerarquía eclesiástica, a los políticos y gobernantes.

En el caso del Instituto Potosino, dijo, ha habido “total protección”de las autoridades estatales, una “declinación de la justicia. Esa persona sigue libre y trabajando como administrador de secundaria de ese plantel, cuando debería estar en la cárcel; por ello debemos levantar la voz y exigir que a nuestros niños se les respete. Deben ser protegidos y amados. No se debe permitir que esas fieras disfrazadas de sacerdotes destrocen sus vidas. Un pueblo que no pelea por sus niños no tiene nada que hacer como estado o país”, advirtió.

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La Corte avaló la sentencia de seis años de prisión que se le dictó al primer cura mexicano hallado culpable de incurrir en el delito de corrupción de menores 

La Corte avaló la sentencia de seis años de prisión que se le dictó al primer cura mexicano hallado culpable de incurrir en el delito de corrupción de menores.

Se trata del caso del sacerdote católico José Luis de María y Campos López, quien hace dos años fue declarado culpable de corromper sexualmente a tres acólitos durante los nueve meses que estuvo en la parroquia de Santa María de Cementos, en la ciudad de León, Guanajuato.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó intocada la sentencia que se le dictó al cura y de paso estableció un criterio que ayudará a entender por corrupción de menores todo tipo de conducta que procuren o faciliten la perversión sexual de un menor o de un incapaz.

A sus 44 años de edad, el sacerdote José Luis de María y Campos López llegó a la parroquia de Santa María de Los Cementos en julio de 2004, y en ese mismo mes logró que 24 niños lo apoyaran como acólitos.

Durante nueve meses estuvo al frente de la parroquia. Hasta que el 5 de marzo de 2005 una de las mamás acudió ante el Ministerio Público a denunciar que su hijo había sido víctima de abuso sexual por parte del cura.

A la primera denuncia se sumaron otras. Pero al final la agencia especializada en delitos sexuales de León comprobó que no se había registrado ninguna violación, pero sí tres casos de corrupción de menores.

Las autoridades ministeriales lograron probar que el cura compartía con los niños sus aficiones por la pornografía, entre otras cosas.

Después de que se presentaran las denuncias en su contra, el cura huyó de la localidad. Pero fue aprendido en la casa de una de sus hermanas en Zapopan, Jalisco, el 26 de marzo de ese año, e internado en el Centro de Readaptación Social de León.

Un año más tarde, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato lo sentenció, en definitiva, a seis años de prisión y le impuso una multa para reparar el daño causado.

En contra de esta sentencia la defensa del cura buscó la protección de la justicia federal. Ante un tribunal federal y después ante la SCJN, buscó dejar sin efecto la sentencia alegando que el delito de corrupción de menores previsto en el Código Penal para el Estado de Guanajuato que se le aplicó no era claro.

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