ARGENTINA
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Por Washington Uranga
Finalmente, la “preocupación” del obispado de Morón por la situación del sacerdote Julio Cesar Grassi se tradujo apenas en una tibia sanción disciplinaria que le prohíbe al cura “el ejercicio público del ministerio sacerdotal”. En realidad, se trata de una medida intermedia que la autoridad eclesiástica, en este caso el obispo de Morón, Luis Guillermo Eichhorn, adopta “hasta tanto se resuelva definitivamente esta situación” y a partir de la afirmación de que “contando con el asesoramiento de estudios especializados se desprenden dudas acerca de la culpabilidad del P. Julio Grassi”. En definitiva, a pesar de que la causa ya atravesó tres instancias y que prácticamente no quedan posibilidades de revertir el fallo condenatorio contra el cura acusado de pedofilia, el obispado de Morón sigue sin confiar en la Justicia. La disposición es la mínima que se puede adoptar y, más que una sanción, parece destinada a proteger al cura y a intentar disminuir el daño a la imagen institucional de la Iglesia que ha sido seriamente perjudicada por la inacción en muchos casos de pedofilia comprobados en diversas partes del mundo.
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