AñATUYA (ARGENTINA)
La Izquierda Diario [Buenos Aires, Argentina]
January 23, 2018
By Carlos Lombardi
Acciones que indican cómo el papa Bergoglio tolera y favorece, desde lo institucional, el sistema de encubrimiento de sacerdotes abusadores sexuales, problema estructural que la iglesia se niega a extirpar.
Las acciones que se enumeran a continuación, han sido llevadas a cabo por el papa Francisco desde que fue elegido hasta la fecha de publicación del presente informe.
La enumeración no es taxativa, por lo que pueden sumarse muchas más acciones. Todas ellas, consolidan el sistema de encubrimiento de los sacerdotes abusadores sexuales que la institución religiosa mantiene en su estructura, cuyos efectos no son otros que el abuso de poder, la denegación de justicia y la violación de derechos humanos de las víctimas.
a) Institucionales
1. Designó en la Curia vaticana a cardenales que participaron del cónclave que lo eligieron como papa, integrantes de la denominada “docena sucia” por haber sido acusados de encubrir sacerdotes pederastas. Ellos son: Leonardo Sandri (Argentina), miembro de la secretaría para la Comunicación del Vaticano; George Pell (Australia), Prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede; Marc Ouellet (Canadá), Prefecto de la Congregación para los Obispos y Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina; Seán O’Malley (EE.UU.), Consejero en el C8 y Presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores; Peter Turkson (Ghana), Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; Oscar Rodríguez Madariaga (Honduras), Consejero del C9.
2. Designó en la C9 (órgano consultivo), a los siguientes cardenales acusados de encubrir abusos sexuales: Oscar Rodríguez Madariaga; Francisco Javier Errázuriz Ossa; Sean Patrick O’Malley; George Pell.
3. En particular, el cardenal George Pell es responsable de encubrir más de 4.000 casos de abusos sexuales del clero en Australia. Al no poder sostener más su cargo y ser requerido por las autoridades judiciales de Australia, le concedió licencia para que viaje a su país y se someta a las autoridades judiciales del estado.
4. No ha cumplido con las nueve exhortaciones que el Comité de los Derechos del Niño (ONU), le hizo a la Santa Sede en 2014 para extirpar el flagelo de los abusos sexuales, que está enquistado en su estructura y organización.
5. No ha cumplido con el conjunto de medidas sugeridas por el Comité que controla la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes, para evitar la comisión de abusos sexuales.
6. No ha presentado al Comité de los Derechos del Niño el último informe relativo al cumplimiento – dentro de la iglesia – de la Convención respectiva que venció en septiembre de 2017 y que la Santa Sede tiene la obligación de presentar por haber suscripto aquella.
7. Mantiene el sistema de violencia institucional, sexual, psicológica y de género contra niños, niñas y adolescentes.
8. Mantiene el cuerpo normativo interno, violatorio de derechos humanos de las víctimas de abuso sexual eclesiástico, principal eje donde engarza todo el sistema de encubrimiento de curas abusadores.
9. Mantiene el secreto pontificio en materia de abusos sexuales del clero. El mismo, obliga a todos los participantes de un procedimiento canónico a guardar secreto bajo juramento de silencio. Se amordaza y coacciona a las víctimas.
10. No ha publicado registro oficial – certificado por organismos independientes – de los sacerdotes expulsados por causa de abuso sexual infantil.
11. Mantiene en secreto el lugar donde están los sacerdotes acusados de abuso sexual y que han sido separados de modo transitorio por una medida cautelar canónica, con serio riesgo de estar cerca de niños y jóvenes. Tampoco existen mecanismos internos para controlar aquellas medidas.
12. Avala el rol marginal de la Comisión para la Tutela de Menores, que en la práctica, no ha producido cambios significativos. Desde su creación, sólo se ha reunido tres o cuatro veces de manera plenaria, cuyos dictámenes no son obligatorios para los obispos.
La misma no tiene poder de investigación real, no conoce la información existente en la Congregación para la Doctrina de la Fe (única con competencia en la materia), acerca de los abusos sexuales; tampoco conoce estadísticas. Sus resultados son prácticamente nulos.
13. Avaló la expulsión de Peter Saunders de la referida Comisión. Saunders fue víctima de abuso sexual y muy crítico con la actividad de la misma.
14. Avaló la inacción de la Comisión al aceptar la renuncia de Marie Collins, otra víctima de abuso sexual designada para integrarla como señal de transparencia. La causa por la que renunció: “Falta de apoyo dentro del Vaticano”. Las dos víctimas fueron usadas y manipuladas.
15. Creó un Tribunal encargado de juzgar a obispos negligentes en iniciar procedimientos contra curas abusadores. Luego, dio marcha atrás elaborando la carta apostólica Como una madre amorosa, suplantando el tribunal por un procedimiento regulado en el Código de Derecho Canónico y encargado a determinadas Congregaciones de la Curia.
El proceso es groseramente tramposo: el obispo acusado tiene la posibilidad de entrevistar a los superiores de las Congregaciones, fomentando el contubernio; se consolida el privilegium fori, es decir, el hecho que curas juzguen curas por delitos comunes; se elimina la independencia como fundamento de un juicio justo e imparcial. Un esperpento jurídico. Aún no hay un solo obispo sancionado por este mecanismo.
16. Avala la permanencia del sacerdote Tony Anatrella, psicoterapeuta y asesor francés del Vaticano en temas de la sexualidad que argumenta que los homosexuales no deben ser ordenados al sacerdocio y que ha sido acusado por al menos cuatro hombres de haberles abusado sexualmente en sesiones de terapia diseñadas para “curarles” de su homosexualidad.
17. Designó al arzobispo jesuita español Luis Ladaria Ferrer como nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien no llevó a la justicia estatal a un sacerdote que la Iglesia condenó por abuso sexual de 11 chicos.
18. No ha propuesto reforma alguna relativa al secreto de confesión que, entre otras causas, permite el encubrimiento de sacerdotes pederastas.
En el caso del cardenal Pell, las autoridades australianas recibieron una recomendación de parte de una comisión especial creada para investigar los casos de abuso sexual que recomienda no otorgar “ninguna excusa, protección o privilegio” a los sacerdotes que no alerten a la policía de los delitos de los que tengan noticias, sin importar el contexto en el que se ha dado a conocer.
19. El Vaticano no informa el nombre de los sacerdotes pedófilos, condenados o no; no se le informa a la autoridad judicial de los estados. Ejemplo, el de un sacerdote italiano que desapareció de su diócesis. Luego se conoció que había sido enjuiciado y expulsado por la Congregación para la Doctrina de la Fe por pedófilo, lo redujeron al estado laical. Fue la propia Congregación quien le ordenó al sacerdote abusador que no debía contar nada a nadie porque había que proteger la imagen de la iglesia.
20. Reconoció expresamente que “la Iglesia llegó demasiado tarde” tanto para reconocer la gravedad del problema como para asumir responsabilidades al respecto.
“Tal vez la antigua práctica de transferir a la gente adormiló un poco las conciencias”, expresó Francisco durante una reunión con los miembros de Pontificia Comisión para la Protección de los Menores en el Palacio Apostólico.
21. Recibió una carta del joven polaco Kamil Tadeusz Jarzembowski, denunciando los abusos en su habitación a otro seminarista, más de 140 veces y de los que él era testigo ocular. El papa no tomó decisión alguna.
22. Avaló y no se opuso a la ordenación sacerdotal del Pbro. Gabriele Martinelli, acusado por abusos en el Preseminario San Pío X en el Vaticano. Año 2017.
23. Participó de la misa por el fallecimiento del cardenal Bernard Law, ex arzobispo de Boston, EE.UU., el mayor encubridor de sacerdotes pederastas en ese país, que fuera escondido en el Vaticano para no entregarlo a las autoridades judiciales. Nunca se lo enjuició ni sancionó.
b) En Europa
24. Avaló la protección que el cardenal Angelo Bagnasco – ex presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Génova – hizo de Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto Verbo Encarnado y sancionado canónicamente por casos de abuso sexual.
25. Mantiene la ambigüedad en el caso español denominado “los romanones”. Atiende personalmente la llamada del denunciante, le pide perdón, le anima a denunciar a la justicia civil y pone en marcha el proceso canónico rápidamente, fruto del cual el arzobispo de Granada suspende a divinis a tres de los imputados. Sin embargo, coloca a otros miembros del clan como sus sustitutos. No somete al obispo de Granada – Francisco Javier Martínez- a juicio por negligencia.
26. No ha expulsado al sacerdote francés Bernard Preynat ni a su superior, el arzobispo de Lyon Philippe Barbarin, luego de las denuncias por abuso sexual contra al primero.
27. Protege a 25 obispos franceses (5 de ellos en actividad), que encubrieron a 39 sacerdotes abusadores de 300 niños.
28. Redujo las sanciones a un grupo de curas pederastas italianos, que no perderán su condición de sacerdotes, sino que no realizarán el ejercicio público de los oficios.
29. En Alemania, no ha sancionado a obispos ni sacerdotes por el escándalo de los 547 niños abusados en el coro Regensburger Domspatzen, dirigido durante décadas por Georg Ratzinger, el hermano mayor del papa Benedicto XVI.
c) América Latina
30. En Chile, nombró obispo de Osorno al sacerdote Luis Barros, principal encubridor del pederasta Fernando Karadima. Ante un grupo de chilenos en el Vaticano, les aconsejó que “piensen con la cabeza y no se dejen llevar por acusaciones infundadas de los zurdos”. Calificó de tontos a los católicos de Osorno que se opusieron a esa designación.
En su visita a Chile en 2018, pidió perdón por los abusos sexuales cometidos por clérigos chilenos; luego, admitió la participación del obispo Barros en una misa y otros actos eclesiásticos.
31. En la referida visita, se reunió en forma secreta con víctimas de abuso sexual, motivando el repudio de la Red de Sobrevivientes ya que confirmó el siniestro, violento e histórico proceder de la Iglesia Católica en materia de abuso sexual clerical.
Esa acción, confirmó la sospecha de que el Vaticano tiene una completa y actualizada base de datos de sus víctimas. Asimismo, la premeditada selección de ellas, el proceder secreto y oscuro del pontífice, la negativa a recibir reclamos concretos de parte de los afectados y la consiguiente manipulación efectuada por el máximo jerarca católico, dejan ver la contumacia en su proceder ladino, contrario a la transparencia que finge ostentar.
Sumado a que el papa Francisco ha vulnerado el derecho de todas las víctimas a ser convocadas por igual, ya que deben ser ellas las que deciden ejercer o no el derecho a concurrir a una reunión y no ser seleccionadas como ovejas por el poder religioso.
En definitiva, un nuevo acto de abuso de poder y violación de derechos humanos disfrazado de tolerancia y arrepentimiento.
32. Promocionó a cargos superiores a Ricardo Ezzati (nombrado cardenal en 2014) y Francisco Javier Errázuriz (integrante del C9). Los tres fueron protagonistas del mayor escándalo por abusos sexuales clericales en Chile.
33. Expulsó al sacerdote chileno Pedro Mariano Labarca Araya – de la orden mercedaria – por su participación en casos de abuso sexual contra menores y ex seminaristas. Sin embargo, el motivo principal de la decisión fue “el grave daño a la dignidad sacerdotal y a los compromisos religiosos”. Las víctimas – una vez más – pasaron a un segundo plano, de nuevo fueron invisibilizadas.
34. En el caso de los Hermanos Maristas, no ha tomado ninguna medida. No se refirió al caso, ha ignorado por completo a las víctimas sobrevivientes.
35. El accionar contrario a los derechos humanos de las víctimas chilenas puede observarse en la situación de los 80 religiosos denunciados y al menos 11 Obispos involucrados en casos de abuso.
36. Retiró – rápidamente – de República Dominicana al nuncio apostólico Jozef Wesolowski, acusado de pederastia y tenencia de pornografía infantil, para no ponerlo a disposición de las autoridades judiciales de ese país.
Una de sus víctimas dijo que “tenía un tipo de gusto específico, de 14 a 16 años, y si eran “blanquitos’ mucho mejor”. Wesolowski falleció en el Vaticano, en circunstancias poco claras, antes de someterse a la justicia vaticana que, se sabe, no se destaca por su imparcialidad.
37. En México, mantuvo en su puesto – hasta que renunció – al cardenal Norberto Rivera, el mayor encubridor de sacerdotes pederastas de ese país, incluido el predador sexual Marcial Maciel Degollado (fallecido), fundador de los Legionarios de Cristo.
38. Dicha congregación fue “perdonada” mediante indulgencia plenaria, como también su movimiento seglar (Regnum Christi), por los abusos sexuales cometidos por su fundador, Marcial Maciel, quien fue acusado además de fraude, extorsión y haber abusado de sus propios hijos, ya que llevaba doble vida.
39. Avaló el proceder de la Arquidiócesis Primada de México que absolvió al sacerdote José Ataulfo García tras confesar haber abusado sexualmente de decenas de niñas en la comunidad indígena de Oaxaca. Al delito de abuso y violación de unas 30 niñas de entre 5 y 10 años, admitido por el propio clérigo, se suma el hecho de que García es portador de HIV.
40. En Argentina, no ha expulsado aún al cura Julio Cesar Grassi, no obstante estar condenado por delitos de abuso sexual y corrupción de menores a 15 años de prisión efectiva. El procedimiento canónico se retomó luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la prisión del cura.
41. Avala las líneas-guía de la Conferencia Episcopal Argentina donde se niega sistemáticamente a las víctimas garantías del debido proceso, violando derechos humanos básicos y revictimizándolas ya que continúa el abuso de poder y la denegación de justicia.
42. Nunca recibió a víctimas de abuso integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina. Las que ha recibido – de otros países – han sido cuidadosamente digitadas para evitar reclamos, manipulándolas.
43. Tomó conocimiento en 2014 de casos de abusos sexuales en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia y no adoptó ninguna medida. Se le entregó – en sus propias manos – la lista de sacerdotes abusadores y de víctimas.
44. Inició en el 2015 el proceso de beatificación del obispo de Verona, Giuseppe Carraro, quien abusó sexualmente de un alumno del Instituto Antonio Próvolo de aquella ciudad.
45. Volvió a tomar conocimiento – en 2016 – de más casos de abusos sexuales en el Instituto Próvolo, esta vez en Mendoza y La Plata, Argentina. Recién ahí nombró una comisión de investigación integrada por dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Córdoba, Argentina, quienes a requerimiento del fiscal adjunto de la causa Próvolo – para que colaborasen con la justicia estatal aportando su propia documentación -, se negaron, invocando el privilegio jurídico que le otorga el Concordato de 1966 firmado entre Argentina y la Santa Sede, es decir, no informar.
El trabajo de la referida comisión tuvo claros propósitos de extraer información del expediente sin tener legitimación procesal, entorpeciendo el desarrollo del mismo, con riegos de planteos de nulidad que perjudicarían a las víctimas.
46. Avala el accionar delictivo de las autoridades del Instituto Próvolo de Italia respecto a los sacerdotes detenidos en Mendoza, no llevando cabo ningún procedimiento para sancionarlas.
47. Avala el accionar cómplice del Arzobispado de Mendoza, entidad localmente responsable del Instituto Antonio Próvolo.
48. No ha iniciado procedimiento canónico alguno contra los tres obispos de Mendoza por su responsabilidad en el funcionamiento del Instituto Antonio Próvolo aplicando las disposiciones contenidas en el documento “Como una madre amorosa”.
49. Avala los dichos del sacerdote Dante Simón, que integra la Comisión enviada por el Vaticano para investigar los hechos del Próvolo, quien sostuvo que “una chica, un chico… se enamora de un sacerdote, y éste no le responde. Tan despechado puede ser el varón como la mujer. Entonces, lo denuncian. Y como hay que intervenir de oficio, ante la denuncia, hay que intervenir. Entonces muchas causas son desestimadas”.
50. No ha iniciado proceso canónico contra el obispo de San Francisco, Córdoba, Sergio Buenanueva, quien expresamente reconoció: “Nuestro gran error fue proteger a los curas abusadores”.
51. Avaló la decisión de la Comisión que investigó los hechos del Próvolo en su negativa a brindar información y documentación al fiscal de la causa, amparándose en el Concordato de 1966. Incumplió, de ese modo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza – caso Iván González c/ Arzobispado de Mendoza – que le ordenó a la iglesia brindar información a las víctimas.
52. No ha iniciado procedimiento canónico alguno – para determinar responsabilidades por omisión y negligencia, aplicando las disposiciones contenidas en el documento “Como una madre amorosa”- contra los obispos argentinos que se enumeran a continuación, responsables de controlar a sacerdotes incardinados en sus diócesis, denunciados por abuso sexual en sede estatal y/o canónica:
a) Héctor Aguer, sacerdote Héctor Ricardo Giménez (La Plata).
b) José María Arancedo, sacerdote Félix Alejandro José Martínez (Mar del Plata), y Luis Brizzio (Santa Fe).
c) Antonio Marino, sacerdote Félix Alejandro José Martínez (Mar del Plata).
d) Ricardo Faifer, sacerdote Domingo Jesús Pacheco (Corrientes).
e) José María Arancibia y Sergio Buenanueva, sacerdotes Jorge Luis Morello y Raúl del Castillo (Mendoza).
f) Carlos María Franzini (fallecido) y Dante Braida, sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho (Mendoza).
g) Juan Alberto Puíggari, sacerdotes Justo José Ilarraz, Marcelino Moya, Juan Diego Escobar Gavíria y religiosa Bibiana Fleitas (Entre Ríos),
h) Estanislao Karlic, sacerdote Justo José Ilarraz (Entre Ríos).
i) Oscar Ojea y Mario Poli, sacerdote Mario Koessler (San Isidro, Buenos Aires).
j) Mario Cargnello, sacerdotes Emilio Raimundo Lama y Agustín Rosa Torino (Salta).
k) Luis Urbanc, sacerdotes Juan de Dios Gutiérrez y Renato Rasjido (Catamarca).
l) Adolfo Uriona, sacerdote Carlos Alberto Dorado (Santiago del Estero).
m) José Masín y Rubén Martínez, sacerdote Néstor Monzón (Chaco).
n) Guillermo Rodríguez Melgarejo y Sergio Buenanueva, sacerdote Carlos José (San Martín, Buenos Aires).
Respecto al caso del sacerdote Félix Alejandro José Martínez, cabe aclarar que cuando Jorge M. Bergoglio era cardenal, uno de los papás de víctimas llamó por teléfono y el secretario le contesto que no los iba a recibir porque no era un tema de su competencia. Al poco tiempo, los padres de las víctimas le enviaron dos cartas al Papa Francisco, a través de Gustavo Vera, diputado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y amigo personal del papa, pero ni siquiera recibieron un acuse de recibo.
En el caso del fallecido obispo Abelardo Silva, tampoco inició investigación alguna para determinar las responsabilidades. La denuncia canónica lleva número Prot. 142/2017-59513 Congregación para la Doctrina de la Fe -Cardenal Prefecto Gerhard Ludwin Muller.
Los obispos argentinos que se reunieron con la víctima y fueron notificados del caso, son los siguientes: Fernando Croxatto (Neuquén), Carlos Malfa (Secretario de la Conferencia Episcopal Argentina), Martín Fassi (auxiliar de San Isidro), Miguel Angel Dänibale (Río Gallegos) y el Cardenal Mario Poli.
53. En Perú, avala la continuidad del movimiento Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), investigado por la justicia de ese país, al que se le imputa ser una organización criminal en la que se habrían cometido los delitos de secuestro, abusos sexuales y lesiones psíquicas, así como un presunto delito de lavado de activos.
54. Protege a su fundador, Luis Fernando Figari, quien fuera declarado culpable por la propia organización, de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por aquél y otras cabezas del movimiento. La sanción impuesta por al Vaticano ha sido enviarlo a un lugar de penitencia en Italia, donde quedará enclaustrado. Además, tiene prohibido volver al Perú (excepto por motivos sumamente graves y siempre con permiso escrito), tener contacto directo o personal con miembros de la comunidad sodálite y conceder entrevistas a los medios de comunicación, ya sea en público o en privado. La Santa Sede consideró que los delitos, de acuerdo al derecho canónico, han prescrito. Lo que se le impone son medidas disciplinarias de carácter administrativo. A pesar de haberse iniciado una investigación penal en los tribunales peruanos, el Vaticano no lo ha puesto a disposición de la justicia estatal.
55. En Paraguay, medió en el conflicto desatado entre el obispo Rogelio Ricardo Livieres y el arzobispo de Asunción, Pastor Cuquejo, quien sugirió en junio de 2014 abrir una investigación para aclarar las acusaciones sobre el sacerdote argentino Carlos Urrutigoity, acusado de abuso sexual en 2002 por un estudiante de la Academia Saint Gregory en Pensilvania, Estados Unidos, y protegido por Livieres. El conflicto terminó con la destitución de Livieres, quien luego falleció en 2015.
En cuanto al sacerdote motivo del conflicto, se sabe – extraoficialmente – que la iglesia lo mantiene escondido en la provincia de Mendoza, Argentina.