VENADO TUERTO (ARGENTINA)
La Voz [Córdoba, Argentina]
August 24, 2018
By Gustavo Di Palma, Especial
Los casos de pedofilia en el ámbito eclesiástico, en Argentina, son otro motivo de inquietud para el papa Francisco. Escasa ayuda de las autoridades locales a la Justicia y a las víctimas.
Si se sigue la tradición de tomar como punto de referencia el escándalo del cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual infantil y corrupción de menores, la Iglesia argentina ya acumula desde 2002 hasta la actualidad 66 acusaciones por el mismo delito. Esto confirma el promedio de cuatro sacerdotes denunciados por año.
Como los registros oficiales sobre la cuestión son inexistentes, los datos surgen de una detallada investigación realizada por la agencia de noticias Télam a mediados de 2017, más el relevamiento de distintas fuentes judiciales aportada por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, que puso en evidencia cuatro nuevos casos en los últimos meses. Tampoco hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de víctimas de depredación sexual ejercida por miembros del clero, aunque Carlos Lombardi, abogado de la red, aseguró a La Voz que “hay cientos de casos”.
La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, que se constituyó en 2014 para acompañar a víctimas de delitos sexuales cometidos por clérigos de la Iglesia Católica, es un espacio donde confluyen experiencias, testimonios y asistencia legal y psicológica para esas situaciones. En un reciente encuentro realizado en la ciudad Paraná, la organización concluyó que “existe una red muy grande compuesta por entregadores, abusadores, cómplices y encubridores, todos miembros de la Iglesia”.
La Justicia argentina condenó penalmente hasta el momento a nueve curas investigados por delitos sexuales, que afectaron a menores. El otro dato significativo es que la propia Iglesia investigó con sus normas canónicas ocho casos, pero sólo en tres procedió a la expulsión de los sacerdotes, mientras otros tres curas fueron declarados inocentes mediante los procedimientos propios de la institución religiosa.
Grassi, por ejemplo, podría dar misa y ejercer sus funciones como cualquier cura si quisiera, pese a tener sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia. Aunque Francisco reconoció desde el inicio de su papado la complicidad de la Iglesia con los curas pedófilos y se muestra sensibilizado con el tema, en su país de origen las sanciones aplicadas en el ámbito eclesiástico sobre los casos denunciados no satisfacen a la sociedad.
El criterio que prevalece en la Iglesia hasta aquí es trasladar de ciudad o de país a los curas abusadores, mientras que la decisión de acudir a la Justicia ordinaria corre por cuenta de las propias víctimas o de sus familiares. “Es difícil cuantificar la cantidad de casos que jamás salen a la luz, por el miedo o pudor de las personas afectadas”, señala Lombardi.
En la lista de curas denunciados por abuso sexual, hay 15 que jamás fueron investigados. Dos de esos sacerdotes murieron antes de que la Justicia indagara sus acciones.
Entre los hechos relevados, hay situaciones de ribetes muy llamativos. Ese es el caso de Luigi Spinelli, consejero del Instituto Próvolo de Mendoza donde al menos 25 chicos sordomudos fueron sometidos sexualmente durante por lo menos una década. Del paradero de Spinelli, que también había sido denunciado en Verona (Italia), no se tuvieron novedades hasta mediados de 2017, cuando se supo que había fallecido en 2016 en coincidencia con la divulgación pública del escándalo. Sin embargo, persisten las dudas, porque su cuerpo nunca apareció.
Si se sigue la tradición de tomar como punto de referencia el escándalo del cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual infantil y corrupción de menores, la Iglesia argentina ya acumula desde 2002 hasta la actualidad 66 acusaciones por el mismo delito. Esto confirma el promedio de cuatro sacerdotes denunciados por año.
Como los registros oficiales sobre la cuestión son inexistentes, los datos surgen de una detallada investigación realizada por la agencia de noticias Télam a mediados de 2017, más el relevamiento de distintas fuentes judiciales aportada por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, que puso en evidencia cuatro nuevos casos en los últimos meses. Tampoco hay estadísticas oficiales sobre la cantidad de víctimas de depredación sexual ejercida por miembros del clero, aunque Carlos Lombardi, abogado de la red, aseguró a La Voz que “hay cientos de casos”.https://e17d0485ea299751fce24a97efbf3121.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, que se constituyó en 2014 para acompañar a víctimas de delitos sexuales cometidos por clérigos de la Iglesia Católica, es un espacio donde confluyen experiencias, testimonios y asistencia legal y psicológica para esas situaciones. En un reciente encuentro realizado en la ciudad Paraná, la organización concluyó que “existe una red muy grande compuesta por entregadores, abusadores, cómplices y encubridores, todos miembros de la Iglesia”.
La Justicia argentina condenó penalmente hasta el momento a nueve curas investigados por delitos sexuales, que afectaron a menores. El otro dato significativo es que la propia Iglesia investigó con sus normas canónicas ocho casos, pero sólo en tres procedió a la expulsión de los sacerdotes, mientras otros tres curas fueron declarados inocentes mediante los procedimientos propios de la institución religiosa.
Grassi, por ejemplo, podría dar misa y ejercer sus funciones como cualquier cura si quisiera, pese a tener sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia. Aunque Francisco reconoció desde el inicio de su papado la complicidad de la Iglesia con los curas pedófilos y se muestra sensibilizado con el tema, en su país de origen las sanciones aplicadas en el ámbito eclesiástico sobre los casos denunciados no satisfacen a la sociedad.https://e17d0485ea299751fce24a97efbf3121.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
El criterio que prevalece en la Iglesia hasta aquí es trasladar de ciudad o de país a los curas abusadores, mientras que la decisión de acudir a la Justicia ordinaria corre por cuenta de las propias víctimas o de sus familiares. “Es difícil cuantificar la cantidad de casos que jamás salen a la luz, por el miedo o pudor de las personas afectadas”, señala Lombardi.
En la lista de curas denunciados por abuso sexual, hay 15 que jamás fueron investigados. Dos de esos sacerdotes murieron antes de que la Justicia indagara sus acciones.
Entre los hechos relevados, hay situaciones de ribetes muy llamativos. Ese es el caso de Luigi Spinelli, consejero del Instituto Próvolo de Mendoza donde al menos 25 chicos sordomudos fueron sometidos sexualmente durante por lo menos una década. Del paradero de Spinelli, que también había sido denunciado en Verona (Italia), no se tuvieron novedades hasta mediados de 2017, cuando se supo que había fallecido en 2016 en coincidencia con la divulgación pública del escándalo. Sin embargo, persisten las dudas, porque su cuerpo nunca apareció.https://e17d0485ea299751fce24a97efbf3121.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
Rubén Pardo, exsacerdote de Quilmes que tenía VIH, falleció en 2005 tras ser denunciado por la violación de un chico de 14 años en 2002. Aunque nunca fue juzgado, la Justicia condenó al obispado de esa ciudad por encubrimiento y lo obligó al pago de una indemnización. Otro cura que tenía VIH, Héctor Pared, fue condenado a 24 años de prisión en marzo de 2003 por el caso de un abuso sexual en Florencio Varela, pero murió en septiembre de ese mismo año.
A propósito del escándalo que afecta a la Iglesia de Estados Unidos, los registros extraoficiales de Argentina también muestran hechos que tienen conexión con lo que ocurre en aquel país. Uno de esos casos es el del cura Atilio Jesús Garay, que llegó a ser candidato a intendente de la localidad entrerriana de General Campos pese a estar acusado de violar en forma reiterada a una chica en la ciudad norteamericana de Los Ángeles, en 2004. Ese es uno de los hechos que está sin condena hasta el momento.
El otro hecho que conecta a la Iglesia argentina con los casos que conmocionan al clero estadounidense es el de Richard Suttle, denunciado en 2008 por delitos sexuales cometidos entre 1982 y 1983 en una escuela primaria de Prescott (Arizona). Ese sacerdote, cuyo caso tampoco recibió condena, fue trasladado en 2013 a Buenos Aires como integrante de misiones religiosas de las Naciones Unidas.
En Córdoba
La provincia de Córdoba tampoco es ajena a hechos de abuso sexual cometidos por sacerdotes católicos. A mediados de 1998, el cura de Berrotarán Walter Eduardo Avanzini fue mostrado in fraganti por el programa periodístico A decir verdad, que conducía el periodista Miguel Clariá en Teleocho, mientras pagaba para tener sexo con adolescentes en los baños de la plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, nada menos que frente a la Catedral.
El asunto no fue investigado por la Justicia ni por la Iglesia y Avanzini, ya alejado del sacerdocio, consiguió empleo en el Ministerio de Educación de la Provincia. En 2016, aprobó en la Universidad Católica de Córdoba una maestría sobre Investigación Educativa, con una tesis titulada “Acoso entre pares. Desde la mirada de los actores educativos adultos”. La última referencia lo ubica desde febrero de 2017 como “asesor técnico pedagógico” en la Fundación Valorarte de Villa Dolores, orientada a la educación de nivel medio, según su perfil en una red social.
Otro caso autóctono es el de Carlos Richard Ibáñez Morino, acusado en la década de 1990 por abusar de al menos 10 niños y adolescentes en Bell Ville. Ibáñez Morino, oriundo de la ciudad de Caucete (San Juan) fue suspendido por el Arzobispado de Córdoba, pero continuó ejerciendo tareas sacerdotales en Paraguay, donde se recluyó en 1992. Incluso hay testigos que lo vieron en una zona reservada para sacerdotes durante la visita del papa Francisco a Asunción, según informó el Diario de Cuyo.
En la actualidad, se espera el cumplimiento de un proyecto de extradición aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay para que el exsacerdote de Bell Ville pueda ser juzgado en suelo cordobés. Por este caso, los medios paraguayos proyectan un manto de sospecha sobre la jerarquía eclesiástica de ese país, a la que acusan de encubrir a Ibáñez Morino.
Luis Alberto Bergliaffa es otro sacerdote suspendido por el Arzobispado cordobés tras una investigación canónica que duró tres años, a raíz de una denuncia de abuso sexual contra una menor. Bergliaffa, que no fue expulsado de la Iglesia, se desempeñó hasta 2014 en la parroquia Nuestra Señora de Fátima del capitalino barrio Matienzo, y su caso nunca llegó hasta la Justicia ordinaria.
El año pasado, el Arzobispado desmintió a través de un comunicado que Bergliaffa hubiera sido trasladado a Río Negro, a raíz de informes periodísticos que daban cuenta de su presencia en una parroquia de esa provincia. El texto divulgado por las autoridades eclesiásticas aclara: “El presbítero Luis Bergliaffa tiene prohibido, por el término de 10 años, el ejercicio público del ministerio sacerdotal. Dicha pena puede ser prolongada o agravada, en el caso que no cumpla las determinaciones del decreto penal. Desde la misma Santa Sede, se ha recibido la indicación que, durante este tiempo, debe trabajar para obtener su sustento”.
Otro hecho que impactó en la Iglesia cordobesa fue el escándalo de pedofilia que tuvo como epicentro La Casa del Niño del Padre Aguilera de Unquillo. Los abusos sexuales contra niños que vivían en el hogar terminaron con condenas de la Justicia cordobesa. En tanto, el Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dispuso dos intervenciones a la institución.
Por último, no puede omitirse el caso del actual obispo de Río Cuarto, Adolfo Uriona, que aunque fue sobreseído por la Justicia, carga sobre sus espaldas la denuncia por supuesto manoseo formulada por una joven cuando se desempeñaba en el obispado de Añatuya (Santiago del Estero), en 2006. Su caso no se encuadra en el compromiso de “tolerancia cero” del papa Francisco, que lo designó en su actual cargo en 2014.