MENDOZA (ARGENTINA)
ANRed - Agencia de Noticias Redacción [Buenos Aires, Argentina]
March 19, 2020
Se trata del ex sacerdote de la diócesis de Reconquista, provincia de Santa Fe, Néstor Monzón, quién había sido condenado a 16 años de prisión por abusar en 2016 de una niña y un niño, que por entonces ambos contaban con la edad de tres años. Pese a las argumentaciones del letrado defensor del cura abusador, la Cámara de Apelaciones negó el pedido y el detenido deberá esperar su sentencia final y definitiva tras las rejas. Una multitud agolpada afuera del edificio, compuesta por organizaciones sociales y familiares de los niños, acompañó la resolución. Por Máximo Paz, para ANRed.
Néstor Monzón, el ex sacerdote condenado a fines del año pasado en la localidad de Reconquista, Santa Fe, por abuso sexual a niños, seguirá tras las rejas, en tanto que el religioso acaba de sufrir otro revés judicial, ya que la Cámara de Apelaciones de dicha ciudad confirmó la prisión preventiva al rechazar el pedido de apelación de la defensa del pedófilo.
En primera instancia, Monzón había sido encontrado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante a una niña y un niño que por entonces contaban con tres años de edad. Por ello, fue sentenciado a 16 años de prisión en suspenso hasta que el fallo quedara firme. De todos modos, se resolvió la prisión preventiva sobre el pedófilo por riesgo a que el reo se diera a la fuga. La defensa de Monzón apeló la medida y Carlos Renna, el juez de la Cámara, acabó por confirmar que el religioso seguirá en prisión.
Ricardo Degoumois, abogado de Monzón, había planteado la libertad de su defendido a través de instancias de libertad alternativas a la prisión preventiva que hoy asume como el uso de una tobillera electrónica o una cámara con IP que monitoree su casa; también planteó la posibilidad de establecer una caución real firme (una suerte de hipoteca que se ejecuta si el sentenciado no cumple los términos de la condena) en la casa de los padres y hasta la posibilidad de que se presente 2 o 3 veces por día a sede policial, del MPA o donde fuere para acreditar su presencia en la ciudad, bajo el argumento de que dicha condena original fue impuesta en el marco de un «clamor general» y que, además, no existía riesgo de fuga por parte del cura pedófilo.
En la extensa resolución, los argumentos del juez recorren varios puntos por los cuales se le niega al delincuente que espere su condena firme fuera del encierro de la institución carcelaria. Allí, el camarista precisó que existen varios motivos para la resolución tomada.
En principio, el magistrado hizo hincapié sobre el hecho en sí y la carga de la condena asignada por –ni más ni menos- los delitos contra la integridad sexual de menores de tres años de edad de la localidad del departamento General Obligado, al conjeturarlos como “aberrantes”.
«El sistema jurídico penal en casos como el que nos ocupa, debe ser rígidamente analizado procurando verificar todas las circunstancias del hecho, las acciones endilgadas al imputado, y lo que le ocurrió a las pobres víctimas», soltó, para concluir que «porque si bien no es función única en materia jurisdiccional la protección de las víctimas, si debo sostener que no pueden las decisiones judiciales ignorar al titular del bien protegido por el ordenamiento jurídico».
Por otro lado, el juez analizó los modos específicos de participación del religioso en redes sociales, para llegar a la conclusión de que tal utilización “permitirían contacto con otras personas con quienes tenga amistad y posibilite una fuga de la localidad” en tanto que «Monzón cuenta con contactos en diversos lugares del país para permanecer oculto y no presentarse al eventual cumplimiento de la pena o al proceso de apelación”.
En la resolución del juez también estuvo presente la cuestión de que el reo ya no utiliza los hábitos sacerdotales y que por lo cual “la pérdida del estado clerical puede influir en su comportamiento evasivo”.
A su vez, el magistrado volvió sobre un tema fundamental al colocar como motivo de la negación solicitada «la protección moral y psicológica de las víctimas del hecho, con raigambre constitucional en la Convención de Derechos del Niño”.
Los delitos investigados y condenados fueron cometidos entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre de 2015 en la residencia del cura perteneciente a la diócesis de Reconquista, ubicada dentro del predio de la parroquia ‘María Madre de Dios’. En la sede religiosa, el sujeto inquirido desempeñaba su labor eclesiástica bajo el rango de sacerdote. Las víctimas fueron una niña y un niño a quienes además de violarlas sexualmente, también hizo que se vieran recíprocamente mientras eran vulnerados.
Cabe destacar que el inculpado además no tuvo condena por la imputación sobre el hecho, a partir de los bestiales actos, de transmitir una enfermedad venérea a uno de los niños abusados amparado, según la dictaminación de los jueces, por el «beneficio de la duda».
El 18 de diciembre de 2019, un tribunal compuesto por los jueces Claudia Bressán, Martín Gauna Chapero y Santiago Banegas, condenó por unanimidad al sacerdote Néstor Fabián Monzón. Fue declarado autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, aunque el religioso quedó en libertad en la espera de que la condena quede firme.
El 20 de diciembre de 2019, a pedido de los fiscales y querellantes, y por el riesgo de fuga, la Jueza Penal Norma Senn resolvió la inmediata detención del sacerdote, quien está en prisión preventiva desde ese día.
“La conducta de Monzón no fue ejemplar, porque estamos hablando de la responsabilidad de un delito aberrante, es decir anómalo, antinatural y repugnante. Si bien siempre se presentó ante los requerimientos de la Justicia, era su obligación hacerlo”, remató el juez mientras, otra vez, «un clamor popular», protagonizado por organizaciones sociales, vecinos y familiares de las víctimas reclamaba que el ex sacerdote, otrora cabecilla de la de la Parroquia “María Madre de Dios”, continuara tras las rejas. Monzón fue transportado de nuevo a la cárcel de Santa Felicia en un móvil del Servicio Penitenciario.