(ARGENTINA)
Diario Uno [Mendoza, Argentina]
May 27, 2020
By Enrique Pfaab
Hace 20 años, cuando tenía 16, una mujer aseguró que fue abusada sexualmente por uno de los
sacerdotes de la parroquia de su ciudad. No denunció el caso, pero debió someterse a un tratamiento
psicológico que continúa en la actualidad. Hace unas semanas, 20 años después, se cruzó
accidentalmente con el sacerdote en la calle y el hombre, a partir de ese momento, comenzó a acosarla,
según su propio relato.
La víctima inició una acción civil contra el cura y el Arzobispado y la jueza que entiende en el expediente
ya dictó la prohibición de acercamiento para proteger a la mujer. Desde el Arzobispado informaron que
recién el 26 de mayo fueron notidcados de la medida judicial del Tribunal de Gestión asociado Nº3 y que
desconocían los hechos denunciados. La disposición “prohíbe el eventual traslado de un sacerdote por
una causa por violencia de género iniciada contra él y este Arzobispado y cuyos términos nos resultan
desconocidos porque nunca fuimos notiUcados de demanda alguna”, informaron a través de un
comunicado.
Según los dichos de la mujer, el hecho original ocurrió en Palmira y el demandado es un sacerdote de
57años que actualmente es vicario parroquial en la Capilla Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora
de Lourdes, ambas de El Algarrobal, distrito de Las Heras, en donde también tiene domicilio. Además es
capellán auxiliar para la atención pastoral de la población de la Unidad Penal III de Mujeres, en El
Borbollón.
Cuando sucedieron esos hechos, el párroco en Palmira era José Francisco Armendáriz, que fue acusado
de dejar embarazada a una joven de 18 años. El cura negó los hechos pero luego los resultados de
histocompatibilidad (ADN), ordenados por la Justicia, dieron positivo en el 99,9%. Armendáriz le dio el
apellido a la pequeña, pero la Iglesia ya lo había trasladado a Buenos Aires. Allí siguió siendo cura por un
tiempo, hasta que dejó los hábitos, se radicó en San Juan y se casó con otra mujer.
“Nuestra representada no hizo la denuncia penal en aquel momento. Tenía 16 años y es integrante de
una familia muy católica”, contó el abogado Carlos Lombardi quien, junto a la letrada Carolina Jacky, lleva
el caso. La adolescente inició un tratamiento psicológico que aún hoy mantiene.
Hace un tiempo y en forma totalmente accidental, la víctima, ahora una mujer de 36 años y docente, se
cruzó con el sacerdote que la había atacado. Si bien el cruce fue traumático, no pasó más que eso pero, a
partir de ese momento, el sacerdote volvió a cruzarse en el camino de la mujer, ahora ya en forma
totalmente intencional.
De acuerdo a la abogada, se defendida se sintió amenazada, hostigada y acosada y concurrió a buscar
asesoramiento para saber qué podía hacer.
“La demanda es por daños y perjuicios, derivada del abuso sexual, encuadrada dentro de la Ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, dijo el
abogado Lombardi, quien agregó que “nosotros sugerimos la denuncia penal, pero ha quedado en espera,
respetando la voluntad de la víctima”.
Desde el Arzobispado manifestaron que les “sorprende la liviandad ética y jurídica con la que los
abogados patrocinantes de la causa hacen apariciones mediáticas, avaladas por la notoria y desprolija
actividad del tribunal en cuestión, con severas y graves fallas de constitucionalidad en su obrar, toda vez
que hay una causa judicial cuyos demandados no conocen en absoluto los términos de lo reclamado”.
La jueza Civil María Eugenia Ibazeta hizo lugar al pedido de la víctima y le ordenó al Arzobispado que el
sacerdote permanezca en su destino actual y no pueda ser reasignado a otro lugar, mientras se tramita el
pleito.
Además la jueza le ordenó al demandado abstenerse de acercarse a los lugares donde la mujer
desarrolla su vida social y laboral.
El abogado indicó que la mujer “reclama una indemnización integral. Es decir, la reparación de todos los
daños ocasionados durante todos estos años por el sacerdote en persona y, también, por el Arzobispado,
por ser la institución a la que pertenece el sacerdote, y que debió controlarlo”.
Desde el Arzobispado expresaron: “ConUamos en que la Justicia dé los pasos necesarios para reparar la
gravedad de lo actuado hasta ahora y salvaguarde los derechos de todas las personas e instituciones
afectadas. Que actúe conforme a derecho, según la naturaleza reglada de su actividad. En el camino de la
verdad de los hechos, la autoridad judicial no puede obrar con arbitrariedad, prescindiendo de las
elementales garantías constitucionales”.