PARANá (ARGENTINA)
La Izquierda Diario [Buenos Aires, Argentina]
December 21, 2020
By Valeria Jasper
Así lo determinó la Cámara de Casación Penal de Concordia sobre la condena de 17 años que recibió en 2019 el sacerdote Marcelino Moya. El tribunal hizo una clara denuncia sobre el rol que jugó la jerarquía católica provincial en el ocultamiento de los delitos.
La semana pasada fue rechazado el pedido de absolución presentado por la defensa del cura Marcelino Ricardo Moya, quien fuera condenado a 17 años de prisión por abuso sexual contra dos menores de edad. El argumento presentado fue, por un lado, la prescripción de la acción penal por la cual se lo condenó; y por otro, la excesiva condena otorgada por considerar que conlleva a una “degradación del ser humano y un desprecio a la libertad”.
Con la negativa del tribunal de segunda instancia, queda ratificada la sentencia del 5 de abril de 2019 del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, por la cual el sacerdote fue hallado culpable de los delitos de promoción de la corrupción agravada reiterada y abuso sexual simple agravado en concurso real entre sí, con una condena a 17 años de cárcel que aún permanece sin ser efectiva.
Según el dictamen firmado por los jueces Silvina Gallo, Darío Perroud y Aníbal Lafourcade, al cual accedió La Izquierda Diario, el rechazo de los puntos presentados en la apelación se basan, fundamentalmente, en considerar el interés superior del niño, principio fundamental de la Convención de los Derechos del Niño, tratado que cuenta con rango constitucional.
Los jueces entiendieron que los actos cometidos por Moya, considerados como “prematuros, excesivos y perversos” fueron un “grave atentado a los derechos humanos” que han ocasionado “gravísimas consecuencias” en las víctimas, considerando que se trataba de un “sacerdote del culto católico, sostenido por el Estado Argentino”, cuyo desempeño lo colocaba en una situación especial de autoridad, poder, prestigio y preeminencia ante sus víctimas y la comunidad.
“Es indiscutible que el menor víctima de abuso sexual es un sujeto especialmente vulnerable a quien el Estado le debe obligatoriamente deberes especiales, lo cual no puede ser neutralizado por un instituto de normativa interna (la prescripción) cuando tal niño, menoscabado en su dignidad, acude a la Justicia para que se brinde una respuesta a eventos que le sucedieron siendo chico y que hasta entonces no había podido poner en palabras. Y va de suyo que ninguna trascendencia tiene que aquel niño sea hoy adulto, puesto que por un lado se entiende desde lo fáctico la demora en la denuncia, y desde lo jurídico porque priorizar el interés del que habla la Convención de los Derechos del Niño es juzgar atendiendo a que lo que se decida tendrá incidencia no solo en quienes fueron niños al tiempo de los hechos, sino a todo el colectivo que forman los niños, niñas y adolescentes en general”.
Así lo dejó de manifiesto el camarista Darío Perroud en su voto, quien consideró la necesidad de juzgar con perspectiva de niñez, “teniendo en cuenta especialmente la situación de vulnerabilidad en que se encontraban sumidas las víctimas, que lo fueron de abusos sexuales siendo niños y en un ámbito donde debían estar protegidos, no más expuestos”.
Por su parte, la jueza Silvia Gallo, fue contundente a la hora de remarcar la responsabilidad de la Iglesia católica en el encubrimiento de los delitos sexuales cometidos por el condenado: “La preeminencia institucional de la iglesia, su poder, se ha concretado de tal manera en el contexto que nos ocupa, que aun habiendo tomado conocimiento de los comportamientos desplegados por su ministro Moya, mantuvo el silencio y en definitiva -esa estructura de poder espiritual- avaló los mismos evitando pronunciarse y dar intervención a la justicia, manteniéndolos ocultos/secretos para concretar el logro de la impunidad, siendo éste un hecho relevante”.
Este fallo no solo ratifica lo actuado por el Tribunal en 2019, es un reconocimiento a la valentía de las víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiásticos que se animan a develar las prácticas siniestras y sistemáticas de una institución ancestral y poderosa como es la Iglesia católica.
No callar más
Así lo entiende Pablo Huck, una de las personas que luego de muchos años de sufrimiento, pudo poner en palabras lo vivido en su infancia con quien creía era su protector; se animó y denunció los abusos que sufrió por parte del cura Marcelino Moya entre los años 1993 y 1994, en tiempos en que participaba de la Acción Católica y estudiaba en el Instituto de la Inmaculada Concepción de Villaguay.
En diálogo con este medio, manifestó su alegría porque “Casación haya actuado en consecuencia a los que dictaron los jueces de Concepción del Uruguay 20 meses antes “, al entender que “hay circunstancias en que no se le deben dar lugar a la prescripción, como estos casos, por lo grave del delito cometido”, resaltando la importancia de haber juzgado desde una perspectiva donde se priorizó su condición de niño al momento de ocurrir los hechos.
Para los sobrevivientes y las víctimas, el daño es permanente y la prescripción no debería ser considerada. “Yo denuncié más de 22 años después de cometido el delito pero el delito permanece en mí, las consecuencias del delito, el agravio, la falta de posibilidad de restitución, el silencio y todo lo que provoca el abuso sexual es permanente, más allá de los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, el poder develarlo. Y reparar ese daño como deber del Estado sería, en parte, intentar cesar un daño que así y todo, uno no lo sabe pero ¿cómo va a prescribir la posibilidad de condenar algo que todavía está vigente?”, afirma Pablo.
A pesar de la condena, Moya no está en prisión. Se encuentra en el domicilio de su madre, en la localidad de María Grande. Lejos del púlpito pero también lejos de la cárcel efectiva. Para Huck, “es asombroso el hecho de que el delincuente, quizás en este caso, por su carácter de sacerdote, espere una vez condenado como fue ahora, casi dos años en su pueblo de origen, en la casa de su madre, a costas des riesgo de todos los niños y adolescentes que habitan en el pueblo”, remarcando a su vez la persistencia de la complicidad del Arzobispado local, al afirmar que “está comprobado que a Marcelino Moya lo visita el obispo Puiggari, su referente lo visita en la casa de su madre”
No es de extrañar la actitud complaciente que tiene Juan Alberto Puiggari, actual jerarca de la iglesia católica entrerriana, hacia sus “ovejas descarriadas”. Es sabido de sus regulares visitas a la cárcel de Victoria, donde se encuentra recluido Escobar Gaviria, otro cura de la provincia, condenado por abuso sexual.
Desde ya que nunca mantuvo algún tipo de acercamiento a las víctimas y se dedicó a embarrar el camino judicial. Parecería que algunos mandamientos de la iglesia se barren bajo la alfombra, o directamente se dejan pasar.
Así lo describe Huck a Puiggari: “un ser nefasto, otro psicópata ocupando un lugar de poder. La cantidad de veces que hubo que pedirles en todas las causas que proporcionara archivos, información en relación a los curas denunciados siempre… Él habló que iba a actuar en consecuencia a los resultados de la justicia y a Escobar Gaviria no solo que lo visita sino que conserva el estado clerical, Moya sigue siendo cura, pero bueno es consecuencia de algo mucho más grande”
A Pablo le queda claro todo el sistema de silencio y ocultamiento de la institución que a pesar de su porte demagógico de combatir la pedofilia, sigue sosteniendo, con firmeza, prácticas encubridoras: “Hoy, el actual papa, ha hecho todo lo posible para que Grassi zafe de la cárcel y no zafó, está condenado no solo por abuso de menores sino por malversación de fondos, y nunca se le retiró el estado clerical. Ellos hablan de actuar en consecuencia y después no lo hacen, forman parte del grueso de la hipocresía de la iglesia católica”.
Héctor Giménez, Eduardo Lorenzo, Rubén Marchioni, Justo José Illaraz, Juan Diego Escobar Gaviría, Horacio Corbacho y Nicola Corradi del Próvolo, Raúl Anatoly Sidders, Julio César Grassi. Apenas algunos clérigos denunciados por abusos sexuales, apenas algunos condenados por la Justicia.
Héctor Aguer, Víctor Fernández, Juan Alberto Puiggari, Estanislao Karlic, Mario Maulión. Algunos de los jerarcas católicos denunciados por complicidad y encubrimiento de abusos sexuales. Ninguno condenado.
Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II. Jefes del Estado vaticano que, sabiendo de la pedofilia eclesiástica, mantuvieron y aún lo siguen haciendo, una férrea defensa de la santa impunidad que blinda a la Iglesia católica alrededor del mundo.
Como Pablo, Rocío, León, que pudieron denunciar, con valentía, coraje y mucho dolor a cuestas; son cada vez son más quienes tienen claro de qué lado están esas sotanas, sabiendo que la batalla por desenmascar los crímenes cometidos y ocultados por la Iglesia cátolica no es fácil. Y cada vez gritan más fuerte ¡Iglesia y Estado Asunto Separado!