(ARGENTINA)
Diario de Mendoza [Mendoza, Argentina]
October 22, 2023
By Rocío Di Marco
Este miércoles se conoció el fallo absolutorio contra las últimas imputadas y, tras esto, se cierra un capítulo en la extensa y oscura historia del Instituto Próvolo. Denuncias por abusos desde 1950, cientos de testigos, cartas eróticas, tres juicios que resumieron la causa y la lucha incansable de víctimas y familiares, son algunos de los detalles del resonante caso.
Uno de los casos que más resonó en Mendoza y en el país es, sin duda, el ocurrido en el Instituto Antonio Próvolo para Sordos. Los casos de abuso involucran a sacerdotes, monjas, y exdirectivos del establecimiento. Algunos de los imputados ya fueron condenados por abusar sexualmente de 25 niños y adolescentes.
Sin embargo, el miércoles pasado la Justicia absolvió a 5 de las restantes acusadas durante el último tercer juicio, el que le dio fin a una causa que comenzó varios años atrás.
Incluso, el hecho es más grande de lo que se cree: 67 exalumnos en Italia denunciaron ser víctimas entre 1950 y 1980. En este marco, los abusos se habrían prolongado por más de siete décadas en Mendoza, Verona y La Plata, principales sedes del instituto.
Qué es el Instituto Antonio Próvolo
La Compañía de María para la Educación de Sordomudos fue fundada en 1841 por Antonio Próvolo. Por lo tanto, es una institución eclesiástica con sede en Mendoza y La Plata en Argentina, y en Verona, Italia.
El establecimiento ubicado en Luján de Cuyo se dedicaba a acompañar y formar menores sordos. El sacerdote italiano Nicola Corradi era el principal responsable. En un fallo histórico en Argentina, fue sentenciado a 42 años. El hombre ya había sido acusado de cometer abusos en la sede ubicada en Verona, Italia, antes de arribar a Argentina.
Según las víctimas (italianas y argentinas), la Iglesia Católica “sabía que el sacerdote era pedófilo y aún así lo pusieron a cargo de niñas, niños y adolescentes”. Las denuncias tienen más de una década. En tanto, el cura Horacio Corbacho fue sentenciado a una pena de 45 años y el jardinero del instituto, Armando Gómez, fue juzgado junto a los religiosos y recibió una pena de 18 años por abusar de dos menores.
Las autoridades cerraron el instituto en 2016 y detuvieron a Corradi, Corbacho y a 12 sospechosos como las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez.
2008-2018: Las denuncias que pusieron el foco en el Próvolo
La primera denuncia sobre las aberraciones que ocurrían en el instituto fue realizada por una familia en el año 2008. Esta denuncia fue rechazada por los representantes del Próvolo y la Justicia tampoco la investigó.
Luego, un 18 de noviembre del 2016 salieron a la luz los primeros detalles sobre lo que ocurría en el establecimiento. Fue una exalumna (designada como la Testigo Número 1) quien se atrevió a destapar los hechos que se vivían puertas adentro y realizó la denuncia formal.
Cabe destacar que en 2017, la causa ya acumulaba 7 detenidos. Sin embargo, un exadministrativo, de quien encontraron restos de semen en una bombacha en el instituto, quedó en libertad al ser declarado inimputable.
Un año después, tras una serie de declaraciones, marchas para pedir justicia y cruces por la compra y venta del edificio, Jorge Bordón, exmonaguillo del instituto se convirtió en el primer condenado de la primera causa. En septiembre del 2018, recibió 10 años de prisión como autor de 11 hechos de abuso contra 5 víctimas.
En ese entonces, más de 18 jóvenes denunciaron haber sido víctimas de abuso y corrupción de menores mientras estudiaban en el instituto. Por su parte, eran 14 los acusados, divididos en 3 causas. Y seis de ellos se encontraban en prisión: Corradi, Corbacho, Bordón, Gómez, Kumiko Kosaka y la exrepresentante legal Graciela Pascual.
A lo largo del año, la Fiscalía recolectó distintas pruebas provenientes de allanamientos en el instituto y de las numerosas declaraciones de víctimas y testigos que derivaron en la detención de los involucrados. En el caso de las dos monjas, integraron la segunda y tercera causa judicial junto a Pascual y otras 7 exdirectoras, docentes y empleadas. A Kumiko se la imputó como autora y encubridora de al menos 3 hechos de abuso, mientras que a Martínez por omisión en un episodio.
Para fines del 2018, ya eran más de 20 exalumnos los denunciantes y un sinfín de aberrantes pruebas secuestradas:
- $550.000 en efectivo de la habitación de Corradi.
- Una bombacha de nena con restos de semen de otro de los imputados (que luego fue declarado inimputable).
- Computadoras con páginas pornográficas en su historial.
- Cartas que evidenciaban el descontrol en el Próvolo con referencias y dibujos sexuales hechos por Corbacho.
- Libros de novedades, donde quedaban registradas las actividades escolares y que debían ser controlados por la DGE. Sin embargo, había dos tipos de libros: los oficiales (con los controles diarios) y los “paralelos”, que datan de 1998. En estos últimos había anotaciones y novedades de exdirectoras que hablaban de “conductas sexualizadas” de los chicos, de la decisión de reubicar a uno de los denunciados a raíz de la acusación de una exalumna y novedades sobre posibles denuncias de padres.
2019: El primer juicio contra los curas
Durante la primera semana de agosto, se dio inicio al juicio contra tres acusados por abusar sexualmente de chicos sordos. Se trata de Nicola Corradi, Horacio Corbacho y el exjardinero Armando Gómez, quienes se sentaron en el banquillo de los acusados para enfrentar las 28 imputaciones en total.
Uno de los detalles que resaltan en este punto de la historia es que, más allá de haber sido imputados, detenidos y siendo enjuiciados, Corradi y Corbacho continuaban siendo curas. Más teniendo en cuenta que el del “Orden Sagrado” (sacerdocio) es un sacramento, por lo que serían curas durante todas sus vidas.
En el desarrollo del juicio, la Justicia decidió que las víctimas, quienes ya habían declarado en Cámara Gesell, no lo volvieran a hacer en las audiencias. Por lo que muchas de las exposiciones se reprodujeron a través de videos donde los menores relataron lo que vivieron y apuntaron a los victimarios. Allí, Corradi, Corbacho, Kumiko y Gómez fueron los principales señalados.
El 25 de noviembre, la Justicia condenó a Corbacho a 45 años de prisión e inhabilitación absoluta por los hechos de abuso sexual y corrupción de menores. Mientras que para Corradi los jueces dictaminaron 42 años de cárcel por los mismos delitos y Gómez a 18 años de prisión.
Fueron 49 jornadas que se extendieron en un lapso de 112 días y 63 personas que declararon, entre exalumnos, padres, peritos del Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales (EdEAAS), Cuerpo Médico Forense, exdocentes y peritos de control.
2021: Inicio del segundo juicio
En medio de la pandemia, y con modalidad semipresencial, el 3 de mayo comenzó el segundo juicio por el caso Próvolo, el cual tenía casi 300 testigos y como principales acusadas a las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, a la exapoderada legal del instituto, Graciela Pascual, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza, la cocinera Noemí Paz y la psicóloga Cecilia Raffo.
En este nuevo debate, el fiscal Gustavo Stroppinana unificó varias causas y era la religiosa de origen japonés la más comprometida. Tenía siete imputaciones por diferentes abusos. Por eso, el objetivo era esclarecer los episodios sufridos por 36 personas que, siendo menores de edad, fueron abusadas en el colegio de calle Boedo. La mayoría expuso en 52 cámaras Gesell.
Sin embargo, este fue un juicio caracterizado por numerosas trabas. Desde pedidos de nulidad, jueces que se apartaron de la causa hasta recusaciones por “falta de imparcialidad” que derivaron en un largo retraso de un debate que, prácticamente, no había comenzado. Recién en junio del 2021 se reanudaron las actividades. En paralelo, los juicios civiles estaban igual de demorados.
Y, mientras las audiencias continuaban, un 14 de julio murió Nicola Corradi, el sacerdote condenado a 42 años de prisión. Debido a su edad y estado de salud cumplía prisión domiciliaria.
El tiempo corría y el segundo juicio avanzaba a paso lento. Las novedades no eran muchas y eso provocó que familiares de las víctimas reclamaran en varias ocasiones para que la causa avance. Pero todo siguió igual hasta el año siguiente.
2022: Una millonaria condena
A principios de año, la Justicia Civil de Mendoza condenó a la Asociación Civil Obra San José –entidad de la que dependía el instituto para chicos sordos en Luján de Cuyo- a pagar 14,4 millones de pesos a uno de los sobrevivientes de los abusos sexuales en el instituto. Se trata de la primera condena civil por el caso que fue noticia en el mundo entero.
Durante el juicio penal, en mayo sólo 23 de los 266 testigos habían declarado, siendo menos del 10% del total. Sin embargo, un mes después llegó la noticia que despertó la furia de los familiares. Kumiko Kosaka fue liberada porque se cumplió el plazo máximo establecido para que una persona permanezca privada de la libertad sin condena.
Nuevamente, el caso se vio demorado por una serie de circunstancias como el apartamiento del juez Rafael Escot por calificar al juicio como un “diálogo de sordos”. La “pérdida de imparcialidad” fue la razón para hacer lugar a la recusación.
2023: Crónica de un final no anunciado
Hacia comienzos de abril de este año, empezaron los alegatos de cierre de las 3 causas que dan forma al segundo de los juicios por los abusos en el instituto contra las 9 imputadas. Cabe aclarar que en total son tres los juicios que involucraron a todo el caso Próvolo, en tanto son dos los mega juicios que incluyeron, por lo menos, a 3 imputados o imputadas por los abusos.
En los casi 2 años transcurridos desde el inicio del segundo juicio, se realizaron más de 300 audiencias por la gran cantidad de testigos y la multiplicidad de hechos sobre los que debía declarar cada persona citada. En total declararon más de 100 testigos, muchos de ellos denunciantes también en la causa, lo que motivó que debieran tomarse las testimoniales junto a profesionales del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) e intérpretes de Lengua de Señas.
Fiscalía vs. Defensa: los pedidos
Por el lado de la Fiscalía, a cargo de Alejandro Iturbide, se pidió una condena para Kumiko Kosaka de 25 años de prisión y 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde haya menores y se requiera el control de la autoridad pública.
Durante su exposición, Iturbide acusó a la religiosa japonesa por los delitos de autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesario de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, partícipe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cincos hecho de corrupción de menores. El pedido de pena de la querella fue similar al de la Fiscalía.
A su turno, los abogados de Kosaka -con Carlos Varela Álvarez a la cabeza- solicitaron la absolución de la monja e insistieron en que lograron demostrar “con certeza que Kosaka no participó, ni supo, ni vio ninguno de los hechos que durante años la han señalado falsamente”. Además, acusó al fiscal y a los querellantes de haber “demonizado” la imagen de la mujer durante la investigación.
En tanto, Iturbide, pidió 18 años de prisión para la exrepresentante legal del Instituto Próvolo en Mendoza, Graciela Pascual y también solicitó 10 años para la monja Asunción Martínez. Luego, 3 años de prisión en suspenso para la exdirectora Gladys Pinacca y 3 años de prisión en suspenso para la cocinera Noemí Paz. Todas fueron imputadas por omisión de prestar auxilio a las víctimas y encubridoras de los abusos. En cambio, no se formularon cargos contra las otras cuatro imputadas en este proceso, las directoras del Instituto (en distintos años) Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.
La última palabra
El 18 de octubre del 2023, luego de 395 audiencias y en un debate que comenzó con 9 extrabajadoras del Próvolo imputadas, llegó a su fin con sólo 5 de ellas sobre quienes se solicitaron condenas.
De igual forma, las 9 mujeres decidieron hacer uso de su última palabra. Todas insistieron en puntos similares: mantuvieron su inocencia, criticaron fuertemente a fiscales, medios de comunicación y abogados querellantes, resaltaron el tiempo que perdieron estando imputadas y muchas destacaron el daño en sus imágenes por la “condena social”.
Cuando llegó el momento decisivo, familiares y víctimas presentes rompieron en llanto al conocer el veredicto: Kumiko Kosaka, Graciela Pascual y Asunción Martinez fueron absueltas. Gritos de dolor y algunos principios de desvanecimiento se adueñaron de la escena en el Polo Penal. Allí, muchos expresaron que se sentían “traicionados por la Justicia de Mendoza. Con esto, se llama a las futuras víctimas a silenciarse”.
Pero la defensa de las víctimas ya anticipó que apelará el fallo, en tanto el equipo de abogados defensores de las nueve mujeres absueltas pidió la renuncia de los dos últimos fiscales de la causa.