SAN MARTíN (ARGENTINA)
La Izquierda Diario [Buenos Aires, Argentina]
November 24, 2023
By Daniel Satur
Se trata de Carlos Eduardo José, recientemente condenado por el TOC 2 de San Martín. Durante ocho años abusó de una menor en el Instituto San José Obrero de Caseros. El mismo Tribunal lo había absuelto en 2021, pero debió revisar la sentencia y en agosto terminó aceptando la culpabilidad del (ahora ex) cura. Parece que ahora los jueces quieren ayudarlo demorando irregularmente allanamientos pedidos por la víctima y la Fiscalía.
Según informó este miércoles la periodista Alicia Alvado en Télam, el abogado querellante Héctor Silveira denunció que los jueces Alejandro Moramarco Terrarossa, Marcelo Machado y Héctor Toneguzzo, del Tribunal Oral Criminal 2 de San Martín, llevan semanas demorando varios allanamientos solicitados para encontrar y detener a Carlos Eduardo José, un (ex) cura de 64 años condenado por “abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por ser el imputado ministro de un culto reconocido y por encontrarse en la guarda de la víctima”.
El 22 de agosto José iba a ser condenado por el TOC N°2 luego de un segundo juicio en el que se volvieron a analizar los abusos sexuales que cometió durante ocho años (de 1994 a 2002) contra una menor (hoy de 36) mientras regenteaba el Instituto San José Obrero, uno de los colegios católicos más importantes de Caseros, en la Zona Norte del conurbano bonaerense. Ese día, del que este miércoles se cumplieron tres meses, el clérigo no se presentó a la audiencia y desde entonces no se informa su paradero.
Como se relató en otro artículo de este diario, es la segunda vez en seis años que el (ahora) exsacerdote se fuga, ya que en julio de 2017 se escondió en un seminario de la Iglesia católica durante una semana mientras era buscado por el Poder Judicial. Hoy pesa sobre él una orden de captura nacional e internacional (circular roja de Interpol incluída) y hay fuertes sospechas de que desde hace tres meses está protegido por la jerarquía eclesiástica.
El abogado querellante en el juicio en el que José iba a ser condenado dijo a Télam, por un lado, que el TOC 2 viene “demorando y denegando los pedidos de allanamientos solicitados junto a la Fiscalía”. Por otro lado, el letrado afirma que para la querella el prófugo “no salió del país”sino que, al menos, “hasta el 24 de octubre los indicios nos llevan a pensar que está en el Gran Buenos Aires”. En ese sentido, “la gente que está involucrada en el encubrimiento” está “directamente vinculada a la Iglesia católica y a testigos que declararon a favor del cura durante el juicio”, agregó Silveira.
Para la querella, José “sigue prófugo porque el presidente del Tribunal, Moramarco Terrarosa, no nos ha otorgado ninguno de los allanamientos y otras medidas solicitadas”, a pesar de que desde la parte acusadora entregaron al Tribunal “tres biblioratos enteros de pruebas”.
El TOC 2 había convocado para el 22 de agosto a una “audiencia de cesura” en la que iba a informar la condena contra el criminal de sotana, acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado”. El juicio se realizó luego de que en octubre de 2022 la Cámara de Casación Penal bonaerense revirtiera (parcialmente) la absolución por“prescripción del delito” con la que el mismo TOC 2 de San Martín lo había beneficiado en marzo de 2021.
Al revisar su anterior sentencia, los jueces Moramarco Terrarossa, Machado y Toneguzzo declararon culpable al acusado por abusar sexualmente de la menor en el Instituto San José Obrero de Caseros, entre los once y los veinte años de edad de la víctima. Ahora son los mismos jueces los que, a criterio de la querella que representa a la denunciante, demoran irregularmente los allanamientos que podrían dar con el paradero del prófugo.
“Sigue prófugo porque el presidente del Tribunal no nos ha otorgado ninguno de los allanamientos y otras medidas solicitadas”, sentenció el abogado Silveira. Y agregó que los pedidos de allanamientos se vienen demorando desde el 17 de octubre, dándole de hecho la posibilidad a José de seguir evadiendo la detención. Pese a la respuesta inicial afirmativa de los jueces para realizar esas medidas, las fueron postergando por más de un mes.
“Telefónicamente (el juez Moramarco Terrarosa) nos dijo que sí, y media hora antes de que las comisiones de la Policía salgan a hacer los allanamientos, fueron suspendidos y postergados por 48 horas para hacer más investigaciones”, relató el abogado a Télam. “Luego, el 20 de octubre sacó otra resolución diciendo que prorroga esa medida por 48 horas más y el 24 directamente deniega los allanamientos en función de que pide más operaciones de inteligencia que le den un margen de seguridad mayor”, completó.
En ese sentido, Silveira acusa al Tribunal de pretender “no allanar, que se lo encuentre en algún lugar no cerrado porque los lugares a allanar son todos lugares vinculados a gente perteneciente a la Iglesia, de una manera u otra”.
La protección material, jurídica y “espiritual” de la Curia para con sus “ovejas descarriadas” acusadas de los más viles crímenes contra feligreses, especialmente menores de edad, es una constante de la Iglesia católica mundial. Uno de los ejemplos más resonantes de los últimos tiempos es el cobijo otorgado por Jorge Bergoglio en el Vaticanoal exobispo de Orán (Salta) Gustavo Zanchetta, condenado a cuatro años y medio de prisión por abusar de seminaristas. Cuando ya había sido denunciado penalmente, el papa Francisco sacó a Zanchetta del país y lo llevó a Roma, donde lo premió hasta que pudo con un cargo estratégico en la llamada “inmobiliaria del Vaticano”.
A nadie debería extrañar, entonces, que la propia Conferencia Episcopal Argentina sepa dónde y cómo está “escondido” Carlos Eduardo José. Y no sólo que lo sepa, sino que ponga recursos humanos y materiales para que el prófugo se sienta a salvo. Entre clérigos no se van a pisar las sotanas.
José abusó, al menos, de una menor durante ocho años. No puede haberlo hecho en secreto y sin levantar ningún tipo de sospechas.Lógicamente la protección no sólo es por solidaridad corporativa, sino también para evitar al máximo la posibilidad de que el condenado confiese, ya no ante otro cura sino ante jueces y fiscales, algunas de sus tropelías y, con ello, quizás largue nombres de algunos de sus cómplices.