ROMA—. Es un hecho universalmente aceptado de la navegación que nunca es la punta del iceberg la que hace a un barco naufragar, sino el impacto de la masa restante que permanece oculta sumergida. Sin embargo, para el ojo avezado esa fragmento visible es usualmente suficiente para alertar del peligro que se avecina y cambiar la ruta.
En el caso de los escándalos de abuso sexual del clero chileno, el papa Francisco primero rozó la punta del iceberg en 2015, cuando decidió transferir al obispo chileno llamado Juan Barros, acusado de haber encubierto abusos, a una diócesis del sur.
Sin embargo, el papa Francisco ignoró repetidamente las alarmas que sonaron alto y claro. Las víctimas de la pedofilia sacerdote Fernando Karadima, para quienes-Barros supuestamente encubierto, hablaron con cualquiera que lo escuchara, incluyendo miembros de la propia Comisión Pontificia del Papa para la Protección de los Menores. Los medios, tanto en Chile como en Roma, mantuvieron el caso en el punto de mira. Los políticos chilenos enviaron a la nominación.
Pero Francis siguió adelante, a toda máquina.
La inevitable colisión llegó con la decisión de mandar dos enviados papales a Chile para investigar las denuncias contra Mons. Barros. El informe de 2.300 páginas, producto de 64 entrevistas personales, que produjo la investigación obligó al pontífice a enfrentarse a lo que había debajo de las aguas.
El contenido del documento elaborado por Mons. Charles Scicluna, arzobispo de Malta, y el padre español Jordi Bertomeu sigue siendo confidencial, pero en las últimas dos semanas, desde que los obispos chilenos regresaron de Roma, presentando sus renuncias a Francis, han surgido amplias evidencias que demuestra la magnitud del iceberg.
En la diócesis de Rancagua, por ejemplo, 14 sacerdotes que formaban parte de un clan que se llamó “La Familia” han sido suspendidos pendientes de investigación por acusaciones de abuso sexual de menores, así como por tener relaciones homosexuales consentidas con adultos.
El obispo Alejandro Goic, quien hasta la semana pasada era el presidente de la Comisión Nacional para la prevención de abusos del episcopado chileno, ha pedido disculpas por “mi comportamiento en este caso”, aceptando que no había actuado con suficiente rapidez. Por esta razón tuvo que dimitir de la comisión.
También se hizo público que el padre Óscar Muñoz Toledo, ex canciller de la arquidiócesis de Santiago, fue destituido de esa posición el 2 de enero, días antes de que el papa Francisco visitara el país, después que confesara haber cometido abuso sexual de menores.
Aunque los detalles no estuvieron claros entonces, ahora se sabe que abusó sexualmente de sus sobrinos, que eran menores en ese momento. Lo que significa que el hombre que tenía la responsabilidad de tomar las declaraciones de algunas de las víctimas de Karadima estaba al mismo tiempo abusando sexualmente de otros niños.
Además, la exreligiosa Consuelo Gómez dejó su congregación el año pasado después de haber sido abusada sexualmente en varias oportunidades por una monja chilena cuando era novicia y ambas vivían en un convento en España.
La Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano emitió un comunicado a través de la Conferencia Episcopal reconociendo que habían tenido conocimiento de las alegaciones, y que la forma en que habían abordado la cuestión no era acorde a ‘nuestra misión y vocación’.
Según la la exreligiosa, la congregación le ordenó mantener los abusos en secreto y le dijo que todo lo que había sucedido era “culpa suya”.
El jueves pasado, los jesuitas en Chile —la propia orden del papa Francisco— anunciaron a través de un comunicado que habían cerrado una investigación contra el padre Jaime Guzmán Astaburuaga, acusado de abuso sexual de menores de edad, y que la información recopilada sería enviada a la Congregación del Vaticano para la Doctrina de la fe (CDF).
Según el documento de San Juan Pablo II de 2001, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, el juicio de un sacerdote acusado de abusar sexualmente de un menor está reservado exclusivamente a la CDF, aunque la CDF puede asignar el caso a una iglesia local.
Las denuncias contra Guzmán implican hechos ocurridos antes de 1994, lo que significa que según la ley civil chilena los crímenes han pasado el estatuto de limitaciones del país, a menos que el congreso chileno apruebe un proyecto de ley presentado por el presidente Sebastián Piñera el mes pasado que busca la imprescriptibilidad total para crímenes de abuso sexual.
Guzmán recibió una sanción canónica en 2012, y se le prohibió el ministerio público y el contacto con menores.
En un esfuerzo por cumplir con el pedido del Papa Francisco de buscar la “transparencia, verdad, justicia y reparación”, el comunicado de los jesuitas también revela que otros dos religiosos han sido sacados del ministerio público en años recientes por abuso sexual. Se trata de los padres Raúl González, denunciado en 2011 por un antiguo alumno por abusos sucedidos en 1999, y el padre Juan Pablo Cárcamo, acusado por una mujer adulta por abuso de conciencia y transgresiones sexuales durante un retiro espiritual.
A esto se suman las continuas acusaciones contra los hermanos Maristas, que ya han aceptado la existencia de situaciones de abuso sexual por varias décadas.
Dos de los colaboradores más cercanos del cardenal Raúl Silva Henríquez, obispo de la Arquidiócesis de Santiago desde 1961 hasta 1983, los padres Cristián Precht Bañados y Miguel Ortega, también han sido encontrados culpables de abuso.
Ambos padres, Precht, un campeón del movimiento de derechos humanos hasta que se hicieron públicas las acusaciones, y Ortega, quién murió en 2015, han enfrentado nuevas acusaciones en los últimos días, esta vez de víctimas de los hermanos Maristas, quienes alegan que ambos abusaron de niños cuando visitaban las instituciones maristas, incluyendo las insinuaciones sexuales a adolescentes que fueron a confesarse.
El 21 de mayo, en la misa de clausura de un sínodo diocesano, el cardenal Ricardo Ezzati, acusado por algunas víctimas de encubrir los abusos e ignorar las acusaciones, dijo que la CDF le había confiado dar sentencia por seis casos de abuso sexual clerical durante su ministerio episcopal en Santiago.
El viernes su sitio web arquidiocesano publicó los nombres de los seis sacerdotes y cuáles fueron sus sentencias. En el caso de Precht, el sitio dice que sido “condenado a cinco años de suspensión del ministerio sacerdotal”, que actualmente no ostenta ningún encargo pastoral y que se encuentra “con decreto de una nueva investigación previa debido a las acusaciones de víctima del caso Maristas”. Otros cuatro fueron suspendidos permanentemente y perdieron su estado clerical, y otro fue suspendido y murió poco después.
Dos supervivientes, un médico llamado Jaime Concha y un agente de bienes raíces llamado Jorge Franco, hablaron con Scicluna y Bertomeu a principios de este año sobre los abusos que sufrieron. También ellos acusaron al padre Alfredo Soiza-Piñeyro, quien fue expulsado en 2013 luego de que las denuncias de abuso sexual fueran presentadas a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Soiza-Piñeyro ganó fama nacional en 1987 cuando sirvió de mediador en el secuestro del coronel del ejército chileno, Carlos Carreño.
En la carta que le entregó a los obispos en Roma, el papa Francisco dice que la Iglesia chilena es culpable de destruir evidencias, de ocultar la importancia de las acusaciones, y de mantener homosexuales a cargo de la formación de los seminaristas.
Sobre este último punto, existen informes de 2011 sobre abusos en el seminario de San Rafael en Valparaíso. Los cuales incluyen abusos de naturaleza sexual, pero además también abusos de poder y conciencia: seminaristas que fueron obligados a nadar desnudos con sus superiores, y un hombre que hoy es el obispo local, Gonzalo Duarte García, de Cortázara, que golpeó públicamente a un seminarista porque se negó a besarlo en la boca. Tal incidente se dice que data de 1992.
Mauricio Pulgar, exseminarista de Valparaíso, habló con el portal de noticias chileno The Clinic en 2011 y dijo que sus superiores lo enviaron a ver a un psicólogo para superar sus “problemas de afectividad”.
“Si no te gusta que te toquen (en tus partes privadas), eres tú quien tiene un problema”, según él le dijeron. “Si no te gustan que te acaricien los labios, tienes un problema. Si no te gusta que te abracen, tienes un problema. Siempre, el depravado eres tú”, dijo en ese momento, en acusaciones que ha repetido desde entonces.
Pulgar ha hablado en contra de varios sacerdotes, además de Duarte, pero nada ha sucedido hasta ahora. Mons. Duarte ya tiene más de 75 años, por lo que presentó su renuncia a Francisco incluso antes de que los obispos chilenos viajaran a Roma.
Por ahora, está claro que la crisis de la Iglesia Católica en Chile es profunda. Los analistas creen que limpiar la casa, reparar los daños, compensar a los sobrevivientes y reconstruir la confianza en la institución y la fe puede tomar décadas.
Independientemente de la cantidad de renuncias de los obispos que el papa Francisco finalmente acepte, el desafío va más allá de las cabezas que se hagan rodar, como el mismo Papa ha repetido innumerables veces desde entonces. Existe una “cultura del abuso” y el encubrimiento que “no debe repetirse nunca más”, escribió a los católicos chilenos en la carta del 31 de mayo.
Tradicionalmente, para elegir un nuevo obispo el Vaticano confía en la información proporcionada por la jerarquía local y el nuncio papal en el país. En este caso, sin embargo, la credibilidad del arzobispo Ivo Scapolo, el actual embajador de Vaticano en Chile, se ha visto empañada, por lo que muchas personas han pedido su renuncia.
El papa Francisco todavía tiene un largo camino por recorrer después de las respuestas ambivalentes del Vaticano a las diversas acusaciones, y la suya propia, aunque su inquebrantable posición durante los últimos 45 días le ha ganado el apoyo del comité editorial del New York Times, que en enero le había lanzado los perros por su defensa del obispo Barros.
Sin embargo, mientras tanto, a nivel popular todavía hay hombres y mujeres, esos que el papa Francisco llama “el pueblo santo de Dios, fiel y sufriente”, que mantienen la fe viva en Chile, respondiendo a su llamado a construir a “una Iglesia profética”.
En palabras del padre chileno Mariano Puga, “me pregunto, ¿qué sucede con los pobres de la Iglesia después de la decisión del Papa, después de las acusaciones contra los obispos? ¿Qué sucede con aquellos que han bautizado a sus hijos, que van a misa los domingos, que reciben la Comunión? ¿Qué sucede con aquellos que creen en Jesús y están fuera de todos estos escándalos? ”
El 1 de junio el padre Francisco Astaburuaga —uno del grupo de nueve chilenos, algunos de ellos víctimas de abuso sexual, otros de abuso de conciencia y otros que apoyan a los sobrevivientes, siete de los cuales son sacerdotes—, respondió sin saberlo a esa pregunta, después de reunirse con el Papa.
“Quiero decirles [a los laicos], que siempre después de la crucifixión viene la resurrección”, dijo a los periodistas el día de su llegada a Roma.
“Lo que el Papa nos está diciendo con sus acciones y palabras no es nada más que una exhortación a renacer, a la valentía de hacer que el conflicto sea nuestro, mirándolo a la cara y enfrentándolo con la esperanza que viene de Cristo. Estoy convencido de que todos saldremos de esto renovados en nuestra fe, tanto la Iglesia como comunidad como cada creyente”, dijo.
“Ha llegado el momento de que los católicos en Chile se abran generosamente a la dinámica de la esperanza”, concluyó Astaburuaga.
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Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Crux. Es parte de una serie de dos artículos. En el siguiente la autora explora lo que el Papa Francisco quiere decir cuando llama a Chile a convertirse una vez más en “iglesia profética”. Puede seguir a Inés San Martín en su cuenta de twitter @inesanma.
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