ABUSE TRACKER

A digest of links to media coverage of clergy abuse. For recent coverage listed in this blog, read the full article in the newspaper or other media source by clicking “Read original article.” For earlier coverage, click the title to read the original article.

March 11, 2021

Detienen a sacerdote acusado de violación en Hidalgo

TULANCINGO (MEXICO)
Excelsior [Mexico City, Mexico]

March 11, 2021

By Emmanuel Rincón

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Los hechos de los que es acusado el párroco ocurrieron en 2019, en los municipios de Atlapexco y en Yahualica, mientras se desempeñaba como ministro de culto religioso

Acusado de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada cometida contra dos personas, un sacerdote identificado como  J. L. G. E., fue aprehendido en el estado de Hidalgo.

Los hechos de los que es acusado el párroco ocurrieron en 2019, en los municipios de Atlapexco y en Yahualica, mientras se desempeñaba como ministro de culto religioso, de acuerdo con los datos que han trascendido a partir de su aprehensión.

El clérigo aprovechó su calidad de sacerdote para hacerse de la confianza de sus víctimas, a quienes atacó sexualmente y quienes finalmente denunciaron por separado.

De acuerdo con información obtenida por Excélsior, en los próximos días un juez penal definirá la situación legal del acusado, en tanto la procuraduría del estado investiga si…

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March 9, 2021

Notifican sentencia condenatoria a sacerdote Aristeo Baca

CHIHUAHUA (MEXICO)
Norte Digital [Tijuana, Baja California, Mexico]

March 9, 2021

By Carlos Omar Barranco

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Aristeo Baca aún permanece en prisión domiciliaria en un asilo de El Barreal; su abogado, Maclovio Murillo, apelará el viernes 

Un tribunal de enjuiciamiento de primera instancia del distrito judicial Bravos notificó este martes la sentencia condenatoria al sacerdote Aristeo Trinidad Baca Baca. 

De 76 años de edad, hace una semana que al clérigo se le declaró culpable de los delitos de violación y abuso sexual con penalidad agravada.

Los ilícitos los cometió cuando la víctima tenía 8 y 10 años de edad. La menor se desempañaba como monaguillo en la parroquia Santa María de la Montaña de esta frontera.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía de Género, al sacerdote se le condenó a 34 años cinco meses y diez días de prisión. La condena deberá empezar a contarse desde que se le detuvo el 9 de febrero de 2019.

Una vez que la sentencia cause ejecutoria, lo cual…

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March 3, 2021

Por violación y abuso sexual, condenan a más de 34 años de prisión al cura Aristeo Trinidad Baca

CHIHUAHUA (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

March 3, 2021

By Patricia Mayorga

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Un Tribunal de Ciudad Juárez condenó a más de 34 años de prisión al sacerdote Aristeo Trinidad Baca por violación y abuso sexual de una niña de 8 años que lo auxiliaba como monaguilla en su parroquia.

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Un Tribunal de Enjuiciamiento de Ciudad Juárez condenó a más de 34 años de prisión al sacerdote Aristeo Trinidad Baca por los delitos de violación y abuso sexual en agravio de una niña de ocho años que lo auxiliaba como monaguilla en su parroquia.

El 23 de febrero pasado, los jueces Carlos Rodríguez García, Florina Coronado Burciago y Arnulfo Arellanes Hernández encontraron responsable al cura, y en la audiencia de este martes acordaron que la autoridad ejecutora decida dónde computará la pena, pues hasta ahora se encontraba sujeto a prisión domiciliaria.

El Tribunal determinó que el expárroco cometió el delito de violación al finalizar diciembre de 2015, un abuso sexual…

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Los 765 días del caso Aristeo

CHIHUAHUA (MEXICO)
La Verdad Juaréz [Ciudad Juaréz, Chihuahua, Mexico]

March 3, 2021

By Redacción

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Más de 25 meses pasaron desde que una niña, acompañada de sus padres, acusó ante las autoridades al sacerdote Aristeo Trinidad Baca Baca por violación y abuso sexual, hechos registrados entre 2015 y 2018.

El pasado 22 de febrero el religioso católico fue encontrado culpable por un tribunal de enjuiciamiento en juicio oral y este martes fue sentenciado a 34 años, 5 meses y 10 días de prisión domiciliaria.

Esta es la cronología del primer caso de pederastia por el que un clérigo de la Diócesis de Ciudad Juárez es acusado, detenido, llevado a juicio y sentenciado en 765 días.  

2018

19 de diciembre | Una denuncia por violación y abuso sexual es presentada en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) en contra del padre Aristeo, por una niña que era monaguilla de su parroquia.

2019

9 de febrero Detienen al…

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March 2, 2021

Dan 34 años de cárcel a sacerdote por abuso sexual

CIUDAD JUáREZ (MEXICO)
Excelsior [Mexico City, Mexico]

March 2, 2021

By Carlos Coria Rivas

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La juez Florina Coronado leyó la condena la tarde del martes en Ciudad Juárez, donde el religioso cometió el delito en el 2019, en las instalaciones de su parroquia

CIUDAD DE MÉXICO.

El sacerdote católico Aristeo Baca Baca fue condenado a 34 años y cinco meses de prisión por los delitos de violación sexual agravada y abuso sexual agravado en contra de una menor de 8 años de edad.

La juez Florina Coronado leyó la condena la tarde del martes en Ciudad Juárez, donde el sacerdote cometió el delito en el 2019, en las instalaciones de su parroquia.

Actualmente, el sacerdote se encuentra en arraigo domiciliario con vigilancia policiaca, por su avanzada edad.

La jueza dictaminó que el sacerdote deberá pagar alrededor de 59 mil pesos como pago de reparación del daño y multa, más los gastos por las medidas de protección que la Fiscalía General del Estado otorgó a…

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February 23, 2021

Juarez priest found guilty of sexually assaulting 8-year-old girl

CIUDAD JUáREZ (MEXICO)
BorderReport [El Paso TX]

February 23, 2021

By Julian Resendiz

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JUAREZ, Mexico (Border Report) – A three-judge panel has found a Juarez Catholic priest guilty of sexually abusing an altar girl when she was 8 years old, Chihuahua state officials said.

The judges on Monday afternoon convicted the Rev. Aristeo Baca of two counts of aggravated sexual assault and one count of aggravated sexual abuse. The abuse allegedly took place inside the Santa Maria de la Montana parish in South Juarez between December 2015 and January 2018, the state Attorney General’s Office said.

The investigation began when the girl’s parents called police after their daughter refused to go back to the church in early 2019. Police psychologists and medical personnel determined the girl had suffered sexual assault, the AG’s Office said in a statement.

Baca denied the charges, although prosecutor alleged he once asked forgiveness from the girl’s father.

“The evidence presented during the trial shows the accused broke the trust and took advantage of the access he had to the victim,” the AG’s Office said.

The same three-judge panel that found him guilty will sentence Baca on March 1. He faces up to 80 years in prison.

Several supporters of Baca showed up outside the courtroom throughout the trial with signs proclaiming he was innocent. However, women’s rights groups such as Red Mesa de Mujeres celebrated his conviction.

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February 22, 2021

Sacerdote de Chihuahua irá a prisión por violar a niña de 8 años

CIUDAD JUáREZ (MEXICO)
Excelsior [Mexico City, Mexico]

February 22, 2021

By Carlos Coria Rivas

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Al sacerdote Aristeo Baca le otorgaron el beneficio de regresar a su casa bajo custodia, mientras se dictamina su sentencia

La tarde de este lunes un sacerdote católico fue declarado culpable de abuso sexual y violación agravada, en perjuicio de una niña que acudía con sus padres a la iglesia del párroco en Chihuahua.

El padre Aristeo Baca escuchó el dictamen del juez Carlos Jaime Rodríguez García y otros dos magistrados, quienes otorgaron al sacerdote el beneficio de regresar a su casa bajo custodia, mientras se dictamina su sentencia.

El Ministerio Público local dio a conocer que solicitará la pena máxima de 80 años de prisión, aunque la edad del sacerdote no le permitiría ni acumular al menos 20 años en la cárcel.

El sacerdote fue encontrado culpable de los delitos mencionados en contra de una niña de 8 años de edad.

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Juicio en Italia: En un seminario menor de la Legión de Cristo en Gozzano, un niño de 12 años fue abusado sexualmente por un sacerdote de la Legión llamado Vladimir Reséndiz Gutiérrez

MEXICO CITY (MEXICO)
Infolliteras [Mérida, Yucatán, Mexico]

February 22, 2021

By Eduardo Lliteras

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Eduardo Lliteras Sentíes.- En un seminario menor de la Legión de Cristo en la región italiana de Lombardía, en la ciudad de Gozzano, a partir de 2008, un niño de 12 años fue abusado sexualmente por un sacerdote de la Legión llamado Vladimir Reséndiz Gutiérrez, de nacionalidad mexicana. 

Un cable de la agencia estadounidense Associated Press (AP) informaba por aquéllas fechas que cuando la familia del niño lo supo en 2013 gracias a la psicóloga que lo atendía -estaba sujeto a depresión- presentó una denuncia ante la policía italiana.

La congregación fundada por el criminal y pederasta, Marcial Maciel, ofreció una indemnización de 15 mil euros para que la denuncia fuese retirada. Y la familia guardara silencio, ya que de lo contrario deberían resarcir el dinero por partida doble.

Sin embargo, la madre del menor abusado, Yolanda Martínez García, acudió con  Velasio De Paolis, el delegado pontificio al que Benedicto XVI confió, en 2010, el comisariamiento de la institución, que duró cuatro años.

Pero la reacción del cardenal al que el Papa hoy en “retiro espiritual” le confió el cargo de vigilar a la Legión tras las denuncias sin fin contra su fundador, no fue la esperada: se rió entre dientes, le aconsejó a la madre del menor abusado que no firmara ese convenio (redactado en un contrato de seis páginas por los abogados de la congregación), y le dijo que propusiera otro sin los abogados involucrados: “Los abogados complican cosas -le dijo-, incluso la Escritura dice que hay que llegar a un acuerdo entre los cristianos ”. 

El acuerdo entre “cristianos” era el siguiente: si la familia violaba el pacto de confidencialidad, deberían pagar a la congregación el doble de lo pactado, 30.000 euros

“Fue una segunda violación, porque para todos los efectos y objetivos, en esa carta nos pidieron que negáramos los hechos. Y para nosotros eso fue una puñalada por la espalda porque nos la trajo nuestro padre espiritual. Él sabía todo sobre nosotros porque mi esposo confiaba en él. Y eso lo hizo aún más doloroso”, relató Martínez a la agencia AP.

Esa conversación, decía el cable de AP, fue grabada y preservada, al igual que la propuesta de compensación, y ambas han sido pruebas cruciales en el juicio llevado a cabo en Milán, en el que sacerdotes y abogados de la Legión fueron acusados ​​de obstrucción de la justicia y extorsión. 

Si bien la Legión se atrincheró detrás de la justificación de que en ese momento no existían pautas para la protección de menores ahora vinculantes, el comportamiento de De Paolis, fallecido en 2017, solo demuestra su complicidad con los legionarios que protegían a los sacerdotes pedófilos. 

De Paolis se había enterado del comportamiento de Reséndiz en 2011, cuando otro chico del seminario de Gozzano, lo había acusado de maltrato y mientras estaban surgiendo otros casos en Venezuela, donde el sacerdote había sido enviado después de 2008 para esconderlo de las acusaciones en Italia.

Posteriormente, los Legionarios apartaron a Reséndiz Gutiérrez de su ministerio en el seminario menor en Venezuela, así como del trabajo pastoral con menores. Ocho días después, tras ser interrogado por su superior fue retirado de todo ministerio sacerdotal activo.

Luego se presentó el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe. En abril de 2013, el dicasterio vaticano decretó la expulsión del estado clerical de Reséndiz Gutiérrez.

Posteriormente en Italia, el mexicano Vladimir Reséndiz Gutiérrez, exsacerdote de la congregación, fue sentenciado a siete años de cárcel y al pago de indemnizaciones por abuso de dos menores.

ACUSADO Y SENTENCIADO EN ITALIA

Fue acusado de intento de extorsión contra una de las víctimas y complicidad el ex rector del seminario de menores de los Legionarios de Cristo en Gozzano, el mexicanoVladimir Resendiz Gutiérrez, quien fue condenado definitivamente a 6 años y 6 meses, pero huyó a México antes del juicio en 2020.

Ahora, cinco personas ex líderes y abogados de la congregación religiosa de los Legionarios de Cristo han sido imputadas el pasado 13 de febrero y por lo tanto enfrentarán también un juicio. Las acusaciones se formularon como parte de la investigación, que pasó de Novara a Milán porque el hecho ocurrió en la capital lombarda, que vio a los ex líderes de la congregación involucrarse en la investigación sobre presuntas presiones puestas en marcha para retirar la versión de los hechos. a una víctima de abuso.

Al concluir la audiencia preliminar ante la jueza Patrizia Nobile y la PM Alessia Menegazzo, se presentó la acusación de los máximos directivos de los Legionarios de Cristo cuya primera audiencia está prevista para el próximo 13 de mayo. En total cuatro integrantes de los Legionarios de Cristo son acusados: Óscar Náder Kuri, director territorial en Italia, Manuel Cordero Arjona y el sacerdote y psicólogo Víctor de Luna así como el abogado italiano Corrado D’Agostino y el prelado Luca Gallizia.

La abogada de la víctima, Daniela Cultrera, también interpuso una acción civil a favor de la familia.

En la acusación se afirma que Vladimir Resendiz Gutiérrez “con más acciones ejecutivas del mismo plan criminal, en su calidad de titular del seminario menor de la Congregación de Derecho Pontificio de los Legionarios de Cristo, actuando con violencia, amenaza, abuso de autoridad y en todo caso con la intención de abusar de la inferioridad psicofísica del menor (omitido), en el momento de tener doce años, quien le fue encomendado por motivos de educación, instrucción, cuidado, vigilancia y custodia”… “forzando al menor a realizar actos sexuales”.

Entre los cargos hay otros detalles de violencia, incluida la violencia psicológica; Resendiz presuntamente hizo sufrir a la víctima:  “Impidió que el menor regresara a casa, con motivo de las visitas de sus padres”; también lo sometió a “interrogatorios sobre cualquier práctica de masturbación por parte de los padres”.

En el centro de esta línea de investigación se encuentran dos escrituras privadas que se habrían presentado, para su firma, entre octubre y diciembre de 2013 a los familiares de la menor, que en ese momento tenía 12 años, para obtener una retractación de la denuncia por delitos sexuales y violencia. Según el acuerdo, según las investigaciones, si el niño no hubiera guardado silencio sobre la violencia, la familia habría tenido que pagar 15 mil euros por partida doble.

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January 31, 2021

Former Huntsville priest among names in clergy abuse disclosure

MORELIA (MEXICO)
The Item [Huntsville TX]

January 31, 2019

By Josh Criswell & Joseph Brown

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A disclosure on Thursday of clergy sexual abuse accusations from the Archdiocese of Galveston-Houston has hit home in Huntsville.

Moises Cabrera — who for a period of time between the years 1985 and 1988, served as a priest at St. Thomas the Apostle — was among 42 individuals named in the report. The Huntsville church was one of six parishes in which Cabrera served over this three-year span. He was removed from ministry in 1988, but began serving in Manila, Philippines in 1994.

An official for St. Thomas the Apostle refused to comment and would not provide the dates of Cabrera’s service in Huntsville.

According to the Archdiocese of Galveston-Houston website, “the list contains the names of priests about whom the archdiocese has received credible allegations of sexual abuse of a minor.” The allegations encompass nearly a 70-year span, from 1950 through the end of 2018. The Archdiocese of Galveston-Houston was one of 14 diocese in Texas to identify a total of 286 priests and others accused of sexually abusing children.

“The Bishops of Texas have decided to release the names of these priests at this time because it is right and just and to offer healing and hope to those who have suffered,” Cardinal Daniel N. DiNardo, head of the Archdiocese of Galveston-Houston, said in a statement. “On behalf of all who have failed in this regard, I offer my sincerest apology. Our church has been lacerated by this wound and we must take action to heal it.”

The move by Texas church leaders follows a Pennsylvania report in August detailing seven decades of child sexual abuse by more than 300 “predator priests.” Furthermore, the Illinois attorney general reported last month that at least 500 Catholic clergy in the state had sexually abused children.

In the months following that report, about 50 dioceses and religious provinces have released the names of nearly 1,250 priests and others accused of abuse. Approximately 60 percent of them have died. Roughly 30 other dioceses are investigating or have promised to release names of credibly accused priests in the coming months.

“Our office stands ready to assist local law enforcement and any district attorney’s office that asks for our help in dismantling this form of evil and removing the threat of those who threaten Texas children,” Marc Rylander, spokesman for the Texas attorney general’s office, told The Associated Press. “To date, we have not received any such requests, but we are ready to provide assistance to local prosecutors in accordance with state law and original criminal jurisdiction.”

DiNardo is also the president of the U.S. Conference of Catholic Bishops. He is expected to attend a February summit called by Pope Francis to sensitize church leaders around the globe to the pain of victims, instruct them how to investigate cases and develop general protocols for church hierarchy to use.

“The crime of sexual abuse of minors is a grave crisis in the church,” DiNardo said. “These sins have done great harm to the victims of the abuse and have deeply wounded the body of Christ, the church. Those victimized by clergy over the years need and deserve our prayers, outreach and support. … In multiple incidents over the years, the church and her ministers failed to protect the most vulnerable souls entrusted to our care.”

Victim advocates and those who have been tracking clergy abuse for decades have said the church has a bad record of policing itself, and that law enforcement investigations into church records of allegations are the only way to ensure real transparency. They argue that there is “no uniform definition of credibly accused priests,” while dioceses use different standards when deciding which names to release.

In addition to Huntsville, alleged abuse was disclosed regarding priests that served in nearby Conroe, Trinity and Navasota.

Among those listed was Manuel La Rosa Lopez, who was brought up on charges late last year for sexually abusing children in Conroe from the 1990s to the early 2000s. According to a report from KTRX in Houston, Lopez was accused of sexual misconduct on multiple occasions. One female victim reported him to the church in 2001, which caused him to be admitted to the Shalom Recovery Center in Montgomery County.

The church reassigned Lopez to St. John Fisher in Richmond in 2004. The female accuser then moved back to the area and reported her previous abuse again to the church upon realizing Father Manuel was still working. The female and another accuser filed reports with the Conroe Police Department in August 2018, and at least four potential victims have been identified.

Alphonse Rodrigue Hemond, who died in 1990, was also on the list of accused abusers, with stints at Most Holy Trinity in Trinity and St. Francis of the Tejas in Crockett. Richard Edelin, a former priest at Sacred Heart in Conroe, is also among the accused.

“The Archdiocese of Galveston-Houston is committed to transparency and accountability for the actions of its ministers,” DiNardo said. “It is my sincere hope that the publication of the names and credibly accused clergy will be a step forward to healing for those who have suffered in the wake of such actions. We humbly pledge to accompany them on the journey to wholeness and pray that God may bring them an awareness of his loving compassion.”

David Warren with the Associated Press contributed to this report.

Below is information on accused priests that have served in Huntsville and surrounding areas:

Moises Cabrera

Diocesan: Tuguegarao, Philippines

Incardinated Galveston-Houston 1985

Incardinated Manila 1994

Birth Year: 1946

Ordained: 1969

Status: Removed from ministry 1988

Assignments:

Prince of Peace, Houston

St. Ambrose, Houston

St. Augustine, Houston

St. Michael, Houston

St. Rose of Lima, Houston

St. Thomas the Apostle, Huntsville

Richard Edelin

Diocesan: Galveston-Houston

Birth Year: 1953

Ordained: 1979

Status: Removed from public ministry 2013

Assignments:

Sacred Heart Co-Cathedral, Houston

Sacred Heart, Conroe

Sacred Heart, Pattison

St. Francis de Sales, Houston

St. John Vianney, Houston

St. Thomas More, Houston

Alphonse Rodrigue Hemond

Religious: La Salette Fathers

Incardinated Galveston-Houston 1986

Birth Year: 1916

Ordained: 1949

Status: Retired 1990

Deceased 1990

Assignments:

Christ the King, Houston

Most Holy Trinity, Trinity

Our Lady of Lourdes, Hitchcock

Sacred Heart Co-Cathedral, Houston

St. Dominic, Houston

St. Francis of the Tejas, Crockett

St. John, Hungerford

St. Joseph, Brazoria

St. Mary, Cleveland

George Patrick Dougherty

Diocesan: Galveston-Houston

Birth Year: 1925

Ordained: 1967

Status: Removed from ministry 1996

Deceased 2002

Assignments:

Christ the King, Houston

Notre Dame, Houston

Our Lady of Guadalupe Mission, Navasota

Sacred Heart Co-Cathedral, Houston

Sacred Heart, Palestine

St. Augustine, Houston

St. Jerome, Houston

St. Patrick, Navasota

Fernando Noe Guzman

Diocesan: Morelia, Mexico

Birth Year: 1951

Ordained: 1979

Status: Removed from ministry 1987

Assignments:

Our Lady of Fatima, Galena Park

Our Lady of Guadalupe, Navasota

St. Patrick, Navasota

Manuel La Rosa Lopez (Criminal charges pending)

Diocesan: Galveston-Houston

Birth Year: 1957

Ordination: 1996

Status: Removed from ministry 2001, 2018

Assignments:

Sacred Heart, Conroe

St. Francis de Sales, Houston

St. John Fisher, Richmond

Tribunal

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January 29, 2021

Condenan a cura en Irapuato a 65 años de prisión por violación

LEóN (MEXICO)
El Universal [Mexico City, Mexico]

January 29, 2021

By Xóchitl Álvarez

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El sacerdote católico Luis Esteban Zavala, de 34 años de edad, fue condenado por violación espuria y corrupción de menores en contra de una niña de 12 años

Irapuato, Gto.- El sacerdote católico Luis Esteban Zavala Rodríguez, de 34 años de edad, expárroco del Templo de Nuestra Señora de la Soledad, fue condenado a 65 años y 3 meses de prisión por los delitos de violación espuria y corrupción de menores cometidos en contra de una niña de 12 años.

Este viernes, en audiencia, un juez penal encontró pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del cura, en laviolación de una menor a la que le daba catecismo.

El párroco abusó de la niña entre abril y junio del 2019, a quien le daba clases de catecismo en el Templo de Nuestra Señora de la Soledad, en la zona Centro de Irapuato.

Zavala Rodríguez fue descubierto por mensajes de texto e imágenes que enviaba al celular de la víctima, y fue detenido en agosto de 2019.

El sentenciado se ordenó como sacerdote en marzo de 2016, y más de tres años ejerció su ministerio de los templos del Hospitalito y Nuestra Señora de la Soledad.

El cura compurgará su pena en el Cereso de Irapuato, en donde se encuentra recluido el sacerdote y exvocero de la Arquidiócesis de León, Jorge Raúl Villegas, quien en abril del 2018 fue condenado a 90 años 7 meses de prisión por los delitos de violación calificada, abuso sexual y corrupción de menores, en agravio de dos alumnas del Colegio de Religiosas Atenas, de las que era su confesor y guía espiritual.

rcr

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January 27, 2021

Caso Aristeo reúne características de pederastia clerical: Alberto Athié

CHIHUAHUA (MEXICO)
Norte Digital [Tijuana, Baja California, Mexico]

January 27, 2021

By Carlos Omar Barranco

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El especialista en temas de pederastia dentro de la Iglesia Alberto Athié declara como testigo experto de la Fiscalía de la Mujer en juicio contra sacerdote 

El juicio del sacerdote Aristeo B., acusado de abusar de una menor de edad en la Parroquia Santa María de la Montaña, reúne las características de casos de pederastia clerical que se han presentado en México, refirió el experto en temas de pedofilia Alberto Athié Gallo.

Athié Galo participó ayer en el segundo día del juicio oral que enfrenta el padre Aristeo B. Se le acusa de la presunta violación y abuso sexual de una niña monaguillo que tenía 8 años de edad cuando inició la referida conducta.

“No conozco al padre y la madre, ni a la niña, ni a la familia, ni tuve contacto con el padre Aristeo. Pero sí reúne las condiciones de casos de pederastia clerical que me ha tocado vivir”, afirmó Athié en entrevista con Norte Digital.

En ese sentido, dijo que para que algo sea verdadero tiene que parecer verosímil. Eso lo debe determinar un tribunal con base en las pruebas que se le presenten.

Lo importante -acotó- es que la decisión judicial no dependa de cuestiones de dinero o de relaciones de poder que tienen las personas.

En este caso es importante que en el procedimiento de investigación se hayan reunido y se estén discutiendo las pruebas. También es importante que la autoridad final determine en base a esas pruebas, no por influyentismo, posición política, económica o social, destacó.

Reconoció que el modelo de juicio oral que se aplica en Ciudad Juárez da oportunidad a que esto sea posible. Esa fue una de las razones que lo llevaron a aceptar participar como testigo experto en el caso Aristeo.

Primordial la participación de mujeres: Alberto Athié

También indicó que en esta frontera la participación de las mujeres está logrando una justicia más abierta y más acompañada.

Aclarando que el juez que lleva el caso contra el sacerdote Aristeo B. le dio la indicación precisa de no compartir nada de lo que se trató en el juicio, Alberto Athié Gallo se pronunció a favor de que en este tipo de procesos se ponga el testimonio de la pequeña en el centro del proceso y se respete la presunción de inocencia del imputado.

Por lo que he vivido en México, puedo decirte que el modelo de atención que se está llevando a cabo aquí en Chihuahua y aquí en Juárez es el mejor. Por eso me interesaba mucho conocerlo más de cerca”, aclaró.

Lo primero que hay que hacer en estos casos es proteger inmediatamente a las víctimas con un proceso de proteger y empoderar a la víctima para que pase de víctima a sobreviviente en esta espantosa experiencia de sometimiento de la personalidad, de la fe religiosa como algo valioso, para pasar a buscar la verdad y la justicia y la protección de la familia”, planteó.

Justicia a niñas y niños

Dijo que, en primer lugar, es muy positivo que todo el proceso se dé dentro de la perspectiva de que niños y niñas son sujetos de derechos y que la autoridad está para ayudar y facilitar que ellos puedan expresarse.

“El testimonio de la pequeña debe ponerse en el centro de la cuestión judicial. Creo que eso se está haciendo en Juárez gracias al equipo de abogadas que está apoyando”, apreció.

En segundo lugar está -dijo- ir acabando con los privilegios a personas por condición social, económica, política y religiosa.

Terminar con el fuero clerical

En ese aspecto, este juicio podría acabar con un privilegio o fuero clerical y hacer que personas que han sido violentadas como esta niña y otras niñas violentadas puedan salir a denunciar”, opinó.

La reinvindicación, construcción y fortalecimiento del estado de derecho se construye cuando se funda en derechos humanos, ponderó.

“Yo esperaría -sostuvo- que este juicio termine con este modelo que en México ha sido muy fuerte y pasar de una autoridad que daba o quitaba derechos a una sociedad que posee sus derechos”.

Es necesario dar el siguiente paso y que, de solo tipificar el delito y sancionar a quienes lo cometen, se establezcan medidas para el proceso de reintegración social, agregó.

“En el caso de la pederastia sabemos que no se trata de una problemática sicoativa, sino una serie de medidas que se tienen que tomar de alejamiento de estas personas de niñas y niños”.

“También en relación con religiosos, maestros, directivos de deportivos y hay que generar ambientes seguros y de protección”, planteó. 

Finalmente, dijo que uno de los factores que hay que tomar en cuenta es que muchos padres de familia tienen confianza en autoridades espirituales sin el cuidado que se requiere. Ese modelo tiene que revisarse a favor de una convivencia más segura.

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January 7, 2021

Sacerdote enfrentaría 70años de prisión por violar a una menor

LEóN (MEXICO)
Meganoticias [Zapopan, Jalisco, Mexico]

January 7, 2021

By Moisés Mendoza Salamanca

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Sacerdote podría ser sentenciado a 70 años de prisión por violación de una menor de edad en Irapuato


Irapuato, Guanajuato.- Esta semana ha sido reanudado el juicio por el supuesto delito de violación en contra de una menor de edad en la ciudad de Irapuato y donde se presume la responsabilidad del sacerdote católico Luis Esteban Zavala Rodríguez. El juicio ha entrado a su etapa final, luego de que este fuera detenido y llevado a prisión preventiva en agosto del 2019.  


El sacerdote Luis Esteban Zavala Rodríguez es acusado de violación y corrupción de menores, contra una niña que acudía al catecismo en el Templo de la Soledad, en Irapuato, según la carpeta de investigación, el presbítero abusó de una menor de 12 años de edad y la madre de la víctima se dio cuenta al encontrarle mensajes en su celular.  

La abogada de la víctima señaló que la familia ha sido acosada desde el inicio de la demanda, han sido perseguidos y hasta han recibido mensajes para que declinen de la demanda con amenazas de muerte.

“Se tienen registros de amenazas que le están haciendo a la señora, el acoso es por teléfono y le mandan mensajes, le dicen que la van a matar. Son amenazas por los intereses que se juegan pues se incita con misas y diálogos de odio” Dalia Ramírez , abogada 


La abogada señaló que se sospecha que al menos hay otros dos menores de edad que pudieron ser víctimas del clérigo y a las familias de esas probables víctimas les pidió ser valientes y denunciar.  

 
Del 2019 a la fecha dos sacerdotes en Guanajuato han sido denunciados y procesados por el delito de corrupción de menores y violación; son los casos de los sacerdotes Rubén Herrera Luna y Jorge Raúl Villegas Chávez investigados y sentenciados por los mismos delitos.  

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December 30, 2020

Este jueves se reanuda caso de sacerdote irapuatense acusado de violación

LEóN (MEXICO)
Periódico Correo [Guanajuato, Guanajuato, Mexico]

December 30, 2020

By Redacción

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Irapuato.- Este jueves, a más de 15 meses, se reanuda la audiencia de juicio a Luis Esteban Zavala Rodríguez, sacerdote católico que fungió como párroco de Nuestra Señora de la Soledad y fue acusado de violación a una menor de edad.

El presbítero se encuentra en prisión preventiva, mientras los familiares de la víctimadeclaran haber sufrido amenazas de algunos fieles para que retiraran la denuncia.

“El lunes pasado se reanudó el juicio después de una prórroga de 10 días que solicité como ampliación para analizar el caso. El juicio estará en su etapa final mañana -este jueves- cuando se reanude la audiencia. Con las pruebas ofrecidas por la Fiscalía se señala la responsabilidad del sacerdote Luis Esteban Zavala Rodríguez”, dijo a correo Dalia Ramírez, abogada defensora de la víctima menor de edad del presbítero.

Un largo proceso

Hace más de 15 meses, el 5 de agosto del 2019, con la causa penal 1P1619-1062 por los delitos de violación espuria calificada y corrupción de menores en contra de una niña de, en ese entonces, 12 años de edad, inició el proceso penal contra Zavala Rodríguez.

El expárroco de Nuestra Señora de la Soledad, ubicado en la zona centro, a un costado de presidencia municipal, fue detenido en prisión preventiva mientras se desahogaban las pruebas. Proceso que hasta hoy, finalmente continúa.

“Confiamos en la justicia, pero estoy preocupada porque podría haber más víctimas de este sacerdote y sospecho que no se animan a denunciar precisamente porque saben que los familiares de la denunciante han sufrido amenazas y hostigamiento. Pero es necesario que los familiares de las víctimas presenten sus denuncias correspondientes, pues de otra manera no se podrá impartir justicia”, lamentó la abogada.

Mensajes pornográficos

Trascendió que el abuso contra la menor ocurrió entre mayo a junio del año pasado, cuando la niña acudía a catecismo y a las misas donde era acólito junto a más de 10 menores de edad.

Fue ahí cuando el padre Luis Esteban Zavala comenzó a enviar mensajes y fotos pornográficas al celular de la niña. Pero no fue hasta que la mamá de la menor se percató de los cambios de conducta en su hija y descubrió estos mensajes, cuando habló con la menor quien le platicó de los abusos y violación.

La madre de la menor informó y mostró las fotografías a un sacerdote, quien le recomendó que llevara a la pequeña con un psicólogo y se comprometió a que iniciaría una investigación en la Diócesis. No obstante, a la fecha, la Iglesia Católica no ha informado nada sobre el asunto, por lo que la mujer presentó la denuncia penal.

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December 9, 2020

INJUSTICIA DIVINA EN LA IGLESIA CATÓLICA DE TIJUANA

TIJUANA (MEXICO)
En Línea BC [Tijuana, Baja California, Mexico]

December 9, 2020

By Admin

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AJEDREZ POLÍTICO

INJUSTICIA DIVINA EN LA IGLESIA CATÓLICA DE TIJUANA

EXONERADOS LOS SACERDOTES ACUSADOS DE ACOSO Y ABUSO SEXUAL EN 2012

EL ÚLTIMO FUE ENRIQUE TENORIO, EN NOVIEMBRE DEL 2020

SÓLO RENÉ TLAYECA HA SIDO EXPULSADO POR PEDERASTIA, UN CASO DIFERENTE A LOS OTROS

SERGIO ANZURES

En la Arquidiócesis Metropolitana de Tijuana ya no hay investigaciones contra sacerdotes acusados de pederastas; todos quedaron limpios, impolutos, inmaculados.

En el 2012, primero ante el entonces arzobispo Rafael Romo Muñoz y luego ante la Conferencia Episcopal de México, el padre Eduardo Ortiz, acusó a varios sacerdotes de Tijuana de abusos y acoso sexual, con base en denuncias de seminaristas.

Cabe recordar que el exrector del Seminario Mayor de Tijuana, dio nombres de los acusados y detalles:

El sacerdote italiano Danilo Pietro Zanini, de la parroquia San José, y el alemán Jeffrey David Newell Lambert, de la Iglesia Nuestra Señora de La Encarnación, de Camino Verde, así como Benigno Medrano, de la iglesia Medalla Milagrosa, de la colonia Buena Vista y Enrique Tenorio de la parroquia San Martín Caballero en la Villa.

La investigación inició en 2014 por orden del Vaticano y esos sacerdotes fueron suspendidos en tanto se investigaba.

En 2018, Juan Carlos Ackerman de la iglesia Medalla Milagrosa, fue suspendido por acusaciones de abuso y acoso sexual, pero el arzobispo Francisco Moreno Barrón lo protegió al decirle al Prebisterio de la Arquidiócesis, que por enfermedad se retiraba y lo mandó a la Casa del Sacerdote y luego a su casa.

Antes, a principios del 2016, Jeffrey David Newell y Benigno Medrano fueron exonerados por el entonces arzobispo Rafael Romo Muñoz; regresaron al sacerdocio.
Un año después, el italiano Danilo Pietro Zanini fue exonerado por el nuevo arzobispo Francisco Moreno Barrón.

En 2020, Juan Carlos Ackerman fue exonerado por Moreno Barrón y es párroco de la iglesia San Francisco en la colonia Juárez de Tijuana.
El último de los acusados y suspendido seis años, el padre Enrique Tenorio fue exonerado y designado vicario de la catedral Nuestra Señora de Guadalupe de la zona centro de Tijuana.

El arzobispo Francisco
Moreno Barrón informó oficialmente al prebisterio en la reunión de lo que será la nueva sede de la Catedral en Zona Río, el pasado 19 de noviembre, el regreso de Enrique Tenorio, lo que sorprendió a la mayoría de los sacerdotes.

Con la reincorporación de Enrique Tenorio, la denuncia del padre Eduardo Ortiz queda archivada, los sacerdotes acusados en 2012, para las autoridades eclesiásticas son inmaculados, impolutos.

Sin embargo, la sospecha de la pederastía en la iglesia católica de Tijuana continúa, y exseminaristas que denunciaron a esos sacerdotes siguen esperando que se les castigue.

No valió que el padre Eduardo Ortiz llevara ante el entonces —en el 2012– jefe de la iglesia católica de Tijuana, Rafael Romo Muñoz al sacerdote Ramón González, encargado del seminario menor y a jóvenes seminaristas a denunciar los acosos.

En lugar de iniciar una investigación al interior de la Arquidiócesis de Tijuana, el entonces obispo Romo Muñoz ordenó al vicario judicial, sacerdote Héctor Emilio Nava, demandar al acusador Eduardo Ortiz ante el Consejo Episcopal Mexicano por difamar a los sacerdotes señalados.

La acusación llegó también al Vaticano y hace meses, el padre Eduardo Ortiz fue exonerado de lo que algunos de sus compañeros del presbiterio, consideran una aberración ordenada por el anterior arzobispo.

En Tijuana, únicamente un sacerdote ha sido castigado por pederastia y fue René Tlayeca, como lo publicó en marzo del 2019, AJEDREZ POLÍTICO.

René Tlayeca fue reducido de sacerdote a estado laical; es decir, jamás podrá ejercer el presbiterio.

Fue párroco de la iglesia Príncipe de la Paz de esta ciudad, a quien se le acusó de pederastia, por lo que a finales del 2017, por orden del Vaticano en Roma, la Arquidiócesis Metropolitana de Tijuana lo redujo a estado laico, quitándole sus derechos para ejercer el sacerdocio.

René Tlayeca, actualmente es chofer de uber en Tijuana.

JAQUE MATE

En el ámbito político, en otra columna narraremos quién andaba en la avenida Revolución el pasado sábado 5 de diciembre a gusto, como si no tuviera una denuncia en su contra, su nombre empieza con F y su apellido con V, su apodo es el de un popular personaje del Chavo del 8.

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December 8, 2020

“Por tu culpa, por tu grande culpa…” testimonio de un sobreviviente de pederastia en Jalisco

AGUASCALIENTES (MEXICO)
Zona Docs [Guadalajara, Jalisco, Mexico]

December 8, 2020

By Dalia Souza

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En los últimos 10 años, 271 sacerdotes han sido investigados por abuso sexual infantil dentro de la Iglesia Católica en México, según informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en 2019. 

Como un ejercicio de transparencia y tras el anuncio de la instalación del Equipo Nacional de Protección de Menores (ENPM), se comprometieron a hacer valer el llamado del Papa Francisco en su carta apostólica Motu proprio, titulada Vos estis lux mundi (“Ustedes son la luz del mundo”), cuyo interés es prevenir y denunciar los casos de abuso sexual dentro de la iglesia, pero además, acabar con el sistema de encubrimiento que ha operado por siglos para dejar en la impunidad a victimarios, y sin justicia a miles de sus víctimas.

Quien sufrió estos laceros indescriptibles y ha comprobado la indolencia e indiferencia social y eclesiástica, sabe que este anuncio puede significar todo, o, como en su caso, nada. Josué, nombre ficticio para resguardar su identidad, decidió hablar después de 15 años. Siendo adolescente fue víctima de su “guía espiritual”, Rogelio, ahora exsacerdote de la iglesia católica en Bajío de San José, delegación del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco perteneciente a la Diócesis de Aguascalientes.  

Lo hace públicamente ahora, porque hace unos años, cuando lo confesó a un miembro de la iglesia, cuando lo grito frente a su cara y frente a miembros de la comunidad religiosa, cuando sus padres acudieron a pedir ayuda ante el obispo (aún en el puesto), no hubo más que estigma, escarnio social y silencio.

 Lo hace ahora esperando justicia para él y para los demás sobrevivientes que quedaron silenciados por temor al rechazo, pues, como afirma “nunca se termina la sensación de estar como caminado en fango en el propio lugar/pueblo de donde se es, o de seguir cargando con una culpa y estigma que no debería corresponderle a las víctimas”.  

Esta historia es narrada a través de una carta testimonial en primera persona e, incluye, algunas intervenciones de estos reporteros luego de sostener una entrevista con Josué.

Por Dalia Souza / @DaliaSouzal y Darwin Franco / @darwinfranco

Con la promesa de iniciar “un camino de transparencia de cara a la sociedad”, en enero de 2019, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que en la última década 271 sacerdotes han sido investigados por abuso sexual infantil; asimismo, que 426 han sido investigados, además, por pornografía infantil, así como, por otros delitos canónicos.

Al menos, hasta esa fecha, se informó que 217 fueron separados de sus cargos.

En tanto, la Nunciatura Apostólica en México, encargada de “promover y sostener las relaciones entre la Sede Apostólica y la Autoridad del Estado”, es decir, entre los representantes de la iglesia católica en Roma y los distintos gobiernos en el mundo, revelaron tener 152 casos de sacerdotes relacionados con “probables conductas cometidas en agravio de menores”.

El ejercicio de presunta rendición de cuentas surge a la par de la instalación del Equipo Nacional de Protección de Menores (ENPM) un área de la CEM que se define a sí mismo como “un órgano multidisciplinario… para responder integralmente al problema del abuso sexual infantil por parte de clérigos y agentes de pastoral en el ámbito eclesial”. La “razón de su existencia”:

“Evitar el abuso sexual de menores (“ni un caso más”) en la Iglesia de México, procurar justicia para las víctimas y fortalecer la cultura de la denuncia y responsabilidad, a fin de mostrar el verdadero Rostro de la Iglesia a sus hijos”, aseguran en su página web.

El equipo integrado a través del Consejo Nacional de Protección de Menores ha incorporado a 42 comisiones y consejos en distintas Diócesis del país.

Una de ellas, es la Comisión Diocesana de Aguascalientes para la Protección de Menores, creada el 1 de junio de 2020 por el Obispo de Aguascalientes, José María De la Torre Martín. Su objetivo, como el de las otras, es dar seguimiento a la ordenanza del Papa Francisco, a través de su carta apostólica “Vos estis lux mundi”, sobre generar sistemas de atención a denuncias de abusos contra menores de edad y adultos vulnerables cometidos por clérigos, además de, garantizar el tratamiento y seguimiento a las mismas.

Ya en 2018, la misma diócesis, habría suspendido al exsacerdote Flavio “N” y solicitado su dimisión definitiva del estado clerical ante el Vaticano. Y es que, meses antes del anuncio público, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes estaba investigando su responsabilidad en los delitos de violación, corrupción de menores y atentados al pudor en contra de un menor de edad desde el año 2013 y hasta el 2017.

Según refieren las declaraciones oficiales, el exsacerdote era el guía espiritual de la víctima y abusaba de su posición para embriagarle y agredirle. Dos años después de investigaciones, el sujeto fue condenado a 32 años de prisión y al pago de una multa de 53 mil 375 pesos.

Sin embargo, ese mismo año, de la Torre Martín, se negó a hablar sobre el tema: “¿se han dado casos en Aguascalientes?, ¿ustedes han sabido de algo?, si ustedes saben algo me lo dicen”, declaró el obispo al reportero Erick Ramírez del portal Página 24.

Su respuesta no parece una sorpresa para Josué, al contrario, era de esperarse, pues de la Torre Martín, había sido ese mismo que casi una década antes ignoró el llamado de ayuda que sus padres le hicieron tras enterarse de los abusos que el sacerdote Rogelio había cometido en su contra.

Habrá que señalar, que de acuerdo con el documento “Líneas Guía del Procedimiento a Seguir en Casos de Abuso Sexual de Menores por Parte del Clérigo” de la CEM, los casos de abuso sexual infantil, “pedo-pornografía” y pederastia deben ser atendidos de manera irrestricta por Obispos y Superiores Mayores de la iglesia católica, quienes son los encargados de dar seguimiento a los procesos y demandar las investigaciones pertinentes, de acuerdo con el derecho canónico. En ese sentido, las sanciones son independientes al proceso judicial penal del Estado mexicano e, incluso, pueden llegar a la dimisión del estado clerical.

***

El retrato de la impunidad

En septiembre de 2020, Josué consiguió regresar al mismo lugar a donde 15 años antes había acudido con el deseo de convertirse en sacerdote. Aquella sacristía de la iglesia de la comunidad de Bajío de San José en Encarnación de Díaz, lucía quizá como antes, el mismo olor a incienso y a madera, los mismos rostros de los santos, vírgenes y cristos crucificados mirándole sin poder decir nada, como cómplices de barro y cerámica, como muchos otros de carne y hueso.

Frente a él, las fotos de los sacerdotes que han pasado por esta localidad, este “pueblo” como le dice Josué y, junto a ellos, “la de este violador. Como prueba simbólica y explícita de la impunidad de la iglesia católica ante estos actos”.

“Los eventos sucedieron cuando yo tenía 15 años, siendo el año 2005.  En ese momento, yo estaba haciendo una experiencia de aproximadamente seis meses en un seminario de religiosos, esto en la ciudad de Aguascalientes. (Realmente desde niño quería ser cura, o algo parecido. Fue, en una época de mi vida una búsqueda importante).

Entonces, en esta situación, yo podía ir a mi casa cada quince días (en Bajío de San José, Encarnación de Díaz, Jalisco). Y al empezar a llevar algún tipo de charlas con un formador de los religiosos, éste me pidió que escribiera una “historia de mi vida”, para lo cual, yo me tomé mi tiempo y decidí recurrir al CURA de la parroquia de Bajío de San José, donde vivía, (este sujeto se llama Rogelio). Yo era un adolescente bastante tímido, e inexperto de la vida, así que fui con él para que me orientara en cómo escribir tal documento, qué escribir etc.”.

Según relata Josué, este sacerdote, “solía recibir a gente después de la misa de doce de los domingos”; lo hacía en la sacristía, un sitio comúnmente localizado a un costado o en la parte trasera del altar principal de la iglesia. Contrario a este espacio visible, la sacristía es un lugar más privado, donde los más allegados al sacerdote pueden pasar: religiosas, sacristán, monaguillos, benefactores u otros sacerdotes. Sin embargo, parece que, para este párroco, era el lugar común para convivir con sus feligreses. Podría decirse que, aunque privado, era de fácil acceso para quien quisiera entrar.

Con esta confianza dada y frente a la aparente mirada de “todos”, Josué entró a la sacristía buscando la guía de Rogelio, quien pensó podría ayudarle con el trabajo que le habían solicitado en el seminario. Ahí fue la primera vez que el ahora exsacerdote, comenzó con los abusos.  

Lo primero fue pedirle que fueran a su casa que estaba apenas cruzando la calle, frente a la iglesia.

“No recuerdo bien el “PRETEXTO”, o las palabras exactas, pero sí recuerdo la insinuación de que al ir a su casa estaríamos más en confianza, como para hablar algún tema más delicado que yo quisiera tratar”.

Josué aceptó. 

¿Quién dudaría del sacerdote carismático que andaba de un lado a otro con niños? Se cuestiona a la distancia. Y es que, recordó en entrevista, que este sujeto acostumbraba a estar rodeado de niños y adolescentes, con los llamados “grupos de jóvenes”, pero nadie nunca, al menos “aparentemente”, reprochó, señaló o se quejó por esta conducta.

Ya en la casa, el guía espiritual se convirtió en el verdugo que por años ha azotado la mente, los recuerdos, la salud emocional y la vida de Josué. En el cuarto de Rogelio, sentados en su cama y en silencio, el hombre lo empujó desde el estómago con la intención de someterlo sobre el colchón. Josué no puede olvidar el miedo que aquello le provocó, más los pensamientos revueltos que en su cabeza giraban mientras pensaba que “no debería tener miedo” o sí, o quizás no, o quizá sí, o quizá no porque se trataba de un sacerdote, ¿cómo él podría hacerle daño? 

“… me agarró, empujándome del estómago, para que cayera acostado en la cama. Posterior a eso, en realidad, no recuerdo el orden o cada suceso exactamente, pero fueron besos, caricias, meterme la mano al pantalón, a mis genitales, y hacer que yo lo hiciera también, comentarios acerca del tamaño de los genitales…”

Después, el hombre se quitó la ropa e hizo que él lo hiciera también.

Aunque no existió ningún tipo de penetración, el acto perverso en contra de este menor de edad había sido consumado por el sacerdote.

“Cuando esto acabó, él se bañó, y como es lógico en los casos, me dijo que si yo sabía que no debía decir nada. A lo cual yo respondí que estaba bien, no diría nada… yo era un adolescente sin la capacidad ni las herramientas para manejar, ni a nivel emocional ni a nivel cognoscitivo tal situación”.

Los eventos de abuso y agresión sexual se repitieron una y otra vez, más o menos bajo el mismo modus operandi, ya que esto no sólo ocurría en la casa del sacerdote, sino, también, dentro de la sacristía; ese lugar al que muchos entraban, pero que, absurdamente, “nunca” lo hicieron mientras Josué era víctima de Rogelio.

“Afuera de la puerta de ese cuarto estaba la persona que era sacristana, (persona de la cual en este momento ignoro el nombre, pero de la cual se llegó a especular, que sabía lo que el cura hacía) y además, podía entrar cualquier persona, ya fuera gente que iba a buscar confesión o algún otro asunto. Luego de eso, me decía que nos fuéramos a su casa. Lo cual hacíamos. Lo que sucedía puede suponerse”.

De poco, triste, confundido, con temor, perdió las ganas de volver al seminario. “Realmente me sentía traumatizado” recuerda:

“Así que perdí las ganas de hacer lo que estaba haciendo, y me hice bastante desconfiado en el contexto en el que estaba. Después de la quita o cuarta ocasión que sucedió ese acto. Yo no pude más…”

***

El secreto clerical

Josué dejó de ir a la iglesia, se alejó de todo aquello que pudiera estar relacionado con lo que tanto dolor le ocasionó/ocasionaba, sin que esto significara que la depresión, el enojo o la frustración, se hubieran ido de su vida. Dos o tres años después, no lo recuerda con seguridad, un nuevo sacerdote de nombre Jesús ingresó a la iglesia de Bajío de San José, quien junto con Rogelio comenzó a llevar la parroquia y a la comunidad de feligreses; Rogelio como “cura”(sacerdote a cargo) y Jesús como “vicario” (auxiliar de sacerdote). No obstante, su llegada no significó algo más que encubrimientos mutuos y silencio.

El vicario “rápidamente supo ganarse a la gente, ganarse su respeto y cariño”, como Rogelio, era un sacerdote con carisma. Además, “introdujo, en el trabajo de su iglesia, algunas novedades, que hacían que la gente lo siguiera, como a ciegas”. Entre estas nuevas formas de trabajar, estaba dar “consultas privadas”.El supuesto ambiente de confianza hizo que Josué, por primera vez, decidiera pedir ayuda y hablar sobre lo que había vivido:

“Entre esas pequeñas novedades, daba “consultas”, privadas. Básicamente charlar con la gente, y allí me acerqué, buscando ayuda. De tal manera que sí, efectivamente, tuve la oportunidad, de empezar a hablar, por primera vez, de lo que me hacía sufrir. Entre esos temas, el abuso sexual vivido. Ese sujeto, me preguntó si ese abuso había sido por parte de un sacerdote, a lo cual respondí que sí. Y me preguntó si ese sacerdote estaba actualmente en ese pueblo, a lo cual respondí que sí.

Pareciera que el testimonio no fue suficiente para Jesús, quien probablemente, justificado en el secreto de confesión, no hizo, ni dijo nada. Fue complicidad por omisión, afirma Josué.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que cualquier persona que labore en las asociaciones religiosas, “deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones”, así como a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de niñas, niños o adolescentes.

Pero Jesús decidió callar.

***

Escapar

Cinco años después, luego de varios intentos en dos monasterios benedictinos, “búsquedas fallidas” que terminaron por hacerle perder completamente la fe que antes le habían arrebatado y quería recuperar y tras ser rechazado del preseminario diocesano de Aguascalientes por reconocerse homosexual, Josué descartó cualquier intención de convertirse en un sacerdote.  Y es que, cómo volverse representante de una institución que le provocó tanto dolor, que no quiso protegerle y le demostró tanto odio. 

Aunque logró escapar del espacio físico, de aquel pueblo como le llama, la tristeza ocasionada por lo aún irresuelto hizo que la depresión se convirtiera en una afección recurrente.  

Para ese entonces, tanto Rogelio como Jesús habían sido trasladados a la cabecera municipal, Encarnación de Díaz, no como un acto de sanción dice Josué, sino, en realidad, como un premio. De nuevo, perpetrando y evidenciando “un sistema perverso, donde lo importante es “salvar” la reputación de los miembros sacerdotes y el de la institución”.

Algunos casos de abuso sexual por parte de miembros de la iglesia en este municipio comenzaron a salir a la luz pública, el responsable, decían los rumores, era Rogelio. Con pocas certezas, Josué cree que esto pudo suceder porque varias víctimas comenzaron a hablar con una psicóloga de la comunidad, quien no tuvo más que hablar con el Obispo; otra de sus hipótesis, es que una líder moral de la comunidad supo de los casos y decidió acudir con la autoridad eclesiástica. También piensa que, quizá, luego de que ambos sacerdotes se encubrieran las espaldas, simplemente ya no pudieron sostener más el engaño.

Lo cierto es que Josué ya había informado a Jesús, en privado y en público, sobre los abusos que Rogelio había cometido en su contra cuando era adolescente. La última vez que lo hizo fue precisamente en una iglesia donde había personas que escucharon como Josué le reclamaba al sacerdote Jesús su indiferencia, su omisión e indolencia, pues había decidido “guardar silencio sobre lo que pasaba, para salvar sus intereses, pero a costa de las víctimas”.

***

Revictimización, estigma y castigo social

“Se debe poner atención a los casos de algunas personas que haciéndose pasar por víctimas han inventado un abuso sexual para sacar o intentar obtener un beneficio económico o para manchar y dañar la reputación del clérigo” dice a la letra el documento “Líneas Guía del Procedimiento a Seguir en Casos de Abuso Sexual de Menores por Parte del Clérigo” de la CEM.

“Manchar y dañar la reputación del clérigo”; “personas haciéndose pasar por víctimas”, “inventando un abuso sexual para sacar o intentar obtener un beneficio económico”, son los fundamentos en las que se ha excusado la iglesia católica y sus representantes para intentar obviar, invisibilizar y minimizar las vejaciones que sus sacerdotes han cometido desde hace siglos, pero además, para deslegitimar los testimonios de las víctimas y sobrevivientes que recientemente han decidido hablar.

Josué ni siquiera recuerda cuándo es que su nombre comenzó a ser mencionado dentro de su localidad como una “víctima” del sacerdote Rogelio. Lo que sí viene a su mente son todas las violencias que sufrió después, porque nadie quiso escucharlo, ni acompañarle, ni creerle:

“Las consecuencias fueron muy grandes para mal: el daño moral hacia mi persona… me llegaron a agredir en la vía pública con comentarios ofensivos referidos hacia mi sexualidad; me llegaron a negar servicios en algunos establecimientos; el cura, que estaba en ese momento en Bajío de San José, me corrió del recibidor de la casa de los curas, una noche que yo estaba platicando con un amigo que fue a visitarme. Y que me recibió allí porque él era seminarista”.

Y es que señala que “el modus operandi del sacerdote acusado cuando el obispo “le notificó” que lo destituiría de su puesto, fue, visitar a la gente de Bajío de San José, de casa en casa contándole a la gente lo que pasó, o sea, QUE YO, lo estaba calumniando. De esta manera él se hacía ver como víctima,transfiriéndome la aversión de la gente, o fomentándola”.

Josué reconoce que no es la única víctima de Rogelio, él al menos conoce a tres jóvenes más que durante este periodo fueron acechados por el ahora exsacerdote. Sin embargo, ellos han decidido no hablar. Esta situación ha evitado que los abogados a los que ha recurrido acepten su caso, le piden además de su testimonio, el de otra persona, pues aseguran que, de esta manera “la fiscalía comenzará a hacer caso”:

“En algún momento estuve platicando con un abogado de Aguascalientes y él me decía que habría posibilidad de abrir la carpeta para que proceda, pero únicamente si éramos dos denunciantes o más, para que la fiscalía comenzara a hacer caso, pero yo no pude conseguir que nadie más se uniera a mí. Y de eso hace un año, si hace un año eran 15 años del delito, puede ser que sea más difícil”.

***

Sin justicia, sin perdón

“Yo personalmente, hasta hace algunos años me empecé a sentir más seguro de poder actuar al respecto, y he estado en la búsqueda de recursos, pero obteniendo pocas esperanzas al respecto. Ya sea por las circunstancias legales del caso, por falta de redes de apoyo, o de instancias y figuras a quien le interese llevarlo.

Con el paso del tiempo, al fin de cuentas. Como todo, el asunto fue pasando. Y también, quedando en el olvido aparente. Y al final de cuentas, en la impunidad.

La familia de Josué decidió no tomar una acción legal, como muchas otras familias de las víctimas de Rogelio. Y es que pareciera que es mejor así, ante la impunidad, el perdón o mejor dicho la “justicia divina”. Pero a Josué nadie le ha pedido perdón y tampoco nadie le ha dado justicia.

Por esa razón hoy cuenta su historia, reconociendo que, aunque aún no es clara la justicia que podría recibir tras revelar su testimonio, éste sirva de antecedente para “visibilizar la situaciónpara que se conozca el caso y para que no quede impune para siempre”.

“Justicia para mí, no sé qué tipo de justicia llegará no sé es complicado. Yo buscaría justicia para otros, porque cuando a otros les pasó tenían mi edad y seguramente han cargado con cosas muy parecidas a las mías”.

Josué hoy en día es un sobreviviente de pederastia, sin embargo, su agresor, Rogelio, sigue libre y sin sanción.

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December 3, 2020

Sacerdotes pederastas consiguen trabajo en México

TOLUCA (MEXICO)
Imagen del Golfo [Xalapa, Veracruz, Mexico]

December 3, 2020

By Unknown

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El reverendo José Antonio Pinal, un joven sacerdote de México, llegó a su primera parroquia en el norte rural de California en 1980, recién salido del seminario. El sacerdote se hizo amigo de la familia Torres, ayudando a los padres, también inmigrantes de México, a completar una solicitud de cupones de alimentos.

Pinal se convirtió en un invitado ocasional a cenar y llevó a los niños a parques temáticos y en viajes por la costa del Pacífico. Alentó a Ricardo Torres, de 15 años, a convertirse en monaguillo.

Pero en las dependencias del sacerdote en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en la pequeña ciudad de Gridley, Torres dijo que Pinal, que entonces tenía 30 años, le dio alcohol, le mostró películas con sexo y desnudos, y lo tocó a tientas y lo violó. El adolescente le dijo a otro sacerdote en 1989 y los abogados de la diócesis le aseguraron a la familia que a Pinal no se le permitiría estar cerca de los niños, dijo Torres.

Treinta años después, en la primavera de 2019, la Diócesis de Sacramento puso el nombre de Pinal en su lista de sacerdotes acusados con credibilidad. La lista contenía cinco denuncias de abuso sexual contra Pinal que datan de fines de la década de 1980.

Pinal había “huido a México”, según la lista, y la diócesis le había prohibido realizar trabajos sacerdotales en público en los 20 condados que conforman la diócesis. Pero una investigación realizada por ProPublica y el Houston Chronicle muestra que la Iglesia Católica permitió o ayudó a docenas de sacerdotes, incluido Pinal, a servir en el extranjero como sacerdotes después de ser acusados de abuso en los Estados Unidos.

ProPublica y The Chronicle analizaron las listas publicadas por 52 diócesis de Estados Unidos que abarcan los 30 principales en términos de la cantidad de clérigos vivos acusados con credibilidad y los ubicados en los estados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. 

Los reporteros encontraron 51 clérigos que después de las acusaciones de abuso en los Estados Unidos pudieron trabajar como sacerdotes o hermanos religiosos en una gran cantidad de países, desde Irlanda hasta Nigeria y Filipinas. Al menos 40 habían trabajado en estados de EU. A lo largo de la frontera sur, incluidos 11 en Texas. Ningún país era un destino más común que México, donde al menos 21 clérigos acusados creíblemente encontraron refugio.

Con la ayuda de las redes sociales, un periodista localizó fácilmente a Pinal, que vive en Cuernavaca, a unos 55 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

En una entrevista en su casa y en una serie posterior de intercambios de correos electrónicos, Pinal negó repetidamente abusar sexualmente de Torres o que “huyó” de California. Pero en algunos de los correos electrónicos, se refirió a lo que “sucedió” entre él y Torres, y en un correo electrónico enviado el miércoles por la noche, sobre un viaje que realizó con Torres, Pinal dijo: “Fue un desastre, pero lo que sucedió fue consensuado”. ”

Pocos meses después de las acusaciones en California, Pinal reanudó el trabajo sacerdotal, ministrando en aldeas indígenas en Tepoztlán y sus alrededores, un pequeño pueblo cerca de la Ciudad de México conocido por los sitios arqueológicos, y continuó sirviendo durante décadas en parroquias de la Diócesis de Cuernavaca.

Ahora de 68 años, él ministra desde su casa, donde tiene cartas que muestran que la iglesia en Sacramento lo mantuvo en la nómina ya que lo ayudó a encontrar una nueva asignación.

Pinal disfrutó de una cálida correspondencia con el entonces obispo de Sacramento y funcionarios a cargo del ministerio hispano, quienes en los meses posteriores a las acusaciones le aconsejaron que trabajara en México por un “largo período (5-6 años)” antes de regresar a las Cartas de los Estados Unidos. del obispo se firmaron “con cariño”, o con cariño.

“Este fue un grave fallo de juicio y una traición a la confianza”, dijo el actual obispo de Sacramento, Jaime Soto, después de que la correspondencia entre su predecesor y Pinal fue entregada al abogado de Torres a través de un litigio. “La seguridad de los niños es nuestra máxima prioridad. En 1989, aquellos en el liderazgo no pudieron hacerlo. Debo poseer y expiar esto.

El reverendo José Antonio Pinal, a la izquierda, con el obispo Francis Quinn de Sacramento, quien ayudó a Pinal a continuar su ministerio en México después de que Pinal fue acusado de abuso sexual. (Cortesía de las oficinas legales de Joseph C. George)

Después de ser contactados por los periodistas, la Diócesis de Sacramento reconoció que la caracterización de que Pinal “huyó” a México es incorrecta, y en los últimos días, la diócesis revisó la lista para “reflejar con mayor precisión las circunstancias de su partida de 1989”.

Desde 2018, muchas diócesis católicas y órdenes religiosas en los EU, incluido Sacramento, han publicado listas de clérigos considerados creíbles acusados de abusar de niños. Otros actualizaron y ampliaron listas que ya habían hecho públicas. Para la iglesia, la ola de revelaciones ha sido un cálculo tardío del alcance de la crisis de abuso sexual que se expuso hace dos décadas.

Pero las 178 listas publicadas a partir de enero y compiladas en una base de datos de búsqueda por ProPublica revelaron una red de información incompleta y a menudo inconsistente.

A menudo, las listas no especificaban el estado actual y la ubicación del clero. Y aunque las diócesis frecuentemente afirman no saber nada sobre el paradero de un sacerdote, los reporteros de ProPublica y The Chronicle los encontraron en los sitios web de las iglesias, en publicaciones religiosas y en las redes sociales. 

Los líderes de la iglesia a menudo no informaron las denuncias a la policía, no aplicaron restricciones permanentes dentro de la iglesia, ni hicieron caso u ofrecieron advertencias sobre los sacerdotes que enfrentan acusaciones. En al menos cuatro casos, los líderes de la iglesia facilitaron el traslado de los sacerdotes al extranjero.

Las omisiones, inconsistencias y otras deficiencias debilitan el deseo declarado de la iglesia de reparar su relación con millones de católicos descontentos, dijo Anthony M. DeMarco, un abogado de California que ha manejado cientos de casos de abuso sexual infantil.

“Cada parte de la cobertura que hacen para proteger a un pedófilo socava completamente cualquier nivel de confianza que están tratando de construir”, dijo.

Pinal guarda montones de álbumes de fotos y documentos que documentan los casi 10 años que pasó en la Diócesis de Sacramento, que cubre la ciudad capital y grandes extensiones de zonas rurales del norte de California.

“Fue un momento agradable”, recordó Pinal con nostalgia.

En una carta que Pinal ha guardado, el obispo Francis Quinn le dijo a Pinal que “será de la ayuda que sea necesaria para apoyar sus esfuerzos para buscar una nueva diócesis”. La carta fue escrita en 1990, un año después de que el supuesto abuso de Pinal fuera reportado a la iglesia.

Cuando el obispo de Cuernavaca le ofreció a Pinal una cita permanente, Quinn (quien murió el año pasado) se mostró entusiasmado. “Me alegra saber que ha encontrado un ministerio tan satisfactorio”, escribió el obispo.

El año anterior, Pinal había asaltado a su acusador en una carta dirigida a funcionarios a cargo del ministerio hispano, Torres tenía la responsabilidad de lo sucedido. “Con este chico, lo que sucedió porque él lo provocó; y, si estoy preocupado por su recuperación, no es porque me sienta culpable por su trauma, sino por la amistad que tuve con su familia “, escribió Pinal.

Pinal dijo que Torres era reacio a hablar con el clero sobre esto porque era el culpable. “Si se niega a hablar con algún sacerdote, no creo que sea porque me está rechazando, sino porque sabe que no es inocente de la situación por la que quiere culparme por completo. Su única ventaja sobre mí es que cuando esto sucedió, él era menor de edad; entonces, legalmente, estoy jodido. Debido a esto, tuve que dejar la diócesis y los Estados Unidos, como usted mencionó, por un largo período de tiempo (5-6 años) “.

En octubre pasado, Torres presentó nuevamente una demanda contra la diócesis, esta vez en virtud de la nueva Ley de Víctimas Infantiles de California, que proporciona una ventana de tres años para que las víctimas de abuso infantil presenten demandas que de otro modo habrían estado fuera del estatuto de limitaciones. La demanda alega, entre otros cargos, que la negligencia de la diócesis permitió a Pinal molestar a Torres y que la diócesis no informó el abuso a las autoridades relevantes.

Torres dijo que la iglesia aplacó a su familia al engañarlos sobre los pasos dados para reducir la capacidad de Pinal para ministrar. “Se suponía que era la persona más confiable”, dijo Torres sobre Pinal. “Se suponía que debía estar al lado de Dios”.

“El pasado es el pasado”

Durante décadas, la Iglesia Católica en los Estados Unidos ocultó el abuso por parte del clero, transfiriendo sacerdotes de parroquia a parroquia, a veces ocultando razones para movimientos en el código, como “razones familiares y de salud”.

La demanda de clérigos de habla hispana en los Estados Unidos. Impulsada por un aumento de aproximadamente 45 millones de católicos desde la década de 1950, con el mayor crecimiento entre los fieles latinos, hizo que sea más fácil para los sacerdotes cruzar las líneas internacionales, dijeron los expertos, pero más difícil de mantener. explicable.

Es “mucho más difícil rastrearlos cuando están en otro país”, dijo Erin Gallagher, investigadora de la Corte Penal Internacional en La Haya, quien ayudó a localizar sacerdotes fugitivos a principios de la década de 2000 cuando trabajaba en el Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco. “Son parias aquí y pueden irse a vivir a otro lugar de forma anónima”.

La investigación de ProPublica-Chronicle descubrió que la capacidad de la iglesia para rastrear sacerdotes abusivos era aún más limitada internacionalmente que dentro de las fronteras de Estados Unidos. Debido a que el Vaticano no dicta lo que los obispos deben revelar sobre el clero acusado, ya sea dentro de la iglesia o al público, los obispos en muchos países han publicado aún menos información que aquellos en los Estados Unidos.

Ninguna diócesis en México, que alberga a unos 90 millones de católicos, ha publicado una lista de sacerdotes acusados con credibilidad, aunque los funcionarios de la iglesia mexicana informaron en enero que 271 sacerdotes han sido investigados en la última década en relación con acusaciones de abuso sexual. 

Un grupo de defensa de víctimas de abuso en México compiló una lista de sacerdotes acusados en 2010.

En los Estados Unidos, algunos delincuentes fueron laicizados, despojados del poder de ser sacerdotes. Pero otros dejaron sus diócesis y reanudaron el trabajo sacerdotal en México, encontraron ProPublica y Chronicle. Algunos cruzaron la frontera con facilidad después de ser acusados de abuso sexual, asegurando nuevos puestos incluso después de que la iglesia los enviara a recibir tratamiento. 

Otros se establecieron en parroquias al sur de la frontera hace décadas, entregando sermones y bendiciendo bebés cuando expiró el estatuto de limitaciones para el enjuiciamiento en los Estados Unidos.

El reverendo José Luis Urbina todavía es buscado por una orden de tres décadas emitida en California, dijo el fiscal de distrito adjunto del condado de Yuba, Shiloh Sorbello. Urbina, después de declararse culpable de abuso sexual de un niño en 1989, huyó del país antes de que pudiera ser sentenciado y luego sirvió como sacerdote en su ciudad natal de Navojoa, México, donde The Dallas Morning News lo rastreó en 2005.

El periódico dijo que el periódico que, en una entrevista telefónica, el sacerdote admitió su culpa. Las autoridades en los Estados Unidos buscaron extraditar a Urbina ese año, pero el gobierno mexicano se negó a enviarlo de regreso, dijo Sorbello. La orden se renovó en 2019 en caso de que Urbina intentara regresar a los Estados Unidos, dijo Sorbello.

“Los casos de homicidio usualmente reciben la mejor facturación por extradición”, dijo Sorbello. “No tenemos recursos para que la gente vaya a México a localizar a este hombre. Y las autoridades mexicanas probablemente no tienen muchos incentivos para hacer nuestro trabajo por nosotros”.

Urbina fue removido del sacerdocio por el Papa Benedicto XVI en 2008, según la lista de la Diócesis de Sacramento.

Uno de los casos más notorios de un sacerdote acusado que cruzó las fronteras internacionales fue el reverendo Nicolás Aguilar Rivera. Después de que aparecieron las acusaciones de abuso en 1987 en la ciudad de Tehuacán, en el sur de México, los feligreses lo atacaron y luego los líderes de la iglesia lo enviaron a Los 

Ángeles. Menos de un año después de llegar a California, se enfrentó a acusaciones similares, que eventualmente llevaron a cargos de haber abusado sexualmente de 10 niños. Los líderes de la iglesia se enfrentaron a Aguilar antes de notificar a la policía y regresó a México, donde continuó abusando de menores, de acuerdo con demandas y quejas penales presentadas en México.

Años más tarde, los abogados que demandaron a la Arquidiócesis de Los Ángeles en nombre de las víctimas de abuso interrogaron al cardenal Norberto Rivera, entonces arzobispo de la Ciudad de México, sobre si los líderes de la iglesia usaron palabras clave – “razones familiares y de salud” – para ocultar la verdadera razón de las transferencias al extranjero.

Como obispo de Tehuacán, Rivera había ayudado a transferir a Aguilar a los Estados Unidos. Aguilar necesitaba “atender el problema que sospechaba que tenía, que era un problema de salud”, explicó el cardenal en una declaración. “Para ser específicos, la homosexualidad”.

La Arquidiócesis de Ciudad de México dijo que se cree que Aguilar ha fallecido y que no tiene conocimiento de ninguna queja en su contra; la Arquidiócesis no respondió a las declaraciones de Rivera.

Algunos sacerdotes sirvieron durante décadas en México y se retiraron o murieron antes de ser nombrados en cualquier lista.

La Arquidiócesis de San Antonio incluyó al reverendo José Luis Contreras en su lista de sacerdotes acusados creíblemente liberados en 2019, más de 30 años después de que fue acusado de tocar inapropiadamente a un paciente de 17 años mientras servía como capellán en un San Hospital Antonio, según la arquidiócesis.

Contreras fue enviado a tratamiento en 1987 y se le prohibió trabajar en las iglesias del área de San Antonio nuevamente, según la lista, que indicaba que Contreras regresó a México para estar con su hermana en Guadalajara.

Pero Contreras pudo trabajar como sacerdote en los Estados Unidos y México después de la acusación.

Robert F. Vasa, el obispo actual en Santa Rosa, California, dijo que Contreras sirvió en parroquias allí entre 1995 y 2000, entregando a la Diócesis de Santa Rosa una carta de recomendación de la Diócesis de Tepic, ubicada en el estado occidental de Nayarit, Mexico

Vasa dijo que no encontró indicios de la acusación de abuso de Texas en el papeleo de Contreras, copias de las cuales se negó a compartir. Pero también hubo una carta de apoyo de un sacerdote de Santa Rosa que mencionaba los cinco años que Contreras pasó en San Antonio, historial de trabajo que faltaba en el currículum de Contreras.

“¿Debería haber sido visto?” Vasa dijo de la brecha de cinco años. “Ahora mirando hacia atrás, seguro”.

Nada en el archivo, dijo Vasa, revela si el obispo anterior o su personal notaron la discrepancia.

“Detectar esa discrepancia implicaría una sospecha previa, y desafortunadamente en esos días no sospechaban lo suficiente sobre muchas cosas”, dijo. Incluso si el obispo o su personal notaron la inconsistencia, Vasa dijo que no está seguro de que hubiera impedido que Contreras obtuviera un puesto en Santa Rosa.

“No puedo decir qué levantaría las banderas rojas en 1994 y qué no”, dijo. “Ahora sospechamos mucho más”.

Contreras se retiró poco después de celebrar el 50 aniversario de su ordenación en una ceremonia en una parroquia en Colima, un pequeño estado en el oeste de México, en 2017.

Después de que los periodistas enviaron a la diócesis una copia de la lista y preguntas específicas sobre Contreras, los funcionarios respondieron con una declaración en la que declinaban hacer comentarios, citando “la desconfianza y el peligro que lamentablemente prevalece en todo México”. El reverendo Jesús Ramos Hueso, vicario general en Colima, dijo recientemente que nadie en su diócesis estaba al tanto de las acusaciones presentadas contra Contreras en San Antonio.

Contreras enfrenta poco riesgo de repercusiones legales en los Estados Unidos. Un reportero no encontró ningún registro de que la denuncia en su contra fue reportada a la policía. De todos modos, procesar a Contreras sería imposible ahora, ya que el estatuto de limitaciones de Texas sobre la acusación expiró hace décadas, dijeron las autoridades.

Contreras, contactado por teléfono, declinó escuchar la acusación específica en su contra y luego bloqueó a un periodista para que no lo contactara. “Ya me he entregado al Señor”, dijo Contreras. “Para mí, el pasado es una bendición de Dios y nada más. Para mí, el pasado es el pasado “.

“No era un santo”

En una templada mañana de domingo a principios de noviembre en Tijuana, México, los fieles de Nuestra Señora de la Encarnación se saludaron con abrazos, apretones de manos y sonrisas. La iglesia, en el lado oeste del barrio Camino Verde de Tijuana, estaba llena de gente antes de la misa. Los taxis se alineaban en las calles dejando salir a los clientes: los comerciantes distribuían material religioso mientras la música norteña sonaba en los altavoces.

En el patio de la iglesia, donde decenas de niños se reían y jugaban, un periodista encontró al reverendo Jeffrey David Newell, el pastor de la iglesia.

Según la lista de acusados creíbles publicada en 2018 por la Arquidiócesis de Los Ángeles, Newell está ” inactivo “, lo que sugiere que ya no sirve como sacerdote. Pero una búsqueda en Google realizada por reporteros reveló el nombre de Newell en el sitio web de la Arquidiócesis de Tijuana, que lo enumeró como el pastor de Nuestra Señora de la Encarnación.

Newell, de 58 años, fue acusado hace casi 30 años de abusar sexualmente de un adolescente en Los Ángeles, según entrevistas y una demanda presentada hace una década. (Desde entonces, la demanda ha sido desestimada porque no se presentó dentro del estatuto de limitaciones). El niño conoció a Newell en 1984 cuando era un ministro juvenil laico en la escuela St. Catherine of Siena.

El adolescente dijo que el abuso comenzó en 1986, cuando tenía 15 años, y continuó durante años. En 1991, les contó a los funcionarios de la Arquidiócesis de Los Ángeles sobre el abuso y se le prometió que Newell “sería removido del sacerdocio y ya no podría abusar sexualmente de los niños”, según la demanda.

Newell, entrevistado brevemente en la iglesia en Tijuana, dijo que confesó a los líderes de la iglesia hace décadas y que tuvo varias rondas de tratamiento y terapia.

“Sucedió”, dijo. “Lo admití. Cometí un error.”

Solo disputó la edad de la víctima en el momento de los encuentros: Newell dijo que la víctima tenía 17 años, no 15.

En respuesta a las preguntas de ProPublica y The Chronicle, la Arquidiócesis de Los Ángeles dijo que Newell admitió en 1991 a la “relación” con un joven de 17 años.

“Después de que un adulto hizo un informe de mala conducta sexual contra el p. Newell, en mayo de 1991, fue enviado a evaluación y tratamiento de mayo a noviembre de 1991”, dijo la Arquidiócesis de Los Ángeles. “Admitió tener una relación inapropiada que comenzó antes de ser ordenado (cuando la presunta víctima tenía 17 años) y continuó mientras era sacerdote (cuando la presunta víctima era un adulto)”.

La Arquidiócesis dijo que el estado de Newell figura como “inactivo” en su lista porque las descripciones de estado están destinadas solo a la Arquidiócesis de Los Ángeles.

Newell dijo que no era la misma persona que era en ese entonces.

“No sé cómo eras cuando tenías 23 años”, dijo Newell. “Yo no era un santo; No sé cuántas personas hay. Ese es mi trabajo, trabajar con pecadores de todos los niveles y, sin embargo, la gente espera algo de nosotros que es sobrehumano”.

En respuesta a las preguntas de ProPublica y The Chronicle, la Arquidiócesis de Los Ángeles dijo que Newell fue a Tijuana para un retiro en 1993 y que permaneció allí sin permiso.

La arquidiócesis dijo que ha pedido reiteradamente a la Arquidiócesis de Tijuana que no permita que Newell ministre. La respuesta no explica por qué la arquidiócesis no buscó que el Vaticano despojara a Newell del poder de ser sacerdote.

La Arquidiócesis también proporcionó dos cartas que envió a la policía, en 2008 y 2014, informando las acusaciones contra Newell.

Cuando se le preguntó por qué la denuncia no fue denunciada a la policía en 1991, un portavoz de la arquidiócesis, Adrián Alarcón, dijo que la víctima era un adulto en 1991 y que la diócesis lo denunció a la policía solo después de que la víctima se presentara nuevamente, en 2008, e indicó que había sido menor de edad en el momento del presunto abuso.

La carta de 2008 a la policía sugiere una razón por la cual la policía no pudo haber sido contactada. “Nuestros registros indican que” la víctima “contactó a la Diócesis en 1991, antes de que el clero se convirtiera en reporteros obligatorios”, decía la carta. “Nuestros registros no indican si él informó o no el asunto a la policía en ese momento”.

Un hombre cuyas acusaciones coinciden con las detalladas en la demanda de 2010 denunció a Newell a la policía en 2014, según un resumen del caso de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. Newell fue entrevistado por la policía en 2015, dijo la arquidiócesis.

La policía presentó el caso a los fiscales el mismo año, pero dijeron que no podían presentar cargos contra Newell porque el plazo de prescripción se había agotado.

Newell le dijo a ProPublica y al Chronicle en noviembre que preferiría dejar el sacerdocio antes que continuar siendo una distracción.

“No hay nada que pueda decir”, dijo. “Simplemente no hay defensa … es mejor no hablar de eso”.

Newell dijo que no ha abusado de ningún otro niño.

Pero en febrero, otro hombre presentó una demanda en California contra la arquidiócesis, diciendo que Newell abusó sexualmente de él. El hombre dijo que el abuso comenzó en 1993.

La Arquidiócesis dijo que aún no se ha presentado la demanda.

Newell había sido removido de su asignación y enviado a un centro de tratamiento de Maryland después de la acusación de abuso de 1991, según la demanda.

En 1993, según la demanda, la iglesia permitió a Newell “realizar el ministerio parroquial” en Tijuana, una afirmación que la arquidiócesis niega.

El demandante, quien presentó la demanda como John Doe, habló con ProPublica con la condición de que no sea identificado. Dijo que tenía 13 o 14 años cuando conoció a Newell en Tijuana. 

El sacerdote pronto comenzó a pedirle que se quedara después de la misa para ayudarlo, dijo, y ayudarlo con los programas de educación religiosa. La madre del niño, que estaba enferma, lo alentó a escuchar a Newell, dijo.

“Fue entonces cuando comenzó a acercarse a mí”, dijo el hombre. “Vamos aquí, vamos allá”, recordó el hombre que dijo Newell. Newell le preguntó qué necesitaban financieramente él y su familia y comenzó a comprarle ropa.

“Siempre hablaba de Dios y de las misiones que Dios tenía para mí”, dijo.

Una noche, dijo el hombre, Newell pidió ayuda en su casa, donde Newell hizo que el adolescente le practicara sexo oral.

El hombre dijo que Newell también lo llevó en viajes desde Tijuana al área de Los Ángeles, donde continuó abusándolo.

Newell negó las acusaciones de abuso y que hizo viajes al área de Los Ángeles. El sacerdote dice que no dejó Tijuana una vez que se mudó allí a principios de la década de 1990.

En una entrevista de seguimiento el mes pasado, un periodista le mostró al sacerdote una foto tomada en la década de 1990 de Newell con el niño que luego lo acusó de abuso.

Newell dijo que ve a miles de personas y que no conocía al niño.

“Eso es totalmente absurdo”, dijo. “Todos los que me conocen te dirán que es absurdo. Totalmente ridículo. Esa es simplemente una forma de obtener dinero de la iglesia “.

En 2004, la Arquidiócesis de Los Ángeles nombró a 211 sacerdotes acusados de abuso sexual. Newell no estaba en esa lista. Tampoco apareció en la siguiente lista, lanzada un año después.

No fue sino hasta 2008 que se incluyó el nombre de Newell. La arquidiócesis solo diría que Newell fue agregado “cuando información adicional reveló que la mala conducta pudo haber ocurrido cuando la víctima era menor de edad”.

La Arquidiócesis dijo que los funcionarios de la iglesia en Roma están determinando si Newell todavía es parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles y que, si descubren que él es, la arquidiócesis buscará su expulsión del sacerdocio.

El hombre que presentó la demanda en febrero sollozó mientras contaba sus acusaciones contra Newell.

Tenía una solicitud para la Iglesia Católica: “para que él ya no tenga acceso, el poder y la influencia que tiene sobre los niños para hacer esto en nombre de Dios”.

“Nunca va a irse”

Para Torres, quien dijo que fue abusado por Pinal, el sacerdote que se hizo amigo de sus padres, el punto de ruptura se produjo después de que Pinal lo invitó a un viaje a México en el verano de 1983 o 1984.

Torres dijo que no quería ir, pero sus padres fueron conquistados por la persistencia de Pinal. Finalmente, se rindió.

El sacerdote lo violó en el viaje de un mes, dijo Torres. En una foto, tomada hace unos 30 años en la ladera de una colina en México, el sacerdote se apoya en una roca, apartando la mirada de la cámara, su expresión inescrutable. Torres, alto pero juvenil, parece fruncir el ceño.

Una fotografía de Torres, a la izquierda, y Pinal de vacaciones en México de un álbum de fotos en la casa de Pinal mostrada y fotografiada por un periodista.

Durante el viaje, Torres, que estaba en la escuela secundaria, dijo que comenzó a usar un traje de baño incluso cuando no planeaba meterse en el agua. De esa manera, dijo, podría atarlo fuertemente a la cintura para que el sacerdote no pudiera tirarlo hacia abajo.

En una parada en Acapulco, Torres dejó de hablar con Pinal. “¿Qué está pasando? ¿Por qué no me hablas? ¿No sabes que te amo?” Torres recordó el dicho de Pinal.

Dijo que el sacerdote dejó de pagar su comida y que tuvo que estirar su propio dinero por el resto del viaje.

En un correo electrónico respondiendo a las preguntas de un periodista sobre el viaje, Pinal negó las afirmaciones de Torres de que dejó de pagar su comida o que le dio alcohol al adolescente. Pero presionado sobre sus referencias a “lo que sucedió” entre ellos, Pinal envió el correo electrónico el miércoles por la noche en el que decía: “Estaba jodido, pero lo que sucedió fue consensuado”, y agregó que era “solo en Acapulco”.

De vuelta en California, Torres dice que comenzó a evitar a Pinal, asistiendo a la iglesia con su familia pero que ya no era monaguillo. Estaba consumido por la angustia y se culpaba a sí mismo por el abuso. “Era como un zombi andante”, dijo Torres.

Todo comenzó a desmoronarse cuando comenzó la universidad, dijo Torres. Fue a ver a Pinal en Winters, California, otra ciudad rural con una gran población latina donde el sacerdote estaba ministrando. Torres dijo que tenía la intención de enfrentar a Pinal, lastimarlo. Pero en cambio, después de una breve visita, Torres se fue.

Poco después, Torres fue a su parroquia, Sagrado Corazón en Gridley, para denunciar el abuso a otro sacerdote. Un terapeuta contratado por la diócesis le diagnosticó a Torres un trastorno de estrés postraumático, y un psiquiatra dijo que tenía un trastorno de adaptación con ansiedad y depresión, según documentos de la iglesia.

Los funcionarios de la iglesia en Sacramento le dijeron a Pinal que no impondrían sanciones canónicas si veía a un terapeuta y los mantenía informados sobre su progreso, según cartas revisadas por los periodistas. Y apoyaron su trabajo en una diócesis mexicana, siempre y cuando sus líderes “protejan a la diócesis de Sacramento contra cualquier responsabilidad financiera por cualquier acto cometido por usted mientras trabajaba en esa diócesis”.

La correspondencia contenida en su archivo personal no menciona la posibilidad de laicización. Los documentos fueron entregados al abogado de Torres durante una demanda. También omite muchos de los documentos que un periodista revisó en la casa de Pinal, que muestran sugerencias y orientación de altos funcionarios diocesanos.

Torres dijo que sabía poco sobre lo que le sucedió a Pinal hasta 2002, cuando la policía local lo contactó. La diócesis finalmente había denunciado a Pinal a la policía, y estaban investigando un caso. Le dijeron a Torres que necesitaban su ayuda.

Aceptó cooperar y los fiscales presentaron cargos contra el sacerdote en California. La Diócesis de Sacramento contactó a la diócesis en Cuernavaca, esta vez instándola a que Pinal regrese a los Estados Unidos para enfrentar los cargos.

Funcionarios de Cuernavaca objetaron. “Con la documentación, el Padre Antonio ha demostrado que el caso no es como lo presenta”, escribió el Obispo Florencio Olvera Ochoa en una carta a la diócesis de Sacramento.

Obispo de Cuernavaca responde a la diócesis de Sacramento

La carta original está en español.

En inglés dice: “Con la documentación, el Padre Antonio ha demostrado que el caso no es como lo presentas. 

Está legítima y canónicamente asignado a esta Diócesis, y no puedo, después de revisar dichos documentos, ir en contra de un asunto que mi predecesor, un Doctor en Derecho Canónico, dejó completamente resuelto “. Lee la carta completa.

En una declaración, la Diócesis de Cuernavaca reiteró que el asunto concluyó con Pinal uniéndose a la diócesis en 1991.

Pinal había reunido las propias cartas de Sacramento para respaldar sus afirmaciones de inocencia. Nunca regresó a los Estados Unidos en relación con los cargos, que luego fueron desestimados cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó la extensión retroactiva de los estatutos de limitaciones de California. Pinal continuó sirviendo como sacerdote.

Pero la policía hizo que Torres llamara a Pinal mientras investigaban en 2002. “El sacerdote nuevamente admitió haber cometido esos actos de abuso contra el niño”, escribió el obispo de Sacramento Jaime Soto a sus homólogos en Cuernavaca en 2010, y agregó que el sacerdote no expresó remordimiento.

El obispo de Sacramento transmite la investigación policial a la diócesis de Cuernavaca

La carta original está en español. En inglés dice: “Durante la investigación policial del 2002 sobre el Padre Pinal, su víctima se contactó con él por teléfono con respecto a sus actos de abuso (con los investigadores escuchando la llamada). El sacerdote nuevamente admitió haber cometido esos actos de abuso contra el niño. Según los informes, el padre Pinal nunca expresó su pesar por la violencia que cometió contra su víctima “. Lee la carta completa.

En 2005, Pinal celebró su aniversario de plata: 25 años de ser sacerdote. Su amigo Gerardo Beltrán, otro sacerdote que sirvió en comunidades rurales cerca de Sacramento y ahora aparece en la lista de clérigos acusados, y en los más buscados del FBI, se unió a la ceremonia.

Cinco años más tarde, en 2010, el nombre de Pinal apareció en una lista de sacerdotes acusados de abusar sexualmente de niños liberados por SNAP México, una rama ahora independiente de la Red de Sobrevivientes de los Abusados por los Sacerdotes con sede en Estados Unidos. Y en 2019, la Diócesis de Sacramento lo puso en su propia lista, diciendo que tenía cinco acusaciones creíbles contra el sacerdote, tres de ellas del mismo año en que Torres se presentó.

Acusación No. 1, reportada en 1989: “tocar y acariciar sexualmente, masturbación, sodomía / penetración”. Las siguientes tres acusaciones en la lista que involucran a más adolescentes son todas idénticas: “Admitido al abuso de menores; detalles desconocidos “. Una mujer acusó a Pinal de “cópula oral” en 2016, informando que ocurrió cuando tenía menos de 14 años, según la lista.

“Nunca admití lo que dicen”, dijo Pinal a ProPublica. “Y lo que sucedió nunca fue un abuso”.

La correspondencia entre las diócesis de Sacramento y Cuernavaca, revisada por los reporteros, no menciona las acusaciones de abuso adicionales.

Pinal dijo que fue arrastrado por las acusaciones de personas que buscaban pagos. “Había muchos sacerdotes en varias partes de los Estados Unidos que estaban siendo atacados”, dijo en una entrevista en su casa en septiembre. “Todos los que trabajaron conmigo en los Estados Unidos y me conocían sabían que nunca haría nada malo”.

Pero Torres dijo que los efectos del abuso lo siguen hasta el día de hoy.

Cuando perdió su trabajo durante la Gran Recesión, Torres decidió abordar su trauma. Se sumergió en su plan de jubilación y pasó siete meses en tratamiento residencial en Mississippi y Florida. Obtener ayuda se convirtió en un trabajo de tiempo completo, dijo Torres, quien ahora trabaja para el gobierno estatal en Sacramento.

Por primera vez, Torres pudo hablar realmente sobre lo que sucedió. Y por primera vez, dijo, comenzó a creer que no era su culpa.

“Nunca va a desaparecer”, dijo, “pero al menos ahora tengo algunas herramientas para lidiar con el estrés”.

Casi al mismo tiempo, su matrimonio terminó en divorcio. Torres ha perdido el contacto con sus hijos, ahora adolescentes y adultos jóvenes. Después del divorcio, no les habló durante dos o tres años. Más recientemente, han venido a visitarnos.

Su relación con sus padres nunca se ha recuperado por completo. Después de pasar tiempo en el Área de la Bahía y en rehabilitación, regresó a Gridley, donde dice que comenzó el abuso. Pero él y sus padres no hablan de lo que pasó.

“Mi mamá fue probablemente la más cercana. Ella dice: ‘Te amo, lo siento’ “, dijo.

Un día, dijo Torres, quiere decirles a sus padres que no los culpa, que no es su culpa.

CON INFORMACIÓN TOMADA DE PROCESO: https://www.proceso.com.mx/621571/sacerdotes-eu-abuso-sexual-mexico

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December 1, 2020

Fr. John Velez – Diocese of Monterey

MEXICO CITY (MEXICO)
Adam Horowitz Law [Fort Lauderdale, FL]

December 1, 2020

By Horowitz Law

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Father John Velez

Diocese of Monterey/Marist Order

Ordained: 1988

Died: Unknown

Assignment History:

  • 1989-1990 La Purisima (El Paso, TX)
  • 1990-1991 Mary of the Nativity (Salinas, CA)
  • 1990-1991 Sacred Heard (Salinas, CA)
  • 1990-1991 Christ the King/Cristo Rey
  • 1991-2011 Sent to Mexico after accusation of child sexual abuse

Summary of Sexual Abuse Allegations Against Father John Velez:

A native of Bogota, Colombia and Marist order priest, Fr. John Velez worked in the Diocese of Monterey. In 2003, Fr. John Velez was accused of sexually abusing an altar boy when he was assigned to St. Mary of the Nativity in Salinas, CA from 1990-1991.

The Diocese allowed Fr. John Velez to work in its parishes even after Velez left La Purishima in El Paso, Texas “under a cloud” of suspicion. According to media reports, Fr. Juan Guillen reported Fr. John Velez to local church officials after the boy told him about Velez’s abuse. Shockingly, Fr. Juan Guillen ended up sexually abusing the same boy later on and is now serving a 10-year sentence in Arizona.

Fr. John Velez admitted to sexually abusing the altar boy in 1991. He was sent to St. Francis Retreat Center in San Juan Bautista where he tried to commit suicide. After being hospitalized following his incident, he was then escorted to Mexico City and turned over to his order.

According to media reports, in 2009, Diocesan officials admitted they didn’t alert the authorities when learning about Fr. John Velez’s abuse. Rather, they told the boy’s parents that the abuse was “not a big deal” and that it “happens to a lot of kids”.

In 2009, The Monterey Diocese settled with the former altar boy for $1.2 million and apologized to the victim and his family. Velez was then deported back to Colombia.

In 2019, Fr. Velez’s name was included on the Diocese of Monterey’s 2019 List of Credibly Accused Clergy of Sexual Abuse. The list also states that Velez is deceased.

Horowitz Law is a law firm representing victims and survivors of sexual abuse by Catholic priests and other clergy in the Diocese of Monterey in California.  If you need a lawyer because you were sexually abused by a priest in one of California’s Catholic dioceses, contact our office today. Although many years have passed, those abused by Catholic clergy in the Diocese of Monterey now have legal options due to a voluntary compensation fund created by the Diocese of Monterey, but filing deadlines will apply so do not delay in reaching out to us.  Our lawyers have decades of experience representing survivors of clergy sexual abuse in California and nationwide. We can help.

Contact us at 888-283-9922 or adam@adamhorowitzlaw.com to discuss your options today.

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November 25, 2020

Murió el cura fundador de “Ciudad de los Niños”, donde se reportaron abusos sexuales

LEóN (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

November 25, 2020

By Verónica Espinosa

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El cura Pedro Gutiérrez Farías fue considerado por décadas como un benefactor de menores sin hogar o entregados por sus padres.

GUANAJUATO, Gto., (apro).- El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, fundador de los albergues conocidos como “Ciudad de los Niños”, en Salamanca y Morelia, donde decenas de menores y jóvenes fueron víctimas de abusos sexuales, maltrato y tortura, ante omisiones de distintas autoridades, falleció este miércoles de un infarto.

Aunque no se ha confirmado, aparentemente el cura se contagió de covid-19 y tuvo complicaciones.

Una juez federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) corroboraron graves violaciones a derechos humanos de menores y jóvenes albergados en los centros de asistencia de Gutiérrez, que según las investigaciones ni siquiera tenían supervisión del DIF de Guanajuato, pese a lo cual el propio gobierno estatal le otorgó donativos millonarios durante años.

Abusos sexuales –algunos de los cuales se acusó al propio sacerdote–, tortura, alimentación deficiente, falta de atención escolar y de salud, golpes y castigos, que incluían encierros en un lugar conocido como “el cuartito”, fueron documentados en informes, revisiones y entrevistas, algunas de las cuales se conocieron por trabajadoras sociales y se reportaron a la Procuraduría de Justicia, actual Fiscalía, así como al DIF.

Ninguna de las denuncias o quejas por estas situaciones prosperó.

El sacerdote Pedro Gutiérrez fue considerado por décadas como un benefactor de menores sin hogar o entregados por sus padres.

Después se conoció que a unos 300 infantes les cambió los apellidos con ayuda de gobiernos que enviaban hasta los albergues a los oficiales del Registro Civil. El cura les puso sus apellidos y los de algunas de las monjas que lo asistían.
    
Por todo esto, la CNDH emitió el año pasado una amplia recomendación dirigida a las fiscalías y gobiernos de Guanajuato y Michoacán, para reabrir investigaciones, pero también para indagar y sancionar a personal de la propia Fiscalía, del DIF y de las secretarías de Educación y Salud, que fueron negligentes en proceder ante incidentes o irregularidades de las que tuvieron conocimiento, algunas desde hace más de una década.

Una investigación de la reportera Kennia Velázquez, a raíz de la resolución judicial de amparo de una juez de distrito, reveló que el sacerdote tenía a su nombre varias propiedades en Guanajuato y Michoacán, entre ellas un rancho.
    
Tras conocerse la recomendación, el propio cura reapareció públicamente en la sede de la Ciudad de los Niños, en Salamanca, rechazó cada una de las acusaciones y aseguró que estaba en trámites para reabrir los albergues, cuyos menores fueron reubicados por el DIF, al desatarse el escándalo por las condiciones en que operaban.

Una de las personas que siguió respaldando al sacerdote fue la actual alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, ahora de Morena, quien desde que era militante del Partido Acción Nacional (PAN) aparecía en eventos de “Ciudad de los Niños”.

La presidenta municipal publicó este día un mensaje de condolencia por la muerte del cura, que oficialmente estaba suspendido como ministro religioso, según refirió en su momento la Diócesis de Irapuato, a la que pertenecía.
    
“Levanto una oración por el eterno descanso del P. Pedro Gutiérrez Farías, quien fue un luchador incansable y buscó siempre el bienestar de los salmantinos. Que a sus familiares y amigos nos de el consuelo de saber que ya se encuentra gozando de la gloria de dios. Lo vamos a extrañar, estimado padre Pedro. Con respeto y cariño, Beatriz Hernández Cruz”, publicó la alcaldesa.

El cura y sus albergues también recibieron recursos y apoyo del expresidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún, quienes incluso inauguraron un centro de asistencia juvenil.

A pesar de que en su momento se deslindó de la actividad de Gutiérrez al frente de los albergues y lo suspendió para oficiar misas, la Diócesis de Irapuato también publicó este miércoles una condolencia por la muerte del sacerdote, quien a sus 79 años seguía librando cualquier posible acción judicial y pretendía volver a operar la Ciudad de los Niños.
    
“Pido a dios por su eterno descanso y que le conceda el premio de la gloria, reservado a los trabajadores de su viña”, dice el mensaje de la diócesis.

A nombre de “sus más de 3 mil hijos regados por toda la república y en el extranjero”, otro cura anunció hoy que Gutiérrez sería velado en el inmueble donde funcionó por 40 años la Ciudad de los Niños, y que mañana se realizará una misa de exequias oficiada por el propio obispo de Irapuato.

“Ciudad de los niños de Salamanca seguirá viva, seguiremos trabajando, seguiremos luchando por el ideal de este gran hombre…lucharemos con todo lo que está de nuestra parte para que se vuelva a conseguir su anhelo de él, que es hacer el bien”, anunció el colaborador de Gutiérrez, al que llamó “papi”.

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November 24, 2020

Raoûl LeBlanc (1975 – 2020)

MéRIDA (MEXICO)
Nécrologie Canada [Canada]

November 24, 2020

By Mary

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(1975 – 2020)


Rogersville – Raoul LeBlanc, 45 years old, originally from Rogersville NB, has passed away peacefully towards his Lord in Heaven. He fought bravely to overcome his heart attack from two month ago but surrendered his spirit to God on November, 14th 2020. at Queen Elizabeth II Hospital in Halifax. Raoul has died too young but he lived a very full 45 years of life. He was once a dedicated catholic missionary priest for many years with the Mayans in Mexico and had ministered in many countries around the world with the Legionaries of Christ. And then after discerning another path he became a loving husband to his wife Seritha and devoted father to Regan, Rory and stepdaughter Desiree and her two sons: Isaac and Noah, who he consider as his daughter and grandchildren. He was the best of brothers, faithful friend to many. No matter where he was or what he did, he is described by many who knew him as fun-loving, good hearted and fearless. He genuinely loved people and sacrificed himself easily to make others happy. One can say he has accomplished his mission on Earth. “Well done, good and faithful servant”.
Raoul was the third son of Yves Leblanc and Cecile Chevarie.
He is survived by three brothers and three sisters: Father Kenneth, Kevin, Meadow, Emmanuel, Claire and Melissa.

Family will be receiving relatives and friends, Friday November 27th at 7pm, at the salon ‘La Colombe’ 11325, route 126, Rogersville. Funeral service will be held at the St-François de Sales RC church, Rogersville, Saturday, November 28th, at 11am. People who will attend the funeral will have to register at the church before the celebration.
Visiting hours: Friday Nov. 27th from 7pm to 9pm and Saturday from 9:30 am until the departure for the funeral. Face mask and distancing is mandatory.
Funeral arrangements have been entrusted to the care of “La Colombe” Funeral Cooperative Ltd, of Tracadie.
(1975 – 2020)

Rogersville – Raoul Leblanc, 45 ans, originaire de Rogersville NB, est décédé paisiblement et est allé rejoindre son Seigneur dans le Ciel. Il s’est battu courageusement pendant deux mois pour survivre à une crise cardiaque, mais il a livré son esprit à Dieu, le 14 novembre 2020, à l’hôpital Queen Elizabeth II d’Halifax. Raoul est mort trop jeune, mais il a vécu 45 ans bien remplis. Il était autrefois un prêtre missionnaire catholique dévoué pendant de nombreuses années avec les Mayas au Mexique et il avait exercé son ministère dans de nombreux pays à travers le monde avec les Légionnaires du Christ. Et puis après avoir discerné un autre chemin, il est devenu un mari aimant pour sa femme Seritha et un père dévoué pour Regan, Rory et sa belle-fille, Désirée et ses deux enfants : Isaac et Noah qu’il considérait comme sa fille et ses petits-enfants. Il était le meilleur des frères, l’ami fidèle de beaucoup. Peu importe où il était ou ce qu’il faisait, beaucoup de ceux qui le connaissaient le décrivent comme aimant s’amuser, ayant un bon grand cœur et n’ayant aucune peur. Il aimait vraiment les gens et se sacrifiait facilement pour rendre les autres heureux. On peut dire qu’il a accompli sa mission sur Terre. «Bravo, bon et fidèle serviteur».
Raoul était le troisième fils d’Yves Leblanc et de Cécile Chevarie.
Il laisse aussi dans le deuil trois frères et trois sœurs: Père Kenneth, Kevin, Meadow, Emmanuel, Claire et Melissa.
La famille recevra parents et amis à compter de 19h le vendredi 27 novembre au salon «La Colombe» 11325, route 126 Rogersville. Les funérailles auront lieu en l`église Saint-François de Sales, le samedi 28 novembre, à 11h. Les personnes qui désirent assister aux funérailles doivent s’enregistrer avant la célébration.

Heures de visites : vendredi le 27 novembre, de 19h à 21h et le samedi 21novembre à partir de 9h30 jusqu’au départ pour les funérailles. Le port du masque et la distanciation social est obligatoire.
La direction des funérailles a été confiée aux soins de la Coopérative Funéraire « La Colombe » Ltée de Tracadie.

Our most sincere sympathies to the family and friends of Raoûl LeBlanc (1975 – 2020)..

cooperative funeraire lacolombe

Death notice for the town of: Tracadie-Sheila, Province: Nouveau-Brunswick

death notice Raoûl LeBlanc (1975 – 2020)

mortuary notice Raoûl LeBlanc (1975 – 2020)

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October 22, 2020

¡A rezar a la cárcel! Vinculan de nuevo a sacerdote acusado de pederastia en Mexicali

TIJUANA (MEXICO)
Cultura Colectiva [Ciudad de México, Mexico]

October 22, 2020

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El sacerdote habría amenazado a la víctima con hacerle daño a sus padres si lo delataba.

El sacerdote Ismael “N”., suma un nuevo proceso judicial en su contra, ahora por el delito delito de pederastia agravada en perjuicio de una menor de 10 años de edad en Mexicali, Baja California. 

De acuerdo con la agencia de noticias católicas ACN y el diario La Voz de la Frontera, se suma un nuevo proceso por el delito de pederastia. Recordemos que el religioso fue detenido el pasado mes de marzo. 

Según medios locales, el sacerdote amenazó a una menor de edad de hacerle daño a sus padres si la víctima lo delataba por el abuso sexual. 

La niña realizó su catecismo y acudía a confesarse en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Ciudad Morelos, en el Valle de Mexicali, mismo lugar donde su madre trabajaba en la casa parroquial. 

Ante la jueza del sistema oral acusatorio, Sandra Sofía Rubio Díaz, la agente del ministerio público narró que en agosto de 2019, la menor confesó su situación a otro sacerdote de una parroquia cercana, quien a su vez notificó a otro cura que funge como Vicario Judicial del Tribunal Elesíastico de la Diócesis de Mexicali. 

El 9 de septiembre de 2019, la madre de la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. 

Ahora, el sacerdote enfrenta un nuevo proceso judicial. Con datos de prueba por parte de agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género fueron presentados ante el juez logrando el auto de vinculación. 

Además de esto en audiencia el Juez de Control determinó la prisión preventiva como medida cautelar, fijando un plazo de investigación de tres meses. 

El imputado enfrenta ahora dos procesos desde su detención el pasado mes de marzo. 

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October 21, 2020

Se acumulan acusaciones de violación contra sacerdote de Mexicali

TIJUANA (MEXICO)
Cadena Noticias [Tijuana, Baja California, Mexico]

October 21, 2020

By Cadena Noticias

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Nuevamente el sacerdote Ismael “N” es acusado de violación, y es vinculado a un proceso penal por la fiscalía especializada en delitos contra la mujer por razón de género.

El sacerdote ya está en prisión por otro caso de violación en marzo del presente año, por lo que la fiscalía solicitó la orden de aprensión en su contra, por el delito de pederastia agravada en contra de una niña de 10 años de edad.

Esta vez los hechos ocurrieron cuando el sacerdote Ismael “N” era el párroco de una iglesia católica Perpetuo Socorro en el poblado Ciudad Morelos en el Valle de Mexicali.

Presuntamente el sacerdote Ismael “N”, se aprovechó la relación de confianza que tenía con la madre de la menor víctima, quien realizaba funciones de catequista en la iglesia mencionada y el sacerdote, buscaba encuentros a solas con la menor, en las que agredía sexualmente a la menor de 10 años.

Por lo que este Martes fue vinculado a proceso nuevamente,

Además de estos dos casos existe una tercera investigación por otra denuncia de abuso sexual que ocurrió mientras el sacerdote Ismael “N” era el párroco de una iglesia en San Luis Río Colorado, Sonora, por el cual se le está integrando una investigación.

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October 8, 2020

Dan plazo para concluir la investigación contra padre acusado de presunta violación en Irapuato

LEóN (MEXICO)
Periódico Correo [Guanajuato, Guanajuato, Mexico]

October 8, 2020

By Nayeli García

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Irapuato.- El Juez de control otorgó un mes más para concluir la investigación complementaria en contra del padre Rubén Herrera Luna por la presunta violación de una menor de edad en Irapuato.

Aunque el plazo se vencía el pasado 5 de octubre, los abogados de la defensa solicitaron una prórroga para la indagatoria, la cual les fue concedida y será hasta el 5 de noviembre que se lleve a cabo la audiencia para determinar su situación jurídica.

El padre Rubén, quién también habría sido señalado como uno de los responsables del desfalco de los 18 millones de pesos de la Diócesis de Irapuato fue detenido el pasado 29 de junio por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, luego de que fue acusado del abuso cometido en Irapuato e incluso en febrero de este año fue separado de la Iglesia por las autoridades eclesiásticas.

El padre Rubén oficina misa en la colonia de La Pradera, Villas El Dorado, el Copalillo y San Juanito.

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September 12, 2020

Nombramientos | Junio 2020

GUADALAJARA (MEXICO)
Arquidiócesis de Guadalajara [Guadalajara, Jalisco, Mexico]

September 12, 2020

By Hugo Rodríguez

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Párrocos

2 de junio de 2020. Pbro. José Luis Carrillo VázquezPárroco de San Onofre.

2 de junio de 2020. Pbro. José Dolores Castellanos GudiñoPárroco de Nuestra Señora de la Esperanza.

2 de junio de 2020. Pbro. Alberto Cruzaley Herrera, Párroco de Nuestra Señora de la Soledad, Santa Cruz de las Flores.

2 de junio de 2020. Pbro. Juan Carlos López RamírezPárroco de Nuestra Señora de Guadalupe, Toluquilla.

2 de junio de 2020. Pbro. Juan Pablo Navarro Gudiño,  Párroco de San Antonio Tlayacapan.

2 de junio de 2020. Pbro.Víctor Ramírez FloresPárroco de Santo Cura de Ars.

2 de junio de 2020. Pbro. Rafael Ramírez Lamas, Párroco de San Pedro, Tlaquepaque.

2 de junio de 2020. Pbro. Sergio de Jesús Reyes Chiquito, Párroco de Santa Rosa de Lima, Las Águilas.

9 de junio de 2020. Pbro. Jesús Cuenca GarcíaPárroco de Nuestra Señora de Guadalupe, Chantepec.

9 de junio de 2020. Pbro. Ramón Duarte MirandaPárroco de San Joaquín.

9 de junio de 2020. Pbro. Ramón Gutiérrez Flores, Párroco de Santa Mónica, La Barca.

15 de junio de 2020. Pbro. Víctor Eduardo Velázquez Ramos, Párroco de Nuestra Señora del Rosario, Zalatitán.

Cuasi Párroco

2 de junio de 2020. Pbro. Juan Ramón Flores GuerreroCuasi Párroco de Santos Mártires Mexicanos, Lomas de San Miguel.

Vicarios

2 de junio de 2020. Pbro. Eduardo Becerra Flores, Vicario de Nuestra Señora del Refugio, El Batán.

2 de junio de 2020. Pbro. Ángel Franco Nuño, Vicario de San Miguel de Mezquitán.

2 de junio de 2020. Pbro. Lic. José Luis Íñiguez GarcíaVicario de San Judas Tadeo.

2 de junio de 2020. Pbro. Lic. Ricardo López VelázquezVicario de Señor de la Misericordia.

2 de junio de 2020. Pbro. Lic. Miguel Arturo Mendoza LópezVicario de Sagrado Corazón de Jesús, Tulipanes.

2 de junio de 2020. Pbro. Lic. José de Jesús Ortega MontesVicario de Nuestra Señora de Guadalupe, Chapalita.

2 de junio de 2020. Pbro. Víctor Ruiz RicoVicario de San José Obrero, Tala.

2 de junio de 2020. Pbro. Lic. Federico Vaca SilvaVicario de San Nicolás de Bari.

2 de junio de 2020. Pbro. Ernesto Martín Valdez ZambranoVicario de Jesús Amigo, Ixtlahuacán de los Membrillos.

2 de junio de 2020. Pbro. Walter Ventura Cruz, Vicario de San Lorenzo Mártir, Col. Yáñez.

9 de junio de 2020. Pbro. Fernando Aguilera González, Vicario de San Francisco de Asís, Tala.

9 de junio de 2020. Pbro. José Becerra EncisoVicario de  San Francisco de Asís,Nochistlán.

9 de junio de 2020. Pbro. Edgar Rubén González PadillaVicario de San Martín de las Flores.

Capellán

2 de junio de 2020.  Pbro. José Ángel Chávez Aguilar,  Capellán Auxiliar de Analco y Colaborador en la Casa de la Misericordia.

16 de junio de 2020. Pbro. Luis Rentería RomeroCapellán de la Comunidad de las Hermanas Trinitarias de María

Seminario

2 de junio de 2020. Pbro. Lic. José Guadalupe Plascencia GonzálezFormador del Seminario de Guadalajara.

Convenio

24 de junio de 2020. Pbro. Antonio Aceves Álvarez, Convenio con los Misioneros de Guadalupe.

24 de junio de 2020. Pbro. Óscar Iván Rivas Pérez,  Convenio de Colaboración con la Diócesis de Indianápolis.

24 de junio de 2020. Pbro. Alfredo Velázquez Ramírez, Convenio de cooperación diocesana con la Arquidiócesis de Seattle, por dos años y medio.

Extemporaneo

17 de marzo de 2020. Pbro. José Antonio Casillas Navarro,  Vicario de San Antonio de Padua, Loma Dorada.

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September 4, 2020

Condenan a 32 años de prisión a sacerdote por abuso sexual de menor en Aguascalientes

GUADALAJARA (MEXICO)
El Universal [Mexico City, Mexico]

September 4, 2020

By Xóchitl Álvarez

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El cura daba bebidas alcohólicas al menor y se lo llevaba al cine para hacerle tocamientos lascivos, informó la Fiscalía General del Estado

Aguascalientes.- El sacerdote Flavio Ibarra Pedroza fue condenado a 32 años y nueve meses de prisión por los delitos de violación, atentados al pudor y corrupción de menores, en contra de un niño, de quien era su guía espiritual.

El cura daba bebidas alcohólicas al menor y se lo llevaba al cine para hacerle tocamientos lascivos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) durante una audiencia de juicio oral.

El clérigo de 44 años de edad, ejercía en el templo de María Reina de Todas las Familias, de la colonia Haciendas de Aguascalientes, en donde fue detenido el 4 de diciembre de 2018.

Durante el juicio, la FGE señaló que el 8 de diciembre de 2013 el sacerdote condujo al menor al cine, ubicado en el Bulevar Zacatecas, en el que le realizó tocamientos.

“Durante el periodo (diciembre) de 2013 hasta julio del 2017, Flavio se reunía frecuentemente con el ofendido, a quien en diversas ocasiones y momentos agredió sexualmente”, precisó la fiscalía.

Además, en el periodo de enero del 2012 a septiembre de 2017, el ahora sentenciado  hizo que el menor ingiriera bebidas embriagantes en diversas ocasiones.

Influyó para que la víctima tomara alcohol o cervezas en la temporada de la Feria Nacional de San Marcos y en su domicilio particular.

Después de desahogar las diversas etapas procesales, donde se analizaron a detalle los elementos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, un juez dictó sentencia condenatoria al religioso.

Le impuso 20 años 3 meses de prisión por el delito de violación, 8 años por el de corrupción de menores y 4 años 6 meses por delito de atentados al pudor.

El sacerdote permanecerá recluido en el Centro de Readaptación Social para Varones.

En diciembre de 2018, la diócesis de Aguascalientes suspendió a Ibarra Pedroza de su ministerio sacerdotal como medida cautelar y tramitó ante la Santa Sede la dimisión definitiva del estado clerical, sin que a la fecha se haya emitido una resolución.

om/hm

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Condenan a 32 años de prisión a sacerdote por abuso sexual de menor en Aguascalientes

GUADALAJARA (MEXICO)
El Siglo de Torreón [Torreón, Coahuila de Zaragoza, Mexico]

September 4, 2020

By EL UNIVERSAL

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El clérigo de 44 años de edad, ejercía en el templo de María Reina de Todas las Familias

El sacerdote Flavio Ibarra Pedroza fue condenado a 32 años y nueve meses de prisión por los delitos de violación, atentados al pudor y corrupción de menores, en contra de un niño, de quien era su guía espiritual.

El cura daba bebidas alcohólicas al menor y se lo llevaba al cine para hacerle tocamientos lascivos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) durante una audiencia de juicio oral.

El clérigo de 44 años de edad, ejercía en el templo de María Reina de Todas las Familias, de la colonia Haciendas de Aguascalientes, en donde fue detenido el 4 de diciembre de 2018.

Durante el juicio, la FGE señaló que el 8 de diciembre de 2013 el sacerdote condujo al menor al cine, ubicado en el Bulevar Zacatecas, en el que le realizó tocamientos.

“Durante el periodo (diciembre) de 2013 hasta julio del 2017, Flavio se reunía frecuentemente con el ofendido, a quien en diversas ocasiones y momentos agredió sexualmente”, precisó la fiscalía.

Además, en el periodo de enero del 2012 a septiembre de 2017, el ahora sentenciado hizo que el menor ingiriera bebidas embriagantes en diversas ocasiones.

Influyó para que la víctima tomara alcohol o cervezas en la temporada de la Feria Nacional de San Marcos y en su domicilio particular.

Después de desahogar las diversas etapas procesales, donde se analizaron a detalle los elementos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, un juez dictó sentencia condenatoria al religioso.

Le impuso 20 años 3 meses de prisión por el delito de violación, 8 años por el de corrupción de menores y 4 años 6 meses por delito de atentados al pudor.

El sacerdote permanecerá recluido en el Centro de Readaptación Social para Varones.

En diciembre de 2018, la diócesis de Aguascalientes suspendió a Ibarra Pedroza de su ministerio sacerdotal como medida cautelar y tramitó ante la Santa Sede la dimisión definitiva del estado clerical, sin que a la fecha se haya emitido una resolución.

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July 15, 2020

ESPECIAL // Iglesia mexicana sigue protegiendo a sacerdotes acusados de pedofilia en México y EU

TOLUCA (MEXICO)
Metapolítica [Morelia, Michoacán, Mexico]

July 15, 2020

By Por Eduardo Pérez Arroyo

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Según un documento oficial del Senado de la república, cerca del 30% de los sacerdotes católicos que existen en México han cometido algún tipo de abuso sexual contra menores de edad. Muchos nombres son públicos, y Metapolítica los rastreó en el padrón de ministros de culto actualizado hasta el pasado 10 de julio y constató que muchos de ellos, al menos en el papel, siguen siendo parte de la iglesia mexicana. Más claro: hasta hoy, la iglesia católica de México protege a delincuentes pedófilos. 

Tuvieron que pasar casi 400 años para que la iglesia católica aceptara que Galileo tenía razón y que la tierra no es en realidad el centro del universo. Hoy, 23 años después, la iglesia mexicana aun no parece aceptar el peligro inherente que entraña proteger a pederastas. 

Desde hace varios años la iglesia protege a sacerdotes acusados de abusos sexuales, pederastia y distintos delitos. Y lo hace en el mismo país en que estalló el escándalo más mediático, aquel que convirtió al victimario en el símbolo de la degeneración sexual al interior del clero: Marcial Maciel, acusado por primera vez en 1997. 


HOY, EN 2020, LA IGLESIA MEXICANA CONTINÚA PROTEGIENDO A DELINCUENTES CONFESOS.  

La información contenida en esta nota proviene de denuncias abiertas, conocidas y públicas difundidas en los últimos años en distintos medios de comunicación. Y la razón de esta nota, cuyos datos han sido recopilados de manera intermitente desde el año 2019, es la última carta de la iglesia de Chihuahua en defensa del exgobernador Javier Duarte. 

Fiel a su costumbre —el estado vaticano, el papa y la misma iglesia católica son ante todo actores píticos— una parte de la iglesia mexicana decidió intervenir directamente en la política contingente. El pasado 10 de julio la Arquidiócesis de Chihuahua pidió oraciones para que el ex gobernador del estado, César Duarte Jáquez, fuese juzgado “conforme a derecho”. Y el vocero y sacerdote Gustavo Sánchez pidió un proceso justo, agregando —en directa alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador— que esperaba que ni hubiera “ni revancha ni argucia política, que resplandezca la verdad y no intereses personales para revalidar a nadie” 

Con o sin derecho, la iglesia deslizó una posible corrupción en autoridades oficiales del estado mexicano. 

ESE HECHO CONSTITUYE, A JUICIO DE ESTE MEDIO, UNA RAZÓN SUFICIENTE PARA ABORDAR OTROS TEMAS POLÍTICOS Y JUDICIALES QUE COMPETEN A LA PROPIA IGLESIA CATÓLICA. 

Este es un repaso de los criminales presuntos y confirmados que la iglesia mexicana mantiene en funciones, según del último padrón oficial de ministros de culto en México en poder de la Secretaría de Gobernación.  

Los casos

Según el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público vigente en México desde el 15 de julio de 1992,  

“para los efectos de esta Ley, se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Las asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación su decisión al respecto. En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notificación, o en tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas, se tendrán como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación, funciones de dirección, representación u organización”. 

Es decir, el que aparezcan los nombres cuestionados en el directorio vigente de ministros de culto es responsabilidad de la propia Iglesia católica, tal como lo es el eliminar los nombres en caso de que los sacerdotes ya no tengan nexos con ella. 

Según un documento oficial del Senado de la república, “los datos del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos (DIAR) y el Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano Mexicano (CICM) indican que el 30% (4 mil 200) de los 14 mil sacerdotes católicos que aproximadamente existen en México, cometen algún tipo de abuso sexual en contra de niñas y niños”. 

Pero en muchos casos la iglesia mexicana, en lugar de denunciar a la justicia, les encomienda labores oficiales.

Esta nota no destapa nombres que estuviesen ocultos. Todos los sacerdotes mencionados ya han sido exhibidos antes por organizaciones o medios de comunicación, de manera que no hay riesgo de perturbar investigaciones en proceso. La labor consistió básicamente en rastrear los nombres y cruzar la información con el último padrón actualizado de ministros de culto en México. En todos los casos aquí expuestos se enlaza incluso el nombre de los sacerdotes a una nota en que se denunció su situación. 

TAMBIÉN HAY UN ENLACE DIRECTO AL ÚLTIMO DIRECTORIO DE MINISTROS DE CULTO EN MÉXICO, DE MANERA QUE CADA LECTOR PUEDA COMPROBAR LA INFORMACIÓN POR SÍ MISMO. 

La tarea de realizar un listado de curas protegidos o relacionados con la Iglesia Católica es compleja. Y lo es no porque implique un trabajo mayúsculo, sino porque en México ninguna diócesis o arquidiócesis ha elaborado o difundido alguna lista oficial de sacerdotes implicados en cualquier acto de abuso sexual como sí lo ha hecho, por ejemplo, la iglesia de EU (pese a que en México apenas este año la iglesia admitió que al menos 271 sacerdotes están bajo investigación). 

En México, distintas voces como el exsacerdote Alberto Athié o el mismo Partido de la Revolución Democrática han exigido en distintas ocasiones liberar la lista de los sacerdotes relacionados con delitos de ese tipo en México, sin éxito. Por el momento, listas parciales están en poder del Vaticano (también acostumbrado al secretismo), organizaciones denunciantes o medios de comunicación. 

De tal manera, en la práctica la única información disponible es la que parece en esas fuentes. Es decir, la única manera de acceder a ellos es haciendo un rastreo directo de los casos. 

Esta fórmula conlleva un alto margen de error debido a que los mismos nombres pueden estar en distintas etapas de posibles procesos judiciales, o incluso absueltos. Como ocurre normalmente con cualquier investigación en México, el secretismo de las instituciones implicadas, en este caso la iglesia, no ayuda a la transparencia. 

Para elaborar este texto se tomaron en cuenta dichas notas de prensa y el directorio de ministros de culto en México, dependiente de la secretaria de Gobernación y por tanto, en teoría una fuente fiable de información. Para evitar errores básicos, los nombres expuestos en esta nota se obtuvieron a medios nacionales de prestigio (que son los que aparecerán en los links), evitando los blogs o fuentes en teoría menos fiables de información. 

También se excluyen expresamente a los sacerdotes que aparecen como absueltos, sobre cuya labor hay información difusa o no confiable o que solo aparecen con el primer nombre y el primer apellido, dado que la falta de mayor información pudiera generar alcances de nombre que generara errores. 

Al menos en el papel, es un hecho que los siguientes sacerdotes trabajan hoy para la iglesia católica mexicana o conservan nexos directos con ella. La lista contiene los nombres de muchos que en distintos momentos fueron acusados de pederastia (y en el caso de uno de ellos, de estafa). Destaca el nombre de José Antonio Pinal, expulsado de Estados Unidos por pedófilo y quien en su momento admitió haber abusado sexualmente de menores de edad. Hoy trabaja en la diócesis de Cuernavaca. 

Sacerdotes acusados de pedofilia que aún están en el DIRECTORIO DE MINISTROS DE CULTO POR ENTIDAD FEDERATIVA actualizado al 10 de julio del 2020:

NOMBRE DEL SACERDOTEPARROQUIA, DIÓCESIS O ZONA EN QUE TRABAJALINKS CON ACUSACIONES
Noé Pérez Cortés Registrado en la Diócesis de Apatzingán; trabaja en la parroquia de la Santísima Trinidad en Celaya, Guanajuatohttps://bit.ly/38Y8JMg 
Eugenio Sánchez Malagón Registrado en la Diócesis de Apatzingánhttps://bit.ly/3fwCMwV 
Francisco Javier Bravo Hinojosa Registrado en el padrón de Salesianos de don Boscohttps://bit.ly/3h0bJum 
Francisco Velázquez Trejo Registrado en la Diócesis de Campechehttps://bit.ly/3eugTgn 
Felipe René Tlayeca Soledad Registrado en la Arquidiócesis de Tijuanahttps://bit.ly/32lOPcU 
Danilo Pietro ZaniniRegistrado en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto en Tijuanahttps://bit.ly/3j7iMDq 
Juan Carlos Ackerman AyónRegistrado en la arquidiócesis de Tijuanahttps://bit.ly/32jTrjw 
Benigno Medrano FloresRegistrado en la arquidiócesis de Tijuanahttps://bit.ly/2OuAuTo 
Aurelio Castillo AguilarRegistrado en la arquidiócesis de Tijuanahttps://bit.ly/32nlI9c 
José Antonio Pinal CastellanosRegistrado en la diócesis de Cuernavacahttps://bit.ly/3fAoqfg 
Guillermo Gil TorresRegistrado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Angostura en Mexquitic de Carmona, S.L.P.https://bit.ly/3fAoITo 
Heladio Ávila AlvearRegistrado en la Arquidiócesis de Guadalajarahttps://bit.ly/2Wmtpsh 
Gregorio Bautista Hernández (acusado de estafar a indígenas) Registrado en el padrón de la diócesis de Huejutlahttps://bit.ly/3h1THYB 
Rolando Blasi Villatoro  Registrado en San Andrés, Mixquic Tlahuac, D.F.https://bit.ly/38WPeDV 
Jerónimo Chávez Mendoza  Registrado en la arquidiócesis de Tlalnepantlahttps://bit.ly/3exboOa 
Heider Jaimes OrduzRegistrado en la Parroquia de la Asunción de Sentispac, Nayarithttps://bit.ly/30gbNiO 
Juan Manzo Cárdenas  Registrado en la Congregación Salesianos de San Juan Bosco, provincia de Cristo Rey y María Auxiliadorahttps://bit.ly/3fvvTw4 
Roberto Durán Camiña  Registrado en la arquidiócesis primada de Méxicohttps://bit.ly/3fxYCAb 
Fernando Martínez SuárezRegistrado en la prelatura de Chetumalhttps://bit.ly/2CeidXP 
José de Jesús Cruz Rodríguez  Registrado en la Parroquia de Nuestra Señora de La Candelaria en Ahualulco, S.L.P.https://bit.ly/3jaQacC 
Noé TrujilloRegistrado en la Parroquia de Nuestra Señora de La Soledad en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.https://bit.ly/2ZuP2bF 

Fuentes: 

  • Directorio de ministros de culto por entidad federativa de la Secretaría de Gobernación, 18 octubre de 2019. Link: https://bit.ly/3eyfeXo
  • Directorio de ministros de culto por entidad federativa de la Secretaría de Gobernación, 10 de julio de 2020. Link: https://bit.ly/3exvisv

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July 7, 2020

Dan último adiós al padre Vicente Condado

XALAPA (MEXICO)
Diario de Xalapa [Xalapa, Veracrúz, Mexico]

July 7, 2020

By Miguel Salazar

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Impulsó la construcción de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, en El Dique

Xalapa, Ver.- El arzobispo Hipólito Reyes Larios ofició una misa para pedir por el eterno descanso del padre Vicente Condado Sánchez, quien falleció el pasado domingo en esta capital a la edad de 84 años, por motivos de salud.

En compañía de sacerdotes de la Diócesis de Xalapa y de un grupo limitado de fieles en la Catedral, a causa de la cuarentena por coronavirus, le dieron el último adiós a quien fue impulsor de la construcción de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el barrio de El Dique. 

Al término de la ceremonia de cuerpo presente y que se llevó a cabo las 12 horas de ayer, los restos del sacerdote fueron trasladados a las catacumbas de la catedral, para su eterno descanso. El padre Vicente Condado Sánchez nació en la ciudad de Xalapa el día 6 de abril de 1936.

Fue hijo de Celerino Condado y Esther Sánchez. Tuvo el privilegio de recibir la Ordenación Sacerdotal el 22 de agosto de 1968, en Bogotá, Colombia, de manos del entonces papa Paulo VI. 

El 4 de enero de 1990 fue trasladado a la parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Xalapa, donde permaneció hasta el 13 de octubre de 2009, además de que le tocó estar al frente de la construcción la Basílica de Guadalupe y llevó el proyecto hasta un 80% de avance. El 19 de septiembre de 1985 fue nombrado vicario Parroquial y en 1987 se convirtió en párroco.

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PADRE VICENTE CONDADO

XALAPA (MEXICO)
Golpe Político [Xalapa, Veracruz, Mexico]

July 7, 2020

By Alfredo Quezada Hernández

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La mañana del pasado 5 de julio, a la edad de 84 años y luego de varios padecimientos de salud,

falleció el padre Vicente Condado Sánchez.

El ministro religioso es recordado como una persona muy tratable, culta, carismática, atenta y servicial; era

un gran conocedor de la liturgia y el arte sagrado; gozaba de la admiración y la estima de muchas personas.

Una de sus grandes aportaciones a esta ciudad capital es que a él le tocó construir el santuario de la actual

Basílica de Guadalupe, en la zona de Los Lagos.

Fue el encargado de llevar el proyecto de construcción hasta un 80%.

El 4 de enero de 1990 fue trasladado a la parroquia y Santuario de Nuestra Sra. de Guadalupe en Xalapa

donde permaneció hasta el 13 de octubre del 2009.

Tenía grandes capacidades de oratoria y se distinguía por su calidad humana y evangélica.

Condado Sánchez nació en esta ciudad de Xalapa, Ver., un 6 de abril de 1936. Fue hijo de Sr. Celerino

Condado y Esther Sánchez.

Tuvo el privilegio de recibir la Ordenación Sacerdotal el día 22 de agosto de 1968, en la ciudad de Bogotá,

Colombia, de manos de S.S. el Papa Paulo VI. Cursó sus estudios de Humanidades en el Seminario de

Xalapa, así como sus estudios de Filosofía y Teología. En el año de 1969 fue enviado a la ciudad de Roma

para hacer estudios superiores, se especializó en Psicología y Pedagogía en la Universidad Pontificia

Salesiana de Roma.

Descanse en Paz.

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July 2, 2020

Rubén Herrera fue separado de la Diócesis al conocerse presunto caso de abuso

LEóN (MEXICO)
Zona Franca [León, Guanajuato, Mexico]

July 2, 2020

By Laura Villafaña

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Irapuato, Gto. – Rubén Herrera Luna, presunto responsable del delito de violación en agravio a una menor de edad, ya no es sacerdote, sostuvo la Diócesis de Irapuato, tras reconocer que desde febrero pasado conocían del caso que fue denunciado a las autoridades.

Esto, luego de que se diera a conocer la detención del ex párroco, cuya audiencia nuevamente se pospuso, a petición aparentemente de los abogados de la defensa.

“Desde que se tuvo noticia de los presuntos ilícitos, en febrero de este año, inmediatamente la Diócesis avisó del asunto a las autoridades judiciales para lo correspondiente, y a la vez actuó conforme a los protocolos eclesiásticos, separándolo del ejercicio del ministerio”

La Diócesis pidió perdón a quienes se consideren ofendidos por el caso.

“Asumimos con pena y dolor este hecho, y de antemano pedimos perdón a quienes se puedan sentir ofendidos por este caso y manifestamos nuestra disponibilidad de asumir con responsabilidad los hechos que nos correspondan”, expone el documento.

Los representantes de la iglesia aseguraron que nunca se ha encubierto o se encubrirán actos que dañen a las personas.

Tal y como lo hicieron saber medios locales de Michoacán, la Diócesis de Irapuato confirmó que el ex sacerdote fue detenido el 29 de junio en su domicilio familiar en Morelia.

“Ahora está en manos de las instancias judiciales seguirlas investigaciones correspondientes para llegar a la verdad del caso”, agrega.

Asimismo, la Diócesis extiende su colaboración con las autoridades, en quienes confían actuarán con justicia y transparencia.

Extraoficialmente trascendió que los representantes de la Diócesis pidieron a los padres de la menor no denunciar, pues ellos se encargarían del asunto, que concluyo con la separación del Herrera Luna de sus funciones.

Incluso, su detención se habría dado a escasos días de que se cumplimentará la orden de aprehensión.

Posponen la audiencia.

Este miércoles se reanudó la audiencia, que nuevamente se pospuso para este sábado, pues los abogados de la defensa habrían solicitado prórroga constitucional.

Un juez de control, resolverá en dicha audiencia, si el ex párroco de San Felipe de Jesús, será vinculado, o no, a proceso.

La audiencia inicial se inició el martes, pero a petición de los abogados de la defensa y el Ministerio Público, fue privada.

Ese día también se suspendió la audiencia en dos ocasiones:  la primera cuando la defensa argumentó que ese mismo día recibieron la carpeta de investigación, por lo que requerían tiempo para estudiar el caso; pero una vez que se reanudó se registraron fallas de conectividad, por lo que se reprogramó para el miércoles,

Y es que cabe aclarar que en atención a las medidas sanitarias por Covid, la audiencia de ese día, se desarrolló mediante videollamada.

El ex clérigo es acusado de violación en agravio de una menor, delito que aparentemente habría cometido en el 2011 y se repitió en abril del 2019.

Cabe mencionar que también estuvo involucrado en el desfalcó de 18 millones de pesos de la Diócesis de Irapuato, que se registró entre 2012 y 2016, ingresos, que se obtuvieron de diezmos, rifas y donativos hechos por feligreses.

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June 30, 2020

Sacerdote que abusaba de una menor de edad en Irapuato se escondía en Morelia; ya está detenido

LEóN (MEXICO)
Vanguardia MX [Saltillo, Coahuila, Mexico]

June 30, 2020

By Redacción

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Los abusos sexuales se cometieron entre 2011 y 2019; el cura además tiene antecedentes por desfalco en la Diócesis de Irapuato

Morelia, Michoacán. Un sacerdote de nombre Rubén Herrera Luna fue detenido este martes en Morelia por el delito de violación, en un operativo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El clérigo además tiene antecedentes por desfalco en perjuicio de la Diócesis de Irapuato, Guanajuato, según la información brindada por contactos oficiales.

El imputado fue aprehendido por los agentes investigadores de la FGE en la capital michoacana. Las autoridades de Guanajuato solicitaron mediante oficio de colación el apoyo de la Fiscalía de Michoacán para la captura del clérigo.

En relación con el tema, se supo que el ilícito de violación fue en 2011 en el estado en Guanajuato, al momento de que el indiciado aprovechó que se encontraba a solas con la víctima y la conducta delictiva se repitió hasta abril de 2019. Ahora se espera que la autoridad judicial competente resuelva la situación legal del arrestado.

En Irapuato, Herrera se vio involucrado en un escándalo por desfalco a las arcas de la Diócesis de aquella región por 18 millones de pesos entre 2012 y 2016, asunto que concluyó con el resarcimiento del daño y el perdón para los involucrados para que las partes involucradas no fueran a parar a la cárcel.

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June 25, 2020

Sacerdote veracruzano acusado de pederastia ya habría huído

XALAPA (MEXICO)
Diario de Xalapa [Xalapa, Veracrúz, Mexico]

June 25, 2020

By Roberto Sosa

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La iglesia se comprometió a iniciar la investigación y reitera su comprensión y ayuda, “en busca de la veracidad y la justicia para que la familia y el afectado puedan sanar sus heridas”

Coatzacoalcos, Ver.- La Diócesis de Coatzacoalcos investigará el caso de presunta pederastia por parte de un sacerdote en agravio de un menor.

En un comunicado firmado por el padre Jesús Caraveo Carrera, se señala que el obispo Rutilo Muñoz Zamora, tras tener conocimiento de los hechos por parte de la familia del menor agraviado, ordenó una indagatoria y toda la ayuda posible.

La iglesia se comprometió a iniciar la investigación y reitera su comprensión y ayuda, “en busca de la veracidad y la justicia para que la familia y el afectado puedan sanar sus heridas”

Aparentemente el sacerdote acusado de pederastia ya se sustrajo de la acción de la justicia al abandonar la casa parroquial de la iglesia Santa María Reyna del Rosario en la colonia El Tesoro, al poniente de la ciudad que mantenía a su cuidado, de acuerdo con información preliminar.

La familia del menor formuló denuncia ante la Fiscalía y habrían levantado la carpeta de investigación 504/2020.

Con base en esto, la Iglesia católica prometió colaboración con las autoridades en el ámbito penal para que se haga un “proceso justo”.

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June 24, 2020

Sacerdote es acusado de abuso sexual a un menor de edad en Coatzacoalcos

XALAPA (MEXICO)
SemMéxico [Mexico City, Mexico]

June 24, 2020

By Redacción

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  • Familia denuncia amenazas de la Iglesia católica por acusar al presbítero ante la autoridad.
  • En dicha Iglesia hay una gran participación de menores y adolescentes en las actividades de las pastorales.

SemMéxico/Billie Parker Noticias. Coatzacoalcos Veracruz. – Un sacerdote, Vicario de la Iglesia Católica “Santa María Reyna del Rosario”, de la colonia “El Tesoro” en el puerto de Coatzacoalcos, fue acusado de embriagar e intentar abusar sexualmente de un menor de edad, que logró escapar aprovechando de que el párroco se habría quedado dormido.

En los hechos se reporta que la tarde noche del sábado en el interior de la iglesia ubicada en el Andador “Sor Juana Inés de la Cruz”, de la colonia citada del puerto de Coatzacoalcos, el joven que asistía al presbítero encargado de la parroquia, quien enfermó, fue amenazado por quien lo suple, y con amagos lo llevó a su dormitorio, en donde sacó un botella de tequila para obligarlo a tomar.

La madre del menor agraviado dijo en su denuncia presentada en la Fiscalía Especializada con expediente 504/2020, que la tarde del pasado sábado, su hijo le pidió permiso para ir a la iglesia del Tesoro, ya que estaban armando el grupo de la Pastoral juvenil y no imaginó el desenlace.

El joven le asegura se negó a tomar, pero el párroco Cruz Antonio “N”, lo amenazó con que no iba a poder salir de la iglesia, porque tenía “a su gente cuidándolo y que, si se salía, lo iba a matar a él y a su mamá”.

El integrante de la iglesia intentó abusar de él pero al quedar bajo los influjos del alcohol, el párroco agresor se quedó dormido, momentos que aprovechó el joven para huir, llegando a una habitación contigua en donde se encontraba otro sacerdote quien lo interrogó por su desnudez y le narró lo que había sucedido.

Este sacerdote sólo le prestó un short para que pudiera salir y llegó a la casa vecina, en donde pidió auxilio y logró llamar a su familia quien fue a recogerlo.

Los agraviados de manera inmediata acudieron la misma noche interponer su formal denuncia en la Agencia Especializada en representación de su menor hijo y fue este lunes que la ratificó y presentó las pruebas en contra del sacerdote por abuso sexual e intento de violación.

La familia del adolescente de apenas 16 años de edad exigió a la Fiscalía General del Estado se castigue con todo el peso de la Ley al citado sujeto quien, refieren, pertenece a un grupo de Sacerdotes conocidos como “Los Cuinos”, amparados por la Diócesis de Coatzacoalcos.

El sacerdote es miembro de la Diócesis de Coatzacoalcos y tenía a su cargo la operación de la iglesia antes mencionada, la cual se encuentra en la colonia “El Tesoro”, ubicada en el poniente de la ciudad petrolera.

Luego de la denuncia se sabe que hasta este lunes por la tarde, el sujeto inculpado, continuaba laborando en esa Iglesia que está a cargo del Padre Fernando Altamirano, sin que este sacerdote católico, la Diócesis de Coatzacoalcos o la Jerarquía católica estatal se pronuncie ante el hecho, que fue repudiado por la sociedad del puerto del sureste de Veracruz.

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Investigará Diócesis de Coatza a párroco por abuso a menor

XALAPA (MEXICO)
E-Consulta Veracruz [Xalapa, Veracruz, Mexico]

June 24, 2020

By Fluvio Cesar Martínez

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La Diócesis recibió la notificación de la denuncia, misma que fue interpuesta por la madre del adolescente de 16 años

Coatzacoalcos Ver.- La Diócesis de Coatzacoalcos asegura que coadyuvará con las autoridades para esclarecer la investigación por el presunto delito de abuso sexual cometido por un sacerdote en contra de un menor de edad, en la iglesia de la colonia El Tesoro de esta ciudad.

A través de un comunicado, la Iglesia Católica confirmó que el martes 23 de junio el Obispo Rutilo M. Z.recibió la notificación de la denuncia de parte la Fiscalía, misma que fue interpuesta por la madre del adolescente de 16 años.

“Se va a iniciar de inmediato el proceso de investigación que realiza la iglesia para estos casos para esclarecer los hechos y se pueda proceder con veracidad y justicia”, cita el comunicado.

Diócesis de Coatzacoalcos, A. R.
Registro Constitutivo SGAR/129/93
Aldama No. 502 Col. Centro
Tels. (921) 212.23.99 y 212.59.03
96400-Coatzacoalcos, Ver. México.
COMUNICADO DE LA DIÓCESIS DE COATZACOALCOS
El día de ayer, 23 de junio de 2020, fue presentada ante el Sr. Obispo
de Coatzacoalcos la denuncia de un probable delito de abuso sexual
cometido por un sacerdote de esta Diócesis en contra de una persona
menor de edad.
Se manifestó a la familia del menor que se va a iniciar de inmediato el
proceso de investigación que realiza la Iglesia para estos casos, para
esclarecer los hechos y se pueda proceder con veracidad y justicia.
También se ha reafirmado el compromiso de atención y ayuda al
menor y su familia para que se puedan sanar las heridas causadas por
este hecho.
Igualmente se estará colaborando, en lo que fuera necesario, con la
autoridad en el ámbito penal para que se haga un proceso justo.
Que el Señor Jesús nos renueve y fortalezca en la gran tarea de velar
por la salud integral de nuestras familias, especialmente de los niños y
adolescentes.

P. Lázaro de Jesús daraveo Carrera
Coordinador diocesano de Medios de Comunicación
Coatzacoalcos, Ver. 24 de junio de 2020

Fue el pasado lunes 22 de junio, cuando se informó que los padres de un menor de 16 años de edad denunciaron ante la Fiscalía General del Estado a un sacerdote de la Diócesis de Coatzacoalcos por presunto abuso sexual.

Señalaron que el menor habría sido emborrachado y drogado por el sacerdote en los cuartos de la iglesia Santa María Reina del Rosario, en la colonia antes mencionada. La acusación argumenta tocamientos e intento de violación ocurridos el pasado sábado, cuando el adolescente logró escapar del sacerdote tras estos hechos.

Ante ello, la Diócesis se comprometió a dar atención y ayuda al menor y a su familia para que se puedan sanar las heridas causadas por este hecho y se comprometieron a realizar una investigación al interior de la iglesia.

” Que el señor Jesús nos renueve y fortalezca en la gran tarea de velar por la salud integral de nuestras familias, especialmente de los niños y adolescentes”, finaliza.

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June 17, 2020

Diócesis de Irapuato se deslinda de Ciudad de los Niños y pide respuestas al cura Pedro

LEóN (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

June 17, 2020

By Verónica Espinosa

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GUANAJUATO, Gto., (apro).- El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías debe responder a los cuestionamientos y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones graves a derechos de menores, adultos y personas con discapacidad que se encontraba en los albergues Ciudad de los Niños de Salamanca, pues “no son una obra eclesiástica”, sostuvo la diócesis de Irapuato, a la que está adscrito el cura católico. “La Diócesis de Irapuato no protegerá a ningún clérigo ni consagrado que cometa este tipo de acciones reprobables”, informó ésta en un comunicado. “La Iglesia está del lado de las víctimas. Por eso, esperamos y pedimos que todo se aclare conforme a la justicia civil y eclesiástica”, se añadió. Aunque Pedro Gutiérrez ni siquiera se ha presentado a definir su situación como ministro de la iglesia católica ante el propio obispo Enrique Díaz. “Se le ha invitado a presentarse con el Obispo de Irapuato para determinar su situación ministerial en esta diócesis, sin haber obtenido respuesta hasta ahora. Hasta el momento el sacerdote no está suspendido, ni pesa sobre él ninguna pena canónica, pero no están en regla sus licencias ministeriales”, se explicó en el comunicado. Se informó que se enviará a la Santa Sede y a la Nunciatura en México los informes sobre la situación del sacerdote, que enfrenta señalamientos por los que la CNDH ha recomendado a autoridades de Guanajuato y otros estados investigar, reabrir expedientes y cancelar definitivamente los permisos de operación de los albergues fundados por el cura en Salamanca, Morelia, Uriangato-Moroleón e Irapuato. La diócesis irapuatense también aclaró que, aunque el sacerdote “tenía el proyecto de fundar una congregación de sacerdotes y religiosas dedicada a la atención de Ciudad de los Niños”, misma que funcionó en calidad de ad experimentum desde el año 2004, “fue suprimida” el 1 de enero de este año “por no haber cumplido los requerimientos necesarios para su aprobación definitiva”. Es decir, la Iglesia Católica mantuvo esta congregación en modo de prueba participando en la atención de la Ciudad de los Niños durante poco más de 15 años, según lo informado por la diócesis. Tres de los cuatro clérigos que estaban asignados a colaborar con el padre Pedro fueron asignados a otros ministerios. La diócesis remarcó, por primera vez en los más de 40 años que tiene el sacerdote Gutiérrez Farías al frente de los albergues que, según la propia índole de la asociación civil de Ciudad de los Niños de Salamanca, la Iglesia Católica no tiene competencia directa con la misma ni con el manejo de estos centros de asistencia social. “Desde el año 2017, la Santa Sede y la Nunciatura Apostólica en México fueron enteradas de la situación de ese momento. Ahora, de acuerdo a los protocolos establecidos por la CEM, deberá enterársele del estado actual del caso, y estaremos a la espera de lo que ella determine para inmediatamente acatar sus indicaciones”. Finalmente, a nombre de la Iglesia católica se invitó a que cualquier persona que tenga acusaciones en contra del sacerdote las presente en las oficinas del Tribunal Eclesiástico de la diócesis irapuatense. “Como Iglesia nos duele cualquier atentado contra los niños, adolescentes y personas vulnerables, y reprobamos cualquier conducta de abuso contra ellos”, concluye el comunicado.

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Ciudad de los Niños, otro infierno de abusos

LEóN (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

June 17, 2020

By Verónica Espinosa

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Los centros de asistencia social de Pedro Gutiérrez Farías operaron durante décadas con el apoyo de los gobiernos de Guanajuato y Michoacán, además de la complacencia de las fiscalías de esos y otros estados, que desestimaron numerosas denuncias contra el sacerdote y su personal por abusos sexuales, malos tratos y alteración de la identidad de los menores. La resolución de una juez en 2017 y una amplia recomendación de la CNDH reactivaron el caso. GUANAJUATO, Gto. (Proceso). – “La Ciudad de los Niños es una obra de la patria, una obra de Dios… Yo les pedía ayuda a todos los gobernadores y me ayudaron. Les decía: ‘¿qué hago con los niños? No tienen papeles’. Me decían: ‘Déselos usted’. Aquí venía el del Registro Civil a la casa, a registrarlos…”, se ufanaba a mediados del año pasado el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías. El fundador y director de los albergues Ciudad de los Niños de Salamanca pudo, gracias a esa “ayuda”, manejar a su antojo y sostener con fondos públicos y privados seis centros de asistencia social en Guanajuato y Michoacán durante cuatro décadas. Pero en la recomendación 32VG/2020, emitida el 19 de mayo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que 324 menores, adultos y personas con discapacidades diversas albergados en la Ciudad de los Niños de Salamanca fueron víctimas de violaciones graves: abuso sexual, tortura, pérdida de identidad, maltrato infantil, condiciones insalubres, de promiscuidad y riesgo, así como de abandono educativo. En una investigación que duró casi tres años, el organismo encontró también una complacencia criminal de instancias de procuración de justicia de tres entidades –Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato– a estas violaciones graves, las que conocieron, pero no investigaron debidamente, además de que archivaron varias denuncias al respecto y en la mayoría de ellas se desistieron de ejercer acción penal. Ocurrió en el caso de Rosa Verduzco y el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán (Proceso 1969): Gutiérrez Farías fue eximido durante años de varias denuncias por abuso sexual, maltrato y despojo de filiación civil a cientos de menores. A éstos los recibió en sus albergues gracias a la amplia red de protección y beneficios en la que participaron gobernadores, alcaldes, presidentes municipales y autoridades federales, como fue el caso del expresidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún. Lo que sucedió durante décadas en la Ciudad de los Niños fue documentado ampliamente desde 2017 por la juez de distrito Karla Macías, quien conoció de un juicio de amparo promovido por el propio sacerdote a mediados de 2016, con el fin de recuperar a una menor que había sido trasladada a otro centro de asistencia social. La juez llevó un proceso que llegó a las entrañas de la Ciudad de los Niños y desenmascaró el cúmulo de vejaciones en 2017. La resolución derivó en la intervención del DIF de Guanajuato durante el sexenio del panista Miguel Márquez Márquez, instancia que tras el escándalo asumió el control del centro y trasladó a quienes allí se encontraban a otras instituciones de acogida o los entregó a sus familias, sin que se transparentaran el proceso ni las condiciones de los menores y adultos. Por mandato de la juez se iniciaron carpetas de investigación y se revisaron otras que habían sido reservadas por la presunción de abusos sexuales, violencia familiar, privación ilegal de la libertad, desaparición de personas y contra la filiación por el cambio de apellidos, algunas iniciadas desde 2008. Pero tal como ocurrió con Mamá Rosa, quien fue declarada inimputable en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República encabezada por Jesús Murillo Karam, Gutiérrez Farías libró una vez más las acusaciones. En esta recomendación la CNDH concluye que la mayoría de los expedientes contra el sacerdote fueron indebidamente integrados y varios se archivaron de manera irregular. Además, los pocos procesos penales que se lograron iniciar resultaron en penas mínimas y salidas alternas, con lo que los señalados evitaron la prisión. Las fiscalías de Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes desestimaron dictámenes psicológicos, peritajes y decenas de testimonios de menores y adultos víctimas, vecinos, profesoras y familiares, quienes coincidieron al describir los malos tratos y los castigos que se les imponían a los menores, además de la posible responsabilidad de Gutiérrez Farías y sus colaboradores en estas violaciones. Por ejemplo, coincidieron en señalar un lugar de tortura conocido como “el cuartito”. En la recomendación se consigna el testimonio de una víctima sobre el uso que se le daba: “Me llamó para los cuartos de atrás […] y me preguntó que por qué no había ido a las academias, y le dije que porque […] no tenía ganas y me empezó a pegar […] en la cara y en los brazos, pero yo me ponía las manos y como casi no me atinó ningún golpe porque yo los esquivaba, como que le dio coraje y […] me agarró del brazo y me llevó hasta el dormitorio de hombres, en donde hay un cuartito al que le decimos ‘LA CARCEL’, y ahí […] me encerró […] tres días, sin comer […] Antes de que llegaran los del DIF aquí en la Ciudad de los Niños, alguien quitó la puerta del cuartito […]”

Los mismos funcionarios

En sus 507 páginas la recomendación exhibe a gobernadores, presidentes municipales, secretarios, procuradores o fiscales, autoridades educativas y de salud, principalmente de Guanajuato y de Michoacán, que conocieron y a quienes les correspondía proteger a los menores depositados de manera directa los albergues. Por ello, además de demandar para las víctimas “una reparación integral del daño, que incluya la atención médica especializada integral, así como el pago de una compensación y/o indemnización”, la CNDH pone ahora la mirada en los servidores públicos responsables por omisiones que pueden configurar delitos. Y anuncia una andanada de quejas administrativas y demandas en los tres estados involucrados para que se finquen responsabilidades penales a esos funcionarios y exfuncionarios. La recomendación está dirigida a los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; a los fiscales de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, y de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre; así como a los presidentes municipales de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez, y de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña. Los gobiernos de los tres estados y los municipios citados enviaron a menores bajo su tutela a los centros manejados por el sacerdote: Ciudad de los Niños –que fue cerrado–, Ciudad Infantil y Ciudad Juvenil, en Salamanca; Casa Noviciada de Cooperadoras de la Sagrada Familia, en Irapuato; Ciudad de los Niños Moroleón-Uriangato y Ciudad de los Niños Morelia, AC. Varios de ellos continúan funcionando pese a que la CNDH pidió cancelar los registros de todos los albergues administrados por el sacerdote. El lunes 8, en una transmisión de la televisora estatal, Rodríguez Vallejo aceptó todos los términos de la recomendación y expresó una disculpa pública a todos los menores y adultos agraviados. Pero el panista estaría en serios aprietos para cumplir cada uno de los 32 puntos que le conciernen, pues varios de los funcionarios a quienes el sexenio pasado les correspondió supervisar los albergues (por lo tanto, las condiciones en que vivían los menores) son actualmente sus colaboradores. Son los casos del director del DIF, Alfonso Borja Pimentel; el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz; el exsecretario de Educación, Eusebio Vega, así como el entonces procurador de justicia y actual fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Desde 2009, cuando Zamarripa era procurador de justicia, y hasta la fecha, con él mismo como fiscal general autónomo, esa instancia tuvo conocimiento de varias denuncias por presuntos delitos, incluyendo violaciones y abusos sexuales atribuidos a Gutiérrez Farías y al personal de la Ciudad de los Niños. El sacerdote fue sentenciado por un delito a principios de 2019: falsedad de declaraciones ante una autoridad. Se le condenó a un año y cuatro meses de prisión, pero no pisó ningún penal.

Obra de Dios

“¿Por qué me dediqué a esto? Porque Dios me lo dijo. Yo no lo hago por dinero”, decía Gutiérrez Farías en su reaparición para anunciar la reapertura de la Ciudad de los Niños en julio pasado. La reportera Kennia Velázquez encontró que la vocación del sacerdote no ha sido desinteresada. En una investigación auspiciada por el International Center for Journalists en alianza con Connectas y publicada en diciembre de 2017, reveló que, a través de tres de las ocho asociaciones creadas por el sacerdote, éste recibió recursos públicos por casi 45.3 millones de pesos, vehículos y cuatro terrenos. También es propietario de ocho inmuebles, entre ellos un predio de 17 hectáreas. En 2017 la entonces Procuraduría estatal recibió una denuncia contra el sacerdote por posible uso indebido de recursos públicos, pero fue archivada. La CNDH recomendó a la Fiscalía General que la retome. Rodríguez Vallejo podría verse involucrado en esta indagatoria, ya que era secretario de Desarrollo Social y Humano en el sexenio de su antecesor, cuando le tocó asignar varios millones de pesos a la Ciudad de los Niños de Salamanca. A raíz de la resolución que emitió en 2017 la juez de distrito y a petición de organizaciones civiles, como la Red por los Derechos de la Infancia en México, la CNDH decidió atraer la investigación sobre las violaciones a derechos de esta población vulnerable, por acuerdo del 19 de julio de ese año. En los meses siguientes, y hasta principios de 2019, durante la gestión de Luis Raúl González Pérez como titular del organismo, personal de la CNDH viajó a Guanajuato y a Michoacán para entrevistarse con autoridades estatales y municipales; acudió a varios de los centros de asistencia dirigidos por el sacerdote y constató sus condiciones; entrevistó a menores y adultos que estuvieron en dichos albergues. También revisó declaraciones de 23 servidores públicos “que tuvieron conocimiento de los hechos delictivos cometidos en agravio de las personas albergadas en las casas hogar administradas por Ciudad de los Niños, Salamanca AC”, así como de 86 de las víctimas, 29 de testigos, 17 de indiciados y ocho denunciantes. En las declaraciones se advirtió que una de las formas más comunes de castigar a quienes incumplían con sus deberes era golpearlos con un palo barnizado, de un metro de largo, que el sacerdote guardaba en su oficina. El personal de la comisión también obtuvo, vía la ley de transparencia, registros, fichas, reportes de inspecciones sanitarias y de protección civil. La CNDH analizó 24 carpetas de investigación, seis causas penales, cuatro juicios de amparo, tres averiguaciones previas, un cuadernillo de colaboración (exhorto) y dos recursos de revisión. Sin embargo, en la recomendación el organismo hizo notar que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato no le entregó todas las averiguaciones y carpetas, entre ellas las que señalan directamente a Gutiérrez Farías de abusos sexuales contra un menor. En abril de 2019 un Tribunal Colegiado desestimó la amplitud del amparo de la juez Macías, pero el 19 de mayo pasado la actual presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra, acordó continuar con el trámite del expediente de queja CNDH/1/2018/5221/Q/VG y finalmente emitir la recomendación, que hizo pública el día 28. El expediente consta de 45 tomos, con más de 36 mil 800 fojas. En él se corroboran y documentan actos contra 324 personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, así como personas adultas con discapacidad intelectual, “durante su estancia en los diversos centros asistenciales dependientes de la Ciudad de los Niños Salamanca, AC”. El gobierno de Guanajuato consintió y participó, mediante el Registro Civil, en el agravio a la identidad de 169 de ellos “registrados como hijas e hijos biológicos del indiciado 1 (Pedro Gutiérrez) y algunas de las monjas que lo auxiliaban”. Se encontraron “actas” con los cambios de apellidos elaboradas en simples hojas de papel y desaparecieron registros de los padres biológicos en varios casos. Además de las insalubres y peligrosas condiciones en los inmuebles de varios centros de asistencia del sacerdote y de la falta de un programa nutricional para quienes estaban a su cargo, varios menores no iban a la escuela o desertaron sin que se hiciera nada por regularizarlos. Otros albergados con discapacidad no recibían ningún tipo de instrucción especializada. Peritos e investigadores de la CNDH avalaron las evidencias de tortura en agravio de 21 menores y 10 adultos con discapacidad; violencia sexual contra nueve adolescentes y cuatro adultos mayores; así como trato cruel, inhumano o degradante a 17 menores y dos adultos. Al menos dos menores declararon que se les infligieron “lesiones por quemadura derivadas de la exposición de sus extremidades superiores sobre una superficie caliente (estufa)”. Otros cuatro “refirieron que sufrieron puñetazos, cachetadas y patadas en diversas partes del cuerpo”. Asimismo, se documentó que fueron desestimadas, archivadas o reservadas las denuncias por abuso sexual y otros hechos que por su naturaleza fueron canalizados a fiscalías especializadas en violencia contra mujeres, violencia sexual, trata de menores y personas desaparecidas, en los estados de Guanajuato, Querétaro o Aguascalientes. Este reportaje forma parte del número 2276 de la edición impresa de Proceso, publicado el 14 de junio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí

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June 15, 2020

El cura Pedro abre Ciudad de los Niños y regaña por creer en las ‘tonterías” sobre abusos

LEóN (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

June 15, 2020

By Verónica Espinosa

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SALAMANCA, Gto., (apro).- Reacio a la desaparición de Ciudad de los Niños de Salamanca, los albergues que fundó hace más de 40 años y que tendrían que cerrarse definitivamente por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías abrió las puertas de las instalaciones a medios de periodistas, a quienes regañó por creer “en las tonterías” y “babosadas”, como llamó a las acusaciones en su contra por abusos. “Demuestren los que acusan que no se les hizo el bien, demuestren que hubo abusos, demuestren que… esas son tonterías, ¿qué tan grande delito es haberles dado una identidad? no se les robó, se les dio porque no había”, fueron los argumentos de defensa expresados por el sacerdote. Acompañado de su abogado José de Jesús Centeno, de otro sacerdote y algunas mujeres y hombres que supuestamente estuvieron en este albergue hasta que fue cerrado por el DIF estatal -así los presentó- el padre Pedro dijo tener fe en que las autoridades federales y estatales no consigan que cierre los albergues, por los que aseguró que han pasado más de 2 mil personas “que nunca se quejaron”.

Padre Predro Gutiérrez, fundador de La Ciudad de Los Niños. Foto: Verónica Espinoza La CNDH ha pedido la cancelación y cierre definitivo de los albergues Ciudad de los Niños en Salamanca, Morelia y Moroleón-Uriangato, además de otro centro manejado por monjas en Irapuato, todos asociados a la administración del sacerdote Gutiérrez Farías, por violaciones graves a derechos de menores, adultos y personas discapacitadas que se cometieron con conocimiento de distintas autoridades, particularmente del gobierno de Guanajuato, la Fiscalía general del estado y algunos municipios. Abusos sexuales de diversa índole, malas condiciones sanitarias y de protección civil de los inmuebles, maltrato y desatención especializada a personas con discapacidades, fueron algunas de una larga lista de lo que la CNDH concluyó fueron “violaciones graves a derechos humanos” de una población especialmente vulnerable por estar depositada en estos centros de asistencia social, como publica Proceso en su edición de esta semana. Nota relacionada: https://www.proceso.com.mx/633517/rodriguez-vallejo-ofrece-disculpa-publica-a-victimas-en-ciudad-del-nino-de-salamaca Por primera vez en un año, el sacerdote apareció ante medios de comunicación a los que convocó a una conferencia en las propias instalaciones del albergue principal de Ciudad de los Niños, ubicadas en una calle que lleva su nombre, Pedro Gutiérrez, por decisión del gobierno municipal de Salamanca en alguna de sus administraciones, que han sido muy cercanas al cura, incluyendo a la actual alcaldesa de Morena, Beatriz Hernández Cruz. “Qué bueno que los invitamos porque no tenemos nada qué ocultar. Creo que ha sido exhaustivo el examen que han hecho sobre nosotros, tenemos el corazón totalmente abierto y limpio”, dijo al recibir a periodistas en el salón que fungía como comedor en este centro de asistencia, donde desde el 2017 no hay una sola persona albergada, pues el DIF estatal sacó a todas las que estaban, más de 70 en ese entonces. El sacerdote afirmó que espera reabrir este centro; negó que esté en la mira del Vaticano o que esté suspendido por la Diócesis de Irapuato y que tiene el respaldo del obispo Enrique Díaz; puso en tela de juicio que hayan sido autoridades “los que vinieron a descomponer todo lo que teníamos” y achacó a “sus enemigos” las acciones emprendidas para retirarle el manejo de estos albergues y a los menores y adultos que en ellos se encontraban. “Para mí (las recomendaciones de la CNDH) son injustas, porque no me han probado nada, yo puedo decir que usted me robó cinco millones, pero si no lo demuestro… ¿Por qué? nada más porque lo dijo un niño, porque lo hicieron hablar, porque la que se dice o se dijo que era psicóloga le puso lo que quiso en la hoja? (sic)”, comentó el sacerdote, que por momentos lució alterado. El abogado José de Jesús Centeno defendió las decisiones que tomó la Procuraduría de Justicia -actual Fiscalía general- en el 2017 y años anteriores con carpetas de investigación por anomalías y posibles delitos dentro de la Ciudad de los Niños, mismas que fueron archivadas o con denuncias desestimadas por falta de pruebas. Pero también advirtió que si se reabren o se inician nuevas investigaciones en acato a la recomendación de la CNDH, la defensa del sacerdote interrogará a los menores y adultos que en su momento dieron testimonio de castigos corporales, encierros, abusos sexuales e incluso, violaciones dentro de los albergues. “Si ellos les dicen: a mí me hicieron, yo me derroto y que me castiguen, y duro -intervino el padre-. Si no, ¿por qué, por qué me pegan?”. Un sacerdote que acompañó al padre Pedro en la conferencia de prensa incluso negó que éste maneje los cinco albergues reconocidos por las autoridades en Salamanca (dos), Irapuato, Morelia y Uriangato-Moroleón, y sostuvo que se trata de asociaciones distintas. “A lo mejor en el aspecto humano, afectivo, el padre Pedro es una cabeza; pero en lo administrativo, legal, son personas distintas”. Algunos de los jóvenes -presuntos “hijos” del cura por haber estado en el centro de asistencia, dijeron verlo como un padre y la única familia que conocieron. Minutos más tarde, cuando ya casi todos los periodistas se habían retirado de las instalaciones, el grupo de jóvenes, hombres y mujeres, abordó un taxi que se detuvo en un Oxxo cercano al albergue, de donde salieron cargados de cervezas, subieron de nuevo al taxi y se fueron.

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May 29, 2020

CNDH acredita violaciones, torturas y omisiones en el caso Ciudad de los Niños; prepara denuncias

IRAPUATO (MEXICO)
Aristegui Noticias [Mexico City, Mexico]

May 29, 2020

By Redacción AN / AG

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En los albergues operados por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías hubo actos de tortura, violencia sexual y psicológica, entre otros agravios, contra 21 menores de edad y 10 adultos que viven con discapacidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que presentará denuncias penales por los actos de tortura en La Ciudad de los Niños contra 21 menores de edad y 10 adultos que viven con discapacidad, además de violencia sexual contra nueve adolescentes y cuatro mayores de edad.

Así lo informó en su resolución 32VG/2020, donde emitió recomendaciones al gobierno y Fiscalía de Guanajuato, junto con los gobiernos de Michoacán y Querétaro, por omisión en casos de graves violaciones de derechos humanos, en los albergues operados por la institución dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

También se consignó el trato cruel e inhumano en perjuicio de 17 personas menores de edad y dos adultos; se omitió proporcionarles a 20 adolescentes y a 14 personas adultas la atención especializada integral, que requerían con motivo de su condición médica, psicológica o discapacidad intelectual.

“Las condiciones indignas, de promiscuidad, insalubridad y riesgo, en las que habitaban al menos 324 personas (135 niñas, niños y adolescentes, así como 191 personas adultas que presentaban una discapacidad intelectual) en los diversos centros de asistencia administrados por la asociación civil”, indicó la CNDH.

Por todo lo anterior, el organismo emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en la que le pidió iniciar las carpetas de investigación, con motivo de las denuncias que formulará la propia CNDH por los hechos delictivos cometidos, además de la responsabilidad de los servidores públicos que toleraron el funcionamiento de estos albergues.

Dentro de los agravios observaron tanto a la Fiscalía guanajuatense como a la de Aguascalientes, “por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, relacionadas con los hechos delictivos cometidos en los diversos albergues”.

También acusó que el Registro Civil de Guanajuato cometió inconsistencias advertidas en las actas de nacimiento de 169 personas que fueron registradas como hijas e hijos biológicos del sacerdote Pedro Gutiérrez.

Específicamente al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se le pidió la cancelación del registro de la Ciudad de los Niños, del padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de que los albergues administrados por esta no continúen acogiendo a personas menores de edad y personas con discapacidad o adicción.

La CNDH informó que el documento formal con todas las observaciones y recomendaciones puntuales, han sido entregados a cada autoridad correspondiente.

Los antecedentes

ue en 2017, cuando el caso se difundió a través de la resolución de la jueza federal, Karla Macías, con sede en Irapuato, al tratar el caso de una menor que había sido violentada. Parte de su resolución implicó la revisión completa del albergue y la vista a la Fiscalía General del Estado, por la posibilidad de diversos delitos.

El albergue fue tomado aproximadamente por un año y el DIF estatal tomó custodia de los menores en orfandad y entregó al resto en custodia de sus padres. No obstante, las instalaciones fueron regresadas al titular de la Ciudad de los Niños: Pedro Gutiérrez Farías.

En septiembre de 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, hoy Fiscal General, exoneró a Pedro Gutiérrez Farías de cinco causas penales iniciadas tras la investigación de la juez federal Karla Macías Lovera.

De las cinco causas penales iniciadas por los presuntos abusos cometidos contra más de cien niños que vivían en los albergues dirigidos por Gutiérrez Farías, la Procuraduría no vinculó a proceso penal al sacerdote por ninguno de estos delitos.

La PGJEG tampoco fincó responsabilidades a servidores públicos de instancias oficiales como los sistemas DIF estatal y municipal y Registro Civil, aun cuando los supuestos abusos fueron cometidos en complicidad con funcionarios de dichas dependencias de gobierno.

El 19 de julio de 2019, Gutiérrez Farías reapareció en una conferencia de prensa en Salamanca, en la que anunció su intención de reabrir el albergue y aceptar menores de edad en custodia, pues sostuvo que el archivo del caso realizado por la entonces Procuraduría General de Justicia, certificaba que “hay pruebas en su contra” de los delitos que se acusaban.

En esa ocasión aseguró que retomaría el funcionamiento del albergue, para lo que necesitaba dos millones de pesos, que esperaba recibir de donaciones.

Cabe destacar que Gutiérrez Farías nunca aclaró el destino de más de 45 millones de pesos recibidos de los tres niveles de gobierno, además de numerosas donaciones en especie para sus instalaciones, difundidas en investigaciones periodísticas.

La Ciudad de los Niños llegó a tener seis instalaciones, que la CNDH consignó con sus nombres oficiales, las diversas denominaciones que utilizaron, además de conocer sus víctimas, familiares y testigos para referirse a los centros de asistencia, así como sus ubicaciones.

1. Ciudad de los Niños. Casa Central, y/o Mancera Ciudad de los Niños y/o Ciudad del Niño en Salamanca, Guanajuato.

2. Ciudad Infantil. San Juan de los Razos y/o Convento. Salamanca, Guanajuato.

3. Ciudad Juvenil. Ciudad de los jóvenes y/o La Juve. Salamanca, Guanajuato.

4. Casa Noviciada de Cooperadoras de la Sagrada Familia. Irapuato, Guanajuato.

5. Ciudad de los Niños Moroleón-Uriangato. Zona Metropolitana Moroleón–Uriangato, Guanajuato.

6. Ciudad de los Niños Morelia A.C. Morelia, Michoacán.

CNDH acredita violaciones, … by Aristegui Noticias on Scribd

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April 13, 2020

Abusos bajo sotana

GUADALAJARA (MEXICO)
Semanario Zeta [Tijuana, Baja California, Mexico]

April 13, 2020

By Investigaciones ZETA

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UTORIDADES ECLESIÁSTICAS RECONOCEN EL AUMENTO DEL FENÓMENO DE ABUSOS SEXUALES DE SACERDOTES A MENORES DE EDAD. POR LO MENOS 426 PASTORES CATÓLICOS ESTÁN BAJO SOSPECHA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL MEXICANA DE PARTICIPAR EN CASOS DE PEDERASTIA Y DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. POCOS CASOS ANTE AUTORIDADES MINISTERIALES. EN FISCALÍAS, 156 AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE MINISTROS DE CULTO. CURAS PRÓFUGOS CUENTAN CON ORDEN DE APREHENSIÓN, OTROS ESTÁN EN PRISIÓN PREVENTIVA. DE LOS POCOS SENTENCIADOS, ENFRENTAN PENAS DESDE 16 AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN, HASTA 90 AÑOS SIETE MESES DE CÁRCEL

Eugenio, nombrado así para esta nota, tenía solo 8 años de edad cuando fue víctima de un ataque sexual. Hoy tiene 32 años y, aunque se resiste a hablar de lo que le sucedió, desea que no le ocurra a nadie más.

Fue violado por el sacerdote de su parroquia al Oriente de Guadalajara. Tres de sus amigos también fueron abusados en su integridad e intimidad.

Se trata de uno de los pocos asuntos de pederastia clerical que han encontrado castigo penal. Pero solo un castigo parcial, porque aunque el sacerdote fue condenado, al tiempo un amparo directo le facilitó la salida del penal del afamado Puente Grande. La sentencia dictada en primera instancia fue elevada en apelación, pero de nada sirvió.

La víctima recuerda cómo sus padres se mostraban contentos de que sus niños fueran a recibir las clases de piano del padre Heladio. Iniciaba el segundo semestre de 1996. Los amigos de Eugenio -Lalito, Ambrosio y Martín, de 8, 9 y 10 años, respectivamente- se acompañaban para salir de sus casas e ir al templo de la Transfiguración del Señor.

Durante la instrucción de piano, el sacerdote iba subiendo en sus piernas a los infantes, a quienes les decía cómo maniobrar el largo teclado del piano. Después de una breve sesión les compartía dulces y golosinas, al tiempo que los abrazaba y manoseaba. Un día decidió mostrarles su habitación en una casa contigua al templo. Y a partir de entonces les llevaba allí con frecuencia, a jugar con él sobre los muebles.

En una de las ocasiones, el cura pidió a los niños le esperaran en la sala mientras iba con Eugenio por los dulces. Ese día cambió no solo la vida del menor, sino la de toda su familia. El párroco lo violó. Los niños regresaron a sus casas, y el pequeño Eugenio, lloroso, fue

Reformas legales en México

 Mucho se argumentó en los diversos congresos de los estados, así como en las cámaras de Diputados y de Senadores, la necesidad de incrementar penas y establecer mecanismos para prevenir y frenar los casos de pederastia no solo clerical, también por parte de ciudadanos. Entre las propuestas más aceleradas figuró en -noviembre de 2019- la del diputado local de Guerrero, Marco Cabada Arias, quien presentó una iniciativa para aplicar la castración química para abusadores sexuales.

Por su parte, en el Congreso de la Unión, en vísperas a Navidad, el diputado federal del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, urgió a aplicar la Ley sin distingos contra sacerdotes pederastas y quienes fueron sus cómplices, poniendo como ejemplo el informe en el que los Legionarios de Cristo reconocieron los abusos de 175 menores por 33 sacerdotes en 78 años.

En enero de 2020, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional en el Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció que presentaría una iniciativa para incrementar al doble las penas a sacerdotes que cometan lenocinio y corrupción contra menores. Propuso reformar el Código Penal Federal ante el incremento de impunidad por delitos sexuales perpetrados por ministros de culto.

Sin embargo, los diputados federales ya tenían su propio anteproyecto y, el 6 de febrero siguiente, el pleno de la Cámara, en el Palacio de San Lázaro, aprobó reformas para hacer imprescriptible el delito de pederastia. La pena aplicable ahora va de nueve años de cárcel la mínima, hasta los 18 años de prisión la máxima, complementada por una multa de 750 a 2 mil 250 días a los autores de ese ilícito.

De igual forma, se determinó también incorporar a la legislación penal que los pederastas sean sujetos a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera. Ahora la pelota está en el Senado para su aprobación.

interrogado por su madre, a quien le contó lo sucedido. La mujer se comunicó con las mamás de los otros niños, y a pregunta-respuesta, aceptaron que también fueron tocados por aquel hombre.

El 6 de julio fue, dice Eugenio, “no comprendía bien lo que me había pasado, cuando llegó la Policía y se llevó al padre”. Años tardó el entonces menor en darse cuenta del abuso del que fue objeto. Alarmados por la detención del sacerdote, los vecinos salieron a increpar a los denunciantes, alegando inocencia del que entonces consideraban un “pastor bueno”.

Debido a la agresividad de fieles devotos que durante días hostigaron a los ofendidos para que se retractaran, la familia de Eugenio se tuvo que mudar de casa. Nunca supo qué pasó con aquellos amigos. Sus papás cortaron cualquier nexo con el barrio. Años más tarde, la víctima investigó que al Padre Heladio le condenó el Juzgado Undécimo de lo Criminal a nueve años dos meses de prisión por los delitos de violación en su agravio, y por corrupción de menores en perjuicio de sus amiguitos.

El sacerdote no la pasó muy bien en un principio ante la amenaza de ser atacado sexualmente en el reclusorio, por lo que le tuvieron que segregar en un sitio de mínima seguridad por un tiempo, atado de pies y manos en el suelo. En segunda instancia le elevaron la pena, pero su panorama mejoró en 1999, cuando obtuvo un amparo directo que le devolvió la libertad. La Arquidiócesis de Guadalajara le acogió a su egreso, a los 68 años de edad, restableciendo su ministerio en una parroquia de Tlaquepaque. Hoy debe estar retirado, si aún vive.

LOS OTROS EUGENIOS

El fenómeno de la pederastia clerical es internacional y ocurre en diferentes religiones, como ahora se conoce de señalamientos en contra de ministros de culto de la Iglesia La Luz del Mundo. En México, sin embargo, hay muchos “Eugenios” y otros tantos “Heladios”.

En el caso de la Iglesia Católica, que con el Papa Francisco comenzó a reconocer la existencia de miles de abusos sexuales en el planeta, se ha ofrecido perdón públicamente, se establecieron algunas medidas y parece escucharse a las víctimas, pero sigue pendiente la transparencia y sobre todo las denuncias.

El asunto más emblemático a nivel mundial, que puso a México en el ojo del huracán, es el del fallecido sacerdote Marcial Maciel, fundador de la congregación católica Legionarios de Cristo. A Maciel y 33 de sus más allegados se les responsabiliza del abuso de más de 175 menores de edad en diversos colegios que tenían bajo su administración, pero tan solo a Marcel se le señala en 60 de los casos, según reconocieron los Legionarios al cumplir 78 años de existencia a finales de 2019.

Sin probar encubrimiento del Cardenal Rivera

A mediados de 2017, los ex sacerdotes José Barba y Alberto Athié denunciaron al ex Cardenal Primado de México, Norberto Rivera Carrera, de encubrir a por lo menos quince sacerdotes que supuestamente cometieron abusos sexuales en el país. El señalamiento se formuló ante la entonces Procuraduría General de la República, pues ya antes se habían presentado quejas ante autoridades eclesiásticas sin que los querellantes obtuvieran resultados.

En su denuncia los acusadores manifestaron que, en diciembre de 2016, Rivera reconoció públicamente haber enviado al Vaticano los expedientes de los quince sacerdotes que presuntamente participaron en actos de pederastia en México, pero, aunque los casos fueron procesados canónicamente, el prelado no informó de la noticia criminal ante autoridades ministeriales de este país.

Ante tal acusación, la Arquidiócesis de México notificó a reporteros el domingo 4 de junio de ese año, que el Cardenal Rivera respondería a la denuncia. Por esos días, el jerarca católico, que ya antes había sido llevado a instancias judiciales, cumplía 75 años y renunciaría a su ministerio ante el Papa Francisco por motivos de edad. Rivera salió a la luz pública a través del Semanario Desde la Feel 16 de julio siguiente, asegurando que sus denunciantes solo buscaban venganza y dañar su imagen. Del tema de los sacerdotes señalados de pederastia dijo que, luego de un juicio, el Papa los expulsó.

Al comparecer ante la ex PGR en agosto de 2017, el purpurado declaró ministerialmente que no incurrió en conductas de encubrimiento de sacerdotes por actos de pederastia. Dijo que desde 2010 se enteró de la existencia de seis casos de párrocos acusados de abuso sexual a menores y pidió a los vicarios presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.

Para febrero de 2018, el sucesor de Rivera Carrera, el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, expresó que las quince denuncias por abuso sexual de clérigos, interpuestas durante el tiempo de Norberto Rivera, fueron resueltas y pasaron a ser casos cerrados. También lanzó la promesa de que las denuncias presentadas a partir de esa fecha serían puntualmente investigadas.

Inconformes con el silencio de la PGR y el anuncio del Arzobispado capitalino, tanto Athié como Barba presentaron una demanda de amparo ante autoridades judiciales, pero el recurso fue declarado improcedente. En diciembre de 2018, activistas anunciaron que llevarían el caso de Norberto Rivera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero a la fecha, nada relevante sucedió.

A partir de la apertura papal, la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) ha ofrecido cifras de los casos en los que los clérigos se han visto involucrados en conductas indignas y en comportamientos considerados delitos en contra de la libertad e integridad sexual de niñas y niños. En febrero de 2019 admitió que 152 sacerdotes católicos fueron separados de sus funciones por esa razón, pero se negó a revelar sus nombres y adscripciones “para no violentar sus derechos humanos”.

Aunque en esa fecha el CEM aseguró no conocer cuántos niños fueron abusados sexualmente por sus sacerdotes, para el mes de mayo siguiente, informó que existían 105 casos de abusos a menores registrados en 63 diócesis, pero que en 97 asuntos estaban relacionados los párrocos y el resto eran personas laicas relacionadas con la Iglesia.

Para enero de 2020, la propia Conferencia aventó nuevos números relacionados con los últimos diez años. El reporte señaló que sumaban 426 sacerdotes católicos investigados por abuso sexual contra menores y otras faltas que no fueron detalladas. Se informó que había 271 casos de agravios sexuales contra menores de edad, más otros 155 procesos canónicos por diversas faltas. De los investigados, a 253 les habían concluido procesos internos y 173 seguían su curso. También se aportó el dato: a 103 curas les dimitieron del estado clerical y 119 son procesados por autoridades civiles.

En efecto hay sacerdotes en la cárcel y otros prófugos, producto de denuncias penales en diferentes latitudes del país. Una investigación realizada por El Universal -en febrero reciente- establece que hay 156 averiguaciones previas y carpetas de investigación en contra de ministros de culto, catequistas y músicos de las iglesias por delitos sexuales como violación, pederastia, atentados al pudor y también corrupción de menores.

También destaca la investigación periodística que solo ocho estados de la República Mexicana tienen el tipo penal de pederastia en su legislación, al igual que se contempla en el Código Penal Federal. Las entidades que cuentan con la tipificación especial a nivel local son Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Sonora. Los demás estados solo consideran los abusos sexuales en contra de menores de edad como agravante de conductas como violación, entre otras.

En su última entrevista sobre los avances en el combate a la pederastia clerical, el secretario general de la CEM, Alfonso Miranda, afirmó que en México se ha trabajado “muy fuerte” para contar con protocolos de seguridad que garanticen justicia en caso que se presenten denuncias por algún tipo de abuso contra menores de edad.

LOS CURAS EN FUGA

De los 103 sacerdotes y miembros de la Iglesia supuestamente separados de sus ministerios, algunos se encuentran prófugos de la justicia tras

haber sido denunciados ante el Ministerio Público. Unos desaparecieron mientras se integraba la averiguación previa o carpeta de investigación. Otros se enteraron que ya existía orden de aprehensión en su contra. Algunos más simplemente se encuentran fuera del país, acogidos por casas religiosas.

Así ocurre con el sacerdote Fernando Martínez Suárez, señalado miembro de Legionarios de Cristo que el 13 de enero fue separado del Estado clerical, según comunicado de la propia congregación. Es acusado de abusos sexuales cometidos contra niñas desde 1969 en colegios de Ciudad de México y Cancún, entre otros. Las víctimas denunciaron 50 años después; es decir, apenas el año pasado, aunque cuentan con evidencias que datan de la época de los ataques. Martínez se encuentra en Roma.

Otro “pez gordo” al que vinculan con violación y otros delitos sexuales contra por lo menos 19 menores, es al sacerdote y abogado Eduardo Córdova Bautista, quien hasta antes de que fuese declarado prófugo, en julio de 2014, era representante legal de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Desde entonces existe orden de captura en su contra por delitos de privación ilegal de la libertad, abuso sexual calificado y corrupción de menores. En junio de 2017, la entonces Procuraduría General de la República solicitó a la Interpol, la emisión de una ficha roja para localizar y detener a Córdova en cualquiera de los 190 países miembros de la organización.

También es buscado, sin éxito desde 2006, el cura católico Nicolás Aguilar, que frisa la edad de 80 años en la actualidad. El señalamiento fue por parte de niños que en 1986 aseguraron ser víctimas del entonces párroco de un templo de Tehuacán, Puebla, situación que motivó su traslado en 1987 a una parroquia de Los Ángeles, donde también se le achacó el abuso de 26 menores. Un año después regresó a México y se le reintegró a otro templo donde un monaguillo le señaló de violación.

Fuera del país hay señalamientos contra presbíteros y misioneros mexicanos, como es el caso del jalisciense Juan Huerta Ibarra, que hoy debe tener 66 años. En Mérida, Venezuela, fue denunciado en 2001 de abuso sexual cuando era encargado de la Casa de Formación Reina de los Apóstoles por un ex seminarista local. Leonardo “N”, que hoy tiene 32 años, ha rastreado la pista del clérigo por internet y sabe que ha estado en Estados Unidos, Cuba y Ciudad de México, al amparo de la congregación religiosa Sociedad de San Pablo.

Otros canónigos denunciados son  Manuel Ramírez García, por tocamientos en 2012 en contra de 13 niños del quinto grado de primaria en el Colegio de Guadalupe, de San Pedro Garza García, Nuevo León. Carlos Franco Pérez, ex rector de la Catedral de Oaxaca, por violación equiparada de una catequista. Noé Trujillo y Francisco Javier Castillo, párrocos que presuntamente abusaron sexualmente de menores de edad.

Fuera de la CEM, son pocos los titulares de los arzobispados del país que hablan sobre el tema y evitan a los reporteros con los cuestionamientos. Sin embargo, el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, ha reconocido sin tapujos que en Jalisco existen tres denuncias en contra de igual número de sacerdotes por agresión sexual infantil, denunciados por la propia Iglesia Católica. Por su parte, el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, admite tres casos de pederastia de presbíteros contra niñas en la Capital michoacana. La Arquidiócesis Primada de México acepta diez asuntos de esta naturaleza y que solo un sacerdote está preso.

EN PRISIÓN PREVENTIVA

De los 119 sacerdotes que asegura la CEM son procesados por autoridades civiles, pocos son identificables, pues tal vez esa organización se refiera a que están en etapas de averiguación previa y pocos en la cárcel sometidos a causas penales. Sin embargo, las procuradurías estatales han informado los casos en que se ha cumplimentado algún mandamiento judicial contra clérigos.

Tal fue la captura en agosto de 2017 del sacerdote Juan Manuel Riojas, ex rector del Seminario de Piedras Negras, Coahuila. Agentes de la Policía Ministerial le echaron el guante al ejecutar la orden de aprehensión dictada por un juez penal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación en agravio de un ex seminarista.

Medidas eclesiásticas adoptadas contra la pederastia

Aunque no se advierten acciones sólidas que prevengan la comisión de actos de pederastia por parte de sacerdotes, autoridades clericales han expresado buena voluntad para acotar este flagelo. Lejos quedan aquellas declaraciones en las que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) calificó a los menores abusados por religiosos como “mártires de nuestra época”.

Tras los pronunciamientos del Papa Francisco en contra de la abominable conducta de algunos pastores de la Iglesia Católica, cambiaron los discursos de la CEM y de algunas representaciones arzobispales en México, al empezarse a afirmar desde 2017 que habrá “tolerancia cero” a los abusos sexuales de canónigos.

En marzo de 2018 se anunciaron reformas a los programas de formación en los seminarios del país, con la finalidad de evitar casos de pederastia. Ahí el Arzobispo Primado de Ciudad de México, Carlos Aguiar Retes, manifestó que muchos de los jóvenes aspirantes al sacerdocio provienen de familias que “no son ejemplares” y planteó la revisión administrativa integral a todas las vicarías.

Cuatro meses más tarde, en el marco de la Jornada de Oración por las Víctimas de Abuso Sexual en la Iglesia de México, Aguilar Retes condenó los ataques sexuales perpetrados por los curas, al considerar que las estructuras eclesiales del pasado estuvieron marcadas por la complicidad, el silencio y por obstaculizar la justicia. En ese evento, el religioso pidió perdón al pueblo mexicano por los casos que manchan a la Iglesia y oró para que no haya impunidad por ese delito.

A finales de noviembre de 2018, la CEM anunció el blindaje de las 93 diócesis del país contra la pederastia clerical, con la implementación de la referida estrategia de “tolerancia cero”. Se mencionó la creación del Equipo Nacional de Protección de Menores del Episcopado, con el diseño de medidas para la actuación y prevención de casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes.

En febrero de 2019, la Conferencia empezó a reunirse con autoridades ministeriales federales para llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de 150 sacerdotes denunciados por este tipo de delitos, además de colaborar con la información que las fiscalías requieran. Para esos días, el Papa Francisco llamó a la Iglesia Católica a no solo condenar los casos de pederastia clerical, sino a establecer medidas concretas para erradicar este escándalo.

Como medida relevante, la CEM informó que los aspirantes al sacerdocio deberán someterse a pruebas psicométricas para acreditar que no padecen de alguna “psicología riesgosa” (sic) que pudiera afectar a los niños. En voz de su presidente, Rogelio Cabrera López, se estableció que para ingresar al seminario será requisito insalvable que los jóvenes acrediten una serie de exámenes psicológicos para detectar o evitar a tiempo la posibilidad de abusos sexuales.

En marzo de ese año, la Arquidiócesis Primada de México anunció la creación de un grupo interdisciplinario que dará seguimiento e investigará casos de abusos a menores por parte de sacerdotes y brindará apoyo a víctimas en materia legal, psicológica y espiritual. El equipo, se dijo, sería encabezado por Andrés García Jasso, presidente del Tribunal Eclesiástico de la asociación religiosa.

A nivel internacional, a finales de ese mes, el Papa Francisco publicó tres documentos para prevenir, combatir y procesar ante la justicia a quienes cometan abusos sexuales contra menores en instalaciones del Vaticano y otras instituciones de la Iglesia Católica en el mundo. Promulgó un decreto para endurecer las leyes, prevenir y combatir estas conductas cometidas por sacerdotes, además de establecer la obligación de denuncia inmediata cuando se tenga noticia del abuso bajo pena de multa o cárcel y una ampliación de la prescripción de los delitos a 20 años.

Con base en lo anterior, en noviembre del año próximo pasado, la CEM actualizó su Protocolo Jurídico de Atención en Casos de Abuso Sexual a Menores cometidos por Sacerdotes, que establece plazos y medidas para disminuir los riesgos de este tipo de crímenes.

En San Luis Potosí fueron detenidos en distintos momentos y por hechos diversos, los párrocos José de Jesús Cruz y Guillermo Gil Torres. El primero se desempeñaba en el templo de Nuestra Señora de Fátima, cuando fue señalado de abuso sexual en contra de un adolescente; mientras que el cura Gil, acusado penalmente de ultrajes a la moral, habría mostrado fotos de él, desnudo, a un niño, en fechas que ejercía su ministerio en el templo de Santa Rosa de Lima en la entidad potosina.

En febrero de 2018, la Policía detuvo a un sacerdote porque presuntamente abusó sexualmente de una niña de 12 años en una iglesia en la ex delegación y ahora Alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos habrían acontecido el 14 del mes, cuando la madre de la menor la llevó al catecismo. El escándalo motivó que la Arquidiócesis de México condenara la conducta del pastor, y en un mensaje dirigido a medios de comunicación, informó que este dejaría de ejercer sus funciones hasta que se resolviera el caso, además de que existía disposición para colaborar con las autoridades.

En Ciudad Juárez fue detenido por actos de pederastia en un centro para niños de entre 4 y 12 años, el sacerdote Aristeo Baca. Del asunto se conoció hasta que la ex diputada del Partido Acción Nacional, Clara Torres, responsable en febrero de 2019 del Programa de Estancias Infantiles, de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) renunció. Se dijo en desacuerdo con los lineamientos del Gobierno de México, pero también, que le dieron las gracias por su presunta vinculación con el cura.

Para mayo del mismo año, la Policía Investigadora cumplimentó orden de aprehensión en contra del sacerdote Leopoldo “N”, señalado por el delito de ultrajes a la moral, en agravio de un joven de 13 años. Según las pesquisas, el hombre de sotana llevó a su casa en el poblado de Hacienda del Cabezón, municipio de Ameca, a la víctima, a quien puso a ver películas con contenido sexual, además de que en repetidas ocasiones lo amenazó con sostener actos sexuales con él. El adolescente informó a sus padres lo ocurrido, y

estos denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco el ilícito. Hoy es procesado en el penal de Puente Grande.

En junio de 2019, otro sacerdote de Guadalajara fue denunciado y detenido por presunto acoso sexual a un muchacho de 16 años. La Arquidiócesis tapatía reconoció que el hecho ocurrió en una parroquia local y que los representantes eclesiásticos colaboraron para la captura con base en el protocolo de prevención e intervención ante la denuncia de este tipo de delitos. El párroco fue liberado mediante el pago de una caución y lleva su proceso en libertad.

En agosto de 2019, en Nuevo León, fue apresado el ex sacerdote originario de Costa Rica, Mauricio Víquez. Se le imputó el abuso sexual de por lo menos un menor de edad. Había otras nueve denuncias ante la Iglesia Católica, que ya le sancionó un año antes expulsándolo de la curia. Fue trasladado al Reclusorio Sur de Ciudad de México para enfrentar su proceso de extradición, sin que hasta la fecha se conozca su situación.

SENTENCIAS SIN FIRMEZA

Además del caso del Padre Heladio, que data de más de dos décadas, existen otras condenas más recientes en contra de clérigos imputados por cometer indescriptibles ilícitos en contra de niñas, niños y adolescentes, solo que son muy pocas sentencias comparadas con el fenómeno y las cifras de asuntos que la propia CEM reconoce. Estas resoluciones tienen la característica de contener penas largas, aún debatibles judicialmente en juicios de amparo directo.

En febrero de 2017 recibió sentencia el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, de la Arquidiócesis de Oaxaca, por su responsabilidad plena en la comisión del delito de corrupción de menores, en la modalidad de inducción de actos sexuales y exposición de filmes pornográficos, en agravio de niños de su comunidad. Recibió pena de 16 años y seis meses de prisión. También se le condenó al pago de la reparación del daño por 46 mil 197 pesos por las terapias psicológicas que deberían recibir las víctimas. Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2010, mientras que el inculpado fue aprehendido en 2013. Actualmente se halla recluido en el penal de Tlaxiaco.

Un año después se conoció de la condena del presbítero Carlos López Valdés, de 72 años, señalado de abusar sexualmente de un monaguillo de 11 años de edad en 2007, cuando se desempeñaba en la Parroquia de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, Ciudad de México. El “Padre Charly” fue detenido después de 2013, cuando la víctima escribió al Papa Francisco y se agilizó la investigación en México.  Por los delitos de violación equiparada y corrupción de menores, el Juzgado 55 de lo Penal de la Capital del país, sentenció al responsable a la pena de 63 años de prisión.

Sin embargo, la definitividad y fiabilidad de los fallos judiciales siempre pende de un hilo, como ocurre con grandes capos del narcotráfico a los que dictan penas muy elevadas y al poco tiempo la sociedad se entera que ya andan libres, como ocurrió con el Padre Heladio en Guadalajara. Por cierto, de la sanción impuesta a Carlos López, solo pueden aplicarse 40 años de cárcel, pues era la pena máxima aplicable en el ex Distrito Federal en la época de la comisión de los delitos.

Para muestra, el caso de Jorge Raúl Villegas Chávez, quien fuera confesor y terapeuta del Colegio Atenas en Irapuato, además de ex vocero de la Arquidiócesis de León, Guanajuato. Acusado de abuso sexual, violación equiparada y corrupción sexual en la modalidad de exhibición sexual en agravio de una niña de secundaria; y de hostigamiento sexual, en perjuicio de otra menor, fue detenido en febrero de 2017 por autoridades ministeriales y llevado a juicio penal. En 2014 enfrentó un proceso familiar cuando un juez le obligó a reconocer la paternidad de una niña, que en esa fecha tenía 9 años de edad.

La sentencia dictada por los abusos sexuales fue inclemente. Una friolera de 90 años siete meses de prisión dictó un juzgador en 2019. La pena fue confirmada en segunda instancia. Sin embargo, la benevolencia de un amparo directo en un Tribunal Colegiado de Guanajuato, ordenó que la condena quedara sin efecto y se repusiera el procedimiento para que se realizara la suplencia de la queja por parte del juez y los magistrados de apelación. En diciembre se volvió a dictar pena de más de 90 años, pero Jorge Raúl nuevamente puede acudir al amparo directo contra la nueva resolución.

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March 6, 2020

Detienen a presunto sacerdote pederasta en Mexicali

TIJUANA (MEXICO)
Plumas Atómicas [Ciudad de México, Mexico]

March 6, 2020

By Alina Escobedo

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La diócesis no informó el delito que se le imputa, pero medios informaron que se trata de pederastía 

La diócesis de Mexicali informó en un comunicado que el sacerdote, Ismael N, fue detenido por pederastía, ya que habría abusado de un menor de edad.

En el comunicado que fue compartido en redes sociales, la diócesis informa que el sacerdote, Ismael N, se presentó de manera voluntaria ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

La diócesis de Mexicali no informó del delito que se le imputa, pero aclaró que:

COMUNICADO DE PRENSA
DE LA DIÓCESIS DE MEXICALI
La diócesis de Mexicali, por este medio, quiere declarar lo siguiente, en torno a los hechos
difundidos hoy por los medios locales de comunicación:
Que el involucrado es el P. Ismael, sacerdote de esta diócesis de Mexicali; que en efecto
se encuentra detenido hasla definir su situación legal en relación al delito que se le imputa;
que el Padre se presentó el día de ayer de manera voluntaria ante las autoridades de la
Fiscalía General del Estado.
Que esta diócesis está comprometida con los lineamientos del Papa Francisco de
Tolerancia cero, en relación a la defensa de los menores; que somos los primeros
interesados en el esclarecimiento de los hechos. Por tal motivo, al tener conocimiento de la
acusación, nos acercamos a la parte acusadora y le brindamos toda la atención requerida
Hemos mostrado claramente nuestra disponibilidad a colaborar con las autoridades, al
haber sido los primeros en notificarles de tal acusación, y al sugerir a la parte acusadora
que, a su vez, notificara también a las autoridades. Desde el principio, atender a la parte
acusadora ha sido nuestra prioridad.
Toca a las autoridades establecer, por los medios legales, la inocencia o culpabilidad del
acusado. Nosotros respetamos los procesos que marca la ley y, también, como lo establece
la ley, presumimos, sin prejuzgar, la inocencia del Padre Ismael, mientras que no se pruebe
lo contrario.
Como diócesis, somos los más interesados en el esclarecimiento de los hechos, hasta las
últimas consecuencias. Una vez que se lleven a cabo las diligencias debidas de este
proceso, estaremos en condiciones de ofrecer ulterior información. Mientras tanto, no
estaremos concediendo entrevistas ni ruedas de prensa al respecto, para respetar la
privacidad de las partes involucradas, especialmente la parte acusadora, y para no
entorpecer el proceso legal. Agradecemos su comprensión.
Pidamos a Jesús Buen Pastor, que nos infunda sabiduría, generosidad y fortaleza para
GUER
IERO
%.a la verdad y actuar en consecuencia.
-de
a de Mexicali
Ciudad y diócesis de Mexicali; a 04 de marzo de 2020.
Calle Morelos 192, Primera Sección
C.P. 21100, Mexicali, Baja Cla. México
Tel. 552-40-09
Fax01 (686) 552-45-96
P.O. Box 112
Calexico, Ca., 92232-0112

“Esta diócesis está comprometida con los lineamientos del Papa Francisco de ‘Tolerancia cero’, en relación a la defensa de los menores: que somos los primeros interesados en el esclarecimiento de los hechos. Por tal motivo, al tener conocimiento de la acusación, nos acercamos a la parte acusadora y le brindamos toda la atención requerida. Hemos mostrado claramente nuestra disponibilidad a colaborar con las autoridades, al haber sido los primeros en notificarle de tal acusación, y al sugerirle a la parte acusadora que, a su vez, notificara también a las autoridades.”

Los hechos ocurrieron en 2017, en Ciudad Morelos, cuando el sacerdote cometió el delito contra un joven que en ese entonces era menor de edad.

El comunicado firmado por el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, la diócesis asegura que son los más interesados en esclarecer los hechos, “hasta las últimas consecuencias.”

Esta misma semana se dio a conocer que el Papa Francisco había enviado a dos investigadores expertos en delitos sexuales para investigar a cuatro obispos que, supuestamente, habrían encubierto casos de pederastía y abuso sexual en nuestro país.

Con información de Diócesis de Mexicali

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March 5, 2020

Diócesis de Mexicali reporta detención de presunto sacerdote pederasta

TIJUANA (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

March 5, 2020

By Rodrigo Vera

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La diócesis de Mexicali informó hoy que aplica “tolerancia cero” en el caso de su sacerdote Ismael N., quien acaba de ser arrestado por supuestamente abusar de una menor de edad. A través de un comunicado, la diócesis indicó:

“Esta diócesis está comprometida con los lineamientos del Papa Francisco de ‘Tolerancia cero’, en relación a la defensa de los menores: que somos los primeros interesados en el esclarecimiento de los hechos”.

Y agregó que “al tener conocimiento de la acusación, nos acercamos a la parte acusadora y le brindamos toda la atención requerida. Hemos mostrado claramente nuestra disponibilidad a colaborar con las autoridades, al haber sido los primeros en notificarle de tal acusación, y al sugerirle a la parte acusadora que, a su vez, notificara también a las autoridades”. La diócesis también aclara que su sacerdote se presentó “de manera voluntaria” ante la Fiscalía General de Baja California, para que ésta lleve a cabo la investigación. El comunicado firmado por el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, concluye:

“Somos los más interesados en el esclarecimiento de los hechos, hasta las últimas consecuencias”.

De esta manera, la diócesis dio a conocer su postura ante el caso del padre Ismael N., asignado a la Iglesia de Ciudad Morelos y quien el pasado martes fue arrestado bajo prisión preventiva, acusado de haber abusado, en 2017, de una menor de edad. En enero de 2017, el Papa Francisco pidió a todos los obispos del mundo “llorar con amargura” por los abusos sexuales cometidos contra menores de edad dentro de la Iglesia católica, y también les exigió implementar “tolerancia cero” contra los sacerdotes católicos que cometen estos “crímenes”. Lo hizo a través de una carta fechada el 28 de diciembre de 2016, con motivo del día de los Santos Inocentes.  

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International_priests

TIJUANA (MEXICO)
Greenwich Time [Norwalk CT]

March 5, 2020

By Elizabeth Conley

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The Rev. Jeffrey David Newell sits outside the church where he serves in the Camino Verde neighborhood of Tijuana, Mexico. Newell was accused of sexually abusing a teenager in Los Angeles decades ago.

The Rev. Jeffrey David Newell serves as a priest at Our Lady of the Incarnation in the Camino Verde neighborhood of Tijuana.

Parishioners and neighbors sit outside Our Lady of the Incarnation after Mass in the Camino Verde neighborhood of Tijuana, Mexico.

Retired Catholic Archbishop of Tijuana, Rafael Romo Muoz, gets the keys to unlock his door at his home on Nov. 11, 2019. Muoz was archbishop during the Rev. Jeffrey David Newell’s suspension and participated in the investigation that exonerated him.

The Rev. Jeffrey Newell has overseen the growth of three chapels in Camino Verde, one of the more violent neighborhoods in Tijuana.

The Rev. Jeffrey David Newell gets a kiss from a parishioner after Mass at Our Lady of the Incarnation in Tijuana, Mexico, in November 2019.

The Rev. Jeffrey David Newell, who was accused of sexually abusing a teenager in the 1980’s, serves a priest at Our Lady of the Incarnation in Tijuana.

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Detienen a cura de Mexicali acusado de pederastia

TIJUANA (MEXICO)
El Sur [Acapulco, Guerrero, Mexico]

March 5, 2020

By Redacción

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Ciudad de México

La diócesis de Mexicali emitió un comunicado en el que fija su posicionamiento, luego de que medios locales, publicaran información sobre la detención de un cura, identificado como Ismael N, quien es señalado de pederastia, en contra de una menor de edad.


“El involucrado es el P. Ismael, sacerdote de esta diócesis de Mexicali; que en efecto, se encuentra detenido hasta definir su situación legal en relación con el delito que se le imputa; que el padre se presentó el día de ayer de manera voluntaria ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado”, señalan en el boletín.
El cura estaba asignado a una iglesia del Valle de Mexicali, y el delito del que se le acusa, se habría cometido en el año 2017. La diócesis aclaró que están en favor de que se esclarezcan los hechos y ya se acercaron con la parte acusadora para brindarles la atención que requieran.


También indicaron que colaborarán con las autoridades, y así lo han hecho desde el principio, ya que la parte acusadora se acercó primero a la diócesis, y esta les recomendó que de igual forma acudieran con las autoridades a denunciar.


“Toca a las autoridades establecer, por los medios legales, la inocencia o culpabilidad del acusado. Nosotros respetamos los procesos que marca la ley, y también como lo establece la ley, presumimos, sin prejuzgar, la inocencia del padre Ismael, mientras no se compruebe lo contrario”, especificaron.
La diócesis de Mexicali agregó que para no entorpecer el proceso, y en respeto a las dos partes, no atenderán entrevistas ni ruedas de prensa sobre este caso. El comunicado está firmado por el obispo de la capital de Baja California, José Isidro Guerrero Macías.

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March 4, 2020

Detienen a sacerdote por pederastia en Mexicali

TIJUANA (MEXICO)
Semanario Zeta [Tijuana, Baja California, Mexico]

March 4, 2020

By Unknown

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Un sacerdote identificado como Ismael Maldonado Hernández, de 51 años de edad, fue detenido tras cumplimentarse una orden de aprehensión por el delito de Pederastia, en Mexicali.

Información obtenida por ZETA, refiere que la detención del párroco se realizó el martes 3 de marzo, en la colonia Río Nuevo.

Maldonado Hernández, quien oficiaba en la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el Poblado Ciudad Morelos en el Valle de Mexicali, fue denunciado el 9 de septiembre de 2019.

Por lo que autoridad abrió una carpeta de investigación con el NUC 0202-2019-33544.

Tras la acusación, el párroco fue cesado de su sacerdocio el 11 de septiembre de 2019.

Luego de la detención de Maldonado Hernández, la Diócesis de Mexicali emitió un posicionamiento:

“Esta diócesis está comprometida en los lineamientos del Papa Francisco “Tolerancia Cero” en relación a la defensa de los menores; que somos los primeros en el esclarecimiento de los hechos. Por tal motivo nos acercamos a la parte acusadora y le brindamos toda la atención requerida”, reza parte del escrito firmado por el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías.

Aquí la carta  enviada por la Diócesis de Mexicali:

+J. Isidro Guerrero Macias
COMUNICADO DE PRENSA
DE LA DIÓCESIS DE MEXICALI
La diócesis de Mexicali, por este medio, quiere declarar lo siguiente, en tomo a los hechos
difundidos hoy por los medios locales de comunicación:
Que el involucrado es el P. Ismael, sacerdote de esta diócesis de Mexicali; que en efecto
se encuentra detenido hasta definir su situación legal en relación al delito que se le imputa;
que el Padre se presentó el día de ayor de manera voluntaria ante las autoridades de la
Fiscalia General del Estado.
Que esta diócesis está comprometida con los lineamientos del Papa Francisco de
Tolerancia cero, en relación a la defensa de los menores; que somos los primeros
interesados en el esclarecimiento de los hechos. Por tal motivo, al tener conocimiento de la
acusación, nos acercamos a la parte acusadora y le brindamos toda la atención requerida
Hemos mostrado claramente nuestra disponibilidad a colaborar con las autoridades, al
haber sido los primeros en notificarles de tal acusación, y al sugerir a la parte acusadora
que, a su vez, notificara también a las autoridades. Desde el principio, atender a la parte
acusadora ha sido nuestra prioridad.
Toca a las autoridades establecer, por los medios legales, la inocencia o culpabilidad del
acusado. Nosotros respetamos los procesos que marca la ley y, también, como lo establece
la ley, presumimos, sin prejuzgar, la inocencia del Padre Ismael, mientras que no se pruebe
lo contrario.
Como diócesis, somos los más interesados en el esclarecimiento de los hechos, hasta las
últimas consecuencias. Una vez que se lleven a cabo las diligencias debidas de este
proceso, estaremos en condiciones de ofrecer ulterior información. Mientras tanto, no
estaremos concediendo entrevistas ni ruedas de prensa al respecto, para respetar la
privacidad de las partes involucradas, especialmente la parte acusadora, y para no
entorpecer el proceso legal. Agradecemos su comprensión.
Pidamos a Jesús Buen Pastor, que nos infunda sabiduria, generosidad y fortaleza para
llegar a la verdad y actuar en consecuencia.
M.
Obispo de Mexicali
Ciudad y diócesis de Mexicali; a 04 de marzo de 2020.
Calle Morelos 192, Primera Sección
C.P. 21100. Mexicali, Baja Cfa. México
Tel. 552-40-09
Fax01 (686) 552-45-96
Do dor1
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Ca.
92232-0112

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Ismael, un sacerdote de la Diócesis de Mexicali, BC, es detenido por el delito de pederastia

TIJUANA (MEXICO)
Sinembargo.mx [Mexico City, Mexico]

March 4, 2020

By Redacción/SinEmbargo

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La Diócesis de Mexicali no mencionó el delito que se le imputa al sacerdote, pero medios locales señalaron que es el de pederastia.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– Un sacerdote de la Diócesis de Mexicali, Baja California, fue detenido por el delito de pederastia.

La Diócesis informó en un comunicado citado por medios locales que el sacerdote, identificado con el nombre de Ismael, “se presentó el día de ayer (martes) de manera voluntaria ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado”.

La Diócesis no mencionó el delito que se le imputa al sacerdote, sólo refirió que “está comprometida con los lineamientos del Papa Francisco de ‘Tolerancia Cero’, en relación a la defensa de los menores”.

También abundó que se acercó con las autoridades estatales para brindarles información.

Medios locales precisaron que la audiencia de control se realizó ayer, ahí la defensa del padre pidió una ampliación del terminó, por lo que en 72 horas el Poder Judicial local determinará si se le vincula o no a proceso.

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Imputan Delito De Pederastia A Sacerdote De Mexicali; Está Detenido En Cereso

TIJUANA (MEXICO)
En Línea BC [Tijuana, Baja California, Mexico]

March 4, 2020

By Admin

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Jorge Heras / Lindero Norte
MEXICALI.- Un sacerdote de la religión católica en el Valle de Mexicali enfrenta una causa penal por el delito de pederastia en contra de una menor de 14 años de edad, por lo que se encuentra recluido en el Cereso de esta ciudad.

De acuerdo a información de Televisa Mexicali, Ismael de 51 años de edad fue presentado ante el Juez de Control durante la tarde de este martes para que inicie su proceso judicial por abuso sexual que infringía en contra de un menor de edad desde hace 8 años.

La víctima confesó que el sacerdote perteneciente a la Diócesis de Mexicali en el poblado de Ciudad Morelos, abusaba sexualmente de él desde que tenía 14 años

El juez de control consideró que la detención del sacerdote fue apegada a la Ley y que hay elementos para imputar el delito de pederastia, por lo que impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó una plazo de 72 horas para la vinculación a proceso, el cual se cumple este viernes.

La Diócesis de Mexicali ha guardado silencio en este caso, limitandose a decir que están valorando la situación. Se tiene conocimiento que el padre Ismael ha estado encargado de otras iglesias en la zona agrícola y la ciudad.

Con información de Miguel Galindo.

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February 17, 2020

Religiosos. Sin castigo por delitos sexuales en México

CHIHUAHUA (MEXICO)
El Universal [Mexico City, Mexico]

February 17, 2020

By Montserrat Peralta

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De 2009 a 2019, hubo 156 carpetas en fiscalías, pero sólo hay registro de seis sentencias

En una comunidad indígena de Oaxaca, uno de los cerca de 50 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por el padre católico Gerardo “N” y detectados por un grupo de sacerdotes salió a la luz a principios del siglo XXI. Un traje de monaguillo develó la agresión sexual que sufrió Leonardo —nombre ficticio— cuando cursaba la primaria, y de la que no habló durante años.

Uno de sus familiares narró que cuando fue a la parroquia a entregar la prenda que el niño usaba en misa, se enteró de que él podría estar dentro de las víctimas del religioso: “Hablé con el nuevo sacerdote y me preguntó por el niño. Le platiqué que intentó suicidarse, que tuvo unos cambios de comportamiento muy feos y raros. No dimos con lo que tenía… Así fue como nos platicó que hubo casos de pederastia”.

Entre lágrimas, Leonardo confirmó los hechos. Su familia se sintió traicionada porque le tenía confianza al sacerdote, le abrió las puertas de su casa e incluso comió con él.

Nadie lo consideró un riesgo porque se llevaba bien con los jóvenes: “En ese momento había un paro magisterial aquí en Oaxaca y no estaban yendo a clases, considerábamos que la iglesia era el mejor lugar”, recordó.

Ocho estados castigan la pederastia

A nivel federal y en Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Veracruz, Tabasco y en Sonora —que, aunque no lo nombra así, lo reproduce del Código Penal Federal— se contempla la pederastia como un delito.

En el resto del país es considerado un agravante de la pena en algunos delitos de violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, cuando es cometido por una persona que sostiene un vínculo religioso con la víctima, aunque en seis entidades esta relación no se contempla textual, arrojó un análisis de los 32 códigos penales y el federal.

Existen 156 averiguaciones previas y carpetas de investigación por dichos delitos sexuales agravados, pederastia, corrupción de menores y atentados contra el pudor, que pueden contener una o varias víctimas mayores y/o menores de edad de 2009 a 2019.

De los expedientes, 152 son del fuero estatal y cuatro del federal, indican datos de las fiscalías y procuradurías estatales, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL.

Entre los señalados como presuntos agresores sexuales se encuentran sacerdotes, pastores, maestros de catecismo, músicos de las iglesias e integrantes de diversas asociaciones religiosas.

En entrevista, Alfonso Miranda Guardiola, secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo auxiliar de Monterrey, dijo que “los sacerdotes o clérigos que han sido notificados al Ministerio Público en el caso de la CEM son 106”.

Sin embargo, a principios de este año indicó en una conferencia que la cifra ascendía a 271 investigados. Se le buscó nuevamente para hablar de la discrepancia, pero no se obtuvo respuesta.

En cuanto a la colaboración de la Iglesia en estos casos, Alberto Athié, exsacerdote y activista por los derechos de las víctimas de abuso sexual, explicó que ésta siempre argumenta: “Sí voy a contribuir para ver qué hacemos, pero no te voy a decir los nombres, quiénes son, dónde están, qué penas están purgando, qué Ministerio Público les está llevando el asunto. Es más, quieres tú saber de un caso, vete a la diócesis y pregunta allá. Si ellos quieren decirte de quién se trata, ellos verán”.

Cuatro fiscalías y procuradurías indicaron que tienen registro de seis sentencias por los delitos analizados para este reportaje.

“Tenemos un sistema judicial que no es confiable, políticos en general que no quieren tener broncas y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, las víctimas están totalmente desprotegidas”, señaló Elio Masferrer Kan, antropólogo de las religiones.

En 2010, un grupo de sacerdotes envió una carta a Roma, dirigida a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que pidió intervención por casos de pederastia presuntamente cometidos por el cura Gerardo “N” en las parroquias de Santiago Camotlán y Villa Alta en Oaxaca, documentos a los que este diario tuvo acceso.

Se indicó que desde 2009, los padres advirtieron de la situación a los entonces arzobispo y obispo auxiliar. Asimismo, señalaron que tuvieron conocimiento de que el sacerdote Gerardo “N” les hacía caricias obscenas a los jóvenes y a uno le practicó sexo oral.

En 2011, la conclusión indicó que “de la investigación llevada a cabo no se desprende que el Rev. [Gerardo “N”] haya cometido los delitos que se le imputan”. Decidieron apelar y solicitaron que la investigación se realizara escuchando directamente a las víctimas, a sus familiares y a los pueblos afectados. No obtuvieron respuesta.

La comunidad de Leonardo no tomó a bien que alzaran la voz por la agresión del padre Gerardo “N”, porque pocas personas creyeron lo que sucedió.

“Quedamos en pelear, en tratar de hacer algo para que [el abuso] no se repitiera con otros jóvenes. Por desgracia, el problema a nosotros como familia nos rebasa. Nos estábamos debatiendo con un gigante que era la Iglesia”, dijo un familiar de Leonardo.

Casos insostenibles

En 1976, Fernando “N” figuró en una carta que redactó Juan José Vaca para renunciar a la orden y en la que expuso una serie deabusos sexuales de los que fueron víctimas él y un grupo de jóvenes, perpetrados por el líder de la congregación de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.

El sacerdote Fernando “N” estuvo en la Ciudad de México, Coahuila y Quintana Roo, pero tras denuncias de violación a menores de edad fue enviado a Salamanca, España.

“Se convierte en abusado, encubridor —promotor para que Maciel abuse de otros— y en victimario”, afirmó en entrevista Fernando Manuel González, sicoanalista.

Fernando “N” pasó más de dos décadas en España y en 2016 se trasladó a Roma, donde —a sus 80 años— se encuentra en una casa religiosa. La única consecuencia por sus actos fue quedarse sin ministerio sacerdotal, lo anterior de acuerdo con un comunicado de los Legionarios de Cristo.

Gerardo “N” fue movido en las comunidades de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán, Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec, en Oaxaca, indicó información del Foro Oaxaqueño de la Niñez. En 2017, el padre fue sentenciado a 16 años y seis meses de cárcel por el delito de corrupción de menores, por el caso de dos niños, pero no por el de Leonardo.

Alberto Athié enfatizó que lo que falló en estos casos fue el mecanismo de protección y de encubrimiento, porque, al final, lo que hacen es soltarlos cuando ya ven que no les queda de otra, los entregan a otros grupos de poder, de autoridad o, como en el caso de Maciel, los mandan a su casa sin un castigo.

“Pederastas preparan el escenario”

Ricardo tenía 13 años cuando entró de monaguillo a la parroquia de San Francisco Javier, en Chihuahua. Al sacerdote Juan José “N” ya lo ubicaba de vista porque lo veía los domingos cuando iba a misa con su familia. Con el paso de los días, notó que el hombre lo trataba distinto, le daba privilegios en la misa y le ofrecía llevarlo a su casa.

El primer abuso sexual ocurrió a los pocos meses de conocerlo, durante una función de cine: “Me tocó la pierna y de repente ya tenía su miembro de fuera y puso mi mano ahí”. Al final de la función, el religioso le dijo: “Lo que hiciste está mal, yo soy sacerdote, no lo vuelvas a hacer”. Eso hizo sentir al adolescente culpable y tuvo miedo.

“[Los pederastas] van preparando el escenario, examinando el terreno, conociendo los puntos de vulnerabilidad de su víctima, su familia y sus espacios. Van diseñando cómo van a actuar para tener toda esta libertad, porque si tuviera la claridad de que yo iba a decir algo, que mi familia iba a actuar de alguna manera, te aseguro que no hubiera pasado”, explicó Ricardo.

Las agresiones de Juan José “N” fueron escalando hasta que violó a Ricardo a lo largo de varios años. Él denunció en 2017, pero la Fiscalía General del Estado de Chihuahua determinó el no ejercicio de la acción penal por la prescripción de los delitos. Sin embargo, un año después se integró una nueva denuncia con apego a tratados internacionales que indican que los delitos contra menores no deben prescribir.

La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús señaló en 2018 que Juan José “N” fue suspendido en el oficio de sus ministerios y se notificó a Roma del caso de Ricardo. Posteriormente, el sacerdote salió de la congregación.

“Algo que le ha costado mucho trabajo a la Iglesia ver y se le ha tenido que imponer es que se trata de delitos graves contra niños. No son conductas inmorales o indecentes, eso es otra cosa”, explicó Alberto Athié.

Enfatizó que en otros países se tiene muy clara la diferencia entre delito y pecado. Si se trata del primero, la persona tiene que ser investigada.

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Parroquia Sagrada Familia celebrará aniversario resaltando la labor de la mujer

DURANGO (MEXICO)
Diócesis de Torreón [Torreón, Coahuila]

February 17, 2020

By Unknown

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Cumple 60 años de vida

BUENA NUEVA.- Situada en el poniente de Torreón, la Parroquia Sagrada Familia cumplirá 60 años de haber sido erigida. La comunidad llega a este aniversario resaltando y agradeciendo el papel que ha desempeñado la mujer en cada una de las actividades que se llevan a cabo, y que han permitido que el templo continúe dando un servicio pastoral de calidad a niños, jóvenes y adultos. 

La Parroquia, misma que se sitúa en la Col. La Unión, ha superado diversas pruebas como los periodos de violencia, el desempleo, y la pobreza. Las familias de esa zona se mantienen con la fe y la esperanza de que solo con el amor de Dios se superan las diversas pruebas que  se anteponen en el día a día. 

Historia

La bendición del templo de la Sagrada Familia,  se realizó el 8 de enero de 1956 por parte del señor obispo de Saltillo, don Luis Guízar Barragán, pero fue el 28 de febrero de 1960 que, bajo el pastoreo del primer obispo de la Diócesis de Torreón en la figura de don Fernando Romo Gutiérrez, se erigió cómo parroquia.

En ese entonces la cabecera parroquial era la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, pero debido al crecimiento poblacional en el sur-poniente de la ciudad, se vio la necesidad de erigir otras parroquias, entre ellas «La Sagrada Familia».

El padre Agustín Cerda Berlanga guiaba esta comunidad realizando actividades en pro de la parroquia. El 20 de mayo de 1960 llega a tomar el lugar de párroco el padre Jesús Genaro Santillán Cuevas, quien es recordado con cariño y respeto por la comunidad, por el arduo trabajo y actividades dentro de su ministerio sacerdotal. 

El padre Santillán permaneció durante 28 años al frente de la parroquia. Durante su estadía fundó el Instituto Unión, en el que se impartía la instrucción primaria y secundaria. Además de la construcción de los templos «Divina Providencia» y «Señor de los Rayos», y los anexos del templo parroquial. De esta forma, continuó su pastoreo y promoción vocacional hasta el año de 1988, fecha en la que fue enviado a la parroquia de Cristo Rey. El padre Santillán fue un gran promotor de vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal.

Para el año de 1988 la comunidad recibe como párroco al Pbro. Javier Cisneros, quien sirvió por 2 años a la comunidad. En 1990 se nombra párroco de la Sagrada Familia al Pbro. Xavier Díaz Rivera Rodríguez, el cual es recordado como promotor de  la obra de restauración de los templos, así como obras de asistencia social, unido a su trabajo evangelizador.

En 1992 se nombra párroco al Pbro. Salvador Gómez Domínguez. Él fomentó la catequesis infantil, juvenil y familiar; ofreciendo también un gran apoyo a las Comunidades Eclesiales de Base (CEB´s),  sirviendo a la comunidad por un período de 14 años.

El 29 de octubre de 2006 la Parroquia de la Sagrada Familia recibe a su nuevo pastor en la persona del padre Gerardo Franco Zapata. Realizó obras como el programa de superación «Crece Conmigo», además de trabajar los aspectos espirituales y psicológicos de la comunidad, debido a que durante años el lugar donde trabajó pastoralmente, fue uno de los sectores donde la ola de violencia azotó a la Comarca Lagunera. También llevó a cabo retiros espirituales y kerigmáticos, fiestas patronales y convivencias familiares. El padre Gerardo sirvió por 12 años en la Parroquia.

Finalmente, el 8 de octubre de 2018 llega el Pbro. Eduardo Gerardo Garay Rodríguez, para guiar como pastor a esta iglesia, quien actualmente se encuentra al servicio de la comunidad parroquial. Su trabajo está centrado en la renovación pastoral dentro de la parroquia y la promoción del laicado.

Actividades por el 60 aniversario  

Del 24 al 28 de febrero se impartirán conferencias sobre el papel de la mujer en la vida de Iglesia. Los temas serán presentados por Marilú Rojas Salazar, coordinadora del Departamento de Estudios de Género de la Comunidad Teológica de México, cofundadora del espacio Teólogas e Investigadoras Feministas de México y forma parte del consejo editorial de las revistas Christus y Sofía.

Lunes 24: 18:00 Hrs. «El papel de la mujer en el Antiguo Testamento».

Martes 25: 18:00 Hrs. «Jesús y las mujeres que servían con él».

Miércoles 26: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 y 20:00 Hrs. Celebración e imposición de ceniza.

Jueves 27: 18:00 Hrs. «La mujer en la vida de la iglesia».

Viernes 28: 17:00 Hrs. «La mujer y la Familia».

Viernes 28: 18:30 Hrs. Eucaristía presidida por Mons. Luis Martín Barraza Beltran.

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February 16, 2020

Update Regarding A Case From The Report 1941-2019: Vladimir Reséndiz

MEXICO CITY (MEXICO)
Legionaries of Christ [Roswell GA]

February 16, 2020

By Unknown

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The Legionaries of Christ in the North American Territory release the below communications from Italy, originally published in Spanish in 2018, 2019 and 2020, regarding the case of Vladimir Reséndiz Gutiérrez, who studied as a philosopher in Thornwood, New York from October 1997 – June 1998 and October 2002 – July 2003.

Italy, November 16, 2018 

The Congregation of the Legionaries of Christ release the following communication regarding the case of Vladimir Reséndiz Gutiérrez, former member of the Congregation:

1. Vladimir Reséndiz Gutiérrez, a Mexican citizen, entered the novitiate of the Congregation on September 14, 1993. He made his perpetual vows in 2001 and was ordained to the priesthood in 2006.

2. The first accusation of sexual abuse against Vladimir Reséndiz was received by a priest of the Congregation on March 6, 2011. The accusation referred to events which occurred between 2006 and 2008 at the minor seminary of the Congregation in Gozzano, Novara, Italy. Reséndiz was in Venezuela when the accusation was received.

  • 2.1. On March 8, 2011, the news of this accusation reached the General Directorate of the Congregation.
  • 2.2. On March 10, 2011, Vladimir Reséndiz was removed from his ministry in the minor seminary in Venezuela and   from pastoral work with minors.
  • 2.3. On March 18, 2011, he was removed from all active priestly ministry after being questioned by his religious superior. He admitted to also abusing another minor outside of Italy. (1)
  • 2.4. On June 27, 2011, after collecting the necessary information, the Legionaries of Christ presented the case of Vladimir Reséndiz to the Congregation for the Doctrine of the Faith.

3. In April 2013, the Congregation for the Doctrine of the Faith removed Vladimir Reséndiz from the clerical state, and from that moment he ceased to be a member of the Legionaries of Christ.

4. There are currently two criminal trials in the courts of Novara, Italy. The trials have not yet reached a verdict.

  • 4.1. A criminal trial against Vladimir Reséndiz for child abuse.
  • 4.2. Another trial against several members of the Congregation, and other individuals, for attempted extortion against the family of one of the minors, in which the accused have pleaded not guilty.Once a verdict is issued by the court, an update to this communique will be issued.

5. The Congregation apologizes to those who have suffered abuse and for all the pain caused, knowing that this request for forgiveness will never be enough to heal the deep wounds caused. We recognize that any abuse by a cleric causes great pain to those who have suffered, to their family and also to the Church.

6. Aware of our responsibility as part of the Church and of our institutional history, we firmly commit to continue implementing our safe environment policy against the sexual abuse of children and vulnerable adults who have contact with people involved in our apostolic, educational and pastoral activities. For this reason we also take responsibility for accompanying our seminarians in a mature discernment during their formation process that ensures, as far as possible, they live faithfully to their vocation as Catholic priests.

(1) Update March 19th 2021

UPDATE: On March 27, 2019, in a criminal trial of Vladimir Reséndiz Gutiérrez, the judge of the preliminary hearing in Novara, Italy, convicted him in the first degree with a sentence of seven years in prison and payment of reparations. The court has 90 days to publish the sentence.

UPDATE: On January 8, 2020, in the criminal trial of Vladimir Reséndiz Gutiérrez, the Second Chamber of the Court of Appeals of Turin, Italy, confirmed the sentence given in March 2019 in the first trial and reduced the penalty to six years and six months in jail. The trial is not over yet.

UPDATE: On July 23, 2020, on July 23, 2020, the Supreme Court declared inadmissible the appeal filed against the judgement by Second Chamber of the court of appeals. Therefore, the sentence has acquired the force of res iudicata and the criminal judicial process has concluded.

(2) Update October 3rd, 2022

The Congregation of the Legionaries of Christ reports on the conclusion of a process before the Ordinary Court of Milan, Italy involving three priests of the Congregation and two other people.

All of the defendants have been fully acquitted (“con formula piena”) of the crime of attempted extortion because such an attempt did not occur (“il fatto non sussiste”).

(3) Update October 5th, 2022

Regarding the accusation of aiding and abetting (“favoreggiamento”), one defendant has been acquitted for not having committed the offense (“per non aver commesso il fatto”). Additionally, the judge declared that they could not proceed (“non doversi proceede”) in relation to the other four defendants because the statute of limitations (“per intervenutta prescrizione”) had elapsed.

The judge will announce the reasons for the decision within 90 days. The accusations arose in 2013 in the context of a relationship with a family who had denounced the abuse committed by Vladimir Reséndiz Gutiérrez.

We encourage anyone who has been abused by a member of the Legionaries of Christ to contact the appropriate authorities, regardless of when the alleged abuse occurred, and to contact the Legionaries of Christ’s pastoral care advocate for the United States, Abby Saunders.

Abby Saunders, Pastoral Care Advocate
Email: asaunders@arcol.org
Phone: (678) 467-9348

The Congregation has also established a channel for listening to concerns and responding to accusations at 0abuse.org.

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February 7, 2020

Santa Cruz Priest Found Not Guilty

MONTEREY (CA)
Rio Grande Sun [Española NM]

February 7, 2020

By Nathanael King

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A jury found former Catholic priest Marvin Archuleta not guilty Tuesday on counts of criminal sexual penetration of a minor and attempted kidnapping for allegedly raping a six-year-old boy in the 1986-1987 school year at Holy Cross Catholic School in Santa Cruz.

“This is God’s love—this is how we show God’s love,’ these are the words Marvin Archuleta said to (the victim),” Assistant Attorney General Brittany DuChaussee said in opening statements. “(The victim) remembers those words and being unable to get away.”

She said the priest, accused of sexual assault multiple times in the past, got the victim alone under the guise of discussing altar service before raping him.

Attorney General Hector Balderas said in a statement, “I am inspired by the tremendous courage of the survivor and his family. While we are disappointed with the jury’s verdict, we will continue to stand up for survivors of decades old abuses in these complex cases.”

In 1994, a civil suit was filed against Archuleta, 82, for allegedly taking a Holy Cross altar boy to Washington, D.C. in 1971 and repeatedly molesting him over the course of two weeks. Court records in the newest case note multiple such civil suits in previous years, but online court records show only one. The court records state all the civil cases were settled.

The Santa Fe New Mexican reported in May 2019 that another man accused Archuleta of molesting him at Holy Cross Catholic Church in 1992, but the statute of limitations on the alleged crimes barred prosecution.

Defense attorney Ryan Villa said Archuleta was living in Silver Springs, Md. throughout the 1986-1987 school year. Villa said Catholic Church records of sacraments Archuleta performed at the church where he was assigned could show that he did not visit New Mexico in the time frame of the alleged rape.

He said Archuleta was assigned to serve in Chimayó in September 1987, after the window of the accusations. Villa challenged whether the alleged victim was ever independently sure of who hurt him as a child, and said witnesses who worked at or near the school that year did not remember Archuleta visiting at that time.

DuChaussee said the victim tried to suppress memories of the abuse with drugs and did not tell anyone until he received treatment for substance use disorder in 2016. She said that at the time he thought he would get in trouble and would not be believed.

“It was his word—a six-year-old—against a priest, a man of God,” she said.

She said the victim did not know Archuleta’s name until he met Merritt Bennet—an attorney who pursued a number of civil suits against the Catholic Church over clergy sexual abuse—who showed the victim a series of photos of priests who worked in Northern New Mexico in the late ‘80s. She said the victim then identified Archuleta with complete certainty.

Prosecutors acknowledged that Archuleta was not assigned to Holy Cross in the 1986-1987 school year, saying the victim only met him once before the priest sent older boys to bring the victim and two peers from school to the church. DuChaussee said another unnamed priest took the other boys away before Archuleta raped the victim, first pouring what he described as “holy water” on the boy’s back. She said the boy saw the priest one more time at Mass and never again.

Archuleta now faces no outstanding charges or court cases.

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February 4, 2020

Former priest acquitted of rape charges

MONTERREY (MEXICO)
Albuquerque Journal [Albuquerque NM]

February 4, 2020

By T.S. Last / JOURNAL NORTH

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SANTA FE – A former Catholic priest accused of kidnapping and raping a boy under the age of 13 more than 30 years ago was acquitted on both counts by a Santa Fe jury on Tuesday.

Marvin Archuleta, 82, had been assigned to Holy Cross Catholic School in Santa Cruz in the mid-1980s, but his defense attorney argued that Archuleta was not in New Mexico at the time of the alleged assault during the 1986-87 school year. At that time, he was assigned to a parish in Silver Springs, Maryland.

His accuser, now a 40-year-old man, claimed the assault took place when he was a 6-year-old first grader at the school.

The jury deliberated for about three hours before returning the verdict.

“I think the evidence was clear Marvin Archuleta was in Maryland the entire time of the alleged victim’s first grade year, and there wasn’t any evidence to the contrary,” said Ryan Villa, Archuleta’s attorney. “Frankly, the story just didn’t add up.”

Assistant Attorney General Brittany DuChaussee argued during the four-day trial that Archuleta would still visit New Mexico occasionally around the time of the alleged crimes. As evidence, she produced a newspaper article from the time that depicted Archuleta presiding over a funeral in the area.

The case against Archuleta began in October 2018 when the alleged victim filed a lawsuit against Archuleta, the Archdiocese of Santa Fe and the Vatican.

While the alleged victim could not remember the name of the man who abused him, he identified Archuleta from an old photograph.

The accuser, who testified Friday, claimed that the former priest had pulled him and two other boys out of class ostensibly to be recruited as altar boys. He claimed that he alone was then taken to the church’s sacristy by a priest and offered cookies and punch. He was later made to kneel on a chair, his pants were pulled down and he was raped while being told he wasn’t being punished, but “this is how God loves you.”

The accuser said that over the years he turned to alcohol and drugs as a way to deal with the emotional pain and had overdosed on drugs multiple times. It wasn’t until 2016 when he realized that there was a connection between being raped as a boy and his drug and alcohol addiction, chronic depression and failure to sustain intimate relationships, according to the lawsuit he filed two years later.

Archuleta was one of more than 70 priests, deacons and seminarians on a list of priests credibly accused of sex crimes against children released by the Archdiocese of Santa Fe in 2017.

His case is the first to be prosecuted by state Attorney General Hector Balderas’ office, which has been investigation accusations of sex abuse of children in Roman Catholic churches throughout the state.

Journal North reporter Edmundo Carrillo contributed to this report. 

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January 30, 2020

Ratifican sentencia de 13 años de prisión al ‘Padre Meño” por violación

MONTERREY (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

January 30, 2020

By Rodrigo Vera

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CIUDAD DE MÉXICO (apro)..— El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila ratificó la sentencia de 13 años de prisión al sacerdote pederasta Juan Manuel Riojas Martínez, el “Padre Meño”, por los delitos de violación calificada y violación calificada en grado de tentativa. La audiencia de apelación se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal de Saltillo, donde se desahogaron las inconformidades presentadas por las partes defensoras, tanto de la víctima, el exseminarista Javier Calzada, como del imputado, quien ya fue encontrado culpable por un Tribunal de Juicio Oral en Piedras Negras. El Padre Meño, quien fue rector del Seminario Mayor de Piedras Negras, dijo sentirse agraviado a lo largo del procedimiento legal que ha enfrentado en los últimos dos años, durante los cuales estuvo internado en el Cereso de Piedras Negras. El sacerdote ha sido sentenciado en dos ocasiones, la primera fue a 15 años de prisión, que fue apelada, y ya en la segunda se le redujo la pena a 13 años, misma que fue ratificada hoy jueves. Juan Manuel Riojas, conocido como ‘Padre Meño’, exrector del Seminario de Piedras Negras, Coahuila, está preso desde agosto de 2017, acusado de haber violado al menos a dos menores de edad. El exrector del seminario fue denunciado por Javier Calzada Tamez e Ignacio Martínez Pacheco. El primero de ellos interpuso su demanda el 24 de marzo y el segundo el 19 de abril de 2017.

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Padre ‘Meño’ pasará 13 años en la cárcel por violación

MONTERREY (MEXICO)
Excelsior [Mexico City, Mexico]

January 30, 2020

By Alma Gudiño

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La Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila ratificó la sentencia de 13 años de prisión al sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez

Le fue ratificada por parte de la Sala Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, la sentencia de 13 años de prisión al sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, mejor conocido como el “Padre Meño”, por los delitos de violación calificada y violación calificada en grado de tentativa.

En el Centro de Justicia Penal de Saltillo se llevó a cabo la audiencia de apelación donde se desahogaron las inconformidades que presentaron las partes defensoras, tanto de la víctima como del imputado, luego de haber sido encontrado culpable por un Tribunal de Juicio Oral en Piedras Negras.

El Tribunal fue encabezado por la juez Griselda Elizalde Castellanos y los magistrados Juan José Yañez Arreola y Oscar Aarón Nájera Davis, luego de las pruebas psicológicas, la declaración de los testigos y la denuncia de la víctima Javier Calzada, permitieron señalar a el “Padre Meño” como culpable.

Quien fuera el Rector del Seminario Mayor durante el 2015, habló por primera vez, afirmando sentirse agraviado a lo largo del procedimiento legal que ha enfrentado en los últimos dos años en los que ha permanecido internado en el Cereso de Piedras Negras.

El “Padre Meño” ha sido sentenciado en dos ocasiones, la primera a 15 años apelando la misma para reducirla a 13 años, misma que fue ratificada este jueves.

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January 28, 2020

Camillus Cavagnaro

HERMOSILLO (MEXICO)
PROPUBLICA [New York City NY]

January 28, 2020

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Status: Deceased: 2011 

Appeared under the heading: “List of Credibly Accused Franciscan Friars – DECEASED FORMER PROVINCE OF ST. BARBARA FRIARS WHO HAVE BEEN CREDIBLY ACCUSED:”

Birth Year: Not reported

Ordination year: Not reported

Reported assignment history:

  • Native American Missions, AZ 1947-1961
  • Spokane, WA 1961-1964
  • San Solano Missions 1964 – 1971
  • St. Joseph’s, Mescalero NM 1971 – 1973
  • San Solano Missions, Topawa & Sells AZ 1973 – 1978
  • St. Francis Mission, Whiteriver, AZ 1978 – 1984
  • San Carlos, AZ 05/84- 08/84
  • St. Mary’s Phoenix, AZ 1984 – 1985
  • Native American Missions, AZ 1985 – 1986
  • Pine Ridge, SD 1986 – 1989
  • St. Francis, Provo, UT 06/89 – 09/89
  • St. Francis, Tularosa NM 09/89 – 06/90
  • Casa Franciscana, Guaymas, Sonora, MEXICO 1990 – 2002
  • San Xavier del Bac, Tucson, AZ 2002 – 2005
  • Old Mission Santa Barbara, CA 2005 – 2006
  • San Xavier del Bac, Tucson, AZ 2006 – 2007
  • Elder Care Facility – AZ 2007 – 2010
  • Deceased 2011

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January 25, 2020

Legionarios de Cristo buscan denunciar a dos clérigos por abuso sexual a menores

MEXICO CITY (MEXICO)
Aristegui Noticias [Mexico City, Mexico]

January 25, 2020

By Redacción AN / ES

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Rodríguez Sánchez “está arrepentido y dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos ante las instancias correspondientes”, dicen: Sabin rechaza imputaciones.

La congregación de los Legionarios de Cristo busca la manera de colaborar con las autoridades civiles para presentar denuncias en contra de los padres Antonio Rodríguez Sánchez y José María Sabín Sabín, por presuntos abusos sexuales.

En cartas fechadas este viernes 24 de enero de 2020, la congregación reconoce abusos sexuales cometidos por Rodríguez Sánchez y Sabín Sabín.

“No obstante que se aplica la legislación mexicana de la época (1983-1988, en el caso de Antonio Rodríguez, y 1988-1992 para Sabín Sabín), y los correspondientes plazos de prescripción, la Congregación está buscando la manera de denunciar los hechos y colaborará con las autoridades que decidan acoger las denuncias presentadas con relación con este caso”.

Sobre Rodríguez Sánchez, quien fue rector del seminario menor en El Ajusco entre 1983-1988, el texto señala que la investigación interna de la organización encontró que los indicios iniciales -de abusos sexuales- fueron confirmados por las víctimas y por el propio padre Rodríguez.

Tras ser sometido a un proceso canónico -continúa la misiva-, el sacerdote fue alejado del ministerio y está en una casa de la congregación en España; empero, los Legionarios han ofrecido ayuda a las víctimas y presentado una petición de perdón de Rodríguez Sánchez, quien “está arrepentido y dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos ante las instancias correspondientes”.

En lo que respecta al español Sabín Sabín, la carta señala que fue rector del seminario menor de El Ajusco entre 1988 y 1992, además de rector de la Universidad del Mayab, en Mérida, Yucatán, entre 1998 y 2012, y dejó a los Legionarios de Cristo y el ministerio en febrero de 2015.

Sobre su paso en El Ajusco, el texto indica que “existen denuncias privadas verosímiles en su contra por abuso sexual de menores de edad”, y más adelante reconoce que el español ya no está bajo su autoridad, pero “la Congregación está buscando la manera de denunciar los hechos y colaborará con las autoridades”.

La respuesta del exlegionario

En un video, José María Sabín Sabín negó lo admitido por su excongregación. Sin mencionar abiertamente las acusaciones (“ciertos actos ilícitos”), sostuvo que  “niega categóricamente los hechos que ahí me imputan”, con respecto a una nota publicada en el diario El País.

Sobre la denuncia que se presentó en su contra en 2016, “por hechos presuntamente sucedidos hace 30 años, existió un señalamiento por actos ilícitos que no sucedieron, quiero que sepan que la parte demandante retiró los cargos, por lo que dicha acción legal nunca llegó a juicio, por lo que no tengo ninguna responsabilidad”.

Además señaló que la situación es penosa y le ha “provocado en lo personal y lo familiar una terrible angustia. Créanme, no se lo deseo a nadie. Soy un hombre como todos, con virtudes y defectos, pero no soy responsable de los hechos que ahí se me atribuyen”. (Ntx)

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January 24, 2020

LEGIONARIOS DE CRISTO

MéRIDA (MEXICO)
Legionaries of Christ [Roswell GA]

January 24, 2020

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OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN DE PRENSA

24 de enero de 2020

Los Legionarios de Cristo informan lo siguiente en relación a José María Sabín Sabín, exsacerdote de la Congregación:

José María Sabín Sabín nació en 1958 y se ordenó sacerdote legionario de Cristo en 1987. Fue rector del seminario menor del Ajusco en México entre 1988 y 1992, y rector de la Universidad del Mayab en Mérida, México, entre 1995 y 2012. Dejó la Congregación de los Legionarios de Cristo y el ministerio sacerdotal en febrero de 2015.

En relación con su periodo como rector del seminario menor, entre 1988-1992, existen denuncias privadas verosímiles en su contra por abuso sexual de menores de edad que fueron recogidas y verificadas durante el trabajo de revisión de casos del pasado que la Congregación realizó durante el año 2019.

Desde el punto de vista civil, no obstante que se aplica la legislación mexicana de la época (1988-1992) y los correspondientes plazos de prescripción, la Congregación está buscando la manera de denunciar los hechos y colaborará con las autoridades que decidan acoger denuncias presentadas en relación con este caso.

Desde el punto de vista canónico, José María Sabín decidió pedir a la Santa Sede poder abandonar el ministerio sacerdotal y la Congregación, lo que le fue concedido en 2015.

La Congregación de los Legionarios de Cristo ha estado en contacto con dos de las víctimas para buscar caminos de reparación y sanación. Aunque José María Sabín ya no está bajo la autoridad de la Congregación, los Legionarios de Cristo están a plena disposición para acoger a personas afectadas.

El caso de José María Sabín Sabín está incluido entre los sacerdotes Legionarios de Cristo con entre dos y cinco denuncias verosímiles de abuso en el Informe 1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual en la congregación de los Legionarios de Cristo desde su fundación.

La Congregación ha puesto a disposición un canal de escucha y denuncias a través de ceroabusos@legionaries.org.

Oficina de Comunicación Internacional

asmith@legionaries.org

+39 328 987 26 15 https://legionariosdecristo.org/capitulo2020

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January 23, 2020

Dan 10 años de cárcel a sacerdote abusador en Durango

DURANGO (MEXICO)
El Siglo de Torreón [Torreón, Coahuila de Zaragoza, Mexico]

January 23, 2020

By Redacción

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Pagará una multa por 75 mil pesos y seis mil 300 pesos por la reparación del daño

El sacerdote Misael Alberto Morales Armenta, abusó sexualmente de un menor de 15 años de edad, cuando se encontraba en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo.

Una investigación emprendida tras la denuncia de la víctima, en septiembre de 2018, permitió encarcelarlo, ya que fue encontrado culpable.

Este miércoles, la Fiscalía General del Estado informó sobre la sentencia que el presbítero recibió por parte del juez.

Por el delito de abuso sexual agravado, estará 10 años en prisión, pagará una multa por 75 mil pesos y seis mil 300 pesos por la reparación del daño.

Sobre el delito, la Fiscalía estableció que el 17 de septiembre de 2018, Morales Armenta abusó del adolescente de 15 años cuando se encontraba al interior de su habitación. “Momento en el que el ahora sentenciado ingresó y abuso sexualmente de él, para posteriormente darse a la fuga”.

El menor narró lo sucedido a su madre, quien inmediatamente acudió ante el agente del Ministerio Público para interponer la denuncia.

Pasaron cinco meses para que los agentes ubicaran al sacerdote, fue el 17 de febrero del año pasado cuando se ejecutó la orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), adscritos a la Unidad de Mandamientos Judiciales lo arrestaron, aunque la Fiscalía no informó en qué parte.

Luego de 11 meses de indagatorias, en un Procedimiento Abreviado, el presbítero admitió que abusó sexualmente del menor.

Se desconoce si hay más denuncias en contra del sentenciado, que en sus redes sociales asegura tener su domicilio en Guasave, Sinaloa.

75 MIL PESOS pagará de multa el acusado, así como 6 mil 300 pesos por reparación del daño.

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LEGIONARIOS DE CRISTO

MEXICO CITY (MEXICO)
Legionaries of Christ [Roswell GA]

January 23, 2020

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OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

NOTA INFORMATIVA

23 de enero de 2020

La Congregación de los Legionarios de Cristo informa lo siguiente en relación con el P. Antonio Rodríguez Sánchez, L.C., recientemente mencionado en algunos medios

El P. Antonio Rodríguez Sánchez, L.C., nació en 1954, y fue ordenado sacerdote en 1983.

Durante el trabajo de revisión de casos del pasado que la Congregación realizó a lo largo del año 2019, se constató la verosimilitud de acusaciones de abuso sexual de menores en su contra en relación con el período en que fue rector del seminario menor de El Ajusco, México, entre 1983-1988. No se han recibido denuncias de otros períodos de su ministerio.

Los superiores mayores decidieron iniciar una investigación previa formal según los actuales criterios y procedimientos de ambientes seguros de la Congregación. Desde este momento no tuvo contacto pastoral con menores de edad y desde septiembre de 2019 está apartado del ministerio sacerdotal público. El 5 de noviembre de 2019 los resultados de la investigación previa se presentaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que decidió que se iniciara un proceso eclesiástico. Mientras tanto, seguirá sin ministerio público alguno en una casa de la Congregación en España.

En los últimos meses, la Congregación de los Legionarios de Cristo ha podido entrar en contacto con algunas víctimas para escuchar de primera mano sus relatos, para ofrecerles ayuda en sus necesidades y para trasmitirles una petición de perdón por parte del P. Rodríguez que está arrepentido y dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos ante las instancias competentes. Con otras víctimas, aunque el P. Rodríguez haya dado los nombres de seminaristas menores afectados que recuerda, la Congregación todavía no ha logrado establecer contacto con ellos y se pone a su disposición.

Este caso fue incluido como uno de los sacerdotes con entre seis y diez denuncias verosímiles de abuso en el Informe 1941-2019 que los Legionarios de Cristo hicieron público sobre el fenómeno del abuso sexual en la Congregación desde su fundación.

La Congregación ha puesto a disposición un canal de escucha y denuncias a través de ceroabusos@legionaries.org.

Oficina de Comunicación Internacional

asmith@legionaries.org

+39 328 987 26 15 https://www.ceroabusos.org

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Sacerdote admite que abusó de menor

DURANGO (MEXICO)
El Siglo de Durango [Durango, Durango, Mexico]

January 23, 2020

By Unknown

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El Sacerdote Misael Alberto Morales Armenta, abusó sexualmente de un menor de 15 años de edad, cuando se encontraba en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo.

Una investigación emprendida tras la denuncia de la víctima, en septiembre de 2018, permitió encarcelarlo ya que fue encontrado culpable.

Ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la sentencia que el Presbítero recibió por parte del Juez.

Por el delito de abuso sexual agravado estará 10 años en prisión, pagará una multa por 75 mil pesos y seis mil 300 pesos por reparación del daño causado.

Sobre el caso, la Fiscalía estableció que el 17 de septiembre de 2018, Morales Armenta abusó del adolescente de 15 años cuando se encontraba al interior de su habitación. “Momento en el que el ahora sentenciado ingresó y abuso sexualmente de él, para posteriormente darse a la fuga”.

El menor narró lo sucedido a su madre, quien inmediatamente acudió ante al Agente del Ministerio Público para interponer la denuncia. Pasaron cinco meses para que los agentes ubicaran al sacerdote, fue el 17 de febrero del año pasado cuando se ejecutó la orden de aprehensión en su contra.h

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), adscritos a la Unidad de Mandamientos Judiciales lo arrestaron, aunque la Fiscalía no informó el sitio en el que se llevó a cabo el aseguramiento.

Luego de 11 meses de indagatorias, en un Procedimiento Abreviado el Presbítero admitió que abusó sexualmente del menor.

Un dato que no se aportó por parte de la Fiscalía, toda vez que se aseguró que sería violatorio a la ley, es en qué lugar ocurrió el delito sexual, si en la casa del menor o en la del Sacerdote. Pero de acuerdo con información recabada por este medio de comunicación el delito se registró en el Seminario Menor en la Prelatura de El Salto, ya que el adolescente era estudiante, ahí el sacerdote habría entrado a la habitación de la víctima y abusó de él.

Se desconoce si hay más denuncias en contra del sentenciado, que en sus redes sociales asegura tener su domicilio en Guasave, Sinaloa.

Sobre la sentencia que el abusador ha recibido, como El Siglo de Durango le ha informado el sistema penal local permite la reducción de la condena a quien reconozca que cometió el delito.

Fue el caso del Sacerdote quien en un Procedimiento Abreviado se admitió como abusador, de ahí que el Juez le impusiera la pena mínima por abuso sexual agravado, es decir 10 años de cárcel. La máxima son 20 años.

Aunque cabe mencionar que el Juez pudo reducir la pena hasta un tercio como lo permite el Código Penal local, pero no lo consideró.

Misael Alberto, es uno de dos sacerdotes detenidos el año pasado por delitos sexuales contra menores en Durango.

Ruth Medina Alemán Fiscal General del Estado informó que el otro acusado fue detenido con apoyo de autoridades de Sonora, aunque no ofreció más información.

Destacó que en una reunión con fiscales de Estados Unidos y de otros estados mexicanos, acordaron enviar una carta a la Arquidiócesis de México para “decirle que estamos dispuestos a investigar cualquier asunto que ellos recibieran como un asunto eclesiástico”.

Ya que al tener conocimiento sobre un delito contra una persona deben informarlo a las autoridades investigadoras, tal como lo hace la Secretaría de Salud cuando atiende a una víctima de delito sexual.

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Dan 10 años de cárcel a cura que abusó de un menor en Durango

DURANGO (MEXICO)
El Clarinete [Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico]

January 23, 2020

By Redacción

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Durango, Dgo.- Tras huir por un par de meses, las autoridades del seminario ubicado en la comunidad de El Salto, en Durango, lograron detener al sacerdote Misael Alberto Morales Armenta, responsable de abusar sexualmente de un joven de 15 años de edad.

Por haber cometido este hecho, el sacerdote recibió una condena de 10 años de cárcel, y además, deberá pagar una multa de 75 mil pesos y 6 mil 300 pesos por reparación del daño.

Dicho crimen ocurrió durante el año 2018, cuando el cura se encontraba en el seminario menor en la prelatura de El Salto, del municipio de Pueblo Nuevo. Fue entonces que entró a una de las habitaciones de los estudiantes y violó a un joven de 15 años de edad.

El menor le contó a sus familiares lo sucedido e interpuso una denuncia ante las autoridades.

Al saber de esto, el religioso huyó del lugar por un par de meses, pero en su regreso a la comunidad, fue detenido por las autoridades del seminario.

La fiscal general del estado, Ruth Medina Alemán, dijo que en 2019 se detuvo a dos sacerdotes acusados de abuso sexual; el segundo sigue en proceso.

Con información de La Jornada

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January 21, 2020

LA IGLESIA CATÓLICA ASÍ PROTEGIÓ A OTRO SACERDOTE PEDERASTA

MEXICO CITY (MEXICO)
LJA.MX [Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico]

January 21, 2020

By Emeequis

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Un exseminarista venezolano denunció a un sacerdote mexicano de haber abusado sexualmente de él cuando tenía 13 años. Le ha seguido la pista por Chicago, La Habana, Ciudad de México. Al presunto perpetrador se le vio en la Basílica de Guadalupe haciendo trabajo eclesiástico para los paulinos. 

Especial de Sexta W para EMEEQUIS.– La congregación religiosa Sociedad de San Pablo, conocida como Paulinos, resguarda en México al sacerdote católico Juan Huerta Ibarra, acusado penalmente de abuso sexual y pederastia ante la justicia venezolana, país al que fue enviado para realizar funciones eclesiásticas.

Pese a que el proceso penal en su contra sigue abierto en la ciudad de Mérida, territorio ubicado en el nacimiento de la cordillera andina, al norte de Venezuelael religioso retornó a México y desde julio de 2019 realiza actividades sufragadas por la congregación y la jerarquía Paulina, que han rechazado diversas solicitudes periodísticas para hablar del caso.

El abogado venezolano José Leonardo Araujo Araque, actualmente de 31 años, denunció penalmente a Huerta Ibarra en 2019. Lo acusa de haber abusado sexualmente de él en reiteradas ocasiones, cuando tenía tan sólo 13 años de edad y Huerta Ibarra era superior y fundador de la comunidad “Reina de los Apóstoles”, casa de formación de los aspirantes a ingresar a la congregación.

La Sociedad de San Pablo conoció oficialmente la denuncia del joven por correos electrónicos enviados a Roma al superior general Valdir José De Castro. También informó a José Faustino Hernández Estévez, superior provincial de México-Cuba, quien se comprometió a investigar a fondo.

CHICAGO, LA HABANA, MÉXICO

La nunciatura apostólica en Venezuela, al conocer la denuncia, respondió que el responsable de la investigación sería el cardenal Baltazar Porras y recomendó que no era oportuno [mark]“que muchas personas entren en casos así de delicados, con el riesgo de complicar las cosas”[/mark].

Huerta Ibarra, nacido en Jalisco en 1954, fue ordenado sacerdote en los años ochenta. Desde entonces se integró a la Sociedad de los Paulinos y en el 2001 fue nombrado Superior y fundador de la comunidad Reina de los Apóstoles.

José Leonardo, quien ha recorrido todas las instancias oficiales de la iglesia católica para presentar su denuncia, ha dado seguimiento a los traslados del padre Huerta Ibarra.

En entrevista vía Skype con EMEEQUIS y Sexta W, recuerda que su perpetrador fue enviado de Mérida a Caracas en misión pastoral en 2002 y que, durante varios años, desconoció su paradero. Pero en noviembre de 2018 lo ubicó en Chicago, Estados Unidos, a través de mensajes de WhatsApp en los que el religioso acepta los abusos.

[quote]“El padre Huerta nunca niega lo sucedido. De hecho, él me dice que  iba a juntar dinero para que yo fuera a México y pedirme perdón frente a la Virgen de Guadalupe, pero él no quería que yo sufriera más por él. Después, él me pedía, porque así me lo dijo, él era quien hacia las llamadas desde Estados Unidos… me pedía que le protegiera su ministerio”.[/quote]

José no fue la única víctima. Recuerda que no sólo abusaba de él, sino de otro joven: [mark]“hubo un muchacho que era de tez oscura, robusto él, le decía el Goldo. Lo llevaba a su habitación. Era mayor que yo, quizá tendría unos 15 años. Lamentablemente no recuerdo el nombre de ese muchacho, pero él lo llevaba a su habitación”. [/mark]

El religioso llegó a Chicago en diciembre de 2015, para atender el Centro Bíblico de San Pablo, distribuidor de las ediciones paulinas, además de prestar servicios eclesiásticos.

Otro lugar en donde fue comisionado para atender la librería paulina fue La Habana, Cuba, con estancias cortas. Finalmente, su traslado a la Provincia de México se da en julio de 2019.

El Papa Francisco, en la Carta Apostólica en forma de Motu Proprio ‘Vosotros sois la luz del mundo’ [em]giró instrucción expresa a todos los superiores eclesiásticos del catolicismo, para que inicien investigación y separen inmediatamente de sus funciones a presuntos abusadores.[/em]

LA COSTUMBRE TRASLADARLOS DE CIUDAD

La víctima de abuso sexual Jesús Colín y el especialista en religión Bernardo Barranco aseguran en entrevistas con Sexta W y EMEEQUIS que trasladar a los pederastas de un lugar a otro se ha convertido en [mark]una verdadera práctica sistemática de la iglesia católica, para que los sacerdotes acusados de delitos sexuales evadan la justicia.[/mark]

Como reconocieron los Legionarios de Cristo en noviembre de 2019, al revelarse el caso del sacerdote Fernando Martínez Suárez, denunciado por abusos desde 1969 en el Instituto Cumbres Lomas, éste fue trasladado a diversas ciudades en México, posteriormente a España y a Roma. Y después de 50 años se inició un proceso canónico en su contra.

Otro caso más reciente es el del padre Nicolás Aguilar, acusado de abusar de niños en 1986 en Tehuacán, Puebla. En 1987 fue trasladado a Los Ángeles, California, en donde también abusó de por lo menos 26 niños más. Al ser acusado de esos delitos, es traslado a México, a donde llega en enero de 1988.

La Arquidiócesis de México le dio cobijo en los templos del Perpetuo Socorro y en la parroquia de San Antonio de las Huerta. En ese mismo sitio, el sacerdote violó a un menor más, el monaguillo Joaquín Aguilar, para finalmente ser denunciado en Tehuacán por violar a niños al atender a los fieles de las iglesias de la Virgen de Juquilita y San Vicente Ferrer. Es prófugo de la justicia desde 2006; actualmente tiene 78 años de edad.

La llegada a México de Huerta Ibarra sería responsabilidad del entonces Provincial de los Paulinos, Faustino Hernández Estévez, quien tiene su oficina en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

[quote]Hernández Estévez conoció la denuncia de abusos cometidos a José Leonardo Araujo.[/quote]

En abril 2019 confirmó haberla recibido: [mark]“Las reclamaciones de esta naturaleza serán investigadas a fondo. El asunto será supervisado por nuestro asesor legal para que las partes estén protegidas”[/mark], dijo.

Se buscó a Hernández Estévez para hablar sobre este asunto, vía telefónica en sus oficinas de la casa provincial. Se negó a contestar o dar respuesta escrita a la solicitud de entrevista.

SE LE VIO EN LA BASÍLICA

Entre el 3 y el 11 de agosto de 2019, el sacerdote Huerta Ibarra fue visto en México: estaba designado como responsable de atender al público que asistió al pabellón de las ediciones Paulinas en la XXI Feria del Libro Católico, celebrada en el atrio de la Basílica de Guadalupe.

Ahí pudo comprobarse también que el sacerdote convivía con seminaristas. Según el Motu Proprio “Vosotros sois la luz del mundo”, mientras un sacerdote está sometido a proceso de investigación canónica, [mark]no debe permitirse que tenga acercamiento con jóvenes.[/mark]

Este detalle se suma al hecho de que en agosto pasado estuvo en México el Superior general de los Paulinos, Valdir José de Castro, quien vive en Roma, para presidir el XIII Capítulo General, donde se estableció el Plan de Acción de la congregación, en el cual se designó como nuevo provincial al padre Oliverio Mondragón.

La congregación Paulina en México no es muy numerosa: son cerca de 70 integrantes, pero en la Ciudad de México hay aproximadamente 23, por lo que es probable que Castro estuviera enterado de la presencia del sacerdote Huerta Ibarra durante su visita. 

“EL PADRE ME MANOSEABA…”

A la edad de 13 años, como miembro de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia Inmaculada Concepción de la Azulita, Araujo acudió a la ciudad de Mérida a una asamblea de ese movimiento eclesial. De ahí se trasladó a la librería San Pablo donde conoció al sacerdote Huerta.

El siguiente relato forma parte de la denuncia No MP-186133-2019 presentada por José Leonardo Araujo Araque ante la Fiscalía 10ª del Ministerio Público Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en Venezuela, el 25 de julio de 2019:

“A PARTIR DE ESTE MOMENTO, RELATA JOSÉ LEONARDO, COMENZARON A REALIZARSE UNA SERIE DE ENCUENTROS, A LOS CUALES FUE INVITADO, BAJO LA PREMISA DE SER ASPIRANTE A INGRESAR COMO FORMANDO A LA COMUNIDAD”.

“DURANTE ESTOS ENCUENTROS SE FUERON GENERANDO NEXOS A TAL PUNTO QUE EL SR. HUERTA, VISITÓ EN DOS OPORTUNIDADES MI HOGAR: DONDE ERA ATENDIDO SIN NINGÚN TIPO DE MIRAMIENTOS, DADA LA AUTORIDAD MORAL QUE COMO SACERDOTE OSTENTA”.

En esa época el clérigo tenía 46 años de edad y había sido nombrado superior y fundador de la comunidad que fungía como casa de formación para los aspirantes a ingresar a la congregación en la ciudad venezolana. Su nombramiento entonces corrió a cargo del Superior de los Paulinos, Gabriele Celadin

“DURANTE AQUELLOS MOMENTOS SE FUE ACRECENTANDO LA AMISTAD ENTRE NOSOTROS, ENTREGÁNDOME OBSEQUIOS TALES COMO FRANELAS, MEDALLAS, LIBROS RELIGIOSOS, LÁMPARAS, LLAVEROS, INVITACIONES A VIAJES A LA CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL, ESTADO DE TÁCHIRA Y A LA CIUDAD DE CARACAS”.

MIS PADRES, ATENDIENDO A LA CONDICIÓN DE CLÉRIGO Y CONSIDERÁNDOLO COMO UNA PERSONA RESPETUOSA, ME AUTORIZABAN PARA QUE REALIZARA ESTOS VIAJES, TANTO FUERA DE LA JURISDICCIÓN EMERITENSE, COMO AL VALLE ESTADO DE MÉRIDA, SITIO DONDE SE HALLABA LA CASA DE FORMACIÓN RELIGIOSA”.

En el relato que elabora José Leonardo, el padre Huerta fue escalando los niveles de intimidad con adolescente, precisamente en esos viajes fuera de la ciudad de Mérida.

“EN UNA DE LAS OCASIONES QUE YO PERNOCTABA EN EL SITIO, ME INVITÓ A SU HABITACIÓN PERSONAL Y ME PIDIÓ QUE DURMIERA ALLÍ, LO CUAL REPITIÓ DURANTE UN AÑO. DURANTE ESTOS ENCUENTROS, QUE SE DIERON DE FORMA CONTINUADA, SE SUSCITARON UNA SERIE DE HECHOS DONDE ÉL ME HABLABA, PUES YO DORMÍA EN UNA CAMA QUE ESTABA BAJO LA SUYA Y ME CONMINABA A ACOSTARME AL LADO SUYO”.

EL PADRE HUERTA ME MANOSEABA MIS GENITALES CON SUS MANOS, PROVOCÁNDOME ERECCIONES, BESABA MIS LABIOS E INTRODUCÍA SU LENGUA DENTRO DE MI BOCA, FROTABA LOS GENITALES HASTA QUE ÉL EYACULABA. TOMABA MIS MANOS Y LAS CONDUCÍA HASTA SUS GENITALES PARA MASTURBARSE, TODO ESTO CON UNA INTENCIÓN MANIFIESTAMENTE LIBIDINOSA”.

En la denuncia detalla pormenores de la habitación, así como elementos decorativos, un clóset de madera, una computadora de mesa y sobre ésta un teléfono que recibía faxes, “como prueba de certeza de los lamentables hechos que empañaron mi niñez y hasta el día de hoy llevo”.

“ABSOLUCIÓN DEL CÓMPLICE”

La narración es precisa y contundente en la descripción de los sucesos: “La última vez que lo realizó fue el 27 de marzo del 2002, en la iglesia de la población de Chacantá: me tomó en la sacristía y me besó en idénticas condiciones supra expuestas, friccionando sus genitales con los míos.

[quote]“La noche del Jueves Santo de aquella Semana Santa yo me sentía mal por lo que pasaba, pues vengo del seno de un hogar católico, mis padres eran humildes agricultores, pero nos educaron y nos enseñaron que nada de eso era correcto, por lo tanto yo, apesarado por lo que pasaba, me confesé, escribí mis pecados, su pregunta fue si estaba arrepentido y sin miramientos me absolvió de la falta…”. [/quote]

Esta acción en el Derecho Canónico se denomina “absolución del cómplice” y es un pecado, el cual se castiga con la excomunión “latae sententiae” (inmediata) del sacerdote y está reservada a la Santa Sede, según se establece en el canon 1378§ del Código de Derecho Canónico.

De acuerdo con la denuncia, el entonces adolescente padeció una serie de afectaciones emocionales y ha llevado [mark]“una vida entristecida por estos hechos, sintiendo vergüenza ante los demás, sintiendo asco conmigo, sintiéndome sucio, vulnerado, incluso llegando a evitar cualquier contacto sexual por la vergüenza que tengo, surgiendo; inclusive, dudas acerca de mi sexualidad”.[/mark]

José Leonardo señala que en octubre del 2017 comenzó a presentar una serie de malestares físicos y emocionales, como llanto, dolencias físicas, insomnio, ansiedad, que le fueron diagnosticados como un “estado depresivo mayor, con una pronunciada ideación suicida”. [mark]Incluso se dieron intentos de suicidio. [/mark]

“EN LA ACTUALIDAD PADEZCO UN TRASTORNO DE ANSIEDAD, ORIGINADO POR AQUEL TRISTE EPISODIO EN MI VIDA, SIENDO ACTUALMENTE, PACIENTE DE PSIQUIATRÍA, SEXOLOGÍA E INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS CONTINUAS”.

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

La Fiscalía Venezolana solicitó a sus especialistas practicar una evaluación psicológica y psiquiátrica a José Leonardo. En las conclusiones de las evaluaciones entregadas en octubre por Carla Ceballos Vivas, psicólogo forense, en el documento No 356-1428-P-0897-2019, se precisa:

“PRESENTA UN TRASTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO QUE SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS QUE NARRA, MANTENIENDO CONSERVADA SUS CAPACIDADES DE JUICIO Y DISCERNIMIENTO. RECOMIENDO BRINDAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO, ASÍ COMO DE ATENCIÓN POR PSIQUIATRÍA Y PSICOLÓGICA CLÍNICA”.

Recomendación que coincide con la del psiquiatra Javier Piñero Alvarado, de la misma autoridad.

Después de la denuncia penal, José Leonardo solicitó a los paulinos sufragar los gastos de los medicamentos y el pago del psiquiatra, requerimiento que fue aceptado.

En entrevista, José Leonardo Araujo expuso que el proceso penal continúa y se investiga si se puede precalificar como violación presunta, “puesto que él llevó mis manos a sus genitales para masturbarse; ese delito no está prescrito y debe ser enjuiciado en Venezuela”. Porque la denuncia de violación por actos lascivos que presentó en junio ya prescribió. También comenta que “la Fiscalía lleva adelante las investigaciones útiles y necesarias para esclarecer el caso, (y) actúa con determinación”.

INVESTIGACIÓN ECLESIAL

En noviembre de 2018, José Leonardo entró en contacto, vía la aplicación WhatsApp, con el padre Huerta Ibarra, a quien le comentó sobre sus malestares psicológicos y su estado depresivo.

A través de los mensajes establecieron “un acuerdo amistoso” en donde el religioso reconocería el daño ocasionado por el abuso sexual y pediría perdón. Además de ofrecer una indemnización a cambio de no perjudicarlo en su ministerio sacerdotal.

[mark]Pero el religioso incumplió[/mark]. Para comprobar estos hechos el joven entregó a la Fiscalía su teléfono celular para que revisara los mensajes. También reconoció que “fue un error tratar de recomponer esa situación tan dramática”.

Por el incumplimiento del acuerdo, el joven estableció contacto con el abogado del padre Huerta, quien se identificó como Gregory Ryan, del despacho Ryan & Associates de Los Angeles, Estados Unidos. Al intercambiar emails el 20 de marzo de 2019, éste respondió:

“LA SOCIEDAD TOMA SUS ACUSACIONES SERIAMENTE Y LAS RECHAZA POR COMPLETO. NO HAY EVIDENCIA INDEPENDIENTE, NI SIQUIERA UN TESTIGO NEUTRAL, DISPONIBLE QUE RESPALDE SUS AFIRMACIONES. ADEMÁS, NI USTED NI NINGUNA OTRA PARTE INFORMARON LOS SUPUESTOS INCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 18 AÑOS”.

Y en otro email, agrega: “No ha habido admisiones de conducta ilícita. El supuesto acuerdo nunca fue firmado aprobado o ratificado por P-Huerta. No se realizó ningún pago en virtud del acuerdo ejecutado”. 

[mark]Desde mayo 2019 el joven venezolano perdió comunicación con ese despacho.[/mark]

El 22 de marzo del 2019, presentó la denuncia canónica en el despacho del cardenal Baltazar Porras Cardozo de Venezuela, por “actos lascivos continuados, administración y absolución del pecador como autor” en contra del religioso.

El 6 de agosto del 2019, el padre Hernando Jaramillo Osorio, superior regional de Sociedad de San Pablo en Venezuela, le envió una carta mediante la cual le informa que Arturo Peraza Celis, sacerdote jesuita y abogado, será el responsable de la investigación y que el padre Huerta pertenece “actualmente a la Provincia de México”.

Al asumir la representación legal, Peraza Celis se entrevistó con el denunciante, quien le solicitó tomar el testimonio de cinco testigos, entre ellos dos sacerdotes.

¿EPISCOPADO MEXICANO LO SABE?

El asunto pudiera agravarse ante el indicio de que [mark]el Episcopado Mexicano, máxima autoridad eclesiástica en México, conoce el asunto.[/mark]

En un correo electrónico enviado al arzobispo Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado, el joven venezolano advirtió que el religioso estaba en México.

En el correo, cuya captura de pantalla obra en poder del afectado, se solicita la colaboración de la máxima jerarquía católica mexicana para “poner a este sacerdote a la orden de las autoridades locales” de Venezuela.

Añade: “Resulta para mí preocupante que este sacerdote siga en el ejercicio de sus funciones; particularmente [mark]tratando con niños[/mark], sé de su modus operandi y con toda propiedad Monseñor Cabrera puedo decir que existieron otras víctimas que están en el anonimato”.

La comunicación fue enviada el pasado 16 de diciembre de 2019 a las 01:46 horas, directamente a la cuenta de correo de la Arquidiócesis contacto@arquidiocesismty.org, que está vigente y habilitada.

[mark]No recibió respuesta.[/mark]

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10 years after Vatican reform, Legionaries of Christ in new abuse crisis

MEXICO CITY (MEXICO)
America the Jesuit Review [New York NY]

January 21, 2020

By Maria Verza - Associated Press, Nicole Winfield - Associated Press

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MEXICO CITY (AP) — The administrator of the elite Catholic school in Cancun, Mexico, used to take the girls out of class and send them to the chapel, where the priest from the Legion of Christ religious order would sexually abuse them.

“As some were reading the Bible, he would rape the others in front of them, little girls aged 6 to 8 or 9,” said one of his victims, Ana Lucia Salazar, now a 36-year-old Mexican television host and mother of three.

“Afterward, nothing was the same, nothing went back to the way it was,” she said through tears at her home in Mexico City.

Salazar’s horrific story, which has been corroborated by other victims and the Legion itself, has sparked a new credibility crisis for the once-influential order, 10 years after the Holy See took it over after determining that its founder was a pedophile.

But more importantly, it has called into question the Vatican reform itself: The papal envoy who ran the Legion starting in 2010 learned about the case nearly a decade ago and refused to punish or even investigate the priest or the superiors who covered up his crimes, many of whom are still in power and ministry today.

The scandal is not the story line the Legion was hoping for as it opened its general chapter Monday in Rome, a weeks-long gathering to choose new leaders and approve policy decisions going forward.

The assembly was supposed to have shown off the Legion embarking fully on its own after 10 years of Vatican-mandated reform. The Holy See imposed structural changes after revelations that the Legion’s late founder, the Rev. Marcial Maciel, sexually abused at least 60 seminarians, fathered at least three children and built a secretive, cult-like order to cater to his whims and hide his double life.

The Cancun scandal, though, has exposed that the Vatican reform failed to address one key area: to punish known historic abusers and the people who covered for them, and change the culture of cover-up that enabled the crimes.

From the outset, the late papal envoy who ran the Legion, Cardinal Velasio De Paolis, refused to hold complicit Legion superiors accountable or investigate past abusers.

“De Paolis said there would be no witch hunt, explicitly, and the consequence is that abuse and its cover-up have remained unpunished,” said the Rev. Christian Borgogno, a former Legion priest who co-founded the “Legioleaks” Facebook group where Salazar first went public in May. Borgogno said De Paolis’ decision to leave in place Legion superiors, many of whom were close to Maciel, “made reform impossible.”

“The only way out was to foster charismatic leaders, and they were even repressed,” he told the AP. “That’s the main reason why many of us left.”

Following the AP story, the Legion announced on Monday it would conduct an investigation with the Vatican into the cover-up of the case, and vowed all superiors involved would cooperate.

Salazar, whose story has made headlines in Mexico, wants more: “What I want is for the pope to get radicalized,” she said. “There’s only one position, to be on the side of the violated children,” not a religious order that has among its priests “villains, delinquents, rapists, accomplices and victimizers.”

“The Legion of Christ has no reason to exist,” she said, echoing calls from even within the church that the Vatican should have suppressed the order 10 years ago. “It’s like taking apart a cartel; you have to remove the ringleaders and dismantle it.”

Legion spokesman the Rev. Aaron Smith argued that the Legion’s leadership had indeed changed over the past decade, noting that 11 priests are participating in the 2020 general chapter for the first time, and that most of the 66 participants are new to the assembly since the Vatican reform began. More than a dozen others, however, belong to Maciel’s old guard.

Smith said the power structure of the Maciel era had been dismantled, with more decentralized authority and systems of checks and balances put in place.

“It would be practically impossible today to have actions like the ones which occurred during Maciel’s tenure to go undetected,” he said in emailed responses to questions, after declining an on-camera interview.

The scandal has struck the Legion at its core — Mexico — and cast a discrediting light where it hurts most: the Legion’s prestigious private schools, which cater to Mexico’s elite and are the order’s main source of income. Former Legion priests say the scandal is a devastating blow that they long warned about, since a loss of credibility among wealthy Mexicans would deprive the Legion of its key base.

Already, the Mexican bishops conference has ended its silence about the Legion to denounce the newly revealed abuse and the Legion’s failure to provide “a specific act of justice or reparation for the victims” even after it acknowledged the crimes, vowed more transparency and pointed to its child protection policies in place now.

The archbishop of Monterrey — a Legion stronghold — denounced the group’s “criminal silence” and treatment of victims, and led recent calls from Mexican bishops for an end to the statute of limitations for child sex abuse cases. It was a remarkable turnabout, given that Mexico’s Catholic hierarchy long supported the Legion and benefited from the once-wealthy order’s largesse.

Even the Vatican’s ambassador to Mexico, Monsignor Franco Coppola, broke the Holy See’s tradition of diplomatic discretion to publicly criticize the Legion’s handling of the case and call for the Vatican to investigate the “web of cover-up” behind it. That too was remarkable, given that the Vatican itself has been implicated in the Maciel cover-up.

Coppola also echoed calls from victims and the archdiocese of Monterrey for the Legion superiors implicated in the cover-up to at least stand down from the general chapter, calling it a “great gesture of humility,” though until Monday none had accepted.

But on Monday evening, the Legion announced that the Rev. Eloy Bedia, who had been the Mexican superior who handled the complaints in the 1990s, had agreed to not participate in the meeting. But he also defended himself in a letter released by the order and noted that all personnel movements in the 1990s were decided by Maciel, not him.

Asked about the criticism from the Mexican hierarchy, Smith said the Legion welcomed the input as it seeks to improve its handling of past cases of abuse and prevention efforts going forward.

He said the general chapter would evaluate current child protection practices, ensure proper outreach to victims, and could mandate a continuation of the investigation into other cases of abuse of power by Legion superiors.

However, victims see such promises as nothing more than lip service, and dismissed the letters they received from the leadership after the scandal broke promising reparations and change. The Legion hasn’t yet settled all requests for financial compensation from eight of Maciel’s original victims, who made formal requests in 2018.

Salazar’s case is particularly grave since her parents went to the bishop, himself a Legionary, to denounce the priest, Fernando Martínez Suárez, as soon as Salazar told them in late 1992 that he had digitally raped her. Then aged 8, she had been jumping on her parents’ bed one night when she revealed that Martínez would sit her on his lap, pull her panties aside, penetrate her and masturbate himself.

“My mother says that while I was jumping, it seemed like I was a butterfly, as if I were lifting the weight off, as if I were flying,” Salazar said.

But Martínez had friends, chief among them Maciel, who it turns out had sexually abused him. Martínez was one of nearly a dozen Legion priests who were childhood victims of the founder and went onto molest other minors, a multi-generational chain of abuse that the Legion acknowledged last month.

Last week, the Legion announced that Martínez had asked to be defrocked, after an outside investigation determined he molested at least six girls in Cancun and that a series of Legion leaders, from the original bishop who took Salazar’s complaint to De Paolis himself, decided against reporting him to police or even the Vatican. Martinez had been transferred from Cancun to a seminary in Spain, with no formal restrictions imposed after the Legion received the first reports.

De Paolis, one of the Vatican’s top canon lawyers, then essentially became part of the cover-up: He had learned of the case between 2011-2013 when he was asked to take action against Martinez since no proper investigation had ever been conducted. But at the moment in which Martinez could have finally been brought to justice, De Paolis settled on inaction since no other complaints had been received, according to the investigation by the Praesidium firm. Martinez was subsequently transferred to Rome in 2016.

The current Legion superior, the Rev. Eduardo Robles Gil, apologized to Salazar for how her case was handled originally and all the subsequent “deficiencies.”

“I could have remedied it starting in 2014, but I followed the decisions that were taken about abuse cases from previous decades, and we didn’t reexamine it,” he wrote her in November.

He forwarded a letter from Martínez to Salazar, in which her abuser begged her forgiveness “for the grave harm I caused you.” He termed his behavior “faults” that were the result of an “uncontrolled sexuality.”

Salazar was deeply offended, feeling the letters diminished the crimes and cover-up. “It was revictimizing to me, humiliating, disgusting.”

After Salazar came forward, other Martínez victims broke their silence.

Their stories were no surprise to Beatriz Sánchez, an English teacher at Cancun’s Colegio Cumbres in the early 1990s who heard about the rapes after discovering a group of his victims whispering — and weeping — in the bathroom.

“When one approached me she said: ‘Miss, each time Father is doing it harder with the littlest ones and we don’t want this to happen to them, please help us,'” Sanchez told AP.

She urged them to write it down — and then was promptly fired when she reported him to Martinez’s then-superior, Bedia.

After Salazar went public, the school official who used to take the girls out of class to offer them up to Martinez was fired from her job at another Legion school.

One of the young victims was Biani López-Antúnez, whose mother had also reported the abuse to the Legion in 1993.

Irma Hassey said she hadn’t pried for details when her daughter first revealed Martinez’s abuse as a child, not wanting to hurt her further, and only learned the full extent in November.

Now, she said, she realizes with horror that for two years “I was leaving my daughter at the door of a rapist.”

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January 20, 2020

Legionarios inician cumbre en Roma con la renuncia de un cura acusado de encubrimiento

MEXICO CITY (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

January 20, 2020

By Por Irene Savio

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ROMA (apro).- El cura Eloy Bedia, acusado de encubrir los abusos del exsacerdote Fernando Martínez, pidió no ser considerado para participar en la cumbre de los Legionarios de Cristo (Capítulo General) que inició este lunes en Roma, donde se elegirá al nuevo líder de la desprestigiada congregación mexicana. Bedia tomo esa determinación tras las críticas del nuncio apostólico del Vaticano en México, Franco Coppola, quien la semana pasada apoyó las peticiones de víctimas y la arquidiócesis de Monterrey, para que los superiores de la Legión implicados en ocultar los abusos no acudieran a la reunión del Capítulo General. Ningún otro miembro renunció a asistir al encuentro, según confirmó a Apro el portavoz de los legionarios, Aaron Smith. En su carta de dimisión, Bedia niega las acusaciones en su contra y recuerda que fue nombrado director territorial de México en 1992, un año después de que iniciaron los abusos de Martínez, cuando el director de la congregación en México era Luis Garza Medina. Éste, considerado mano derecha del fundador de los Legionarios, Marcial Maciel, es miembro actual de la cumbre. “Comencé a ser director territorial en 1992. No estaba al tanto del historial de Fernando Martínez Suárez. Como es sabido por todos, en la época las decisiones sobre los procesos y movimientos de personal correspondían al director general (Maciel)”, precisa Bedia. Fernando Martínez fue expulsado de su estado clerical por el Papa Francisco, debido a que abusó de al menos seis niñas en la década de 1990, cuando dirigía el Instituto Cumbres de Cancún, en Quintana Roo. Ante la nueva ola de denuncias por abuso sexual (muchas de las cuales no públicas), obispos mexicanos y el nuncio Coppola manifestaron su hartazgo debido a las múltiples acusaciones de encubrimiento de sacerdotes pederastas de los Legionarios de Cristo, 12 años después de la muerte de su fundador y pederasta Marcial Maciel. La nueva crisis de descrédito se produjo después de que en marzo pasado un tribunal italiano condenó por abuso sexual al exlegionario Vladimir Reséndiz Gutiérrez. La sentencia de siete años seis meses de cárcel fue confirmada el pasado miércoles 8 por el Tribunal de Apelaciones de Turín. Las víctimas de Reséndiz, avaladas por la justicia italiana, han enviado ya dos peticiones de indemnización a la Legión, pero no han tenido respuesta. “La última la enviamos la semana pasada”, confirmó Daniela Cultrera, defensora de las víctimas de Reséndiz. Se trata de un caso que llevó a la apertura de un juicio paralelo (cuya primera audiencia se celebrará en marzo próximo) contra cinco legionarios, entre ellos Óscar Nader, también elector en la cumbre de Roma, y Luca Gallizia, nombrado sustituto, ambos acusados de intento de extorsión, en 2013, cuando la congregación religiosa supuestamente se encontraba en una etapa avanzada de renovación exigida por el Vaticano. Otros sacerdotes legionarios también tuvieron conocimiento del caso, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso este medio. Disidentes frágiles Al otro lado de la trinchera se sitúan los disidentes internos de la Legión, cuya influencia –a la fecha– ha sido insuficiente para alejar a los miembros más polémicos, quienes al ser veteranos están mejor conectados y siguen beneficiándose de las dinámicas de cerrazón que durante años han caracterizado a la congregación. De acuerdo con una carta suya a la que tuvo acceso Apro, dirigida a los integrantes de la reunión romana, el legionario italiano Alberto Carrara se pregunta: “¿Ha cambiado algo en la Legión durante estos años de renovación?”. El doctor en biotecnología médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua añadió: “Quién más, quién menos, pero todos hemos sido parte de este ‘sistema Legión’ plasmado por Maciel. Reconocerlo, aceptarlo, integrarlo y purificarlo en un entorno de auténtica fraternidad debería ser la primera tarea de las reuniones capitulares que nos esperan”. Además, los números no están del lado de una renovación disruptiva. De los 66 legionarios electores presentes en la reunión, apenas 12 participan por primera vez y, según exlegionarios y observadores, los menos involucrados con los errores del pasado tienen muy bajo peso electoral. La elección del sucesor de Eduardo Robles Gil, líder legionario nombrado en 2014, podría producirse esta misma semana.

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Legionarios de Cristo se ven en un nuevo escándalo de abusos sexuales en México

MéRIDA (MEXICO)
Apporea [Venezuela]

January 20, 2020

By Agencias

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Cuando la “prefecta de disciplina” de un colegio católico de elite en Cancún, México, llegaba a una clase para llevar a las niñas a confesión, el ambiente se tensaba. La mujer dirigía a las niñas a la capilla para que el director de la escuela, un legionario de Cristo, abusara sexualmente de ellas, reseñó la agencia AP.

“Mientras unas leían la Biblia, violaban a las de enfrente, niñas desde 6 años a 8-9 años” recordó una de las víctimas de ese sacerdote, Ana Lucía Salazar, presentadora de televisión y madre de tres hijos.

“Después, nada fue igual, nada regresó a su lugar”, lamentó la mujer entre lágrimas en su casa de Ciudad de México.

La espantosa historia de Salazar, que fue corroborada por otras víctimas y la propia Legión de Cristo, ha abierto una nueva crisis de credibilidad para la otrora influyente orden, 10 años después de que el Vaticano interviniera la organización tras determinar que su fundador era un pederasta.

El caso ha confirmado que el problema de abusos en la Legión va más allá de su fundador. Y ha cuestionado la reforma dirigida por el Vaticano. El enviado papal supo del caso hace casi una década y rechazó castigar al sacerdote o a los superiores que conocían sus crímenes, muchos de los cuales siguen en puestos de poder y ejerciendo el sacerdocio.

El escándalo no era la imagen que quería ofrecer la Legión el lunes, cuando abría su Capítulo General en Roma, una reunión de varias semanas para elegir a sus nuevos líderes y aprobar decisiones reglamentarias para el futuro.

La Legión quería aparecer tomando las riendas de su orden tras 10 años de reformas ordenadas por el Vaticano. La Santa Sede impuso cambios estructurales tras las revelaciones sobre que el fallecido fundador de la orden, el reverendo Marcial Maciel, agredió sexualmente a al menos 60 seminaristas, tuvo al menos tres hijos y construyó una orden hermética y similar a una secta para satisfacer sus deseos y ocultar su doble vida.

Pero el escándalo en Cancún mostró que la reforma del Vaticano dejó al menos un tema clave sin corregir: castigar a agresores históricos conocidos y a las personas que les cubrieron, y cambiar la cultura de encubrimiento que permitió esos crímenes.

Desde el principio, el fallecido enviado papal que dirigió la Legión, el cardenal Velasio de Paolis, se negó a exigir responsabilidades a los superiores cómplices de la orden.

“De Paolis dijo de forma explícita que no habría caza de brujas, y la consecuencia fue que los abusos y su ocultación permanecieron sin castigo”, dijo el reverendo Christian Borgogno, exsacerdote de la Legión y que cofundó el grupo de Facebook “Legioleaks”, donde Salazar hizo pública su historia por primera vez en mayo. La decisión de De Paolis de mantener en su puesto a los superiores de la Legión, muchos de ellos cercanos a Maciel “hizo imposible la reforma”, dijo Borgogno.

“La única forma era impulsar a los líderes carismáticos, e incluso ellos se vieron reprimidos”, dijo a The Associated Press. “Ese es el principal motivo por el que muchos nos marchamos”.

Salazar, cuya historia ha acaparado titulares en México, fue más allá:

“Yo lo que quiero es que el papa se radicalice. Solo hay una postura, a favor de los niños violados”, afirmó, señalando que no se puede apoyar a una congregación que resguarda a “maleantes, delincuentes, violadores, cómplices y victimarios”.

“No tiene razón de ser la Legión de Cristo. Es como desarticular un cártel, tienes que quitar al cabecilla, desmantelarlo”, añadió.

El reverendo Aaron Smith, portavoz de la orden, alegó que la cúpula de la Legión sí ha cambiado en la última década, señalando que 11 sacerdotes participan en el Capítulo General de este año por primera vez y que la mayoría de los 66 participantes han entrado en la asamblea después de que comenzara la reforma del Vaticano. Sin embargo, quedan más de una docena que pertenecen a la vieja guardia de Maciel.

Smith dijo que la estructura de poder de la era de Maciel ha sido desmantelada, con una autoridad menos centralizada y un sistema de garantías y equilibrios.

“Hoy sería prácticamente imposible que acciones como las que ocurrieron durante el periodo de Maciel pasaran desapercibidas”, dijo en respuestas enviadas por correo electrónico tras declinar una entrevista en cámara.

El escándalo ha golpeado a la Legión en su territorio natal, México, y arrojado una sombra de desprestigio donde más duele: las prestigiosas escuelas privadas de la orden, que tienen su público entre la elite mexicana y son la principal fuente de ingresos de la orden. Exsacerdotes de la Legión dicen que el caso es un golpe devastador del que advirtieron durante mucho tiempo, ya que perder credibilidad ante los mexicanos adinerados privaría a la orden de su base clave.

La conferencia episcopal mexicana ya ha puesto fin a su silencio sobre la orden para condenar los abusos recién revelados y el hecho de que la Legión no ofreciera “un acto concreto de justicia y de reparación para las víctimas” incluso después de haber reconocido los crímenes, prometido más transparencia y señalado a sus nuevas medidas de protección de menores.

Rogelio Cabrera, que además de presidir la conferencia episcopal mexicana es el arzobispo de Monterrey _un bastión de los legionarios_ denunció el “silencio criminal” del grupo y el trato que recibieron las víctimas, y lideró una petición reciente de los obispos mexicanos de que se anulara la prescripción legal en casos de agresiones sexuales a menores. Fue un cambio de postura llamativo, dado que la jerarquía católica mexicana apoyó durante mucho tiempo a la Legión y se benefició de la generosidad de la antes adinerada orden.

Incluso el embajador vaticano en México, monseñor Franco Coppola, rompió la tradición de discreción diplomática de su cargo para criticar públicamente como había gestionado el caso la Legión y pedir al Vaticano que investigara la red de ocultación que había detrás. Eso también fue llamativo, dado que el propio Vaticano se ha visto implicado en la ocultación de los abusos de Maciel.

Coppola repitió además las peticiones de víctimas y arquidiócesis de Monterrey de que los superiores de la Legión implicados en ocultar los hechos dimitieran al menos destituidos del Capítulo General, lo que describió como un “gran gesto de humildad” que hasta la fecha no ha aceptado ninguno.

Smith, portavoz de la Legión, dijo que la orden no podía pedir a los sacerdotes que renunciaran, pero que eran libres de hacerlo si así lo decidían.

Cuando se le preguntó por las críticas de la jerarquía eclesiástica mexicana, el vocero dijo que la Legión recibía de buen grado su aportación mientras intenta mejorar la gestión de casos pasados y trabaja en medidas de prevención de cara al futuro.

El Capítulo General, señaló, evaluará las medidas actuales de protección de menores, garantizará un contacto adecuado con las víctimas y podría ordenar que se continúe la investigación sobre la ocultación y otros casos de abuso de poder de los superiores de la orden.

Sin embargo, las víctimas lo ven como promesas vacías y dieron poco valor a las cartas que les envió la cúpula de la orden, prometiendo compensaciones y cambio, cuando el escándalo salió a la luz. La Legión aún no ha resuelto todas las reclamaciones de compensación económica de ocho de las víctimas originales de Maciel, que presentaron reclamaciones formales en 2018.

El caso de Salazar es especialmente grave porque sus padres fueron a ver al obispo, que también era un legionario, en cuanto su hija les contó los abusos a los que la estaba sometiendo Fernando Martínez Suarez. Fue a finales de 1992.

Salazar, entonces una niña de 8 años, estaba jugando dando saltos sobre la cama de sus padres y comenzó a hablar. Su madre escuchaba atónita unos recuerdos que solo años más tarde pudo reconstruir: “Lo perturbante que es que te suba el vestido, que me viera, que jalara mi ropa interior, que metiera las manos en mi cuerpo, que me sentara en sus piernas mientras metía la mano en mis piernas, que se masturbara conmigo encima”.

“Dice mi mamá que mientras brincaba parecía una mariposa, como que iba soltando el peso, como que volaba”, rememora. Desde entonces hasta que Martínez fue sacado del colegio pasaron seis meses en los que Salazar estuvo más sola que nunca. Además, nadie quería acercase a ella porque corrió el rumor de que era una apestada. “¿Qué tal si mañana no me levanto y ya descanso?”, se preguntaba. “Ganas de morirme me dieron”.

Pero Martínez tenía amigos, especialmente Maciel, que más tarde se supo había abusado de él. Martínez fue uno de los casi doce sacerdotes de la Legión que de niños habían sido víctimas del fundador y que con el tiempo abusaron de otros menores, una cadena de abusos de varias generaciones que la orden reconoció el mes pasado.

La legión anunció la semana pasada que Martínez había pedido dejar el sacerdocio después de que una investigación independiente determinara que había abusado de al menos seis niñas en Cancún y que una serie de líderes de la congregación, desde el primer obispo que recibió la denuncia de Salazar al propio De Paolis, decidieron no reportarle a la policía o siquiera al Vaticano. Martínez había sido transferido de Cancún a un seminario en España sin que se le impusieran restricciones formales.

De Paolis, uno de los principales abogados canónicos del Vaticano, se convirtió en la práctica en parte de los encubridores: Supo del caso entre 2011 y 2013, cuando se le pidió que tomara medidas contra Martínez porque nunca se había hecho una investigación adecuada. Pero en el momento en el que el sacerdote podría haber rendido cuentas por fin ante la justicia, De Paolis optó por no hacer nada, ya que no se habían recibido otras denuncias, según la investigación de la firma Praesidium. Martínez fue trasladado a Roma en 2016.

El actual superior de la Legión, el reverendo Eduardo Robles Gil, se disculpó con Salazar por la gestión inicial de su caso y las posteriores “deficiencias”.

“Yo podría haberlo remediado desde 2014, pero seguí las decisiones que se habían tomado con respecto a casos de abuso de décadas pasadas”, se lee en la misiva que le envió en noviembre.

También reenvió una carta de Martínez a Salazar, en la que el agresor imploraba su perdón por el daño causado. Describía su comportamiento como “faltas” y tocamientos “que Dios no bendice” fruto de una “sexualidad descontrolada”.

Salazar se sintió muy ofendida por la forma en la que las misivas restaban importancia a los crímenes y a cómo se habían ocultado. “Fue revictimizante, humillante, asqueroso”.

Salazar se pasó décadas desahogándose escribiendo poemas, pero cuando nació su tercer hijo -y la primera niña- algo cambió. “Me pregunté, “¿qué voy a hacer para que no la violen y para que tenga la infancia que yo no pude tener?”. Pronto lo supo: la respuesta era hablar. 

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January 17, 2020

José María Sabín, ex rector durante 17 años de la Universidad Anáhuac Mayab de Yucatán, fue denunciado por abuso sexual en Estados Unidos, dice el diario El País

MéRIDA (MEXICO)
Infolliteras [Mérida, Yucatán, Mexico]

January 17, 2020

By Eduardo Lliteras

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El sacerdote español José María Sabín Sabín, ex rector durante 17 años de la Universidad Anáhuac Mayab de Yucatán, fue denunciado por abuso sexual en los Estados Unidos en 2014. La persona de la que abusó, según la denuncia publicada por El País, es del sacerdote Vladimir Resendiz Gutiérrez.

Esto explicaría las razones por las cuales renunció repentinamente a dirigir dicha institución yucateca tras casi dos décadas. 

La Anáhuac Mayab –preferida entre la élite política y empresarial de Yucatán para enviar a sus hijos a estudiar y realizar donaciones de dinero- fue abandonada por José María Sabín Sabín a fines de 2014 de forma repentina, recuerda el diario español El País, en un artículo publicado recientemente (https://elpais.com/sociedad/2020/01/10/actualidad/1578683783_690053.html)

Sabín abandonó la Anáhuac, los Legionarios de Cristo y el sacerdocio y anunció que regresaba a su España natal sin dar a conocer los motivos, dice el diario español, aunque hay quien señala que sigue en Mérida viviendo y que está casado en la ciudad.

Dice El País: “La explicación tal vez pueda hallarse en la justicia de otro país. En 2016, un exseminarista presentó en Estados Unidos una demanda por abuso sexual contra José María Sabín, Marcial Maciel y Luis Garza Medina, sacerdote mexicano que era considerado la mano derecha de Maciel y arquitecto de la poderosa estructura financiera de la Legión de Cristo. El abuso que se denuncia en la demanda estadounidense, a la que tuvo acceso El País, se sitúa en el mismo escenario y en la misma época en que habría sido abusado Reséndiz, según sus antiguos compañeros: el seminario del Ajusco a principios de la década de los noventa. Según el documento, antes de acudir a la justicia, el demandante reportó lo sucedido ante la Legión en 2014: el mismo año que Sabín abandonó todo y se marchó a su país

Autoridades italianas confirmaron que Vladimir Reséndiz Gutiérrez, ex sacerdote mexicano, tendrá que pasar siete años en prisión por abusar sexualmente de dos menores de edad en 2008.

Cabe recordar que en diciembre, los Legionarios de Cristo reconocieron que 175 menores de edad han sido víctimas de abuso sexual, incluidos al menos 60 por el padre Marcial Maciel, en la congregación desde su fundación en 1941.

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January 16, 2020

Acusan a ex rector de universidad yucateca, por abuso sexual

MEXICO CITY (MEXICO)
La Verdad Noticias [Cancún, Quintana Roo, Mexico]

January 16, 2020

By Redacción La Verdad

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El ex rector de una universidad de Yucatán es señalado por abuso sexual cometido en contra de un compañero en la Legión de Cristo en México.

Un artículo publicado por ‘El país’ señala a ex rector de una universidad en Yucatán como responsable de cometer abuso sexual en contra de sus compañeros en la Legión de Cristo.

El artículo menciona que los sacerdotes de la Legión de Cristo que fueron acusados de cometer abuso sexual en contra de menores de edad habrían sufrido también abuso dentro de la misma congregación, en ese sentido Vladimir Reséndiz habría sido señalado como la víctima del ex rector de una universidad de Yucatán, José María Sabín Sabín.

Presuntamente el abuso entre los miembros de la Legión de Cristo es una dinámica muy común en la congregación, por lo que después de su detención, Reséndiz habló sobre el abuso que sufrió por antiguos compañeros ya que dice que era parte de la metodología.

‘Prepararte para el abuso, abusarte y volverte cómplice’, señalo Reséndiz.

Según el artículo publicado por ‘El País’, Cristián Borgoño fundó un grupo de Facebook para denunciar los casos de abuso sexual dentro de la Legión de Cristo y fue ahí donde señalaron al ex rector de una universidad yucateca de haber abusado de Reséndiz.

El presunto abuso sexual tuvo lugar en la Ciudad de México, alrededor de los noventas cuando ambos sacerdotes estaban en el seminario del Ajusco.

Reséndiz fue declarado culpable de abuso sexual en contra menores de edad, en marzo 27 del año pasado, en Italia.

A la acusación que hizo Borgoño, también se le suma que en 2016 se presentó una demanda por abuso sexual en Estados Unidos en contra de José María Sabín Sabín, Marcial Maciel y Luis Garza Medina; esta demanda la llevó a cabo un ex seminarista que previo a demandar, había reportado a la congregaciónen 2014 lo que sucedía.

Cabe mencionar que Sabín Sabín se retiró de la Legión de Cristo en 2014, mismo año en que abandonó la rectoría de la Universidad yucateca y se regresó a su natal España.

Cabe mencionar que Sabín Sabín se retiró de la Legión de Cristo en 2014, mismo año en que abandonó la rectoría de la Universidad yucateca y se regresó a su natal España.

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José María Sabín Sabín, acusado de abuso sexual por otro sacerdote

MEXICO CITY (MEXICO)
Jhonny Oliver Quintal [Mérida, Yucatán, Mexico]

January 16, 2020

By Johnny Oliver Quintal

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El español José María Sabín, quien renunció “misteriosamente” al ministerio sacerdotal y a los Legionarios de Cristo en septiembre de 2014 (antes fue rector durante 17 años de la Universidad Anáhuac Mayab de Yucatán) es señalado como uno de los sacerdotes que abusó de sus antiguos compañeros, como parte de una dinámica de la congregación.

  • El exrector de la Anáhuac Mayab participó en las llamadas “cadenas de abuso”.
  • En 2016, un exseminarista presentó en EEUU una demanda por abuso sexual contra José María Sabín, Marcial Maciel y Luis Garza Medina
  • En septiembre de 2014 renunció al ministerio sacerdotal y a los Legionarios de Cristo y casi inmediatamente, en noviembre, se casó, según, Legioleaks

Mérida, Yucatán.- El español José María Sabín, quien renunció “misteriosamente” al ministerio sacerdotal y a los Legionarios de Cristo en septiembre de 2014 (antes fue rector durante 17 años de la Universidad Anáhuac Mayab de Yucatán) es señalado como uno de los sacerdotes que abusó de sus antiguos compañeros, como parte de una dinámica de la congregación.


La respuesta a esta intempestiva decisión, según el periódico español EL País, es que en 2016, un exseminarista presentó en Estados Unidos una demanda por abuso sexual contra José María Sabín, Marcial Maciel y Luis Garza Medina, sacerdote mexicano que era considerado la mano derecha de Maciel y arquitecto de la poderosa estructura financiera de la Legión de Cristo.


Aunque hay otra versión, porque la demanda fue dos años después de su renuncia: Sabín se casó. Una ublicación, “Veritas Liberabit Vos”, dio a conocer en noviembre de 2014 comentarios recogidos en Legioleaks (un grupo de Facebook creado por exlegionarios para denunciar casos de abuso sexual) donde mencionan la salida de los sacerdotes de Legionarios de Cristo”.


–“El segundo hecho controvertido es la salida de José Leonardo Núñez Íñiguez. Es el segundo testimonio reciente (porque hay decenas). Algunos consideran que estas personas han decidido salir y por tanto tienen derecho a una vida privada. Hay quienes incluso consideran hostigamiento la falta de respeto por su decisión de cambio. Sin embargo quienes rasgaban sus vestiduras ante los comentarios por la boda de José María Sabín (otro hecho relativamente reciente) que salió de la Legión siendo rector de la Universidad del Mayab[5]) han tenido que callar ante los posibles verdaderos motivos[6] de su salida”.


Sabín nació el 28 de abril de 1958 y fue ordenado sacerdote el 24 de diciembre de 1987. Fue rector de la Universidad Anáhuac Mayab de 1995 a 2012. Fue Coordinador Local de Apostolados de la Legión de Cristo. En septiembre de 2014 renunció al ministerio sacerdotal y a los Legionarios de Cristo. En ese entonces la congregación difundió que la renuncia fue por cuestiones personales y que Sabín regresó a España.


El ex sacerdote figuró entre los 24 integrantes del equipo de transición del entonces gobernador electo Rolando Zapata Bello.


En Yucatán lidera un proyecto de siembra de chile habanero en una extensión de 11.5 hectáreas a cargo de la empresa Agricultura Abierta y Protegida de la Península, junto con Francisco Irazoqui Galaviz. El producto se exporta a Europa, Estados Unidos y en el mercado nacional.  

El Artículo de EL PAÍS

Un artículo de Georgina Zerega para El País asevera que “en mayo de 2019, cuando Ana Lucía Salazar denunció públicamente al sacerdote mexicano Fernando Martínez por haber abusado de ella en un colegio de los Legionarios de Cristo en Cancún, aún no sabía que él también había sido víctima de abuso. Dos meses antes, cuando la justicia italiana sentenció al exsacerdote mexicano Vladimir Reséndiz por abusar de dos niños, algunos de sus antiguos compañeros de la Legión se enteraron de que, antes de ser victimario, él había sido víctima de abuso. “Es parte de la metodología de la Legión: prepararte para el abuso, abusarte y volverte cómplice”, dice Erick Escobar, un exlegionario que se fue de ese movimiento para iniciar una lucha contra los casos de pederastia.


Recuerda que a fines de diciembre, la Legión de Cristo, una de las congregaciones más poderosas de la Iglesia católica, sorprendió al mundo cuando divulgó un informe en el que admitía 175 casos de abuso a menores dentro de la orden fundada por el sacerdote mexicano Marcial Maciel en 1941, gran parte de ellos cometidos por su propio fundador y desde el momento mismo de la fundación. 


Sin embargo, añade. lo más revelador no era la constatación de las vejaciones que habían sido denunciadas por distintas víctimas a lo largo de ocho décadas, sino aquello que el informe dejaba entrever: que la pederastia dentro de la Legión no era el resultado de la perversión de algunos sacerdotes, sino parte de una dinámica fundacional que alcanzaba a todos los niveles y que garantizaba espacios de poder a aquellos dispuestos a participar o a callar.
Serega recoge la versión de José Antonio Pérez Olvera, un abogado mexicano de 80 años que estuvo entre los primeros legionarios en denunciar abiertamente a Maciel (en 1997), explica que aquellos que habían sufrido abusos por parte de él solían ser premiados con cargos de poder.


Abunda que “La ruptura de este silencio en los últimos años ha permitido que exlegionarios puedan ir desentrañando las cadenas de abuso y complicidad dentro de la congregación. Eso ocurrió en marzo del año pasado, cuando la justicia italiana condenó al sacerdote mexicano Vladimir Reséndiz a siete años de prisión por abusar de dos niños. Cristian Borgoño, un exlegionario que se ordenó sacerdote junto con él, recuerda que tras la sentencia algunos antiguos compañeros le contaron que Reséndiz también había sido víctima de abusos por parte de un superior cuando estudiaba en el seminario del Ajusco, en Ciudad de México, a principio de los noventa.
Borgoño es uno de los fundadores de Legioleaks, un grupo de Facebook creado por exlegionarios para denunciar casos de abuso sexual dentro de la congregación y discutir la pederastia clerical. 


Borgoño atribuyó los abusos que había sufrido Reséndiz al sacerdote español José María Sabín, que fue rector durante 17 años de la Universidad Anáhuac Mayab de Yucatán, una de las instituciones de la amplia red educativa de la congregación, y que a fines de 2014 anunció repentinamente que abandonaba la Legión de Cristo y el sacerdocio y regresaba a su España natal sin dar a conocer los motivos.


La explicación tal vez pueda hallarse en la justicia de otro país. En 2016, un exseminarista presentó en Estados Unidos una demanda por abuso sexual contra José María Sabín, Marcial Maciel y Luis Garza Medina, sacerdote mexicano que era considerado la mano derecha de Maciel y arquitecto de la poderosa estructura financiera de la Legión de Cristo. 


El abuso que se denuncia en la demanda estadounidense, a la que tuvo acceso EL PAÍS, se sitúa en el mismo escenario y en la misma época en que habría sido abusado Reséndiz, según sus antiguos compañeros: el seminario del Ajusco a principios de la década de los noventa. Según el documento, antes de acudir a la justicia, el demandante reportó lo sucedido ante la Legión en 2014: el mismo año que Sabín abandonó todo y se marchó a su país. 


Los Legionarios fueron consultados por este periódico sobre las denuncias contra sus antiguos y actuales miembros, pero no respondieron a la petición.


El miércoles 8 de enero, la justicia italiana confirmó la sentencia contra el exlegionario mexicano Vladimir Reséndiz por abusar de dos menores en 2008, cuando era director de un seminario de la Legión de Cristo en el norte de Italia. “Cuando un sacerdote abusado tiene un cargo de poder, repite el mismo patrón y abusa de quienes tiene a cargo como abusaron de él sus superiores”, dice Escobar mientras repasa los rostros de seminaristas en viejas fotografías. “En la Legión te preparan para ser abusado”, concluye al artículo.

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January 15, 2020

El sacerdote que violó a niñas en Cancún y se declaró culpable, seguirá perteneciendo a los Legionarios de Cristo

MéRIDA (MEXICO)
Infobae [Buenos Aires, Argentina]

January 15, 2020

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Fernando Martínez Suárez aceptó su culpabilidad por delitos de pederastia, luego de esto, la congregación pidió perdón a las víctimas y al mismo sacerdote acusado por no haberlo ayudado cuando se revelaron los abusos que había perpetrado

La congregación de los Legionarios de Cristo informó que Fernando Martínez Suárez, quien se declaró culpable de delitos de abuso sexual contra menores de edad, ya no podrá ejercer el ministerio sacerdotal. Sin embargo, aclaró que el cura seguirá perteneciendo a la organización religiosa, con autorización de la Santa Sede.

“La Congregación de los Legionarios de Cristo ha informado hoy a sus miembros de que Fernando Martínez Suárez, que se reconoció culpable de delitos de abuso sexual contra menores de edad, resultado del proceso ante la Congregación de la Doctrina de la Fe, por el bien de la Iglesia (pro bono Ecclesiae) ha perdido el estado clerical y ya no podrá ejercer el ministerio sacerdotal, aunque, por decisión de la Santa Sede, sigue perteneciendo a los Legionarios de Cristo”, señaló mediante un comunicado. 

La pérdida del estado clerical implica que el sacerdote no podrá administrar los sacramentos, esto es, celebrar misa u oír confesiones, entre otros. Esta medida tiene algunas excepciones, como cuando alguien en peligro de muerte le solicita los sacramentos. La dispensa del celibato debe ser autorizada por el Papa.

Tras señalar como culpable a Martínez Suárez, la congregación pidió perdón a las víctimas y al mismo sacerdote acusado por no haberlo ayudado cuando se revelaron los abusos que había perpetrado.

“Como institución también pedimos perdón al P. Martínez por los abusos que él sufrió y por no haberle ayudado adecuadamente cuando salieron a la luz los abusos que él había cometido”, señala el documento.

“Los Legionarios de Cristo asumirán la responsabilidad de que Fernando Martínez lleve una vida que corresponda a su condición de religioso que ha perdido el estado clerical, y reafirman su determinación de recorrer el camino difícil y exigente de reparación y sanación”, afirmó la Iglesia.

En un informe del caso publicado, la congregación lamentó y condenó los actos cometidos por el padre Fernando Martínez Suárez, así como que se revictimizara a lo afectados y se cometieran errores en el proceso. Además asumen la responsabiliad quetuvo el fallecido sacerdote Marcial Maciel, líder de dicha congresación. 

“La investigación examinó la actuación de los superiores de la Congregación que en los distintos periodos trataron este caso y pudo constatar la responsabilidad personal del P. Marcial Maciel quien fue superior general hasta 2005”, añadió

“Además de abusar de nosotras, nos hacía ver los abusos de otras niñas”: el crudo relato de víctimas de un colegio de Legionarios de Cristo

Luego de que la orden de los Legionarios de Cristo presentó el pasado 22 de noviembre un comunicado en el que reconocieron los abusos sexuales cometidos por el sacerdoteFernando Martínez Suárez, exdirector del Instituto Cumbres, contra alumnas a principios de la década de los 90, las víctimas aseguraron que aún persiste el encubrimiento y omisiones de los actuales dirigentes.

En dicho comunicado titulado “Siempre a favor de las Víctimas”, se menciona que entre las acusaciones contra el sacerdote están el abuso de al menos seis niñas de entre 6 y 11 años que estudiaban en ese colegio, ubicado en Cancún, al sur de México, entre 1991 y 1993. El Instituto Cumbres es una organización educativa de la congregación fundada por Marcial Maciel en 1941.

Han pasado 26 años y María Belén Márquez, una de las víctimas, confesó en entrevista con el diario El País de España que no ha podido borrar de su memoria las vejaciones sexuales que tuvo que sufrir dentro de las instalaciones de dicho colegio. Lo que más retumba en su cabeza, cuenta, es la voz del religioso en la oscuridad; “Me decía: ¿Te gusta?, ¿te gusta? y yo callada”.

“Lamento que todo esto tenga lugar dentro de una congregación que actualmente está buscando una renovación y una purificación. El padre Fernando siguió ejerciendo su ministerio hasta el 2017”.

Belén Márquez es directora de la ONG católica “Misión Maya”. Desde que las denuncias salieron a la luz en mayo pasado, sufre ansiedad, culpa y rechazo a su cuerpo, los mismos síntomas cuando era niña y fue abusada.

Por su parte, Biani López Antúnez, otra de las víctimas contó: “Además de abusar de nosotras, nos hacía ver los abusos de otras niñas. Dejaba la puerta entreabierta y nos hacía sentarnos en primera fila y ver”.

De acuerdo con López Antúnez, además del de Martínez, sobresalió otro nombre: Aurora Moralesuna profesora que presuntamente las sacaba de clases y las dejaba en la oficina del abusador. La víctima no recordaba en principio a Morales, pero según relata, “vi su foto en internet e inmediatamente sentí miedo e inseguridad ¡Miedo, a mis 34 años!”, aseguró.

La hoy museógrafa, llegó al Instituto Cumbres a los ocho años de edad cuando estaba dirigida por Martínez Suárez, pese a que ya había tres denuncias por pederastia en su contra.“Ellos sabían perfectamente que estaban poniendo a un depredador sexual en mi colegio. Era totalmente prevenible”.

En mayo pasado, la conductora de radio Ana Lucía Salazar contó en sus redes sociales lo que había sufrido en manos de Martínez. El revuelo que causó la acusación de Salazar forzó a la orden religiosa a abrir una investigación interna, cuya conclusión fue presentada con el comunicado.

Por ello, la directora de la ONG católica “Misión Maya” reconoció que, a diferencia del proceso canónico, las leyes mexicanas no ayudan mucho a las víctimas porque los delitos de abusos de menores prescriben a los pocos años de cometidos. Sin embargo, están analizando con abogados la posibilidad de la denuncia penal por complicidad y encubrimiento de algunos miembros de los Legionarios de Cristo.

Martínez Suárez, actualmente de 79 años, vive en una casa religiosa en Roma , Italia. Entre las sanciones que le ha impuesto la congregación mexicana se encuentra la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal y se determinó que reciba un “acompañamiento psicológico adecuado”.

Este caso ha puesto de nuevo sobre la mesa los casos de pederastía en una de las órdenes religiosas con más poder en México. En 1997 varios exlegionarios apuntaron que Marcial Maciel así como otros sacerdotes en la congregación habían cometido abusos sexuales, acusaciones que el Vaticano ocultó por 70 años, según la denuncia del cardenal Joao Braz Aviz.

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“El Papa me ha derribado como ser humano”: víctima de los Legionarios de Cristo

MéRIDA (MEXICO)
La Silla Rota [Mexico City, Mexico]

January 15, 2020

By Redacción

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Ana Lucía Salazar, conductora de radio y TV, condena la decisión del papa Francisco de aceptar el retiro del sacerdote que abusó sexualmente de ella cuando era niña

Una burla, así calificó Ana Lucía Salazar la decisión del papa Francisco de aceptar el retiro del cargo clerical a Fernando Martínez Suárez, sacerdote de los Legionarios de Cristo que abusó sexualmente de ella a los 8 años de edad cuando él era director del Colegio Cumbres de Cancún, Quintana Roo.

“¡Me hubieran mandado una cuerda para colgarme en mi casa!”, escribió en la red social Twitter al recriminar el envío de una carta a nombre del papa Francisco en la que se prepondera “el bien de la iglesia, en lugar de las víctimas de violencia sexual clerical”, agregó Salazar.

“Su lugar debió haber sido la cárcel. Se retira a los 80, casi a los 81 años, eso no es un retiro voluntario. Es una jubilación prácticamente, es una mentira que la decoran y la matizan todo el tiempo y que la Santa Sede, porque ellos dicen que son palabras del Papa, me ha derribado a mí como ser humano, porque quiere decir que yo estoy muy por debajo de la institución”, expone la cantante y conductora de radio para Grupo Reforma.

“A mi nombre y a nombre de todas las niñas que fueron abusadas en aquel entonces en manos de este señor”, comienza la declaración de Ana Lucía del pasado 1 mayo, dentro del marco de denuncias del movimiento #MeToo. 

Fue en 1991, cuando la niña ingresó al Instituto Cumbres en Cancún, una escuela católica privada en la que, asegura, te siembran una veneración por los sacerdotes como si fueran deidades.

“No es cualquier cosa que el director del colegio te vea con buenos ojos. Te hacen sentir especial, te embaucan, y tú eres una niña tan inocente que no estás dimensionando el daño” escribía en mayo. Ella era una niña con problemas para socializar con sus nuevos compañeros.

El sacerdote había llegado a tierras quintanarroenses proveniente de Monterrey, sin embargo también estuvo en el Instituto Cumbres de la Ciudad de México, donde había abusado sexualmente de menores durante la década de los 80, por lo que tuvo que moverse.

En Cancún, Fernando Martínez abusó sexualmente no solo de Ana Lucía (entre 1991 y 1992), sino de varias niñas más. De acuerdo con Salazar, al menos hubo siete víctimas en su escuela.

“Yo soy una de esas víctimas que sale después de 20 años a señalar a su abusador. Sí existimos, sí somos reales, sí nos pasó. El Colegio conociendo los casos decidió callar, los padres de familias de las demás víctimas decidieron no creerle a sus hijas, pero yo conté con mis padres que siempre creyeron en mí y me validaron desde el primer momento”, cuenta.

De acuerdo con Juan José Vaca, una de las víctimas más conocidas de Marcial Maciel, el cura Martínez fue abusado sexualmente por el fundador de los Legionarios de Cristo.
Actualmente el ahora ex sacerdote se encuentra en retiro y reside en Salamanca, España.

LA CARTA

¡Venga tu Reino!
CONGREGATIO
LEGIONARIORUM CHRISTI
Roma, 13 de enero de 2020
Ana Lucia Salazar
México
Estimada Ana Lucía:
Le saludo desde Roma. El P. Eduardo Robles Gil, que se encuentra en
clercicios espirituales, me ha pedido comunicarle personalmente lo siguiente:
Esta mañana, Fernando Martinez Suárez fue notificado de que el Santo Padre
ha aceptado su petición de salida del estado clerical por el bien de la Iglesia
(pro bono Eclesiae). El hizo esta solicitud para buscar aliviar de algún modo
el sufrimiento causado a usted y a las demás víctimas. La Congregación para
la Doctrina de la Fe la sometió al Santo Padre después de un atento estudio
del caso.

El Santo Padre ha decidido que Fernando Martinez sigue pertencciendo a
nuestra Congregación. Asi aseguraremos que lleve una vida que corresponda
con su condición de religioso apartado del estado clerical, sin ministerio
sacerdotal alguno.
Vamos a informar de estas disposiciones a las demás víctimas que ya están
en contacto con nosotros y a los eclesiásticos mexicanos que han tratado el
caso a lo largo de los últimos meses. También lo daremos a conocer a los
miembros de la congregación y lo publicaremos en nuestra página de internet.
De parte de nuestro director general le confirmo nuestra determinación de
seguir recorriendo el camino de reparación y sanación.
Atentamente,
P. Andreas Schöggl, L.C.
Socretario general


El pasado 13 de enero Ana Lucía Salazar recibió una carta firmada por el secretario general de los Legionarios de Cristo, Andreas Schöggl en la que se le comunica que “el Santo Padre ha aceptado su petición (de Martínez Suárez) de salida del estado clerical por el bien de la Iglesia”.
“Desde el día 1 de mi comunicado, el día de 2 mayo emitieron un comunicado (Legionarios) en donde decían que el padre ya no iba a dar misas. Es una burla”, considera Salazar.
En adición, la carta enviada a la Ana Lucía precisa que el papa decidió que el cura que abusó de ella “sigue perteneciendo a nuestra Congregación. Así aseguraremos que lleve una vida (…) sin ministerio sacerdotal alguno”.
Ana Lucía Salazar responde: 

“¿Quitarle el derecho de oficiar misas?, tenemos que entender como sociedad que eso no es un castigo. A nadie que viole a un menor le quitan su cédula profesional. Tenemos muy mal establecido lo que es un castigo o lo que socialmente debe de ser una reprimenda.

“Rogelio Cabrera y Alfonso Miranda (respectivos presidente y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano) y el otro curita ya dijeron que eso no es de ninguna manera un privilegio, y a mí me parece que convivir en una congregación de millonarios viviendo en Europa, con todas las facilidades y las comodidades, es un privilegio porque su lugar y castigo debió haber sido la cárcel”, argumenta.

En este sentido, dice que esa es la razón por la que no ha presentado una denuncia ante la Iglesia católica. “Ellos no están articulados para atender a las víctimas como es debido”, concluye.

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January 8, 2020

Catholic Church Shields $2 Billion in Assets to Limit Abuse Payouts

MEXICO CITY (MEXICO)
Bloomberg [New York NY]

January 8, 2020

By Josh Saul

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Dioceses are aggressively moving and reclassifying holdings to shrink the value of their bankruptcy estates.

For most of the 20th century, the Catholic Church in the U.S. minimized the damage wrought by pedophile priests by covering up the abuse. When the bishop of the Davenport, Iowa, diocese was told in the mid-1950s that one of his priests was sexually abusing boys at a local YMCA, he kept it secret. “It is consoling to know that no general notoriety has arisen, and I pray none may result,” he wrote to a priest, capturing the strategy of the era.

Cover-ups worked when victims and their families could be intimidated or shamed into silence. But in the 1980s and ’90s, victims started filing civil lawsuits against the dioceses where the alleged incidents took place. Church leaders across the country kept these suits quiet by settling out of court and demanding nondisclosure agreements in return. Church leaders paid out about $750 million from the early ’80s through 2002, according to BishopAccountability.org, a nonprofit that tracks clergy sex abuse.

The veil of secrecy on these transactions was pierced when the Boston Globe published its investigations into church sex abuse in 2002, sparking public outrage at how clergy had protected their own. From 1950 to 2002, 4,392 priests were accused of abuse, according to a study by John Jay College of Criminal Justice.

The pace of lawsuits escalated as public awareness grew, and besieged church leaders looked to a new option: bankruptcy. When a church district that’s been sued files for Chapter 11 and then reaches a bankruptcy settlement, a percentage of its assets are divvied up by victims. Like Fortune 500 executives—and more recently the Sacklers, the family that owns OxyContin maker Purdue Pharma LP—church leaders see bankruptcy as an attractive solution because it provides a controlled process for settling a large number of lawsuits while holding on to as many assets as possible.

Another benefit is secrecy. Lawsuits and trials lead to testimony and publicity. Bankruptcy ensures a quieter mass settlement that forces an end to existing lawsuits and blocks new ones. “It provides a clean slate,” says Robert Kugler, a lawyer who represented abuse victims in the St. Paul and Minneapolis archdiocese. Dioceses have gone this route more than 20 times since 2004, when the Archdiocese of Portland, Ore., declared itself insolvent.

More dioceses are filing for bankruptcy now that rules are changing about how much time a victim has to sue over abuse. Seven states and the District of Columbia passed laws in 2019 that suspend the statute of limitations on civil sex abuse suits, and at least three other states are considering them. Known as “window statutes,” they’ve become popular in the wake of the #MeToo movement and public outcry over abuse by men in power. Until recently, only a half-dozen states had them. Window statutes caused churches to declare bankruptcy in San Diego, Wilmington, Del., and cities throughout Minnesota.

After New York state’s law went into effect in August, almost 430 sex abuse victims immediately filed lawsuits, most of them against dioceses. The diocese of Rochester declared bankruptcy in September; bishops in Brooklyn and Buffalo announced that theirs may soon follow.

In many cases, churches precede bankruptcy by transferring and reclassifying assets. The effect is to shrink the pot of money available to clergy abuse victims. That and Chapter 11’s universal settle­ments and protections from further claims have been an effective one-two punch for limiting payouts. A Bloomberg Businessweek review of court filings by lawyers for churches and victims in the past 15 years shows that the U.S. Catholic Church has shielded more than $2 billion in assets from abuse victims in bankruptcies using these methods. “The survivors should have gotten that money, and they didn’t,” says Terry McKiernan, president of BishopAccountability.org. “The Catholic Church has behaved like a business. It hasn’t behaved like a religion that lives by the rules it espouses.”

The unfolding of one diocese’s bankruptcy provides a road map for what may come as more go this route. The Chapter 11 filing of the archdiocese in Santa Fe shows how easy and routine it is to rejigger a balance sheet.

The archdiocese was facing a few dozen clergy abuse suits when it filed in December 2018, saying it was too poor to defend itself. The number rose to about 375 by the June 2019 deadline that the bankruptcy court had set for victims to file claims. New Mexico doesn’t have a window statute.

In court papers, the archdiocese reported owning $49 million in real estate, cash, and investments. That figure included its Albuquerque headquarters, corporate and municipal bonds, a half-dozen cars and pickup trucks, and an unspecified amount of gold and silver. By contrast, the church’s 1951 incorporation papers put its estimated value at $40 million, or $396 million in today’s dollars.

To arrive at that $49 million figure, church leaders said at least $178 million in cash and property associated with the archdiocese was owned by parishes or held in a trust or foundation and thus wasn’t eligible for inclusion in the estate. Lawyers for victims, saying there’s no real separation between the archdiocese and its parishes, argue that the $178 million should be included in the available funds. That would raise the value of the estate to as much as $227 million.

The church in Santa Fe began reorganizing in 2012. In November of that year, the business managers for the 90 or so parishes across northern New Mexico gathered in Albuquerque to be addressed by Tony Salgado, chief financial officer for the archdiocese. Salgado had called the meeting to explain to the managers how to incorporate their parishes separate from the archdiocese. “We got step-by-step instructions,” says Christine Romero, then the business manager for St. Anne parish in Santa Fe. The legal change would let the archdiocese assert that each parish was a distinct organization that owned its own property. Around the same time, records show, church leaders created the Archdiocese of Santa Fe Real Estate Corp. and began transferring hundreds of properties into it.

Romero says that when she raised her hand and asked how the separate incorporations would affect the parishes, Salgado said the move wouldn’t change day-to-day operations. “It’s just to protect us from the pedophile lawsuits,” he said, according to Romero. Salgado declined to comment.

Incorporating parishes separately allowed the archdiocese to take about $91 million off its books. The first $34 million came from moving 120 properties in Santa Fe, Taos, and other areas into a trust it says it holds on behalf of its parishes. The properties include churches, cemeteries, and a building with a cafe and a yoga studio. (The real value of the properties is likely much higher: The archdiocese assigned a value of zero for many of them, and for others it used the assessed value the local authorities assign for tax purposes instead of the appraised value, or what the property could be expected to command in a sale.) Another $57 million worth of property owned by the parishes, including cemeteries in Santa Fe and a mobile home in Taos where a priest lives, is held in a separate trust.

James Stang, lead lawyer for the alleged clergy abuse victims in the bankruptcy, wrote in a June court filing that the incorporations and transfers were made with the intent to “hinder, delay, or defraud” the claimants. J. Ford Elsaesser, an archdiocese lawyer, disputes accusations that the archdiocese shuffled assets to keep money from claimants. The relationship between the church and its parishes is like that between an adult child and an elderly parent who can no longer handle his affairs, he says: “The property is yours in name, but it’s not your money.” He says that bankruptcy is the best venue for settling large numbers of abuse claims in part because it makes for a fairer distribution of finite church assets, with all victims sharing the money in an orderly way instead of it being quickly scooped up by victims who file claims first.

Church officials also put close to $37 million in cash and investments into a Wells Fargo account that it says it controls but doesn’t own. Yet another pot of funds sits in the Catholic Foundation, which accepts donations to the archdiocese. The foundation has almost $50 million and dispersed about $1.8 million in 2019 to Catholic causes, including the training of new priests and the retirement of older ones. Church lawyers say the foundation is not part of the bankruptcy estate.

But victims’ lawyers say the foundation is listed as a “subordinate organization” of the archdiocese with the Internal Revenue Service, a designation it needs to be exempt from federal taxes, and its holdings should be included in the estate. “Let’s be very clear what this foundation is,” Stang said at an August hearing. “It’s the fundraising arm of the archdiocese.”

Incorporation documents for four parishes Businessweekreviewed show that the archdiocese has kept tight control. Salgado is listed as the point of contact for the parishes, and half of the board of directors for some parishes are listed as archdiocese staff. The articles of incorporation for each parish, which lay out corporate and tax information, can’t be changed without the arch­bishop’s approval.

Parishes continue to pay 12.5% of their Sunday collection plates to the archdiocese, according to a 2018 deposition from Father John Daniel, who at the time worked in archdiocese administration. Parish payments provided the vast majority of the archdiocese’s $6 million annual income, with the payments checked by auditors who report to Salgado, according to the deposition, which was taken as part of a sex abuse suit prior to the bankruptcy.

The largest bankruptcy settlement from an archdiocese came in the Chapter 11 filing of St. Paul and Minneapolis. The smallest was in Milwaukee.

When the Archdiocese of St. Paul and Minneapolis filed for bankruptcy in 2015, it said it didn’t own the parishes, the schools, or the 10 cemeteries within its territory. “They took a paintbrush and went to every cemetery and painted over the name ‘Archdiocese of St. Paul-Minneapolis,’ ” Jeff Anderson, a lawyer who represented abuse victims in that bankruptcy, said in a news conference at the time. Church leaders, claiming they’d fully disclosed all assets and cooperated with the bankruptcy court, said the archdiocese owned assets worth less than $50 million; lawyers for victims said the number was closer to $1.7 billion. The court never reached a consensus, but about 450 people got a total of $210 million—an average of about $467,000 each. Some of it came from church assets and some from insurance.

In Milwaukee, then-Archbishop Timothy Dolan sent a letter to the Vatican in 2007 asking for permission to shift almost $57 million into a trust fund earmarked for maintaining cemeteries. The letter appeared to acknowledge that the purpose of the move was to shield the assets. “By transferring these assets to the Trust, I foresee an approved protection from any legal claim and liability,” Dolan wrote. The Vatican approved the transfer, levying a tax of $100 for itself without explaining why. When Milwaukee’s church leaders declared bankruptcy four years later—Dolan was by then cardinal of New York—they claimed assets of $10 million to $50 million. Victims’ lawyers didn’t make their own estimate, but they fought successfully to include the cemetery trust in the estate’s assets. After a nearly five-year fight in which the Milwaukee archdiocese tried to get virtually all of the claims dismissed by a judge, about 350 victims got an average of $60,000 each.

As a very rough guide, an archdiocese in bankruptcy will settle with clergy abuse victims for roughly half the value of its estate. If the Santa Fe archdiocese settles for half the value of the $49 million it says it owns, the 375 victims will each get roughly $65,000, about one-fifth of the $300,000 they would get if the arch­diocese hadn’t taken $176 million off its ledger.

The difference matters. Victims of childhood sexual abuse face increased mental and physical health problems and lower lifetime earnings. The cost to a victim can be more than $280,000 over a lifetime, according to a 2018 study by the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. (The school is supported by Michael Bloomberg, founder and majority owner of Bloomberg LP, the owner of Businessweek.)

High rates of poverty and devout obedience to local priests left some New Mexico children particularly vulnerable. Mary, who asked that her full name not be used to protect her privacy, lives in Las Vegas, N.M. She says she was raped by Sabine Griego, a priest at Our Lady of Sorrows when she was 10. Griego pleaded not guilty to eight counts of child sex abuse and has a jury trial scheduled for June. The archdiocese has settled with at least 30 people who said he abused them as children, according to the Albuquerque Journal. Mary isn’t among them, but she’s listed as a creditor in the bankruptcy. The public defender representing Griego says the priest maintains his innocence.

The area around Our Lady is poor, with ramshackle trailers and yards full of junked cars, shopping carts, and firewood. Now 51, Mary lives not far from Our Lady in a home with a tall fence, a surveillance camera, and three pit bulls. “I’ll probably be seeing a therapist for the rest of my life,” she says. “What amount of money is going to give me my life back?”

Isaac Casados, another creditor, grew up in the small town of Española wanting to be a priest. Casados says that when he was a 10-year-old altar boy, fresh off his first communion at Holy Cross Catholic Church, Father Marvin Archuleta molested him. Archuleta was charged in February with raping a first-grade boy at Holy Cross in the mid-’80s; a jury trial is slated to begin in January. His lawyer denies that allegation and those of Casados.

Living now in Santa Fe, where he owns a small medical technology company, Casados, 38, suffered in the decade after he was abused from alcoholism and depression. He says he attempted suicide. “Money would have helped me find the resources to rectify the internal issues I was dealing with,” he says. After decades of listening to sermons about responsibility and honesty, he views the archdiocese’s financial restructuring as hypocritical. “They teach us not to lie,” he says. “Why are they willing to lie about their assets?”

Multiple victims’ lawyers say the Vatican guides the dioceses in both their financial reorganization and their positions regarding settlements. “All financial decisions, all strategic decisions, all decisions are made by the Vatican,” says Anderson, who’s represented clergy sex abuse victims for 37 years. “I’m in constant communication with lawyers who represent churches, and I know they are in touch with the Vatican.” John Manly, a lawyer who’s represented victims in 15 church bankruptcies, says he’s been in settlement negotiations in which bishops have told him they’re in touch with the Holy See. “I’ve had bishops say, ‘I can’t do this without Vatican permission,’ ” Manly says.

In late December, in a nod toward greater transparency, Pope Francis abolished the “pontifical secrecy” rule, which church officials had used to withhold information about sexual abuse from civil authorities. The Vatican didn’t respond to a request for comment for this story. A spokeswoman for the U.S. Conference of Catholic Bishops wrote in response to questions, “A decision on whether to seek Chapter 11 protection in a given case is the diocese’s alone.”

The Archdiocese of Santa Fe and victims’ lawyers started court-ordered mediation in September. Every church bankruptcy so far has ended in a settlement, but the aggressiveness of the archdiocese’s asset shielding has increased the possibility that there won’t be one this time.

At a court hearing in early December, the federal judge overseeing the case asked Stang if he was satisfied with how the mediation was going. The lawyer would only say he was committed to attending the next session, which is scheduled for early February. “A solution at present still appears elusive, and progress is slow,” the mediator wrote in a December progress report. Church leaders and lawyers across the country are watching the negotiations for guidance on how to approach their own potential bankruptcies.

If the archdiocese refuses to budge on its asset pool, then victims could refuse to settle, says Paul Linnenburger, another lawyer who represents clergy abuse victims. If that happens, there’s a risk for the archdiocese that the judge could lift the shield protecting it from lawsuits. That would open it up to trials and the possibility of enormous jury awards. Other possible scenarios include the archdiocese dragging out the fight until exhausted victims agree to a low settlement, as they did in Milwaukee, or the judge assigning an outside financial expert to untangle the archdiocese’s accounting and pressuring church leaders into a more generous settle­ment, as happened in San Diego.

However the fight in New Mexico concludes, nobody can bring new cases against the archdiocese for clergy abuse that happened before the bankruptcy. Many victims didn’t come forward in time to make the June deadline, say victims’ lawyers. “That will leave out a significant portion of people who are still too ashamed, too wounded, too fearful to come forward,” says Robert Weisz, a Santa Fe psychologist who’s treated clergy abuse victims for 15 years.

That doesn’t mean the archdiocese will necessarily be done with the issue. Hector Balderas, New Mexico’s attorney general, is disturbed about the archdiocese’s history of paying off victims and making them sign nondisclosure agreements to stay silent. In late 2018 his office demanded personnel and financial records related to clergy abuse, and his agents served search warrants at archdiocese headquarters. The investigation is ongoing, and Elsaesser says the archdiocese is cooperating.

One focus of the probe is whether church leaders paid off individuals to preserve their ability to raise money, Balderas says. He’s disturbed by church leaders who may have prioritized the wealth of the archdiocese over making victims whole. “The bankruptcy code should not be used to revictimize victims,” says Balderas, himself a former altar boy. “They are really just trying to shield assets.”

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December 11, 2019

Dios perdona, la Fiscalía también

MONTERREY (MEXICO)
El Aullido [Ciudad de México, Mexico]

December 11, 2019

By Ricardo Balderas

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“En el 2001 el papa Juan Pablo II dijo que los pederastas tenían que salir del ministerio, entonces di la disposición a la casa Alberione que no admitieran ningún sacerdote pederasta”, dijo Juan Sandoval Iñiguez en una entrevista para la agencia EFE. «Además, deben informar a las autoridades civiles para que investiguen al sacerdote: Tiene que hacerse, debe hacerse porque está mandado que se haga». Continuó el cardenal emérito a la pregunta de una periodista sobre, si los obispos cumplen con estas obligaciones (la de señalar presuntos casos de abuso sexual).

Pero la mano izquierda de Sandoval no parece saber qué hace la derecha. Mientras con una declaración habla de justicia, con sus actos siembra impunidad. 

La Casa Alberione en la que según el propio Sandoval Iñiguez, funcionó en Jalisco como refugio (“Centro de curación”) para curas acusados de pedofilia. Operó también durante su gestión sin que se presentaran denuncias para investigar a quiénes ahí residen.

El cardenal retirado desde 2011, señala en sus declaraciones que durante su mandato de 17 años —al frente de la Arquidiócesis de Guadalajara— afrontó “un solo caso” de pederastia clerical. Empero, de las palabras de Sandoval Iñiguez a la fecha, por lo menos tres casos de abuso sexual a menores fueron registrados en las portadas de diferentes medios de comunicación en los que curas aparecen como implicados. 

La Fiscalía General del Estado de Jalisco reconoció —Mediante la solicitud de transparencia e información pública, número de folio 014900817—, que jamás se inició con las averiguaciones pertinentes tras las acusaciones publicas de presuntos abusadores sexuales de menores en el estado.

Casa Alberione sigue operando aunque no es muy claro cómo. En su sitio de internet, los ministros de fe que la constituyeron, explican que siguen funcionando como un centro de rehabilitación (Sin especificar qué rehabilitan), además mencionan que se atienden “Enfermedades del espíritu” que conducen a desfases o desviaciones de la identidad.

“Alberione es un centro de rehabilitación voluntaria por quien se considera un paciente, y que deseando recuperar su equilibrio, quiera entregarse confiado a la profesionalidad y capacidad científica del Personal que lo atiende; sin dejar, desde luego, lo substancial, que es el toque de la Gracia Divina, del Amor y la Misericordia Suprema. 

Existen muchas enfermedades del espíritu en todos los seres humanos -y de ellas los clérigos no están exentos-, que conducen a desfases o desviaciones de la identidad y del comportamiento, sobre todo en estos tiempos en que es especialmente difícil dar testimonio de la fe”, se puede leer en la articulación de su sitio web.

La casa de los pecados

La Casa Alberione, ubicada en Tonalá, alberga hasta hoy a un máximo de 24 sacerdotes a quienes se da atención integral a problemas de alcoholismo y aun depresión. Tiene grandes espacios abiertos, una capilla, jardines, 20 habitaciones, canchas de basquetbol y futbol.

Su oficio data de hace más de 35 años, en 1989, cuando el entonces cardenal de Guadalajara Juan Jesús Posadas Ocampo (asesinado en 1993 en el aeropuerto de esta ciudad) encomendó al párroco y posteriormente obispo de Colima, Marcelino Hernández Rodríguez, encabezar el programa Génesis para Sacerdotes.

En 2016 fue el cardenal Juan Sandoval Íñiguez reveló a la agencia española EFE que en el lugar también se dio albergue a curas ligados a abusos a menores.

Los casos

La secrecía de los hombres de fe es su carta de presentación y las autoridades como si fuesen impolutas procesan sólo a quienes caen en la exposición. Rueguen por ellos los pecadores hasta la hora del escarnio público.

Primer caso. El 29 de junio Francisco Javier García estaba siendo procesado por la Fiscalía General de Jalisco. El sacerdote habría aprovechado la amistad con la familia de una niña de 11 años a quien atacó sexualmente mientras dormía. 

El presunto violador había amenazado con agredir también a su hermanito, y fue semanas después de la agresión cuando la pequeña confesó a su madre lo sucedido. Hacerlo público fue la única salida de la infanta.

Caso dos. Ni La Generala pudo salvar a sus corderos. En la finca número 661 El Terciario, también conocida como Casa San Roque en Zapopan, se habían ganado una estancia perpetua en el Tártaro. El semanario Proceso documento en 2016 la denuncia por abuso de María del Rocío Cázares Tamayo, la señora acusaba al cura Francisco Nariz Fernández de haber abusado sexualmente de ella cuando era una niña, hizo lo propio en la Fiscalía General, pero al no recibir celeridad en el caso, acudió a los medios de comunicación.

La denuncia quedó registrada con la averiguación previa 4421/2014, dos años después tendría el valor de hacer público su caso. 

Aseguró el obispo de Aguascalientes que el prelado abusador sexual se había rehabilitado. A pesar de haber pasado años preso por abusar sexualmente de un monaguillo Alejandro Cervantes Gallardo regresó.

Caso tres. El Obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez, rechazó en un principio decir para el diario Reforma, a dónde habían escondido a un clérigo —Que según él había sido curado—: ”Está en una parroquia de aquí y no, no les voy a informar de eso», comentó.

Después de ser liberado, el pederasta pasó un tiempo «rehabilitándose» en Guadalajara y desde hace un par de años funge como vicario en esta comunidad del municipio de Ojuelos, donde oficia misas de martes a domingo, a las 19:00 horas. 

Debido a su «rehabilitación, el Obispo Ramón Godínez negó que en la comunidad de Matancillas en Jalisco (de alrededor de 10 mil habitantes).

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December 1, 2019

Victim ignored by bishop today pushes Mexican Church on reform

HERMOSILLO (MEXICO)
Crux [Denver CO]

December 1, 2019

By Inés San Martin

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ROME/MEXICO CITY – From the time she was 10 until she turned 17, Maria says she was sexually abused by a priest in San Ambrosio in the Mexican state of Sonora. Years after the local bishop refused to investigate her allegations, her abuser was finally removed from the clerical state.

For the past two years, she’s been asked by several abuse prevention experts to share her story, including before several hundred South American bishops.

(“Maria” is not her real name. Although she identifies herself by name in various Church settings focused on prevention, she requested her name not be identified in print as she has two children and, in a city as small as hers, she prefers discretion.)

Her tale can only be defined as gut-wrenching: She was a child when the abuse began, she says, and “it was a Calvary that lasted seven years.”

“I don’t remember any treatment from the parish priest towards me other than abusive, in every sense of the word,” she told Crux. “Internally, I tried to project a paternal image onto him as he told me with his mouth that he ‘loved me’ and that he would never harm me. [It was] an image distorted in the perverse eyes of that man who, at the same time, hurt me with his hands.”

The details of the abuse, including its frequency and nature, are things she said she’s trying to leave behind, so she avoided going into them during a conversation with Crux in Mexico City in November.

But when she addressed the bishops of a Central American country last year at the request of a Vatican official, no one questioned what had happened to her. Nor did anyone challenge her when she talked to the Mexican bishops’ conference during a general assembly.

Her abuser, she said, was Alfredo Rosas, who was removed from the clerical state in 2015. But getting there wasn’t easy.

She said the second man who hurt her, the one who ignored her allegations saying that he needed “a second case to act,” Bishop Felipe Padilla Cardonastill heads the diocese of Ciudad Obregón, where, accompanied by her mother, Maria first filed an allegation several years ago.

Today when she speaks, she focuses on the cover-up and neglect she ascribes to Cardona, who, she said, had a “cold, rigid face, with a permanent frown” when he heard the allegations.

The prelate’s response was a Gospel quote, apparently blaming her for the abuse: “You must be innocent as a dove, but wise as a snake, [because] you are beautiful.”

“I felt like I was completely alone, that I had come to the bishop with one problem and that I was leaving with two,” she said. “I felt like I had arrived looking for hope and justice, and instead I was being judged for my physical aspect, which, in the eyes of my bishop, was responsible for what had happened to me.”

She promised herself never again to seek help from the Church.

Months after going to Cardona, she began studying Sciences of Family in the John Paul II institute in the state of Monterrey.

“Being a multidisciplinary, completely anthropological subject, my internal situation was present in every lecture,” she said. “I tried to look for therapeutic help, but regrettably I was unable to find the right people.”

In April 2014, she had the “grace” of traveling to Rome for the canonizations of St. John Paul II and St. John XXIII. As she would later put it, “the popes answered my prayers, they saved my life.”

On the eve of the canonization Mass, Maria and the group she was traveling with met with Mexican Father Miguel Funes, at the time an official of the Vatican’s Congregation for the Doctrine of the Faith. Among other things, it’s the office that handles cases of clerical sexual abuse of minors.

That meeting, Crux was able to confirm, wasn’t a coincidence.

The group shared a meal with Funes, during which one of the pilgrims told the priest that she believed “the people who are abused do something to be abused.”

This caused Maria to snap: “You are wrong, I did absolutely nothing to be abused,” she recalled saying. Funes approached her, and the two talked for hours.

“He played a key role in my reconstruction of a loving image of God, an image that had been damaged every time I saw my aggressor consecrate with the same hands with which he hurt me during seven years,” she said.

After going back to Mexico, a priest by the name of Charles Carpenter, originally from the United States but who has been in the diocese of Ciudad Obregón since 1978, and a lawyer both reached out to her. They guided Maria through the canonical process that had informally started when Funes spoke with her in Rome.

“My aggressor confessed the abuses,” she said. “His words were, textually ‘Yes, I did it, but I never thought I was causing so much pain’.”

“In January 2015 I received a call from Cardona,” the bishop who had ignored her when she was first strong enough to speak up. “He informed me that Alfred Rosas had been removed from the clerical state. Very gracefully, he read the decree in Latin.”

Despite many moments of what she called “spiritual darkness,” Maria today is strong in her faith. She told Crux that she saw it as a “gift from the crucified Christ” revealed to her “in innumerable spiritual experiences that the pain of flagellation is the same pain he felt each time I was abused.”

“I went through some hard times during which I was angry with God, with Mary, with the Church,” she said. “I had to question, shout, demand, tear myself up in front of an image of the risen Christ, in front of the Holy Sacrament.”

Despite the mistreatment she received from Cardona, today she’s thankful for several members of the clergy, including Funes; Carpenter; Spanish Monsignor Jordi Bertomeu, another CDF official who played a key role in documenting the scandals of the Catholic Church in Chile; Fathers Daniel Portillo and Hans Zollner, directors of the centers for child protection in Mexico’s Pontifical Catholic University and Rome’s Pontifical Gregorian University; and Mexican Archbishops Alfonso Miranda and Rogelio Cabrera.

Portillo, Zollner, Cabrera and Miranda were all speakers in a Nov. 6-8 seminar on the protection of children in Latin America, where the inaction of many members of the hierarchy was denounced, in front of some two dozen bishops participating.

“We bishops need to acknowledge the mistakes of the past: we weren’t conscious of the seriousness of the issue, and the solutions we gave weren’t the right ones,” said Cabrera, of Monterrey, president of the Mexican bishops’ conference and treasurer of the Latin American Conference of Bishops (CELAM), during the conference.

Every bishop who’s been a bishop for more than 10 years, he said, “has to confess that our solutions were not the best.”

According to Portillo, who organized the seminary, there are churches in Latin America that are “doing nothing” when it comes to protecting children from abuse.

“Even today, it is shameful to know that there are countries that have done nothing,” he told Crux. “That is, absolutely nothing. They have not begun to generate awareness, nor have they begun to recognize the damage we have caused nor the guilt we have that we are not thinking about what we can do to address this.”

During the conference, no one challenged Bishop Luis Manuel Alí Herrera, an auxiliary of the Archdiocese of Bogota and a member of the Pontifical Commission for the Protection of Minors when he said that the entire region has basically done “nothing.”

“We’re in 2019, and in some places and spaces of our Church, nothing is happening,” he told the conference.

Some 400 people took part in the seminar, and no one challenged Cabrera’s or Miranda’s allegations. If nothing else, several confirmed them.

At least three high-ranking Church officials in attendance told Crux that in Mexico, 50 percent of the local episcopacy is guilty of at least mismanaging allegations if not actual criminal cover-up.

When Crux asked about Cardona’s situation, one expert said he’s among many concrete cases that make the implementation of Pope Francis’s Vos estis lux mundi, known in English as You are the light of the world, difficult.

The May 9, 2019 law establishes new procedural norms to combat sexual abuse and to ensure that bishops and religious superiors are held accountable for their actions. It stipulates that when a bishop is accused of mishandling an abuse allegation case, his superior- or the metropolitan archbishop of his jurisdiction- has to investigate the accused bishop.

“It’s impossible to implement it in Mexico,” a Mexican participant in the seminar told Crux. “How can you expect for bishops to police bishops when here, most of those who don’t have a skeleton in their closets, actually have a dead body?”

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November 23, 2019

Priest abused by head of Catholic order abused at least 8 girls aged 6-11

MéRIDA (MEXICO)
Mexico News Daily

November 23, 2019

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Fernando Martínez abused girls in Mexico City and Cancún and was a victim of the head of the Legion of Christ 

A priest abused as a teenager by the founder of the Legion of Christ Catholic order himself went on to abuse children in at least two cities in Mexico.

Fernando Martínez Suárez admitted to having sexually abused at least eight girls aged 6 to 11 between 1990 and 1993 at the Cumbres Catholic Institutes in Mexico City and Cancún.

As a result of an investigation by the sexual abuse prevention organization Praesidium, the Legion of Christ admitted to being aware of a number of acts of sexual abuse by Martínez.

It stated that the mother one victim accused Martínez of having abused her daughter in 1990 in Mexico City.

The priest admitted to having abused the girl and was suspended from his religious duties as a result, only to be moved to another city by his superior and founder of the order, Marcial Maciel.

He sent Martínez to the Cumbres Institute in Cancún, despite the priest’s request that he not be assigned to the post.

“I do not feel physically, spiritually or morally firm enough to accept such a responsibility with all of the recent precedents,” Martínez is reported to have said.

The priest was placed in the school anyway, and went on to abuse at least seven girls between 1991 and 1993. Six of the cases were fully documented, but Martínez admitted to having abused a seventh girl as well.

The Legion of Christ admitted Maciel himself had sexually abused Martínez in Spain and Italy in 1954 when he was 15 years old.

“Although he knew that Father Martínez had in turn abused others, Maciel decided to move him from one place to another and, ignoring the reservations from the regional superior and the priest’s own request, he named him director of the school in Cancún,” the Legion of Christ said in a statement.

“The community and the school were not informed of Father Martínez’s abuse. Thus, Martínez committed acts of abuse in at least two different places.”

When once again informed of Martínez’s actions in 1993, Maciel relieved him of his post in Cancún and moved him to an administrative position in Salamanca, Spain. It is not known if Martínez continued to commit acts of sexual abuse after the move.

The Mexican-born Maciel founded the Legion of Christ in 1941 and remained its general director until 2005 when he was forced to step down due to accusations of sexual abuse. There were suspicions over the latter going as far back as 1941, and he was investigated between 1956 and 1959, but nothing came of the investigation.

After Maciel died in 2008 it was revealed he had had relationships with at least two women and fathered as many as six children. He is alleged to have abused two of them.

Mexico has been identified as the country with the highest incidence of child sexual abuse by priests in Latin America. According to the Child Rights International Network (CRIN), there have been 550 complaints of sexual abuse against the Catholic Church in Mexico in the last decade.

Source: Milenio (sp)

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November 22, 2019

Prohíben a sacerdote oficiar misa de por vida; abusó de 8 niños

MéRIDA (MEXICO)
Excelsior [Mexico City, Mexico]

November 22, 2019

By Héctor Figueroa

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Los Legionarios de Cristo hicieron públicas las investigaciones realizadas al religioso Fernando Martínez Suárez

CIUDAD DE MÉXICO

La congregación de los Legionarios de Cristo hizo pública este viernes una investigación al sacerdote Fernando Martínez Suarez, realizada como auditoría externa por la agencia Praesidium Inc., la cual lo encontró culpable de abuso sexual de por lo menos ocho menores entre 1990 y 1993.

Este es el caso más grave en la congregación luego de que se comprobaran hace más de una década los abusos sexuales y psicológicos realizados por el padre Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo en contra de integrantes de la asociación religiosa.

Tal como ocurrió con Maciel Degollado, los Legionarios de Cristo determinaron con sanción a Martínez Suárez la prohibición a oficiar misa de por vida y someterse a las sanciones civiles y penales que correspondan. 

“Partiendo de las recomendaciones de la agencia Praesidium, la congregación se compromete a buscar activamente la reconciliación con todas las víctimas de este caso; colaborar con las instancias civiles y eclesiales.

“Que el P. Martínez no tenga ningún ministerio sacerdotal público; una formación adicional para que los superiores sepan atender a víctimas y denunciantes en el contexto de la aplicación de los estándares de ambientes seguros”, dice el informe.

Los Legionarios de Cristo, de acuerdo con sus nuevos estatutos aprobados por El Vaticano y vigentes desde septiembre pasado, están obligados a hacer públicos este tipo de casos de abuso, resarcir los daños y denunciar ante las autoridades civiles.

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November 11, 2019

Carlos Castillo aseguró que él mismo pidió a los padres que denuncien a un corista por presuntos abusos

TIJUANA (MEXICO)
El Vocero [Mazatlán, Sinaloa, Mexico]

November 11, 2019

By Redacción

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El sacerdote Carlos Castillo explicó en el noticiero local la situación en relación a las acusaciones de presunto abuso por parte de un colaborador de la parroquia. Negó que hayan ocurrido en el templo y detalló los procedimientos que realizó de acuerdo al protocolo y aseguró haber sido quien pidió a los padres que realicen la denuncia en sede judicial.

Tras el escándalo que se había generado por la publicación que involucraba supuestos casos de abuso por parte de un colaborador del coro de la parroquia Señor del Milagro, el sacerdote Carlos Castillo, aclaró la situación en la edición de hoy del noticiero de Spacio TV conducido por Rodrigo García que entrevistó al párroco.

“Han acusado padres de unas niñas a una persona que tocaba la guitarra en un colegio, en la parroquia y en Fátima y vive y es oriundo de la Villa San José, así que estábamos todos tocados por lo que pasa”, dijo el sacerdote al tiempo que aclaró que “la información que salió en este portal, según la realidad de los hechos, es tendenciosa y hasta tiene mentiras graves”.

“Primero no es un escándalo de la parroquia sino alguien que en algún momento estuvo aquí y prestó un servicio. Aquí con los protocolos que tenemos en la iglesia, nunca estuvo solo con chicos, siempre estuve yo y siempre en la iglesia, nunca fueron al santísimo, ni a la sacristía y todos los procedimientos que realizamos estuvieron protocolarizados”, aclaró.

Castillo dijo: “me involucran a mí como hablando con los chicos, yo recibí a dos padres de dos nenas que habían tenido en una clase particular con este señor, un presunto. Mi reacción fue pedirles que hagan la denuncia judicial y en esa nota del portal dice que yo hablé con las nenas, y sé quiénes son, pero no las conozco, es decir nunca las confesé ni tuve trato, yo solo me enteré por los padres a quienes les dije que por favor hagan la denuncia judicial”.

Cuando el periodista le consultó en relación a los términos supuestamente usados sobre “perdonar y callar”, el sacerdote Castillo explicó: “durante las misas del sábado y domingo, el evangelio era sobe la negación de la resurrección y una de las enseñanzas que le deja a la gente es que nunca tenemos que confundir el mensaje evangélico de Cristo de perdonar con un crimen. Cuando se comete un delito no hay que perdonar, tiene que haber justicia porque hay víctima. Jesús no se refiere a la inmunidad, impunidad o a que haya alguien que se libre de la Justicia. Está hablando del corazón que tenemos que convertir para poder ser cristianos”.

En relación al protocolo que hace referencia, Castillo señaló que “los protocolos, no son situaciones que surgen espontáneamente, son la reacción de la iglesia luego de años de delitos que ocurrieron dentro de la iglesia con sacerdotes delincuentes y miembros que fueron dañando tanto. Antes de Juan Pablo II se buscaba que los sacerdotes se convirtieran para poder ir al cielo, pero con Juan Pablo II empezó la noción que lo importante es la víctima, entonces al sacerdote ya no se lo traslada o se lo manda a hacer retiro para convertirse, sino que se lo denuncia. Los protocolos que hoy tenemos, son como los protocolos médicos cuando surge alguna enfermedad. Cuando hay cólera que hay que hacer: lavarse las manos, hidratarse, aislar a los pacientes entre otras cosas, pero eso se hace luego de la experiencia. En el caso de la iglesia buscamos prevenir situaciones donde alguien enfermo al que no podemos controlar porque no somos adivinos, no tenga facilidad para hacer las cosas, por ejemplo, decirle a los chicos, como paso en un colegio parroquial donde un docente les dijo por favor no le cuenten a sus padres, eso de guardar el secreto y no decirle a nadie, es un delito sancionable por la iglesia y denunciable ante el Poder Judicial”.

Agregó: “tenemos protocolos donde frente a un padre que te dice abusaron de mi hija, y no la quiero exponer, entonces yo te digo vamos a labrar un acta donde dice yo como párroco qué es lo que te aconsejo, porque no puedo hacer la denuncia porque el hecho no fue en mi parroquia ni en ninguno de los colegios. Yo solo sé que abusaron de tu hija por lo que te contó tu hija y en sede judicial eso no tiene valor”.

En relación  a este caso puntual, el sacerdote sostuvo: “aquí tengo todo lo que fui registrando para cuando me consulten pueda responder. Es un informe que le presento al obispo en junio de 2018 y cuando surge la segunda denuncia en mayo de 2019. En la primera denuncia fue un papá amigo mío que me comentó y dijo que no se hace nada a pedido de él. Hablé con el padre Margariti y le expreso mi total disconformidad con esto y me pide que le pida al padre que realice la denuncia. Respeto a voluntad del papá solo sé lo que pasó, porque él me lo contó pidiéndome expresamente que no lo revele”.

“Cuando viene una mamá un año después – sigue el relato – y me dice que hay otro caso de abuso. Hablo con el otro papá y le dije que hay dos casos por lo que le mando al obispo una carta donde decía que las familias aman a la iglesia y no quieren causarle daño, sin embargo sin restricciones de sigilo como en el primer caso, la dimensión del daño que está siendo provocado es tal que una de las víctimas no quieren venir a la iglesia hasta que este sujeto no se vaya. La presenté y quedó a total disponibilidad de lo que usted sugiera y no soporto no hacer nada”.

Siguiendo con el relato explicó que “el obispo vino al otro día y le pidió a los padres que hagan la denuncia y que este sujeto no esté más en el coro. El 25 de julio recibí en mi despacho y me puso en conocimiento de un presunto abuso sexual que habría sufrido su hijo, donde se le instó a hacer la denuncia, cosa que no quiso hacer, pero ya estaba el compromiso de sacar al sujeto del coro de la iglesia y de los colegios parroquiales, y está todo firmado”.



            

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November 1, 2019

Sacerdote violó durante un lustro a un monaguillo en Chihuahua; ocho años de cárcel lo esperan

CHIHUAHUA (MEXICO)
Telemundo [Miami FL]

November 1, 2019

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Ramiro Plascencia abusó de uno de sus monaguillos de la iglesia de la Natividad de María, situada en la colonia Villahermosa durante cinco años, desde que el menor tenía 11 años de edad.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El sacerdote Ramiro Plascencia González es sentenciado a ocho años de prisión por cometer violación agravada durante cinco años a un niño en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Ramiro Plascencia abusó de uno de sus monaguillos de la iglesia de la Natividad de María, situada en la colonia Villahermosa durante cinco años, desde que el menor tenía 11 años de edad.

El acusado fue capturado a través de una orden de aprehensión desde el pasado mes de abril por las agresiones sexuales que ocurrieron entre los años 2007 y 2011.“La representación social desahogó ante un Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, el material incriminatorio que recabó a través de dictámenes médicos, psicológicos y entrevistas, el cual fue suficiente para que iniciarle un proceso penal, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar dos meses para el cierre de la investigación”, detalló la Fiscalía de Distrito Zona Norte de Chihuahua.

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Condenan por violación a sacerdote de NCG

CHIHUAHUA (MEXICO)
Norte Digital [Tijuana, Baja California, Mexico]

November 1, 2019

By Carlos Omar Barranco

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Abusó sexualmente de un niño de 11 años, que lo denunció años más tarde 

El sacerdote Ramiro Plasencia González, de 41 años de edad, fue sentenciado a 8 años de prisión por abusar sexualmente de un menor de edad dentro de las instalaciones de la parroquia María Madre, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la investigación, la víctima tiene actualmente 23 años de edad, pero los abusos fueron cometidos desde que tenía 11 y hasta que cumplió los 14 de años de edad.

“La carpeta de investigación tiene entrevistas dictámenes médicos y sicológicos y entrevistas que señalaron que Plasencia González sometió al afectado en la parroquia María Madre y domicilio particular del hoy
sentenciado”, señaló la Fiscalía en un boletín emitido este jueves.

Después de la detención de Plascencia ocurrida en la segunda quincena de abril de este año, la diócesis de Nuevo Casas Grandes advirtió que ya no ejercería su ministerio hasta que se comprobara la verdad del hecho.

En esa misma fecha se difundió información en medios nacionales sobre que el hoy sentenciado enfrentaba una segunda acusación de otra víctima, que lo acusó formalmente de abusar de él en un hotel de paso.

De este segundo hecho la Fiscalía no ha informado en que etapa del proceso se encuentra.

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October 31, 2019

Sentencian a sacerdote a 8 años de prisión por abuso sexual

CHIHUAHUA (MEXICO)
Excelsior [Mexico City, Mexico]

October 31, 2019

By Carlos Coria Rivas

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El sacerdote sometió a la víctima durante 5 años, de acuerdo con evidencia recabada por las autoridades; además, deberá pagar 9 mil 600 pesos por reparación del daño

Un sacerdote que durante 5 años abusó sexualmente de sus monaguillos, fue sentenciado a 8 años de prisión, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

El imputado, es el sacerdote Ramiro Plascencia González, quien, de acuerdo a la carpeta de investigación, violentó a su víctima desde los 11 años de edad, del 2007 al 2011.

Hoy, el acusado recibió una sentencia de 8 años de prisión por el delito de violación agravada, según acreditó el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en Ciudad Juárez.

Las evidencias probaron que el sacerdote agredió en múltiples ocasiones a un menor de edad, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, desde el 2007 al 2011.

Por ello, un Juez de Control, impuso la sanción en contra de Ramiro Plasencia González, luego de ver que en carpeta de investigación se tienen entrevistas, dictámenes médicos y psicológicos, que señalaron que el sacerdote sometió al afectado en la parroquia María Madre y en el domicilio particular del hoy sentenciado.

El agente del Ministerio Público desahogó el material incuestionable que valoró el juzgador, quien además le impuso un pago de 9 mil 600 pesos de reparación del daño.

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October 16, 2019

El obispo y el pederasta

GUADALAJARA (MEXICO)
El Respetable [Guadalajara, Jalisco]

October 16, 2019

By Roberto Castelán Rueda

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El 3 de julio de 2015, cientos de fieles acudieron a la iglesia catedral de Autlán para despedir a Gonzalo Galván Castillo quien hasta el 25 de junio había sido su obispo durante diez años. Para los feligreses, algunos políticos y medios de comunicación, el ahora ex-obispo de Autlán, se despedía entre muestras de amor…

El 3 de julio de 2015, cientos de fieles acudieron a la iglesia catedral de Autlán para despedir a Gonzalo Galván Castillo quien hasta el 25 de junio había sido su obispo durante diez años.

Para los feligreses, algunos políticos y medios de comunicación, el ahora ex-obispo de Autlán, se despedía entre muestras de amor y agradecimiento por los fieles del obispado. Para otros, envueltos en un pesado silencio, la renuncia del obispo, aceptada por el papa Francisco, fue motivada por las acusaciones que pesaban en su contra por encubrir actos de pederastia en su diócesis.

Ahora, cuatro años después, las sospechas como encubridor de pederastas cobran sentido: el 2 de octubre de este 2019, el Vaticano difunde la sentencia en donde encuentra responsable al sacerdote de Autlán de Navarro José Guadalupe Santos Pelayo, “del delito contra el sexto mandamiento del decálogo en agravio de un menor de edad”, por lo que fue excomulgado y separado de la iglesia.

La excomunión del Vaticano en contra del sacerdote José Guadalupe Santos Pelayo, advierte que el sacerdote queda impedido para oficiar misa o ejercer cualquier otro tipo de actividad eclesiástica. La sentencia es muy clara: en pocas palabras, el sacerdote Santos Pelayo queda completamente fuera de la Iglesia Católica por pederasta.

Sobre este sacerdote pederasta, pesaban serias acusaciones desde hace muchos años, las cuales se acrecentaron cuando fue sacerdote de Unión de Tula. Ante las acusaciones y reclamos de los feligreses, el ahora ex-obispo de Autlán, decidió protegerlo cambiándolo de parroquia y alejándolo de las actividades de la diócesis.

El ahora ex-sacerdote Santos Pelayo incluso llegó a habitar la famosa Casa Alberioni, en Tlaquepaque, lugar de reposo, desintoxicación y albergue refugio para sacerdotes alcohólicos, drogadictos y pederastas.

El mecanismo seguido por el ex-obispo de Autlán Gonzalo Galván Castillo, no es nuevo y es frecuentemente utilizado por varios de los obispos en México y el mundo: cuando un sacerdote de su diócesis es acusado reiteradamente, subrayo la palabra reiteradamente, por sus feligreses, de delitos graves como la pederastia, “contra el sexto mandamiento del decálogo en agravio de un menor de edad…” según la sentencia del Vaticano, los obispos en lugar de denunciar al sacerdote pederasta, lo cambian de parroquia como una forma de tranquilizar a los feligreses.

Con este mecanismo como solución, los obispos envían el problema a otra parroquia o a otra diócesis, porque es lógico que el sacerdote pederasta no va a cambiar sus hábitos, aún pasando por casas de rehabilitación como la Casa Alberioni, y continuarán siendo pederastas en la diócesis que los reciba.

Un sacerdote pederasta es un depredador. 

Normalmente hace de la violación de niños bajo su confianza una práctica habitual, común, por lo que es muy difícil saber de cuántos casos “en contra del sexto mandamiento del decálogo…” fue acusado y sentenciado por el Vaticano, el ex-sacerdote Santos Pelayo.

De este caso, de los pocos que se ventilan y juzgan por el Vaticano, surgen dos dudas: la primera ¿El Vaticano persigue y sentencia a los sacerdotes pederastas pero no a los obispos que los encubren? 

Y la segunda: ante la condena vaticana contra el ahora ex-sacerdote Santos Pelayo ¿la fiscalía del estado de Jalisco no va a actuar?

Un sacerdote pederasta es un depredador y es muy difícil que suspenda o disminuya el nivel de su perversión a la que está acostumbrado. Santos Pelayo dejó de ser sacerdote, pero sigue, sin ninguna duda, siendo pederasta. 

Hasta que la fiscalía haga su trabajo. Lo cual se ve muy difícil.

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October 6, 2019

Sentencia de excomunión a sacerdote acusado de abuso contra menor se realizó en Autlán

GUADALAJARA (MEXICO)
El Occidental [Guadalajara, Jalisco, Mexico]

October 6, 2019

By Rosario Bareño

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El Papa Francisco, en su momento confirmó esta sentencia contra el sacerdote José Guadalupe Santos Pelayo

Rosario Bareño | El Occidental

El proceso del Sacerdote José Guadalupe Santos Pelayo, acusado de abuso sexual contra un menor de edad, “no se llevó aquí, sino en Autlán y la Santa Sede, una vez que se concluyó y se dio sentencia ,a mí sólo me pidieron que como Arzobispo, porque Autlán, pertenece a la Arquidiócesis de Guadalajara, que diera a conocer esa sentencia, pero yo nunca estuve enterado, inmiscuido, participando en el proceso, lo único que sé es que se trata de un caso no reciente, sino cometido años atrás”, declaró el Arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega. 

Sin embargo, expuso que con aquella ampliación que dio el Papa Benedicto de que en lugar de 10 años pasada la minoría de edad fueran 20 años, “la víctima se basó en eso y promovió su juicio”. 

Dijo que no puede dar más detalles del juicio porque no lo conoce y no participó, sino que cumplió la encomienda como Arzobispo de dar a conocer la sentencia. Por lo que se habla en el caso es una víctima. 

Aunque no tenía los casos, indicó que se han resuelto 3 o 4 casos de abuso sexual en la Arquidiócesis. 

De acuerdo a lo informado en la página Arquimedios del Arzobispado de Guadalajara, el sacerdote fue excomulgado y se le impuso la dimisión del estado clerical; perdió todos sus derechos y obligaciones propias de los clérigos, es decir no podrá celebrar misa, concelebrar, ni administrar cualquier sacramento.

Aunque sí podrá administrar el sacramento bautismal y penitencia en caso únicamente de muerte. 

No podrá usar el traje clerical ni ejercer ministerio de cultura civil. 

El Papa Francisco, en su momento confirmó esta sentencia contra el sacerdote.

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October 5, 2019

Separan del estado clerical a un cura de Jalisco por abusos a un menor

GUADALAJARA (MEXICO)
Religión Digital [Spain]

October 5, 2019

By Elsa Martha Gutiérrez, MSN

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El cardenal de Guadalajara, Francisco Javier Robles Ortega, informa que José Guadalupe Santos Pelayo “ha perdido todos los derechos y obligaciones propias de los clérigos”

El Papa Francisco confirmó la decisión, la cual es definitiva e inapelable y “comporta en este caso la dispensa de la ley del celibato”

El sacerdote de Autlán de Navarro, JaliscoJosé Guadalupe Santos Pelayo, fue hallado responsable del delito contra el sexto mandamiento del Decálogo en agravio de un menor de edad, por lo que fue excomulgado y separado de la iglesia.

A través de un comunicado, el Arzobispado de Guadalajara, informó que también resultó culpable del delito de absolución del cómplice en pecado contra el sexto mandamiento del decálogo y del delito de violación directa del sigilo sacramental.

Por tal motivo, “le ha sido impuesta la dimisión del estado clerical, y por los delitos restantes, le ha sido le han sido declaradas las correspondientes excomuniones como consecuencia de la dimisión del Estado clerical”, destaca el comunicado firmado por Francisco Javier Robles Ortega.

El acusado, dice el Arzobispado de Guadalajara, “ha perdido todos los derechos y obligaciones propias de los clérigos, así entre otras cosas, no podrá celebrar, o concelebrar la santa misa, administrar cualquier otro sacramento”.

Sin embargo, Santos Pelayo sí podría administrar el bautismo y de la penitencia pero únicamente en peligro de muerte, advierte Robles Ortega.

“Tampoco podrá ejercer cualquier otro acto reservado a los sacerdotes, recibir o ejercer oficios eclesiásticos, usar el traje clerical, la dimisión del estado clerical, es perpetuar las excomuniones, le prohíben además ejercer cualquier otro ministerio de cultura civil, los sacramentos fuera del peligro de muerte, estas penas son temporales”, agrega.

El Arzobispado de Guadalajara, ya fue notificada de la resolución el abogado del acusado el pasado 20 de septiembre.

El Papa Francisco confirmó la decisión, la cual es definitiva e inapelable y “comporta en este caso la dispensa de la ley del celibato”.

En este caso, la Iglesia -además de manifestar su solidaridad y su cercanía espiritual con las víctimas- exhorta a todos los fieles a trabajar individual y comunitariamente para que se respete la dignidad de las personas y la santidad de los sacramentos.

“Los invito a estar atentos para proteger a los más débiles, y a denunciar ante las autoridades civiles y eclesiásticas cualquier acción constitutiva del delito, así mismo los invito a prestar su apoyo para que todos los que de alguna manera han sufrido abusos de cualquier tipo encuentren en la comunidad cristiana apoyo y fuerza para seguir adelante”, se lee.

Agradeció la labor que hizo el monseñor Rafael Sandoval Sandoval, obispo de Autlán, su atención a las víctimas.

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October 4, 2019

Almost 1,700 priests and clergy accused of sex abuse are unsupervised

MEXICO CITY (MEXICO)
NBC News [New York NY]

October 4, 2019

By Claudia Lauer, Associated Press and Meghan Hoyer, Associated Press

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An Associated Press investigation found that those credibly accused are now teachers, coaches, counselors and also live near playgrounds.

Nearly 1,700 priests and other clergy members that the Roman Catholic Church considers credibly accused of child sexual abuse are living under the radar with little to no oversight from religious authorities or law enforcement, decades after the first wave of the church abuse scandal roiled U.S. dioceses, an Associated Press investigation has found.

These priests, deacons, monks and lay people now teach middle-school math. They counsel survivors of sexual assault. They work as nurses and volunteer at nonprofits aimed at helping at-risk kids. They live next to playgrounds and daycare centers. They foster and care for children.

And in their time since leaving the church, dozens have committed crimes, including sexual assault and possessing child pornography, the AP’s analysis found.

A recent push by Roman Catholic dioceses across the U.S. to publish the names of those it considers to be credibly accused has opened a window into the daunting problem of how to monitor and track priests who often were never criminally charged and, in many cases, were removed from or left the church to live as private citizens.

Each diocese determines its own standard to deem a priest credibly accused, with the allegations ranging from inappropriate conversations and unwanted hugging to forced sodomy and rape.

Dioceses and religious orders so far have shared the names of more than 5,100 clergy members, with more than three-quarters of the names released just in the last year. The AP researched the nearly 2,000 who remain alive to determine where they have lived and worked — the largest-scale review to date of what happened to priests named as possible sexual abusers.

In addition to the almost 1,700 that the AP was able to identify as largely unsupervised, there were 76 people who could not be located. The remaining clergy members were found to be under some kind of supervision, with some in prison or overseen by church programs.

The review found hundreds of priests held positions of trust, many with access to children. More than 160 continued working or volunteering in churches, including dozens in Catholic dioceses overseas and some in other denominations. Roughly 190 obtained professional licenses to work in education, medicine, social work and counseling — including 76 who, as of August, still had valid credentials in those fields.

The research also turned up cases where the priests were once again able to prey on victims.

After Roger Sinclair was removed by the Diocese of Greensburg in Pennsylvania in 2002 for allegedly abusing a teenage boy decades earlier, he ended up in Oregon. In 2017, he was arrested for repeatedly molesting a young developmentally disabled man and is now imprisoned for a crime that the lead investigator in the Oregon case says should have never been allowed to happen.

Like Sinclair, the majority of people listed as credibly accused were never criminally prosecuted for the abuse alleged when they were part of the church. That lack of criminal history has revealed a sizable gray area that state licensing boards and background check services are not designed to handle as former priests seek new employment, apply to be foster parents and live in communities unaware of their presence and their pasts.

It also has left dioceses struggling with how — or if — former employees should be tracked and monitored. Victims’ advocates have pushed for more oversight, but church officials say what’s being requested extends beyond what they legally can do. And civil authorities like police departments or prosecutors say their purview is limited to people convicted of crimes.

That means the heavy lift of tracking former priests has fallen to citizen watchdogs and victims, whose complaints have fueled suspensions, removals and firings. But even then, loopholes in state laws allow many former clergy to keep their new jobs even when the history of allegations becomes public.

“Defrocked or not, we’ve long argued that bishops can’t recruit, hire, ordain, supervise, shield, transfer and protect predator priests, then suddenly oust them and claim to be powerless over their whereabouts and activities,” said David Clohessy, the former executive director of the Survivors Network of those Abused by Priests, who now heads the group’s St. Louis chapter.

IT WAS SUPPOSED TO MAKE ABUSE HISTORY

When the first big wave of the clergy abuse scandal hit Roman Catholic dioceses in the early 2000s, the U.S. bishops created the Dallas Charter, a baseline for sexual abuse reporting, training and other procedures to prevent child abuse. A handful of canon lawyers and experts at the time said every diocese should be transparent, name priests that had been accused of abuse and, in many cases, get rid of them.

Most dioceses decided against naming priests, however. And with the dioceses that did release lists in the next few years — some by choice, others due to lawsuit settlements or bankruptcy proceedings — abuse survivors complained about underreporting of priests, along with the omission of religious brothers they believed should be on those lists.

“The Dallas Charter was supposed to fix everything. It was supposed to make the abuse scandal history. But that didn’t happen,” said the Rev. Thomas Doyle, a canon lawyer who had tried to warn the bishops that abuse was widespread and that they should clean house.

After the charter was established in 2002, some critics say dioceses were more likely to simply defrock priests and return them to private citizenship.

Before 2018’s landmark Pennsylvania grand jury report, which named more than 300 predator priests accused of abusing more than 1,000 children in six dioceses, the official lists of credibly accused priests added up to fewer than 1,500 names nationwide. Now, within the span of a little more than a year, more than 100 dioceses and religious orders have come forward with thousands of names — but often little other information that can be used to alert the public.

Some of the lists merely provide names, without details of the abuse allegations that led to their inclusion, the dates of the priests’ assignments or the parishes where they served. And many don’t disclose the priests’ status with the church, which can vary from being moved into full retirement to being banished from performing public sacraments while continuing to perform administrative work. Only a handful of the lists include the last-known cities the priests lived in.

Over nine months, AP reporters and researchers scoured public databases, court records, property records, social media and other sources to locate the ousted clergy members.

That effort unearthed hundreds of these priests who, largely unwatched by church and civil authorities, chose careers that put them in new positions of trust and authority, including jobs in which they dealt with children and survivors of sexual abuse.

At least two worked as juvenile detention officers, in Washington and Arizona, and several others migrated to government roles like victims’ advocate or public health planner. Others landed jobs at places like Disney World, community centers or family shelters for domestic abuse. And one former priest started a nonprofit that sends people to volunteer in orphanages and other places in developing nations.

The AP determined that a handful adopted or fostered children, sponsored teens and young adults coming to the U.S. for educational opportunities, or worked with organizations that are part of the foster care system, though that number could be much higher since no public database tracks adoptive or foster parents.

Until February, former priest Steven Gerard Stencil worked at a Phoenix company that places severely disabled children in foster homes and trains foster parents to care for them. Colleagues knew he was a former priest, but were unaware of past allegations against him, according to Lauree Copenhaver, the firm’s executive director.

Stencil, now 67, was suspended from ministry in 2001 after a trip to Mexico that violated a diocese policy forbidding clerics from being with minors overnight. Around that time, a 17-year-old boy also complained that Stencil, then pastor of St. Anthony Parish in Casa Grande, Ariz., had grabbed his crotch in 1999 in a swimming pool. The diocese determined it was accidental touching, but turned the allegations over to police. No criminal charges were filed.

Since 2003, Stencil’s name has appeared on the Tucson diocese’s list of clerics credibly accused of sexually abusing children, and his request to be voluntarily defrocked was granted in 2011.

Copenhaver said Stencil passed a fingerprint test showing he did not have a criminal history when he was first hired part time by Human Services Consultants LLC 12 years ago.

“We did not have any knowledge of his indiscretions, and had we known his history we would not have hired him,” she said, emphasizing that he did not have direct access to children in his job.

Stencil was fired from the company for unrelated reasons earlier this year. He later said in a post on his Facebook page that he was working as a driver for a private Phoenix bus company that specializes in educational tours for school groups and scout troops.

“I have always been upfront with my employers about my past as a priest,” Stencil wrote in an email to the AP when asked for comment. He said he unsuccessfully asked years ago for his name to be removed from the diocese’s list, adding, “Since then, I have decided to simply live my life as best I can.”

The AP’s analysis also found that more than 160 of the priests remained in the comfortable position of continuing to work or volunteer in a church, with three-quarters of those continuing to serve in some capacity in the Roman Catholic Church. Others moved on as ministers and priests in different denominations, with new roles such as organist or even as priests in Catholic churches not affiliated with the Vatican, sometimes despite known or published credible accusations against them.

In more than 30 cases, priests accused of sexual abuse in the U.S. simply moved overseas, where they worked as Roman Catholic priests in good standing in countries including Peru, Mexico, the Philippines, Ireland and Colombia. The AP found that in all, roughly 110 clergy members moved or were suspected of moving out of the U.S. after allegations were made.

At least five priests were excommunicated from the Roman Catholic Church because of their refusal to stop participating in other religious activity.

More than three decades ago, James A. Funke and a fellow teacher at a St. Louis Catholic high school, Jerome Robben, went to prison for sexually abusing male students together. Funke, released in 1995, was eventually bounced from the priesthood. But years later, the two men joined together again, promoting Robben as the leader of a church of his own making.

Since 2004, Missouri records show that Robben has listed his St. Louis home as the base for a religious organization operating under at least three different names. Beginning in 2014, those papers have identified Funke as the order’s secretary and one of its three directors.

Mary Kruger, whose son committed suicide when he was 21 after being abused by the men in high school, said she raised fresh concerns about Robben in 2007 when she heard he was presenting himself as a cleric.

At the time, he was being considered for promotion to bishop in a conservative Christian order based in Ontario, Canada. Kruger said members of the order told her that Robben had dismissed questions about his abuse conviction, claiming he had merely rented an apartment to Funke and that police blamed him for not knowing what went on inside.

Robben eventually was defrocked from the Christian order, and apparently then started his own. Until last year, when its paperwork expired, the group was registered with Missouri officials as the Syrian Orthodox Exarchate. However, a Facebook post from 2017 identified Robben _ photographed wearing a crown and gold vestments — as the leader of a Russian Byzantine order raising money to build a monastery in Nevada.

Funke refused comment when approached by an AP reporter, and Robben did not respond to requests for comment.

“If they could wind up in jail next week, I’d be ecstatic,” Kruger said. “I think as long as they’re alive, they’re dangerous.”

LEFT THE CHURCH, COMMITTED CRIMINAL OFFENSES

As early as 1981, church officials knew of allegations that Roger Sinclair had acted inappropriately with adolescent boys. Two mothers at St. Mary’s Parish in Kittanning, Penn., wrote a letter to the then-bishop saying that Sinclair had molested their sons, both about 14 at the time.

Sinclair played a game where he would shake hands and then try to shove his hand at their genitals, the mothers said in their letter, parts of which were made public last year as part of the landmark report in Pennsylvania. They said he also tried to put his hands down one of the boy’s pants.

Other accusations emerged about Sinclair showing dirty movies to boys in the rectory, exposing himself and possibly molesting a teen he had taken on a trip to Florida a few years earlier. After a group of mothers called the police for advice, the police chief told them he had heard the rumors but took no action, according to documents reviewed by the Pennsylvania grand jury.

The church sent Sinclair for treatment, returned him to ministry and provided him with a letter that listed him as a priest in good standing so he could be a chaplain in the Archdiocese of Military Services, according to the grand jury. That assignment took him to at least four different states, including Kansas, where in the early ‘90s he was a chaplain at the Topeka State Hospital, a now-closed state mental hospital that had a wing for teenagers.

He was fired from that assignment in 1991 after trying multiple times to check out male teenage patients to go see a movie. Administrators said he had managed “to gain access to a locked unit deceitfully.”

Sinclair was removed from ministry in 2002 while the diocese investigated claims from a victim who said the priest sexually abused him in the rectory and on field trips beginning at Sinclair’s first assignment as a priest. He resigned a few years later, before the church concluded proceedings to defrock him.

When he started serving on the board of directors of an Oregon senior center and working as a volunteer there, he was required to pass a background check because the center received federal dollars for the Meals on Wheels program. But no flags were raised because he was never charged in Pennsylvania.

According to accounts from both former center staffers and law enforcement officials, Sinclair’s downfall began when the center’s then-director looked outside and saw him with his hand down the young man’s pants. He immediately barred Sinclair from the center, but left it up to the man’s family to decide whether to press charges. Three months later, after learning why Sinclair had been absent, an employee went to the police out of fear the former priest would target someone else.

Now-Sgt. Steven Binstock, the lead investigator in Oregon, said Sinclair immediately confessed to committing multiple sexual acts with the developmentally disabled man. He also confessed to sexual contact with minors in Pennsylvania 30 years earlier.

“He was very vague, but he did tell us that it was some of the same type of behaviors, the same type of incidents, that had occurred with the victim that happened here,” Binstock told the AP.

The Pennsylvania diocese had never warned Oregon authorities about Sinclair because it stopped tracking him after he left the church. The diocese, which did not tell the public Sinclair had been accused of abuse until it released its list in August 2018, declined to comment on his case.

The AP’s analysis of the credibly accused church employees who remain alive found that more than 310 of the 2,000 have been charged with crimes for actions that took place when they were priests. Beyond that, the AP confirmed that Sinclair and 64 others have been charged with crimes committed after leaving the church, with most of them convicted for those crimes.

Some of the crimes involved drunken driving, theft or drug offenses. But 42 of the men were accused of crimes that were sexual in nature or violent, including a dozen charged with sexually assaulting minors. Thirteen were charged with distributing, making or possessing child pornography, and several others were caught masturbating in public or exposing themselves to people on planes or in shopping malls.

Five failed to register in their new communities as sex offenders as required due to their sex crime convictions.

Priests and other church employees being listed on sex offender registries at all is a rarity — the AP analysis found that only 85 of the 2,000 are. That’s because church officials often successfully lobbied civil authorities to downgrade charges in exchange for guilty pleas ahead of trials. Convictions were sometimes expunged if offenders completed probationary programs or the charges were reduced below the level required by states for registration.

Since sex offender registries in their current searchable form didn’t begin until the 1990s, dozens also were not tracked or monitored, because their original sentences already had been served before the registries were established.

The AP also found that more than 500 of the credibly accused former priests live within 2,000 feet of schools, playgrounds, childcare centers or other facilities that serve children, with many living much closer. In the states that restrict how close registered sex offenders can live to those facilities, limits range from 500 to 2,000 feet.

Decades after Louis Ladenburger was temporarily removed from the priesthood to be treated for “inappropriate professional behavior and relationships,” he was hired as a counselor at a school for troubled boys in Idaho.

Ladenburger was arrested in 2007 and accused of sexual battery; in a deal with prosecutors, he pleaded guilty to aggravated assault. He served about five months in prison.

According to Bonner County, Idaho, sheriff’s reports, students said Ladenburger told them he was a sex addict. During counseling sessions, they said, the former Franciscan priest rubbed their upper thighs and stomachs, held their hands and gave them shoulder and neck massages. If students expressed confusion about their sexual identities, the sheriff’s reports say he fondled them and performed oral sex on them.

Ladenburger was fired from the school. In an interview with sheriff’s officials at the time, he “admitted being a touchy person,” kissing many students and having his “needs met by the physical contact” with the boys.

By then, he’d been gone from the church for more than a decade — in 1996, the Vatican had granted his request to be released from his vows. No officials from his religious order or from the dioceses in six different states where he had served had warned the school or provided details of the allegations against him when he was a priest.

In a lawsuit involving a sexual abuse allegation against another member of the Franciscan order, the complaint cited Ladenburger as an example of the harm done when church officials don’t report accusations of abuse to law enforcement, saying he likely never would have been hired at the school if the Franciscans had reported him when they first became aware.

“For all intents and purposes, they set loose a ticking time bomb that exploded in 2007,” the lawsuit said.

WHY FORMER PRIESTS AREN’T TRACKED

If priests choose to leave their dioceses or religious orders — or if the church decides to permanently defrock them in a process known as laicization — leaders say the church no longer has authority to monitor where they go.

After the Dallas Charter came a rush to laicize, resulting in more than 220 of the priests researched by the AP being laicized between 2004 and 2010. Roughly 40% of all the living credibly accused clergy members had either been laicized or had voluntarily left the church.

The laicized priests also are increasingly younger, giving them even more years to lead unsupervised lives, according to Deacon Bernie Nojadera, the executive director of the U.S. Conference of Catholic Bishops’ Secretariat of Child and Youth Protection.

“That does create an opportunity for them to seek a second career,” Nojadera said. “So this is something a number of dioceses are grappling with and trying to figure out.”

For priests who don’t leave the church, dioceses and religious orders have more options to impose restrictions and monitoring. But how and whether that’s done ranges widely from diocese to diocese, since the U.S. Conference of Catholic Bishops cannot mandate specific regulations or procedures.

The AP found that the dioceses that released lists more than a decade ago have the most robust of the handful of existing programs.

In Chicago, accused priests who are removed from ministry can opt to join a program started in 2008 in which they continue to receive treatment, benefits and help, and get to “die a priest.” In exchange, they must sign over their right to privacy and agree to obey rules such as not living near a school.

“The monitoring is intrusive … I track their phone usage, I require daily logs of where they go, I track their internet usage and check their financial information and records. They have to tell me where they are going to be, who they will be with. And they have to meet with me twice a month face-to-face,” said Moira Reilly, the case manager in charge of the Chicago Archdiocese’s prayer and penance program.

Reilly, a licensed social worker, said many Catholics don’t understand why the church runs the program, instead pushing for every priest accused of abuse to be defrocked.

“If we laicize them or if we let them walk away … no one is watching them,” she said. “I do this job because I truly believe that I am protecting the community. I truly believe that I am protecting children.”

In 2006, the Archdiocese of Detroit hired a former parole officer to monitor priests permanently removed from ministry after credible abuse allegations. Spokesman Ned McGrath said the program requires monthly written reports from the priests that include any contact or planned contact with minors and information on whether they attended treatment among other things.

In other dioceses, priests are sent to retirement homes for clergy or church properties that are easy to monitor, but also are often in close proximity or even share space with schools or universities.

The analysis found that many of the accused clergy members still receive pensions or health insurance from the church, since pensions are governed by federal statute and other benefits are dictated by the bishops in each diocese.

Victims’ advocates and others have suggested dioceses devise a system in which those benefits are contingent upon defrocked priests self-reporting their current addresses and employment.

“All a bishop has to do is tell a predator: ‘Here’s your choice. You’ll go live where I tell you, and you’ll get your pension, health insurance, etc. and be around your brothers but be supervised,’” SNAP’s Clohessy suggested, adding that if the former priests don’t agree, their benefits could be withheld.

But several church officials and lawyers note that robust federal laws prohibit withholding or threatening pensions.

Other experts who study child abuse have suggested the church create a database similar to the national sex offender registry that would allow the public and employers to identify credibly accused priests. But even that measure would not guarantee that licensing boards or employers flag a priest credibly accused but not convicted of abuse.

Doyle, the canon lawyer, said the bishops might not believe they can monitor defrocked priests, but that they could be forthcoming about allegations when potential employers call and could also be required to call child protective services in the states where laicized priests move.

The bishops also could address the issue of oversight by initiating a new framework along the lines of the groundbreaking Dallas Charter, which was approved by the pope, Doyle said. But he added that he didn’t trust the current church leadership to meaningfully address the issue.

“The bishops will never admit this, but when they do cut them loose, they believe they are no longer a liability,” he said, referring to the defrocked priests. “I severely doubt there is an incentive for them to want to fix this problem.”

Nojadera noted that it isn’t that simple, since decisions default to the individual bishops in each diocese.

“We have 197 different ways that the Dallas Charter is being implemented. It’s a road map, a bare minimum,” he said. “We do talk about situations where these men are being laicized and what happens to them. And our canon lawyers are quick to say there is no purview to monitor them.”

LICENSED TO TEACH AND COUNSEL

In many cases, the priests tracked by the AP went on to work in positions of trust in fields allowing close access to children and other vulnerable individuals — all with the approval of state credentialing boards, which often were powerless to deny them or unaware of the allegations until the dioceses’ lists were released.

The review found that 190 of the former clergy members gained licenses to work as educators, counselors, social workers or medical personnel, which can be easy places to land for priests already trained in counseling parishioners or working with youth groups.

One is Thomas Meiring who, after asking to leave the priesthood in 1983, began working as a licensed clinical counselor in Ohio, specializing in therapy for teens and adults with sexual orientation and gender identity issues.

Meiring maintained his state-issued license even after the diocese in Toledo settled a lawsuit in 2008 filed by a man who said he was 15 when Meiring sexually abused him in a church rectory in the late 1960s.

It wasn’t until 2016 that the Toledo diocese’s request to defrock Meiring was granted. State records show that Ohio’s Counselor, Social Worker and Marriage & Family Therapist Board has never taken disciplinary action against the 81-year-old, who is among several treatment providers listed by a municipal court in suburban Toledo.

“We made noise about him years ago and nobody did anything. It’s mind-blowing,” said Claudia Vercellotti, who heads Toledo’s chapter of SNAP.

But Brian Carnahan, the licensing board’s executive director, said the law grants the authority to act only when allegations have resulted in a criminal conviction.

Multiple calls to Meiring at his home and office were not returned.

Few state licensing boards for professions like counselors or teachers have mechanisms in their background check procedures that would catch allegations that were never prosecuted. Some standard checks are conducted in every state, but the statutes regulating what can be taken into consideration when granting or revoking licenses vary. And because the lists of priests with credible allegations against them were so thin until the past year, there was little to cross-check.

Danielle Irving-Johnson, the career services specialist for the American Counseling Association, said criminal background checks are standard when licensing counselors, but that dismissing an application due to an unprosecuted allegation would be unusual.

“There would have to be substantial evidence or some form of documentation to support this accusation,” Irving-Johnson said.

The Alabama Board of Examiners in Psychology was not aware of the allegations against former priest William Finger when he was licensed as a counselor in 2012. The Brooklyn diocese publicly named Finger only in 2017, even though he had been laicized since 2002 because of abuse allegations.

According to a complaint filed in January with the board, a woman who asked not to be named contacted Finger’s employer last year to say he had abused her for a decade, beginning when he was a priest and she was 12 years old. She said he kissed her, fondled her and digitally penetrated her and also alleged he had sexually abused her sister and a female cousin.

The employer fired Finger, now 83, and reported the allegations to the state’s licensing board.

In many states, allegations dating from before someone was licensed or that never made it to court would have been dismissed. But Alabama’s board issued an emergency suspension because it is allowed to consider issues of “moral character” from any point in a licensed individual’s life.

The decision whether to permanently suspend Finger’s license is pending. He did not return multiple messages from the AP but denied the allegations in a statement to the licensing board. He also remains licensed as a counselor and hypnotherapist in Florida.

The AP also found that 91 of the clergy members had been licensed to work in schools as teachers, principals, aides and school counselors, only 19 of whom had their licenses suspended or revoked. Twenty-eight still are actively licensed or hold lifetime certifications.

That’s almost surely an undercount, since some private, religious or online schools don’t require teachers to be licensed and states like New Jersey and Massachusetts don’t have public databases of teacher licenses.

School administrators in Cinnaminson, New Jersey, knew for years that sixth-grade teacher Joseph Michael DeShan had been forced from the priesthood for impregnating a teen parishioner. But nearly two decades later, he remained in a classroom.

DeShan, now 60, left the Bridgeport, Connecticut, diocese in 1989 after admitting having sex with the girl beginning when she was 14. Two years later, she got pregnant and gave birth. The diocese did not report DeShan to the police, and he was never prosecuted.

By 2002, he was working as a teacher in Cinnaminson when church disclosures about his past raised alarms. After a brief investigation, administrators allowed DeShan to return to the classroom, where he remained until last year, when a new generation of parents renewed cries for his removal.

The school board tried to fire him, citing both his conduct as a priest and recent remarks to a student about her “pretty green eyes.” In April, a state arbitrator ruled against the district, saying it had been “long aware” of DeShan’s conduct as a priest.

The state confirmed DeShan, who did not return calls for comment, still holds a valid teaching license, but that the licensing board is seeking to revoke it. Parents say he is not in a classroom this fall, but his profile remains posted on the school website and the idea he could be allowed back is troubling, said Cornell Jones, whose daughter was in DeShan’s class last year.

“When I found out about this guy being her teacher I was just, ‘No way — there’s no way possible,’” Jones said. “I get a traffic violation and they make me pay. You violate a child and they just put you in a different zip code. How fair is that?”

The AP determined that one former priest had been licensed as recently as May. Andrew Syring, 42, resigned from the Omaha Diocese in November after a review of allegations that included inappropriate conversations with teens and kissing them on the cheeks. No charges were filed.

Dan Hoesing, the superintendent of the Schuyler Independent School DIstrict in Nebraska, said he could not disqualify Syring when he applied to be a substitute teacher because the former priest had not been accused of outright abuse or criminally charged. But Hoesing instituted strict rules requiring Syring to be supervised by another adult at all times, even while teaching, and banning him from student bathrooms or locker rooms.

Syring did not return messages for comment left with family members.

In many of the cases where a teaching license was revoked, the AP found the former priests went on to seek employment teaching English as a second language in private clinics, as online teachers or at community colleges.

“If these guys simply left and disappeared somewhere, it wouldn’t be a problem,” said Doyle, the canon lawyer. “But they don’t. They get jobs and create spaces where they can get access to and abuse children again.”

FILLING THE VACUUM

To a large extent, nonprofits, survivors groups and victims have stepped in to fill the void in tracking and policing these clergy members while they await stronger action.

Nojadera, with the bishops’ youth protection division, said more and more of his emails about priests are from concerned parishioners who are taking up the cause of protecting children.

“The lay faithful definitely seem to be stepping in,” he said. “Part of that is the awareness of the community in many ways based on the trainings we are having for our children and others in the parish communities.”

Gemma Hoskins, one of the stars of the documentary series “The Keepers” about abuse in a Baltimore Catholic school, also is taking up the cause.

Hoskins and a handful of volunteers have started a homegrown database using spreadsheets of clergy members created by a nonprofit called BishopAccountability.orgto locate priests accused of abuse and post their approximate addresses.

“We’re careful. If their address is 123 Main Street, we’ll say the 100 block of Main Street like the police do,” she said. “We don’t want any of our volunteers to get in trouble, but it’s something all of us feel is necessary. If the priests are laicized, it’s even scarier … because it means the church isn’t tracking where they are living. They’re out there in the world as unregistered sex offenders.”

David Finkelhor, director of the Crimes against Children Research Center at the University of New Hampshire, said reports of abuse in the church have decreased and that all indications are that fresh allegations are being properly reported.

He also said that while keeping tabs on the accused abusers is important, the public shouldn’t assume all the former priests pose a big risk, noting that roughly one in every five child molesters reoffends.

“That’s lower than for a number of other violent crimes,” he said.

Still, he feels church leaders need to do far more to help track these clergy members, since anemic reporting in the past means little now prevents many of the priests from once again getting close to children.

“Tracking them is something they could have done as part of a general display of responsibility for the problem that they had helped contribute to,” Finkelhor said.

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October 3, 2019

Autlán: la degradación clerical y excomunion al ex Sacerdote Guadalupe Santos

GUADALAJARA (MEXICO)
Blog Santa & Pecadora [Tijuana, Baja California, Mexico]

October 3, 2019

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Tarde que temprano se iba a dar. El informe acusatorio que se presentó al Vaticano era  muy concreto. No era una sino varias victimas. Ahora los seguidores del ex  Cura de Unión de Tula tildaran a los Obispos y al Papa mismo de demonios, de hijos de Satanas, por la razón de que fueron y siguen siendo manipulados.

Guadalupe Santos nunca fue inocente
Desde que nuestro equipo conoció la situación del ex párroco de Unión de Tula sabíamos que era todo un caso, un verdadero predador que se escondía  bajo la imagen de santidad, poder y sanación. El ex cura utilizo su influencia con gente de dinero y de poder para crear un imperio  bajo un perfil humilde, sencillo y carismático. Con su poder logro imponerse al ex obispo  (también suspendido) Gonzalo Galvan Castillo inhabilitado en 2015 quien también fue acusado de encubrimiento sexual.
Santos Pelayo supo moverse  con dinero y sobornos entre los mas ricos de la comarca de Autlan, incluso con alguno que otro empresario nacional. Lo que mas le dolió a la llegada del Obispo Rafael Sandoval fue que lo retiraran de la parroquia de Unión de Tula, un lugar que había convertido en casi un bunker. donde nadie lo había podido mover.


Acusaciones detonaron la bomba
Ni si quiera fue sacado del Sacerdocio  ni excomulgado por  haber desobedecido al  Obispo, tampoco por propiciar división y confusión entre los fieles laicos, ni si quiera por haber intentado fundar una congregación sin los permisos necesarios, ni por malversar fondos, las acusaciones sobrepasaron la realidad, fue por abuso sexual a menores y otros detalles delicados que le impedían seguir ejerciendo como Sacerdote.


Los Heraldos  de la paz la gran mentira
El objetivo de fundar una congregación religiosa era para esconder  sus fechorías y para empoderarse con un grupo de jóvenes que desde un principio creyeron en el  y que poco a poco se dieron cuenta que solo eran utilizados para  conseguir dinero e influencia. Cuando algunos se dieron cuenta de la realidad que se vivía  en torno a Santos Pelayo y a la pseudo orden misma se retiraron, algunos fueron abusados sexualmente, otros dieron rienda suelta a su homosexualidad, una congregación que de divina no tenia nada. Por esa razón el mismo nuncio Pierre  y otros Obispos informaron a Roma de la negativa de darles permiso para seguir operando, aun así Santos Pelayo siguió con su propuesta.


Santos el protegido del Obispo  de Chilpancingo –  Chilapa Salvador Rangel
Solo dos obispos (unas fichitas) conocían de pe a pa a Guadalupe Santos Pelayo, el obispo de Saltillo y el obispo de Chilpancingo Chilapa, este segundo mas motivado por la ambición económica que por el servicio a la Iglesia. Salvador Rangel acogió a los Heraldos, incluso les cambio de nombre y sin consultar a su clero hizo las ceremonias  que el código de derecho canónico pide, de hecho ya estaba próxima la ordenación de algunos Heraldos de los cuales mas de uno se le conocen comportamientos de acoso sexual, y esto Rangel lo conoce.


Santos y su intento por regresarAun sabiendo que existía un juicio canónico en su contra  y que se le había pedido no participar en celebraciones publicas, Santos busco ayuda, se internó en la Casa Alberione, incluso se dejo ver en algunas celebraciones (sin poder celebrar) en Chilpancingo y organizaba misas de sanación clandestinas, la mayor parte se encontraba entre Guadalajara y Chilpancingo, rara vez viajaba a Autlan, aún así seguía moviendo los hilos financieros y espirituales de la pseudo congregación de los Heraldos de la Paz, la que Rangel cambió de nombre por Heraldos Misioneros de la Misericordia y de la Paz, con el fin de que la huella de Santos no fuera rastreada por el Vaticano, pero lo que no sabe el tan quemado Obispo Rangel que en Roma ya conocen toda la problemática. En rumores en Autlán se decía que Santos Pelayo volvería a Autlán pero con la condición de que volviera a su parroquia de donde salio en Unión de Tula en 2017, pero obvio era imposible su regreso a Autlán, sobretodo al saber todo su historial de abuso sexual.

El Obispo Rafael Sandoval no tuvo miedo y debe seguir con la limpia
Cuando el Obispo Sandoval fue elegido para dirigir la difícil diócesis de Autlan no titubeo  en aceptar, aun antes  haber conocido la realidad de la diócesis, una realidad  triste de una iglesia local lastimada, aun así emprendió la limpia, iba con esa encomienda. Ya otros han sido destituidos, pero faltan mas como :  José de Jesús Estrella, Cesar Ignacio Joya Adame, Rafael Santana, Javier Prado, Francisco Ortiz y Tomas Espinoza entre otros. Todos estos encabezan la lista de casos muy delicados.


Si el obispo de verdad quiere ser justo  y honesto deberá seguir escarbando la podredumbre que  queda en la Iglesia particular de Autlán.

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Excomulgan a sacerdote de Jalisco por delitos contra menor

GUADALAJARA (MEXICO)
Milenio [Monterrey, Nuevo León, Mexico]

October 3, 2019

By Elsa Martha Gutiérrez

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El sacerdote de Autlán de Navarro, Jalisco, José Guadalupe Santos Pelayo, fue hallado responsable del delito contra el sexto mandamiento del Decálogo en agravio de un menor de edad, por lo que fue excomulgado y separado de la iglesia.

A través de un comunicado, el Arzobispado de Guadalajara, informó que también resultó culpable del delito de absolución del cómplice en pecado contra el sexto mandamiento del decálogo y del delito de violación directa del sigilo sacramental.

Por tal motivo, “le ha sido impuesta la dimisión del estado clerical, y por los delitos restantes, le ha sido le han sido declaradas las correspondientes excomuniones como consecuencia de la dimisión del Estado clerical”, destaca el comunicado firmado por Francisco Javier Robles Ortega.
El acusado, dice el Arzobispado de Guadalajara, “ha perdido todos los derechos y obligaciones propias de los clérigos, así entre otras cosas, no podrá celebrar, o con celebrar la santa misa, administrar cualquier otro sacramento”.

Sin embargo, Santos Pelayo sí podría administrar el bautismo y de la penitencia pero únicamente en peligro de muerte, advierte Robles Ortega.

“Tampoco podrá ejercer cualquier otro acto reservado a los sacerdotes, recibir o ejercer oficios eclesiásticos, usar el traje clerical, la dimisión del estado clerical, es perpetuar las excomuniones, le prohíben además ejercer cualquier otro ministerio de cultura civil, los sacramentos fuera del peligro de muerte, estas penas son temporales”, agrega.
El Arzobispado de Guadalajara, ya fue notificada de la resolución el abogado del acusado el pasado 20 de septiembre.

El Papa Francisco confirmó la decisión, la cual es definitiva e inapelable y “comporta en este caso la dispensa de la ley del celibato”.

En este caso, la Iglesia -además de manifestar su solidaridad y su cercanía espiritual con las víctimas- exhorta a todos los fieles a trabajar individual y comunitariamente para que se respete la dignidad de las personas y la santidad de los sacramentos.

“Los invito a estar atentos para proteger a los más débiles, y a denunciar ante las autoridades civiles y eclesiásticas cualquier acción constitutiva del delito, así mismo los invito a prestar su apoyo para que todos los que de alguna manera han sufrido abusos de cualquier tipo encuentren en la comunidad cristiana apoyo y fuerza para seguir adelante”, se lee.
Agradeció la labor que hizo el monseñor Rafael Sandoval Sandoval, obispo de Autlán, su atención a las víctimas.

Comunicado del Arzobispado de Guadalajara sobre el caso (Click en la imagen para ver más grande)

SRN

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September 28, 2019

El ex sacerdote Raúl Villegas busca salir antes de prisión

LEóN (MEXICO)
El Sol de León [León, Guanajuato, Mexico]

September 28, 2019

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Promueve amparo para reducir condena

Noticias Vespertinas

El ex sacerdote, Jorge Raúl Villegas Chávez, promovió a través de su defensa, un amparo ante un magistrado del Poder Judicial de la Federación, con el que busca cumplir una condena menor a la que fue sentenciado en abril del año pasado y salir antes de prisión.

Hasta el día de ayer, el Poder Judicial informó que el amparo era promovido por un juez federal, pero que la defensa del párroco, aún no había acudido al tribunal.

Cinco denuncias

Como se recordará, el ex sacerdote y vocero de la arquidiócesis de León, fue acusado de cinco casos de pederastia en agravio de cinco alumnas del colegio privado y católico Atenas en Irapuato y ya fue sentenciado a 90 años de prisión por dos de ellos.

El 13 de febrero del 2017, fue detenido y cuatro días después fue vinculado a proceso penal por los delitos de abuso sexual y violación calificada. En el mes de abril del 2018, fue sentenciado y ahora busca ampararse ante la federación para que su castigo sea menor.

Su trayectoria

El sacerdote fue una de las personas más cercanas a José Guadalupe Martín Rábago durante los años en que éste fue obispo de León (a partir de 1995) y posteriormente arzobispo de la arquidiócesis del Bajío, nombramiento que recibió en 2006, además de que fue presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Específicamente, estuvo a cargo de la parroquia de San Juan Bautista la Salle entre 2004 y 2012. En septiembre de 2012, Jorge Raúl fue relevado como vocero de la arquidiócesis por Martín Rábago, supuestamente porque viajaría a Guadalajara para tomar un curso.

Meses antes, Villegas fue quien dirigió la comisión pastoral encargada de organizar y recibir la visita del Papa Benedicto XVI, a fines de marzo de 2012.

Defendía a sacerdotes pederastas

Durante su labor como vocero, Jorge Raúl Villegas defendió reiteradamente a varios sacerdotes acusados de pederastia y abusos contra menores, como ocurrió con José Luis de María y Campos, párroco de la iglesia de Santa María de Cementos en León, quien fue acusado por las madres de dos menores y fue sentenciado a seis años de prisión en septiembre de 2006.

El arzobispo Martín Rábago abogó por el sacerdote De María y Campos para que éste fuera finalmente preliberado tras purgar cuatro años de la pena que le fue impuesta, lo que le fue concedido por el entonces gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez.

Demandado por pensión alimenticia

En el 2014, Jorge Raúl Villegas Chávez fue requerido por un juez de oralidad por una demanda de paternidad con el fin de que reconociera a una hija de casi nueve años entonces.

El sacerdote fue demandado en el 2014 por una mujer ante la Procuraduría General de Justicia del estado para exigirle el reconocimiento de paternidad y el pago de la pensión alimenticia de una menor que habría procreado nueve años antes.

Un juez lo requirió para que se practicara una prueba de paternidad, a lo que el sacerdote inicialmente se negó.

Suspendido tres años

Villegas Chávez fue suspendido del ministerio luego de esto, pues esta demanda derivó en un proceso en el Tribunal Eclesiástico, informó oficialmente el Arzobispado, en un comunicado emitido en junio de ese año, en el que se afirmó que al padre Villegas “se le instó para que cumpliera plenamente con su responsabilidad adquirida”, por lo que fue apartado del ejercicio del ministerio sacerdotal.

Luego de ello, la Arquidiócesis de León afirmó que la separación del sacerdote y ex vocero de la iglesia católica se realizó de manera oficial desde el 2012 cuando fue demandado por pensión alimenticia y que se entonces se informó que iría a Guadalajara a tomar un curso. 

Se fue a Irapuato

Sin embargo, éste no fue dado de baja de la lista oficial de ministros religiosos de la Segob, según el padrón del mes de febrero de 2017, casi un mes después de la primera denuncia por abuso sexual en el Colegio Atenas, del municipio de Irapuato.

Villegas Chávez fue contratado para el ciclo escolar 2016 como confesor y asesor educativo en el Colegio Atenas, donde presuntamente abusó sexualmente de una jovencita de 15 años, lo que originó la primera de las cinco denuncias.

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August 20, 2019

Former Priest Accused of Sexual Abuse in Costa Rica Arrested in Mexico

MONTERREY (MEXICO)
The Costa Rica Star [Costa Rica]

August 20, 2019

By Laura Alvarado

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Costa Rica’s Attorney General confirmed the detention in Nuevo León, Mexico of former priest Mauricio Víquez Lizano accused of sexual abuse of two minors and who had fled the country back in January.

According to the Judiciary Investigative Police (OIJ) it was through an investigation by the Information Technology Crimes section that they were able to confirm that Víquez was in Mexico and from this point on they coordinated with Mexican authorities to begin the investigation in that country.

The extradition process could take as much as 60 days. The open cases for sexual abuse against 55 year-old Víquez expire on September 26, however, there are now three additional cases presented this month thanks to a legislation that gives more time to those who suffered sexual assault when they were minors to press charges.

The three new victims that decided to speak up are: Anthony Venegas Abarca, Carlos Muñoz Quirós and Maikol Rodríguez Solera. The crimes occurred between 2003 and 2004. The first victim is a man of last names Alvarado Quirós.

The Catholic Church apparently had received the first complaints against Víquez back in 2003, and in total there were nine complaints of his sexual misconduct; however, the church did not act until February this year (2019), when they informed that the priest had been separated from the Church.

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August 18, 2019

Detienen en México a cura de Costa Rica acusado de pederastia

MONTERREY (MEXICO)
Milenio [Monterrey, Nuevo León, Mexico]

August 18, 2019

By Alejandro Domínguez

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Víquez Lizano tiene otras nueve denuncias ante la Iglesia católica, que ya lo sancionó expulsándolo el año pasado; fue trasladado al reclusorio Sur y enfrentara proceso de extradición.

El ex sacerdote costarricense Mauricio Víquez fue detenido en Nuevo León por la orden de captura internacional que tiene en su contra por presuntamente haber abusado de al menos un menor de edad, confirmaron fuentes de la Fiscalía General de República.

En su contra hay otras nueve denuncias ante la Iglesia católica, que ya lo sancionó expulsándolo el año pasado.

Víquez fue trasladado al reclusorio Sur de la Ciudad de México donde enfrentará su proceso de extradición a Costa Rica.

Esta semana dos de sus víctimas, Michael Rodríguez, de 38 años, y Anthony Venegas, de 33, contaron en MILENIO Televisión que fueron abusados sexualmente al menos tres años de su adolescencia por el sacerdote y pidieron ayuda para encontrarlo en México.

El sacerdote Mauricio Víquez ingresó a México en enero de este año, luego de haber sido expulsado de la Iglesia católica tras acumular al menos nueve denuncias canónicas y una denuncia penal por abuso sexual a menores.

Víquez huyó de Costa Rica al enterarse de la denuncia penal en su contra, la única que podría causar que sea enviado a prisión, sin embargo, la víctima cumplirá 28 años en septiembre y con ello prescribirá el delito, pues cuando la víctima presentó la denuncia la ley costarricense vigente determinaba que los delitos de abuso contra menores prescribían diez años después de que cumplan la mayoría de edad.

El 19 de febrero, el poder judicial de Costa Rica giró una orden de captura internacional en su contra e Interpol emitió una ficha roja para que el sacerdote de 55 años fuera detenido.

A finales de abril, las investigaciones se centraron en México, cuando Interpol identificó que Víquez entró al país proveniente de Panamá.

A través de documentos del Instituto Nacional de Migración, se determinó que desde el 9 de enero llegó en avión a la Ciudad de México.

Agentes de migración confirmaron a MILENIO que el sacerdote se trasladó a Jalisco y según la Interpol no ha salido del país. Ahora se sabe que se trasladó a Nuevo León, donde fue detenido.

Los costarricenses Michael Rodríguez y Anthony Venegas, dos de las nueve personas que presentaron denuncias canónicas contra Víquez, acusan que durante años la Iglesia católica en Costa Rica encubrió al sacerdote.

Desde 2003, Anthony presentó la denuncia ante la Iglesia pero solo lo separaron de algunas funciones. En 2018 Michael presentó su denuncia en la Iglesia y supo que no era el primero.

Ambos dijeron que el padre abusó sexualmente de ellos cuando eran monaguillos. Anthony, entre los 13 y los 17 años, y Michael, entre los 14 y 17 años. Cuando se decidieron a denunciar por la vía penal ya era muy tarde.

Michael dijo que tardó en presentar la denuncia por “el miedo y la vergüenza, que encubre toda esta parte de ser abusado en tu niñez, en un periodo en el que te estás desarrollando y conociéndote pues lleva a uno a callarlo”.

Incluso tuvo que acceder al deseo de sus padres para que el sacerdote lo casara, pues no estaban enterados de lo que le hizo.

“No sabían. Imagínate que este señor te casó. Mis padres me decían cómo no te va a casar él, si es como un padre para vos. Y el miedo de saber, y de decirle a mi familia que no quiero que me case, y de crear una sospecha de por qué decía que no, me llevó a decirle que él me casara”, contó Michael.

Con ayuda de un diputado, ambos impulsaron el proyecto de ley “Derecho al tiempo” con el que lograron cambiar que la prescripción de los delitos sexuales no sea después de los 10 años de haber cumplido la mayoría de edad, sino que sea hasta 25 años después. Sin embargo, la única denuncia penal contra Víquez se presentó antes de que esta ley se aprobara.

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August 7, 2019

Investiga FGE a sacerdote por violación de menor

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA (MEXICO)
Milenio [Monterrey, Nuevo León, Mexico]

August 7, 2019

By Andrés Sánchez Pastén

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Se decidió hacer válida la denuncia contra el clérigo, Adalberto “N”, bajo el oficio número 6071/2019.

La Fiscalía de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales indaga al sacerdote Adalberto “N”, quien presuntamente violó a una menor de edad varias veces, en el municipio de Quecholac. Una fuente cercana al caso dijo a Milenio Puebla que el pasado 31 de julio, el organismo que forma parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió la denuncia de los padres de la agraviada, quien actualmente recibe apoyo psicológico.

Señaló que los adultos indicaron que su hija fue abusada sexualmente en diversas ocasiones por el cura Adalberto “N”, quien la amenazaba con hacerle daño a sus familiares si lo denunciaba. Los padres de la agraviada, abundó la fuente, indicaron que vieron cambios de actitud en la menor, quien terminó por confesarles lo ocurrido con el sacerdote, quien era el encargado del Ex Convento de Santa María Magdalena del municipio de Quecholac.

Una fuente cercana al caso dijo a Milenio Puebla que el pasado 31 de julio, el organismo que forma parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió la denuncia de los padres de la agraviada, quien actualmente recibe apoyo psicológico. Señaló que los adultos indicaron que su hija fue abusada sexualmente en diversas ocasiones por el cura Adalberto “N”, quien la amenazaba con hacerle daño a sus familiares si lo denunciaba.

Los padres de la agraviada, abundó la fuente, indicaron que vieron cambios de actitud en la menor, quien terminó por confesarles lo ocurrido con el sacerdote, quien era el encargado del Ex Convento de Santa María Magdalena del municipio de Quecholac. Por lo anterior, la abogada Mónica Pérez, agente del Ministerio Público, decidió hacer válida la denuncia contra el clérigo bajo el oficio número 6071/2019, el cual ya es investigado por la FGE.

De encontrarlo culpable, el organismo a podría girar en ellos próximos días una orden de aprehensión en su contra por el delito de colación, el cual lo llevaría a un juicio que terminaría en cárcel. Tras la denuncia en su contra, los padres de la menor y los pobladores señalaron que Adalberto “N” se había dado a la fuga porque no se había presentado al templo, sin embargo, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, lo descartó y aseguró que solo lo había separado de su cargo. Aseguró que no podrá oficiar misa en ningún lado hasta que la Fiscalía General de Estado (FGE) determine si tiene o no responsabilidad en el delito que se le imputa. Por otro lado, invitó a la familia de la víctima menor de edad a que también realice la denuncia ante los tribunales eclesiásticos para aplicar las sanciones correspondientes contra el sacerdote.

Según la Arquidiócesis, estos tribunales, que se encuentran en conformación de lineamientos como sus estatutos y también sus integrantes por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se ubican en la 16 de Septiembre 901c en el Centro Histórico de la capital poblana.

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August 4, 2019

Separa Iglesia católica a sacerdote acusado de violación en Puebla

PUEBLA (MEXICO)
Diario de Yucatán [Mérida, Yucatán, Mexico]

August 4, 2019

By Lluvia Magaña Peralta

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PUEBLA.- El sacerdote católico Adalberto N, fue separado de su ministerio, luego de que el arzobispado de Puebla conoció de la presunta violación contra una menor de edad.

El presbítero, que ejercía sus funciones en el municipio de Quecholac, está inhabilitado para presidir cualquier ceremonia y suministrar sacramentos católicos hasta que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) defina el delito que haya cometido, dio a conocer el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.

En rueda de prensa reconoció que la denuncia se presentó ante la FGEP; por lo que considera que la familia de la agraviada debe seguir el procedimiento; Así como lo harán los tribunales eclesiásticos que aplicarán las sanciones correspondientescontra el párroco. Afirmó que no se encubrirá ningún caso de abuso.

“Estamos dispuestos a escuchar toda denuncia que nos llegue. A la familia se le ofrece trato digno y la disposición de escucharlos; el sacerdote no está prófugo, se le separó de la comunidad como lo ordena el Papa, en una medida cautelar hasta que se aclare su inocencia o culpabilidad”, expresó.https://twitter.com/alecafierro/status/1158064705296113665

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Iglesia separa a sacerdote acusado de violación en Puebla

PUEBLA (MEXICO)
Aristegui Noticias [Mexico City, Mexico]

August 4, 2019

By Redacción AN / AG

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Adalberto ‘N’, fue separado de su ministerio, luego de que el arzobispado de Puebla conoció de la presunta violación contra una menor de edad.

(El sacerdote católico Adalberto ‘N’, fue separado de su ministerio, luego de que el arzobispado de Puebla conoció de la presunta violación contra una menor de edad.

Adalberto ‘N’, quien ejercía sus funciones en el municipio de Quecholac, está inhabilitado para presidir cualquier ceremonia y suministrar sacramentos católicos hasta que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) defina el delito que haya cometido, dio a conocer el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.

En rueda de prensa reconoció que la denuncia fue presentada ante la FGEP, por lo que consideró que la familia de la agraviada debe seguir el procedimiento, como también lo harán los tribunales eclesiásticos que aplicará las sanciones correspondientes contra el párroco Adalberto ‘N‘, pues no se encubrirá ningún caso de abuso, dijo.

“Estamos dispuestos a escuchar toda denuncia que nos llegue, a la familia se le ofrece trato digno y la disposición de escucharlos, el sacerdote no está prófugo, ha sido separado de la comunidad como lo ordena el Papa, en una medida cautelar hasta que se aclare su inocencia o culpabilidad”, expresó.

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August 3, 2019

Cancela actividades eclesiásticas sacerdote acusado de abuso sexual en Quecholac

PUEBLA (MEXICO)
El Sol de Puebla [Puebla, Puebla, Mexico]

August 3, 2019

By José Luna

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De acuerdo a los señalamientos, el párroco habría violentado en varias ocasiones a una menor de edad

QUECHOLAC, Pue.- El sacerdote Adalberto N., suspendió desde el pasado jueves toda actividad eclesiástica en el Ex Convento de Santa María Magdalena, la cual tenía a su cargo. Lo anterior, luego de que se diera a conocer la denuncia que fue hecha en su contra por un presunto caso de abuso sexual.

Ante esta situación, se suspendieron los servicios eclesiásticos en el Ex Convento, mientras las celebraciones eucarísticas que estaban programadas para este fin de semana se cancelaron de última hora, sin dar una explicación sobre los motivos que lo orillaron hacer lo antes descrito.

Habitantes señalaron que al padre Adalberto José de aproximadamente 60 años no se le ha visto desde la tarde del miércoles.

Al párroco lo consideran una persona muy social y participativa en las actividades parroquiales de la comunidad.

Cabe mencionar que fue ante la unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, donde fue denunciado el sacerdote. 

Por este hecho se dio inicio a una carpeta de investigación bajo el CDI/3969/2019/UDS, ya que según lo informado por los familiares el cura abusó en repetidas ocasiones de la adolescente quien era muy allegada a la iglesia junto con su familia. Además de que la mantenía con amenazas para que no dijera nada; sin embargo, luego de que la progenitora encontrara huellas de violencia en su cuerpo, la adolescente habría decidido contar los hechos.

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Adalberto, párroco en Puebla, habría violado y embarazado a una adolescente, y se da a la fuga

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA (MEXICO)
Central Periodismo Irreverente [Puebla de Zaragoza, Puebla, Mexico]

August 3, 2019

By Redacción/SinEmbargo

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La adolescente relató que el sacerdote abusó sexualmente de ella en varias ocasiones aprovechando la cercanía de sus padres a la Iglesia y dijo que la había amenazado con hacerle daño a sus padres en caso de que contara algo sobre las violaciones que perpetró en su contra por varios meses.

Puebla, Puebla, 3 de agosto (PeriódicoCentral).- El párroco Adalberto José “N”, es acusado por presuntamente cometer abuso sexual contra una menor de edad en el municipio de Quecholac, localizado en el Triángulo Rojo de Puebla.

Se trata de una adolescente quien esta semana relató a su familia que el sacerdote abusó sexualmente de ella aprovechando la cercanía de sus padres a la Iglesia.

La menor de edad detalló que el cura la había amenazado con hacerle daño a sus padres en caso de que contara sobre las violaciones que perpetró en su contra por varios meses.

Fue la madre de la menor quien empezó a notarla cada vez más retraída y descubrieron que tenía marcas en su cuerpo por lo que acudieron al DIF del municipio y tras varias sesiones con especialistas la adolescente contó los abusos que el cura cometía en su contra.

La menor de edad además advirtió que temía encontrarse embarazada, por lo cual ya se le practicaron exámenes para determinar si espera un bebé del párroco.

A través de distintas cuentas de Facebook los vecinos de Quecholac han distribuido la imagen del sacerdote para solicitar más informes a otras posibles víctimas de abuso sexual.

Versiones extraoficiales señalan que el párroco ya se fugó del municipio para evitar ser aprehendido por las autoridades ministeriales debido a que comenzaron con los trámites para denunciarlo formalmente ante la Fiscalía General del Estado.

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July 31, 2019

Sacerdote de Quecholac es acusado de presunto abuso sexual

PUEBLA (MEXICO)
El Sol de Puebla [Puebla, Puebla, Mexico]

July 31, 2019

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Una adolescente habría revelado que el padre la tenía amenazada 

El Sol de Puebla 

QUECHOLAC, Pue:- Una familia originaria de este municipio denunció de forma anónima al sacerdote Adalberto “N” ante las autoridades competentes, por un supuesto caso de abuso sexual en contra de una adolescente que lo delató tras callar por varios meses.

Los padres de la parte agraviada, quienes decidieron permanecer en el anonimato por seguridad, declaró a esta casa editorial que al notar a su hija que pasaba por un mal momento, decidieron intervenir y tras revisar físicamente a la menor se llevaron la sorpresa de que la jovencita presentaba varias lesiones en su cuerpo.

En ese preciso momento, la adolescente confesó que el sacerdote Adalberto “N” había abusado de ella sexualmente en repetidas ocasiones, no conforme, la obligaba a que acudiera frecuente a la iglesia con la amenaza de que iniciaría una serie de represalias en contra de su familia quien es muy allegada a la religión católica, por lo cual decidió callar por varios meses.

Enseguida, la adolescente en compañía de sus tutores decidieron buscar ayuda ante las instancias municipales del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para llevar a cabo un chequeo médico, así como solicitar asesoría legal para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el supuesto abuso sexual que cometido por este sacerdote.

Se espera que tras la intervención de las autoridades, un médico legista determine el grado violación sobre la menor, quien permanece en el anonimato, además hacen un llamado a la comunidad en general para denunciar en caso de también ser víctima de abuso sexual por parte del padre Adalberto “N”.

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July 25, 2019

Alega que fue víctima de abuso sexual por párroco

MEXICO CITY (MEXICO)
Telemundo 52 Los Angeles [Universal City CA]

July 25, 2019

By Norma Ribeiro

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La demanda acusa al sacerdote Michael Stephen Baker de cometer los actos en los 90’s.

Sale a la luz pública otro supuesto caso de abuso sexual por parte de un sacerdote considerado uno de los peores pedófilos de la iglesia católica.

El acusado se trata del sacerdote Michael Stephen Baker, quien fue párroco de la Iglesia Santa Isabel en Van Nuys desde 1988 hasta 1993.

El jueves, un hombre hispano denunció haber sido supuestamente abusado por ese cura en la década de los 90 y entabló una demanda.

El padre Michael Stephen Baker estuvo desde el 2007 hasta el 2011 en la cárcel por algunos de los indignantes actos que cometió, pero se ha denunciado que pudieran haber sido más de 20 los menores de quienes supuestamente abusó sexualmente.

“Tomó mi inocencia cuando me violó sexualmente”, dijo Alberto Sánchez, el demandante.

Hoy en una rueda de prensa se hizo público por medio de una portavoz, el trauma que Alberto Sánchez asegura sufrió en 1990 cuando tenía 10 años y era monaguillo en esa iglesia y donde el padre Baker era el párroco en ese entonces.

“Hemos entablado una demanda en contra de la Arquidiócesis de Los Ángeles”, dijo Michael Reck, uno de los abogados de este caso, quien alega que existe evidencia de que desde 1986 los líderes de la iglesia sabían que ese sacerdote había abusado de niños.

Según Reck, la archidiócesis ocultó todo, incluyendo el propio Cardenal Roger Mahony.

“Roger Mahony no lo protegió, él sabía que Michael Baker estaba abusando niños y siguió protegiendo al pastor”, dijo Griselda Solís, portavoz de “Jeff Anderson & Associates”.

Además de esta acción legal, Alberto Sánchez y sus representantes legales advirtieron que el sacerdote hoy en día goza de plena libertad y vive en el Sur de California.

De acuerdo a los abogados, el padre Baker reside en Pasadena y tiene acceso a muchos niños.

Telemundo 52 contactó a la iglesia católica sobre la demanda en donde afirman que el Cardenal Mahoney se ha disculpado públicamente por el manejo de las denuncias en contra de Baker y “de nuevo ofrece sus más sinceras disculpas a cada person que hay sido perjudicada por un miembro de la iglesia y reafirma su firme compromiso a darle apoyo y sanación a las víctimas”, señaló Adrian Alarcón, Director de Relaciones Públicas de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

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July 23, 2019

Los sacerdotes y la pedofilia: los casos más conocidos en México

SAN LUIS POTOSí (MEXICO)
La Silla Rota [Mexico City, Mexico]

July 23, 2019

By Redacción

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En 2002 la Iglesia fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas

Los casos de pedofilia de sacerdotes de la Iglesia católica en México han sido denunciados desde hace décadas, aunque han sido pocos los que han llegado a ser confirmados.

En 2002 la Iglesia fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas.

El caso más emblemático es el de Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo. El cura murió en 2008 entre acusaciones de abuso sexual contra varios seminaristas y niños y la exigencia por parte de las víctimas de que pidiera perdón.

Uno de los que denunciaron a Maciel fue el ex rector de la Universidad Anáhuac, Juan Manuel Fernández Amenábar, cuyo caso fue dado a conocer por Alberto Athié Gallo.

Recientemente, la cantante y presentadora Ana Lucía Salazar, hizo público el abuso que sufrió por parte del padre Fernando Martínez, aprendiz de Marcial Maciel, cuando era una niña de 8 años y acudía al Instituto Cumbres en Cancún, Quintana Roo, una escuela católica privada donde Martínez era director.

El cura llegó a tierras quintanarroenses proveniente de Monterrey, sin embargo también estuvo en el Instituto Cumbres de la Ciudad de México, donde había abusado sexualmente de menores durante la década de 1980, por ello fue trasladado.

De acuerdo con la cantante, al menos hubo siete víctimas en su escuela.

De acuerdo con Juan José Vaca, una de las víctimas más conocidas de Marcial Maciel, el cura Martínez fue abusado sexualmente por el fundador de los Legionarios de Cristo.

Actualmente el cura, de 79 años, se encuentra en retiro y reside en Salamanca, España.

ENCUBRIMIENTO

En 2010, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de 65 sacerdotes acusados en Estados Unidos de abuso sexual.

SNAP además presentó acusaciones contra Norberto Rivera Carrera, quien fuera arzobispo de México, al que acusan de haberse coludido con Roger Mahony para proteger a varios de estos sacerdotes, pero particularmente en el caso de Nicolás Aguilar Rivera, procesado en Tehuacán (Puebla) por abusar sexualmente de al menos sesenta niños.

NAASÓN JOAQUÍN GARCÍA

Aunque propiamente Joaquín no está afiliado al catolicismo, el líder de la iglesia de la Luz del Mundo actualmente enfrenta acusaciones por los delitos de trata de personas, violación y pornografía infantil. 

El pasado 4 de junio Naasón Joaquín García fue detenido en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Xavier Becerra, fiscal de California, detalló que Joaquín García fue detenido junto con Alondra Ocampo y Azalea Rangel Meléndez, al estar  implicados en los delitos cometidos entre 2015 y 2018, mientras dirigían la organización religiosa con sede en México.

La denuncia presentada ante un tribunal en Los Ángeles informa que García y los coacusados cometieron 26 delitos graves en el sur de California durante un período de aproximadamente cuatro años.

Alondra Ocampo, de 36 años, fue arrestada en el condado de Los Ángeles y está en el Centro de Detención Regional Century, en Lynwood, antes de su lectura de cargos, programada para la mañana del miércoles en Los Ángeles.

De acuerdo con los testimonios de algunas de las víctimas, a las menores abusadas primero eran convencidas de hacer “bailes coquetos”, para Naasón Joaquín García. Posteriormente, las niñas fueron obligadas a ser fotografiadas en poca ropa haciendo algún tipo de actividad sexual.

Además, se les decía que iban contra la voluntad de Dios si se negaban a los abusos.

OTROS CASOS

En 2012, Manuel Ramírez García sacerdote de San Pedro, Nuevo León, fue acusado por 13 niños de abusar sexualmente de ellos. Los niños eran estudiantes de 5º grado de primaria en el “Colegio de Guadalupe”, según sus propias declaraciones el sacerdote los tocó.

La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí informó en 2015 que seis sacerdotes acusados de pederastia se encuentran prófugos de la justicia, encabezada por el padre Eduardo Córdova Bautista, quien enfrenta una denuncia por abuso sexual en contra de 19 menores de edad. En esa ocasión señaló que existen seis órdenes de aprehensión, giradas por jueces penales, en contra de igual número de clérigos acusados de abuso sexual.

Dos casos más de este tipo son los de Francisco Javier Castillo, párroco del templo del Sagrado Corazón del municipio de Santa María del Río, y Noé Trujillo, párroco del templo de Nuestra Señora de la Soledad. Las agencias especializadas en delitos sexuales integraron en su contra expedientes por abuso sexual agravado y violación, en los que dos niños tienen la calidad de víctimas.

Sobre sacerdotes procesados en San Luis Potosí, en el penal de la Pila hay dos curas recluidos y sujetos a proceso penal por delitos sexuales. El primero es Guillermo Gil Torres, ex párroco del Templo Santa Rosa de Lima, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a quien se le procesó por el delito de abuso sexual calificado en contra de un niño en la casa parroquial, al que presuntamente le mostraba fotografías en las que aparecía desnudo y lo ultrajaba. El otro cura es José de Jesús Cruz, ex párroco del templo de Nuestra Señora de Fátima, acusado de abuso sexual, en perjuicio de un joven.

El 24 de febrero de 2017 Gerardo Silvestre Hernández, sacerdote de la Arquidiócesis de Oaxaca, fue sentenciado a 16 años de prisión por el delito de corrupción de menores en su modalidad de inducción a actos sexuales y exposición de filmes pornográficos, tras quedar comprobado que abusó de varios menores entre 2009 y 2010; asimismo, se le impuso una multa de 46 mil 179 pesos como reparación de daños en el caso. En 2013 Gerardo Silvestre fue detenido y desde entonces se encuentra recluido en el penal de Tlaxiaco, en la región Mixteca.

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July 19, 2019

Con apoyo de Morena, el sacerdote Pedro Gutiérrez alista la reapertura de la Ciudad del Niño

LEóN (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

July 19, 2019

By Verónica Espinosa

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SALAMANCA, Gto. (apro).- El sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías regresó al albergue que fundó hace 44 años, la Ciudad del Niño, y anunció que se prepara para reabrirlo y recibir nuevamente a niñas y niños. Gutiérrez Farías dijo contar con una resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal a su favor “por falta de elementos que acrediten las conductas de las que fue acusado”, en el amparo en revisión 327/2017, en una conferencia de prensa acompañado de su abogado Jesús Centeno. Las conductas a las que aludió son acusaciones de abusos sexuales y maltrato físico y psicológico en contra de menores resguardados en este centro, que carecía de permisos del DIF estatal, situaciones que fueron documentadas dentro de un juicio de amparo llevado por la jueza de distrito Karla Macías Lovera, cuando atendió el caso de una menor a la que sus padres lucharon por recuperar. Según la resolución de la jueza que se hizo pública a mediados de 2017, el sacerdote registró a 134 menores con su apellido paterno y como segundo apellido el de una de las monjas que lo asistía en el albergue. Pero en realidad, la resolución a la que hizo referencia el cura no es una exoneración, sino que se refiere a que la jueza Karla Macías debió resolver únicamente el tema de la menor en el juicio que atendía, y los señalamientos en contra del sacerdote tendrían que ser investigados por la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General del Estado y otras instancias como el DIF y la Procuraduría de protección a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el exgobernador Miguel Márquez siempre se negó a que se investigara al sacerdote, y sólo se le retiró de la Ciudad del Niño, del cual se hizo cargo personal del DIF estatal en precarias condiciones de atención a los menores y adolescentes que allí se encontraban, quienes finalmente fueron reubicados a distintos centros y con sus familiares. Una reportera le preguntó al sacerdote a quién le atribuía las acusaciones en su contra y el cierre del albergue. “Manos negras, o color de rosa, no sé, pero nos vino el problema, lo aceptamos. Pero por qué, no sé”, respondió.“Obra de dios” De regreso a la Ciudad del Niño, el sacerdote Gutiérrez Farías afirmó que esto “es un milagro porque la situación estaba terrible, me acusaron injustísimamente”. “La Ciudad de los niños es una obra de la patria, una obra de dios. ¿Por qué me dediqué a esto? Porque dios me lo dijo, yo no lo hago por dinero”, señaló en la rueda de prensa. Aseguró que registró a los menores con sus apellidos porque los gobernadores le aconsejaron que así lo hiciera. “Yo les pedía ayuda a todos los gobernadores y me ayudaron, les decía: ‘¿qué hago con los niños, no tienen papeles. Me decían: déselos usted. Aquí venía el del Registro civil a la casa, a registrarlos”. Gutiérrez negó que hubiera obligado a padres y madres de familia a ceder la tutela de los menores, aunque esto fue también documentado por la jueza Macías Lovera. El domingo, el sacerdote oficiará una misa en la capilla del inmueble, “y después habrá comida y música y van a bailar hasta que se les hinchen los pies, porque vamos a decirle al Señor muchas gracias, porque era una cosa dificilísima”. También va avanzando en los permisos y trámites ante las distintas autoridades para volver a operar el centro, como el uso de suelo que otorga el Municipio, Protección Civil, Salud, aunque le falta culminar el trámite ante el DIF estatal. Luego, afirmó que necesitará por lo menos dos millones de pesos para hacer todas las reparaciones que necesitan las instalaciones. “Dejen que me echen dinero, necesito dinero…yo sé que la gente salmantina es de corazón noble y nos va a ayudar”, afirmó. Tan es así, que de distintas instancias gubernamentales, Gutiérrez Farías recibió más de 45 millones de pesos de apoyos en los últimos 13 años, además de la entrega en donación de cuatro terrenos. Por su parte, el propio sacerdote tiene registradas ocho propiedades a su nombre en Salamanca e Irapuato, según documentó una investigación de la periodista Kennia Velázquez. Por lo pronto, gracias a la muy cercana relación que tiene con la alcaldesa de Morena, Beatriz Hernández, el gobierno municipal le paga 40 mil pesos mensuales a cambio de que los elementos de la Guardia Nacional y la Marina que arribaron a Salamanca se instalaran en el otro albergue que tiene el sacerdote en esta ciudad, que también se quedó vacío. “A la alcaldesa yo la conocí de chiquita, hemos tenido mucha amistad con sus papás, con su familia, me dice: padre, me llega la obligación porque está Salamanca medio lleno de sangre, no tengo dónde poner a la Guardia Nacional y los marinos. Le dije: claro que sí, tengo desocupado, y allí están los señores”.



            

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June 20, 2019

Groping case dropped against priest who was sent back to Mexico over incident at Fort Worth park

MEXICO CITY (MEXICO)
Dallas Morning News [Dallas TX]

June 20, 2019

By Sarah Sarder

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In September, a man accused Father Genaro Mayorga Reyes of grabbing his genitals in a park across the street from All Saints Catholic Church, where he was a priest. Reyes denied the claim.

A judge in early June dismissed charges against a Fort Worth priest accused of groping a man after prosecutors asked that the case be dismissed, records show.

The Fort Worth Star-Telegram reported that prosecutors filed a motion to dismiss charges against the Rev. Genaro Mayorga Reyes on June 4. A judge signed the dismissal the same day.

In September, a man accused Reyes of grabbing his genitals in a park across the street from All Saints Catholic Church, where he was a priest.

Reyes denied the claim, but he was recalled to Mexico in November.

Prosecutors did not make clear in their request why they wanted the charges dropped, the Star-Telegram reported. A diocese spokesman told the newspaper that Reyes would not return to Fort Worth because he had violated the diocese’s code of conduct.

The spokesman added that Fort Worth police reported the allegations to Bishop Michael F. Olson once they had investigated and deemed them credible.

The vice provincial of Santa María de Guadalupe recalled Reyes to Mexico at Olson’s request.

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June 19, 2019

2 Catholic orders name 65 priests accused or convicted of abuse; 27 served in Arizona

HERMOSILLO (MEXICO)
azcentral [Tysons Corner VA]

June 19, 2019

By Lauren Castle

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Two Catholic religious orders recently released lists naming 65 clergy accused of sexual abuse against minors dating back decades; 27 of the men served in Arizona.

The newly released information comes as American bishops met this week in Baltimore for a conference that focused on how to respond to the church’s sex-abuse crisis, which has increasingly caught the attention of state prosecutors across the U.S.

The Franciscan Friars of the Province of Saint Barbara, based in Oakland, California, released its list of credible abuse claims in late May. The claims stretch as far back as the 1930s, and the most recent claim is from the 1980s. More than two dozen on the list had assignments in Arizona, from St. Mary’s in Phoenix to St. Xavier del Bac near Tucson. Most of the accused have long since died. 

In a letter, Father David Gaa, provincial minister for the Franciscan Friars of Saint Barbara, said the list is a commitment to transparency and accountability. “The victims, their families, and the People of God deserve transparency,” the letter says. 

A Catholic religious order that founded University of Notre Dame and Holy Cross College in Indiana released a list of credible sex abuse claims involving minors on Wednesday. The Congregation of Holy Cross’ list dates back to the 1940s.

Two of the accused clergy served in Phoenix. 

“Over the last two decades, but particularly in the last year, we have all become more aware of the problem of sexual abuse of children within the Catholic Church and its mishandling,” Rev. William Lies, the provincial superior of the order, said in a letter published with the list

“I share your frustration, anger and sadness at these revelations. I also share your desire for transparency and healing,” the letter says.

The Diocese of Phoenix, which began publishing its list of credible abuse claims against clergy seven years ago, issued a statement that it is reviewing both lists. 

Bishop Thomas Olmsted and the Phoenix diocese, in the statement, urged anyone who has been a victim of abuse to call a local law-enforcement agency. 

Scrutiny grows across the country

Abuse in the Roman Catholic church gathered greater scrutiny with the release of a Pennsylvania Attorney General’s grand jury report last year.

More than 300 “predator priests” molested more than 1,000 children in six dioceses across Pennsylvania for more than six decades, according to the report.

“Priests were raping little boys and girls and the men of God who were responsible for them not only did nothing: They hid it all,” the report says.

The Pennsylvania report spurred prosecutors across the U.S. to investigate abuse claims in the church. The Survivors Network of those Abused by Priests points out on its website that many states have set up hotlines for victims to report clergy abuse. Arizona is not among them.  

The Arizona Attorney General’s Office would not comment on possible action but encouraged victims to report abuse to law enforcement. 

“Anyone who abuses a child needs to be held accountable, no matter how long ago the abuse took place,” Katie Conner, an AG’s Office spokeswoman, told The Arizona Republic

Clergy abuse in Arizona has been investigated before. In 2003, then-Maricopa County Attorney Rick Romley headed an investigation that led to six criminal indictments of priests and countless lawsuits.

Former Bishop Thomas O’Brien, then the leader of the Diocese of Phoenix, was granted immunity from prosecution after admitting his part in cover-ups. He eventually acknowledged some 50 priests and church staff were accused of abuse over the years and that the diocese had paid millions to settle lawsuits. 

The diocese agreed with Romley to appoint a curator to oversee internal church investigations and to provide nearly $700,000 for treatment for victims.

O’Brien resigned within weeks of the settlement after being arrested for a fatal hit-and-run accident. He was convicted and sentenced to probation, living in a church-owned house in Phoenix until his death last year.  

A civil lawsuit accusing O’Brien of abuse had been filed in 2017, but was dismissed after his death. Other lawsuits against priests who served in Arizona continue.  

Diocese of Phoenix weighs in

The Diocese of Phoenix began publishing lists of priests accused or convicted of abusing children in 2012. There are 39 names on current lists, whether diocese priests or those from other religious orders who served in the area.  

The diocese sends community notifications when new lists, such as those from the Franciscan and Holy Cross orders, are released. 

The diocese has made strides to fulfill its promise to protect children, educate the community and provide healing to those who have been abused, said Robert DeFrancesco, spokesman for the diocese.

The diocese’s Office of Child and Youth Protection provides healing Masses, referrals for counseling, spiritual direction and facilitates meetings with Bishop Olmsted. 

The local diocese surveyed parishioners last fall in the wake of the Pennsylvania grand jury report, many who said they were angry, embarrassed, confused and disgusted.

Most of the 1,600 respondents were active Catholics who said the recent abuse scandals have not led them to question their faith, although less-active parishioners questioned their faith more based on the recent developments, according to the survey highlights released in February.

“In light of recent abuse scandals, now is an important time for the Church to recall what has been learned, to keep in prayer those who are victims, and to recommit ourselves to vigilance in our Catholic community to protect our children from the evils of abuse,” DeFrancesco said. 

50 names on the Franciscan list

Half of the 50 friars on the Franciscan list had served in Arizona.

Two already were on the Phoenix diocese list, including Louis Ladenburger, who was convicted of sex crimes against children.  

Ladenburger served in the area from 1965-1967 and 1992-1993 at St. Mary High School in Phoenix, the Franciscan Renewal Center in Scottsdale, St. Mary’s Basilica in Phoenix and St. Joan of Arc Parish in Phoenix. 

Allegations of abuse against Ladenburger from 1973-1974 were reported in 1984 and 2018, according to the Franciscan Friars. 

He left the order in 1996.

Less then 10 years later, the Phoenix Diocese alerted the community about his arrest. He was accused in 2007 of molesting two teenage boys while working as a school counselor in Bonner County, Idaho.

Others listed who served in Arizona include: 

  • Dennis Duffy: Served at San Carlos in Whiteriver from 1971-1973 and St. Francis in Whiteriver from 1975-1980. Alleged abuse happened in 1975. Abuse reported in 1990. Removed from ministry in 1990. 
  • Felipe Baldonado: Served at St. Mary’s in Phoenix from 1949-1950 and Sacred Heart in Phoenix from 1964-1967. Alleged abuse happened in 1959. Abuse reported in 2003. Died in 2003. 
  • Samuel Cabot: Served at Casa de Paz y Bien Retreat in Scottsdale from 1954-1956. Alleged abuse happened from 1977-1985. Abuse reported in 2002. Died in 2019. 
  • Camillus Cavagnaro: Served at Native American missions across Arizona from 1947-1961 and 1985-1986, San Solano Missions in Topowa and Sells from 1964-1971 and 1973-1978, St. Francis Mission in Whiteriver from 1978-1984, San Carlos in 1984, St. Mary’s in Phoenix from 1984-1985, San Xavier del Bac near Tucson from 2002-2005 and 2006-2007 and lived in an elder care facility in Arizona from 2007 to 2010. Alleged abuse happened from 1962-1965. Abuse reported in 2004. Died in 2011. 
  • Mario Cimmarrusti: Served at Immaculate Conception (St. Mary’s) in Phoenix from 1957-1958. Alleged abuse happened from 1962-1969. Abuse reported in 1993 and 2004. Died in 2013. 
  • Berard Connolly: Served at San Xavier del Bac near Tucson from 1988 to 1993. Alleged abuse happened from 1960-1963 and 1982-1984. Abuse reported in 1993, 2003, 2004 and 2014. Died in 1999. 
  • Owen da Silva: Served at St. Mary’s in Phoenix from 1940 – 1943 and Casa de Paz y Bien Retreat in Scottsdale from 1952-1957 and 1964-1966. Alleged abuse happened from 1936-1937. Abuse reported in 2004. Died in 1967. 
  • Kevin Dunne: Served at Casa de Paz y Bien in Scottsdale from 1953-1955, San Xavier del Bac near Tucson from 1995-1997 and St. Mary’s in Phoenix. Alleged abused happened from from 1970-1973. Abuse reported in 1993. Died in 2010. 
  • Adrian Furman: Served at San Xavier del Bac near Tucson, St. Mary’s in Phoenix from 1964-1966 and lived in an elder care facility in Phoenix from 2001-2002. Alleged abuse happened from 1959-1965. Abuse reported in 2002 and 2010. Died in 2003. 
  • Martin Gates: Served at Sacred Heart in Phoenix from 1966-1971. Alleged abuse happened from 1970-1989. Abuse reported in 1993 and 1995. Died in 2000. 
  • Gavin Griffith: Served at St. Mary’s in Phoenix from 1966-1979 and Franciscan Renewal Center from 1979-1987. Alleged abuse happened from 1979-1985. Abuse reported in 1987. Died in 2017. 
  • Gus Hootka: Served in Parker from 1954-1955. Alleged abuse happened from 1956-1957. Abuse reported in 2018. Died in 2007. 
  • Conan Lee: Served in St. Mary’s in Phoenix from 1944-1947. Alleged abuse happened from 1957-1961. Abuse reported in 2010. Died in 1978. 
  • Mark Liening: Served in St. Mary’s in Phoenix in 1942, 1943-1944, 1945-1947, 1950-1951, 1964-1966 and 1974 – 1979, St. Joseph’s Hospital in Phoenix in 1943, San Carlos from 1953-1955 and Covered Wells in 1964. Alleged abuse happened from 1943-1944. Abuse reported in 2007. Died in 1985. 
  • Finbar Kenneally: Served at St. Joseph’s Hospital in Phoenix from 1950-1953. Alleged abuse happened from 1962-1964. Abuse reported in 1991. Died in 1991. 
  • Sylvester Mancuso: Served in San Carlos from 1950 to 1951, Parker from 1955-1958, St. Peter’s in Bapchule from 1958-1964, St. Francis in Whiteriver from 1964-1971, Native American missions across Arizona from 1973-1978. Alleged abuse happened in 1961 and in the 1970s. Abuse reported in 1999 and 2004. Died in 1979. 
  • Bede McKinnon: Served at Franciscan Renewal Center in Scottsdale from 1983-1985 and 1994. Alleged abuse happened from 1978-1979. Abuse reported in 2010. Died in 1998. 
  • Claude Riffel: Served at St. Mary’s in Phoenix from 1945-1946. Alleged abuse from 1962-1965. Abuse reported in 2009. Died in 1977. 
  • Remy Rudin: Served in Topawa from 1950-1951, 1955-1960 and 1985-1989, Cowlic from 1951-1955. Alleged abuse happened in 1965-1975. Abuse reported in 2004 and 2017. Died in 1991. 
  • Ramon Varela: Served in Native American missions across the state from 1949-1955, St. Peter’s in Bapchule in 1962-1963, Sacred Heart from 1963-1967 and 1979. Alleged abuse happened from 1949-1979. Abuse reported in 1994. Died in 2002. 
  • Santiago Alamaguer: Served at Our Lady of Guadalupe in Guadalupe in 1978. Alleged abuse happened in 1978. Abuse reported in 1979. Returned to Mexico Province in 1979. 
  • Edward Henriques: Served at St. John’s in Laveen from 1946-1956. Alleged abuse happened in 1949 and 1963. Abuse reported in 1949 and 2005. Left the order in 1965. 
  • Charles “Jude” Ruetten: Served at St. John’s in Komatke in 1960-1963. Alleged abuse happened in 1963. Abuse reported in 1993. Left the order in 1967. 
  • Jorge Ortiz Lopez: His time in Arizona is not noted on the Franciscans’ list, but the Phoenix diocese list mentions time at Sacred Heart in Phoenix and that the Franciscans removed him from ministry in 2003. The Franciscan list notes he died in 2004. Alleged abuse happened in 1975 and 1976. 

Many of the claims occurred during the years the men were in Arizona, although the information does not say where alleged abuse occurred.  

The Franciscan Friars said if anyone believes the list should be updated, they can contact its Victims Assistance Coordinator at 1-800-770-8013. 

Some on the Franciscans’ list were already known as they have faced lawsuits from abuse victims.

2 with Arizona ties on the Holy Cross list

The list released by the Congregation of Holy Cross provides the locations and dates of where the priests served and the locations of the alleged abuse. The list also provides how many abuse claims a person has against him and the years the claim occurred. 

Out of the 15 names on the list, two have connections to Arizona.  

  • John Fitzgerald: Served at Andre House in Phoenix. Location of alleged abuse was in Illinois in the 1970s. Abuse reported in 1992. Removed from ministry in 1992. Left the order in 1997. 
  • Paul LeBrun: Served at Blessed Sacrament Parish in Tolleson and St. John Vianney Catholic Church in Goodyear. Multiple allegations made in Indiana and Arizona from 1980s-1990s. Abuse reported in 2000. Permanently removed from ministry in 2000. Dismissed from Holy Cross in 2007. 

LeBrun was already listed by the Phoenix diocese.

LeBrun is incarcerated in Florence after being sentenced to 111 years in prison in 2006 for sexually abusing six children in the West Valley between 1986 and 1989.  

Anyone with information about the list can contact the Congregation of Holy Cross’ victim assistance coordinator at 574-631-1126. 

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June 18, 2019

Consideran abuso de poder, la detención del sacerdote católico Rafael Muñiz

XALAPA (MEXICO)
Opción de Veracruz [Xalapa, Veracruz, Mexico]

June 18, 2019

By Miriam Olalde Ortiz/ IMAGENVER.COM

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* Línea política para perseguir a la iglesia: Quintín López Cesa

El procedimiento que se le sigue al padre Rafael Muñiz López quien la noche de ayer fue consignado e internado en el reclusorio norte del Distrito Federal acusado de delincuencia organizada y pornografía infantil, es un abuso de poder que forma parte de una línea política para afectar y perseguir a la iglesia católica.
Lo anterior fue dado a conocer por el vocero y el vicario de la Arquidiócesis de Xalapa, Quintín López Cesa y Gilberto Suárez Rebolledo, respectivamente, quienes ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer su postura en torno al caso del sacerdote veracruzano.
Al momento de hacer uso de la voz, López Cesa expreso que desde el pasado 17 de abril, día que fue detenido el padre Muñiz en compañía de su hermano, la iglesia de Xalapa ha estado al pendiente de su situación jurídica y le han manifestado su respaldo, ya que al igual que familiares, amigos y feligreses de la parroquia donde impartía la eucaristía el padre Rafael creen en la inocencia del mismo.
“Hemos constatado la manera tendenciosa como ha conducido el paso la PGJ del DF, no es la primera vez que queda la sospecha en la ciudadanía de que a determinadas autoridades les interesa mas su carrera política que la verdad, la equidad y la dignidad de las personas”.
El vicario de la arquidiócesis, Gilberto Suárez señalo que tanto para la comunidad católica como para los ciudadanos que conocer al padre Rafael, es indignante que un procurador proceda por interese personales y políticos o que por presión de tiempos electorales no tenga la capacidad y la nobleza de reconocer un error, ya que bien saben que el sacerdote es totalmente inocente pero no saben admitir la verdad y sobre todo que se equivocaron al señalarlo como culpable.
“Tenemos toda la confianza de dios en que tarde o temprano la verdad saldrá a relucir y se manifestara la inocencia la padre Muñiz, continuaremos en la lucha por su defensa aun cuando sabemos que nos estamos enfrentando a una maquinaria política”.

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June 16, 2019

Child sex abuse survivor ‘outs’ an abusive priest

TULANCINGO (MEXICO)
SNAP - Survivors Network of those Abused by Priests [Chicago IL]

June 16, 2019

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Child sex abuse survivor ‘outs’ an abusive priest

She speaks publicly now for the first time

Her alleged abuser is still in active ministry

At least four other victims have come forward

SNAP calls on Diocese of Fresno to “aggressively reach out” to other victims

What:

At a news conference, a child sex abuse victim who was sexually abused by a Reedley priest will name her abuser publicly for the first time and share her experiences as an abuse victim within the Diocese of Fresno.

When:

Monday, June 17 at 10:45am

Where:

Outside of St. Joseph’s Catholic Church, 1515 Baker St in Bakersfield, CA

Who:

Sylvia Gomez Ray, a survivor of clergy childhood sexual abuse, Joe George, a Sacramento attorney who represents the sexual abuse victim, and Joey Piscitelli, a Bay Area man who is a long-time leader of SNAP, the Survivors Network of those Abused by Priests

Why:

Sylvia Gomez Ray, a California woman, has just filed a report with the Attorney General’s office regarding abuse she experienced at the hands of an active priest within the Diocese of Fresno. At the event, Sylvia will name her abuser publicly for the first time.

She will talk about the abuse she suffered. And she wants to let other victims know “you are not alone. You do not have to continue to suffer in silence.”

Sylvia Gomez Ray, now 52 years old, was part of the St. Joseph’s youth group when Monsignor John Esquivel first met her and began grooming her. When Sylvia was a teenager, Msgr. Esquivel recruited her to work as the church secretary, replacing another teen that Esquivel had sexually molested. Msgr. Esquivel continued on to sexually assault Sylvia while she worked as the church secretary.

Monsignor Esquivel currently works at St. Anthony of Padua Catholic Church in Reedley, CA. He was the first priest ever ordained into the Diocese of Fresno and has worked within the diocese for more than 50 years. In recent years, SNAP has been contacted by at least four survivors of Msgr. Esquivel. One of those survivors stated that they refused to report to the Bakersfield Police Department because the investigator the survivor spoke to stated that his first call would be to the bishop.

There are currently seven priests within the Diocese of Fresno that have been suspended for misconduct, a remarkably high number for a diocese with fewer than 100 parishes. At least four of those priests – Fr. Eric SwearenginRev. Raul DiazFr. Jean-Michael Lastiri, Fr. Gaspar Bautista, and Msgr. Craig Harrison – have been suspended due to allegations of abuse. Just last week, the Diocese of Fresno revealed that it had reversed a decision made by previous church officials and removed Fr. Swearingen from ministry. Fr. Swearingen had been previously accused of abuse but the accusations were originally found to be “not credible.” SNAP fears that similar accusations against Msgr. Esquivel may have been treated in the same way.

SNAP is calling on Bishop Joseph Brennan to suspend Msgr. Esquivel from ministry while these claims are investigated. And they are asking that church officials aggressively seek out other victims of Msgr. Esquivel and encourage them to contact the police, local district attorney, and the attorney general. Additionally, because many of the communities that fall within the Diocese of Fresno have large Latino populations, SNAP urges that outreach be conducted in both English and Spanish and should also include the fact that California is a sanctuary status and so any undocumented witnesses or survivors should know that they can come forward without fear of reprisal from the government.

Contact: Dr. Joseph C. George (916) 802-7949 cell, (916) 641-7300 office, Joey Piscitelli, SNAP Northern California Leader, 925-262-3699, caljoey1@aol.com

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June 9, 2019

AS SAN FRANCISCO DISTRICT ATTORNEY, KAMALA HARRIS’S OFFICE STOPPED COOPERATING WITH VICTIMS OF CATHOLIC CHURCH CHILD ABUSE

TIJUANA (MEXICO)
The Intercept [New York City NY]

June 9, 2019

By Lee Fang

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Thanks to Kamala Harris’s predecessor, the San Francisco DA’s office had files on clergy sex abusers. But Harris refused to share them with victims.

KAMALA HARRIS, SURROUNDED by thousands of cheering supporters, kicked off her presidential campaign in Oakland earlier this year, declaring that she has always fought “on behalf of survivors of sexual assault, a fight not just against predators but a fight against silence and stigma.”

Fighting on behalf of victims of sexual abuse, particularly children, has been central to Harris’s political identity for the better part of three decades. Harris specialized in prosecuting sex crimes and child exploitation as a young prosecutor just out of law school. She later touted her record on child sexual abuse cases and prosecuting pedophiles in television advertisementssplashy profiles, and on the trail as she campaigned for public office.

But when it came to taking on the Catholic Church, survivors of clergy sexual abuse say that Harris turned a blind eye, refusing to take action against clergy members accused of sexually abusing children when it meant confronting one of the city’s most powerful political institutions.

When Harris became San Francisco district attorney in 2004, she took over an office that had been working closely with survivors of sexual abuse to pursue cases against the Catholic Church. The office and the survivors were in the middle of a legal battle to hold predatory priests accountable, and Harris inherited a collection of personnel files involving allegations of sexual abuse by priests and employees of the San Francisco Archdiocese, which oversees church operations in San Francisco, and Marin and San Mateo counties.

The files had been compiled by investigators working under the direction of Terence Hallinan, the radical district attorney who Harris ousted in a contentiouselection campaign. Hallinan’s team had prosecuted cases of abuse that had occurred decades earlier and had gathered evidence as part of a probe into widespread clergy sexual misconduct.

“It went from Terence Hallinan going hundred miles an hour, full speed ahead, after the Catholic Church to Kamala Harris doing absolutely nothing.”

Just six months before Harris took office, a U.S. Supreme Court decision overturned a California law that had retroactively eliminated the statute of limitations for criminal prosecution of child molestation cases. That shifted the focus to holding predators among the clergy accountable through civil cases and through a broader effort to bring attention to predators who had been shielded by the church.

Hallinan believed that the clergy abuse files were a matter of public record; Harris refused to release them to the public.

In her seven years as district attorney, Harris’s office did not proactively assist in civil cases against clergy sex abuse and ignored requests by activists and survivors to access the cache of investigative files that could have helped them secure justice, according to several victims of clergy sex abuse living in California who spoke to The Intercept.

“It went from Terence Hallinan going hundred miles an hour, full speed ahead, after the Catholic Church to Kamala Harris doing absolutely nothing and taking it backwards hundred miles an hour,” said Joey Piscitelli, a sexual assault survivor, who a jury found had been molested as a student while attending Salesian College Preparatory, a Catholic high school in Richmond, California.

Piscitelli had met with Hallinan’s office to discuss his case and the ongoing investigation into the church. But, he said, when Harris took over, his access to the office was shut off and his requests for clergy abuse files were ignored. Piscitelli resorted to handing out flyers and picketing outside the district attorney’s office on San Francisco’s McAllister Street.

Dominic De Lucca, a Burlingame, California, resident who says he was raped by a local priest when he was 12 years old, also said he was shocked that Harris declined to aggressively pursue clergy abuse cases and refused to release the files. “I remember Kamala Harris,” said De Lucca. “She didn’t want to have any meetings.” He went on, “She wanted the public to think this is an issue that happened years ago, that it doesn’t happen anymore. Let’s just move on.”

Terence McAteer, a resident of Nevada City, California, says he was raped as a child by Austin Peter Keegan, an infamous San Francisco priest. McAteer said he sees no value in Harris’s decision to conceal the clergy abuse files, which had been used to indict his abuser but remain secret to this day. “Why not tell the story?” said McAteer. “I have no problem with my file being released. I don’t have any great secrets. It’s already in the newspaper. I think the whole cloak of secrecy with the Catholic Church needs to be exposed.”

Kevin V. Ryan, the former U.S. Attorney for Northern California who worked with Hallinan’s office on the clergy abuse cases, also agreed that the files should be disclosed. “Credible allegations in my opinion should be released,” said Ryan. “I think they should be made public and I think it’s necessary not only for accountability but for the healing process to begin.”

Several survivors of clergy abuse said they believed that Harris had declined to release the files in deference to the Catholic Church, which has historically held sway as a major political force in San Francisco.

“The Roman Catholic Church is very powerful and I think they didn’t want to step on any toes, especially in San Francisco,” said De Lucca, citing the influence of former Archbishop William Levada, who oversaw the archdiocese when Harris was district attorney.

Harris’s presidential campaign did not respond to multiple requests for comment from The Intercept.

Mike Brown, director of communications at the San Francisco Archdiocese, said that his office has “cooperated with every district attorney and attorney general request for records every time.” Brown said he did not believe that the archdiocese attempted to influence the Harris’s decision not to release the clergy abuse files. He added that it was not his place to comment on her decisions. “What was in Kamala Harris’s head?” he said. “I don’t think I have any way of knowing that.”

The Catholic Church casts a long shadow over San Francisco politics, despite the city’s national reputation for social liberalism and counterculture. Generations of politicians have relied on the endorsement of the archdiocese, which maintained strong support among Irish, Italian, and Latin American immigrant communities.

David Talbot, a columnist for the San Francisco Chronicle and longtime observer of city politics, said, “The San Francisco Archdiocese certainly — through Kamala’s days as district attorney and through the current day — wields significant influence in the city power structure.”

THE NATIONAL FOCUS on clergy sex abuse came in large part as a reaction to the shocking revelations of the 2002 Boston Globe series on clergy sex abuse in the Boston-area. The investigation revealed that, under the leadership of Cardinal Bernard Law, the Boston Archdiocese covered up for more than 70 priests accused of sexually assaulting children. Following the Globe’s report, media outlets across the country began investigations and found that local church leadership in various locations similarly failed to inform law enforcement of known pedophiles in the clergy and, in some cases, shifted abusers from parish to parish.

Hallinan’s pursuit brought forward a wave of victims who said they had been raped or molested by clergy over the years.

Hallinan’s pursuit brought forward a wave of victims who said they had been raped or molested by clergy over the years.

Hallinan, in his role as district attorney, responded to the story by requesting that the San Francisco Archdiocese provide 75 years of personnel files relating to sex abuse cases. “We want anything they have in their records,” Hallinan told reporters at the time. “We will see if there are enforceable cases, and if there are, we will prosecute.”

The effort made headlines — and engendered some criticism. The San Francisco Chronicle, for instance, editorialized that the investigation was merely a “fishing expedition.” Hallinan’s pursuit, though, also brought forward a wave of victims who said they had been raped or molested by clergy over the years. Just months after opening his inquiry, Hallinan used a grand jury to begin issuing indictments.

The Catholic Church personnel files collected by Hallinan were used to indict Keegan. The internal church records suggest that Keegan may have molested as many as 80 local children over the years. Keegan presided over the funeral of McAteer’s father, a prominent local San Francisco politician, who passed away in 1967. Over the following summer, Keegan brought McAteer to the Disneyland Hotel, where he allegedly molested and sodomized him.

The San Francisco Archdiocese spent $2.4 million defending Keegan from previous lawsuits over molestation accusations and continued paying the former priest a $900-per-month stipend after he left the priesthood. The former priest relocated to an orphanage in Mexico and was later apprehended by FBI agents to stand trial in San Francisco over Hallinan’s criminal charges.

While Hallinan was pursuing his investigation, McAteer spoke to Kevin Ryan, the former federal prosecutor, about the case. “It was Kevin who phoned me up,” said McAteer, “to tell me Hallinan had just gotten all the records from the archdiocese and they opened up the files, and — Kevin’s words, I can still hear them: ‘The fattest file was Peter Keegan.’”

During the investigation, Hallinan’s office issued an indictment for Salvatore “Sal” Billante, who had allegedly molested a teenager and allegedly witnessed the abuse against Piscitelli in Richmond before working as a youth pastor in San Francisco.

Rev. Patrick J. O’Shea, another former priest indicted by Hallinan, had faced decades of accusations that he groomed altar boys at various Catholic institutions across San Francisco, including Mission Dolores Basilica. O’Shea was accused of regularly bringing children to a lake house outside the city, where he would ply them with alcohol and molest them.

De Lucca, one of several men who accused O’Shea, said the former priest molested him on a trip to the lake house in 1978 when he was 12 years old. Other victims have said they were molested over 100 times by O’Shea at church facilities in the city and at the lake house.

THE WAVE OF criminal indictments meant that the San Francisco Archdiocese, under Levada, was suddenly facing repercussions. It could not have come as a total surprise to Levada, who had his own history of dealing with alleged abuses in the clergy’s ranks.

Levada had previously served as the archbishop of Portland, a role in which he had briefly removed Joseph Baccellieri, a priest accused of molesting a child, in 1992 — only to restore him two years later. According to the newspaper SF Weekly, Levada quietly provided payments to three male victims in exchange for their silence and a pledge not to sue the archdiocese. The Portland Archdiocese later became the first Catholic diocese to file for bankruptcy over child sex abuse scandals as it paid out over $50 million to settle hundreds of claims.

A few years later, in 1995, Levada left Portland to become archbishop of San Francisco. He learned in 1996 that a Marin County priest, Gregory Ingels, had been accused of sexually assaulting a 15-year-old boy. Still, Ingels was allowed to continue working and the matter was not reported to police. Instead, Ingels’s career flourished as the priest became an adviser to Levada, helping the church leader shape his approach to clergy sex abuse issues. Ingels was later brought up on molestation charges, including molesting two teenagers in the 1970s.

Nonetheless, Levada’s star would continue to rise in the church. In 2005, Pope Benedict XVI named Levada as the guardian of church doctrine, elevating the archbishop to one of the most powerful posts in the Vatican.

Toward the end of Levada’s 10-year tenure in San Francisco, the church faced a reprieve from Hallinan’s investigations. As church officials and former clergy members faced a slew of criminal charges, prosecutors faced a setback when, in June 2003, the U.S. Supreme Court overturned a 1994 California law that had extended the criminal statute of limitations in sex abuse cases — the law under which indictments had been issued against clergy members. Following the Supreme Court’s ruling, hundredsof accused abusers across the state walked free, including priests and clergy indicted in San Francisco such as O’Shea, Ingels, Keegan, and Billiante. Because the criminal cases came to a halt, the accusations made against these clergy could not be tried, and no finding of guilt was ever made.

The high-court ruling closed the door on criminal prosecutions over abuse that occurred in the past, but a new avenue remained open for civil cases. As Hallinan’s investigations unfolded in 2002, state Sen. John Burton, who represented San Francisco, authored legislation to waive the statute of limitations in civil cases, allowing victims of childhood sexual abuse a chance to seek justice in court with a one-year window to file suit.

The church, then under the leadership of Levada, the archbishop, characterized the effort to extend the statute of limitations as a plot to line the pockets of trial lawyers. The archdiocese newspaper, Catholic San Francisco, responded to Burton’s law with an article warning of a “swarm of lawsuits” as “lawyers aggressively seek sex abuse business.”

But the law was quickly passed. In 2003, hundreds of survivors including Piscitelli filed civil lawsuits against their alleged abusers, under the condition that they could show that the employers of abusers had known of allegations of misconduct and failed to act.

AS THE DRAMA of the church sex abuse cases was unfolding in 2003, Kamala Harris waged a bitter campaign to win the district attorney’s office, alleging that Hallinan had been “soft on crime.” Much of the old guard of San Francisco’s political establishment, which had grown wary of Hallinan’s pugnacious style and investigations of political leaders and police misconduct, backed Harris. The election went to runoff, which Harris handily won.

As the dust settled over the election campaign, hundreds of survivors were shifting their focus to civil court, hoping that they could take advantage of Burton’s law to hold the Catholic Church responsible for shielding predators.

Because Piscitelli, De Lucca, and other survivors had spoken with Hallinan’s investigators, they were surprised when the new district attorney’s office appeared to shift course and declined to meet with them. “My jaw just dropped,” said De Lucca, who was by then working with the activist group Survivors Network of Those Abused by Priests. “SNAP was very upset about it.”

“We were told office policy was we can’t provide you with anything.”

Because Piscitelli, De Lucca, and other survivors had spoken with Hallinan’s investigators, they were surprised when the new district attorney’s office appeared to shift course and declined to meet with them. “My jaw just dropped,” said De Lucca, who was by then working with the activist group Survivors Network of Those Abused by Priests. “SNAP was very upset about it.”

About a year after Harris took office, Piscitelli, whose lawsuit was already underway, wrote Harris to ask for assistance in his case against the Salesians of Don Bosco, the church institution that oversaw the school where he was abused. In the letter, which he shared with The Intercept, Piscitelli noted that his alleged abuser, Steven Whelan, was working at the Saints Peter and Paul Church in San Francisco, a position that placed him in an environment filled with children.

“I know you have files on clergy sex abusers in San Francisco, and you may have a file on him. Please send me that file,” wrote Piscitelli. “Several San Francisco Salesians, and other priests are being sued for sex abuse now, and you may be able to help their victims, and protect other kids from being new victims.”

When no response came, Piscitelli, who had become a volunteer activist with SNAP, began posting flyers and picketed the offices of the district attorney, accusing her of cozy ties with Levada, then the top Catholic official in the city.

Without any help from Harris, Piscitelli continued to pursue his case. During the trial, which took place in Contra Costa County in 2006, Piscitelli testified that when he was 14, Whelan, a teacher and vice principal at Salesian High School in Richmond, had masturbated in front of him while another priest, “Sal” Billante, had watched and expressed pleasure. The jury found that from 1969 through 1971, Whelan continued to molest and rape Piscitelli and told him that no one would believe him if he spoke out.

The trial made headlines as the church sought to discredit Piscitelli, but he won his case. In 2006, a jury awarded him $600,000 in damages. The Salesian order appealed the verdict, but an appellate court sided with Piscitelli.

By the time the judgment came down, Piscitelli had become a coordinator with SNAP and was continuing with his activism to highlight sexual abuse in the church. He picketed the church in San Francisco where Whelan had transferred and asked Harris to take action against other abusers he said were being sheltered by the church. Harris had under her control a tremendous cache of records related to abuse at the church, and even if criminal prosecution was no longer an option, Piscitelli felt that releasing them would ensure some measure of justice.

“It is not understandable that you have refused to release the documents that have been previously collected by DA Terence Hallinan, that spell out the names of the child rapists, and molesters who have wreaked havoc on children here,” Piscitelli wrote in a second letter to Harris in 2010, requesting the church personnel files.

Rick Simons, Piscitelli’s attorney, had served as a plaintiff’s liaison on the Clergy III consolidated lawsuit of over 100 similar cases. He said that he had received informal assistance from a number of district attorneys in the region, including Alameda County’s Nancy O’Malley, who had worked closely with victims and plaintiffs’ attorneys to suggest records to subpoena.

But Harris had stonewalled. Simons recalled phone conversations with Harris’s office in which no help was offered. He said, “We were told office policy was we can’t provide you with anything.”

SF WEEKLY, THE local alternative newspaper, pressed Harris to release the church abuse personnel files in 2005 and again in 2010. In both cases, her office refused. The newspaper revealed that shortly after being elected, Harris had worked with church officials and other prosecutors to conceal the clergy records, electing to only divulge clergy abuse files over the course of a criminal investigation, a possibility forestalled by the Supreme Court ruling.

Several California prosecutors signed a controversial protocol at the time with the Catholic Church to conceal similar sexual abuse documents. SF Weekly reported that the “protocol basically puts church officials on the honor system for turning over materials that they determine may be of relevance to the district attorney.”

Hallinan expressed outrage at the agreement and supported the effort to release the files. He told the magazine that he “wouldn’t do a deal like that for [the archdiocese] any more than I would if it were an Elks Club with a bunch of pedophiles. Those are the kinds of deals that have allowed the church sex scandal to go on as long as it has.”

Protestors stand in front of St. Mary’s Cathedral while Archbisop William Levada delivers his final mass in San Francisco on Aug. 7, 2005.

“District Attorney Harris focuses her efforts on putting child molesters in prison,” Harris’s office responded in a statement to the paper. “We’re not interested in selling out our victims to look good in the paper. When this case was brought under Terence Hallinan, prosecutors took the utmost care to protect the identity and dignity of the victims. That was the right thing to do then and it’s the right thing to do now.”

The response baffled victims’ advocates and Hallinan, who reiterated his support for releasing the files. “It was just a flat-out insult,” said Piscitelli. “She could have redacted the names, blacked out the names and left them out.”

Joelle Casteix, founder of Survivors Taking on Predators, a national advocacy group for victims of clergy sexual abuse, said she was disappointed with the Harris statement. “Sunlight is the greatest disinfectant,” said Casteix. “Victims come forward because they are afraid that the person who hurt them is still out there, hurting other kids, or someone from the diocese is still lying about it. I haven’t met a single survivor who’s said, ‘Boy, am I glad they kept the documents for my case secret.’”

Elliot Beckelman, a former prosecutor in the San Francisco District Attorney’s Office who initially oversaw the clergy abuse files and handled the criminal investigation of clergy abuse, said he did not recall that the attorneys for survivors requested the documents. He did remember opposing the effort to release the documents to the press. “The only thing I remember is the SF Weekly asking,” said Beckelman.

“It was just a flat-out insult. She could have redacted the names, blacked out the names and left them out.”

Still, he said, he believes that Harris made the right choice in declining to release the documents. “I don’t think a district attorney should float that out there if a person can’t defend themselves,” Beckelman continued. “It’s a very serious charge, a sex crime.”

“The Catholics, like other minorities, feel picked upon, and I thought for the integrity of the investigation that we don’t have running press conferences to make out that the Catholics are worse than the Jews — which I am — or worse than the Hindus,” Beckelman said. “There’s always a balance that comes to sexual assault investigations.”

Others in the San Francisco District Attorney’s Office, however, recall getting requests for files from victims. “I certainly remember receiving phone calls from attorneys representing victims and I can’t remember what we actually did,” said Erin Gallagher, a former investigator who worked with Beckelman on the clergy abuse cases at the district attorney’s office. “I don’t recall letters requesting documents, but as I said, but I do remember having a number of phone conversations. I don’t remember how those played out.”

The decision to conceal the San Francisco Archdiocese clergy abuse files stands in stark contrast to recent investigations into Catholic sex abuse across the country.

Over the last year, prosecutors have reopened wide-ranging investigations into systemic clergy sex abuse. Attorneys general in Iowa, New Mexico, Michigan, Illinois, and other states have asked the Catholic Church to produce internal files of clergy accused of sexual abuse.

Last August, Pennsylvania Attorney General Josh Shapiro released a 900-page report from a Pittsburgh grand jury listing 300 priests credibly accused of sexual misconduct. The report included internal church personnel documents, redacting the names of the victims, detailing dozens of cases of confidential letters making clear that incidents of clergy rape, molestation, and other forms of child sex abuse had been reported to high-level church officials. In case after case, church officials were made aware of misconduct and responded by moving the accused priests to parishes around Pennsylvania.

McAteer, one of the survivors who spoke to The Intercept, said his abuser had continued to rape children well after he had reported the incident. “I went to the church in ’77, wrote the archbishop, met with the archbishop, told him the story of what happened when I was raped by Father Keegan,” said McAteer. The church, he said, “covered it up” and allowed his abuser to continue raping children. With the church failing to report the abuse to authorities, Keegan was moved to Santa Rosa, California, where he was accused of raping or molesting at least 50 other children.

“I think the whole problem with this Catholic Church scandal is very rarely has anyone come clean. Finally, we saw in Pittsburgh — finally they said, ‘Let’s tell it like it is,’” McAteer said. “I know the San Francisco files are egregious as well. Why not tell the story so the Catholic Church can clean its act up?”

Piscitelli supports the Pennsylvania probe, as well as the other investigations of Catholic Church sex abuse in other states.

Last year, Piscitelli wrote a letter to current California Attorney General Xavier Becerra demanding that Becerra open an inquiry into clergy sexual abuse. Within weeks, Piscitelli received a response and a request to meet with state investigators. Becerra soon set up a tip line for other survivors to come forward and has demanded clergy abuse records from all 12 Catholic Church dioceses in California.

While previous prosecutions of clergy sex abuse have focused on individual priests or employees of the church, some are hoping the latest round investigations will lead to a more systemic look at the scandal. Kevin Ryan, the former federal prosecutor who worked closely with Hallinan’s office, said prosecutors could pursue charges under the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, a statute used to prosecute organized crime.

“There are still civil RICO potential charges, potential criminal RICO charges if there is a cover-up and it is ongoing,” said Ryan. “We need to know, we need accountability, and certainly we need to be prosecuting the cases we can and anyone involved in this activity should be prosecuted to the full extent of the law.”

The San Francisco Archdiocese has told reporters that it is in discussions with an outside organization to review 4,000 personnel files over clergy abuse allegations, but has so far declined to release a list of priests accused of sexual abuse. Mike Brown, the spokesperson for the archdiocese, told The Intercept that he expects a list of names to be released over the summer this year.

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