SAN LUIS POTOSí (MEXICO)
El Norte [Monterrey, Nuevo León, Mexico]
July 2, 2004
By Luis Nieto
[Via vLex]
EL NORTE / San Luis Potosí
SAN LUIS POTOSÍ.- El sacerdote Juan Carlos González González, director del Instituto Potosino Marista, enfrenta una acusación penal por abuso sexual en agravio de cuatro alumnas de primaria en este plantel y se encuentra arraigado por orden de un Juez penal.
La denuncia formal fue presentada el 13 de junio por los padres de las cuatro menores, de entre 8 y 10 años de edad, ante la Subprocuraduría Especializada Contra Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar.
Los hechos habían permanecido en secreto hasta que el 23 de junio el Juez Tercero del Ramo Penal, Luis Fernando Gerardo González, liberó una orden de arraigo por 30 días en contra del sacerdote marista en el Hotel Central, pero debido a complicaciones de salud, las autoridades le permitieron a González González continuar el arraigo en el Hospital Nuestra Señora de la Salud.
Catalina Villalobos Quevedo, Subprocuradora para Delitos Sexuales, rechazó proporcionar el número de averiguación previa y los nombres de las cuatro estudiantes afectadas.
Sin embargo, uno de los padres de las menores, quien pidió el anonimato, dijo que las familias afectadas empezaron a ver que cambiaba el comportamiento, estado de ánimo y la personalidad de sus hijas.
“Se volvían agresivas, mostraban rechazo a la figura masculina, tenían ya bajo rendimiento académico, estrés, aislamiento, temores nocturnos y otros efectos, por lo que al platicar con ellas nos enteramos del indebido comportamiento del profesor Juan Carlos González (el cura)”, dijo.
El sacerdote marista llegó a esta ciudad hace seis años y ha dirigido en dos ocasiones la sección primaria de este plantel educativo, donde los integrantes de la plantilla laboral se han sumado en su defensa, e incluso, en un desplegado dirigido al Gobernador Marcelo de los Santos, han pedido su inmediata liberación.
La congregación marista envió desde Jalisco a Ricardo Reynoso Ramírez, consejero provincial marista, para investigar las denuncias en contra de uno de sus miembros y hacer una recomendación a la institución sobre una posible sanción.
El miércoles, las familias de las menores exigieron al Procurador Guillermo Salazar y al Secretario de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca, que la averiguación no sea requerida por la Procuraduría, sino que siga bajo cuidado y seguimiento de la Subprocuraduría Especializada Contra Delitos Sexuales.