Los centros de asistencia social de Pedro Gutiérrez Farías operaron durante décadas con el apoyo de los gobiernos de Guanajuato y Michoacán, además de la complacencia de las fiscalías de esos y otros estados, que desestimaron numerosas denuncias contra el sacerdote y su personal por abusos sexuales, malos tratos y alteración de la identidad de los menores. La resolución de una juez en 2017 y una amplia recomendación de la CNDH reactivaron el caso. GUANAJUATO, Gto. (Proceso). – “La Ciudad de los Niños es una obra de la patria, una obra de Dios… Yo les pedía ayuda a todos los gobernadores y me ayudaron. Les decía: ‘¿qué hago con los niños? No tienen papeles’. Me decían: ‘Déselos usted’. Aquí venía el del Registro Civil a la casa, a registrarlos…”, se ufanaba a mediados del año pasado el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías. El fundador y director de los albergues Ciudad de los Niños de Salamanca pudo, gracias a esa “ayuda”, manejar a su antojo y sostener con fondos públicos y privados seis centros de asistencia social en Guanajuato y Michoacán durante cuatro décadas. Pero en la recomendación 32VG/2020, emitida el 19 de mayo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que 324 menores, adultos y personas con discapacidades diversas albergados en la Ciudad de los Niños de Salamanca fueron víctimas de violaciones graves: abuso sexual, tortura, pérdida de identidad, maltrato infantil, condiciones insalubres, de promiscuidad y riesgo, así como de abandono educativo. En una investigación que duró casi tres años, el organismo encontró también una complacencia criminal de instancias de procuración de justicia de tres entidades –Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato– a estas violaciones graves, las que conocieron, pero no investigaron debidamente, además de que archivaron varias denuncias al respecto y en la mayoría de ellas se desistieron de ejercer acción penal. Ocurrió en el caso de Rosa Verduzco y el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán (Proceso 1969): Gutiérrez Farías fue eximido durante años de varias denuncias por abuso sexual, maltrato y despojo de filiación civil a cientos de menores. A éstos los recibió en sus albergues gracias a la amplia red de protección y beneficios en la que participaron gobernadores, alcaldes, presidentes municipales y autoridades federales, como fue el caso del expresidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún. Lo que sucedió durante décadas en la Ciudad de los Niños fue documentado ampliamente desde 2017 por la juez de distrito Karla Macías, quien conoció de un juicio de amparo promovido por el propio sacerdote a mediados de 2016, con el fin de recuperar a una menor que había sido trasladada a otro centro de asistencia social. La juez llevó un proceso que llegó a las entrañas de la Ciudad de los Niños y desenmascaró el cúmulo de vejaciones en 2017. La resolución derivó en la intervención del DIF de Guanajuato durante el sexenio del panista Miguel Márquez Márquez, instancia que tras el escándalo asumió el control del centro y trasladó a quienes allí se encontraban a otras instituciones de acogida o los entregó a sus familias, sin que se transparentaran el proceso ni las condiciones de los menores y adultos. Por mandato de la juez se iniciaron carpetas de investigación y se revisaron otras que habían sido reservadas por la presunción de abusos sexuales, violencia familiar, privación ilegal de la libertad, desaparición de personas y contra la filiación por el cambio de apellidos, algunas iniciadas desde 2008. Pero tal como ocurrió con Mamá Rosa, quien fue declarada inimputable en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República encabezada por Jesús Murillo Karam, Gutiérrez Farías libró una vez más las acusaciones. En esta recomendación la CNDH concluye que la mayoría de los expedientes contra el sacerdote fueron indebidamente integrados y varios se archivaron de manera irregular. Además, los pocos procesos penales que se lograron iniciar resultaron en penas mínimas y salidas alternas, con lo que los señalados evitaron la prisión. Las fiscalías de Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes desestimaron dictámenes psicológicos, peritajes y decenas de testimonios de menores y adultos víctimas, vecinos, profesoras y familiares, quienes coincidieron al describir los malos tratos y los castigos que se les imponían a los menores, además de la posible responsabilidad de Gutiérrez Farías y sus colaboradores en estas violaciones. Por ejemplo, coincidieron en señalar un lugar de tortura conocido como “el cuartito”. En la recomendación se consigna el testimonio de una víctima sobre el uso que se le daba: “Me llamó para los cuartos de atrás […] y me preguntó que por qué no había ido a las academias, y le dije que porque […] no tenía ganas y me empezó a pegar […] en la cara y en los brazos, pero yo me ponía las manos y como casi no me atinó ningún golpe porque yo los esquivaba, como que le dio coraje y […] me agarró del brazo y me llevó hasta el dormitorio de hombres, en donde hay un cuartito al que le decimos ‘LA CARCEL’, y ahí […] me encerró […] tres días, sin comer […] Antes de que llegaran los del DIF aquí en la Ciudad de los Niños, alguien quitó la puerta del cuartito […]”
Los mismos funcionarios
En sus 507 páginas la recomendación exhibe a gobernadores, presidentes municipales, secretarios, procuradores o fiscales, autoridades educativas y de salud, principalmente de Guanajuato y de Michoacán, que conocieron y a quienes les correspondía proteger a los menores depositados de manera directa los albergues. Por ello, además de demandar para las víctimas “una reparación integral del daño, que incluya la atención médica especializada integral, así como el pago de una compensación y/o indemnización”, la CNDH pone ahora la mirada en los servidores públicos responsables por omisiones que pueden configurar delitos. Y anuncia una andanada de quejas administrativas y demandas en los tres estados involucrados para que se finquen responsabilidades penales a esos funcionarios y exfuncionarios. La recomendación está dirigida a los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; a los fiscales de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, y de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre; así como a los presidentes municipales de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez, y de San Francisco del Rincón, Javier Casillas Saldaña. Los gobiernos de los tres estados y los municipios citados enviaron a menores bajo su tutela a los centros manejados por el sacerdote: Ciudad de los Niños –que fue cerrado–, Ciudad Infantil y Ciudad Juvenil, en Salamanca; Casa Noviciada de Cooperadoras de la Sagrada Familia, en Irapuato; Ciudad de los Niños Moroleón-Uriangato y Ciudad de los Niños Morelia, AC. Varios de ellos continúan funcionando pese a que la CNDH pidió cancelar los registros de todos los albergues administrados por el sacerdote. El lunes 8, en una transmisión de la televisora estatal, Rodríguez Vallejo aceptó todos los términos de la recomendación y expresó una disculpa pública a todos los menores y adultos agraviados. Pero el panista estaría en serios aprietos para cumplir cada uno de los 32 puntos que le conciernen, pues varios de los funcionarios a quienes el sexenio pasado les correspondió supervisar los albergues (por lo tanto, las condiciones en que vivían los menores) son actualmente sus colaboradores. Son los casos del director del DIF, Alfonso Borja Pimentel; el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz; el exsecretario de Educación, Eusebio Vega, así como el entonces procurador de justicia y actual fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Desde 2009, cuando Zamarripa era procurador de justicia, y hasta la fecha, con él mismo como fiscal general autónomo, esa instancia tuvo conocimiento de varias denuncias por presuntos delitos, incluyendo violaciones y abusos sexuales atribuidos a Gutiérrez Farías y al personal de la Ciudad de los Niños. El sacerdote fue sentenciado por un delito a principios de 2019: falsedad de declaraciones ante una autoridad. Se le condenó a un año y cuatro meses de prisión, pero no pisó ningún penal.
Obra de Dios
“¿Por qué me dediqué a esto? Porque Dios me lo dijo. Yo no lo hago por dinero”, decía Gutiérrez Farías en su reaparición para anunciar la reapertura de la Ciudad de los Niños en julio pasado. La reportera Kennia Velázquez encontró que la vocación del sacerdote no ha sido desinteresada. En una investigación auspiciada por el International Center for Journalists en alianza con Connectas y publicada en diciembre de 2017, reveló que, a través de tres de las ocho asociaciones creadas por el sacerdote, éste recibió recursos públicos por casi 45.3 millones de pesos, vehículos y cuatro terrenos. También es propietario de ocho inmuebles, entre ellos un predio de 17 hectáreas. En 2017 la entonces Procuraduría estatal recibió una denuncia contra el sacerdote por posible uso indebido de recursos públicos, pero fue archivada. La CNDH recomendó a la Fiscalía General que la retome. Rodríguez Vallejo podría verse involucrado en esta indagatoria, ya que era secretario de Desarrollo Social y Humano en el sexenio de su antecesor, cuando le tocó asignar varios millones de pesos a la Ciudad de los Niños de Salamanca. A raíz de la resolución que emitió en 2017 la juez de distrito y a petición de organizaciones civiles, como la Red por los Derechos de la Infancia en México, la CNDH decidió atraer la investigación sobre las violaciones a derechos de esta población vulnerable, por acuerdo del 19 de julio de ese año. En los meses siguientes, y hasta principios de 2019, durante la gestión de Luis Raúl González Pérez como titular del organismo, personal de la CNDH viajó a Guanajuato y a Michoacán para entrevistarse con autoridades estatales y municipales; acudió a varios de los centros de asistencia dirigidos por el sacerdote y constató sus condiciones; entrevistó a menores y adultos que estuvieron en dichos albergues. También revisó declaraciones de 23 servidores públicos “que tuvieron conocimiento de los hechos delictivos cometidos en agravio de las personas albergadas en las casas hogar administradas por Ciudad de los Niños, Salamanca AC”, así como de 86 de las víctimas, 29 de testigos, 17 de indiciados y ocho denunciantes. En las declaraciones se advirtió que una de las formas más comunes de castigar a quienes incumplían con sus deberes era golpearlos con un palo barnizado, de un metro de largo, que el sacerdote guardaba en su oficina. El personal de la comisión también obtuvo, vía la ley de transparencia, registros, fichas, reportes de inspecciones sanitarias y de protección civil. La CNDH analizó 24 carpetas de investigación, seis causas penales, cuatro juicios de amparo, tres averiguaciones previas, un cuadernillo de colaboración (exhorto) y dos recursos de revisión. Sin embargo, en la recomendación el organismo hizo notar que la Procuraduría de Justicia de Guanajuato no le entregó todas las averiguaciones y carpetas, entre ellas las que señalan directamente a Gutiérrez Farías de abusos sexuales contra un menor. En abril de 2019 un Tribunal Colegiado desestimó la amplitud del amparo de la juez Macías, pero el 19 de mayo pasado la actual presidenta de la comisión, Rosario Piedra Ibarra, acordó continuar con el trámite del expediente de queja CNDH/1/2018/5221/Q/VG y finalmente emitir la recomendación, que hizo pública el día 28. El expediente consta de 45 tomos, con más de 36 mil 800 fojas. En él se corroboran y documentan actos contra 324 personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, así como personas adultas con discapacidad intelectual, “durante su estancia en los diversos centros asistenciales dependientes de la Ciudad de los Niños Salamanca, AC”. El gobierno de Guanajuato consintió y participó, mediante el Registro Civil, en el agravio a la identidad de 169 de ellos “registrados como hijas e hijos biológicos del indiciado 1 (Pedro Gutiérrez) y algunas de las monjas que lo auxiliaban”. Se encontraron “actas” con los cambios de apellidos elaboradas en simples hojas de papel y desaparecieron registros de los padres biológicos en varios casos. Además de las insalubres y peligrosas condiciones en los inmuebles de varios centros de asistencia del sacerdote y de la falta de un programa nutricional para quienes estaban a su cargo, varios menores no iban a la escuela o desertaron sin que se hiciera nada por regularizarlos. Otros albergados con discapacidad no recibían ningún tipo de instrucción especializada. Peritos e investigadores de la CNDH avalaron las evidencias de tortura en agravio de 21 menores y 10 adultos con discapacidad; violencia sexual contra nueve adolescentes y cuatro adultos mayores; así como trato cruel, inhumano o degradante a 17 menores y dos adultos. Al menos dos menores declararon que se les infligieron “lesiones por quemadura derivadas de la exposición de sus extremidades superiores sobre una superficie caliente (estufa)”. Otros cuatro “refirieron que sufrieron puñetazos, cachetadas y patadas en diversas partes del cuerpo”. Asimismo, se documentó que fueron desestimadas, archivadas o reservadas las denuncias por abuso sexual y otros hechos que por su naturaleza fueron canalizados a fiscalías especializadas en violencia contra mujeres, violencia sexual, trata de menores y personas desaparecidas, en los estados de Guanajuato, Querétaro o Aguascalientes. Este reportaje forma parte del número 2276 de la edición impresa de Proceso, publicado el 14 de junio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí
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