LA PLATA (ARGENTINA)
La Izquierda Diario [Buenos Aires, Argentina]
December 22, 2022
By Daniel Satur
El ultraderechista protegido de los arzobispos Aguer y Fernández será juzgado por corrupción de menores y abuso sexual gravemente ultrajante. Hoy está con prisión domiciliaria en Pilar. “Cuesta esperar dos años más, pero ojalá termine en cárcel común y efectiva sin los privilegios que sigue teniendo”, dice Rocío, la denunciante abusada hace dos décadas.
El último miércoles la jueza Carmen Rosa Palacios Arias, titular del Tribunal en lo Criminal 5 de La Plata, fijó fecha para la realización del juicio oral y público contra Raúl Anatoly Sidders, el sacerdote de 61 años que entre 2002 y 2020 fue capellán en el Colegio San Vicente de Paul de la capital bonaerense y fue denunciado por una exalumna de haber abusado sexualmente de ella (y probablemente de otres estudiantes) de forma reiterada. En su caso, los hechos ocurrieron entre sus 11 y 14 años, es decir entre 2004 y 2008.
Según la resolución del TOC 5, a la que accedió La Izquierda Diario, Sidders será juzgado entre los días 10 y 11 de julio de 2025 por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de su realización”, doblemente agravado “por resultar en un grave daño en la salud mental de la víctima y por ser el autor ministro de algún culto reconocido”, combinado con “corrupción de menores agravada” por el hecho de que la víctima tenía menos de 13 años.
Sidders fue detenido en diciembre de 2020, tres meses después de que “Rocío” (hoy de 29 años) realizara una denuncia penal contra él tras enterarse de que el cura había sido “premiado” con la capellanía del escuadrón de Gendarmería Nacional ubicado en Puerto Iguazú(Misiones). Allí fue, convocado por el exobispo auxiliar de La Plata y flamante obispo de la diócesis misionera Nicolás Baisi. Un traslado con el que, a principios de ese año, el arzobispo de La Plata Víctor “Tucho” Fernández buscó “descomprimir” su archidiócesis, convulsionada por el caso de Eduardo Lorenzo.
Como se recordará, a fines de 2019 Lorenzo, excapellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, estuvo a punto de quedar detenido por los mismos delitos de los que se lo acusa a Sidders. No fue preso porque la noche del 16 de diciembre enfundó su carabina (herencia familiar) y se descerrajó un tiro en el corazón. Fue en una habitación de la sede platense de Cáritas, donde el Arzobispado lo había confinado mientras se tramitaba el proceso judicial.
Tanto Lorenzo como Sidders gozaron durante años de la protección del reaccionario y utraconservador monseñor Héctor Aguer. Éste, una vez jubilado por Jorge “Francisco” Bergoglio, le dejó como herencia a su sucesor una cohorte de sotanas manchadas por todos lados. “Tucho”, como se conoce a Fernández, buscó darles la mayor protección posible a cambio de discreción y un poco de disciplina.
En algunos casos lo logró (ya se hablará en breve del presbítero Christian Viña). Pero en otros quedó en ridículo. Como cuando en septiembre de 2020 llegó a acusar de “fake news” las denuncias contra “Frasquito”(apodo dado a Sidders en el colegio San Vicente). Algo de lo que nunca se retractó ni pidió disculpas.
Qué Justicia divina
En su resolución de este miércoles, la jueza Palacios Arias fijó fecha de juicio para mediados de 2025. Es decir, casi cinco años después de realizada la denuncia por parte de la joven abusada. Si bien deja abierta “la posibilidad de adecuarse la celebración a una fecha más cercana” (si es que se modifica la “agenda” del Tribunal), que el proceso se haga recién dentro de dos años y medio no puede leerse más que como un gran favor a la “imagen” de la Iglesia católica. Lo que se dilata en el tiempo, puede causar menos efecto ante la llamada “opinión pública”.
Tal dilación se comprende menos aún cuando, según la propia jueza, “las partes no han cuestionado los actos de la investigación, ni han articulado nulidades en las audiencias celebradas”. Es decir, no hay ni cautelares ni otros pedidos que podrían causar demoras extras.
Más allá de la fecha estipulada, hay elementos de la resolución de Palacios Arias que resultan interesantes. Por ejemplo, en relación a los pedidos de pericias psiquiátricas y psicológicas a la abusada y al abusador.
Por un lado, la jueza no hizo lugar al pedido del doctor Marcelo Peña, abogado del cura, quien quería un “amplio informe psiquiátrico y psicológico” de Rocío, que describiera “clase de personalidad, rasgos o trastornos” y definiera si ella es “capaz de manipular realidad para imponer su propio punto de vista”, si “reviste algún rasgo paranoide” y demás “problemas”. Para la magistrada, con ese pedido (nada extraño en el facho doctor Peña) “se vislumbra un potencial peligro de revictimización”. Además, esa información ya está en el expediente a través de informes de profesionales de la salud mental que asistieron a la mujer.
Por otro lado, la jueza ordenó que la Asesoría Pericial de Tribunalespractique “amplias pericias psiquiátrica y psicológica respecto al imputado”, para determinar “características de su personalidad particularmente en su esfera psico-sexual teniendo en cuenta los hechos investigados”.
A su vez, la defensa de Sidders intentó “meter” en el debate oral y público a un puñado de docentes y exalumnos del colegio San Vicente de Paul (ubicado en 115 y Diagonal 80 de La Plata) que, lógicamente, saldrían en defensa del cura, hablarían de sus bondades y su entrega a Dios y hasta cuestionarían (en algunos casos incluso sin conocerla) a Rocío por difamar y calumniar al “querido padre Raúl”. Con buen sentido de la ubicación, la jueza rechazó esos testimonios.
Tarda en llegar
Como ya se dijo en otras notas de este diario, Rocío no se llama Rocío. Se usa este seudónimo a pedido de ella misma. Considerando los daños que le causó el accionar de la Iglesia (desde los abusos hasta el posterior encubrimiento) y el poder de presión y lobby que la institución religiosa tiene sobre funcionarios, jueces y fiscales, razones para ocultar su identidad no le faltan.
Pero el seudónimo no impide la claridad en sus definiciones. En diálogo con La Izquierda Diario, Rocío se muestra tranquila. “Por fin se va a hacer el juicio, por fin voy a poder verlo a la cara y decirle cómo me arruinó la infancia, la adolescencia y gran parte de mi vida”, dice con voz relajada pero firme. Y destaca que tanto la Fiscalía como el Tribunal hayan considerado su testimonio y los informes del psiquiatra Enrique Stola y la psicóloga Raquel Disenfeld “lo suficientemente contundentes” como para ir a juicio.
Pese a la espera de dos años y medio para la llegada del juicio, Rocío se siente contenta por el fruto de su lucha, que dio desde 2020 junto a sus abogados Pía Garralda y Juan Pablo Gallego, a organizaciones que luchan contra los abusos eclesiásticos y la izquierda. “No lo puedo creer, porque la Justicia siempre es patriarcal y machista, pero en este caso contemplaron bastante los derechos de la ‘víctima’ (lo digo entre comillas porque no me considero víctima sino sobreviviente) y respetaron mis tiempos, que no son los mismos por mi estado de salud física y mental”.
En ese sentido, Rocío espera “que el resultado sea cárcel común y efectiva para él, sin privilegios, como para cualquier persona que cometió un delito”. Aunque sabe que, “si le dan una pena, seguro le darán prisión domiciliaria, porque es un privilegiado”.
Para ella, que haya fecha precisa de juicio le servirá “para cerrar una etapa. Quiero verlo a la cara, decirle todo lo que me hizo, contar lo que ya lo conté, pero esta vez para que se haga justicia. Si bien falta bastante, con los tiempos de la Justicia que conocemos quizás no sea tanto. Serán dos años que me tomaré para mí, para sanar todo esto que me hizo, para tratar de cerrar esta etapa, porque los traumas que me dejó este tipo son increíbles”.
Rocío aún sufre las consecuencias de lo que Sidders le hizo. Hoy le da un poco de “vergüenza” salir a la calle. “La gente me reconoce, por eso no me puedo poner ropa ‘corta’ como antes, me da mucha vergüenza y salgo tapada, como si sintiera rechazo a mí misma”. Pero al mismo tiempo sabe perfectamente que “todo es culpa de lo que él me hizo, yo no tengo la culpa de nada, tengo que sentirme libre y disfrutar mi vida, mi matrimonio. Tengo recién 29 años y me queda un montón de tiempo por vivir. Todo lo que quiero es que se haga justicia”.