ABUSE TRACKER

A digest of links to media coverage of clergy abuse. For recent coverage listed in this blog, read the full article in the newspaper or other media source by clicking “Read original article.” For earlier coverage, click the title to read the original article.

July 31, 2019

Sacerdote de Quecholac es acusado de presunto abuso sexual

PUEBLA (MEXICO)
El Sol de Puebla [Puebla, Puebla, Mexico]

July 31, 2019

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Una adolescente habría revelado que el padre la tenía amenazada 

El Sol de Puebla 

QUECHOLAC, Pue:- Una familia originaria de este municipio denunció de forma anónima al sacerdote Adalberto “N” ante las autoridades competentes, por un supuesto caso de abuso sexual en contra de una adolescente que lo delató tras callar por varios meses.

Los padres de la parte agraviada, quienes decidieron permanecer en el anonimato por seguridad, declaró a esta casa editorial que al notar a su hija que pasaba por un mal momento, decidieron intervenir y tras revisar físicamente a la menor se llevaron la sorpresa de que la jovencita presentaba varias lesiones en su cuerpo.

En ese preciso momento, la adolescente confesó que el sacerdote Adalberto “N” había abusado de ella sexualmente en repetidas ocasiones, no conforme, la obligaba a que acudiera frecuente a la iglesia con la amenaza de que iniciaría una serie de represalias en contra de su familia quien es muy allegada a la religión católica, por lo cual decidió callar por varios meses.

Enseguida, la adolescente en compañía de sus tutores decidieron buscar ayuda ante las instancias municipales del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para llevar a cabo un chequeo médico, así como solicitar asesoría legal para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el supuesto abuso sexual que cometido por este sacerdote.

Se espera que tras la intervención de las autoridades, un médico legista determine el grado violación sobre la menor, quien permanece en el anonimato, además hacen un llamado a la comunidad en general para denunciar en caso de también ser víctima de abuso sexual por parte del padre Adalberto “N”.

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July 25, 2019

Alega que fue víctima de abuso sexual por párroco

MEXICO CITY (MEXICO)
Telemundo 52 Los Angeles [Universal City CA]

July 25, 2019

By Norma Ribeiro

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La demanda acusa al sacerdote Michael Stephen Baker de cometer los actos en los 90’s.

Sale a la luz pública otro supuesto caso de abuso sexual por parte de un sacerdote considerado uno de los peores pedófilos de la iglesia católica.

El acusado se trata del sacerdote Michael Stephen Baker, quien fue párroco de la Iglesia Santa Isabel en Van Nuys desde 1988 hasta 1993.

El jueves, un hombre hispano denunció haber sido supuestamente abusado por ese cura en la década de los 90 y entabló una demanda.

El padre Michael Stephen Baker estuvo desde el 2007 hasta el 2011 en la cárcel por algunos de los indignantes actos que cometió, pero se ha denunciado que pudieran haber sido más de 20 los menores de quienes supuestamente abusó sexualmente.

“Tomó mi inocencia cuando me violó sexualmente”, dijo Alberto Sánchez, el demandante.

Hoy en una rueda de prensa se hizo público por medio de una portavoz, el trauma que Alberto Sánchez asegura sufrió en 1990 cuando tenía 10 años y era monaguillo en esa iglesia y donde el padre Baker era el párroco en ese entonces.

“Hemos entablado una demanda en contra de la Arquidiócesis de Los Ángeles”, dijo Michael Reck, uno de los abogados de este caso, quien alega que existe evidencia de que desde 1986 los líderes de la iglesia sabían que ese sacerdote había abusado de niños.

Según Reck, la archidiócesis ocultó todo, incluyendo el propio Cardenal Roger Mahony.

“Roger Mahony no lo protegió, él sabía que Michael Baker estaba abusando niños y siguió protegiendo al pastor”, dijo Griselda Solís, portavoz de “Jeff Anderson & Associates”.

Además de esta acción legal, Alberto Sánchez y sus representantes legales advirtieron que el sacerdote hoy en día goza de plena libertad y vive en el Sur de California.

De acuerdo a los abogados, el padre Baker reside en Pasadena y tiene acceso a muchos niños.

Telemundo 52 contactó a la iglesia católica sobre la demanda en donde afirman que el Cardenal Mahoney se ha disculpado públicamente por el manejo de las denuncias en contra de Baker y “de nuevo ofrece sus más sinceras disculpas a cada person que hay sido perjudicada por un miembro de la iglesia y reafirma su firme compromiso a darle apoyo y sanación a las víctimas”, señaló Adrian Alarcón, Director de Relaciones Públicas de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

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July 23, 2019

Los sacerdotes y la pedofilia: los casos más conocidos en México

SAN LUIS POTOSí (MEXICO)
La Silla Rota [Mexico City, Mexico]

July 23, 2019

By Redacción

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En 2002 la Iglesia fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas

Los casos de pedofilia de sacerdotes de la Iglesia católica en México han sido denunciados desde hace décadas, aunque han sido pocos los que han llegado a ser confirmados.

En 2002 la Iglesia fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas.

El caso más emblemático es el de Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo. El cura murió en 2008 entre acusaciones de abuso sexual contra varios seminaristas y niños y la exigencia por parte de las víctimas de que pidiera perdón.

Uno de los que denunciaron a Maciel fue el ex rector de la Universidad Anáhuac, Juan Manuel Fernández Amenábar, cuyo caso fue dado a conocer por Alberto Athié Gallo.

Recientemente, la cantante y presentadora Ana Lucía Salazar, hizo público el abuso que sufrió por parte del padre Fernando Martínez, aprendiz de Marcial Maciel, cuando era una niña de 8 años y acudía al Instituto Cumbres en Cancún, Quintana Roo, una escuela católica privada donde Martínez era director.

El cura llegó a tierras quintanarroenses proveniente de Monterrey, sin embargo también estuvo en el Instituto Cumbres de la Ciudad de México, donde había abusado sexualmente de menores durante la década de 1980, por ello fue trasladado.

De acuerdo con la cantante, al menos hubo siete víctimas en su escuela.

De acuerdo con Juan José Vaca, una de las víctimas más conocidas de Marcial Maciel, el cura Martínez fue abusado sexualmente por el fundador de los Legionarios de Cristo.

Actualmente el cura, de 79 años, se encuentra en retiro y reside en Salamanca, España.

ENCUBRIMIENTO

En 2010, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de 65 sacerdotes acusados en Estados Unidos de abuso sexual.

SNAP además presentó acusaciones contra Norberto Rivera Carrera, quien fuera arzobispo de México, al que acusan de haberse coludido con Roger Mahony para proteger a varios de estos sacerdotes, pero particularmente en el caso de Nicolás Aguilar Rivera, procesado en Tehuacán (Puebla) por abusar sexualmente de al menos sesenta niños.

NAASÓN JOAQUÍN GARCÍA

Aunque propiamente Joaquín no está afiliado al catolicismo, el líder de la iglesia de la Luz del Mundo actualmente enfrenta acusaciones por los delitos de trata de personas, violación y pornografía infantil. 

El pasado 4 de junio Naasón Joaquín García fue detenido en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Xavier Becerra, fiscal de California, detalló que Joaquín García fue detenido junto con Alondra Ocampo y Azalea Rangel Meléndez, al estar  implicados en los delitos cometidos entre 2015 y 2018, mientras dirigían la organización religiosa con sede en México.

La denuncia presentada ante un tribunal en Los Ángeles informa que García y los coacusados cometieron 26 delitos graves en el sur de California durante un período de aproximadamente cuatro años.

Alondra Ocampo, de 36 años, fue arrestada en el condado de Los Ángeles y está en el Centro de Detención Regional Century, en Lynwood, antes de su lectura de cargos, programada para la mañana del miércoles en Los Ángeles.

De acuerdo con los testimonios de algunas de las víctimas, a las menores abusadas primero eran convencidas de hacer “bailes coquetos”, para Naasón Joaquín García. Posteriormente, las niñas fueron obligadas a ser fotografiadas en poca ropa haciendo algún tipo de actividad sexual.

Además, se les decía que iban contra la voluntad de Dios si se negaban a los abusos.

OTROS CASOS

En 2012, Manuel Ramírez García sacerdote de San Pedro, Nuevo León, fue acusado por 13 niños de abusar sexualmente de ellos. Los niños eran estudiantes de 5º grado de primaria en el “Colegio de Guadalupe”, según sus propias declaraciones el sacerdote los tocó.

La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí informó en 2015 que seis sacerdotes acusados de pederastia se encuentran prófugos de la justicia, encabezada por el padre Eduardo Córdova Bautista, quien enfrenta una denuncia por abuso sexual en contra de 19 menores de edad. En esa ocasión señaló que existen seis órdenes de aprehensión, giradas por jueces penales, en contra de igual número de clérigos acusados de abuso sexual.

Dos casos más de este tipo son los de Francisco Javier Castillo, párroco del templo del Sagrado Corazón del municipio de Santa María del Río, y Noé Trujillo, párroco del templo de Nuestra Señora de la Soledad. Las agencias especializadas en delitos sexuales integraron en su contra expedientes por abuso sexual agravado y violación, en los que dos niños tienen la calidad de víctimas.

Sobre sacerdotes procesados en San Luis Potosí, en el penal de la Pila hay dos curas recluidos y sujetos a proceso penal por delitos sexuales. El primero es Guillermo Gil Torres, ex párroco del Templo Santa Rosa de Lima, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a quien se le procesó por el delito de abuso sexual calificado en contra de un niño en la casa parroquial, al que presuntamente le mostraba fotografías en las que aparecía desnudo y lo ultrajaba. El otro cura es José de Jesús Cruz, ex párroco del templo de Nuestra Señora de Fátima, acusado de abuso sexual, en perjuicio de un joven.

El 24 de febrero de 2017 Gerardo Silvestre Hernández, sacerdote de la Arquidiócesis de Oaxaca, fue sentenciado a 16 años de prisión por el delito de corrupción de menores en su modalidad de inducción a actos sexuales y exposición de filmes pornográficos, tras quedar comprobado que abusó de varios menores entre 2009 y 2010; asimismo, se le impuso una multa de 46 mil 179 pesos como reparación de daños en el caso. En 2013 Gerardo Silvestre fue detenido y desde entonces se encuentra recluido en el penal de Tlaxiaco, en la región Mixteca.

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July 19, 2019

Con apoyo de Morena, el sacerdote Pedro Gutiérrez alista la reapertura de la Ciudad del Niño

LEóN (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

July 19, 2019

By Verónica Espinosa

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SALAMANCA, Gto. (apro).- El sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías regresó al albergue que fundó hace 44 años, la Ciudad del Niño, y anunció que se prepara para reabrirlo y recibir nuevamente a niñas y niños. Gutiérrez Farías dijo contar con una resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal a su favor “por falta de elementos que acrediten las conductas de las que fue acusado”, en el amparo en revisión 327/2017, en una conferencia de prensa acompañado de su abogado Jesús Centeno. Las conductas a las que aludió son acusaciones de abusos sexuales y maltrato físico y psicológico en contra de menores resguardados en este centro, que carecía de permisos del DIF estatal, situaciones que fueron documentadas dentro de un juicio de amparo llevado por la jueza de distrito Karla Macías Lovera, cuando atendió el caso de una menor a la que sus padres lucharon por recuperar. Según la resolución de la jueza que se hizo pública a mediados de 2017, el sacerdote registró a 134 menores con su apellido paterno y como segundo apellido el de una de las monjas que lo asistía en el albergue. Pero en realidad, la resolución a la que hizo referencia el cura no es una exoneración, sino que se refiere a que la jueza Karla Macías debió resolver únicamente el tema de la menor en el juicio que atendía, y los señalamientos en contra del sacerdote tendrían que ser investigados por la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General del Estado y otras instancias como el DIF y la Procuraduría de protección a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el exgobernador Miguel Márquez siempre se negó a que se investigara al sacerdote, y sólo se le retiró de la Ciudad del Niño, del cual se hizo cargo personal del DIF estatal en precarias condiciones de atención a los menores y adolescentes que allí se encontraban, quienes finalmente fueron reubicados a distintos centros y con sus familiares. Una reportera le preguntó al sacerdote a quién le atribuía las acusaciones en su contra y el cierre del albergue. “Manos negras, o color de rosa, no sé, pero nos vino el problema, lo aceptamos. Pero por qué, no sé”, respondió.“Obra de dios” De regreso a la Ciudad del Niño, el sacerdote Gutiérrez Farías afirmó que esto “es un milagro porque la situación estaba terrible, me acusaron injustísimamente”. “La Ciudad de los niños es una obra de la patria, una obra de dios. ¿Por qué me dediqué a esto? Porque dios me lo dijo, yo no lo hago por dinero”, señaló en la rueda de prensa. Aseguró que registró a los menores con sus apellidos porque los gobernadores le aconsejaron que así lo hiciera. “Yo les pedía ayuda a todos los gobernadores y me ayudaron, les decía: ‘¿qué hago con los niños, no tienen papeles. Me decían: déselos usted. Aquí venía el del Registro civil a la casa, a registrarlos”. Gutiérrez negó que hubiera obligado a padres y madres de familia a ceder la tutela de los menores, aunque esto fue también documentado por la jueza Macías Lovera. El domingo, el sacerdote oficiará una misa en la capilla del inmueble, “y después habrá comida y música y van a bailar hasta que se les hinchen los pies, porque vamos a decirle al Señor muchas gracias, porque era una cosa dificilísima”. También va avanzando en los permisos y trámites ante las distintas autoridades para volver a operar el centro, como el uso de suelo que otorga el Municipio, Protección Civil, Salud, aunque le falta culminar el trámite ante el DIF estatal. Luego, afirmó que necesitará por lo menos dos millones de pesos para hacer todas las reparaciones que necesitan las instalaciones. “Dejen que me echen dinero, necesito dinero…yo sé que la gente salmantina es de corazón noble y nos va a ayudar”, afirmó. Tan es así, que de distintas instancias gubernamentales, Gutiérrez Farías recibió más de 45 millones de pesos de apoyos en los últimos 13 años, además de la entrega en donación de cuatro terrenos. Por su parte, el propio sacerdote tiene registradas ocho propiedades a su nombre en Salamanca e Irapuato, según documentó una investigación de la periodista Kennia Velázquez. Por lo pronto, gracias a la muy cercana relación que tiene con la alcaldesa de Morena, Beatriz Hernández, el gobierno municipal le paga 40 mil pesos mensuales a cambio de que los elementos de la Guardia Nacional y la Marina que arribaron a Salamanca se instalaran en el otro albergue que tiene el sacerdote en esta ciudad, que también se quedó vacío. “A la alcaldesa yo la conocí de chiquita, hemos tenido mucha amistad con sus papás, con su familia, me dice: padre, me llega la obligación porque está Salamanca medio lleno de sangre, no tengo dónde poner a la Guardia Nacional y los marinos. Le dije: claro que sí, tengo desocupado, y allí están los señores”.



            

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June 28, 2019

Por presunto abuso sexual a menores, investigan a sacerdote de Xalapa

XALAPA (MEXICO)
Espejo del Poder [Veracruz, Mexico]

June 28, 2019

By Redacción/EspejoDelPoder

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  • Desde 2010 estaba en la “lista de pederastas” de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes.
  • El sacerdote católico de 83 años, construyó el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en El Dique.

El sacerdote Vicente Condado Sánchez, de 83 años, constructor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio de El Dique, en Xalapa, es investigado, presuntamente por abuso de menores y pederastia, confirmó a Espejo del poder una fuente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Desde 2010, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), puso a Vicente Condado Sánchez en una lista de 68 presbíteros católicos acusados de pederastia —49 norteamericanos—  que se refugiaban en diversas ciudades de la República mexicana.

En ese entonces, el sacerdote que se formó en el Seminario Arquidiocesano Rafael Guízar y Valencia, fue sacado del Santuario que construyó en el barrio donde nació y fue recluido en el Monasterio de las Madres Adoratrices de la Avenida 20 de Noviembre, aunque algunos feligreses lo vieron celebrando misa en la Parroquia de San Bruno, ubicada en la Avenida Mártires 28 de agosto, de esta ciudad.

Los presuntos delitos por los que se le investiga fueron cometidos en el periodo en el que se desempeñó como párroco del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Xalapa.

Esta investigación se da luego de que el Papa Francisco emitiera el pasado 7 de mayo la carta apostólica en forma motu proprio “Vos estis luz mundi” (Vosotros sois la luz del mundo) en donde establece nuevas normas y procedimentales relacionadas con la denuncia de delitos cometidos por clérigos en materia de violencia sexual, abuso sexual de menores, pornografía infantil y encubrimiento, así como con la responsabilidad de los obispos y los superiores religiosos para cumplir diligentemente con la ley canónica y civil cuando se presente algún caso.

Como Iglesia debemos enfrentar los delitos cometidos por un clérigo, con todas las repercusiones sociales y eclesiales que conlleve, dijo en un comunicado Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey y Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Entre los principios y recomendaciones que Cabrera López da para atender estos casos, indica que  ante un caso de delito sexual por parte de un clérigo se debe observar no sólo lo previsto por el derecho canónico, sino también cumplir con la legislación penal mexicana.

“Así, sin perjuicio del procedimiento penal canónico que deba iniciarse con motivo de una noticia verosímil, deberá informarse a las autoridades mexicanas, ofrecerse a colaborar en la investigación y aportar los elementos de prueba que le sean requeridos por la autoridad en términos de ley, para determinar la responsabilidad del imputado, así como de quien hubiese colaborado para la comisión del delito o lo hubiese encubierto”, indica el comunicado.

“Informar a las autoridades civiles es indispensable, ya que, si la atención de los asuntos queda circunscrita únicamente al ámbito canónico y se omite el involucramiento de las autoridades civiles, se corre el grave riesgo de distorsionar un principio elemental de justicia. En cualquier organización (pública o privada), no basta abrir una investigación interna y aplicar consecuencias al responsable (como inhabilitarlo de su cargo), por más graves que éstas puedan resultar en el contexto interno de la misma”, añade.

“Por tanto, en el caso de la Iglesia, si bien es positivo que se conduzcan investigaciones internas o externas, y se abran canales de escucha para testigos u otras víctimas, hace falta también informar a la autoridad civil y colaborar en la investigación para que, quien resulte responsable de la comisión de un delito, sea sancionado conforme a la ley”, explica.

“Si no asumimos como Iglesia el compromiso de aplicar este principio, estaremos contribuyendo a la creación de fueros especiales de facto, y fomentando ‘la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse’. Además, no podemos omitir el natural impacto social que esto tiene sobre los graves niveles de impunidad en los que ya se ubica nuestro país (cuarto lugar a nivel mundial)”, concluye.

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June 22, 2019

Sex abuse charges against La Luz del Mundo leader are the ‘tip of the iceberg,’ prosecutors say

MEXICO CITY (MEXICO)
LA Times [Los Angeles CA]

June 22, 2019

By Leila Miller

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Prosecutors are poring through dozens of digital devices as they build their case against the leader of La Luz del Mundo church, a man known by followers as “the apostle” of Jesus Christ and who has been charged with various counts of sex abuse, including forcible rape of a minor.

They allege that Naason Joaquin Garcia, 50, has received numerous child pornography images and videos. But what they have discovered is just the “tip of the iceberg,” said Deputy Atty. Gen. Amanda Plisner.

At a Superior Court hearing Friday in downtown Los Angeles, Plisner cited an ongoing investigation in requesting that the possibility of posting bail not be made available to Garcia, currently detained in lieu of what’s believed to be the highest bail in L.A. County. As they uncover more evidence, she said, prosecutors expect the scope of the original accusation will swell.

Judge Teresa Sullivan called Plisner’s petition “well-founded” but decided not to make immediate changes to Garcia’s $50-million bail or that of his co-defendant, Alondra Ocampo, 36, who is being held in lieu of a $25-million bail. She did reduce the bail of a third defendant, Susana Medina Oaxaca, 24, from $5 million to $150,000.

The case will return to court July 15 for further bail review. All three defendants have pleaded not guilty, and a fourth remains at large.

The 26-felony count complaint filed against Garcia and his co-defendants in early June describes how women allegedly helped procure and prepare young girls for the pleasure of the apostle. Its charges include human trafficking, production of child pornography and forcible rape of a minor, all of which are alleged to have occurred in L.A. County between 2015 and 2018.

Plisner said that Garcia leveraged his status as the head of a church that claims more than 5 million followers. Girls, she said, are taught that “there is nothing better in life than to do something to please defendant Garcia.”

“He used that position of power to take advantage of and exploit young women whose parents were unwilling to protect them,” she said, arguing that, if out of custody, he would pose a risk to hundreds of girls.

Garcia’s attorneys lashed back. Lead counsel Ken Rosenfeld told reporters that thousands of female church members are ready to testify for Garcia.

“That was four against 5 million,” he said, referring to the number of accusers. “This idea of a systemic breeding or systemic pattern of abuse is going to be contradicted.”

Plisner called Ocampo, a student at Cal State Dominguez Hills, “the groomer and recruiter” of all the young women allegedly sexually assaulted by Garcia. She said that Oaxaca was Garcia’s assistant. In a bail motion, Oaxaca’s attorney wrote that she works as an administrative assistant at her church in San Diego and is not a “direct perpetrator” in the case but rather “some sort of accessory.”

In court documents, Garcia’s attorneys argued that his bail was unconstitutional and had been set to ensure that Garcia could not meet it. They countered Atty. Gen. Xavier Becerra’s assertion that Garcia could raise money among his followers to post bail and that he might flee the country, saying that the church does not permit its funds or assets to be spent to pay for criminal defense or bail.

The $50 million, they also said, showed discrimination against La Luz del Mundo.

“What is it about this religion that Mr. Becerra feels like it’s legally appropriate to treat it differently?” asked co-counsel Allen Sawyer. “If Mr. Garcia was Catholic, would the same arguments be made?”

Laurie Levenson, a law professor at Loyola Law School and former federal prosecutor, said the issue is not one of religious discrimination but, rather, whether the church’s followers are “willing to put up their money when there’s a high chance he is going to abscond.”

But Peter Johnson, a criminal law professor at UCLA, said that the idea that someone is popular enough to raise money should not play a central role in setting bail. Factors such as an individual’s flight risk or their threat to the community are what should be considered, he said.

Garcia’s bail motion also said that the prosecutors’ request to increase bail relied on claims that when authorities searched his residence, they discovered $200,000 worth of precious metals and cash, as well as two California driver’s licenses with his photo and different names.

Sawyer said that the metals were “gifts of appreciation” that Garcia had received over the years during his travels for the church. Attorneys wrote that, like other celebrities, he uses driver’s licenses with different names to check into hotels anonymously and that there is no evidence Garcia had used those licenses for fraudulent purposes. (According to the California Department of Motor Vehicles, it is illegal for any individual to hold more than one active driver’s license.)

In court, Plisner described Garcia as living a lavish lifestyle. He would travel very often, if not primarily, on a private airplane. Garcia’s attorneys wrote that their client, who owns four properties in L.A. County, has a net worth that exceeds $3 million.

Sawyer would not provide the salary Garcia receives from the church, saying he has a “right to privacy.” Church spokesman Jack Freeman also declined, writing in an email that “the Apostle and the entire ministerial body of the church receive the necessary support to fulfill their ecclesiastical missions.”

Many of Garcia’s followers continue to support the apostle. In a statement attached to his bail motion, the church’s Council of Bishops reaffirmed “our complete moral support and belief in the innocence of the Apostle.”

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June 20, 2019

Groping case dropped against priest who was sent back to Mexico over incident at Fort Worth park

MEXICO CITY (MEXICO)
Dallas Morning News [Dallas TX]

June 20, 2019

By Sarah Sarder

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In September, a man accused Father Genaro Mayorga Reyes of grabbing his genitals in a park across the street from All Saints Catholic Church, where he was a priest. Reyes denied the claim.

A judge in early June dismissed charges against a Fort Worth priest accused of groping a man after prosecutors asked that the case be dismissed, records show.

The Fort Worth Star-Telegram reported that prosecutors filed a motion to dismiss charges against the Rev. Genaro Mayorga Reyes on June 4. A judge signed the dismissal the same day.

In September, a man accused Reyes of grabbing his genitals in a park across the street from All Saints Catholic Church, where he was a priest.

Reyes denied the claim, but he was recalled to Mexico in November.

Prosecutors did not make clear in their request why they wanted the charges dropped, the Star-Telegram reported. A diocese spokesman told the newspaper that Reyes would not return to Fort Worth because he had violated the diocese’s code of conduct.

The spokesman added that Fort Worth police reported the allegations to Bishop Michael F. Olson once they had investigated and deemed them credible.

The vice provincial of Santa María de Guadalupe recalled Reyes to Mexico at Olson’s request.

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June 19, 2019

2 Catholic orders name 65 priests accused or convicted of abuse; 27 served in Arizona

CIUDAD OBREGóN (MEXICO)
azcentral [Tysons Corner VA]

June 19, 2019

By Lauren Castle

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Two Catholic religious orders recently released lists naming 65 clergy accused of sexual abuse against minors dating back decades; 27 of the men served in Arizona.

The newly released information comes as American bishops met this week in Baltimore for a conference that focused on how to respond to the church’s sex-abuse crisis, which has increasingly caught the attention of state prosecutors across the U.S.

The Franciscan Friars of the Province of Saint Barbara, based in Oakland, California, released its list of credible abuse claims in late May. The claims stretch as far back as the 1930s, and the most recent claim is from the 1980s. More than two dozen on the list had assignments in Arizona, from St. Mary’s in Phoenix to St. Xavier del Bac near Tucson. Most of the accused have long since died. 

In a letter, Father David Gaa, provincial minister for the Franciscan Friars of Saint Barbara, said the list is a commitment to transparency and accountability. “The victims, their families, and the People of God deserve transparency,” the letter says. 

A Catholic religious order that founded University of Notre Dame and Holy Cross College in Indiana released a list of credible sex abuse claims involving minors on Wednesday. The Congregation of Holy Cross’ list dates back to the 1940s.

Two of the accused clergy served in Phoenix. 

“Over the last two decades, but particularly in the last year, we have all become more aware of the problem of sexual abuse of children within the Catholic Church and its mishandling,” Rev. William Lies, the provincial superior of the order, said in a letter published with the list

“I share your frustration, anger and sadness at these revelations. I also share your desire for transparency and healing,” the letter says.

The Diocese of Phoenix, which began publishing its list of credible abuse claims against clergy seven years ago, issued a statement that it is reviewing both lists. 

Bishop Thomas Olmsted and the Phoenix diocese, in the statement, urged anyone who has been a victim of abuse to call a local law-enforcement agency. 

Scrutiny grows across the country

Abuse in the Roman Catholic church gathered greater scrutiny with the release of a Pennsylvania Attorney General’s grand jury report last year.

More than 300 “predator priests” molested more than 1,000 children in six dioceses across Pennsylvania for more than six decades, according to the report.

“Priests were raping little boys and girls and the men of God who were responsible for them not only did nothing: They hid it all,” the report says.

The Pennsylvania report spurred prosecutors across the U.S. to investigate abuse claims in the church. The Survivors Network of those Abused by Priests points out on its website that many states have set up hotlines for victims to report clergy abuse. Arizona is not among them.  

The Arizona Attorney General’s Office would not comment on possible action but encouraged victims to report abuse to law enforcement. 

“Anyone who abuses a child needs to be held accountable, no matter how long ago the abuse took place,” Katie Conner, an AG’s Office spokeswoman, told The Arizona Republic

Clergy abuse in Arizona has been investigated before. In 2003, then-Maricopa County Attorney Rick Romley headed an investigation that led to six criminal indictments of priests and countless lawsuits.

Former Bishop Thomas O’Brien, then the leader of the Diocese of Phoenix, was granted immunity from prosecution after admitting his part in cover-ups. He eventually acknowledged some 50 priests and church staff were accused of abuse over the years and that the diocese had paid millions to settle lawsuits. 

The diocese agreed with Romley to appoint a curator to oversee internal church investigations and to provide nearly $700,000 for treatment for victims.

O’Brien resigned within weeks of the settlement after being arrested for a fatal hit-and-run accident. He was convicted and sentenced to probation, living in a church-owned house in Phoenix until his death last year.  

A civil lawsuit accusing O’Brien of abuse had been filed in 2017, but was dismissed after his death. Other lawsuits against priests who served in Arizona continue.  

Diocese of Phoenix weighs in

The Diocese of Phoenix began publishing lists of priests accused or convicted of abusing children in 2012. There are 39 names on current lists, whether diocese priests or those from other religious orders who served in the area.  

The diocese sends community notifications when new lists, such as those from the Franciscan and Holy Cross orders, are released. 

The diocese has made strides to fulfill its promise to protect children, educate the community and provide healing to those who have been abused, said Robert DeFrancesco, spokesman for the diocese.

The diocese’s Office of Child and Youth Protection provides healing Masses, referrals for counseling, spiritual direction and facilitates meetings with Bishop Olmsted. 

The local diocese surveyed parishioners last fall in the wake of the Pennsylvania grand jury report, many who said they were angry, embarrassed, confused and disgusted.

Most of the 1,600 respondents were active Catholics who said the recent abuse scandals have not led them to question their faith, although less-active parishioners questioned their faith more based on the recent developments, according to the survey highlights released in February.

“In light of recent abuse scandals, now is an important time for the Church to recall what has been learned, to keep in prayer those who are victims, and to recommit ourselves to vigilance in our Catholic community to protect our children from the evils of abuse,” DeFrancesco said. 

50 names on the Franciscan list

Half of the 50 friars on the Franciscan list had served in Arizona.

Two already were on the Phoenix diocese list, including Louis Ladenburger, who was convicted of sex crimes against children.  

Ladenburger served in the area from 1965-1967 and 1992-1993 at St. Mary High School in Phoenix, the Franciscan Renewal Center in Scottsdale, St. Mary’s Basilica in Phoenix and St. Joan of Arc Parish in Phoenix. 

Allegations of abuse against Ladenburger from 1973-1974 were reported in 1984 and 2018, according to the Franciscan Friars. 

He left the order in 1996.

Less then 10 years later, the Phoenix Diocese alerted the community about his arrest. He was accused in 2007 of molesting two teenage boys while working as a school counselor in Bonner County, Idaho.

Others listed who served in Arizona include: 

  • Dennis Duffy: Served at San Carlos in Whiteriver from 1971-1973 and St. Francis in Whiteriver from 1975-1980. Alleged abuse happened in 1975. Abuse reported in 1990. Removed from ministry in 1990. 
  • Felipe Baldonado: Served at St. Mary’s in Phoenix from 1949-1950 and Sacred Heart in Phoenix from 1964-1967. Alleged abuse happened in 1959. Abuse reported in 2003. Died in 2003. 
  • Samuel Cabot: Served at Casa de Paz y Bien Retreat in Scottsdale from 1954-1956. Alleged abuse happened from 1977-1985. Abuse reported in 2002. Died in 2019. 
  • Camillus Cavagnaro: Served at Native American missions across Arizona from 1947-1961 and 1985-1986, San Solano Missions in Topowa and Sells from 1964-1971 and 1973-1978, St. Francis Mission in Whiteriver from 1978-1984, San Carlos in 1984, St. Mary’s in Phoenix from 1984-1985, San Xavier del Bac near Tucson from 2002-2005 and 2006-2007 and lived in an elder care facility in Arizona from 2007 to 2010. Alleged abuse happened from 1962-1965. Abuse reported in 2004. Died in 2011. 
  • Mario Cimmarrusti: Served at Immaculate Conception (St. Mary’s) in Phoenix from 1957-1958. Alleged abuse happened from 1962-1969. Abuse reported in 1993 and 2004. Died in 2013. 
  • Berard Connolly: Served at San Xavier del Bac near Tucson from 1988 to 1993. Alleged abuse happened from 1960-1963 and 1982-1984. Abuse reported in 1993, 2003, 2004 and 2014. Died in 1999. 
  • Owen da Silva: Served at St. Mary’s in Phoenix from 1940 – 1943 and Casa de Paz y Bien Retreat in Scottsdale from 1952-1957 and 1964-1966. Alleged abuse happened from 1936-1937. Abuse reported in 2004. Died in 1967. 
  • Kevin Dunne: Served at Casa de Paz y Bien in Scottsdale from 1953-1955, San Xavier del Bac near Tucson from 1995-1997 and St. Mary’s in Phoenix. Alleged abused happened from from 1970-1973. Abuse reported in 1993. Died in 2010. 
  • Adrian Furman: Served at San Xavier del Bac near Tucson, St. Mary’s in Phoenix from 1964-1966 and lived in an elder care facility in Phoenix from 2001-2002. Alleged abuse happened from 1959-1965. Abuse reported in 2002 and 2010. Died in 2003. 
  • Martin Gates: Served at Sacred Heart in Phoenix from 1966-1971. Alleged abuse happened from 1970-1989. Abuse reported in 1993 and 1995. Died in 2000. 
  • Gavin Griffith: Served at St. Mary’s in Phoenix from 1966-1979 and Franciscan Renewal Center from 1979-1987. Alleged abuse happened from 1979-1985. Abuse reported in 1987. Died in 2017. 
  • Gus Hootka: Served in Parker from 1954-1955. Alleged abuse happened from 1956-1957. Abuse reported in 2018. Died in 2007. 
  • Conan Lee: Served in St. Mary’s in Phoenix from 1944-1947. Alleged abuse happened from 1957-1961. Abuse reported in 2010. Died in 1978. 
  • Mark Liening: Served in St. Mary’s in Phoenix in 1942, 1943-1944, 1945-1947, 1950-1951, 1964-1966 and 1974 – 1979, St. Joseph’s Hospital in Phoenix in 1943, San Carlos from 1953-1955 and Covered Wells in 1964. Alleged abuse happened from 1943-1944. Abuse reported in 2007. Died in 1985. 
  • Finbar Kenneally: Served at St. Joseph’s Hospital in Phoenix from 1950-1953. Alleged abuse happened from 1962-1964. Abuse reported in 1991. Died in 1991. 
  • Sylvester Mancuso: Served in San Carlos from 1950 to 1951, Parker from 1955-1958, St. Peter’s in Bapchule from 1958-1964, St. Francis in Whiteriver from 1964-1971, Native American missions across Arizona from 1973-1978. Alleged abuse happened in 1961 and in the 1970s. Abuse reported in 1999 and 2004. Died in 1979. 
  • Bede McKinnon: Served at Franciscan Renewal Center in Scottsdale from 1983-1985 and 1994. Alleged abuse happened from 1978-1979. Abuse reported in 2010. Died in 1998. 
  • Claude Riffel: Served at St. Mary’s in Phoenix from 1945-1946. Alleged abuse from 1962-1965. Abuse reported in 2009. Died in 1977. 
  • Remy Rudin: Served in Topawa from 1950-1951, 1955-1960 and 1985-1989, Cowlic from 1951-1955. Alleged abuse happened in 1965-1975. Abuse reported in 2004 and 2017. Died in 1991. 
  • Ramon Varela: Served in Native American missions across the state from 1949-1955, St. Peter’s in Bapchule in 1962-1963, Sacred Heart from 1963-1967 and 1979. Alleged abuse happened from 1949-1979. Abuse reported in 1994. Died in 2002. 
  • Santiago Alamaguer: Served at Our Lady of Guadalupe in Guadalupe in 1978. Alleged abuse happened in 1978. Abuse reported in 1979. Returned to Mexico Province in 1979. 
  • Edward Henriques: Served at St. John’s in Laveen from 1946-1956. Alleged abuse happened in 1949 and 1963. Abuse reported in 1949 and 2005. Left the order in 1965. 
  • Charles “Jude” Ruetten: Served at St. John’s in Komatke in 1960-1963. Alleged abuse happened in 1963. Abuse reported in 1993. Left the order in 1967. 
  • Jorge Ortiz Lopez: His time in Arizona is not noted on the Franciscans’ list, but the Phoenix diocese list mentions time at Sacred Heart in Phoenix and that the Franciscans removed him from ministry in 2003. The Franciscan list notes he died in 2004. Alleged abuse happened in 1975 and 1976. 

Many of the claims occurred during the years the men were in Arizona, although the information does not say where alleged abuse occurred.  

The Franciscan Friars said if anyone believes the list should be updated, they can contact its Victims Assistance Coordinator at 1-800-770-8013. 

Some on the Franciscans’ list were already known as they have faced lawsuits from abuse victims.

2 with Arizona ties on the Holy Cross list

The list released by the Congregation of Holy Cross provides the locations and dates of where the priests served and the locations of the alleged abuse. The list also provides how many abuse claims a person has against him and the years the claim occurred. 

Out of the 15 names on the list, two have connections to Arizona.  

  • John Fitzgerald: Served at Andre House in Phoenix. Location of alleged abuse was in Illinois in the 1970s. Abuse reported in 1992. Removed from ministry in 1992. Left the order in 1997. 
  • Paul LeBrun: Served at Blessed Sacrament Parish in Tolleson and St. John Vianney Catholic Church in Goodyear. Multiple allegations made in Indiana and Arizona from 1980s-1990s. Abuse reported in 2000. Permanently removed from ministry in 2000. Dismissed from Holy Cross in 2007. 

LeBrun was already listed by the Phoenix diocese.

LeBrun is incarcerated in Florence after being sentenced to 111 years in prison in 2006 for sexually abusing six children in the West Valley between 1986 and 1989.  

Anyone with information about the list can contact the Congregation of Holy Cross’ victim assistance coordinator at 574-631-1126. 

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CANTAMISA DEL NEO-SACERDOTE HERIBERTO CÓRDOVA GONZÁLEZ

SAN JUAN DE LOS LAGOS (MEXICO)
Mensajero Diocesano Blogspot [San Juan de los Lagos, Jalisco, Mexico]

June 19, 2019

By Mensajero Diocesano

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TEPATITLÁN, JalISCO

Con gozo les compartimos, que el pasado miércoles 22 de Mayo, en la Parroquia de la Sagrada Familia de Tepatitlán, se celebró la Cantamisa del Pbro. Heriberto Córdova González, originario de esa ciudad, y que con enorme gratitud al Señor por el don del sacerdocio, se presentó ante la comunidad parroquial que lo vio crecer, para dar inicio con su servicio pastoral al pueblo de Dios.

Recordemos que en días pasados, el padre Heriberto, junto con tres compañeros, recibieron la ordenación presbiteral por imposición de manos de nuestro Obispo Diocesano, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Eran las 12 en punto del medio día, cuando las campanas y cohetes, anunciaban tan especial acontecimiento. Familiares, amigos, vecinos y sacerdotes en número aproximado de veinte, se dieron cita para acompañar al neo-sacerdote, en su acción de gracias por el regalo del sacramento del orden.

El templo parroquial lucía hermoso, con arreglos florales y engalanado con la presencia del coro San Ignacio, quien le dio un marco de mayor solemnidad al Santo Sacrificio. El Sr. Cura Eliazer Lara Ruiz, fue el encargado de dirigirle la homilía al padre Heriberto, resaltando en un sentido mensaje, la importancia de la respuesta al llamado de Dios: “Muchos otros seminaristas, quizás más intelectuales y de mayor espiritualidad, se quedaron en el camino y sus vidas tomaron rumbos distintos. El Señor, te ha llamado a ti y a tus compañeros sacerdotes, para ser colaboradores con Él en el cuidado de su rebaño”.

Seguida la celebración, un momento igualmente importante, fue la bendición del cáliz, patena y ornamentos sacerdotales, donde tuvo participación, el Pbro. Rafael Córdova Esparza, tío de nuestro querido padre Beto, que serán utilizados en la administración de los sacramentos.

Al final de la Eucaristía, su familia le hizo entrega de algunos obsequios, mostrándole la gran alegría por su ordenación y diciéndole con éste gesto, que lo acompañarán con sus plegarias para que sea fiel a su vocación consagrada.

Se vivió una escena emotiva y de profunda fe, que quedará grabada en la mente y corazón de los asistentes, cuando el nuevo ministro de Dios, pronunció, por primera vez, las palabras consagratorias del pan y vino, en el gran milagro de la transubstanciación, donde es el mismo Cristo, quien se hace presente en la mesa del altar.

Sin duda alguna, hay personas que influyen de forma positiva para que los jóvenes se arriesguen a seguir a Nuestro Señor, Sumo y Eterno Sacerdote. Para ellos, el padre Heriberto, tuvo un gesto y detalle muy significativo. Agradeció a todas las personas que lo han apoyado en su formación y en particular a sus papás, Don Cuco y Doña Celina, por sus enseñanzas, cuidados y oraciones, palabras expresadas con el corazón en las manos, provocando que de entre los fieles, se unieran con el Padre Córdova en tan conmovedor mensaje de gratitud. Además, les hizo entrega a sus progenitores, de una estola y el paño con el que se limpió las manos después de ser ungidas con el santo Crisma en su Ordenación, signos que refuerzan la unidad con su familia y la pertenencia a la Iglesia particular de San Juan de los Lagos.

Otro momento significativo, fue cuando las personas se acercaron al nuevo sacerdote para el rito del “Besamanos”, gesto de devoción que indica el reconocimiento de su poder sacerdotal, signo de amor fraterno y fidelidad a la Iglesia.

Para dar por concluida la concelebración, uno de los hermanos del Padre Beto, le dirigió un mensaje y lo terminó con un verso en el que invitó a la gente, a brindarle un prolongado aplauso, tanto a él como a sus hermanos sacerdotes, alentándolos a perseverar en la oración y celo pastoral…

“El día de hoy se los encomendamos a Jesús, María y José, todos muy amadosy que estos aplausos que hoy les brindamosen oraciones permanentes los convirtamos”.

Después de la Santa Misa, se trasladaron al Auditorio Miguel Hidalgo, para compartir los alimentos, en medio de los saludos a nuestro estimado Padre Heriberto. ¡Felicidades!

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June 18, 2019

Consideran abuso de poder, la detención del sacerdote católico Rafael Muñiz

XALAPA (MEXICO)
Opción de Veracruz [Xalapa, Veracruz, Mexico]

June 18, 2019

By Miriam Olalde Ortiz/ IMAGENVER.COM

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* Línea política para perseguir a la iglesia: Quintín López Cesa

El procedimiento que se le sigue al padre Rafael Muñiz López quien la noche de ayer fue consignado e internado en el reclusorio norte del Distrito Federal acusado de delincuencia organizada y pornografía infantil, es un abuso de poder que forma parte de una línea política para afectar y perseguir a la iglesia católica.
Lo anterior fue dado a conocer por el vocero y el vicario de la Arquidiócesis de Xalapa, Quintín López Cesa y Gilberto Suárez Rebolledo, respectivamente, quienes ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer su postura en torno al caso del sacerdote veracruzano.
Al momento de hacer uso de la voz, López Cesa expreso que desde el pasado 17 de abril, día que fue detenido el padre Muñiz en compañía de su hermano, la iglesia de Xalapa ha estado al pendiente de su situación jurídica y le han manifestado su respaldo, ya que al igual que familiares, amigos y feligreses de la parroquia donde impartía la eucaristía el padre Rafael creen en la inocencia del mismo.
“Hemos constatado la manera tendenciosa como ha conducido el paso la PGJ del DF, no es la primera vez que queda la sospecha en la ciudadanía de que a determinadas autoridades les interesa mas su carrera política que la verdad, la equidad y la dignidad de las personas”.
El vicario de la arquidiócesis, Gilberto Suárez señalo que tanto para la comunidad católica como para los ciudadanos que conocer al padre Rafael, es indignante que un procurador proceda por interese personales y políticos o que por presión de tiempos electorales no tenga la capacidad y la nobleza de reconocer un error, ya que bien saben que el sacerdote es totalmente inocente pero no saben admitir la verdad y sobre todo que se equivocaron al señalarlo como culpable.
“Tenemos toda la confianza de dios en que tarde o temprano la verdad saldrá a relucir y se manifestara la inocencia la padre Muñiz, continuaremos en la lucha por su defensa aun cuando sabemos que nos estamos enfrentando a una maquinaria política”.

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June 16, 2019

Child sex abuse survivor ‘outs’ an abusive priest

HUEJUTLA DE REYES (MEXICO)
SNAP - Survivors Network of those Abused by Priests [Chicago IL]

June 16, 2019

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Child sex abuse survivor ‘outs’ an abusive priest

She speaks publicly now for the first time

Her alleged abuser is still in active ministry

At least four other victims have come forward

SNAP calls on Diocese of Fresno to “aggressively reach out” to other victims

What:

At a news conference, a child sex abuse victim who was sexually abused by a Reedley priest will name her abuser publicly for the first time and share her experiences as an abuse victim within the Diocese of Fresno.

When:

Monday, June 17 at 10:45am

Where:

Outside of St. Joseph’s Catholic Church, 1515 Baker St in Bakersfield, CA

Who:

Sylvia Gomez Ray, a survivor of clergy childhood sexual abuse, Joe George, a Sacramento attorney who represents the sexual abuse victim, and Joey Piscitelli, a Bay Area man who is a long-time leader of SNAP, the Survivors Network of those Abused by Priests

Why:

Sylvia Gomez Ray, a California woman, has just filed a report with the Attorney General’s office regarding abuse she experienced at the hands of an active priest within the Diocese of Fresno. At the event, Sylvia will name her abuser publicly for the first time.

She will talk about the abuse she suffered. And she wants to let other victims know “you are not alone. You do not have to continue to suffer in silence.”

Sylvia Gomez Ray, now 52 years old, was part of the St. Joseph’s youth group when Monsignor John Esquivel first met her and began grooming her. When Sylvia was a teenager, Msgr. Esquivel recruited her to work as the church secretary, replacing another teen that Esquivel had sexually molested. Msgr. Esquivel continued on to sexually assault Sylvia while she worked as the church secretary.

Monsignor Esquivel currently works at St. Anthony of Padua Catholic Church in Reedley, CA. He was the first priest ever ordained into the Diocese of Fresno and has worked within the diocese for more than 50 years. In recent years, SNAP has been contacted by at least four survivors of Msgr. Esquivel. One of those survivors stated that they refused to report to the Bakersfield Police Department because the investigator the survivor spoke to stated that his first call would be to the bishop.

There are currently seven priests within the Diocese of Fresno that have been suspended for misconduct, a remarkably high number for a diocese with fewer than 100 parishes. At least four of those priests – Fr. Eric SwearenginRev. Raul DiazFr. Jean-Michael Lastiri, Fr. Gaspar Bautista, and Msgr. Craig Harrison – have been suspended due to allegations of abuse. Just last week, the Diocese of Fresno revealed that it had reversed a decision made by previous church officials and removed Fr. Swearingen from ministry. Fr. Swearingen had been previously accused of abuse but the accusations were originally found to be “not credible.” SNAP fears that similar accusations against Msgr. Esquivel may have been treated in the same way.

SNAP is calling on Bishop Joseph Brennan to suspend Msgr. Esquivel from ministry while these claims are investigated. And they are asking that church officials aggressively seek out other victims of Msgr. Esquivel and encourage them to contact the police, local district attorney, and the attorney general. Additionally, because many of the communities that fall within the Diocese of Fresno have large Latino populations, SNAP urges that outreach be conducted in both English and Spanish and should also include the fact that California is a sanctuary status and so any undocumented witnesses or survivors should know that they can come forward without fear of reprisal from the government.

Contact: Dr. Joseph C. George (916) 802-7949 cell, (916) 641-7300 office, Joey Piscitelli, SNAP Northern California Leader, 925-262-3699, caljoey1@aol.com

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June 9, 2019

AS SAN FRANCISCO DISTRICT ATTORNEY, KAMALA HARRIS’S OFFICE STOPPED COOPERATING WITH VICTIMS OF CATHOLIC CHURCH CHILD ABUSE

TIJUANA (MEXICO)
The Intercept [New York City NY]

June 9, 2019

By Lee Fang

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Thanks to Kamala Harris’s predecessor, the San Francisco DA’s office had files on clergy sex abusers. But Harris refused to share them with victims.

KAMALA HARRIS, SURROUNDED by thousands of cheering supporters, kicked off her presidential campaign in Oakland earlier this year, declaring that she has always fought “on behalf of survivors of sexual assault, a fight not just against predators but a fight against silence and stigma.”

Fighting on behalf of victims of sexual abuse, particularly children, has been central to Harris’s political identity for the better part of three decades. Harris specialized in prosecuting sex crimes and child exploitation as a young prosecutor just out of law school. She later touted her record on child sexual abuse cases and prosecuting pedophiles in television advertisementssplashy profiles, and on the trail as she campaigned for public office.

But when it came to taking on the Catholic Church, survivors of clergy sexual abuse say that Harris turned a blind eye, refusing to take action against clergy members accused of sexually abusing children when it meant confronting one of the city’s most powerful political institutions.

When Harris became San Francisco district attorney in 2004, she took over an office that had been working closely with survivors of sexual abuse to pursue cases against the Catholic Church. The office and the survivors were in the middle of a legal battle to hold predatory priests accountable, and Harris inherited a collection of personnel files involving allegations of sexual abuse by priests and employees of the San Francisco Archdiocese, which oversees church operations in San Francisco, and Marin and San Mateo counties.

The files had been compiled by investigators working under the direction of Terence Hallinan, the radical district attorney who Harris ousted in a contentiouselection campaign. Hallinan’s team had prosecuted cases of abuse that had occurred decades earlier and had gathered evidence as part of a probe into widespread clergy sexual misconduct.

“It went from Terence Hallinan going hundred miles an hour, full speed ahead, after the Catholic Church to Kamala Harris doing absolutely nothing.”

Just six months before Harris took office, a U.S. Supreme Court decision overturned a California law that had retroactively eliminated the statute of limitations for criminal prosecution of child molestation cases. That shifted the focus to holding predators among the clergy accountable through civil cases and through a broader effort to bring attention to predators who had been shielded by the church.

Hallinan believed that the clergy abuse files were a matter of public record; Harris refused to release them to the public.

In her seven years as district attorney, Harris’s office did not proactively assist in civil cases against clergy sex abuse and ignored requests by activists and survivors to access the cache of investigative files that could have helped them secure justice, according to several victims of clergy sex abuse living in California who spoke to The Intercept.

“It went from Terence Hallinan going hundred miles an hour, full speed ahead, after the Catholic Church to Kamala Harris doing absolutely nothing and taking it backwards hundred miles an hour,” said Joey Piscitelli, a sexual assault survivor, who a jury found had been molested as a student while attending Salesian College Preparatory, a Catholic high school in Richmond, California.

Piscitelli had met with Hallinan’s office to discuss his case and the ongoing investigation into the church. But, he said, when Harris took over, his access to the office was shut off and his requests for clergy abuse files were ignored. Piscitelli resorted to handing out flyers and picketing outside the district attorney’s office on San Francisco’s McAllister Street.

Dominic De Lucca, a Burlingame, California, resident who says he was raped by a local priest when he was 12 years old, also said he was shocked that Harris declined to aggressively pursue clergy abuse cases and refused to release the files. “I remember Kamala Harris,” said De Lucca. “She didn’t want to have any meetings.” He went on, “She wanted the public to think this is an issue that happened years ago, that it doesn’t happen anymore. Let’s just move on.”

Terence McAteer, a resident of Nevada City, California, says he was raped as a child by Austin Peter Keegan, an infamous San Francisco priest. McAteer said he sees no value in Harris’s decision to conceal the clergy abuse files, which had been used to indict his abuser but remain secret to this day. “Why not tell the story?” said McAteer. “I have no problem with my file being released. I don’t have any great secrets. It’s already in the newspaper. I think the whole cloak of secrecy with the Catholic Church needs to be exposed.”

Kevin V. Ryan, the former U.S. Attorney for Northern California who worked with Hallinan’s office on the clergy abuse cases, also agreed that the files should be disclosed. “Credible allegations in my opinion should be released,” said Ryan. “I think they should be made public and I think it’s necessary not only for accountability but for the healing process to begin.”

Several survivors of clergy abuse said they believed that Harris had declined to release the files in deference to the Catholic Church, which has historically held sway as a major political force in San Francisco.

“The Roman Catholic Church is very powerful and I think they didn’t want to step on any toes, especially in San Francisco,” said De Lucca, citing the influence of former Archbishop William Levada, who oversaw the archdiocese when Harris was district attorney.

Harris’s presidential campaign did not respond to multiple requests for comment from The Intercept.

Mike Brown, director of communications at the San Francisco Archdiocese, said that his office has “cooperated with every district attorney and attorney general request for records every time.” Brown said he did not believe that the archdiocese attempted to influence the Harris’s decision not to release the clergy abuse files. He added that it was not his place to comment on her decisions. “What was in Kamala Harris’s head?” he said. “I don’t think I have any way of knowing that.”

The Catholic Church casts a long shadow over San Francisco politics, despite the city’s national reputation for social liberalism and counterculture. Generations of politicians have relied on the endorsement of the archdiocese, which maintained strong support among Irish, Italian, and Latin American immigrant communities.

David Talbot, a columnist for the San Francisco Chronicle and longtime observer of city politics, said, “The San Francisco Archdiocese certainly — through Kamala’s days as district attorney and through the current day — wields significant influence in the city power structure.”

THE NATIONAL FOCUS on clergy sex abuse came in large part as a reaction to the shocking revelations of the 2002 Boston Globe series on clergy sex abuse in the Boston-area. The investigation revealed that, under the leadership of Cardinal Bernard Law, the Boston Archdiocese covered up for more than 70 priests accused of sexually assaulting children. Following the Globe’s report, media outlets across the country began investigations and found that local church leadership in various locations similarly failed to inform law enforcement of known pedophiles in the clergy and, in some cases, shifted abusers from parish to parish.

Hallinan’s pursuit brought forward a wave of victims who said they had been raped or molested by clergy over the years.

Hallinan’s pursuit brought forward a wave of victims who said they had been raped or molested by clergy over the years.

Hallinan, in his role as district attorney, responded to the story by requesting that the San Francisco Archdiocese provide 75 years of personnel files relating to sex abuse cases. “We want anything they have in their records,” Hallinan told reporters at the time. “We will see if there are enforceable cases, and if there are, we will prosecute.”

The effort made headlines — and engendered some criticism. The San Francisco Chronicle, for instance, editorialized that the investigation was merely a “fishing expedition.” Hallinan’s pursuit, though, also brought forward a wave of victims who said they had been raped or molested by clergy over the years. Just months after opening his inquiry, Hallinan used a grand jury to begin issuing indictments.

The Catholic Church personnel files collected by Hallinan were used to indict Keegan. The internal church records suggest that Keegan may have molested as many as 80 local children over the years. Keegan presided over the funeral of McAteer’s father, a prominent local San Francisco politician, who passed away in 1967. Over the following summer, Keegan brought McAteer to the Disneyland Hotel, where he allegedly molested and sodomized him.

The San Francisco Archdiocese spent $2.4 million defending Keegan from previous lawsuits over molestation accusations and continued paying the former priest a $900-per-month stipend after he left the priesthood. The former priest relocated to an orphanage in Mexico and was later apprehended by FBI agents to stand trial in San Francisco over Hallinan’s criminal charges.

While Hallinan was pursuing his investigation, McAteer spoke to Kevin Ryan, the former federal prosecutor, about the case. “It was Kevin who phoned me up,” said McAteer, “to tell me Hallinan had just gotten all the records from the archdiocese and they opened up the files, and — Kevin’s words, I can still hear them: ‘The fattest file was Peter Keegan.’”

During the investigation, Hallinan’s office issued an indictment for Salvatore “Sal” Billante, who had allegedly molested a teenager and allegedly witnessed the abuse against Piscitelli in Richmond before working as a youth pastor in San Francisco.

Rev. Patrick J. O’Shea, another former priest indicted by Hallinan, had faced decades of accusations that he groomed altar boys at various Catholic institutions across San Francisco, including Mission Dolores Basilica. O’Shea was accused of regularly bringing children to a lake house outside the city, where he would ply them with alcohol and molest them.

De Lucca, one of several men who accused O’Shea, said the former priest molested him on a trip to the lake house in 1978 when he was 12 years old. Other victims have said they were molested over 100 times by O’Shea at church facilities in the city and at the lake house.

THE WAVE OF criminal indictments meant that the San Francisco Archdiocese, under Levada, was suddenly facing repercussions. It could not have come as a total surprise to Levada, who had his own history of dealing with alleged abuses in the clergy’s ranks.

Levada had previously served as the archbishop of Portland, a role in which he had briefly removed Joseph Baccellieri, a priest accused of molesting a child, in 1992 — only to restore him two years later. According to the newspaper SF Weekly, Levada quietly provided payments to three male victims in exchange for their silence and a pledge not to sue the archdiocese. The Portland Archdiocese later became the first Catholic diocese to file for bankruptcy over child sex abuse scandals as it paid out over $50 million to settle hundreds of claims.

A few years later, in 1995, Levada left Portland to become archbishop of San Francisco. He learned in 1996 that a Marin County priest, Gregory Ingels, had been accused of sexually assaulting a 15-year-old boy. Still, Ingels was allowed to continue working and the matter was not reported to police. Instead, Ingels’s career flourished as the priest became an adviser to Levada, helping the church leader shape his approach to clergy sex abuse issues. Ingels was later brought up on molestation charges, including molesting two teenagers in the 1970s.

Nonetheless, Levada’s star would continue to rise in the church. In 2005, Pope Benedict XVI named Levada as the guardian of church doctrine, elevating the archbishop to one of the most powerful posts in the Vatican.

Toward the end of Levada’s 10-year tenure in San Francisco, the church faced a reprieve from Hallinan’s investigations. As church officials and former clergy members faced a slew of criminal charges, prosecutors faced a setback when, in June 2003, the U.S. Supreme Court overturned a 1994 California law that had extended the criminal statute of limitations in sex abuse cases — the law under which indictments had been issued against clergy members. Following the Supreme Court’s ruling, hundredsof accused abusers across the state walked free, including priests and clergy indicted in San Francisco such as O’Shea, Ingels, Keegan, and Billiante. Because the criminal cases came to a halt, the accusations made against these clergy could not be tried, and no finding of guilt was ever made.

The high-court ruling closed the door on criminal prosecutions over abuse that occurred in the past, but a new avenue remained open for civil cases. As Hallinan’s investigations unfolded in 2002, state Sen. John Burton, who represented San Francisco, authored legislation to waive the statute of limitations in civil cases, allowing victims of childhood sexual abuse a chance to seek justice in court with a one-year window to file suit.

The church, then under the leadership of Levada, the archbishop, characterized the effort to extend the statute of limitations as a plot to line the pockets of trial lawyers. The archdiocese newspaper, Catholic San Francisco, responded to Burton’s law with an article warning of a “swarm of lawsuits” as “lawyers aggressively seek sex abuse business.”

But the law was quickly passed. In 2003, hundreds of survivors including Piscitelli filed civil lawsuits against their alleged abusers, under the condition that they could show that the employers of abusers had known of allegations of misconduct and failed to act.

AS THE DRAMA of the church sex abuse cases was unfolding in 2003, Kamala Harris waged a bitter campaign to win the district attorney’s office, alleging that Hallinan had been “soft on crime.” Much of the old guard of San Francisco’s political establishment, which had grown wary of Hallinan’s pugnacious style and investigations of political leaders and police misconduct, backed Harris. The election went to runoff, which Harris handily won.

As the dust settled over the election campaign, hundreds of survivors were shifting their focus to civil court, hoping that they could take advantage of Burton’s law to hold the Catholic Church responsible for shielding predators.

Because Piscitelli, De Lucca, and other survivors had spoken with Hallinan’s investigators, they were surprised when the new district attorney’s office appeared to shift course and declined to meet with them. “My jaw just dropped,” said De Lucca, who was by then working with the activist group Survivors Network of Those Abused by Priests. “SNAP was very upset about it.”

“We were told office policy was we can’t provide you with anything.”

Because Piscitelli, De Lucca, and other survivors had spoken with Hallinan’s investigators, they were surprised when the new district attorney’s office appeared to shift course and declined to meet with them. “My jaw just dropped,” said De Lucca, who was by then working with the activist group Survivors Network of Those Abused by Priests. “SNAP was very upset about it.”

About a year after Harris took office, Piscitelli, whose lawsuit was already underway, wrote Harris to ask for assistance in his case against the Salesians of Don Bosco, the church institution that oversaw the school where he was abused. In the letter, which he shared with The Intercept, Piscitelli noted that his alleged abuser, Steven Whelan, was working at the Saints Peter and Paul Church in San Francisco, a position that placed him in an environment filled with children.

“I know you have files on clergy sex abusers in San Francisco, and you may have a file on him. Please send me that file,” wrote Piscitelli. “Several San Francisco Salesians, and other priests are being sued for sex abuse now, and you may be able to help their victims, and protect other kids from being new victims.”

When no response came, Piscitelli, who had become a volunteer activist with SNAP, began posting flyers and picketed the offices of the district attorney, accusing her of cozy ties with Levada, then the top Catholic official in the city.

Without any help from Harris, Piscitelli continued to pursue his case. During the trial, which took place in Contra Costa County in 2006, Piscitelli testified that when he was 14, Whelan, a teacher and vice principal at Salesian High School in Richmond, had masturbated in front of him while another priest, “Sal” Billante, had watched and expressed pleasure. The jury found that from 1969 through 1971, Whelan continued to molest and rape Piscitelli and told him that no one would believe him if he spoke out.

The trial made headlines as the church sought to discredit Piscitelli, but he won his case. In 2006, a jury awarded him $600,000 in damages. The Salesian order appealed the verdict, but an appellate court sided with Piscitelli.

By the time the judgment came down, Piscitelli had become a coordinator with SNAP and was continuing with his activism to highlight sexual abuse in the church. He picketed the church in San Francisco where Whelan had transferred and asked Harris to take action against other abusers he said were being sheltered by the church. Harris had under her control a tremendous cache of records related to abuse at the church, and even if criminal prosecution was no longer an option, Piscitelli felt that releasing them would ensure some measure of justice.

“It is not understandable that you have refused to release the documents that have been previously collected by DA Terence Hallinan, that spell out the names of the child rapists, and molesters who have wreaked havoc on children here,” Piscitelli wrote in a second letter to Harris in 2010, requesting the church personnel files.

Rick Simons, Piscitelli’s attorney, had served as a plaintiff’s liaison on the Clergy III consolidated lawsuit of over 100 similar cases. He said that he had received informal assistance from a number of district attorneys in the region, including Alameda County’s Nancy O’Malley, who had worked closely with victims and plaintiffs’ attorneys to suggest records to subpoena.

But Harris had stonewalled. Simons recalled phone conversations with Harris’s office in which no help was offered. He said, “We were told office policy was we can’t provide you with anything.”

SF WEEKLY, THE local alternative newspaper, pressed Harris to release the church abuse personnel files in 2005 and again in 2010. In both cases, her office refused. The newspaper revealed that shortly after being elected, Harris had worked with church officials and other prosecutors to conceal the clergy records, electing to only divulge clergy abuse files over the course of a criminal investigation, a possibility forestalled by the Supreme Court ruling.

Several California prosecutors signed a controversial protocol at the time with the Catholic Church to conceal similar sexual abuse documents. SF Weekly reported that the “protocol basically puts church officials on the honor system for turning over materials that they determine may be of relevance to the district attorney.”

Hallinan expressed outrage at the agreement and supported the effort to release the files. He told the magazine that he “wouldn’t do a deal like that for [the archdiocese] any more than I would if it were an Elks Club with a bunch of pedophiles. Those are the kinds of deals that have allowed the church sex scandal to go on as long as it has.”

Protestors stand in front of St. Mary’s Cathedral while Archbisop William Levada delivers his final mass in San Francisco on Aug. 7, 2005.

“District Attorney Harris focuses her efforts on putting child molesters in prison,” Harris’s office responded in a statement to the paper. “We’re not interested in selling out our victims to look good in the paper. When this case was brought under Terence Hallinan, prosecutors took the utmost care to protect the identity and dignity of the victims. That was the right thing to do then and it’s the right thing to do now.”

The response baffled victims’ advocates and Hallinan, who reiterated his support for releasing the files. “It was just a flat-out insult,” said Piscitelli. “She could have redacted the names, blacked out the names and left them out.”

Joelle Casteix, founder of Survivors Taking on Predators, a national advocacy group for victims of clergy sexual abuse, said she was disappointed with the Harris statement. “Sunlight is the greatest disinfectant,” said Casteix. “Victims come forward because they are afraid that the person who hurt them is still out there, hurting other kids, or someone from the diocese is still lying about it. I haven’t met a single survivor who’s said, ‘Boy, am I glad they kept the documents for my case secret.’”

Elliot Beckelman, a former prosecutor in the San Francisco District Attorney’s Office who initially oversaw the clergy abuse files and handled the criminal investigation of clergy abuse, said he did not recall that the attorneys for survivors requested the documents. He did remember opposing the effort to release the documents to the press. “The only thing I remember is the SF Weekly asking,” said Beckelman.

“It was just a flat-out insult. She could have redacted the names, blacked out the names and left them out.”

Still, he said, he believes that Harris made the right choice in declining to release the documents. “I don’t think a district attorney should float that out there if a person can’t defend themselves,” Beckelman continued. “It’s a very serious charge, a sex crime.”

“The Catholics, like other minorities, feel picked upon, and I thought for the integrity of the investigation that we don’t have running press conferences to make out that the Catholics are worse than the Jews — which I am — or worse than the Hindus,” Beckelman said. “There’s always a balance that comes to sexual assault investigations.”

Others in the San Francisco District Attorney’s Office, however, recall getting requests for files from victims. “I certainly remember receiving phone calls from attorneys representing victims and I can’t remember what we actually did,” said Erin Gallagher, a former investigator who worked with Beckelman on the clergy abuse cases at the district attorney’s office. “I don’t recall letters requesting documents, but as I said, but I do remember having a number of phone conversations. I don’t remember how those played out.”

The decision to conceal the San Francisco Archdiocese clergy abuse files stands in stark contrast to recent investigations into Catholic sex abuse across the country.

Over the last year, prosecutors have reopened wide-ranging investigations into systemic clergy sex abuse. Attorneys general in Iowa, New Mexico, Michigan, Illinois, and other states have asked the Catholic Church to produce internal files of clergy accused of sexual abuse.

Last August, Pennsylvania Attorney General Josh Shapiro released a 900-page report from a Pittsburgh grand jury listing 300 priests credibly accused of sexual misconduct. The report included internal church personnel documents, redacting the names of the victims, detailing dozens of cases of confidential letters making clear that incidents of clergy rape, molestation, and other forms of child sex abuse had been reported to high-level church officials. In case after case, church officials were made aware of misconduct and responded by moving the accused priests to parishes around Pennsylvania.

McAteer, one of the survivors who spoke to The Intercept, said his abuser had continued to rape children well after he had reported the incident. “I went to the church in ’77, wrote the archbishop, met with the archbishop, told him the story of what happened when I was raped by Father Keegan,” said McAteer. The church, he said, “covered it up” and allowed his abuser to continue raping children. With the church failing to report the abuse to authorities, Keegan was moved to Santa Rosa, California, where he was accused of raping or molesting at least 50 other children.

“I think the whole problem with this Catholic Church scandal is very rarely has anyone come clean. Finally, we saw in Pittsburgh — finally they said, ‘Let’s tell it like it is,’” McAteer said. “I know the San Francisco files are egregious as well. Why not tell the story so the Catholic Church can clean its act up?”

Piscitelli supports the Pennsylvania probe, as well as the other investigations of Catholic Church sex abuse in other states.

Last year, Piscitelli wrote a letter to current California Attorney General Xavier Becerra demanding that Becerra open an inquiry into clergy sexual abuse. Within weeks, Piscitelli received a response and a request to meet with state investigators. Becerra soon set up a tip line for other survivors to come forward and has demanded clergy abuse records from all 12 Catholic Church dioceses in California.

While previous prosecutions of clergy sex abuse have focused on individual priests or employees of the church, some are hoping the latest round investigations will lead to a more systemic look at the scandal. Kevin Ryan, the former federal prosecutor who worked closely with Hallinan’s office, said prosecutors could pursue charges under the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, a statute used to prosecute organized crime.

“There are still civil RICO potential charges, potential criminal RICO charges if there is a cover-up and it is ongoing,” said Ryan. “We need to know, we need accountability, and certainly we need to be prosecuting the cases we can and anyone involved in this activity should be prosecuted to the full extent of the law.”

The San Francisco Archdiocese has told reporters that it is in discussions with an outside organization to review 4,000 personnel files over clergy abuse allegations, but has so far declined to release a list of priests accused of sexual abuse. Mike Brown, the spokesperson for the archdiocese, told The Intercept that he expects a list of names to be released over the summer this year.

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La Luz del Mundo Church Leader Accused of Sex Crimes

MEXICO CITY (MEXICO)
Santa Barbara Independent [Santa Barbara CA]

June 9, 2019

By Blanca Garcia

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Former Santa Maria Pastor Naasón Joaquín García Charged with 25 Felony Counts 

Former Santa Maria pastor and La Luz Del Mundo church leader Naasón Joaquín García, 50, was arrested June 3 and is being accused of rape, sex abuse, and sexual trafficking for the production of child pornography. He and three female codefendants, Alondra Ocampo (36), Azalea Rangel Melendez, and Susana Medina Oaxaca (24), are being charged with 26 felony counts involving three minors and one adult. The codefendants and victims are members or children of members of the international Pentecostal church, said California Attorney General Xavier Becerra. It is alleged that García coerced victims into complying with his demands by leveraging his power as church leader. The alleged crimes took place between 2015 and 2018 in Los Angeles County. However, during a press conference on June 6, Becerra said that he believes there are many more victims. 

Several chapters of the church have formed in Santa Barbara County, including one in Santa Maria, where García served as a pastor in the early 2000s, and a church in the City of Santa Barbara. García used to frequent the Santa Barbara church when he was the pastor in Santa Maria, but he hasn’t visited in about 10 years, said Ismael Mendez, the Santa Barbara chapter pastor. 

In a sit-down interview with Mendez and his wife, Evelia Mendez, the church leaders expressed to the Independent their unfaltering commitment to García’s presumption of innocence. “We welcome an investigation” they said. “We pray for the investigators so that they may discover the truth.” Before the interview, Mendez led about 30 members in their Thursday service, in which they prayed for García and asserted his presumption of innocence. “I can tell you with my eyes closed that [García] is pure,” said Mendez, who knows García personally. García is always traveling and surrounded by many people, the couple said, and they questioned when he would have had time to commit these crimes.

Garica is currently being held on a $50 million bail, the highest amount ever imposed on an individual in L.A. County, according to Becerra. The bail amount is in part due to the seriousness of the allegations and also out of concern that his congregation would raise the money to bail him out. The church has at least seven million members in more than 50 countries, said Mendez. The great majority of the members share Mendez’s sentiment that García, who is regarded as the living apostle of God, is being wrongly accused. Mendez and his wife interpret the high bail as a sign of intolerance against the organization. “That bail amount isn’t even set that high for terrorists,” said Mendez. 

This is not the first time the church has faced these types of allegations. Under Samuel Joaquín Flores, García’s father, the church and Flores were also accused of sex trafficking and sexual abuse. Flores was never convicted of any of the charges. “We are not afraid,” said Mendez about the charges against García. This is not new, he said, and happened to the apostle Paul and even to García’s father. 

The church responded to the allegations against García with a press release backing García: “The Church categorically rejects each and every allegation made against him,” it reads. Mendez and his wife added that García always instructed them to conduct themselves with high morals, family values, and ethics. “He taught us the church should be pure,” they said. “He instructed us to never be with young people alone or women alone and to treat everyone with respect. That is why we’re sure he is innocent.” 

When asked by the Independent how abuse is handled within the church, Mendez and his wife responded in unison. “We immediately report to the authorities and encourage our members to report to authorities, even abuse between spouses,” they said. “Immoral things are not allowed in the church,” added Mendez. “If we serve God, we must be pure in all aspects.” 

The complaint against García alleges that he took advantage of the devotion church members have to the church. “There are many people that depend on this church,” said Becerra, as he encouraged additional victims to come forward. While Becerra acknowledged defendants are presumed innocent until proven guilty, he added that an individual cannot be charged without evidence. “We have that evidence,” he said, “and we will act vigorously to prosecute the individuals.” The three female codefendants are alleged to have worked in tandem with García to commit the alleged crimes. Two of the women, Ocampo and Medina Oaxaca, are in custody but Rangel Melendez is still at large. 

Becerra urges victims or anyone who may have information about the case to come forward and call (323) 765-2100 or submit an anonymous tip at oag.ca.gov/clergyabuse.

Those in custody are scheduled to be arraigned on Monday, June 10, in Los Angeles County Superior Court. 


The Mendez and Luz church quotations have been translated from English to Spanish

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June 5, 2019

Number of Franciscan Priests Accused of Abuse Grows by Nine

CIUDAD OBREGóN (MEXICO)
Santa Barbara Independent [Santa Barbara CA]

June 5, 2019

By Tyler Hayden

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For the first time publicly, the Franciscan Friars of the Province of St. Barbara have identified 50 priests accused of sexually abusing children in its ministries since 1950. More than half — 26 — were assigned to St. Anthony’s Seminary or Old Mission Santa Barbara at some point in their careers, often after they’d been accused of molestation in another ministry, then reassigned to the Santa Barbara area.

While many of those 26 priests were previously known to attorneys, law enforcement, and victim advocates, nine names had never before been reported, according to attorney Tim Hale, who won a landmark case against the Franciscans in 2006 and has closely followed subsequent cases, as well as recent disclosures by the Catholic Church. All nine priests have died. Their names and the locations and dates of their Santa Barbara postings are as follows:

Note: These dates don’t necessarily reflect when the alleged abuse occurred, only when the accused priests were assigned here.

Camillus Cavagnaro — Old Mission Santa Barbara, 2005-2006

Philip Colloty — Old Mission Santa Barbara, 1973-1975

Adrian Furman — Old Mission Santa Barbara, 1989-2001

Martin Gates — St. Anthony’s Seminary, 1965-1966

Gus Hootka — Old Mission Santa Barbara, 1993-2006

Mark Liening — Old Mission Santa Barbara, 1941-1942, 1985

Finbar Kenneally — Old Mission Santa Barbara, 1939-1940; St. Anthony’s Seminary, 1977-1991

Felix “Raymond” Calonge — St. Anthony’s Seminary, 1965

Felipe Baldonado — Multiple CA missions (Oakland, Stockton, Santa Barbara, Los Angeles, and San Francisco), 1953-1964

Father David Gaa, the Province of St. Barbara’s leader, issued a statement alongside the full list, which was quietly posted on the order’s website late last Friday. “The list is being published as part of our continuous commitment to transparency and accountability,” he wrote. “We are determined to demonstrate, through this action, that we are committed to helping survivors and their families heal.”

Hale, among others, contends the release is actually a self-serving strategy by the Franciscans to preemptively shield the order from potential criminal liability after a Pennsylvania Grand Jury published a searing report against the Catholic Church last August. It was the most expansive investigation yet by a U.S. government agency of abuse within the organization. “Every Roman Catholic diocese around the country fears that Grand Jury report and what it might mean for them,” said Hale. 

Last December, in a similar fashion to the Franciscans, the Archdiocese of Los Angeles and the Catholic Church’s western Jesuit province self-published a list of 200 clergymen accused of child molestation, 12 of whom held lengthy postings in Santa Barbara dating back to the 1950s.

Gaa said the heightened public awareness of criminal activity within his order “came in the early 1990s from St. Anthony’s, our minor seminary in Santa Barbara. Since those early days, the friars have worked to help with the healing process for those who were abused and for the protection of children.” The order currently oversees 136 priests in ministries throughout California, Arizona, New Mexico, Oregon, and Washington state. It’s headquartered in Oakland.

The order, which didn’t return calls for comment, deemed an allegation credible if there was “a preponderance of evidence that the allegation [was] more likely true than not” after an internal investigation, according to its website. Priests who’d been convicted in court or admitted to the crimes were also named. More than 120 victims were identified, the friars said. In many instances, they claimed, the accusations were made several years or decades after the alleged abuse occurred, oftentimes after the priest had died.

The list, posted in its entirety below, illuminates when certain priests were accused of molesting minors and when they were placed in Santa Barbara. Gerald Chumik, for instance, was assigned to the Santa Barbara mission in 2003 despite being accused in 1990 of forcing a boy to perform oral sex on him. The Franciscans admitted to first receiving a report of Gus Krumm’s misconduct in 1980, yet they allowed him to continue serving in Santa Barbara until 1982, and again from 1985-88.

Of the 50 total named priests, only four are still alive. Three of them — Chumik, Stephen Kain, and Josef Prochnow — held positions in Santa Barbara. Kain was named in a 2004 lawsuit for assaulting at least one student while working at St. Anthony’s Seminary in the mid-1980s. He was named again in Los Altos in 2001. Prochnow is accused of abusing minors at St. Anthony’s Seminary from 1971-1978. All three, the order claims, now live in “elder care facilities” under what it calls a Safety Plan, a sort of supervised probation for offending priests administered by the order’s internal Review Board. The order has not said where these facilities are located.

Hale said he has reason to believe at least one of them is located in a residential California neighborhood “with families nearby who have no way of knowing who these men are or the risk they pose to children.” Hale said, “The only reason the Franciscans can get away with this is because they never reported the perpetrators to law enforcement, or if they did, it was long after the criminal statute of limitations had expired.” As a result, he said, the men escaped prosecution and having to register as sex offenders. The description of an “elder care facility” may also be misleading, Hale said. “It creates the false impression that these men are in failing health and perhaps less of a threat.” But just last month, he learned, Prochnow was ministering across the street from a school. “I’d love to see the state attorney general step in and look at whether the Franciscans breached their duties as mandatory reporters,” Hale said. “It may be too late, but it’s worth an investigation.”

Hale said while the new names will help the public better understand the sheer scope of the abuse perpetrated by the Franciscans, it likely omits any information that could open them to legal liability. “This is the Franciscans protecting their own,” he said. “Their feet are being held to the fire, and that’s the only reason they’re releasing this information. But I’m confident this is not the complete story.” Now by his count, Hale said, “37 Franciscan predators have been assigned, in residence, or performed their ministry on a recurring basis in Santa Barbara.” The Franciscans dispute that number, he said.

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El padre de Naasón Joaquín García también tuvo acusaciones de abuso sexual (VIDEO)

MEXICO CITY (MEXICO)
El Diario de Colima [Colima, Colima, Mexico]

June 5, 2019

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No son nuevas las acusaciones de abusos sexuales cometidos por los líderes de la Luz del Mundo, iglesia surgida en México y cuya sede mundial está Guadalajara, Jalisco

No son nuevas las acusaciones de abusos sexuales cometidos por los líderes de la Luz del Mundo, iglesia surgida en México y cuya sede mundial está Guadalajara, Jalisco.
Naasón Joaquín García, arrestado ayer en California, Estados Unidos, heredó el liderazgo de la Iglesia por parte de su padre, Samuel Joaquín Flores, quien también era considerado un enviado de Dios y un iluminado.Naasón, el llamado “apóstol”, está acusado de tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos graves.Su padre Samuel Joaquín también llegó a ser acusado de cometer este tipo de abusos.En su edición especial número 47, Proceso publicó un reportaje especial sobre la Luz del Mundo, firmado por Gloria Reza, Alberto Osorio y Anna Lozano, y reproducido en la página web de este semanario el 9 de diciembre de 2014, a propósito del fallecimiento de Samuel Joaquín Flores, célebre entonces por adorar los lujos, las grandes propiedades y el dinero.“Y no sólo eso”, señalaba el reportaje, “en distintos momentos se han hecho públicos señalamientos de que ha abusado sexualmente de integrantes de su congregación, aunque las autoridades judiciales, al menos las del estado de Jalisco, no reportan ninguna denuncia penal de esa naturaleza en contra del dirigente religioso, quien se hace llamar ‘El Siervo de Dios en la Tierra’ y es idolatrado hasta el delirio por sus seguidores”, se reportó en ese entonces.“Entre 1997 y 2004 quedaron documentadas en varios medios de comunicación denuncias contra Samuel Joaquín por presuntos actos de abuso sexual en agravio de integrantes de la agrupación.“Entre éstas se encuentra la de Moisés Padilla, quien en entrevista con Detrás de la Noticia señaló que fue víctima de abuso por el dirigente religioso en 1981 ‘en un abierto acto de homosexualismo’. Tiempo después este denunciante fue secuestrado y apuñalado hasta quedar al borde de la muerte, según publicó el diario Los Angeles Times.“Aunque denuncias similares se acumulan en la red, hasta el momento no se han traducido en averiguaciones previas o demandas ante el Ministerio Público.“El 18 de octubre de 2010 Samuel Joaquín respondió a los señalamientos en una carta que publicó en diversos medios informativos:“Los actos bochornosos que irresponsablemente me atribuyen son inaceptables e indignantes, derivados de mentes sucias y perversas que recurren al protagonismo, atreviéndose en sus desviaciones morales hasta describir los ‘detalles’ para que las calumnias impacten, sorprendan y desconcierten aún más. Los delitos del orden común, lo son en cuanto hay evidencias, pero estas acusaciones de supuestos actos cometidos hace más de diez años, carecen de pruebas”, expuso en ese momento el reportaje.También recordó que, en 2004, la televisión mexicana difundió varios testimonios de presuntos abusos sexuales contra mujeres pertenecientes a la congregación.Los dio a conocer el Instituto Cristiano de México, que exigió la revocación del reconocimiento de La Luz del Mundo como Iglesia, aunque el asunto terminó por diluirse.Con información de Proceso

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June 4, 2019

¿Quién es Naasón Joaquín García, el líder de La Luz del Mundo?

MEXICO CITY (MEXICO)
Milenio [Monterrey, Nuevo León, Mexico]

June 4, 2019

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Naasón Joaquín García, proclamado apóstol de Jesucristo y presidente internacional de la iglesia de La Luz del Mundo, fue acusado en Estados Unidos de 14 cargos, entre los que destacan tráfico sexual y producción de pornografía infantil.

Naasón Joaquín García es el apóstol de Jesucristo y presidente internacional de la iglesia de La Luz del Mundo, según el portal de esta religión.

Joaquín García nació el 7 de mayo de 1969. Desde muy joven, se interesó por la religión, pues a los 14 años dirigió en la iglesia de Guadalajara a un grupo de jóvenes, además de ser enviado como misionero a España y Portugal.

El proclamado apóstol de Jesucristo fue ministro de la Iglesia en varias ciudades de Estados Unidos por 22 años.

La primera de ellas en Phoenix, Arizona, además de Huntington Park, Nort Hollywood, Los Ángeles, Santa María, San Diego y Santa Ana en California, donde fue ungido como diácono en 1994 y como pastor en el 2000.

Roberto Blancarte, experto en temas religiosos dijo en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula que a principios de los 90 hubo señalamientos contra su padre por abuso sexual y pederastia, pero estos hechos nunca fueron comprobados.

En 1992 contrajo matrimonio con Alma Zamora con quien tuvo tres hijos: Adoraím, Eldaí y Sibma.

Entre el 2003 al 2004 fue director de la Jurisdicción Norte de la Iglesia en México que comprende todos los estados fronterizos con la unión mexicana. 

Durante ese periodo, planeó y desarrolló Comunicación Center Berea USA (CCB USA), una empresa de información que comenzó en agosto de 2009 con un enfoque cultural.

Tras la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores, el 8 de diciembre de 2014, Naasón Joaquín García tomó el puesto de líder espiritual.

Naasón Joaquín García fue detenido en Estados Unidos por su participación en al menos 14 cargos, entre tráfico sexual, violación a un menor y producción de pornografía infantil.

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Leader of La Luz Del Mundo religious group arrested on suspicion of rape, child porn

MEXICO CITY (MEXICO)
LA Times [Los Angeles CA]

June 4, 2019

By Jaclyn Cosgrove, Reed Johnson, Leila Miller

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A top leader of the La Luz Del Mundo religious organization was arrested on suspicion of human trafficking, production of child pornography, forcible rape of a minor and other felonies, California prosecutors said Tuesday.

Naasón Joaquín García and co-defendants Alondra Ocampo, Azalea Rangel Melendez and Susana Medina Oaxaca — all of whom are affiliated with La Luz Del Mundo — are alleged to have committed 26 felonies in Los Angeles County between 2015 and 2018.

The organization, which is headquartered in Mexico and claims more than 1 million followers worldwide, has two churches in East and West L.A.

“Crimes like those alleged in this complaint have no place in our society. Period,” said California Atty. Gen. Xavier Becerra. “We must not turn a blind eye to sexual violence and trafficking in our state. At the California Department of Justice, we will do everything we can to prevent and combat these heinous crimes so that our communities are safe. If you see something, report it and we will vigorously pursue justice.”

Prosecutors said García and his co-defendants committed the crimes while leading La Luz Del Mundo.

García, 50, and Oaxaca, 24, were arrested Monday after landing at Los Angeles International Airport, Becerra’s office said. García is being held in Los Angeles on $25-million bail.

Ocampo, 36, was arrested in Los Angeles County and is being held at the sheriff’s Century Regional Detention Facility in Lynwood ahead of her arraignment Wednesday. Melendez remains at large.

It wasn’t immediately clear if any of the defendants had an attorney.

“García and his co-defendants allegedly coerced victims into performing sexual acts by telling them that if they went against any of his desires or wishes as ‘the Apostle,’ that they were going against God,” the attorney general said in a statement.

David Correa, a spokesman from the headquarters of La Luz del Mundo in Guadalajara, Jalisco, said in a phone call that they learned about the charges from the media and were waiting for official information.

“We categorically deny those false accusations,” Correa said. “We know [García] personally and he is an honorable and honest man.”

On Tuesday night, the church defended its leader on its Facebook page and YouTube channel, in what was billed in Spanish as a “Special Message From the Council of Bishops.”

During the roughly 10-minute Spanish-language address, an unidentified man stood at a flower-bedecked altar, surrounded by half a dozen other unidentified men. Speaking in a florid, rhetorical style — and never referring to Garcia by name — he told the congregation that “the apostle of Jesus Christ has been the object of an arrest,” and that he would “with integrity, security and trust … respond to all legal requirements, knowing that God will give testimony.”

He described the church as a “spiritual family” that had gone and would keep going “from triumph to triumph, from victory to victory, in spite of the moments of tribulation.”

“We will not allow any spirit of uncertainty, panic or discouragement to invade us. On the contrary, in these moments the firmness of our faith shines,” he told the parishioners, who at times could be seen praying and wailing in their pews.

The organization — formed in 1926 — has been the subject of controversy for years, as it has spread from Mexico into California and other areas. In the past, critics have compared it to a cult that preys on the poor.

La Luz Del Mundo, which translates to the Light of the World, names Garcia on the church’s website as its international president. Garcia is described on the site as having “dedicated his life to serving God from a young age.”

Garcia served as a role model for other youths, “bringing a message of love and salvation to people’s souls” and was sent as a missionary to Spain and Portugal, according to the site.

For more than 20 years, the website says, Garcia served as a church minister in various places in the U.S., including Los Angeles, North Hollywood, Huntington Park, San Diego, Santa Ana and Santa Maria.

The complaint filed against García and his co-defendants outlines disturbing details about the crimes prosecutors allege they committed.

In August 2017, according to the complaint, Ocampo told a group of girls in Los Angeles County that if they went against the desires or wishes of “the Apostle,” a term used to refer to García, that they were going against God.

A month later, in September, Ocampo directed minors to perform “flirty” dances for García “wearing as little clothing as possible,” the complaint reads. After that dance, García purportedly gave a speech to the children about a king having a mistress and stated that an apostle of God can never be judged for his actions.

Four minor girls mentioned in the complaint were sexually assaulted by García in L.A. County, prosecutors said.

Prosecutors further allege that Ocampo repeatedly took photos of naked girls, telling them that they were for “the servant of god,” referencing García.

And on at least one occasion, according to the complaint, García thanked three girls for the photos.

The attorney general’s investigation began in 2018, prompted in part by a tip to the state’s Department of Justice through an online clergy abuse complaint form.

Times staff writer Cecilia Sanchez and the Associated Press contributed to this report.CALIFORNIANewsletter

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May 23, 2019

La caída del clérigo

GUADALAJARA (MEXICO)
Reporte Indigo [Mexico City, Mexico]

May 23, 2019

By Luis Herrera

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La reciente detención de un sacerdote en el estado de Jalisco, luego de agredir sexualmente a un menor de 13 años, es la primera que se concreta en la entidad derivada de una denuncia presentada por la propia jerarquía católica ante la Fiscalía 

La detención el pasado 7 de mayo en Jalisco de un sacerdote que agredió sexualmente a un menor de 13 años, es la primera que se concreta en el estado a partir de una denuncia presentada por la propia jerarquía católica ante la Fiscalía local, de acuerdo con registros oficiales.

Luego de años de haber permanecido en silencio ante los abusos sexuales que cometían sus sacerdotes, la Iglesia Católica en Jalisco ha comenzado a notificar a las autoridades ministeriales de los casos de esta naturaleza que le son reportados por su feligresía.

Los archivos de la Fiscalía del Estado confirman que dicha aprehensión del sacerdote Leopoldo “N”, en el municipio de Ameca, se deriva de una de las cinco denuncias por agresiones sexuales de curas que han sido promovidas por la misma jerarquía católica de Jalisco en los años 2018 y 2019.

Sobre este caso, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega ha dicho que al recibir denuncias han comenzado a actuar de manera inmediata.

“Nosotros tuvimos noticia directa y comenzamos inmediatamente un proceso interno, lo que está mandado al interior de la Iglesia, que fue tomar medidas precautorias en el sentido de retirarlo del ejercicio de su ministerio público, y comenzar una averiguación previa, pero al mismo tiempo dimos el aviso a la Fiscalía, como está ahora mandado (…) y nos manifestamos dispuestos a colaborar en toda la información que ellos requirieran de parte nuestra”

El sacerdote de Ameca que también había sido denunciado por los padres de la víctima, fue finalmente aprehendido por la Fiscalía por el delito de ultrajes a la moral y no por abuso sexual infantil, a pesar de que así figuraba originalmente en sus registros, dada la conducta del religioso.

“Los hechos se registraron en el mes de agosto del 2018 en la casa del sacerdote (…) Al lugar, el ahora detenido invitó al ofendido a ver películas de contenido sexual. Además en varias ocasiones agredió a la víctima haciéndole referencia de tener actos sexuales con él, por lo que el menor contó lo sucedido a sus padres”, describió la dependencia.

Según el arzobispo, la Arquidiócesis de Guadalajara ha denunciado tres casos de agresiones sexuales de sacerdotes, por lo que los otros dos que constan en los registros de la Fiscalía (folio de transparencia 01334319) provienen de las otras diócesis de Jalisco.

“Les había dicho yo de tres que habíamos reportado, y este es del primero por así decir que vemos una acción, una respuesta, no sé en qué paso por parte de las autoridades vayan en las investigaciones, estamos pendientes (…) Yo no las acuso (a las autoridades) de que no le den seguimiento, sino que entiendo que lleva su tiempo que ellos ubiquen a la persona, a la posible víctima, a los posibles testigos, o sea yo siento que lleva eso su tiempo”.

Golpe de timón

La detención del clérigo de Ameca derivada de una denuncia de la jerarquía católica representa un cambio relevante en la política que seguía esa institución ante las agresiones sexuales cometidas por sus sacerdotes, una caracterizada por la complicidad, la indolencia y la impunidad.

Como lo publicó antes Reporte Indigo, los obispos de Jalisco no comenzaron a denunciar a sus curas sino hasta el año 2018, a pesar de que entre 2007 y 2017 se reportaron 21 delitos sexuales perpetrados por sacerdotes con 25 personas victimizadas, incluyendo 20 menores y cinco adultos (

El arzobispo reveló incluso que su Arquidiócesis ha conformado ya un consejo para la atención de los abusos sexuales por clérigos.

“Nosotros ya iniciamos integrando un consejo de laicos y de sacerdotes para prestar atención a los posibles abusos de menores (…) son dos psicólogas -dos personas psicólogas-, un canonista -que conoce de ley canónica, ley interna de la Iglesia- y un sacerdote que hace de enlace con las autoridades civiles para dar parte”

Francisco Robles OrtegaArzobispo de Guadalajara

Sobre la reciente carta apostólica emitida por el Papa Francisco el 7 de mayo, titulada “VOS ESTIS LUX MUNDI”, con nuevas instrucciones a la estructura católica para investigar y sancionar estos hechos, dijo el arzobispo que les impone “exigencias puntuales”

“Facilitar a todos, a todo el pueblo de dios facilitar, el que puedan hacer llegar sus quejas, sus denuncias, cuando se da un tema como estos; que tengan por parte de la Iglesia local, por parte de la diócesis, toda la facilidad para hacerlo; que los que tengan conocimiento puedan denunciar con toda libertad”.

La carta, dijo, es producto “de la reunión que el Papa convocó con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en el mes de febrero”.

La misión del arzobispo

Los obispos metropolitanos o arzobispos como lo es en el caso de Jalisco, José Francisco Robles Ortega, jugarán a partir de ahora un rol fundamental en la investigación y castigo de los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes, luego de la emisión de la carta apostólica “VOS ESTIS LUX MUNDI”.

El documento expedido por el Papa pone al frente de las pesquisas de estos abusos sexuales a los arzobispos, con amplias facultades para ello, incluyendo la recolección de los testimonios de la víctima y del inculpado.

En su artículo 12 se señala que el obispo metropolitano es quien “recoge la informaciónrelevante sobre los hechos”, “accede a la información y a los documentos necesarios para la investigación guardados en los archivos de las oficinas eclesiásticas”, y “solicita información a las personas y a las instituciones, incluso civiles, que puedan proporcionar elementos útiles para la investigación”.

Las acciones de la Iglesia Católica en contra de los padres pederastas comenzaron después de que el Papa emitiera una carta con instrucciones a la estructura católica para investigar y sancionar estos hechos

Es también él quien podrá proceder con “la imposición al investigado de prescripciones o de medidas cautelares apropiadas (art. 15)”, si así lo autoriza la Congregación de la jerarquía católica que conozca del caso.

La indagatoria será expedita, pues por normalidad “debe concluirse dentro del plazo de noventa días”, salvo que haya instrucciones particulares del dicasterio a cargo (Art. 14).

El resultado de la investigación se turna por el arzobispo al dicasterio o Congregación competente para tomar una resolución.

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May 22, 2019

Arrestan a cura por abuso de menores

ACAPULCO (MEXICO)
La República [Lima, Peru]

May 22, 2019

By Unknown

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Un sacerdote católico fue encarcelado el viernes por supuestamente haber abusado de una menor de edad hace tres años y cometer actos sexuales contra una decena más de jovencitas.

AP. Un sacerdote católico fue encarcelado el viernes por supuestamente haber abusado de una menor de edad hace tres años y cometer actos sexuales contra una decena más de jovencitas.

Hermilo Gerardo Solís Jaimes cometía los abusos en la misma iglesia en la que oficiaba misas en el estado de Guerrero. El sacerdote fue internado en una celda junto a otros dos curas, Ernesto García Rodríguez y Lorenzo Cuellar Vázquez, ambos relacionados con un delito de homicidio ocurrido en el 2006 en las sierras de Guerrero.

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May 13, 2019

Arzobispo de Morelia asegura que el aborto es peor que una violación

MORELIA (MEXICO)
Tribuna [Sonora, Mexico]

May 13, 2019

By Jesús Armando Baldenea Gómez

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Arzobispo de la ciudad de Morelia, Carlos Garfias Merlos, a través de una rueda de prensa aseguró que un aborto es más grave que un caso de abuso sexual

Morelia, Michoacán.- El arzobispo de la ciudad de Morelia, Carlos Garfias Merlos, en una reunión con medios de comunicación el pasado domingo, aseguró que un aborto es más grave que un caso de abuso sexual.

Abortar es matar a un inocente y el abuso finalmente puede tener muchas formas de realizarse y ahí es donde estaría la diferencia de la gravedad moral”, señaló

Dichas declaraciones han causado un descontento alrededor de todo el país, al ganar distintas críticas por parte eclesiásticos y no religiosos, además el párroco recordó que la iglesia nos puede absorber el aborto por nada.

Por la gravedad del delito no lo puede absolver cualquier sacerdote”, remarcó.

Por otra parte, la Arquidiócesis se apegará a protocolo para evitar abuso sexual, en un documento, emitido donde asegura que a partir del mes de junio se tomarán medidas especiales para evitar que sacerdotes cometan abusos.

Esta nota incluye información de: SPD Noticias

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May 9, 2019

DETIENEN A SACERDOTE POR ULTRAJES A LA MORAL

GUADALAJARA (MEXICO)
Partidero [Guadalajara, Jalisco, Mexico]

May 9, 2019

By Redacción

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Guadalajara, Jalisco.-Elementos de la Fiscalía Regional cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del sacerdote católico Leopoldo N., por su probable responsabilidad en el delito de ultrajes a la moral cometido en agravio de un menor de 13 años en Ameca, Jalisco.

De acuerdo a las investigaciones se determinó que los hechos se registraron en el mes de agosto del 2018 en la casa del presbítero, ubicada en Hacienda del Cabezón, en la citada demarcación.

Al lugar, el ahora detenido invitó al ofendido a ver películas de contenido sexual y en diversas ocasiones lo invitó a sostener tener actos sexuales con él, por lo que el menor contó lo sucedido a sus padres, quienes acudieron a denunciar lo ocurrido a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

El Ministerio Público que tomó conocimiento del hecho inició con las indagatorias correspondientes y reunió datos de prueba en la carpeta de investigación por lo que solicitó una orden de aprehensión en contra del sacerdote.

El mandato judicial fue otorgado por un Juez de Control y Oralidad mediante el cual fue detenido el día de ayer por la policía investigadora de la Fiscalía Regional en la calle Mariano Balleza, en la colonia Rancho Nuevo en Guadalajara.

Leopoldo N., fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

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May 8, 2019

Orden de aprehensión en contra de sacerdote por posible agravio sexual a menor en Jalisco

GUADALAJARA (MEXICO)
Aristegui Noticias [Mexico City, Mexico]

May 8, 2019

By Redacción AN / ES

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El detenido invitó al menor de 13 años a ver películas de contenido sexual y le habló de tener actos sexuales con él.

La Fiscalía de Jalisco informó este viernes que se cumplimentó orden de aprehensión en contra de un sacerdote por su probable responsabilidad en el delito de ultrajes a la moral, cometido en agravio de un menor de 13 años en el municipio de Ameca.

Señaló que los hechos ocurrieron en agosto de 2018 en la casa del sacerdote, ubicada en Hacienda del Cabezón, en Ameca, y al lugar el ahora detenido invitó al ofendido a ver películas de contenido sexual.

Indicó que en varias ocasiones agredió a la víctima haciéndole referencia a tener actos sexuales con él, por lo que el menor contó lo sucedido a sus padres, quienes acudieron a denunciar lo ocurrido a las instalaciones de la Fiscalía de esa entidad.

Precisó que el Ministerio Público inició las indagatorias correspondientes, reunió datos de prueba en la carpeta de investigación y solicitó orden de aprehensión en contra del sacerdote.

Apuntó que el mandato judicial fue otorgado por un Juez de Control y Oralidad, mediante el cual fue detenido este martes, por la policía investigadora de la Fiscalía Regional en calle Mariano Balleza, en la colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara, por lo que Leopoldo “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería. (Ntx)

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Detienen A Cura Pederasta

GUADALAJARA (MEXICO)
En Línea BC [Tijuana, Baja California, Mexico]

May 8, 2019

By Admin

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Elementos de la Fiscalía Regional cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Leopoldo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de ultrajes a la moral cometido en agravio de un menor de 13 años en Ameca.

De acuerdo a las investigaciones se determinó que los hechos se registraron en el mes de agosto del 2018 en la casa del sacerdote, ubicada en Hacienda del Cabezón, en el municipio antes mencionado.

Al lugar, el ahora detenido invitó al ofendido a ver películas de contenido sexual.

Además en varias ocasiones agredió a la víctima haciéndole referencia de tener actos sexuales con él, por lo que el menor contó lo sucedido a sus padres quienes acudieron a denunciar lo ocurrido a las instalaciones de la Fiscalía Estatal.

El Ministerio Público que tomó conocimiento del hecho inició con las indagatorias correspondientes y reunió datos de prueba en la carpeta de investigación por lo que solicitó una orden de aprehensión en contra del sacerdote.

El mandato judicial fue otorgado por un Juez de Control y Oralidad mediante el cual fue detenido el día de ayer por la policía investigadora de la Fiscalía Regional en la calle Mariano Balleza, en la colonia Rancho Nuevo en Guadalajara, por lo que Leopoldo “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

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April 30, 2019

SNAP Reacts to the Release of Names of Accused Clerics in the Diocese of Sacramento

MEXICO CITY (MEXICO)
SNAP - Survivors Network of those Abused by Priests [Chicago IL]

April 30, 2019

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The Diocese of Sacramento has finally released its list of clergy “credibly accused” of sexually abusing children.  There are 62 names on the list, including at least 25 that, as far as we can tell, have never been publicly identified before: 

Fr. Thomas Allender, SJ; Deacon Alejandro Arroyo; Fr. James Casey; Fr. Robert Casper, SDS; Fr. Andrew Coffey; Fr. Malachy Conway; Fr. Pablo Cortes, SDB; Fr. John Crowley; Fr. Michael Dermody; Fr. Thomas Dermody; Fr. John Dowling; Fr. Oscar Figueroa; Fr. John Hannon; Fr. David Hernandez Cota; Fr. Joseph Hoan, Diocese of Long Xuyen, South Vietnam; Fr. Michael Lynch; Deacon Jesus Magallanes; Fr. James Mennis; Fr. Luis Michael O’Halloran, OP; Fr. Z. Enrique Perez, CO; Fr. Vernon Petrich, SDS; Fr. Michael Proulx, OSsT; Fr. William Storan; Fr. Simon Twomey; Fr. John “Casper” Watts, CP.

Eight of the 62 have not previously been associated with abuse in the Diocese of Sacramento:

Fr. David Brusky, SDS; Fr. Charles Gormley, Diocese of Cheyenne WY; Fr. Victor Marron, Diocese of Clogher, Ireland; Fr. Luis Martinez, SF; Fr. Kevin O’Brien, OCarm; Fr. James McSorley, OMI; Fr. Oliver O’Grady, Diocese of Stockton CA; Fr. Luke Zimmer, SSCC.

However, there are at least 17 others, who have been publicly identified as abusers and who worked in the Diocese of Sacramento, who are not included on the list:

Fr. Raymond Devlin; Fr. Martin Donnelly; Fr. Mark A. Falvey; Br. William C. Farrington; Fr. Michael M. Garry; Fr. Patrick Gleeson; Fr. Gunter Klingenbrunner; Fr. James F. Kuntz; Fr. Angelo C. Mariano; Michael Martis; Fr. Cornelius F. O’Connor; Fr. Charles J. Onorato; Fr. Umberto Penunuri; Fr. Jose Ribeiro; Fr. Renerio Sabuga Jr.; Fr. Stephen Speciale (Specialle); Fr. Philip Sunseri.

We are grateful that the Diocese has included not only Diocesan clergy, but also extern and order priests. We are also thankful that Church officials included photos, work histories, and, most critically, when the diocese learned of the each allegation and when they took action.

However, one important piece of information seems to be missing for some of those named: their current whereabouts. For those men who are still alive, this information should be publicized, as they may present a danger to children where they work or live. 

Finally, we urge the Diocese to expand their list to include information on brothers, nuns, lay employees and volunteers who have abused children, as well as all those who have abused adults.

Only with the disclosure of all this information can we get a clearer picture of what went wrong in Sacramento and what must be done now to protect children and vulnerable adults, and to prevent further abuse.

If you were abused in the Diocese of Sacramento, or witnessed or suspected abuse, and you have not yet reported, or you did report and do not see your abuser’s name on the Sacramento list, we hope that you will find the courage to speak out. We recommend that you look for support from family, friends and groups like ours, and then contact law enforcement and the California Attorney General.

CONTACT: Dan McNevin, SNAP Board Member (dmcnevin@aol.com, 415-341-6417), Joey Piscitelli, SNAP California (caljoey1@aol.com, 925-262-3699) Melanie Sakoda, SNAP Survivor Support Coordinator, (msakoda@snapnetwork.org, 925-708-6175), Zach Hiner, SNAP Executive Director (zhiner@snapnetwork.org, 517-974-9009)

 (SNAP, the Survivors Network, has been providing support for victims of sexual abuse in institutional settings for 30 years. We have more than 25,000 survivors and supporters in our network. Our website is SNAPnetwork.org)

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April 29, 2019

La Iglesia desmiente la existencia del padre “José Ataulfo” y que haya sido perdonado por abuso

(MEXICO)
Animal Político [Mexico City, Mexico]

April 29, 2019

By Redacción Animal Político

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Desde 2016 circula información sobre un supuesto padre que violó a 30 niñas en Oaxaca, pero la Arquidiócesis no tiene registro de él.

El padre José Ataulfo García, quien supuestamente abusó sexualmente de 30 niñas y las contagió de VIH, no fue absuelto por la Iglesia Católica. De hecho, en 2016 la Arquidiócesis de México desmintió la existencia de un padre “José Ataulfo” en sus registros. 

El 20 de marzo pasado un usuario de Facebook compartió una publicación con el texto “Sacerdote infectado de sida. Abusa sexualmente a 30 niños y Roma lo perdonó. El sacerdote se llama Ataulfo y fue en Oaxaca.” Esta publicación se ha compartido más 24 mil veces. Sin embargo, no es información nueva y según la Iglesia es falsa.

¿Cómo surgió todo? 

El 8 de septiembre de 2016, el grupo Anonymus México compartió un video en donde afirma que el sacerdote José Ataulfo García confesó ser portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y haber violado a 30 niñas indígenas en Oaxaca, de entre cinco y diez años de edad. Según dicha información, la madre de una víctima envió el caso al Vaticano, quien después lo turnó a la Arquidiócesis de México y tres meses más tarde decidió que el sacerdote está libre de cualquier acusación.

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April 24, 2019

Ajedrez Político: Protegen pederastia en iglesia de Tijuana

TIJUANA (MEXICO)
Blanco & Negro [Tijuana, Baja California, Mexico]

April 24, 2019

By Sergio Anzures

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Enviados del Vaticano investigan casos de abuso contra menores

Tijuana.- Hace aproximadamente un año, el Arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, dijo a los sacerdotes que Juan Carlos Ackerman Ayón se retiraba de ser párroco de la iglesia Medalla Milagrosa, por cuestiones de salud.

Los sacerdotes presentes en esa reunión del prebisterio, sabían que el arzobispo estaba mintiendo, porque el padre Ackerman era suspendido por acusaciones de abuso sexual a menores edad y enviado a la Casa del Sacerdote, bajo investigación.

“El obispo (así suelen decir sacerdotes al arzobispo), no habló con la verdad, lo que disgustó a varios padres; estaba protegiendo a Ackerman”, aseguran asistentes a esa reunión.

Un año después, el Arzobispo Moreno Barrón, luego de la publicación de AJEDREZ POLÍTICO, el 7 de marzo del 2019, titulada: Ajedrez político: expulsan a sacerdote de iglesia de Tijuana por pederastia, en otra reunión con el prebisterio de Tijuana, les pide que si tienen alguna acusación lo hagan dentro de la iglesia, no a los medios.

“Nos trató de regañar y llamar la atención”, dijo un sacerdote presente en la Reunión.

Ahí mismo, Francisco Moreno les dijo que algunos reporteros habían estado insistiendo para que declarara sobre el tema del padre Felipe René Tlayeca, expulsado de la iglesia por acusaciones de pederastia, y la suspensión de los padres Juan Carlos Ackerman, de la iglesia Medalla Milagrosa, y Enrique Tenorio, de la parroquia San Martín Caballero, por lo que en breve iba a citar a conferencia de prensa para informar al respecto.

Sin embargo, ha pasado más de un mes y no ha dicho nada.

La conclusión de algunos sacerdotes es que no quiere “espinarse”, tomando en cuenta que uno de los objetivos del arzobispo Francisco Moreno es presidir la Arquidiócesis de la Ciudad de México como Cardenal.

Las acusaciones de pederastia en la iglesia de Tijuana “nos ha afectado mucho, porque lo quieren mantener en secreto y no debe ser así “, coinciden sacerdotes.

“Es como todo, hay buenos y malos, es decir, hay sacerdotes buenos y

otros no”, dijeron integrantes del prebisterio de Tijuana, quienes lamentaron que algunas bardas de iglesias de Tijuana han sido graeteadas en protesta por las acusaciones de pederastia.

En tanto, el blog “Santaipecadora”, escrito por laicos encabezados por Teodoro Ackerman, asegura que el Vaticano, desde enero del presente año, lleva una investigación muy sigilosa en esta Arquidiócesis, por los abundantes casos de pederastia clerical que han sido encubiertos por “los dos últimos arzobispos”.

“Santaipecadora” indica que sacerdotes enviados por el Vaticano recaban información y testimonios de casos de pederastia en Tijuana.

Debemos recordar que Enrique Tenorio fue acusado en el 2012 junto con otros padres de Tijuana de pederastia, por el ex rector del Seminario Mayor, Eduardo Ortiz.

En el 2014 el Vaticano ordenó la investigación y separación de los sacerdotes.

Entre ellos, el italiano Danilo Pietro Zanini, de la parroquia San José, y el alemán Jeffrey David Newell Lambert, de la Iglesia Nuestra Señora de La Encarnación, de Camino Verde, así como Benigno Medrano, de la iglesia Medalla Milagrosa, de la colonia Buena Vista.

A principios del 2016, Jeffrey David Newell y Benigno Medrano fueron exonerados por el entonces arzobispo Rafael Romo Muñoz; regresaron al sacerdocio.

El italiano Danilo Pietro Zanini fue exonerado por el actual arzobispo Francisco Moreno Barrón.

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April 10, 2019

Revocan prisión por pederastia al padre Meño; tribunal ordena reponer el proceso

MONTERREY (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

April 10, 2019

By Rodrigo Vera

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La sentencia condenatoria de 15 años de prisión contra el sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, el padre “Meño”, acaba de ser revocada debido a que la defensa del sentenciado demostró que hubo irregularidades en el juicio oral que se le realizó. La sentencia condenatoria, en la que se le acusaba de pederasta, fue revocada por el Tribunal de la Sala Colegiada Penal del Poder Judicial del estado de Coahuila, el cual indicó que durante el juicio oral que se le hizo al padre Meño no se valoraron los datos de prueba para dictarle sentencia, por lo cual hubo una grave violación al debido proceso. Ante esto, se ordenó la reposición parcial del juicio oral, para que los mismos jueces que dictaron la sentencia hagan una nueva valoración de los datos de prueba. Y con esto, el sacerdote tenga una nueva oportunidad de demostrar su inocencia. La audiencia se realizó el martes 9, en el Centro de Justicia Penal de Coahuila, y fue presidida por los magistrados de la Sala Colegiada Penal, quienes escucharon los alegatos de la abogada del sacerdote, Vanesa Ramírez, y de otros asesores jurídicos.   La abogada presentó más de 50 irregularidades que se cometieron durante el proceso penal contra el padre Meño, las cuales fueron suficientes para que el Tribunal revocara la sentencia condenatoria y ordenara la reposición del proceso. El padre Meño fue acusado de violar al seminarista Roberto “N”, en 2015, cuando la víctima estudiaba en el Seminario Menor de Piedras Negras, Coahuila, cuyo rector era el sacerdote, al que se le encontró culpable y se le dictó una sentencia de 15 años prisión, la cual ahora fue revocada.  

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March 29, 2019

“Quiero desenmascarar a un monstruo”

LA PLATA (ARGENTINA)
La Pulseada [La Plata, Argentina]

March 29, 2019

By Carlos Gassmann

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El joven que denunció haber sido ultrajado por el sacerdote Eduardo Lorenzo cuando era menor ofreció por primera vez su testimonio. Una historia de espanto cuyo responsable sigue sin ser investigado a fondo. Es el cura cuyo traslado desde Gonnet a Tolosa fue impedido a principio de año por la movilización de los vecinos .

“Estos últimos años los viví sobrellevando como pude lo que había pasado. Me costó mucho rearmar mi historia . Ahora quiero que se sepa quién es este señor y que nadie vuelva a poner en él su confianza como lo hice yo. Este tipo me cortó al medio, separó mi vida en dos. Hoy por lo menos puedo contarlo y transmitirlo. Para mí lo peor ya pasó. Lo malo es que él puede estar haciéndole hoy lo mismo a otros”, dice León (así se ha convenido llamarlo para preservar su identidad). Además de él, en una mañana calurosa de febrero, están sentados alrededor de la mesa sus padrinos, Julio Frutos y su esposa Adriana ; Julieta Añazco , fundadora de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de la Argentina y dos periodistas de medios digitales junto a La Pulseada .

Salvo por una breve intervención los días previos en el programa La voz del erizo que transmite FM De la Azotea de Mar del Plata, es la primera vez que la única víctima que llevó a los tribunales su denuncia de abuso contra el cura Eduardo Lorenzo decide hacer público un durísimo testimonio que se prolongó por más de tres horas. Lorenzo ha vuelto a estar en el tapete después de que en enero pasado fracasara, por la reacción de los padres del colegio, el intento del arzobispo Víctor Fernández de trasladarlo de Gonnet a Tolosa (ver recuadro). 

León nació hace 28 años en un partido del conurbano en el que ahora reside y denunció haber sido víctima desde los 15 de delitos atroces. Su relato estremece, duele ver cómo las secuelas del trauma que le provocaron siguen afectándolo, así como conmueve el amor y la contención que desde que lo conocieron a los 12 años, siendo un chico de la calle, le ofrecieron y continúan brindándole hasta hoy: sus padrinos Julio y Adriana.

De la calle a la iglesia

“Mis padres eran un tiro al aire –comienza– y trajeron hijos al mundo pero los dejaron para que se arreglen como puedan. Yo vivía en la calle. No tenía ubicación, ni horarios, ni rumbo. A los 12 años conocí a Julio y Adriana. Era muy reservado, muy callado. Pero enseguida tuve con ellos confianza. Fue una suerte dar con ellos y lograr una relación como de familia. Me dieron la oportunidad de salir de la calle y de estudiar, que era lo que yo quería” relata León. Julio acota: “ Lo recibieron muy bien en la Escuela ‘ Coronel Manuel Dorrego ’ (13 entre 511 y 512) de Gonnet. Él puso muchas ganas e hizo quinto y sexto grado en un solo año”.

“Ahora quiero que se sepa quién es este señor y que nadie vuelva a poner en él su confianza como lo hice yo”

Por decisión de un juez de menores León pasó a vivir en el Hogar “Esos Locos Bajitos” (508 y 10) de Gonnet, donde permaneció alrededor de un año y medio. Después lo trasladaron al Hogar “Los Leoncitos”, en la misma localidad, que ya no existe, y que se ubicaba sobre el camino Centenario y dependía de Cáritas diocesana. Mientras, el adolescente había hecho catequesis bautismal en una parroquia a quince cuadras del Hogar y se bautizó a los 14 años, con Julio y Adriana como sus padrinos. Allí en Gonnet, empezó a asistir y colaborar con la Iglesia Inmaculada Madre de Dios (502 entre 15 y 16). “Empecé a hacer amistades nuevas con jóvenes de mi edad y me sentía muy cómodo como parte del grupo misionero”, detalla.

Entonces, el 7 de enero de 2007, cuando apenas tenía 52 años, falleció el párroco a cargo del lugar, Norberto Chiodini . En abril, para la Semana Santa, llegó para reemplazarlo Eduardo Lorenzo, quien continúa al frente del templo hasta la actualidad. “Este hombre – narra– se presentó y trató de ganarse nuestra confianza. Desde los primeros días nos pareció que era uno más de nosotros. Yo lo ayudaba en misa y en los casamientos y quería colaborar con él. Lo consideraba un hombre de bien y no sospechaba lo que vendría después”.

A León le sorprendió que el cura recién llegado “era muy mal hablado, maldecía y se la pasaba puteando a la gente antes de la misa. De golpe me topaba con alguien que suponía iba por el camino del bien pero que no comprendía. Te tocaba, te pellizcaba, te hacía cosas que no eran normales”.

El nuevo párroco además comenzó a diferenciarlos en dos grupos dentro del grupo misionero. “Por un lado estaban los hijos de las familias de la zona, los que jugaban al rugby, y por otro lado estábamos nosotros, los pobres, los ‘negros’, ‘la porquería’. Nos discriminaba: ‘vos no tenés nada’, ‘no servís para nada’, nos decía. En esos grupos solo había varones, siempre menores de 20 años, y nunca mujeres”, describe.

Las “fiestas” del descontrol

Las reuniones del grupo misionero se realizaban en la casa parroquial, después de misa, o en una quinta de vacaciones de Villa Elisa durante el verano. Además Lorenzo siempre proponía organizar campamentos. “¿Qué pasaba en esas reuniones? Pasaba de todo, era un descontrol”, señala León. Quizás para evitar el dolor de revivirlo o en parte por vergüenza, prefiere no entrar en detalles. “De esas fiestas – puntualiza– los chicos de las familias tradicionales se retiraban más temprano. Con los hijos de las familias importantes no se metía. En esas reuniones había siempre mucha comida y alcohol. El cura decía que todo eso salía de la plata de la gente. Una vez me llevó a su habitación y me mostró la caja fuerte. Quien entonces era la pareja de él, con 16 años – yo tenía 15– , comandaba todo, decidía dónde ir y qué hacer. Pero en los ‘juegos’ siempre era Lorenzo quien tenía la iniciativa y quien apagaba la luz”.

Quería –prosigue– que estuviéramos con él. Y estar con él incluía tener relaciones sexuales. Tenía relaciones con mis compañeros y me buscaba también a mí. Pretendía que nos enamorásemos de él y termináramos convirtiéndonos en su pareja. Llegó a querer que me fuera a vivir con él a la casa parroquial. ¿Hasta dónde llegó conmigo? Hasta donde quiso. Yo no fui el único abusado: hubo otros. Y no fue una vez, fueron muchas veces, muchas noches”.

“No era el único cura que estaba allí – especifica– pero otros también estaban manchados y se tiraban la pelota entre ellos. Él nos hablaba mal del padre Mario y del padre Jorge . A éste último lo pescaron en una situación de abuso con un chico pero taparon todo. El propio Lorenzo nos lo comentaba”.

“Dentro del grupo –añade– también había un hombre grande, ciego, amigo de él, cuyo nombre no recuerdo. Él también tenía relaciones y nos incitaba a hacer lo mismo: ‘no tengan miedo’, ‘es algo normal’, nos decía. Una vez llevé a la quinta a mi hermano, quien a pesar de ser cuatro años menor que yo se dio cuenta enseguida de todo: ‘¡Pero vos sos loco! ¿Qué estás haciendo acá? ¿No te das cuenta que le gustan los pibes?’, me advirtió”.

Acoso y humillación
“Lorenzo se consideraba intocable y buscaba dominarnos metiéndonos miedo: ‘Yo manejo todo, desde la villa hasta la cárcel’, nos decía”, recuerda León que con sólo 15 años era sometido y maltratado: “Yo era el ‘negro miserable’, ‘la porquería’. Me decía : ‘ S i te tengo que tocar, te toco con un palo porque no quiero enfermarme’. Una noche me escupió en la cara y me trató de ‘basura’ delante de mis compañeros. A mí se me caían las lágrimas. Uno había logrado abrirse y dejó de ir. Yo también quería salirme pero sentía que no tenía escapatoria. Me lo cruzaba en todos lados: si no era en la iglesia, era en el Hogar, que también dependía de la parroquia. Él era el dueño de mi vida”.
“Durante dos días –agrega– intenté evitarlo. Me llamaba obsesivamente. Fue a patear el portón del Hogar como si estuviera allanando una casa. Me sacó afuera a la fuerza. ‘¡Qué carajo te pasa! ¡A mí vos me vas a atender! ¿Quién te creés que sos?’. Me llevó a comer al restaurante de la esquina. Una vez por semana, como una donación, gratis, ese comedor se abría para los chicos del Hogar”. Cuando vio que León se alejaba, la actitud del cura cambió: “‘Acá no vas a comer las sobras de los lunes: pedí el vino que quieras. Total lo paga la gente de acá’. Quería que no le contara nada de lo que hacíamos a mis padrinos. Buscaba comprar mi silencio con dinero. Me ofrecía lo que yo quisiera. En el comedor me dijo: ‘M añana venite y sigamos con la vida normal. Acá no pasó nada. Basta con que vos vengas a la parroquia durante una misa y digas delante de todos que lo que contaste fue una mentira’, proponiéndome un trato”. León ya había hablado con sus padrinos y Lorenzo continuaba presionándolo mediante mensajes amenazantes que le hacía llegar a través de sus amigos: “Yo tengo contactos en el Servicio Penitenciario, en el Senado, entre los políticos, en el Poder Judicial”.


“Lorenzo se consideraba intocable y buscaba dominarnos metiéndonos miedo: ‘yo manejo todo, desde la villa hasta la cárcel’, nos decía.

“Era su esclavo y sentía que no tenía salida –recuerda– . También esclavizaba a otros. Como no aguantaba más, me distancié. Y al sentirme solo y aislado, me deprimí”. Fue entonces cuando León protagonizó un intento de suicidio: “No sé cómo se enteró que me había cortado. Se desesperó. ‘¿Por qué querés llamar la atención?’, me preguntaba”. El entonces administrador del Hogar Los Leoncitos, Diego Grieco , llamó a Julio para contarle que León se había querido matar. Frutos le dijo a Grieco que lo hacía responsable de que su ahijado no tuviera más ningún tipo de relación con Lorenzo. Pero la institución dependía de la parroquia, Grieco le tenía pánico al sacerdote y lo llamó para avisarle.

Las causas penal y eclesiástica
“Fuimos entonces inocentemente primero a buscar una solución pastoral y después hicimos la presentación ante la Justicia”, cuenta Julio. El 11 de marzo de 2007 Frutos, con el consentimiento de León, presentó una denuncia ante el Arzobispado para que se abra el procedimiento canónico, y el 20 de agosto de ese mismo año hizo lo propio ante la justicia ordinaria. Julio y Adriana decidieron sacar a León del Hogar, lo llevaron un mes a vivir con ellos a su casa y luego le alquilaron un cuarto de pensión. Fue necesario que recibiera asistencia psicológica.

La causa (N° 25601/08) recayó en la UFI N° 1, a cargo de la fiscal Ana Medina.Prestaron declaración la víctima y su tutor. León no recuerda bien qué le preguntaron ni cuáles fueron sus respuestas: “Yo era muy chico y había pasado demasiado poco tiempo. A los 16 años no sabía cómo ir en contra de alguien que me llenó de miedo como un mafioso”. Aún hoy le es difícil referirse a lo acontecido, es posible imaginar que no estaba entonces en las mejores condiciones para brindar su testimonio. 
También se presentaron otros testigos. “Salieron a la luz otros casos. Ubicamos en Olmos a una persona de unos 30 años, que ahora tendrá 40, que cuando joven había sido también abusado por Lorenzo en los campamentos que organizaba con ellos. Contó que se bañaba con los chicos y se les metía adentro de la bolsa de dormir. Quedaba claro que no estábamos hablando de un hecho aislado sino que quince años antes, en otra parroquia, ya venía haciendo lo mismo”, amplía Julio.
Transcurridos poco más de cuatro meses, el 9 de enero de 2009, la causa fue archivada “por no existir elementos suficientes que permitan acreditar la existencia del hecho ilícito investigado”. Frutos comenta: “Los delitos sexuales, que ocurren en la intimidad, no pueden investigarse como cualquier otro ilícito. Las declaraciones de afectados o testigos no son lo único ni necesariamente lo más importante. Son fundamentales las pericias. Pericias, por ejemplo, para saber si los que se consideran abusados están diciendo la verdad, pericias para establecer cuál es el perfil psicológico del acusado. Nada de eso se hizo”.

Cuatro meses después de la denuncia la justicia penal archivó la causa. El único resultado de la investigación canónica fue una «reprensión» por sus modos para evitar «malos entendidos»

Más allá de esa crítica, el hecho de que la causa haya sido archivada es un elemento que podría habilitar una revisión. Así fue explicado a La Pulseada por la propia fiscal Medina, quien dice apenas recordar el expediente de hace una década: “Son casos muy complejos en los que los chicos muchas veces no pueden expresar todo lo que les pasa, por eso nos preocupa dejar abierta la posibilidad de una reapertura porque ocurre que pueden hacerlo cuando son adultos. Y si dictáramos un sobreseimiento ya no podríamos volver atrás”.

En cuanto al procedimiento canónico, como suele ocurrir, ni el denunciante, ni la víctima, ni el otro joven abusado años atrás que fue ubicado en Olmos, ni el acusado fueron jamás citados, no se realizó tampoco pericia alguna, no se efectuó inspección ocular sobre el escenario de los delitos ni se comunicó a otros menores expuestos o a sus familias sobre los riesgos que eventualmente corrían. Ante los insistentes reclamos de Julio por una falta de respuesta que se prolongó durante una década, el 6 de septiembre de 2018 el Tribunal Interdiocesano Platense le informó que “luego de un análisis exhaustivo de los elementos que obraban en la investigación canónica no hemos llegado a la conclusión de que hubieran comportamientos que tuvieran que ver con abusos sexuales (…) El resultado de la investigación fue descartar la comisión de ‘delicta graviora’ (delitos graves) por parte del Pbro. Eduardo Lorenzo. Sin embargo, se le ha impuesto una reprensión canónica por sus modos en el trato de algunas personas, por lo que ha sido llamado a la prudencia, a la ejemplaridad de la labor pastoral y se lo ha instado a evitar todo tipo de actuaciones equívocas que puedan dar lugar a malos entendidos o sospechas”.

“Seguramente a la causa la han archivado porque Lorenzo tiene contactos con el poder. Tanto desde la Iglesia como desde el Estado lo protegen porque le deben favores. Nunca tendría que encubrirse a nadie. Pero por algo lo deben hacer. Tienen compromisos con él, ha comprado protección y tiene sus escudos”, piensa León. Una demostración de su influencia fue lo vivido por Roxana Vega y Alejandro Di Salvo . En una reunión de padres del Colegio Vaticano II de Gonnet realizada a mediados de 2009 comentaron que Lorenzo tenía una denuncia penal. A los pocos días les mandó una carta documento en la que los intimaba a rectificar o ratificar sus dichos y a principios de 2010, a raíz de que habían enviado mails advirtiendo sobre el asunto, su casa fue allanada por efectivos de las policías Federal y Provincial, que les secuestraron una computadora que nunca restituyeron.

Una película de terror
León recapitula y reflexiona: “Estos 11 años sobrellevé todo esto como pude. Fue como estar todo el tiempo viendo una misma película de terror. Quiero que se termine de una vez. Que se sepa quién es Lorenzo y que nadie vuelva a depositar en él su confianza como lo hice yo. Les aconsejaría que no tengan cuatro ojos, como se dice, sino veinte, que los analicen bien, porque no son santos, son personas. De un supuesto lugar de bien salí trastornado. Cada uno puede decidir cuál será su comportamiento sexual pero nadie tiene que ser forzado a nada”.

Frente a las últimas noticias que tuvieron a Lorenzo en algunos titulares, León encuentra algún consuelo. “Cuando me entero de que hay nuevos casos que se denuncian y se investigan, cuando supe lo de Tolosa, sentí alivio de que la gente se empezara a organizar para impedir que esto se repita con otros menores. También sería un alivio para la gente de Gonnet que una persona semejante no siga estando allí. Yo hice lo que pude para desenmascarar a un monstruo. Lo hice para que no pueda arruinarles la vida a otros chicos. Ahora que todas las historias están saliendo a la luz es él quien tiene que estar preocupado. Porque está muy sucio y tiene más manchas que un tigre”.
«Nunca tendría que encubrirse a nadie. Pero por algo lo deben hacer. Tienen compromisos con él, ha comprado protección y tiene sus escudos” (León)

Frutos, por su parte, destaca: “No sentimos ningún cargo de conciencia – al contrario– por querer llevar esto hasta sus últimas consecuencias, porque sabemos que estamos trabajando a favor de una Iglesia verdadera. De lo contrario nos transformaríamos en unos hipócritas más”. 
La víctima ya dijo lo suyo. Son otros los que ahora tienen la palabra y son responsables de la acción. El arzobispo Víctor Fernández , por ejemplo, podría investigar y separar a todos los sacerdotes acusados de pedófilos de la arquidiócesis, imitar lo que el Papa hizo en Chile, donde se retractó de su primera defensa, desplazó a los abusadores y pidió perdón a las víctimas. Los funcionarios judiciales, por su parte, tienen la oportunidad de desarchivar la causa y llevar adelante un proceso serio, en el que podrían encontrar elementos para condenar a un acusado que nunca fue absuelto ni sobreseído. Desde el E jecutivo la gobernadora María Eugenia Vidal , que no designó pero heredó a Lorenzo como personal jerárquico del Servicio Penitenciario, tiene la ocasión de revisar su continuidad. 
Y la feligresía de Gonnet, como los personas ligadas a las diferentes instituciones en las que Lorenzo continúa prestando servicios, pueden reclamar, como la comunidad de Tolosa, para que personajes semejantes se alejen de la vida de sus hijos y de las suyas propias para siempre. 

Quién es Eduardo Lorenzo
El presbítero Alfonso Eduardo Francisco Lorenzo –tal es su nombre completo– fue ordenado sacerdote en 1988. Está desde hace doce años al frente de la parroquia Inmaculada Madre de Dios (502 entre 15 y 16) de Gonnet. Antes de llegar a este destino ya se había encargado de templos de Berisso, Olmos, Los Hornos y La Plata. A partir de 1990 comenzó a desempeñarse como capellán del Servicio Penitenciario bonaerense y, en tal carácter, actuó como confesor de colegas que se encuentran presos, como Cristian Von Wernich, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad, y Julio César Grassi, sentenciado a quince años por violación de menores. Lorenzo niega ser el “confesor habitual” de Grassi aunque admite “haberlo confesado alguna vez”. Como capellán general del Servicio Penitenciario recibe del Estado provincial un sueldo equivalente al del agente que ocupa el más alto rango en el escalafón –un inspector principal–, es decir, alrededor de cien mil pesos mensuales. Se trata de un trabajo de tiempo parcial, que no le insume más de un par de horas por día, y que pastores de otras religiones, como los evangélicos, efectúan de modo gratuito. Ese cargo le otorga la posibilidad de designar a los capellanes que se desempeñarán en todas las unidades carcelarias bonaerenses. Un dato adicional reafirma la solvencia económica y los contactos con el poder del sacerdote: los letrados que lo defienden pertenecen al mismo estudio jurídico que patrocina al ex gobernador Daniel Scioli.
Además es representante legal de varias instituciones educativas católicas, capellán de los Boy Scouts, del cementerio de Berisso, de la Asociación de Guías Argentinas y vicepresidente del Foro de Seguridad de Olmos.

Tolosa dijo no
A principios de este año, padres de alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen (115 entre 530 y 531, foto) de Tolosa se enteraron que el cura denunciado por abusos, Eduardo Lorenzo, sería trasladado al frente de la iglesia lindera a la escuela por decisión del arzobispo Víctor Fernández. La comunidad educativa formó entonces un grupo de WhatsApp y otro de Facebook para intercambiar información y organizarse para resistir. Redactaron una nota dirigida al Arzobispado, juntaron en alrededor de una semana más de 2.000 firmas y ofrecieron reportajes a diferentes medios.

En principio sólo les respondieron por las redes sociales “los representantes legales del colegio y del párroco” pidiéndoles “prudencia” y evitar “comentarios infundados que no tengan certeza plena”. Luego el Arzobispado, que jamás había contestado los correos electrónicos de los padres, les respondió mediante un comunicado publicado en el diario El Día donde afirmaba que tanto la justicia civil como la eclesiástica llegaron “a una misma conclusión”: “La inexistencia del delito de abuso sexual por parte del sacerdote Eduardo Lorenzo”. Tras varias inexactitudes, como confundir el archivo de una causa con la absolución o asegurar que la víctima prestó declaración en la investigación canónica, el escrito dice que “pasada una década” Fernández solicitó una “consulta complementaria a jóvenes, laicos adultos y sacerdotes” de la que “no surgieron elementos nuevos” y ratifica implícitamente la designación de Lorenzo como párroco de Nuestra Señora del Carmen.

El 21 de enero un grupo llevó la nota al Arzobispado. Allí le pidieron sus datos a las madres asistentes. Maruca Cabrera, la vicecanciller del Arzobispado, escuchó que estaban allí y les requirió la nota. Se fue a otro despacho, la leyó y luego dio muchas vueltas para recibirla: que no sabía si las firmas de las personas que adherían se correspondían a la nota, que no estaba foliada, que en el título no se aclaraba que entre los firmantes había otras personas además de los padres, etc. Se solicitó una audiencia con el Arzobispo y se recibió como contestación que no estaría en la ciudad hasta fines de febrero. Pidieron entonces una reunión con algún obispo auxiliar y les dijeron que quedaba a confirmar. Una copia de la nota también fue entregada a la Dirección de Escuelas de Gestión Privada. 

Luego llamaron a algunas madres para avisarles que el viernes 25 de enero las recibiría el obispo auxiliar Alberto Bochatey. Concurrieron y conversaron con él mientras las filmaban. Seis días después fueron convocadas de nuevo al Arzobispado. Al llegar se encontraron con la ingrata sorpresa de que estaba presente el mismísimo Eduardo Lorenzo, acompañado de un abogado. Les mostraron una carta de Lorenzo en la que renunciaba al nombramiento en Nuestra Señora del Carmen y otra del Arzobispo Fernández en la que le aceptaba la dimisión. 
En ambas misivas afirman que se ha calumniado, difamado, actuado en forma maliciosa y puesto en duda la integridad moral del sacerdote. En su carta, Lorenzo plantea engañosamente que está probada su inocencia (“la justicia ya resolvió la causa y la archivó hace años por falta de méritos”), se victimiza considerándose objeto de una campaña de difamaciones e injurias y presenta su renuncia, no por sus antecedentes, sino “por amor a la Iglesia” y “por el bien de todos”, incluidos la “comunidad” y los “chicos” de Tolosa. En su respuesta, Fernández suscribe la teoría conspirativa, se conduele de Lorenzo y hasta termina pidiéndole “disculpas” por haberlo “expuesto al dolor y la humillación pública”. Otra vez, acepta su renuncia, no en virtud de los delitos de los que es sospechado, sino para librarlo de trabajar donde no es bienvenido.

La reunión del 1º de febrero constituyó un claro acto intimidatorio. Agustina Feregotto, una de las impulsoras del reclamo, fue advertida que tanto ella como los medios que se habían ocupado del caso recibirían cartas documento. “Que haya estado Lorenzo allí, y con un abogado, sin haberles avisado antes a las mujeres que concurrieron me parece de una falta de ética total. Y también entiendo que el hecho de filmar las reuniones fue otra manera de poner nerviosas a simples madres que velan por el bienestar de sus hijos y que por primera vez tenían que enfrentar algo así”.


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March 27, 2019

Muere el padre “Panchito”; hay consternación

MORELIA (MEXICO)
Vanguardia MX [Saltillo, Coahuila, Mexico]

March 27, 2019

By Juan Olmedo

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Papantla, Ver.- Víctima de un mal que lo aquejaba desde hace algunos años dejó de existir el párroco Francisco Ordóñez Gaspar, mejor conocido como “Padre Panchito”, a la edad de 87 años.

El deceso del padre ocurrió en el municipio de Gutiérrez Zamora, donde desde hace algunos años radicaba, toda vez que fue enviado a ese municipio para continuar con su misión eclesiástica, sin embargo, su cuerpo llegará este martes al medio día, a la que por muchos años fue su parroquia, la de Nuestra Señora de la Asunción.

Fue el 27 de diciembre de 1962 cuando recibió su ordenanza como párroco y entregó casi toda su vida al servicio de Dios. Su trabajo logró dar una nueva visión a la eucaristía, pero además permitió que con el arduo trabajo del extinto vicario de Cristo, lograr congregar a los católicos y con su aportación construir la “Casa de la Iglesia”.

Fue en el año 2013 cuando en una polémica decisión, el entonces obispo, Jorge Carlos Patrón Wong, decidió enviarlo junto con el padre Antonio Bernabe a hacerse cargo de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el vecino municipio de Gutiérrez Zamora.

Con 57 años al servicio del clero, parte un sacerdote que siempre destacó entre los demás por una frase célebre: “Ni la edad, ni la enfermedad son impedimento para anunciar a Cristo Rey”. Será en las próximas horas cuando se defina si sus restos serán sepultados en este municipio o en el municipio de Tlacotalpan, de donde era originario.

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March 26, 2019

Tras 57 años de servicio, fallece el sacerdote Francisco Ordóñez

MORELIA (MEXICO)
La Opinión de Poza Rica [Poza Rica de Hidalgo, Veracruz]

March 26, 2019

By Unknown

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El sacerdote Francisco Ordóñez, quien tenía 57 años en el sacerdocio, pereció la mañana de este martes 26 de marzo en la ciudad de Gutiérrez Zamora, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte pero ya tenía una edad muy avanzada.

Por muchos años estuvo al frente de la iglesia de nuestra parroquia de la señora de la Asunción donde dejó su vida sacerdotal, cabe hacer mención que era un padre muy querido por toda la comarca católica.

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March 21, 2019

¿Podemos confiar en el equipo interdisciplinar contra los abusos de la arquidiócesis de México?

TLALNEPANTLA DE BAZ (MEXICO)
Religión Digital [Spain]

March 21, 2019

By Guillermo Gazanini Espinoza

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El “grupo interdisciplinar” sería un recurso más punitivo e intimidatorio que instancia medicinal, de reparación y de justicia promotora de la debida confianza entre sacerdotes y laicos.

La presentación del equipo interdisciplinario de la arquidiócesis de México de atención de víctimas fue presentado el 20 de marzo como todo un acto triunfal para “poner manos a la obra” contra los abusos.  

En medio de las cifras, de la falta de precisión e incertidumbre por saber cuántos sacerdotes están bajo proceso por delitos comprobados, el vaivén de justificaciones y aclaraciones al final darían presunta certeza de que sólo seis ministros estarían implicados en la comisión de abusos y los otros 11 “con algún otro tipo de actos” como “revelar el secreto de confesión, el uso de drogas u otras problemáticas”.

La creación de estos equipos interdisciplinarios de atención a víctimas y prevención de abusos ya se venían integrando en otras diócesis conforme a los lineamientos de la CEM además de la creación del Equipo Nacional de Protección al Menor y las líneas de acción  después de la Cumbre de Roma.

El equipo interdisciplinar de la arquidiócesis de México vino a ser, por lo menos, un movimiento  de impacto  levantando más preguntas por quienes lo integran que de expectativa por sus planes y líneas de acción.

Marilú Esponda Sada, directora de comunicación, toma un papel que ha ganado más cuestionamientos que certidumbre en el caminar arquidiocesano. No se sabe cuál es la naturaleza de su encargo que ha rebasado los límites entre lo estrictamente legal y formal como si su oficina fuera cancillería agrietando la confianza con el presbiterio arquidiocesano.

Lo anterior no es nuevo. Cuando el cardenal Norberto Rivera Carrera creó la oficina de comunicación, un laico asociado a los Legionarios de Cristo asumió atribuciones que rebasaron la competencia de su encargo.

En esa época, comunicación social se dio a la consigna para que Rivera Carrera tuviera un posicionamiento nacional aun sobre los obispos de México y hacerse de un monopolio mediático que, a la postre, resultó en la caída del responsable de esa oficina cuando sus errores le costaron el puesto. La historia parece repetirse.

Los erráticos movimientos de Esponda toman derrotero sin importar con quiénes se puede liar y pactar, el objetivo último es posicionar a Carlos Aguiar en el escenario político y eclesiástico internacional bajo la tersa máscara arreglada con el maquillaje de la mediación y conciliación.

Pero eso no es todo, Esponda ahora da la cara como una de las responsables en la lucha contra los abusos cuando no tiene las credenciales necesarias que se exigen este delicado trabajo. En su momento, ni tenía la más remota idea de lo que la Conferencia del Episcopado Mexicano viene trabajando en la materia de prevención de abusos sexuales ni de la existencia del CEPROME de la Universidad Pontificia de México. En su contra está también lo que dijo a medios a principios de año al considerar que fieles de la arquidiócesis de México tienen una fe de chocolate.

No es extraño en Esponda Sada. Otros proyectos se le han ido de las manos cuando le han servido de trampolín para su proyección personal y posicionamiento ante los obispos. El naufragio y fracaso de Catholic Voices durante la visita de Benedicto XVI es el mejor ejemplo.

El religioso Manuel Corral es el otro polémico integrante quien presume de sus amplísimas relaciones con las cúpulas políticas. En los hechos es quien hace los trabajos incómodos que podrían lesionar la imagen del cardenal Aguiar. Un ejemplo fue el caso ampliamente documentado en medios que tuvo que ver con las supuestas imputaciones contra un sacerdote, el padre Dagoberto Valle Arriaga de la diócesis de Texcoco, a quien se le acusó de haber asesinado a su hijo que había procreado antes de su ordenación.

El sacerdote habría sido entregado a la justicia bajo falsas acusaciones maquinadas por el mismo Corral Martín. El padre Valle pasó ocho años privado de su libertad y su historia fue documentada en el sitio reporteros en movimiento. La narrativa del caso por Reporteros en Movimiento señala que Corral entregó al sacerdote por una supuesta confesión escrita de la desaparición y asesinato del menor. Ya en prisión, el “padre Dago” fue compelido a renunciar al sacerdocio a cambio de su libertad. De acuerdo con algunos testimonios, Corral habría dicho al imputado que se “declarara loco” para salir de la cárcel.

Después de su excarcelación en 2013, y después de ocho años privado de la libertad, Valle no descartó realizar las denuncias para lograr la reparación del daño por el tiempo en prisión y el daño a su reputación. El más duro testimonio vino de personas relacionadas con el acusado quienes denunciaban el desinterés y abandono del sacerdote señalando especialmente al obispo Carlos Aguiar Retes y el presbítero Corral Martín.

Ante el IV obispo de Texcoco, Mons. Juan Manuel Mancilla Sánchez, en 2013 quienes abogaban por el padre Valle afirmaron que el antecesor de Mancilla Sánchez,  Carlos Aguiar Retes, se lavaría las manos sobre el caso del sacerdote que él mismo ordenó.Un video completo de esa audiencia puede verse aquí. Dicho sea de paso, es admirable cómo Mons. Mancilla asume el caso, escucha a los implicados y hasta complace en sus demandas.

No sólo hay esta situación. Corral, en el puesto creado a modo por Aguiar haciéndolo “secretario” para las relaciones institucionales, nunca ocultó su animadversión contra el actual presidente de México y apoyando al candidato del PRI. Después del debate, el 22 abril de 2018, en su cuenta de tuiter diría de AMLO: “Después de debate habrá muchas opiniones. Para mí el que mejor propuestas hizo fue Meade y le siguió Anaya. AMLO ni siquiera estuvo a la defensiva. Yo esperaba más de él y más propuestas. Me decepcionó…” Esto vulnera la debida neutralidad y equilibrio que se debería guardar en tales encomiendas.

Finalmente está Joaquín Aguilar. Desde la publicación y difusión en medios arquidiocesanos – el 4 de junio de 2018- el supuesto convenio entre la oficina de Comunicación del Arzobispado de México (Marilú Esponda Sada) y la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales -SNAP México- (Joaquín Aguilar) fue preconizado como una de las movidas más acertadas en el juego de supuestos cambios del arzobispo Aguiar Retes.

Contrario a su objetivo, el acuerdo no tuvo buen recibimiento como sus precursores hubieran querido suscitando duros argumentos rebatidos por una débil defensa bajo escuálidas justificaciones como aquélla que afirmó que se trataba del acercamiento entre “dos instituciones, simplemente, (y) a eso se reduce, no hay para qué ‘rascarle´”. 

En ese momento, la única y mejor conclusión que dieron los apologistas del conocido pacto es que los cuestionamientos eran el tono vociferante de quienes no entendieron “de qué se trata” el convenio Arquidiócesis – SNAP al no darle su lugar como ejemplar y supuestamente coherente con “la misión de la Iglesia” para propiciar el diálogo constructor de puentes.

Pronto se desacreditó el supuesto pacto hecho con su amiga Marilú Esponda cuando el lunes 9 de julio cuando Milenio diario publicó una  entrevista a Joaquín Aguilar. Sus declaraciones, si bien tratan de ofrecer una justificación sobre los supuestos beneficios, en realidad muestran que la firma de esa colaboración no tuvo los efectos presumidos por Esponda Sada y, posteriormente, justificados por el cardenal Aguiar Retes.

El acuerdo fue sólo a la palabra para la elaboración de un manual de prevención, una comisión de víctimas y una campaña. Independientemente de los buenos propósitos trazados por Aguilar, resulta revelador también que SNAP México sea una organización autónoma sin respaldo suficiente de la entidad internacional que le presta sus siglas. (SNAP Estados Unidos).

Con la Arquidiócesis, “no hemos firmado nada” diría de forma contundente. En conclusión, el convenio se trató de una especie de apretón de manos de buena fe entre el señor Joaquín Aguilar y “los representantes arquidiocesanos”, el cual se sobredimensionó y dio vuelo cuando el arzobispo Aguiar Retes quiso legitimar en el exterior, en Roma, lo que no pudo justificar al interior.

En la historia no se puede ocultar la trama de desencuentros y franca guerra que Aguilar emprendió contra el arzobispado. Al punto, honorabilidad y reputación se pusieron en duda cuando armó una campaña de calumnias contra el arzobispo Rivera Carrera demostrándose, además, que el activista habría cometido perjurio ante las autoridades por haber ofrecido hasta seis declaraciones contradictorias sobre su caso.

El 20 de abril de 2010, ante medios, diría: “No descansaré hasta ver caer al Cardenal… queremos la cabeza de Rivera Carrera”. Sobre sus afirmaciones calumniosas, comunicación del arzobispado de México ofreció abundante documentación que se puso a disposición para demostrar la orquestación de maquinaciones e influir en la opinión pública por una campaña de odio.

Recientemente Aguilar dio a conocer que su organización pronto podría integrar una lista con poco más de medio millar de sacerdotes señalados de abusos desde 1970 lo que podría representar una franca confrontación con la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Las acciones emprendidas por la Iglesia católica mexicana tienen una genuina intención para prevenir y acabar con los abusos. Quizá en el mundo, sea de las pocas instituciones con procesos estructurados que van dando paso a una transparencia contra los abusos que es inédita. No obstante, lo que sucede en la arquidiócesis de México va más por lo mediático echando mano de personajes que no parecen ser los idóneos para este trabajo.

¿Cómo confiar estos delicadísimos procesos cuando la responsable de la comunicación social se mueve más por la imagen, el impacto mediático y no tiene ninguna capacidad y formación que se requieren en estos equipos además de haber dicho que la fe de millones de católicos de la capital del país es de chocolate?

¿Cómo apostar a la confianza cuando hay un clérigo con oscuros antecedentes que vulneraron el derecho humano a la presunción de inocencia de un sacerdote quien pasó ocho años de su vida por un delito que no se demostró?

¿Cómo aplaudir esta iniciativa cuando uno de sus integrantes pidió la cabeza de un arzobispo y, además, armó una presunta campaña de odio, difamación y calumnias contra la Iglesia?

La conferencia de prensa demostró que este mal llamado grupo interdisciplinar de la arquidiócesis de México es un recurso más punitivo e intimidatorio que instancia medicinal, de reparación y de justicia que debería tener por raíces la cultura, la mística y espiritualidad de las acciones para prevenir abusos y recuperar la credibilidad.

En esta mística, los obispos de México han recurrido a procesos certeros de certificación de estos grupos porque no bastan golpes mediáticos ni nombres para decir que se está previniendo y combatiendo los abusos. Se requiere de perfiles discretos, pero bien cimentados y preparados para relacionarse correctamente con los involucrados y respetar su identidad -sean acusados o víctimas- hasta agotar cualquier procedimiento legal siempre bajo la presunción de inocencia y de sus derechos humanos y, ante situaciones concretas y puntuales, enarbolar la serenidad para no reaccionar indebidamente a través de conductas inadecuadas por la superficialidad y negligencia

El arzobispo de México es elemento esencial, pero la ausencia ha sido su constante pastoral. Aunque decida delegar sus responsabilidades en los peritos más eruditos de la Iglesia, existe una cosa de la cual jamás podrá deshacerse: Su deber de ejemplaridad para devolver la credibilidad en la institución. Por su testimonio, los fieles despertarían de nuevo el aprecio y valor del ministerio sacerdotal. El amor genuino por su presbiterio recuperaría el significado de la coherencia personal del padre y pastor en consonancia con la indelegable ética pastoral a la que está obligado. Tristemente la realidad es otra y estamos muy lejos de esos ideales.

¿Podemos entonces confiar en este equipo interdisciplinar de la arquidiócesis de México? La respuesta la tiene el amable lector.

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March 16, 2019

EXIGE DECANATO DENUNCIAR A SACERDOTES PEDERASTAS

MéRIDA (MEXICO)
Tribuna Campeche [San Francisco de Campeche, Campeche, Mexico]

March 16, 2019

By Tribuna

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En la Iglesia Católica habrá tolerancia cero para los sacerdotes que cometen abusos sexuales, por lo que se exhorta a los afectados a denunciarlos, exige el vocero del Decanato Carmen, José Francisco Díaz Vera.

Luego del reconocimiento del presbítero Gerardo Casilla González, vocero de la Diócesis de Campeche, en que procesan a tres sacerdotes acusados de presuntos abusos sexuales a menores.

Ratificó que el papa Francisco ha sido muy enérgico al señalar que no encubrirán a ningún eclesiástico que cometa cualquier delito y menos los que tengan que ver con abuso sexual.

El también rector del Santuario Mariano Diocesano de Nuestra Señora del Carmen, indicó que aquí se registró uno de los casos cuyo presunto responsable, el sacerdote Gustavo Alberto Z.T., se le separó de su ministerio sacerdotal.

Resaltó que ese sacerdote se encuentra vinculado a proceso, por los delitos de violación equiparada y abuso sexual, en contra de un estudiante del Seminario Menor, que opera en el Colegio Victoria.

De acuerdo con las autoridades judiciales, Alejandra Flores Verástegui, otorgó la medida cautelar de diez meses de prisión preventiva al presbítero Gustavo Alberto Z.T., para el desahogo de su proceso por los delitos que se le imputan.

INVESTIGACIONES

Indicó que las instrucciones del papa Francisco han sido muy claras, que se inicien las investigaciones por parte de las autoridades y de la misma Iglesia, que si hay un acto cierto, una certeza de la culpabilidad del presbítero señalado, que se actúe tanto en el ámbito penal, como del ministerio eclesiástico.

Significó que en el caso de la Iglesia Católica, en los casos donde el sacerdote es encontrado culpable de los delitos que se imputan, se le separa de su ministerio sacerdotal y se inicia su proceso legal.

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March 11, 2019

Defensores de pederastas: así encubren los pecados de la Iglesia católica en México

MEXICO CITY (MEXICO)
Newsweek [New York NY]

March 11, 2019

By Eugenia Jiménez Caliz

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Mientras el papa Francisco hace un llamado urgente para llevar a la justicia los casos de pederastia, la jerarquía católica mexicana contrata negociadores para que lleguen a arreglos extrajudiciales entre víctimas y sacerdotes. Los responsables de los arreglos y personas cercanas a la Iglesia católica explican a Newsweek México cómo operan.

En 2003 en la Catedral Metropolitana, Luis Fletes Santana -entonces obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México- resumía así su apoyo a quienes cometían delitos: “a persona muy degradada en su conducta se le debe dar la oportunidad y apoyo para que se supere, no es cosa de que vamos a empezar a deshacer la sociedad y que solamente queden los buenos”.

Y como si esas palabras hubieran sido un presagio, poco después el mismo obispo recibió esa “oportunidad” que pedía para personas “muy degradadas”. Evadió un proceso penal por abuso de menores gracias a un arreglo extrajudicial.

No fue el único que logró salvarse. A esas “negociaciones espirituales” recurre constantemente la jerarquía católica para evitar que sus “hijos”, como ellos llaman a los sacerdotes, sean procesados por las autoridades civiles cuando son acusados de abuso sexual a menores.

Estas negociaciones se realizan en la mayoría de los casos en las oficinas eclesiásticas e intervienen obispos y cardenales.

Pero para Luis Fletes el trato fue especial. No era un sacerdote común, era un obispo, así que los acuerdos se realizaron en oficinas del gobierno federal, revelan a Newsweek México fuentes cercanas a la jerarquía católica, quienes conocieron de cerca el caso.

Del 21 al 24 de febrero pasado, en la Ciudad del Vaticano se realizó el encuentro sobre protección a menores en la Iglesia, convocado y presidido por el papa Francisco. Ahí se trazó la ruta a para prevenir y atender los casos de abusos sexuales a menores por clérigos. En el marco de este encuentro se dieron cita víctimas de pederastia clerical, organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas que han sufrido abuso y abogados que representan a los sacerdotes.

Durante las jornadas de trabajo se insistió en la creación de un código de conducta para saber cómo proceder en momentos crisis, como si no existiera ya la norma para los obispos, la cual señala que, al recibir las acusaciones de abusos, deben de iniciar una investigación y denunciar ante las autoridades civiles.

En 2001 se publicó el Motu Proprio Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST), que promulga la Norma sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe y se añade el abuso sexual a menores cometido por un diácono, un sacerdote o un obispo como un delito grave.

En su artículo 6.1 señala que “el clérigo […] debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición”.

Las normas se actualizaron en 2010 por Benedicto XVI para incluir, además del abuso, la “adquisición, posesión o distribución de pornografía infantil” entre los delitos más graves.

Las organizaciones civiles y las víctimas de la pederastia se mostraron decepcionadas de los resultados del encuentro entre los obispos y el Papa, pues de acuerdo con Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, y Cristina Sada, activista contra el abuso sexual, no hubo avances en cuanto a transparencia, pues no se quiere dar a conocer la lista de los sacerdotes abusadores, ni tampoco el seguimiento legal que se ha dado, si es que lo ha habido, ni si están en prisión o en libertad.

Al cierre de esta edición, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que han sido retirados del sacerdocio 157 sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores en los últimos nueve años, datos proporcionados por la Nunciatura apostólica. Además, actualmente se tiene a 101 sacerdotes acusados de este delito en procesos penales ante autoridades civiles, según datos de 64 diócesis.

El presidente de la CEM, el arzobispo Rogelio Cabrera declaró que desconocía los nombres de los sacerdotes involucrados en estos abusos, porque las diócesis no tienen obligación de proporcionar al Episcopado esa información por ser autónomas y solo rendirle cuentas al Papa.

Los acuerdos sin justicia

En el marco de este encuentro, Newsweek México habló con personas cercanas a la jerarquía católica para conocer cómo se dan los arreglos extrajudiciales entre sacerdotes y víctimas en México. Además, habló con negociadores que instruyen a los sacerdotes y obispos sobre cómo lograr una salida rápida para que el asunto quede zanjado sin necesidad de denuncia penal.

De acuerdo con las personas entrevistadas, en México obispos y superiores de congregaciones, aún después de los llamados del Papa, no acatan al cien por ciento la normatividad vaticana y prefieren negociar con los padres de las víctimas para evitar un escándalo eclesial.

Tan sólo en México, se calcula que de cada 10 acusaciones por ese delito que se presentan ante la jerarquía católica, sólo dos o tres son presentadas ante los ministerios públicos. La mayoría de los padres de las víctimas prefieren una negociación que enfrentarse a la autoridad eclesiástica, favorecida la mayoría de las veces por las autoridades civiles, quienes se han encargado de amedrentar a los denunciantes o demorar sus procesos judiciales, explican los entrevistados por Newsweek México.

Con estos acuerdos privados, algunos ante notario, los obispos y superiores de congregaciones entran en desacato con las normas eclesiásticas, las cuales establecen que la jerarquía católica debe denunciar ante las autoridades civiles y eclesiásticas los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.

Y bajo el velo del encubrimiento, se dan a la tarea de buscar a personas de su confianza, los denominados “intermediarios”, para negociar con las familias y disfrazar así su participación en esos acuerdos. De esta forma evaden una posible acusación ante el Vaticano por no denunciar al clérigo abusador.

Los representantes de la Iglesia, los que negocian, son hábiles y anteponen la fe de los denunciantes para iniciar las negociaciones, su razonamiento es “si los familiares de las víctimas acuden a la Iglesia en primera instancia, es porque aún creen en esta” y lo consideran un punto a su favor, porque el diálogo se puede iniciar.

Un arreglo en las primeras reuniones es vital –cuentan— porque, en la mayoría de los casos, los padres de familia que acusan van sin abogado “es decir de buena fe y de esta forma es más fácil entablar un diálogo” y desanimarlos de acudir a las instancias judiciales.

Estos “negociadores” son los que aconsejan a los obispos cómo debe ser el acuerdo económico, la oferta del monto y en una sola exhibición, a fin de evitar que los padres de familia se arrepientan o que las diócesis en un futuro ya no respeten el pacto, que “todo se finiquite y no tengan motivo de volverse a reunir”.

La pregunta aquí es en cuánto valora la jerarquía católica mexicana el daño por un abuso sexual a menores. La respuesta de los “negociadores” es rápida: “depende de la familia, lo menos que se ha llegado a pagar son 20 mil pesos y lo máximo 300 mil”. También, explican, es de acuerdo a la gravedad de las acusaciones, porque en ocasiones sólo son tocamientos y en otras sí hay penetración, pero en todos los casos ellos firman y se comprometen a no hacer pública la negociación y olvidarse del sacerdote pederasta.

En la entrevista se les cuestiona cómo operan estos negociadores frente a los padres de menores víctimas, que en su mayoría son hombres, para convencerlos. Revelan: “a ellos se les explican los beneficios de los acuerdos, como son el evitar la burocracia con las autoridades civiles, porque estas someterán a sus hijos a una revisión médica y en ocasiones los pueden volver a lastimar. Además, el proceso jurídico puede llevar años, para enfrentarlo deben contratar a un abogado, con el riesgo de perder”.

También “se les advierte del costo psicológico que puede afectar al menor” de tal forma que los padres optan por un arreglo rápido, y evitar así un mayor sufrimiento para sus hijos.

Estas “negociaciones espirituales” son oportunas si las acusaciones se presentan poco tiempo después de haberse cometido el abuso sexual, porque se evita la denuncia civil y el escándalo.

A las acusaciones del pasado, los obispos le dan un trato diferente, si ocurrieron muchos años atrás, desechan atenderlas, porque consideran que ya prescribió el delito.

En la mayoría de los casos, los padres de las víctimas demandan el retiro del clérigo abusador, decisión que solo le corresponde al obispo, quien debe iniciar el proceso eclesiástico para dimitirlo. Éste no siempre se realiza, porque sin parte acusadora se evita el trámite administrativo ante el Vaticano.

La petición de la dimisión fue solicitada en el caso de Luis Fletes Santana, protegido del cardenal Norberto Rivera Carrera, en las negociaciones que se realizaron en el 2004, y justificó su ausencia al difundir que se había retirado a una experiencia monástica en el centro de Italia, según las fuentes consultadas.

Aún con acusaciones en contra de Fletes, el cardenal Norberto Rivera decidió no iniciar un proceso eclesiástico, ni jurídico y lo envió a un monasterio al norte de Italia.

Tiempo después regresó a la Arquidiócesis de México, con su aceptación, el cardenal rompió el pacto establecido y lo premió al nombrarlo responsable de la Pastoral de Laicos. A finales del 2005 y principios del 2006, Fletes Santana misteriosamente volvió a desaparecer de las ceremonias religiosas públicas.

Pero reapareció en abril de 2007 en las exequias del obispo Ramón Godínez de Aguascalientes, ya revestido para participar en la misa que sería celebrada, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez lo increpó. Cuestionó su presencia y a empujones lo sacó de la catedral, porque no merecía estar ahí. Ésta es la última vez que se presentó en público ante obispos.

Sin explicación, su nombre fue borrado del directorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en su edición impresa de 2009 ya no existe Luis Fletes Santana como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México.

Ya sin permiso para oficiar misa, ese hombre culto a quien en alguna ocasión se mencionara como sucesor de Rivera Carrera, presidia ceremonias religiosas en el templo de Los Remedios, ubicado en Naucalpan, Estado de México, donde lo encubría su amigo el entonces rector Miguel Ángel Corona, quien actualmente se encuentra suspendido del ministerio sacerdotal por tener pareja e hijos.

Sobre el caso de Fletes Santana, el cardenal Norberto Rivera Carrera y su equipo siempre ocultaron información, ni siquiera se menciona en la lista de 2017 donde dan a conocer los nombres de sacerdotes pederastas que fueron retirados de su ministerio.

En México, estas “negociaciones espirituales” son secretas, pero en 2004 se conoció públicamente que el obispo Raúl Vera López de Saltillo, ante notario estableció un acuerdo con padres de víctimas de dos sacerdotes acusados de abuso sexual.

Entonces señaló “Yo fui parte del proceso jurídico eclesiástico de esos dos casos de personas que ya no son sacerdotes. Los abogados me hicieron ver la diferencia entre lo eclesiástico y lo judicial. Ellos me ubicaron para que no me fuera a equivocar”.

En el año 2014, se negó a dar a conocer el nombre de los sacerdotes porque dijo que se había comprometido ante notario a no hacerlo, por respeto a los familiares de los curas involucrados. Para 2017, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE) afirmó que el obispo al no proporcionar los nombres de los sacerdotes les dio oportunidad para desaparecer y evadir la justicia.

Los “negociadores” que en los últimos años han llevado un poco más de 70 casos, señalan que de esas “negociaciones espirituales” se entregan copias a las diócesis y éstas deberían estar integradas en expedientes en sus archivos. Pero también “las pueden destruir”, ya que el obispo es quien toma la decisión.

Los archivos son claves para revelar la problemática, por eso la Conferencia del Episcopado Mexicano les solicitó a las diócesis revisar por lo menos los últimos nueve años.

En esta revisión del pasado, los obispos y arzobispos podrían enfrentarse a problemas, como el no encontrar expedientes o documentos importantes para hacer un informe real. Tal y como lo reveló el cardenal Reinhard Marx de Alemania, en la diócesis de ese país se detectó que fueron destruidos documentos importantes de acusaciones y procesos de casos de sacerdotes acusados de abuso sexual de menores.

Pero para algunos casos graves que se enviaron al Vaticano, la información se podrá obtener a través de la nunciatura, de la Congregación para la Doctrina de la Fe o de la Congregación para el Clero, a menos que el encubrimiento alcance esas altas esferas clericales y por corrupción no se encuentren los documentos oficiales ni en esos archivos.

En entrevista con Newsweek México, estos “negociadores”, que prefieren el anonimato, comentan que ante la presión del papa Francisco por erradicar el abuso sexual de clérigos a menores, algunos obispos mexicanos que desestimaron esas denuncias, actualmente los buscan para solucionar el problema, que el pontífice lo ha calificado como una “plaga” dentro de la Iglesia católica. Esto significa que aún no están dispuestos a entregar a sus “hijos” a las autoridades civiles.

En México en los últimos años se han presentado denuncias de abusos sexuales a menores por clérigos en 23 estados, pero se desconoce el número de casos y de víctimas, la mayoría de los obispos no consideraban éste tema como prioritario y no han realizado una revisión de archivos.

Tan sólo la nunciatura apostólica tiene registrados 157 casos de sacerdotes acusados de pederastas en los últimos nueve años, cuyos expedientes fueron enviados al Vaticano y que fueron dimitidos del ministerio sacerdotal.

Aún no hay cifra oficial de los casos en México, pero la Conferencia del Episcopado Mexicano se comprometió a informarla próximamente, además de cuántos sacerdotes siguieron un proceso con la autoridad civil de 2010 a 2018. Los nombres de los sacerdotes involucrados no se darán a conocer, a diferencia de Estados Unidos, Alemania o Chile.

Al encuentro en el Vaticano asistieron 190 obispos, arzobispos y cardenales.  El arzobispo Charles Scicluna secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe advirtió que deben respetar las leyes civiles en todos los casos y enfrentar los terribles efectos de la mala conducta de algunos sacerdotes.

También se les recordó que un obispo o superior “puede ser removido legítimamente de su cargo, si por negligencia, ha colocado u omitido actos que han causado un daño grave a otros, ya sean personas físicas o si se trata de una comunidad en su conjunto. El daño puede ser físico, moral, espiritual o patrimonial”, según lo establece el papa Francisco en Como una Madre Amorosa, papa Francisco 2016.

En su participación el cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, destacó que “no hay ninguna justificación posible para no denunciar, para no desenmascarar, para no enfrentar con valor y contundencia cualquier abuso que se presente al interior de nuestra Iglesia” cualquier negligencia “nos puede acarrear penas canónicas, incluso la remoción del ministerio y penas civiles que pueden llegar hasta ser condenados a prisión por encubrimiento o complicidad”.

En los ocho puntos finales que dio a conocer Jorge Mario Bergoglio al concluir el encuentro destaca “Seriedad impecable… la Iglesia nunca intentara encubrir o subestimar ningún caso”.

Ya se verá con el tiempo si habrá justicia.

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Defensores de pederastas: así encubren los pecados de la Iglesia católica en México

MEXICO CITY (MEXICO)
Newsweek [New York NY]

March 11, 2019

By Eugenia Jiménez Caliz

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Mientras el papa Francisco hace un llamado urgente para llevar a la justicia los casos de pederastia, la jerarquía católica mexicana contrata negociadores para que lleguen a arreglos extrajudiciales entre víctimas y sacerdotes. Los responsables de los arreglos y personas cercanas a la Iglesia católica explican a Newsweek México cómo operan.

En 2003 en la Catedral Metropolitana, Luis Fletes Santana -entonces obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México- resumía así su apoyo a quienes cometían delitos: “a persona muy degradada en su conducta se le debe dar la oportunidad y apoyo para que se supere, no es cosa de que vamos a empezar a deshacer la sociedad y que solamente queden los buenos”.

Y como si esas palabras hubieran sido un presagio, poco después el mismo obispo recibió esa “oportunidad” que pedía para personas “muy degradadas”. Evadió un proceso penal por abuso de menores gracias a un arreglo extrajudicial.

No fue el único que logró salvarse. A esas “negociaciones espirituales” recurre constantemente la jerarquía católica para evitar que sus “hijos”, como ellos llaman a los sacerdotes, sean procesados por las autoridades civiles cuando son acusados de abuso sexual a menores.

Estas negociaciones se realizan en la mayoría de los casos en las oficinas eclesiásticas e intervienen obispos y cardenales.

Pero para Luis Fletes el trato fue especial. No era un sacerdote común, era un obispo, así que los acuerdos se realizaron en oficinas del gobierno federal, revelan a Newsweek México fuentes cercanas a la jerarquía católica, quienes conocieron de cerca el caso.

Del 21 al 24 de febrero pasado, en la Ciudad del Vaticano se realizó el encuentro sobre protección a menores en la Iglesia, convocado y presidido por el papa Francisco. Ahí se trazó la ruta a para prevenir y atender los casos de abusos sexuales a menores por clérigos. En el marco de este encuentro se dieron cita víctimas de pederastia clerical, organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas que han sufrido abuso y abogados que representan a los sacerdotes.

Durante las jornadas de trabajo se insistió en la creación de un código de conducta para saber cómo proceder en momentos crisis, como si no existiera ya la norma para los obispos, la cual señala que, al recibir las acusaciones de abusos, deben de iniciar una investigación y denunciar ante las autoridades civiles.

En 2001 se publicó el Motu Proprio Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST), que promulga la Norma sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe y se añade el abuso sexual a menores cometido por un diácono, un sacerdote o un obispo como un delito grave.

En su artículo 6.1 señala que “el clérigo […] debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición”.

Las normas se actualizaron en 2010 por Benedicto XVI para incluir, además del abuso, la “adquisición, posesión o distribución de pornografía infantil” entre los delitos más graves.

Las organizaciones civiles y las víctimas de la pederastia se mostraron decepcionadas de los resultados del encuentro entre los obispos y el Papa, pues de acuerdo con Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, y Cristina Sada, activista contra el abuso sexual, no hubo avances en cuanto a transparencia, pues no se quiere dar a conocer la lista de los sacerdotes abusadores, ni tampoco el seguimiento legal que se ha dado, si es que lo ha habido, ni si están en prisión o en libertad.

Al cierre de esta edición, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que han sido retirados del sacerdocio 157 sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores en los últimos nueve años, datos proporcionados por la Nunciatura apostólica. Además, actualmente se tiene a 101 sacerdotes acusados de este delito en procesos penales ante autoridades civiles, según datos de 64 diócesis.

El presidente de la CEM, el arzobispo Rogelio Cabrera declaró que desconocía los nombres de los sacerdotes involucrados en estos abusos, porque las diócesis no tienen obligación de proporcionar al Episcopado esa información por ser autónomas y solo rendirle cuentas al Papa.

Los acuerdos sin justicia

En el marco de este encuentro, Newsweek México habló con personas cercanas a la jerarquía católica para conocer cómo se dan los arreglos extrajudiciales entre sacerdotes y víctimas en México. Además, habló con negociadores que instruyen a los sacerdotes y obispos sobre cómo lograr una salida rápida para que el asunto quede zanjado sin necesidad de denuncia penal.

De acuerdo con las personas entrevistadas, en México obispos y superiores de congregaciones, aún después de los llamados del Papa, no acatan al cien por ciento la normatividad vaticana y prefieren negociar con los padres de las víctimas para evitar un escándalo eclesial.

Tan sólo en México, se calcula que de cada 10 acusaciones por ese delito que se presentan ante la jerarquía católica, sólo dos o tres son presentadas ante los ministerios públicos. La mayoría de los padres de las víctimas prefieren una negociación que enfrentarse a la autoridad eclesiástica, favorecida la mayoría de las veces por las autoridades civiles, quienes se han encargado de amedrentar a los denunciantes o demorar sus procesos judiciales, explican los entrevistados por Newsweek México.

Con estos acuerdos privados, algunos ante notario, los obispos y superiores de congregaciones entran en desacato con las normas eclesiásticas, las cuales establecen que la jerarquía católica debe denunciar ante las autoridades civiles y eclesiásticas los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.

Y bajo el velo del encubrimiento, se dan a la tarea de buscar a personas de su confianza, los denominados “intermediarios”, para negociar con las familias y disfrazar así su participación en esos acuerdos. De esta forma evaden una posible acusación ante el Vaticano por no denunciar al clérigo abusador.

Los representantes de la Iglesia, los que negocian, son hábiles y anteponen la fe de los denunciantes para iniciar las negociaciones, su razonamiento es “si los familiares de las víctimas acuden a la Iglesia en primera instancia, es porque aún creen en esta” y lo consideran un punto a su favor, porque el diálogo se puede iniciar.

Un arreglo en las primeras reuniones es vital –cuentan— porque, en la mayoría de los casos, los padres de familia que acusan van sin abogado “es decir de buena fe y de esta forma es más fácil entablar un diálogo” y desanimarlos de acudir a las instancias judiciales.

Estos “negociadores” son los que aconsejan a los obispos cómo debe ser el acuerdo económico, la oferta del monto y en una sola exhibición, a fin de evitar que los padres de familia se arrepientan o que las diócesis en un futuro ya no respeten el pacto, que “todo se finiquite y no tengan motivo de volverse a reunir”.

La pregunta aquí es en cuánto valora la jerarquía católica mexicana el daño por un abuso sexual a menores. La respuesta de los “negociadores” es rápida: “depende de la familia, lo menos que se ha llegado a pagar son 20 mil pesos y lo máximo 300 mil”. También, explican, es de acuerdo a la gravedad de las acusaciones, porque en ocasiones sólo son tocamientos y en otras sí hay penetración, pero en todos los casos ellos firman y se comprometen a no hacer pública la negociación y olvidarse del sacerdote pederasta.

En la entrevista se les cuestiona cómo operan estos negociadores frente a los padres de menores víctimas, que en su mayoría son hombres, para convencerlos. Revelan: “a ellos se les explican los beneficios de los acuerdos, como son el evitar la burocracia con las autoridades civiles, porque estas someterán a sus hijos a una revisión médica y en ocasiones los pueden volver a lastimar. Además, el proceso jurídico puede llevar años, para enfrentarlo deben contratar a un abogado, con el riesgo de perder”.

También “se les advierte del costo psicológico que puede afectar al menor” de tal forma que los padres optan por un arreglo rápido, y evitar así un mayor sufrimiento para sus hijos.

Estas “negociaciones espirituales” son oportunas si las acusaciones se presentan poco tiempo después de haberse cometido el abuso sexual, porque se evita la denuncia civil y el escándalo.

A las acusaciones del pasado, los obispos le dan un trato diferente, si ocurrieron muchos años atrás, desechan atenderlas, porque consideran que ya prescribió el delito.

En la mayoría de los casos, los padres de las víctimas demandan el retiro del clérigo abusador, decisión que solo le corresponde al obispo, quien debe iniciar el proceso eclesiástico para dimitirlo. Éste no siempre se realiza, porque sin parte acusadora se evita el trámite administrativo ante el Vaticano.

La petición de la dimisión fue solicitada en el caso de Luis Fletes Santana, protegido del cardenal Norberto Rivera Carrera, en las negociaciones que se realizaron en el 2004, y justificó su ausencia al difundir que se había retirado a una experiencia monástica en el centro de Italia, según las fuentes consultadas.

Aún con acusaciones en contra de Fletes, el cardenal Norberto Rivera decidió no iniciar un proceso eclesiástico, ni jurídico y lo envió a un monasterio al norte de Italia.

Tiempo después regresó a la Arquidiócesis de México, con su aceptación, el cardenal rompió el pacto establecido y lo premió al nombrarlo responsable de la Pastoral de Laicos. A finales del 2005 y principios del 2006, Fletes Santana misteriosamente volvió a desaparecer de las ceremonias religiosas públicas.

Pero reapareció en abril de 2007 en las exequias del obispo Ramón Godínez de Aguascalientes, ya revestido para participar en la misa que sería celebrada, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez lo increpó. Cuestionó su presencia y a empujones lo sacó de la catedral, porque no merecía estar ahí. Ésta es la última vez que se presentó en público ante obispos.

Sin explicación, su nombre fue borrado del directorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en su edición impresa de 2009 ya no existe Luis Fletes Santana como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México.

Ya sin permiso para oficiar misa, ese hombre culto a quien en alguna ocasión se mencionara como sucesor de Rivera Carrera, presidia ceremonias religiosas en el templo de Los Remedios, ubicado en Naucalpan, Estado de México, donde lo encubría su amigo el entonces rector Miguel Ángel Corona, quien actualmente se encuentra suspendido del ministerio sacerdotal por tener pareja e hijos.

Sobre el caso de Fletes Santana, el cardenal Norberto Rivera Carrera y su equipo siempre ocultaron información, ni siquiera se menciona en la lista de 2017 donde dan a conocer los nombres de sacerdotes pederastas que fueron retirados de su ministerio.

En México, estas “negociaciones espirituales” son secretas, pero en 2004 se conoció públicamente que el obispo Raúl Vera López de Saltillo, ante notario estableció un acuerdo con padres de víctimas de dos sacerdotes acusados de abuso sexual.

Entonces señaló “Yo fui parte del proceso jurídico eclesiástico de esos dos casos de personas que ya no son sacerdotes. Los abogados me hicieron ver la diferencia entre lo eclesiástico y lo judicial. Ellos me ubicaron para que no me fuera a equivocar”.

En el año 2014, se negó a dar a conocer el nombre de los sacerdotes porque dijo que se había comprometido ante notario a no hacerlo, por respeto a los familiares de los curas involucrados. Para 2017, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE) afirmó que el obispo al no proporcionar los nombres de los sacerdotes les dio oportunidad para desaparecer y evadir la justicia.

Los “negociadores” que en los últimos años han llevado un poco más de 70 casos, señalan que de esas “negociaciones espirituales” se entregan copias a las diócesis y éstas deberían estar integradas en expedientes en sus archivos. Pero también “las pueden destruir”, ya que el obispo es quien toma la decisión.

Los archivos son claves para revelar la problemática, por eso la Conferencia del Episcopado Mexicano les solicitó a las diócesis revisar por lo menos los últimos nueve años.

En esta revisión del pasado, los obispos y arzobispos podrían enfrentarse a problemas, como el no encontrar expedientes o documentos importantes para hacer un informe real. Tal y como lo reveló el cardenal Reinhard Marx de Alemania, en la diócesis de ese país se detectó que fueron destruidos documentos importantes de acusaciones y procesos de casos de sacerdotes acusados de abuso sexual de menores.

Pero para algunos casos graves que se enviaron al Vaticano, la información se podrá obtener a través de la nunciatura, de la Congregación para la Doctrina de la Fe o de la Congregación para el Clero, a menos que el encubrimiento alcance esas altas esferas clericales y por corrupción no se encuentren los documentos oficiales ni en esos archivos.

En entrevista con Newsweek México, estos “negociadores”, que prefieren el anonimato, comentan que ante la presión del papa Francisco por erradicar el abuso sexual de clérigos a menores, algunos obispos mexicanos que desestimaron esas denuncias, actualmente los buscan para solucionar el problema, que el pontífice lo ha calificado como una “plaga” dentro de la Iglesia católica. Esto significa que aún no están dispuestos a entregar a sus “hijos” a las autoridades civiles.

En México en los últimos años se han presentado denuncias de abusos sexuales a menores por clérigos en 23 estados, pero se desconoce el número de casos y de víctimas, la mayoría de los obispos no consideraban éste tema como prioritario y no han realizado una revisión de archivos.

Tan sólo la nunciatura apostólica tiene registrados 157 casos de sacerdotes acusados de pederastas en los últimos nueve años, cuyos expedientes fueron enviados al Vaticano y que fueron dimitidos del ministerio sacerdotal.

Aún no hay cifra oficial de los casos en México, pero la Conferencia del Episcopado Mexicano se comprometió a informarla próximamente, además de cuántos sacerdotes siguieron un proceso con la autoridad civil de 2010 a 2018. Los nombres de los sacerdotes involucrados no se darán a conocer, a diferencia de Estados Unidos, Alemania o Chile.

Al encuentro en el Vaticano asistieron 190 obispos, arzobispos y cardenales.  El arzobispo Charles Scicluna secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe advirtió que deben respetar las leyes civiles en todos los casos y enfrentar los terribles efectos de la mala conducta de algunos sacerdotes.

También se les recordó que un obispo o superior “puede ser removido legítimamente de su cargo, si por negligencia, ha colocado u omitido actos que han causado un daño grave a otros, ya sean personas físicas o si se trata de una comunidad en su conjunto. El daño puede ser físico, moral, espiritual o patrimonial”, según lo establece el papa Francisco en Como una Madre Amorosa, papa Francisco 2016.

En su participación el cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, destacó que “no hay ninguna justificación posible para no denunciar, para no desenmascarar, para no enfrentar con valor y contundencia cualquier abuso que se presente al interior de nuestra Iglesia” cualquier negligencia “nos puede acarrear penas canónicas, incluso la remoción del ministerio y penas civiles que pueden llegar hasta ser condenados a prisión por encubrimiento o complicidad”.

En los ocho puntos finales que dio a conocer Jorge Mario Bergoglio al concluir el encuentro destaca “Seriedad impecable… la Iglesia nunca intentara encubrir o subestimar ningún caso”.

Ya se verá con el tiempo si habrá justicia.

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Refuerza Iglesia acciones para evitar la pederastia

DURANGO (MEXICO)
El Sol de la Laguna [Torreón Coahuila, Mexico]

March 11, 2019

By Beatriz A. Silva Mondragón

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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) anunció las primeras medidas para encarar los casos de pederastia clerical

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) anunció las primeras medidas para encarar los casos de pederastia clerical, luego de una reunión del Consejo de Presidencia con el Papa Francisco.

El padre Ignacio Mendoza Wong, vocero de la Diócesis de Torreón, indicó que “esto se dio tras el encuentro celebrado en el Vaticano; los obispos mexicanos reconocieron que no es suficiente pedir perdón, es necesario un cambio de perspectiva. Para ello, su primera estrategia será situarnos en favor de las víctimas”.

Ello implica poner a los afectados en primer lugar, escucharlos, comprenderlos, así como promover que en las diócesis se lleven a cabo los procesos de denuncia civil, ofreciendo toda la cooperación eclesial para colaborar con la autoridad ministerial.

La segunda medida es la formación de sacerdotes. Ello, a fin de lograr una vivencia plena de su vocación, y de evitar tener clérigos que sean o representen un riesgo para los menores y para las personas vulnerables.

Finalmente, en respuesta a la instrucción del Papa Francisco de reforzar y verificar las directrices de las conferencias episcopales elevándolas a un rango normativo y no únicamente indicativo, a la CEM le corresponderá apoyar, supervisar y verificar en cada una de las diócesis el cumplimiento de los procedimientos canónicos establecidos y del protocolo de aplicación civil, conforme a la legislación sustantiva y adjetiva penal de los diferentes estados de la República.

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March 9, 2019

JOSE GASPAR: New bishop: A changing of the guard at the Diocese of Fresno

GUADALAJARA (MEXICO)
Bakersfield Californian (Bakersfield.com)

March 9, 2019

By Jose Gaspar For The Californian

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The Diocese of Fresno failed to do its due diligence investigating a case of alleged sexual abuse of a minor by Father Miguel Flores in 2002, said Bishop Armando Ochoa in an interview with Norma Gaspar of Telemundo Bakersfield earlier this week. Flores was put on paid leave from his pastoral duties at St. Joseph Church in Bakersfield on April 28 while the Diocese revisits the 17-year-old case.

In 2002, Flores was accused of raping and threatening a 16-year-old San Joaquin girl who worked as his office assistant in two churches in Kings County. According to press accounts of the trial, Flores bought the girl a 2002 Ford Mustang GT, a cellular phone, jewelry and clothing as an act of kindness. Flores’ attorney maintained the case was about trying to extort more money from the priest, who comes from a wealthy background. A jury acquitted Flores of three counts of forcible rape, three counts of statutory rape, dissuading a witness and criminal threat charges. Flores was allowed to return to active ministry the next year by then Fresno Bishop John Steinbock.

But while the case was investigated and prosecuted by police, Bishop Ochoa said the Diocese failed to do its own investigation for possible violations of Church canon law.

“He was acquitted, but under canon law something like this is a crime, an abuse of a minor. We need to investigate and speak with the victim,” said Ochoa who added that the Diocese has been in touch with the Kings County District Attorney’s office.

“I wasn’t here at that time, (in 2002) and with all that’s been happening everywhere, we need to search for truth in all cases,” said Ochoa. Perhaps the only man who can answer why the Diocese did not do an internal investigation is the late Bishop John Steinbock who died in 2010.

According to Kings County District Attorney Keith Fagundes, Flores cannot be retried on the charges for which he has already been acquitted as that would constitute double jeopardy. Fagundes said he could neither confirm nor deny his office is investigating Fr. Flores. However, depending on what new evidence may turn up during a new investigation, “There are other possibilities in theory that can be allowed for possible prosecution, ” said Fagundes in a telephone interview.

Even if a new investigation finds no criminal charges to be applicable to Fr. Flores, the church can still take other action. Bishop Ochoa compares it with the case of former US Cardinal Theodore McCarrick. Just last month, a church tribunal investigation found evidence McCarrick had sexually molested a minor altar boy almost 50-years-ago. He was defrocked and expelled from the priesthood for sex abuse.

“He lost his priesthood precisely because of a church investigation,” said Ochoa. “I’m not saying that is the case here, but we have to investigate it.”

I must admit I was sort of puzzled by the original letter released by the Diocese informing parishioners at St. Joseph church that Fr. Flores was being put on leave. The letter reads in part, “This action follows a report of very serious matters that warrant a formal investigation. The issues being addressed include an allegation of sexual abuse of a minor.”

The letter did not mention it was about the 2002 case. Teresa Dominguez, chancellor for the diocese, said there are no new alleged victims coming forward. In an email, Dominguez wrote, “The diocesan investigation was initiated in response to a third party disclosure related to the 2002 case. Law enforcement was contacted immediately and will be informed of the outcome of the diocesan investigation.”

Parishioners at St. Joseph were visibly shaken when given the news about Fr. Flores. “I cried, my heart is in pieces,” said Sylvia Vargas, a 25-year member of St. Joseph. “I love Father Miguel, he’s like a brother to me and my children,” she told me outside St. Joseph church after mass. Vargas said she didn’t know all the facts and would pray for both Flores and the victim.

Flores has been incommunicado since being put on leave. “He’s still in shock, as all of us are,” said Bishop Ochoa. “This actually is a very difficult thing, he’s been a priest for 25 years.” Difficult as it may be, Bishop Ochoa maintains a re-examination of the case is necessary. “The church says, ‘No, this is not right.’ We have to investigate for the well being of all,” he said.

The Rev. Joseph V. Brennan is the new incoming Bishop of the Diocese of Fresno who will take over the reins when Ochoa officially retires on May 2. Brennan acknowledged the sex abuse crisis facing the Catholic church and in the Fresno diocese. “We must encourage people to speak out against abuse (by priests),” he said. “Trust needs to be earned, it’s never really deserved.”

Currently there are four priests in the diocese on administrative leave pending ongoing investigations of sex abuse, including Fr. Miguel Flores.

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March 8, 2019

Expulsaron a sacerdote por pederasta en una iglesia de Tijuana

TIJUANA (MEXICO)
PSN Noticias [Tijuana, Baja California, Mexico]

March 8, 2019

By Redacción

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El Pbro. Felipe René Tlayeca Soledad fue expulsado de la Iglesia Príncipe de la Paz tras las acusaciones de pederastía por ordenes del Vaticano de Roma.

La Arquidiócedes Metropolitana de Tijuana lo puso en estado laico, lo cual significa que no podrá ejercer el oficio de sacerdote nuevamente, a pesar de las acusaciones todavía no existe un a orden en contra del padre.

Hay dos curas suspendidos por las mismas acusaciones sin un veredicto de parte de las autoridades, Enrique Tenorio Pérez y Juan Carlos Ackerman, ambos ya tienen denuncias en el ministerio público pero el arzobispo Francisco Moreno, no ha presentado declaraciones al respecto.

Fuente de Agencias

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#Exclusiva: Detrás de la sotana: 7 obispos mexicanos investigados por la Santa Sede

MEXICO CITY (MEXICO)
Noticias en la Mira [Ciudad de México, Mexico]

March 8, 2019

By Redacción

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Uno de los más notorios es el caso de Luis Fletes Santana, denunciado por abuso sexual a menores y amparado por Norberto Rivera

Bajo el denominado “secreto pontificio” se encubrieron por años cientos de casos de pederastia y malas conductas al interior de la iglesia católica mexicana. De estos, en un hecho sin precedentes, el pasado 5 de marzo la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció que en los últimos nueve años, al menos 157 sacerdotes han sido retirados por cometer abuso sexual contra menores y que hay 101 casos de religiosos a quienes se les sigue un proceso ministerial.

En este halo de secretismo que envuelve a la curia católica, se esconden siete casos de obispos mexicanos, acusados de pederastia o de falta a sus votos y responsabilidades.

Fuentes cercanas al tema afirman que los expedientes que dan cuenta de estos delitos fueron enviados a la Nunciatura Apostólica, quien recibió las denuncias hace varios años sin darles respuesta, por eso llegaron a manos de la Pontificia Congregación para la Doctrina de la Fe.

Todos los casos fueron del conocimiento de la administración pasada, donde el encargado de darles seguimiento era el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien no implementó acciones para frenar los abusos.

Gracias a esta inoperancia, ahora el CEM afirma que desconoce el paradero de los 157 sacerdotes que han sido suspendidos de 2010 a la fecha, ya que una vez presentada la denuncia correspondiente, los casos son competencia de las autoridades civiles.

Un pederasta en la Arquidiócesis Primada

Al parecer con la intención de evitar un escándalo, dos de estos casos fueron ignorados por el Vaticano debido a que los jerarcas católicos involucrados, estaban cercanos a cumplir 75 años de edad, y presentarían sus renuncias en menos de un año. Tres casos más se analizan en la Santa Sede y obligaron a visitadores de la Congregación para la Doctrina de la Fe a viajar a México para sostener diversas entrevistas con personas de las arquidiócesis y diócesis involucradas.

Uno de los más notorios es el caso de Luis Fletes Santana, obispo auxiliar de la Ciudad de México, quien fue denunciado ante el entonces todopoderoso cardenal Norberto Rivera, por abuso sexual a menores.

De acuerdo con testimonios anónimos, Rivera se reunió con familiares de los afectados y en un “arreglo de palabra” realizado en una de las subsecretarías del Gobierno, se acordó que se Fletes Santana se iría de México a cambio de no iniciar un juicio penal.

En 2004, Rivera cumplió en parte su promesa, el obispo auxiliar Fletes fue enviado a Roma a un monasterio, según informó la Arquidiócesis de México aunque sin dar a conocer las causas reales del viaje. Dos años después, el cardenal decidió que era hora de que regresara y lo nombró encargado del Secretariado para los Laicos.

Para explicar su ausencia, el semanario del Arzobispado, Desde la Fe, lo entrevistó, y en una nota titulada “De obispo a monje y de monje a obispo”, Fletes afirmó que su salida de México en 2004 fue porque solicitó permiso al cardenal Rivera Carrera para tomar su año sabático.

Yo decía: ’Dios me escogió para ser obispo y también me ofreció un año para acercarme aún más a Él’. Fue como un espaldarazo para seguir trabajando en su nombre”, indicó en su entrevista con el semanario.

En ese entonces (2006), una denuncia contra Rivera Carrera por “conspiración a la pederastia”, presentada en la Corte Superior de California por el joven Joaquín Aguilar, -quien acusó al sacerdote Nicolás Aguilar de abuso sexual cuando tenía solo 12 años-, revivió el temor de una demanda pública de las víctimas de Fletes.

Ante esto se le habría aconsejado al purpurado que lo más prudente era retirar un tiempo a Luis Fletes de la Arquidiócesis. La recomendación fue aceptada, y lo alejaron de la Iglesia mexicana, quien se limitó a informar por medio del Secretariado, que el aludido se había retirado a la vida de meditación en un monasterio, retirado y por ende había dejado de ser obispo auxiliar.

Así dejó de pertenecer al alto clero de la Arquidiócesis de México.

José Fernández Arteaga

“Autoritarismo enfermo basado en la obsesión del poder, no en el servicio, ni en la corresponsabilidad”, así denunciaron sacerdotes el carácter de José Fernández Arteaga, actual arzobispo emérito de Chihuahua.

Este es otro de los casos que investiga la Santa Sede, el de Arteaga, quien cuenta con 85 años actualmente y aunque las denuncias sobre su descuido pastoral se conocen desde 1997, nunca se actuó en su contra.

Los errores del arzobispo se detallan en el libro JFA elaborado por un grupo de sacerdotes en 2002. Criticaban su falta de espiritualidad, así como de humildad, de servicialidad y de pobreza evangélica, pues, sostenían que “su estilo de vida fastuoso y su inclinación a los que tienen el poder político y económico hacen que se le perciba alejado del pueblo”.

El 13 de julio de 1998 una comisión integrada por cinco sacerdotes le entregaron una carta al entonces nuncio apostólico Justo Mullor, en la Ciudad de México, reiterando la misiva dos años después, sin recibir respuesta.

Se fue Mullor en 2000 y así llegó Leonardo Sandri, y después Giuseppe Bertello. En vano fue el nuevo intento de denunciar las anomalías que observaban en la diócesis, al pedir que se revisaran los expedientes, y fueron ignorados una vez más.

Al no tener respuesta, el grupo de sacerdotes decidieron asesorarse y enviar el expediente integrado por diversos testimonios al Vaticano, a la Santa Sede.

Diversos medios locales documentaron las acusaciones contra Fernández Arteaga tras entrevistas a sacerdotes locales: Protección a curas pederastas y a los que violan los votos del celibato; administración de millones de pesos provenientes de diezmos y limosnas sin rendir cuentas; proselitismo entusiasta a favor de los candidatos del PRI, y trato despótico a la feligresía, así se las gastaba el protegido del cardenal Girolamo Prigione.

En 2008, Fernández Arteaga presentó su renuncia al entonces encargado del Vaticano, el Papa Benedicto XVI, y se convirtió en arzobispo emérito, cargo que ostenta hasta la actualidad.

El caso Tulancingo

Un tercer caso es el de Pedro Arandadíaz Muñoz, el primer hombre que dirigió la Arquidiócesis de Tulancingo y que falleció en noviembre pasado a la edad de 85 años. Fue conocido por su estrecha relación con los gobiernos priistas.

En 2007, el arzobispo cumplía tres años con problemas digestivos que habían afectado su riñón, una situación que lo obligó a encargar el trabajo pastoral a otros sacerdotes.

De acuerdo con las denuncias, las investigación de la Santa Sede en su contra se iniciaron por falta de gobernabilidad en la entonces diócesis de Tulancingo, elevada a arquidiócesis en noviembre de 2006.

“Mal comportamiento moral”

Otro escándalo al interior de la iglesia que habría sido encubierto por el “secreto pontificio” fue el del obispo de Celaya, Jesús Humberto Velásquez Garay, quien en el 2003, a sus 63 años de edad, fue retirado de la diócesis, 12 años antes de la edad de jubilación.

Las denuncias por su “mal comportamiento moral” (homosexualidad) habrían llegado a oídos de la Santa Sede, y aunque fue integrado un expediente y se le hizo un llamamiento desde la nunciatura para corregir su vida personal.

Finalmente en julio de 2003 el papa Juan Pablo II recibió su dimisión al gobierno pastoral de la diócesis de Celaya; falleció diez años después.

En diciembre de 2006, al obispo de Zamora, Carlos Suárez Cázares le fue solicitada su renuncia por el Papa Benedicto XVI.

Dicha dimisión fue en conformidad con el canon 401 apartado 2 del Código de Derecho Canónico que a la letra establece: “Se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo”.

La causa fue que el tenía una mujer con sus hijos, según reportó la prensa en aquella época.

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March 7, 2019

EXPULSAN A SACERDOTE DE IGLESIA DE TIJUANA POR PEDERASTIA

TIJUANA (MEXICO)
En Línea BC [Tijuana, Baja California, Mexico]

March 7, 2019

By Sergio Anzures-Chavarin

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AJEDREZ POLÍTICO

*EXPULSAN A SACERDOTE DE IGLESIA DE TIJUANA POR PEDERASTIA

*SIGUEN DOS CURAS SUSPENDIDOS

Por acusaciones de pederastia en la iglesia de Tijuana, hay un sacerdote que fue reducido a estado laical; es decir, jamás podrá ejercer el presbiterio, en tanto, siguen suspendidos temporalmente dos curas, mientras se decide su situación por parte de la Arquidiócesis Local.


René Tlayeca fue párroco de la iglesia Príncipe de la Paz de esta ciudad, a quien se le acusó de pederastia, por lo que hace más de un año, por orden del Vaticano en Roma, la Arquidiócesis Metropolitana de Tijuana lo redujo a estado laico, quitándole sus derechos para ejercer el sacerdocio.


A pesar de las pruebas en su contra, el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barron, no presentó denuncia penal en contra del ex sacerdote René Tlayeca.


Enrique Tenorio Pérez, ex párroco de la iglesia de La Asunción en la colonia Las Huertas, primero sección, y de la parroquia San Martín Caballero en Las Villas, tiene cuatro años suspendido en espera que la Santa Sede o la Arquidiócesis decida su situación.


Si lo exoneran o se le suspenden sus derechos, jamás podrá ejercer el sacerdocio; al padre Enrique Tenorio se le interpuso una denuncia penal en la Procuraduría de Justicia del Estado, pero se asegura que el expediente fue archivada por petición de la Arquidiócesis de Tijuana.


Enrique Tenorio fue acusado en el 2012 junto con otros padres de Tijuana de pederastia, por el ex rector del Seminario Mayor, Eduardo Ortiz. En el 2014 el Vaticano ordenó la investigación y separación de los sacerdotes.
Entre ellos, el italiano Danilo Pietro Zanini, de la parroquia San José, y el alemán Jeffrey David Newell Lambert de la Iglesia Nuestra Señora de La Encarnación, de Camino Verde, así como Benigno Medrano, de la iglesia Medalla Milagrosa, de la colonia Buena Vista.


A principios del 2016, Jeffrey David Newell y Benigno Medrano fueron exonerados por el entonces arzobispo Rafael Romo Muñoz; regresaron al sacerdocio.


El italiano Danilo Pietro Zanini fue exonerado por el actual arzobispo Francisco Moreno Barron.
A Moreno Barron le tocó suspender desde el año pasado al sacerdote Juan Carlos Ackerman Ayon, para investigación por señalamientos de pederastia.


Muchos sacerdotes se preguntan: ¿por qué Ackerman Ayon se presenta en programas de televisión como sacerdote si se encuentra suspendido? Por lo que aseguran que eso mancha más a la iglesia católica de Tijuana.
Las fuentes sacerdotales de la Arquidiócesis de Tijuana manifiestan que es momento de que el arzobispo Francisco Moreno, en las reuniones del consejo prebisterial, explique la situación de los dos sacerdotes suspendidos: los amigos Enrique Tenorio y Juan Carlos Ackerman.

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March 1, 2019

Liberaron en el 2016 a otro cura señalado de acoso

CHIHUAHUA (MEXICO)
El Heraldo de Juaréz [Ciudad Juaréz, Chihuahua, Mexico]

March 1, 2019

By Héctor Tovar

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Caso del sacerdote Aristeo Baca, no ha sido el único en la frontera 

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Luego de que el caso del padre Aristeo Trinidad Baca cobrara gran relevancia en la comunidad juarense, otro caso similar fue recordado en archivos periodísticos, donde en aquella ocasión, un Juez exonero al clérigo.

Se trata del padre Leopoldo Nevares Erives, investigado por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de la Mujer con el expediente 25355/2015 y a quien en un principio, el 2 de junio del 2018, el Juez Adalberto Contreras, otorgó la vinculación a proceso, tras la descarga de pruebas y evidencias en su contra.

En el expediente que estaba a cargo de la FEM, se indica que todo ocurrió el 8 de septiembre del 2015, en el templo Transfiguración del Señor, de la colonia Infonavit Aeropuerto, al ser señalado de haber manoseado a una mujer con esclerosis.

Pese a todo esto, el 15 de diciembre del 2016, otro magistrado de nombre Cesar Ramírez, hecho a bajo el auto de vinculación, otorgándole de manera casi inmediata la libertad al párroco, pero dejando entre abierta la posibilidad de que el Ministerio Público reaperturita otra carpeta en su contra.

Lamentablemente, hasta la fecha, no se ha ejercido acción penal en contra de Leopoldo Nevares y la Fiscalía Especializada de la Mujer se negó a otorgar información relacionada al expediente 25355/2015.

Silvia Nájera, vocera de la FEM, indicó que en los casos de violación y abuso sexual, los MPs son muy herméticos en dar a conocer cierta información, por lo que no se pudo conocer a detalle si se dio “carpetazo” o no, a la investigación.

En aquel entonces se trató de silenciar este hecho ya que para el 2016 se esperaba la visita del Papa Francisco a esta frontera, programada a mediados del mes de febrero y organizada por el gobierno estatal y municipal.

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February 22, 2019

Escándalo en México, cura abusó de seis niñas

DURANGO (MEXICO)
ANSA LATINA [Buenos Aires, Argentina]

February 22, 2019

By Redacción ANSA

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Estalla justo cuando se realiza cumbre vaticana sobre el tema

(ANSA) – CIUDAD DE MEXICO, 22 FEB – El caso de un sacerdote lasallista que abusó de al menos seis jóvenes estudiantes en el norte de México está “al rojo vivo” en ese país, justo cuando se lleva a cabo en la Santa Sede la histórica cumbre para combatir el abuso sexual contra menores por parte de religiosos.


El cura, identificado como Alejandro Gaxiola, es buscado en tres estados y se teme que haya salido del país, por lo cual se emitió una alerta migratoria para buscarlo en otros países.

El asunto sale a la luz luego que el lunes pasado un cura adscrito a una capilla de El Salto, estado norteño de Durango, fue arrestado por abusar en 2008 de un alumno del Seminario Menor en la Prelatura de El Salto.


El sacerdote fue de inmediato vinculado a proceso por el delito sexual y el juez autorizó la prisión preventiva para evitar que se dé a la fuga.


El tema de Gaxiola acapara la atención por cuanto las víctimas de abusos sexuales del presbítero, entonces encargado del Voluntariado Lasallista en El Salto, Durango, en el 2016, el mismo lugar donde se produjo el abuso del sacerdote recién detenido, han difundido testimonios sobre su comportamiento.


Las jóvenes dijeron que el “Hermano Alejandro”, como se le conocía, les hacía “tocamientos y les pedía quitarse la ropa”.


“Le teníamos muchísima confianza, era nuestro líder espiritual”, dijo Andrea, de 20 años, quien señaló que el lasallista la tocaba con el pretexto de darle masajes.


“Nos decía: lo hago sin morbo, no te preocupes. Y, aunque me sentía incómoda, lo aceptaba”, afirma. Otra joven víctima, identificada como Ana Sandoval, también de 20 años, dijo que a ella le pedía que se quitara la ropa presuntamente como “terapia” para su autoestima.


“Su función era guiarnos, pero ahora me doy cuenta que nos manipuló. Nos hacía sentir mal psicológicamente. Nos hacía sentir la peor escoria”, dijo.


Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se encuentra en Roma para la cumbre convocada por el Papa Francisco sobre la pedofilia, llamó a “buscar la verdad y la justicia” en el caso del sacerdote lasallista acusado de abusar de seis jóvenes.


Cabrera, que reveló hace unos días la existencia de al menos 152 curas apartados de su ministerio en los últimos 9 años por abusos sexuales, pero dijo ignorar la cifra de personas abusadas, indicó desde Roma que “toda la iglesia y en especial los líderes deben excuchar y brindar apoyo a las víctimas” de pederastia.


“Estamos con ustedes en su lucha para que la verdad y la justicia resplandezcan. Como hasta ahora, permaneceré a su lado animándolas y buscando facilitar que la controversia se dirima ante la autoridad competente”, dijo Cabrera.


A la comunidad lasallista le pidió actuar “comprometidos con la búsqueda de verdad y justicia, facilitando la acción de las autoridades y colaborando con ellas”.


Las jóvenes que fueron abusadas trabajaban en el Voluntariado, al que acuden jóvenes de escuelas de la orden lasallista para hacer trabajo de evangelización durante un año, cuando Alejandro Gaxiola, de 48 años, era director.
Tras cuatro años en Durango, Gaxiola fue trasladado este año a la norteña ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, donde se ubica la arquidiócesis encabezada por Cabrera, y aparece en una foto en una reunión de lasallistas el 25 de noviembre pasado con Roberto Schieler, Superior General de la orden.


Las jóvenes consideran que podría haber más víctimas de las atrocidades del sacerdote pero hasta ahora sólo seis han confirmado haber sido blanco de sus avances.


Ante las denuncias, la congregación de La Salle declaró hace poco que combate el hostigamiento sexual “y cualquier otra forma de violencia priorizando la seguridad de las víctimas” al tiempo que manifestó total disposición de colaborar con la Fiscalía de Durango.


De igual modo dio a conocer la creación de una Comisión Especial para el Acompañamiento de las Víctimas que así lo soliciten y la instrucción a los directivos de sus instituciones de denunciar cualquier situación. (ANSA).
   

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February 21, 2019

Obispo en Durango pide a lasallistas entregar a religioso acusado de abuso sexual

DURANGO (MEXICO)
El Universal [Mexico City, Mexico]

February 21, 2019

By Francisco Rodríguez

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El obispo de El Salto, Durango, Juan María Huerta, consideró que la orden religiosa ha sido mal asesorada legalmente y está encubriendo al hermano Alejandro “N”

El obispo de El Salto, Durango, Juan María Huerta, pidió a la congregación lasallista que facilite la entrega del hermano Alejandro “N”, por quien pesan dos órdenes de captura por presuntasagresiones sexuales en contra de tres voluntarias.

Consideró que por la mala asesoría legal que está teniendo la orden religiosa, están encubriendo al hermano, de quien se desconoce su paradero. Lo anterior pese que los lasallistas se habían comprometido a que estaría en la sede central de Monterrey.

“Han sido mal asesorados, las cosas no pueden ser como se han ido llevando, la asesoría legal no corresponde a lo que debe ser el derecho ni a la línea que marca la iglesia en estos casos”, comentó el obispo.

Monseñor Huerta respaldó lo que el papa Franciscoha dicho últimamente sobre los casos de pederastia y abusos sexuales de religiosos: cero tolerancia y la necesidad de corregir esos abusos.

El obispo refirió que ocultar estos casos es de otros tiempos, y que ahora ya no queda, por lo que respaldó que se proceda conforme al derecho penal y al derecho canónico. “Si verdaderamente hay motivos para hacer la defensa, todo mundo tiene derecho a la defensa pero en los procedimientos que marca la ley”, dijo el prelado.

Asimismo, insistió en invitar a la congregación lasallista a que faciliten el proceso que se debe seguir. “Si hay que defender a alguien se debe defender bajo las normas establecidas, huyendo no se puede. Hay que proceder”, comentó.

EL UNIVERSAL había informado que existen dos órdenes de aprehensión en contra del hermano lasallista y que el pasado martes, el director de la Policía Investigadora de Durango, así como las víctimas, familias de las víctimas y personal jurídico del Arzobispado en Nuevo León, se habían reunido en Monterrey con la intención de tener una cita con Gabriel Alba Villalobos, visitador de la orden en la zona México Norte de los lasallistas, sin embargo éste no acudió.

Sobre la viabilidad de suspender o cerrar el voluntariado de El Salto, donde el hermano Alejandro “N” fungió como director, el obispo Juan María Huerta aseguró que está próxima una revisión que los mismos responsables han propuesto. Además, pugnó porque el voluntariado se haga de un modo diferente al que se lleva a cabo actualmente.

“Necesitamos más acercamientos a la sociedad, con capacitaciones para trabajos, que capacite mejor a las personas. Algo más social, de desarrollo de habilidades”, agregó.

Dijo que un cierre de instalaciones dependería por lo pronto de la congregación.

rmlgv 

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February 20, 2019

Institutional lying at heart of the crisis

GUADALAJARA (MEXICO)
National Catholic Reporter [Kansas City MO]

February 20, 2019

By Jason Berry

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Insiders, reporters reveal structural deception that hid clergy predators

Editor’s note: Jason Berry was the first to report on clergy sex abuse in any substantial way, beginning with a landmark 1985 report about the Louisiana case involving a priest named Gilbert Gauthe. In 1992, he published Lead Us Not into Temptation: Catholic Priests and the Sexual Abuse of Children, a nationwide investigation after seven years of reporting in various outlets. In the foreword, Fr. Andrew Greeley referred to “what may be the greatest scandal in the history of religion in America and perhaps the greatest problem Catholicism has faced since the Reformation.”

Berry followed the crisis in articles, documentaries, and two other books, Vows of Silence: The Abuse of Power in the Papacy of John Paul II (2004) and Render unto Rome: The Secret Life of Money in the Catholic Church (2011), which won the Investigative Reporters and Editors Best Book Award. Given the current moment and its possibilities and the fact that Berry is singular in his experience covering the scandal from multiple angles, NCR asked if he would write a reflection on the matter as the church’s bishops are about to gather in Rome to consider the issue. Below is the second of three parts. Read Part 1 here.

Everything in this spreading crisis revolves around structural mendacity, institutionalized lying. For years, bishops proclaimed the sanctity of life in the womb while playing musical chairs with child molesters. High-dollar lawyers facilitated church officials’ stiff-arm response to survivors scarred by traumatic childhood memories. 

The media narrative of survivors seeking justice has cut a jagged trail through the mind of the church. The concealment strategies, unearthed in depositions and church documents, show how bishops and religious order superiors, sometimes paying “hush money” settlements to avoid scandal, controlled the fate of the priest and kept the closed system operating. “Convinced that they know the truth — whether in religion or in politics — enthusiasts may regard lies for the sake of this truth as justifiable,” writes Sissela Bok in Lying: Moral Choice in Public and Private Life. “They see nothing wrong with telling untruths for what they regard as a much ‘higher’ truth.”

Clashing with that rationale are insiders who couldn’t swallow the lies and leaked information. The man who did more to shape my reporting of the Diocese of Lafayette, Louisiana, in 1985 was such a specimen; though even now I am not entirely sure what fueled him.

In June 1984, attorneys for six families with nine boys — victims of Fr. Gilbert Gauthe, a pastor in rural Cajun country — negotiated a $4.2 million settlement with the diocese. Gauthe meanwhile was indicted on 33 criminal counts, including aggravated rape of a minor, which carried a life sentence. In early 1985, as I read civil depositions of Bishop Gerard Frey and other diocesan officials, Gauthe sat in a mental hospital. Ray Mouton, his attorney, negotiated with the tough-minded prosecutor, Nathan Stansbury, seeking a plea bargain.

The depositions yielded information of another pedophile, Lane Fontenot, whom the bishop had sent to the same Massachusetts church treatment facility, House of Affirmation, before Gauthe.

Fontenot had not returned to Louisiana. (House of Affirmation closed in 1990 after its director, Fr. Thomas Kane, skimmed funds to buy resort properties in Florida and Maine. Kane moved to Mexico; he was later sued for abusing a youth; the case settled for $42,500.)

I had a joint assignment for NCR, which published a long piece on June 7, 1985, and Lafayette’s weekly Times of Acadiana, which ran my reports from May into early 1986, as I discovered other clergy predators in the diocese. The major leads came from a civil case involving Gauthe. Lafayette attorney J. Minos Simon (pronounced Sea-mon) was a brilliant, tenacious maverick, representing a boy and his parents against the church. Simon filed a discovery request for files on 27 priests to determine if they were homosexuals or pedophiles. The diocese, he argued, had a “risk” strategy of tolerating sexual activity by priests behind the cover-up. Simon saw scant distinction between homosexuality, an orientation, and pedophilia, a pathology. In getting to know him, I argued with him, saying that one did not equate with the other; he had little interest in the distinction. He wanted a big win.

Defense lawyers derided Simon’s list of 27 priests as a “fishing expedition.” In the legal tug of war, I realized that Simon had an insider feeding him sensitive material. I began asking for access to the source, pledging to protect anonymity. Finally, the lawyer said, “I think he’s ready.”

The Times of Acadiana editor, Linda Matys, and I did not want to out priests in relationships with men. Our focus was crimes against children, not ills of celibacy.

The source called me: his voice had a soft, lyrical cadence of the Cajun patois, too dulcet for the enormity of what he had to say. As he spoke of different priests on the list he seemed to know most of them personally. Of one, he said, dripping sarcasm, “From his seminary days, he boasted of his conquest of virile males.”

“Were these adults or youngsters?” I asked.

“Oh, they were all ages.”

He bristled with contempt for the impact of a gay clerical culture. Who is this guy, I wondered. Had he ever been a priest, I asked.

“No.”

Besides Gauthe and Fontenot, I asked about other men on the list who had been removed. “How about recycled?” he said.
“It’s a better word. Everyone on the list.”

Telling him that I could not write anything about what he shared until we met, and he gave his name, I promised not to reveal his identity. He seemed comfortable with that, and that night on the phone he kept talking. As I went down the list, more questions, more answers, the cynical chuckles suggested a well of knowledge about a culture most Catholics had no idea existed. How did he know all this? “It’s like a club, my good man. And those in the club share the information with other people.”

Besides Gauthe and Fontenot, I asked about other men on the list who had been removed. “How about recycled?” he said. “It’s a better word. Everyone on the list.”

All 27 men recycled for molesting youths? “For sexual misconduct,” he averred. “I can’t say with children.” He went down the list, rattling off drunken sexual outbursts, arrests at public places that cops left the diocese to handle, transfers to new parishes after lovers’ quarrels and then some. If I only used a fraction of the material, the picture of clerical life was awful.

I saw where Simon got his theory of homosexuality as a risk factor in the cover-up. I asked the source why he called the lawyer. “When I saw him on TV, and what they were doing to him it offended me.” I asked if he was afraid of getting caught. “I’m not in this by myself. I have people in every office and they will go to their graves before they sneeze.”

We agreed to talk again. Using a directory of diocesan priests to look up numbers, I spent endless hours on the phone, calling dozens of priests, trying to get information on those listed. Quite a number wouldn’t talk, but a good many did, predicated on anonymity. Several men brooded about the breakdown of discipline at the local Immaculata Seminary, which had since closed. I got confirmation of two other pedophiles.

The source invited me to his home, showed his driver’s license, and explained that his job as a choir director brought him in contact with many priests. He said he’d been abused as a child by a custodial figure, suggesting he had reason to offer Simon help in his case. He told me that Lane Fontenot, since his stay at House of Affirmation, was in residence at Gonzaga University, in Spokane.*

I called the priests’ residence at Gonzaga, a Jesuit university, where Fontenot had earned an M.A. in spirituality. The priest who answered said he knew nothing of abuse allegations — Fontenot was “in residence between assignments.” He put me on hold to see if Fontenot would talk, but found him “unavailable.” Several months later Fontenot was arrested for abusing a youth as a counselor in a rehab center and spent time in jail. In due course I identified three other priests sent away.

In 1985 Gauthe agreed to a 20-year plea bargain. (He would eventually be released after 10 for good behavior.) Simon took his civil case to trial several months later and won a $1.25 million jury verdict.

The Times of Acadiana series culminated in early 1986 with a long report on how the diocese had recycled seven child predators over many years. We could not identify two of them at the time for lack of legal documentation; but people in the chancery itself were giving me leads, confirming why the men were removed. Of those two, David Primeaux left the state, married and established an academic career in Virginia, but committed suicide in 2012 after past victims reentered his life. (I was long back in New Orleans by then.)

The other unnamed cleric was Valerie Pullman, who died in 2017. He went to a church treatment facility in the late 1980s, and the diocese subsequently paid a settlement to a victim, according to the industrious reporting of Lafayette’s KATC-TV in its recent documentary series, “The List.” Lead reporter Jim Hummel cited 42 sex-abuser clerics removed over many years. The diocese years earlier had acknowledged fifteen, but Bishop J. Douglas Deshotel had not, as of this writing, released a list.

When my final piece on the cover-up ran in 1986, so did a Times of Acadiana editorial. By then, Linda Matys was editing a San Antonio weekly. The new editor, Richard Baudouin, called on Bishop Gerard Frey and the vicar-general Msgr. H.A. Larroque to resign, and if they didn’t, for the Vatican to remove them. In response, an influential monsignor, Al Sigur, and a retired judge, Edmund Reggie, fomented an advertisers’ boycott that cost the paper, then billing at about $1 million annually, some $20,000 before cooler heads prevailed.

But the Vatican did respond. That summer, Rome sent a coadjutor bishop, one designated to succeed the prelate when he retires. This was Harry Flynn of Albany who quickly ingratiated himself with the Cajun flock, while Bishop Frey, battered by the crisis, soon retired. Frey at least met with some of the victims and felt their wrath.

The cover-up story line can expire from waning media interest, particularly with the slow pace of in civil litigation, natural causes, or spring to life anew, like mushrooms in a fertile field, depending on the internal dynamics. The Lafayette Diocese is a case study of deception seeding deception.Related: A strong press is the Lafayette lesson

Larroque as vicar general was gatekeeper of the secrets. Instead of being fired, he became Flynn’s right hand. In 2014 Minnesota Public Radio investigated Flynn because of his subsequent role in concealing abusive clerics as the Twin Cities’ archbishop. He had gotten there based on his reformer’s image in Lafayette. The MPR team got access to documents in a federal case between the diocese and its insurers over disputed payment percentages in abuse settlements. MPR reporter Madeleine Baran found “no suggestion that Flynn called police about priests accused of sexually assaulting children. Hundreds of documents reveal that Flynn’s diocese used many of the same aggressive legal tactics that he would later employ in the Twin Cities. Attorneys hired by the diocese argued that victims waited too long to come forward and that the public didn’t need to know the names of accused priests. The diocese fought efforts by victims to seek compensation from the church and focused on keeping the scandal as private as possible, which meant that fewer victims came forward to sue.”

The MPR series spurred Lafayette’s KATC-TV to start its investigation.

One predator recently identified by KATC was my source. Maura Dwight Hebert worked as a choir director in a town outside Lafayette. In 1988 a Lafayette police officer phoned, telling me he’d been arrested in California on a fugitive warrant, after an indictment for abusing a boy and a girl, which I hadn’t known about. “We know he was your source,” the cop said.

Stunned, I admitted nothing about how I knew him. Later I wondered if Dwight had blurted something, hoping it might somehow give him leverage in dealing with the law. He was in jail when I accepted his call, and assumed we were being taped. It was a sad, brief exchange, his voice haggard, asking me to pray for him. After pleading guilty to one count of carnal knowledge, he drew a 10-year sentence, but was released after serving one. He died in 1990.

Why did he go to Simon, now deceased, and leak so much to me? I can only speculate, but with hindsight I suspect revenge was a motive, that he’d been bitten in that clerical vipers’ nest he described, and wanted payback. Twenty-nine years after his death, I can only speculate.

The lesson I draw from Lafayette is that bishops’ obsession with protecting priests will bend against common sense, time and again. In October Bishop J. Douglas Deshotel announced that Msgr. Robie Robichaux, was put on administrative leave. He had been accused in 1994 of having sex with a teenage girl between 1979 and 1981. Deshotel did not answer questions on “what action any of his predecessors took, if any, when the allegation was first made two dozen years ago,” reported The Acadiana AdvocateA second woman soon made accusations on KATC. Robichaux was on the diocese’s canon law tribunal handling marriage annulment cases.

In late November, police raided the offices of the U.S. bishops’ conference president Cardinal Daniel DiNardo of Houston-Galveston. They wanted files on Fr. Manuel La Rosa-Lopez, a pastor who was arrested on four counts of indecent behavior with youth. “Despite a 1992 accusation of inappropriately touching a sixth-grade boy, the diocese allowed La Rosa-Lopez to be ordained and to move from church to church — where, allegedly, he abused another boy and a girl,” writes Lisa Gray of the Houston Chronicle.

Police also sought information on Fr. Alberto Maullon, a judge on the diocese’s canon law tribunal, “who pleaded guilty to indecent exposure charges related to an adult bookstore sting in 2010,” as reported by Nicole Hensley, also of the Chronicle.

Maullon did not serve jail time for exposing himself to an undercover cop, a crime in no way equal to felony child abuse. “That’s not a canonical crime, nor is sexual misconduct with an adult under the 1983 code,” Cafardi, the canonist and former Duquesne law dean, told NCR. “It was a crime under the 1917 code. In 1967 bishops gave canonical scholars principles for reform; one was to reduce the number of canonical crimes.”

According to canon lawyer Thomas Doyle, an inactive Dominican priest who became an expert witness against the church in abuse cases: “Canon 1395 could apply though I’ve never seen it done: ‘If a cleric has otherwise committed an offense against the sixth commandment with force or threats or publicly or with a minor.’ ‘Publicly’ is not an adjective attached to child abuse or rape. Exposing himself in a porn store is public. … Even if they don’t consider it a canonical crime that doesn’t mean it’s OK.”

Until recently, Maullon was identified on the archdiocesan tribunal website as Defender of the Bond, a canon law position charged with upholding the validity of marriage in cases for annulment. To secure an annulment, a divorced man and woman answer highly personal questionnaires. The tribunal weighs their request to start against the canonist defending the marriage vow — in this case a priest caught in a sting at a pornographic book store. Do the painful admissions by ex-spouses meet his test?

According to canon law scholar Nicholas Cafardi: “The canonical process is not supposed to be adversarial. Both sides search for truth. The Defender of the Bond is there to show the lack of strength of arguments against the invalidity but is not supposed to go overboard. Can a flawed individual do an honest job? It doesn’t mean that person lacks the ability as Defender of the Bond. On the other hand, one could say that a person holding office in the church should have complete and utter integrity. It’s a character flaw that impacts on the perception of his ability to do his job.”

The priest shortage is one reason behind strange personnel decisions; but the stranger folds of denial, and tolerance stem from clericalism — the culture of power and privilege that inures some clerics in a world without accountability.

A striking example of that culture rises from the 1985 testimony of Bishop Joseph Imesch. The lawsuit was by a victim of Fr. Gary Berthiaume, who had done six months in jail in Michigan in 1978 after molesting the victim as a teenage boy. The plaintiff had a brother, also abused. Imesch, a Detroit auxiliary bishop when the crimes occurred, visited Berthiaume in jail. Attorney Mark Bello asked if homosexuality violated the promise of celibacy. Imesch replied: “Sure.”

Bello: “What do you feel, or do you know, is the penalty for violation of these promises?”

Imesch: “Eternal hellfire. I — you know, what’s the penalty? Put in that I laughed.”

“At the question or the answer?”

“There is no penalty. The penalty — that’s the moral failing or fault with the person.”

Berthiaume took the Fifth Amendment repeatedly in his deposition, which I obtained in 1986. The lawsuit settled for $325,000. Imesch helped him get a parish in Cleveland. Unbeknownst to Michigan police, and Imesch, Berthiaume had molested four brothers in another Michigan family. They eventually received a $60,000 settlement. Cleveland parishioners had no clue.

With an assignment for the Cleveland Plain Dealer, I knocked on the rectory door in fall of 1986. Berthiaume refused to speak on the record (though denounced me for “lack of scruples.”) The Cleveland diocese refused comment — and then threatened the Plain Dealer with litigation for invasion of privacy, destroying the priest’s ministry after he had paid his debt to society. With a projected $500,000 in legal fees if they identified Berthiaume, and were sued, the Plain Dealer editors drew on my reporting, duly credited, in a long Sunday commentary in March 1987. The editors treated me well; I respected the tough call they had to make. The piece called on Bishop Anthony Pilla to identify the priest. Pilla refused. Berthiaume went unnamed. But the diocese had a Pyrrhic victory: Survivors of other priests called the newsroom, leading to a powerful series by reporter Karen Henderson that made it worse for Pilla.        

In 2002, as the Boston Globe reports caused other newsrooms to follow suit, the Plain Dealer finally identified Berthiaume, and reported that he had left the diocese after the 1987 coverage. As bishop of Joliet, Illinois, Imesch took him in. Berthiaume settled into a long stint as chaplain at Advocate Good Samaritan Hospital; Imesch removed him after the 2002 coverage. A lawsuit in 2001 had accused Berthiaume and a Cleveland priest whose rectory he shared of molesting a youth in the 1980s — making three lawsuits with six victims for the mystery priest.

What did the church gain in protecting Berthiaume?                        

“It is very difficult for someone who has served 12 years as chaplain to have the (newspaper) ruin whatever is left of his life,” Imesch told The Associated Press.

Berthiaume’s name surfaced in a 2006 deposition that Imesch gave in a case involving another priest. Imesch told attorney Jeff Anderson: “As far as I can remember I think Gary admitted to me that he had done it before the [1978] conviction.”

Anderson: “If he had told you that he had committed the offense against the child, isn’t that evidence of the crime?”                            

Imesch: “That’s a job for the police. I’m not going to get involved in that. That’s not my responsibility.”                                       

In the past, many states did not have laws mandating bishops or priests to report child abuse to authorities. But the sheltering, if not coddling, of serial sex offenders by bishops like Imesch who felt sorry for Berthiaume, with survivors an afterthought, is the snapshot of a parallel universe, clerical life as a protected, self-governing realm.

Berthiaume was laicized in 2007; Imesch died in 2015.

Tomorrow, Part 3. The Vatican.

[Jason Berry is the author most recently of City of a Million Dreams: A History of New Orleans at Year 300.]

*This story has been updated to correct the university in Spokane as Gonzaga University.

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February 18, 2019

Cero tolerancia para pederastia en Iglesia Católica, dice obispo de Tula

TULANCINGO (MEXICO)
Periódico AM Noticias [León, Guanajuato, Mexico]

February 18, 2019

By Joselyn Sánchez

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Juan Pedro Juárez Meléndez, obispo de Tula, dijo que la Iglesia tendrá tolerancia cero con cualquier caso de pederastia y abuso sexual que cometan sacerdotes; en su diócesis se han registrado dos casos en 12 años. Del 21 al 24 de febrero, presidentes de las conferencias episcopales se reunirán en el Vaticano para tratar este tema.

En entrevista, el obispo contó que en 12 años que lleva al frente de la diócesis de Tula, de 85 padres a su cargo, registraron dos casos relacionados con presuntos abusos sexuales. 

Uno de ellos ocurrió cuando llegó a la diócesis y le correspondió notificar al Vaticano, posteriormente excluyeron del estado clerical al sacerdote implicado.

El segundo caso fue el ocurrido en 2015 e involucró al padre Alfredo Campos Sancen, de Mixquiahuala. Al respecto, el obispo comentó que el proceso aún continúa y se encuentra por concluir.

Explicó que el proceso es como cualquier otro de tipo administrativo-judicial, donde existen tribunales eclesiásticos, emiten citatorios, conforman un expediente y realizan la investigación correspondiente.

Comentó que el tiempo de un juicio tiene que ver con la disposición y colaboración de las partes involucradas, por lo que solo esperan la última determinación que tienen que dar al Vaticano.

Recalcó que la iglesia tiene tolerancia cero ante estos casos y que ante cualquier denuncia escrita o verbal, él tiene la obligación de atender la situación.

Además, el artículo 12 Bis de la Ley de Asociación Religiosa y Culto Público, lo obliga a dar parte a la autoridad judicial, porque si algún obispo tiene conocimiento de un caso y no denuncia, es cómplice y también puede ser suspendido, comentó.

Por último, dijo que con la reunión que tendrán los presidentes episcopales con el papa realizarían compromisos más exigentes para evitar casos de pederastia y abuso sexual al interior de la Iglesia Católica.

Hace días, el padre Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), informó a través de medios nacionales que durante los últimos nueve años, 152 sacerdotes han sido suspendidos del ministerio sacerdotal, o han sido encarcelados por abusos sexuales a menores de edad en México.

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February 13, 2019

Release of abusive priests’ names only a beginning

GUADALAJARA (MEXICO)
Associated Press [New York NY]

February 13, 2019

By Express-News Editorial Board

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There is much work to be done by the U.S. Catholic Church as it moves forward with restoring the public trust, shattered by decades of failing to properly address allegations of sexual abuse of children by clergy.

The release last month of the names of close to 300 Texas-based priests who have been credibly accused of sexual abuse, including 54 in the Archdiocese of San Antonio, will go a long way toward starting the healing process for many victims and their families. But it’s only a beginning.

The scars are deep.

The cases on the Bexar County list date back as far as 1941 and include 150 separate allegations of misconduct. Most of the allegations were under the radar of most Bexar County residents because only a few ever surfaced in court. A review of Express-News archives indicates the archdiocese had paid at least $6.63 million as of 2011 to victims of sexual abuse by priests in Bexar County.

As painful as these types of cases are, there needs to be continued honesty and transparency going forward. Needed: strong policies that ensure allegations of misconduct are reported to law enforcement in a timely manner and suspects are sidelined from their jobs while investigations are conducted.

Those who participate in cover-ups and allow suspected child molesters to be reassigned must also be held accountable. Pretending the problem does not exist won’t make it go away. Decades of trying to resolve the problem internally have proven futile.

One of the more troubling cases on the Bexar County list is that of Jose Luis Sandoval, who was ordained in 1974 in Mexico and served in San Antonio from 1974 to 1998. During his time in Texas, he was investigated for alleged child sexual abuse, sent to psychiatric evaluation and treatment for a year, and then allowed to return to his job.

He later fled the country when new allegations of abuse surfaced and was subsequently removed from his assignment and prohibited from exercising any priestly ministry in the Archdiocese of San Antonio by Archbishop Patrick Flores in 1998.

Yet despite all that, Flores, who retired in 2004, later wrote a general letter of support for Sandoval without a reference to his problems in San Antonio. Sandoval proceeded to work with the Archdiocese of Guadalajara in 2000, but four years later lost his privileges there as well.

It appears what Flores did was common practice. Problem priests were removed from jobs when trouble arose and then simply allowed to go into unsuspecting communities where the same issues often surfaced.

The number of children who were abused will never be known. Some victims are still trying to come to terms with what happened to them and have not come forward.

And the list is likely to grow. As the report was released, the local archdiocese was investigating cases involving other priests.

All credible allegations must be investigated, not just in Texas or the U.S. but abroad as well.

A week after Texas archdioceses gained international attention for the release of their priest lists, Pope Francis publicly acknowledged the sexual abuse of nuns by priests and bishops. The sexual abuse of nuns by clergy in Europe, Africa, Asia and South America was reported by the Associated Press last year. The news agency’s investigation found the Vatican had not supported the victims or taken adequate measures to punish the offenders.

Pope Francis is slated to meet with the presidents of the world’s bishops’ conferences later this month to focus on a response to the global sex abuse crises. He has said he is committed to ending the problem.

Following the Catholic Church’s release of names, a Houston Chronicle/San Antonio Express-News report revealed similar abuse stories within the Southern Baptist Convention. We will comment separately on this matter in the coming days. For now, suffice to say that such revelations — absent accountability and absent acceptance of responsibility — will have the effect of diminished trust in institutions in which many thought trust was a given.

It can be again, but only if that commitment to address the problem is vigilant and continuing.

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México | 152 sacerdotes suspendidos por abusos

MEXICO CITY (MEXICO)
El País [Madrid, Spain]

February 19, 2019

By Georgina Zerega

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La Iglesia crea una comisión para investigar la pederastia y romper con el silencio

Con la cumbre de pederastia del papa Francisco sobrevolando, los años de indolencia de la Iglesia mexicana parecen entrar en un terreno desconocido hasta ahora: el de la acción. Tras, al menos, seis décadas de silencio e impunidad, la conferencia episcopal mexicana abre una instancia para investigar los casos de abuso sexual, ha comunicado la suspensión de 152 sacerdotes en nueve años por “agravio a menores” y se ha reunido con víctimas y organizaciones civiles. Pero el pasado de encubrimiento y desdén que caracterizó a la institución genera un clima de incredulidad que se atisba difícil de disipar.

Por más pequeños que parezcan los pasos que ha dado la conferencia episcopal del país norteamericano este 2019, han sido significativos si se los compara con el letargo de las últimas décadas. La instalación del Equipo Nacional de Protección de Menores el pasado 7 de enero supone un punto de inflexión. Ni los diferentes gobiernos ni la Iglesia mexicana, con la segunda comunidad católica más grande del mundo tras Brasil, había planteado hasta el momento una investigación en profundidad sobre abusos en el clero.

El encubrimiento durante décadas de depredadores como Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, ponía en duda las intenciones y capacidades de la institución. El Equipo Nacional de Protección de Menores tendrá ahora que emitir un diagnóstico a partir de “la recopilación de datos en las distintas instancias eclesiásticas y organizaciones dedicadas a estos temas”, según ha anunciado el episcopado a través de un comunicado el pasado 12 de febrero.

Desde la instalación de esa comisión, la Iglesia se ha reunido dos veces con víctimas y ha sacudido la prensa nacional con la suspensión de los 152 sacerdotes, de quienes no trascendieron los datos. Rogelio Cabrera López, presidente del episcopado mexicano, ha asegurado que se pondrá en contacto con la Fiscalía General de México para brindarle la información con que cuenta. “Nuestros archivos están abiertos para la autoridad civil”, señaló recientemente en el Senado mexicano. Hechos inauditos para una institución que hasta hace muy poco se mostraba reticente siquiera a hablar del tema.

“Esta coyuntura internacional es una oportunidad para demostrarnos a la feligresía y a la sociedad que de verdad quieren cambiar”, apunta Joaquín Aguilar, director de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes de México. Pese a que se desconocen las dimensiones de la pederastia en el clero de este país, la organización afirma haber atendido alrededor de 550 casos en los últimos 11 años. Un abultado número que choca con la realidad judicial. En México, según recuerda Aguilar, solo hay tres sentencias contra curas por delitos sexuales y unas pocas causas abiertas.

Tanto los miembros de la red de víctimas como otras personas que también se reunieron con el episcopado señalan que su intención en esta cumbre vaticana es solicitar más facultades sobre las diócesis, instancias que remiten los casos de pederastia al Vaticano. Cabrera López quiere al menos que se obligue a los obispos a reportar también ante la Conferencia Episcopal cada denuncia que haya, afirman.

Escepticismo hacia las intenciones

Pero el escepticismo hacia las intenciones de la Iglesia no se pasa de un día para otro. Las voces consultadas apuntan contra la conformación de la comisión de investigación. Si realmente se quiere investigar, asegura el exsacerdote Alberto Athié, es necesario que la instancia involucre a gente externa al clero, “incluídas las víctimas”.

La otra discusión alude a los 152 sacerdotes suspendidos. Cuando Cabrera López anunció que los curas habían sido retirados del ministerio eclesiástico no dijo si los casos habían sido llevados a la justicia o no. “A nosotros nos preocupan los victimarios. Queremos saber dónde están y qué sucedió con ellos. No queremos que nos digan ‘ya lo saque de la iglesia’ y listo”, critica Aguilar.

“En aras de la transparencia que quieren mostrar, estaría bien saber cuántos denunciaron ante las autoridades y de cuántas denuncias partieron, porque supongo que hubo casos en los que determinaron [por vía eclesiástica] la inocencia de los sacerdotes y no se avisó a las autoridades”, dice Jesús Romero Colín, víctima del cura Carlos López Valdés, sentenciado por abuso sexual a 62 años de prisión.

“Aún si Cabrera tuviera la mejores intenciones, él responde al Vaticano y si el Vaticano le dice ‘acata estas medidas’, tiene que acatar”, comenta Romero Colín. De lo que pase en esta cumbre sobre pederastica en el Vaticano dependerá el futuro de la tímida lucha de la Iglesia mexicana contra la pederastia.

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February 12, 2019

Formulan cargos a sacerdote por abuso sexual

CHIHUAHUA (MEXICO)
El Universal [Mexico City, Mexico]

February 12, 2019

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[Via vLex] 

CIUDAD JUÁREZ, Chih., febrero 12 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Chihuahua formuló cargos en contra del sacerdote Ramiro Plascencia González por el delito de abuso sexual en contra de un joven de 17 años, el cual sería el segundo caso en los últimos días, pues apenas el fin de semana fue detenido el padre Aristeo Baca por presunto abuso a una menor de 11 años.

El padre Ramiro Plascencia González este lunes acudió voluntariamente a la diligencia en la que el Ministerio Público le formuló cargos.

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 23 de septiembre de 2018, el sacerdote Plascencia, entonces asignado a una parroquia de Casas Grandes, viajó a Ciudad Juárez acompañado del joven de 17 años, con el propósito de oficiar una misa.

Una vez en la ciudad fronteriza, el sacerdote ofició misa e invitó a cenar al joven con el fin de celebrar su cumpleaños para posteriormente llevarlo al motel La Siesta, donde, según la denuncia, le hizo tocamientos lascivos.

Ramiro Plascencia estuvo asignado a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Nuevo Casas Grandes hasta julio del año pasado y posteriormente en una parroquia de Casas Grandes, lugar en el que se relacionó con la presunta víctima.

Apenas el pasado sábado, la Fiscalía Especializada de la Mujer ejecutó una orden de aprehensión en contra del sacerdote Aristeo Trinidad Baca, responsable del templo, clínica y asilo Santa María de Ciudad Juárez, por el delito de abuso sexual en perjuicio de una niña de 11 años de edad.

Denuncian a tres en Tamaulipas. Tres sacerdotes fueron denunciados ante la Diócesis de Matamoros por presunto abuso sexual y los casos están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, reconoció Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros.

Sin embargo, el prelado no dio a conocer la identidad de los acusados, ni las ciudades donde estuvieron, aunque aclaró que los tres párrocos fueron separados de la Iglesia.

“Personas ahora adultas me informaron que cuando eran menores fueron víctimas de abuso sexual por parte de algunos sacerdotes. Después de recibir su testimonio, al considerarlo creíble procedimos a dar noticia a las autoridades”, indicó Lira.Copyright Grupo de Diarios América – GDA/El Universal/México

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Abuse of Faith series concludes by shedding light on Southern Baptist sex crimes

MORELIA (MEXICO)
Chron [Houston TX]

February 12, 2019

By Jay R. Jordan

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The Houston Chronicle and San Antonio Express-News released the third and final part in the exclusive Abuse of Faith investigation Wednesday, detailing decades of sexual misconduct in Southern Baptist churches across the country.

In the series, the newspapers found that nearly 220 church leaders were convicted of sex crimes and 700 victims.

Part 1: Southern Baptist sexual abuse spreads as leaders resist reforms

Years of calls from victims and advocates for the Southern Baptist Convention to host a database of these church leaders went unanswered. Instead, the newspapers created their own database.

See the database of Southern Baptist church pastors, leaders, employees and volunteers who pleaded guilty or were convicted of sex crimes here.

The investigation also revealed that several of those who were convicted of sex crimes – including some of the most egregious child sex crimes – were allowed to continue their work at other churches.

Part 2: Southern Baptist churches hired dozens of leaders previously accused of sex offenses

“You just got to be a big idiot to say, ‘Hey, you know what? I’m going to hire this person even though they’ve got this accusation against them,'” said William Rushing, pastor of Woodward Avenue Baptist Church in Alabama.

Of the 220 church leaders convicted nationally, about 100 of them were described as youth pastors or youth ministers, the investigation found.

How can Southern Baptist churches and parents help prevent sexual abuse?

Some of those youth pastors and ministers were convicted of sexually assaulting members their young congregation or having prolonged sexual relationships. Those assaults sometimes happened in pastors’ studies or Sunday school rooms.

One of those youth pastors was Chad Foster, who worked at Houston’s Second Baptist Church when he pleaded guilty to sexually assaulting an underage congregant.

“You can’t let your guard down,” said Amanda Griffith, a federal prosecutor in San Diego who has handled dozens of sex crime cases, including those involving predatory youth pastors. “There’s the belief that church is sacrosanct, but this can happen anywhere.”

In response to the investigation, August “Augie” Boto, interim president of the Southern Baptist Convention Executive Committee, said it was a positive revelation about an ongoing problem.

“My initial reaction is anger that (the abuse) happened,” Boto said. “Just within the last few months I was in a car that was broken into and my briefcase was stolen. My initial reaction was not embarrassment that I didn’t watch the car close enough or that I left the briefcase on the seat. That was not my initial reaction. My initial reaction was anger that the predator did what he did. Taking advantage of the vulnerable is what criminals do. And when that happens, our job is to voice it. Not to hide it.”

“I’m all for shining the light of day upon crime,” he said.

Help us investigate Southern Baptist sexual abuse.

Jay R. Jordan covers breaking news in the Houston area. Read him on our breaking news siteChron.com, and our subscriber siteHoustonChronicle.com | Follow him on Twitter at @JayRJordan | Email him at jay.jordan@chron.com | Text CHRON to 77453 to receive breaking news alerts by text message

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February 11, 2019

Mexican Church suspended 152 priests across 9 years for alleged abuse: bishop

SAN LUIS POTOSí (MEXICO)
Reuters [London, England]

February 11, 2019

By Lizbeth Diaz

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MEXICO CITY (Reuters) – At least 152 Catholic priests in Mexico have been suspended in the past nine years for sexual abuse against minors, Mexico’s Archbishop for Monterrey said, prompting a lawyer for alleged victims of abuse to question on Monday the Church’s sincerity.

“Some delinquent priests are in prison, others have been suspended from their ministries. In the last nine years, 152 priests have retired,” Rogelio Cabrera, Archbishop of Monterrey, told reporters on Sunday.

The Mexican Church’s announcement comes amid extensive sexual abuse scandals across the Catholic Church in countries including the United States, Chile, Australia, and Germany. Mexico is home to the world’s second-largest Catholic community after Brazil.

Pope Francis will receive bishops at the Vatican later in February to discuss worldwide revelations of sexual abuse in the Church, which have badly eroded the institution’s credibility.

Martin Faz Mora, a lawyer representing 19 alleged victims of abuse by a priest in the central Mexican state of San Luis Potosi, expressed skepticism about the Church’s announcement.

The priest, Eduardo Cordova, was the first to be criminally charged with child abuse in the conservative Catholic country.

“It’s an irresponsible figure because victims are still waiting for retribution for their damages,” Faz told Reuters on Monday. “In no instance has the Church approached the question of repairing victims’ damages.”

Pope Francis has repeatedly promised zero tolerance for priests who abuse children but critics demand more action.

Reporting by Lizbeth Diaz; Writing by Delphine Schrank; Editing by Paul Tait

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Denuncian a sacerdotes ante Diócesis de Matamoros por abuso sexual

TULANCINGO (MEXICO)
El Informador [Guadalajara, Jalisco, Mexico]

February 11, 2019

By SUN

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Eugenio Lira Rugarcía, obispo de la ciudad, confirmó los hechos pero no dio a conocer la identidad de los acusados

Tres sacerdotes fueron denunciados ante la Diócesis de Matamoros por abuso sexual.

Estos hechos, están siendo investigados ante la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas (FGET).

Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros, confirmó estos hechos de pederastia cometida por párrocos en la frontera.

Sin embargo, no dio a conocer la identidad de los acusados, ni las ciudades donde estuvieron, aunque aseguró que los tres párrocos fueron separados de la Iglesia.

“Personas ahora adultas me informaron que cuando eran menores fueron víctimas de abuso sexual por parte de algunos sacerdotes. Después de recibir su testimonio, al considerarlo creíble, procedimos a dar noticia a las autoridades”.

Explicó que se trata de cuatro casos, ya que uno de los sacerdotes, es acusado por una sola víctima.

Manifestó que al constatar estos hechos, la Diócesis solicitó la pérdida del estado clerical para los párrocos.

Cabe destacar, que el 31 de enero del presente año, la Diócesis de Brownsville confirmó que el párroco Salomón David Sandoval, quien estuvo asignado en la parroquia del municipio de Hidalgo, Texas en 2002, abusó sexualmente de menores de edad.

Salomón fue detenido hace 17 años por ser responsable de abusos sexuales contra un menor de edad.

La Diócesis está integrada por los municipios de Matamoros, Reynosa, Camargo, Díaz Ordaz y Río Bravo, Valle Hermoso, San Fernando y Villa de Méndez, con sesenta parroquias.

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February 10, 2019

Testimonios tras el frustrado traslado a Tolosa de un cura denunciado por acoso

LA PLATA (ARGENTINA)
La Pulseada [La Plata, Argentina]

February 10, 2019

By Carlos Gassmann

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Como viene ocurriendo en otros ámbitos, las víctimas ya no están dispuestos a permanecer calladas y  los cambios de nombres no traen consigo modificaciones en  la política de la Iglesia respecto de los pederastas. Conclusiones del fallido intento del arzobispo platense de asignarle nuevo destino a un sacerdote sospechado de pedofilia.  

Por Carlos Gassmann

La iglesia y el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Tolosa

La cuestión de la pedofilia en el interior de la Iglesia, sobre el que se ocupó extensamente La Pulseada (N° 165) en su edición de noviembre pasado, ha continuado al tope de las agendas mundial, nacional y local.

Mientras a diario, en distintos rincones del planeta se hacen públicas nuevas denuncias, el propio Papa Francisco, en declaraciones del 28 de enero pasado, dijo que los abusos “continuarán” porque “son un problema humano” y pidió moderar las “expectativas” puestas en la cumbre que convocó al respecto para fines de este mes porque “están un poco infladas”. Como se recordará, desde el Vaticano se llamó a los titulares de los episcopados de todos los países a una reunión, eufemísticamente llamada “debate sobre la protección de menores”, a concretarse en Roma entre el 21 y el 24 de este mes. En ese sentido, el mismo Bergoglio se encargó de desalentar a los que esperaban que por fin tomara medidas drásticas y concretas y aclaró que en el cónclave solo se impartirán “instrucciones a los obispos” que no saben cómo “encarar la cuestión”.

En tanto en la Argentina, en los últimos meses de 2018 se ventiló profusamente el caso del obispo de Orán (Salta), Gustavo Zanchetta, uno de los 40 titulares de diócesis -sobre 83 en total- que fueron nombrados por el pontífice actual. Aunque adujo “motivos de salud”, Zanchetta debió renunciar frente a acusaciones de abusos sexuales y maniobras económicas. Mientras muchos aseguran que el Papa lo designó “asesor del Patrimonio de la Sede Apostólica” cuando ya estaba al tanto de las denuncias en su contra, desde el Vaticano lo niegan.

Causa archivada no es causa cerrada

En el partido de La Plata, por su parte, el año comenzó con mucha agitación para los integrantes de la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Carmen (115 e/530 y 531), que se enteraron de que un cura que había sido denunciado por abusos sería puesto a cargo de la parroquia lindera a la escuela por decisión del nuevo arzobispo local. En efecto, Víctor «Tucho» Fernández había dispuesto que Julio César Veliche, trasladado al templo Nuestra Señora de la Paz (4 y 611), sea sustituido por Eduardo Lorenzo.

El presbítero Alfonso Eduardo Francisco Lorenzo -tal es su nombre completo- está desde hace doce años al frente de la parroquia Inmaculada Madre de Dios (502 entre 15 y 16) de Gonnet. Ordenado sacerdote en 1988, Lorenzo ya se había encargado antes de templos de Berisso, Olmos, Los Hornos y La Plata. A partir de 1990 comenzó a desempeñarse como capellán del Servicio Penitenciario bonaerense y, en tal carácter, actuó como confesor de colegas que se encuentran presos, como Cristian Von Wernich, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad, y Julio César Grassi, sentenciado a quince años por violación de menores.

Lorenzo niega ser el “confesor habitual” de Grassi aunque admite “haberlo confesado alguna vez”. Además es representante legal de varias instituciones educativas católicas, capellán de los boy scouts, del cementerio de Berisso, de la Asociación de Guías Argentinas y vicepresidente del Foro de Seguridad de Olmos.

En 2008 fue acusado de abuso sexual en perjuicio de un adolescente rescatado de la calle que residía en una institución dependiente de Cáritas y que lo ayudaba a oficiar misa. La víctima, que intentó suicidarse, era un chico alojado por orden de un juez en el Hogar Los Leoncitos de Gonnet.

A raíz de la denuncia, se abrió la causa penal N° 25.601, archivada pocos meses después por “falta de mérito” por la fiscal Ana Medina. Lo cual jurídicamente implica que se considera que se carece de elementos para continuar con el proceso y no que el imputado haya sido absuelto, sobreseído o declarado inocente.

El tribunal eclesiástico, por su lado, le impuso una “reprensión canónica” por “sus modos en sus tratos con algunas personas”. En aquella oportunidad, Lorenzo envió una carta documento intimando a padres de jóvenes que se habían solidarizado con el damnificado. Poco después, en un allanamiento de las policías federal y bonaerense les secuestraran una computadora que no les ha sido devuelta hasta el presente.

Julieta Añazco, fundadora de la Red Argentina de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, señaló en noviembre último a La Pulseada que “hace pocos meses apareció una nueva víctima (de Lorenzo), un niño cuya familia presentó un pedido de informes al Arzobispado de La Plata y no obtuvo la respuesta esperada”. Pese a que se trata de un clérigo sobre el que pesan sospechas graves desde hace más de diez años, está claro que ni él ni la Iglesia han optado por el perfil bajo. En internet y en distintos medios de comunicación han aparecido fotografías en las que Lorenzo aparece al lado del intendente de La Plata, Julio Garro, durante los festejos del aniversario de un colegio de Gonnet; posando junto al ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari o próximo a la mismísima gobernadora María Eugenia Vidal, en la Catedral, durante la asunción del arzobispo Fernández en reemplazo de Héctor Aguer.

Una comunidad educativa movilizada 

La Pulseada pidió a Agustina Feregotto, abogada, madre de una niña que cursa quinto grado en Nuestra Señora del Carmen de Gonnet y una de las impulsoras de la reacción de la comunidad educativa del colegio, que le narrara cómo se fueron los acontecimientos durante estas últimas semanas. “Alrededor del 8 de enero -recordó- la madre de una compañerita de mi hija me mandó por WhatsApp esta información del cambio de párrocos, donde se designaba para Nuestra Señora del Carmen a Eduardo Lorenzo. Además me reenvió una nota en la que se refería la denuncia penal de abuso que pesaba sobre él. Luego de verificar que ese dato era correcto, me comuniqué por Facebook con la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico. Me contestó el abogado Carlos Lombardi, quien me confirmó que la víctima y su tutor habían estado entonces en contacto con ellos. Me contó los pormenores del caso, lo que fue la denuncia penal y el archivo al poco tiempo de la causa, sin que se tomara declaración indagatoria ni se realizaran pericias a la supuesta víctima. También me proporcionó detalles de la denuncia eclesiástica, que dio lugar a un informe que manifiesta que ‘como resultado de la investigación fue descartada la comisión de graviora delicta (delitos graves) por parte del Pbro. Eduardo Lorenzo’ pero que ‘sin embargo, se le ha impuesto una reprensión canónica por sus modos en el trato a algunas personas, por lo que ha sido llamado a la prudencia, a la ejemplaridad en la labor pastoral y se lo ha instado a evitar todo tipo de situaciones equívocas que puedan dar lugar a malos entendidos o sospechas’. En todo este tiempo estuvimos en contacto con el Lombardi, quien nos ayudó mucho y se puso junto a toda la Red a nuestra disposición”.

“Empecé entonces a contactar a otras mamás -continúa Agustina- y formé un grupo de WhatApp con padres de todo el colegio. Era la única forma de acercarnos, ya que muchos, como es mi caso, solo conocemos a los padres del curso de nuestros hijos. En un par de horas ese grupo se llenó y hasta tuvieron que empezar a salir padres para dejarles lugar a otros porque la aplicación no permitía tanta gente. Por ese medio íbamos compartiendo las novedades que cada uno podía recolectar. También se creó un grupo en Facebook. Acordamos  redactar una nota dirigida al Arzobispado y recolectar firmas. En aproximadamente una semana conseguimos alrededor de 2.000 adhesiones de padres de alumnos, familiares y vecinos. Varios medios de comunicación de la ciudad nos entrevistaron. Desde el Arzobispado solo nos respondieron por las redes sociales a través de una nota suscripta por ‘los representantes legales del colegio y del párroco’ pidiéndonos ‘prudencia’ y evitar ‘comentarios infundados que no tengan certeza plena’. Luego el propio Arzobispado, que jamás contestó nuestros correos electrónicos, nos respondió por medio de un comunicado publicado en el diario El Día”.

En dicho comunicado, la Arquidiócesis afirma que tanto la justicia civil como la eclesiástica llegaron “a una misma conclusión”: “La inexistencia del delito de abuso sexual por parte del sacerdote Eduardo Lorenzo”. Tras varias inexactitudes, como confundir el archivo de una causa con la absolución o asegurar que la víctima prestó declaración en la investigación efectuada según el derecho canónico, el escrito dice que “pasada una década” Fernández solicitó una “consulta complementaria a jóvenes, laicos adultos y sacerdotes” de la que “no surgieron elementos nuevos” y ratifica implícitamente la designación de Lorenzo como párroco de Nuestra Señora del Carmen.

Respaldo al día

El arzobispo Víctor «Tucho» Fernández

El racconto de Feregotto parece confirmar que el alineamiento del principal multimedios platense con el Arzobispado no ha cambiado en con la sustitución de Aguer por Fernández: “Pedimos derecho a réplica al mismo diario pero nos lo negaron. Antes, dos periodistas del diario me habían consultado sobre lo que ocurría. Redactaron notas en las que expusieron sus propios puntos de vista y no citaron literalmente ninguna de mis declaraciones. En cambio sí reprodujeron textualmente el comunicado de la Arquidiócesis. Quise contactarme para que difundieran nuestra respuesta y les envié el texto. Al día siguiente vi que otra vez figuraba solo el comunicado del Arzobispado. Los consulté por ello y al principio no me contestaron. Hasta que uno me respondió que lo que pretendíamos era una suerte de ‘réplica a la réplica’. A partir de entonces desistí de seguir insistiendo”.

“Mientras tanto –agregó Agustina–, nos topamos con varias personas que desestimaron nuestros dichos, juzgaron nuestro accionar y hablaron muy ofensivamente de nosotros. Entre ellos, sacerdotes de otras parroquias y periodistas que más se parecían a encubridores. El  21 de enero llevamos la nota al Arzobispado. Nos pidieron los datos de las madres que fuimos. Escuchó que estábamos allí la vicecanciller del Arzobispado, Maruca Cabrera, y nos requirió la nota. Se fue a otro despacho, la leyó y luego dio muchas vueltas para recibirla: que no sabía si las firmas de las personas que adherían se correspondían a la nota, que no estaba foliada, que en el título no se aclaraba que entre los firmantes había otras personas además de los padres. Al mismo tiempo nos preguntaba y repreguntaba 
–juzgándonos– por qué actuábamos así y qué pensábamos sobre la culpabilidad del cura Lorenzo. Solicitamos audiencia con el Arzobispo y nos contestaron que hasta fines de febrero no estaría en la ciudad. Pedimos entonces una reunión con algún otro obispo y quedaron en avisarnos porque solo quedaba el ‘obispo de guardia’ y tenían que revisar sus disponibilidades de agenda. Llevamos también una copia de la nota a la Dirección de Escuelas de Gestión Privada de la provincia. Luego llamaron a algunas madres para avisarles que el viernes 25 de enero las recibiría el obispo auxiliarAlberto Bochatey. Concurrieron y conversaron con él mientras las filmaban.  Expusieron lo que estaba ocurriendo y por qué nos preocupaba que alguien que había sido denunciado por abuso sexual forme parte de la comunidad del colegio de nuestros hijos.  Mientras seguían llegándonos mensajes y audios – de  padres de chicos de otra escuela, familias de boy scouts, vecinos de las casas parroquiales y la quinta de verano de Lorenzo y hasta trabajadores del Servicio Penitenciario bonaerense– que relataban conductas aberrantes y siniestras relacionadas con la misma persona. Pero no podemos dar certeza de esos hechos ni aseverar nada porque no hay denuncias penales al respecto y nuestra intención no es injuriar a nadie. A pesar de que cada uno pueda sacar sus conclusiones, no es algo que nos conste”.

Presencias intimidatorias

“El jueves 31 de enero –continuó Feregotto– llamaron desde el Arzobispado a las mismas madres y les pidieron que asistan al día siguiente. Al llegar se encontraron con la ingrata sorpresa de que estaba allí presente el mismísimo Eduardo Lorenzo, acompañado de un letrado. Les mostraron una carta de Lorenzo en la que renunciaba al nombramiento en Nuestra Señora del Carmen y otra del Arzobispo Fernández en la que le aceptaba la dimisión. En sendas misivas se afirma que por nuestra parte hemos calumniado, difamado, actuado en forma maliciosa y puesto en duda la integridad moral del sacerdote, entre otras expresiones que me resultan tan repulsivas que prefiero evitar releer”.

En su carta, Lorenzo vuelve a plantear que está probada su inocencia (“la justicia ya resolvió la causa y la archivó hace años por falta de méritos”), se victimiza al considerarse objeto de una campaña de difamaciones e injurias sin precisar por quién está motorizada y presenta su renuncia, no por sus antecedentes, sino “por amor a la Iglesia” y “por el bien de todos”, incluidos la “comunidad” y los “chicos” de Tolosa. En su respuesta, Fernández suscribe la teoría conspirativa, se conduele de Lorenzo y hasta termina pidiéndole “disculpas” por haberlo “expuesto al dolor y la humillación pública”. Otra vez, acepta su renuncia, no en virtud de los delitos de los que es sospechado, sino para librarlo de trabajar donde no es bienvenido.

Agustina no duda de que hubo una intención deliberada de “confundir con ese juego de palabras planteado entre ‘archivar’ y ‘cerrar una causa’. Se sabe que una causa archivada, si aparecen nuevos elementos de prueba –y estando dentro del tiempo procesal oportuno– puede reactivarse. El archivo no significa ni una absolución ni un sobreseimiento”.

Tres víctimas de abusos eclesiásticos se juntaron en octubre pasado para una producción de fotos de la La Pulseada

Amenazas de persecución

“En la reunión del 1° de febrero –retomó Feregotto– también manifestaron que enviarían cartas documento a los medios que habían difamado y en particular a mi persona.  Entiendo que esto es nuevamente –como se hizo hace diez años con los padres del colegio de Gonnet a los que se les allanó la casa y se les secuestró la computadora– una forma clásica y pura de persecución. Dentro de este último encuentro, se dijeron además, entre otras cosas que cito textualmente, que ‘hay servicios detrás de todo esto’ (en referencia a cómo se ha habrían filtrado las comunicaciones entre los padres y el Arzobispado) y que ‘detrás de ustedes hay mucha gente que tiene experiencia en manejar esto, abogados que cobran plata y organizaciones que reciben dinero del extranjero’. Lorenzo, haciendo alusión a la fiscal, señaló: ‘Yo a Ana Medina ni la conozco’ y que él ‘jamás’ lo citaron. Agregó que ‘la justicia dijo que no hay delito, que no hay imputado y que fue esclarecido’ y que ‘al supuesto abusado no se le pudo tomar declaración porque era menor’».

“Una de las madres le dijo entonces que, a través de la cámara Gesell, sí se puede recoger ese testimonio. A lo que le respondieron que ‘hace diez años atrás esa declaración no se podía tomar’. Por su parte, el abogado presente afirmó: ‘yo trabajé cinco años en un juzgado de violencia de familia y solo tuve dos cámaras Gesell’ y que a los menores ‘se los manda a un cuerpo técnico’. Alguien debería avisarle que los cuerpos técnicos de los juzgados protectorios no tienen nada que ver con la justicia penal.  Tampoco faltaron amenazas explícitas: ‘ustedes están diciendo algo que no es verdadero y que si se llega después a un juicio las va a perjudicar’”, prosiguió.


“ Se sabe que una causa archivada, si aparecen nuevos elementos de prueba puede reactivarse. El archivo no significa ni una absolución ni un sobreseimiento”, Agustina Feregotto, madre de la Colegio Nuestra Señora del Carmen.

Para Agustina, en esa reunión del 1° de febrero hubo amedrentamiento. “Lamentablemente no pude asistir. Pero que haya estado Lorenzo allí, y con un abogado, sin haberles avisado antes a las madres que concurrieron, me parece de una falta de ética total. Y también entiendo que el hecho de filmar las reuniones fue otra manera de poner nerviosas a simples madres que velan por el bienestar de sus hijos y que por primera vez se tienen que enfrentar con algo así”.
Feregotto descuenta que “habrá represalias” por “el simple hecho de que ya amenazaron con enviarme cartas documento y dijeron que van a emprender ‘acciones legales’ contra nosotros. Hay que recordar que cuando unos padres del colegio Concilio Vaticano II de Gonnet se enteraron de la denuncia por abuso sexual contra Lorenzo y lo comentaron con otros, este sacerdote  inmediatamente les envió una carta documento, se  les allanó la casa con las policías federal y bonaerense y se les incautó su computadora –que hasta hoy, luego de varias presentaciones judiciales, no les ha sido devuelta–». 
Pese a las amenazas, Agustina manifestó que “los audios que han recibido los padres, que yo también escuché, me convencieron absolutamente de que una persona así no debe estar en contacto con chicos ni adolescentes. También repudio el maltrato a adultos. Pero los mayores pueden defenderse por sí mismos. El caso de los niños es distinto porque somos nosotros quienes debemos velar para que se respeten sus derechos”. Respecto a que Lorenzo continúe en funciones en Gonnet, contó que “un grupo de padres de allí se contactó con nosotros y nos comentaron que nunca lo quisieron, pero que al haber tantos otros que lo apoyan o que prefieren guardar silencio, se les hace muy difícil”.
Conductas que alejan de la Iglesia
“Definitivamente llevan adelante un encubrimiento constante –responde sobre la actitud de la Iglesia–.  Yo creí que con los cambios de paradigma de estos últimos años la Iglesia iba a adecuarse un poco a la realidad. Que iba a oír la voz de los que hasta ahora, como mujeres, niños y víctimas, no hemos sido escuchados. Que por fin nos iban a creer. El Papa Francisco también se comprometió en un principio a esclarecer los casos de abusos y, por sobre todas las cosas, a evitarlos en el futuro. Pero, por lo visto, no es así, ni nunca lo será”.
“Lo único que consiguen actitudes como la de Fernández –añadió– es que, en lo personal, me sienta cada vez más alejada de la Iglesia como institución. Lo único que tuvimos de él fue un comunicado difundido por un diario y una nota avalando a Lorenzo. Yo antes me definía como ‘católica’. Hoy solo me considero una creyente en Dios. La institución me fue alejando de lo que es la comunidad de la Iglesia como conjunto de personas. Por supuesto, pienso que hay muchos que predican la palabra del Señor que son excelentes pastores. Sin ir más lejos, la persona más extraordinaria, bondadosa y humilde que conozco es un cura franciscano que fue mi profesor en la Facultad Católica de Derecho. Pero empañan a la institución todos aquellos que abusan, se olvidan de su voto de humildad y pobreza y maltratan a los demás creyéndose por encima del resto”.
 
Cambiar para que todo siga igual

El 17 de diciembre pasado, a pocos meses de haber asumido, el nuevo arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, hizo público a través del Sitio Web de la Arquidiócesis su Decreto N° 177, referido a “normas básicas sobre la prevención de abusos”.

La disposición señala que la Iglesia “debe tutelar la integridad moral de todos los fieles” pero “en especial de los menores” porque “están más expuestos a riesgos”. Considera que “el abuso sexual de menores” y de “adultos vulnerables” es “un grave pecado que clama al cielo y es también un grave delito, tanto en el ordenamiento jurídico canónico como en el del Estado”.

Fernández ordena a “clérigos, docentes y dirigentes” relacionados con “menores de edad” o “adultos vulnerables”, en primer lugar, que “se abstengan de compartir habitaciones en hoteles, casas, carpas u otros habitáculos”; de “viajar largas distancias en autos u otros medios de transporte sin la presencia de los padres”; de “escuchar confesiones o permanecer a solas en lugares no visibles” y de “estar a solas en baños, duchas, vestuarios o áreas semejantes”.

En segundo término, les prescribe que “atiendan en capellanías, colegios y parroquias a personas de cualquier edad en habitaciones con aberturas vidriadas” o en su defecto “con la puerta abierta”.

En tercera y última instancia, pide que “procuren los clérigos ser prudentes en so comportamiento con jóvenes en actividades, encuentros personales, etc., tanto en la parroquia como fuera de ella, mostrándose siempre ejemplares en el desempeño de su labor pastoral”.

Pero el Arzobispo había borrado previamente con el codo lo que después escribió con la mano. Poco más de dos semanas antes de la redacción de este decreto ya había dispuesto, entre otras diecisiete nuevas designaciones de párrocos y vicarios parroquiales, el traslado de Lorenzo a Tolosa, haciendo caso omiso de sus antecedentes y de que las denuncias en su contra ya eran ampliamente conocidas por la opinión pública.

Carta abierta al arzobispo del padrino de la víctima

Julio César Frutos, padrino del menor por cuyo abuso fue denunciado el cura Lorenzo en 2008, escribió una “carta abierta” al arzobispo, “para disipar tanta confusión publicada y publicación confusa”, que no le fue recibida hasta el momento por la Arquidiócesis ni aceptada para su publicación por el diario El Día.

Como laico comprometido en la tarea evangelizadora de la Iglesia desde hace más de quince años, Frutos le pide a Fernández “consejo” y “orientación”, aunque admite que pese a todos sus esfuerzos nunca ha logrado que lo atienda.

Aclara que “al menor víctima lo conocimos a los 12 años en situación de calle”, “lo hicimos bautizar a los 14 años en la parroquia de Gonnet”, “mi esposa y yo fuimos sus padrinos” y “al momento de los hechos era residente interno del Hogar Los Leoncitos y acólito de la parroquia Inmaculada Madre de Dios, donde colaboraba en las misas y en los casamientos”. También puntualiza que tenía 16 años cuando Lorenzo se hizo cargo del templo y 17 cuando se presentaron las denuncias.

“El menor que ha sido víctima tampoco ha sido citado para ser oído o evaluado pericialmente” – Julio César Frutos, padrino de quien habría sido víctima de abuso.

Niega terminantemente que en su caso, como sugiere el intercambio de cartas en la que Lorenzo renuncia a asumir como párroco en Gonnet y Fernández acepta su dimisión, exista intención alguna de “difamar”, “calumniar” e “injuriar”. Expresa que los sacerdotes que “nos tildan de mentirosos” actúan “más como barrabravas de la fe que como pastores de la verdad y la caridad”.

En el escrito Frutos vuelve a enumerar “datos” que no son “opiniones” sobre la imputación que le realizó a Lorenzo. Recuerda haber efectuado la denuncia ante el arzobispado el 11 de mayo de 2008 y ante la Fiscalía –que archivó la causa el 9 de enero de 2009– el 20 de agosto de 2008. Confirma que ante la justicia civil prestaron testimonio él mismo, la víctima y otras personas –entre ellas una que “refirió situaciones de índole sexual con menores por parte del Pbro. Lorenzo en el ámbito de otra parroquia”– y que “no se llevaron a cabo pericias de ningún tipo”.

También señala las irregularidades que afectaron a la causa eclesiástica: “No he sido citado por el tribunal eclesiástico a declarar o ampliar por escrito mi denuncia”, “el menor que ha sido víctima tampoco ha sido citado para ser oído o evaluado pericialmente”, menos se tomó  declaración al “testigo que en la causa penal refiriera haber visto conductas sexuales del sacerdote denunciado con menores a su cargo en un campamento”, “no me consta que sobre el denunciado se haya realizado pericia psicológica o médica”, “no me consta que se haya hecho inspección ocular sobre el escenario de los hechos” ni que respecto a “otros menores expuestos a abuso sexual se haya hecho exploración o comunicación familiar preventiva”.

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February 2, 2019

SACERDOTE PEDERASTA SEPARADO DE SU MINISTERIO

MéRIDA (MEXICO)
Tribuna Campeche [San Francisco de Campeche, Campeche, Mexico]

February 2, 2019

By Tribuna

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Al dar a conocer que el sacerdote Gustavo Alberto Z.T., vinculado a proceso por los delitos de violación equiparada y abuso sexual contra un estudiante del Seminario Menor, ha sido separado de su ministerio sacerdotal, el rector del Santuario Mariano Diocesano de la Virgen del Carmen, José Francisco Díaz Vera, afirmó que la Iglesia no encubrirá a ningún clérigo pederasta.

Subrayó que el mismo para Papa Francisco ha sido muy enérgico, cero tolerancia para abusadores, menos los que tengan que ver con abuso sexual.

En cuestión sobre el caso de ahora exsacerdote Gustavo Alberto Z.T. a quien la jueza de Control, Alejandra Flores Verástegui, otorgó la medida cautelar de diez meses de prisión preventiva, el también vocero del Decanato Carmen dijo que la postura de la Iglesia es muy clara.

Puntualizó que el sucesor de Pedro ha sido categórico para que se den las investigaciones por parte de las autoridades y de la misma Iglesia y que si hay un acto cierto, que haya una culpabilidad irrefutable del clérigo, que se actúe en consecuencia, tanto en el ámbito penal como eclesiástico.

Significó que en el caso de la Iglesia, en los casos donde el sacerdote es encontrado culpable de los delitos que se imputan, se le separa de su ministerio sacerdotal para que inicie su proceso legal.

“En este caso a Gustavo Alberto Z.T., se le separó de su ministerio sacerdotal y se encuentra sujeto a las investigaciones que lleva a efecto las autoridades correspondientes”.

Indicó que por parte de la Iglesia, también se investigan los hechos, no para encubrir los presuntos delitos que haya cometido en su sacerdocio, sino para determinar las acciones que se deban tomar en consecuencia.

Mientras tanto, Gustavo Alberto Z.T, deberá continuar con su proceso legal en la cárcel, en tanto el Ministerio Público insiste en que el menor, I.E.Z.P., sufrió de abuso sexual por parte del inculpado, al ser llamado de manera privada, por quien era considerado como su guía espiritual.

Se estima que en los próximos cinco meses, se realizará otra audiencia, para continuar con el desahogo de estas investigaciones y para que la jueza de Control, Alejandra Flores Verástegui, pueda dictar una sentencia, ya sea está condenatoria o de absolución.

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January 31, 2019

ARCHDIOCESE OF SAN ANTONIO

GUADALAJARA (MEXICO)
Archdiocese of San Antonio [San Antonio TX]

January 31, 2019

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iV en, Holy Spirit, Ven!

“Even if it was just one priest who abused a boy or a girl, this is atrocious, because that man was chosen by God. It is most scandalous, because the Church should bring people to God and not destroy them.” – Pope Francis

January 31, 2019
To all in the Archdiocese of San Antonio,
As I write these words I am deeply aware of, piercing my body and to the depth of my soul, the bitter wind that has been sweeping through the Church, causing turmoil, confusion, and anger. Allegations of clerical sexual misconduct and mishandling of some of these cases by bishops are tearing the Church apart, and the challenge for us as Church is to renew our commitment to holiness and justice. We are to bring reconciliation and conversion to our communities of faith as we become instruments of light for the world.


A report such as the one I release to you with this letter brings tension and pain. But as I reflect on this action, I am also filled with serenity and peace. I know the Holy Spirit is leading these efforts at renewal and reflection as we move forward in faith and love as an archdiocese. Hope never dies, it keeps us on the move. We experience darkness at night, but in the morning we enjoy the sumise and a new dawn. Light overcomes the darkness.
Last fall we began the work to research and develop this report, and releasing it does not bring an end to this work; it will continue. We know there is still work to be done. We have made meaningful progress, especially since the establishment of the Charter for the Protection of Children and Young People in the Church, which was promulgated in 2002. I believe that this report is a sign that the commitments made in the 2002 Charter were necessary and continue to make a positive impact on ensuring the faithfulness of the leadership of the Church.

During each Mass, in the Eucharistic prayer before humble gifts of bread and wine are miraculously transformed into the Body and Blood of Christ, the priest says the words, “It is truly right and just.” What we are doing here is also, “truly right and just,” most especially for the survivors of sexual abuse by clergy. I pray that this report will help survivors who have ignored or even rejected by their family or by the Church. I pray that they will find peace.
I would like to thank the members of the independent Lay Commission, led by Judge Catherine Stone, who have spent many hours reviewing our files and our procedures. I am grateful for their time and expertise, and I look forward to reading and implementing the recommendations that they will make in their own report. I also express my profound gratitude to the members of the Archdiocesan Review Board and its predecessor, the Crisis Intervention Committee, for their decades of hard work, and to the laity, who have brought to me their comments and ideas concerning the handling of clerical sexual abuse allegations.

In the spirit of the penitential liturgy which we will celebrate together this weekend, our deacons and priests are owning the sins and failures of the church, and recommitting themselves to serve the people of God in courage and fidelity.


With the transparency and reckoning that comes with this report, I desire that all in church leadership, and in particular my brother priests, will find a renewed call to service, love, and holiness.


I ask our Blessed Mother may she help us — just as she took care of Jesus — that she will help the Church to take care of all our little ones.

Our Lady of Guadalupe, pray for us; St. Anthony of Padua, pray for us.

Report on Child Sexual Abuse by Clergy
in the Archdiocese of San Antonio
With this report, the Archdiocese of San Antonio seeks to present a transparent account of clergy sexual abuse of children in our local church from 1940 to the present. The Archdiocese further seeks to express regret and apologize for the failings and sins that have hurt the Church so deeply, especially in our most vulnerable members. The Archdiocese especially asks forgiveness for the failings of those who have held positions of leadership in the Church. Many allegations described below cannot be positively confirmed, and it is difficult to fully understand and accurately judge the history summarized in this report. Nevertheless, we believe that it is critically important for us to acknowledge this history and the pain that it has caused. After much prayerful discernment, and bearing consciously the burden of anger and shame accumulated over the last 79 years, the Archdiocese makes this report praying that those who are suffering will be able to hear this as a sincere apology.


Purpose of the Report
This report is published with three goals in mind. The Archdiocese seeks to offer public support to those who have survived clergy sexual abuse as children. The Archdiocese hopes, through transparency, to more fully address the findings identified in this report. Finally, the Archdiocese strives to share with all of the faithful the painful truths found in this report in order to invite our entire Church to more authentic holiness.

As the Archdiocese presents this report to the parishes and the faithful of the Church in San Antonio, we address especially those who are survivors of clergy sexual abuse. Our shared responsibility and care must be for each survivor who was sexually abused as a child by an adult who violated a sacred religious trust. Those who choose to read this report after being sexually abused by a priest or deacon may find wounds opened and need additional counseling or therapeutic support. The Archdiocese wants to support you through the Office of Victim Assistance and Safe Environment. Even through the pain, the Archdiocese hopes that you will hear our concern for you, that your healing is important to us, and that we are sorry for the pain that you suffer.


As a Church, we have made meaningful progress, especially since 2002, dealing appropriately with clergy sexual abuse of children. This report shows this progress in the Archdiocese, but there is still significant work to be done. With the transparency and reckoning that this report offers, the Archdiocese desires that all church leadership, and in particular the clergy, will find a renewed calling to service, love, and holiness. There is no room in Christ’s Church for unfit leaders who, as the prophet Ezekiel admonished, trample the pastures and muddy the waters for the flock they are called to lead (34:19). May those who lead in the Archdiocese continually commit themselves to follow the Lord who came to serve and not to be served, and may we follow the example of the early leaders of the Church whose only benefit in service was the opportunity to spend their lives and die giving witness to our Savior Jesus Christ.

As Christ’s faithful people read and hear of this report, it will certainly be a source of pain and embarrassment. The Archdiocese apologizes for the lack of faith that we have placed in you, doubting that your own faith was strong enough to withstand the dark truth of clergy sexual abuse of children which has happened in our community. To be authentically Catholic will be to integrate this painful truth into our understanding of faith and community, and will help us all to recognize the needs of survivors of child sexual abuse in our Church. May we all be grateful to God for the graces and sacraments we have received, in spite of the failings we come to know in some of the ministers of God’s grace. Even as we and the gospel demand and support greater personal holiness from those who lead our Church, with open eyes and hearts, may we also recognize and address every injustice that we witness.


Geographic and Chronological Scope of Report
This report identifies all known allegations of clergy sexual abuse of minors in the Archdiocese since 1940, not only credible allegations. In a few cases, where the allegation was found not to be credible, the allegations were identified without naming the clerics who were accused. Between 1940 and 2019, a few more than 3,000 priests have ministered in the Archdiocese. Over this period of time, the geographic area entrusted to the pastoral care of the archbishop of San Antonio has changed as the Catholic population in South-Central Texas has grown. The Dioceses of Victoria and Laredo have been entrusted with the pastoral care of regions that were originally within the Archdiocese.

The Archdiocese currently provides pastoral leadership for parishes in the Texas counties of Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, Edwards, Frio, Gillespie, Gonzales, Guadalupe, Karnes, Kendall, Kerr, Kinney, Medina, McMullen, Real, Uvalde, Val Verde, and Wilson.


Prior to the formation of the Diocese of Laredo on July 3, 2000, the Archdiocese additionally provided pastoral leadership for parishes in the following Texas counties: Dimmit, a portion of La Salle, Maverick, and Zavala.
Prior to the formation of the Diocese of Victoria on May 28, 1982, the Archdiocese additionally provided pastoral leadership for parishes in the following Texas counties: Calhoun, Colorado, Dewitt, Fayette, Jackson, Lavaca, a portion of Matagorda, Victoria, and a portion of Wharton.


There are also several overlapping or personal jurisdictions located within the geographic territory of the Archdiocese. St. George in San Antonio is a Maronite Catholic parish for members of the Maronite Catholic Church. It is under the pastoral leadership of the Eparchy (Diocese) of Our Lady of Lebanon which leads Maronite parishes in the western part of the United States. In March 1985, the Archdiocese for the Military Services was established and it took jurisdiction over the chapels on the military installations in the Archdiocese. On March 3, 2017, Our Lady of the Atonement in San Antonio was transferred to the jurisdiction of the Ordinariate of the Chair of St. Peter, which offers pastoral leadership for former Anglicans in the United States and Canada.

This report will identify assignments of clergy accused of sexual abuse of children and allegations of clergy sexual abuse of children alleged to have taken place within the jurisdiction of the Archdiocese of San Antonio at the time the abuse was alleged to have occurred. This may include assignments and parishes that are no longer under the jurisdiction of the Archdiocese. Assignments are reported as accurately as possible based on archdiocesan files. Additional assignment information can be found in the annual Official Catholic Directory published by P. J. Kenedy & Sons.


Religious Priests and Diocesan Priests from other Jurisdictions
It is helpful to understand that the archbishop does not have the same authority over all priests assigned within the Archdiocese. Priests can be diocesan priests of the Archdiocese, diocesan priests from another diocese, or priest members of a religious order. This will affect who has jurisdiction over them in church matters. The Archdiocese expresses gratitude for the effective pastoral partnership that San Antonio has enjoyed with many religious communities and many dioceses who have allowed their priests to serve here.

Some priests are diocesan priests who have been incardinated into (been ordained for or joined) the Archdiocese. They promise obedience to the archbishop, and he is their superior in matters of religious life and discipline. Many of these priests also are assigned to minister within the Archdiocese, and the archbishop has authority over their public ministry as well. He is responsible for investigating any allegations of child sexual abuse made against them, for removing their faculties to minister as a priest, and for referring any case against them to the Congregation for the Doctrine of the Faith at the Vatican for possible laicization (removal from the clerical state).


Some priests are diocesan priests on loan from another diocese. Insofar as these priests are assigned by the archbishop to some public ministry within the Archdiocese, the archbishop has authority over their public ministry. Their own bishop continues to be their superior in matters of religious life and discipline. Their promise of obedience remains with their own bishop, not the archbishop of San Antonio. For just cause, the archbishop can withdraw a diocesan assignment or remove authority for a priest from another diocese to exercise public ministry here, but all investigations or disciplinary action within the Church must be taken by his own bishop.

Some priests ministering or living within the Archdiocese are members of religious communities and are often referred to as order priests. These priests have a religious superior within their religious community to whom they have made a promise or vow of obedience. Their superior in the religious community continues to be their superior in matters of religious life and discipline. When a religious priest is assigned to priestly ministry within the Archdiocese, the archbishop has authority over his public ministry. For just cause, the archbishop can withhold or withdraw authority for an order priest to exercise public ministry or withhold or withdraw a diocesan assignment, but this restriction does not apply to ministry exercised within houses of the religious community. For most grave causes, the archbishop can also prohibit an order priest from residing in the Archdiocese, if the religious superior neglects to take appropriate action when informed of the grave cause. Additionally, all investigations or disciplinary action within the church involving an order priest must be taken by his own religious superior.

For the purposes of this report, while other dioceses and religious communities were consulted about the cases involving their members or former members, the decision to include the identity of clerics accused of child sexual abuse in this report was the sole decision of the Archdiocese, in consultation with the Archdiocesan Review Board, and was not the decision of any other diocese or any religious community.

Methodology of the Report and Standard of Proof
Contained in this report is every allegation known to the Archdiocese since 1940 that a clergy member (any Catholic bishop, priest, or deacon) sexually abused a minor within the territory of the Archdiocese. For the purposes of this report, the type of conduct understood to be “sexual abuse of a minor” is defined in the following chapters of the Texas Penal Code:
Chapter 20A: Human trafficking offenses
Chapter 21: Abuse of a Child, Public Lewdness, Indecent Exposure, Bestiality, Indecency with a Child, Improper Relationship between Educator and Child, Invasive Visual Recording, Unlawful Disclosure or Promotion of Intimate Visual Material, and VoyeurismChapter 22: Sexual Assault, Aggravated Sexual Assault
Chapter 43: Obscene Display or Distribution, Obscenity, Sale, Distribution, or Display of Harmful Material to a Minor, Sexual Performance by a Child, Employment Harmful to Children, Possession or Promotion of Child Pornography, Electronic Transmission of Certain Visual Material Depicting Minor, and Possession or Promotion of Lewd Visual Material Depicting Child

In every case that the allegation against the cleric has been found to be credible, the cleric is identified by name in this report. A “credible allegation” is one that, after review of reasonably available, relevant information in consultation with the Archdiocesan Review Board or other professionals, there is reason to believe it is true. In some cases, clerics are identified by name in this report even though the allegation against them has not been determined to be a credible allegation. The names of clerics are included when their identities have already been made public, even when the report states that the allegations have been found not to be credible. In many cases, allegations against deceased priests have been published in this report with the identity of the priest on the strength of the uncorroborated statement of the abuse survivor. At times this report identifies a higher level of certainty that the abuse occurred, such as criminal conviction, admission of guilt, or a determination after an investigation that there is sufficient evidence to refer the allegation to the Congregation for the Doctrine of the Faith seeking the laicization of the cleric (removal from the clerical state). As used in the Archdiocese, this standard of proof used in an ecclesiastical penal process, “sufficient evidence,” meets the same standard as for a “credible allegation” described above.

In addition to allegations of clergy sexual abuse of children, this report seeks to offer some context for the allegations of abuse. It specifically records decisions made by those in positions of leadership within the Archdiocese related to child sexual abuse.

Methodology for Investigations
This report covers many decades, and over these years the methodology for investigating allegations has changed from time to time. Currently, there is a clear process for investigating allegations of child sexual abuse made against clergy.


When an allegation of child sexual abuse is made against a member of the clergy, the chair of the Archdiocesan Review Board is notified without delay. If the person against whom the allegation is made is alive, law enforcement is also promptly notified. In most cases, the law enforcement notified is the appropriate district attorney. If the victim is still a minor, notification is also made to Child Protective Services. If the cleric is a member of the Archdiocese, the review board meets to determine if there is a semblance of truth to the allegation (if it is possible that the alleged abuse occurred). If it is found that there is, the Board advises the archbishop to open a preliminary canonical investigation. The Board also considers whether the cleric is in a ministry setting that may pose any risk to children. If it is determined that he may be, the Board advises the archbishop to remove him from ministry during the preliminary investigation.

Whenever the Archdiocesan Review Board determines that an investigation is appropriate, the Board uses the services of a licensed private investigation firm, led by a retired agent of the Federal Bureau of Investigations. When the investigation is concluded, the Archdiocesan Review Board determines if there is sufficient evidence that the abuse occurred to refer the allegation to the Congregation for the Doctrine of the Faith. The standard for sufficient evidence that the Archdiocesan Review Board uses is that of a “credible allegation” described above. If this standard is met, the Board advises the archbishop, who then notifies the public of the allegation and removes the cleric from all ministry, prohibiting him from presenting himself as a priest. Finally, the archbishop refers the matter to the Congregation for the Doctrine of the Faith for possible laicization (removal from the clerical state).
In cases where the cleric is not under the jurisdiction of the archbishop, the matter is referred to the proper jurisdiction (other diocese or religious community) and the Review Board makes recommendations to the archbishop related to removal from ministry and notifying the affected communities. If the cleric is deceased, the Review Board makes recommendations to the archbishop related to notifying the affected communities.
Since the Archdiocesan Review Board was formed in response to the United States Conference of Catholic Bishops’ Charter for the Protection of Children and Young People, the archbishops of San Antonio have, in every case, accepted and followed the recommendations of the Archdiocesan Review Board.

Survivors of Child Sexual Abuse by Clergy
The Archdiocese is grateful to each survivor for bringing forward his or her allegation. We are especially grateful for the courage that has made it possible to identify and remove from ministry clerics who have abused children. The Archdiocese is grateful to have assisted many survivors with counseling or therapy and pastoral support.
It is possible that other incidences of clergy sexual abuse of children have occurred and the Archdiocese is not aware of them, either because a report has not yet been made to the Archdiocese, or because a report was made but no record of the report was kept.


If you are aware of anyone who has suffered child sexual abuse, please report it to law enforcement authorities and to the Archdiocesan Office of Victim Assistance and Safe Environment at (210) 734-7786 or (877) 700-1888.
If the Archdiocese can be of assistance to you in your healing process, please contact Steve Martinez, LCSW, LSOTP, director of the Office of Victim Assistance and Safe Environment at (210) 734-7786 or (877) 700-1888.


Allegations of Abuse by Decade When the Abuse was Alleged to have Occurred
2010-2019

No one has alleged that between 2010 and 2019 they were sexually abused by a clergy member in the Archdiocese.
2000-2009


Fiala, John (SOLT) – 1 allegation
John Fiala was a priest of the Society of Our Lady of the Most Holy Trinity seeking to join the Archdiocese. From 2005-2008, he was assigned in the Archdiocese to St. Anthony in Harper and to Sacred Heart of Mary in Rocksprings and its mission churches in Leakey and Camp Wood. Family members of the survivor reported suspicious behavior by Fiala to the Archdiocese in 2008. This led to a criminal investigation involving allegations of interference in the custody of a minor. Child sexual abuse was established against him through a criminal trial, and Fiala died in prison in 2017. The Archdiocese determined that the Society of Our Lady of the Most Holy Trinity withheld information about a prior allegation of sexual abuse of a minor made against Fiala when recommending him for ministry here, and as a direct consequence, no members of the society are allowed to exercise any priestly ministry within the Archdiocese.

Sieczynski, Jerzy – 1 allegation (possession of child pornography)
Jerzy Sieczynski was ordained a priest in 2000 for the Archdiocese. From 2000-2003, he was assigned in the Archdiocese to St. Matthew in San Antonio. He was removed from this assignment and his faculties for priestly ministry were removed in 2003, after an allegation of indecent exposure (not involving a minor.) In 2004, child pornography was found on his computer. This was established in a criminal trial, and he served three years in prison. Sieczynski is listed in the Texas Public Sex Offender Registry, has been permanently restricted from exercising any ministry, and is not authorized to publicly present himself as a priest.

1990-1999
Aviles, Jose – 1 allegation
Jose Aviles was ordained a priest in 1990 for the Archdiocese. From 1990-2004, he was assigned in the Archdiocese as chaplain to the Catholic Community on Scouting, as vocation director, to St. Margaret Mary in San Antonio, to St. Mary Magdalen in San Antonio, and to St. Joseph South San. In 2003, it was alleged that Aviles sexually abused a minor teenage boy in 1984 or 1985 (before Aviles was ordained a priest). Aviles was removed from ministry in 2004, and the public was notified of the cause. After he was removed, also in 2004, it was alleged that he sexually abused a minor teenage boy in 1994. The San Antonio Police Department was notified of this allegation. The abuse was well enough established to keep him permanently removed from ministry until his death in 2008.


Clerx, Theo (CICM) – 7 allegations
Theo Clerx was a priest of the Congregation of the Immaculate Heart of Mary. From 1960-1992, he was assigned in the Archdiocese to St. Jude in San Antonio, to Immaculate Heart of Mary in Pearsall, to St. Joseph in Devine, and to St. John Berchmans in San Antonio. He also lived in the Archdiocese in retirement without assignment from 1992-2002. In 2002, it was alleged that he sexually abused a child in the early 1960’s and the San Antonio Police Department was notified of the allegation. Clerx admitted to this abuse. In 2011, after his death, six additional allegations of child sexual abuse were made, dating to the 1990’s. Clerx died in 2003.

Davila, John – 2 allegations
John Davila was ordained a priest in 1984 for the Archdiocese. From 1984-1993, he was assigned in the Archdiocese to Sacred Heart in Uvalde, to Our Lady of Guadalupe in Carrizo Springs, to St. James in San Antonio, to Our Lady of Peace in Kenedy, to St. Cecilia in San Antonio, to Holy Family in San Antonio, and as a rural youth retreat moderator. On December 24, 1993, the Archdiocese was notified by law enforcement of allegations that Davila sexually abused two girls. He was suspended from his assignment as pastor and from priestly ministry and the archbishop informed Sacred Heart Parish in Uvalde of the allegations and suspension the following weekend. Davila pleaded guilty and was given a seven year probated sentence. He was laicized (removed from the clerical state) in 1999.


Lozano, Carlos (OMI) – 7 allegations
Carlos Lozano was ordained a priest in 1993 for the Oblates of Mary Immaculate. From 1993-1994, he was assigned by the Oblates of Mary Immaculate to their high school seminary, St. Anthony, in San Antonio. While there, it was alleged that he sexually abused several students. The abuse was established through a criminal conviction, which ultimately led to a 20-year prison sentence. Lozano was dismissed from the clerical and religious states in 2003. He died in prison.

Orr, James – allegations of abuse that predate his ordination
James Orr was ordained a permanent deacon for the Archdiocese in 1997. From 1997-2016, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of the Atonement in San Antonio. In 1992 or 1993, a child alleged that Orr, then a volunteer in the same parish, had sexually molested him in the neighborhood pool. In 2016, the then pastor of Our Lady of the Atonement, Fr. Christopher Phillips, acknowledged that he had received the complaint and had investigated it, finding it to be without basis. He did not inform the archbishop of the allegation, either at the time it was made or later when recommending Orr for ordination to the permanent diaconate. In 2007, a victim alleged that Orr had attempted to sexually abuse him in approximately 1995, also prior to Orr’s ordination. In December 2015, the Archdiocese was contacted by a psychologist who stated that her client had given her permission to inform the Archdiocese that he and another survivor had been sexually abused as children in the 1990’s by Orr. Shortly after this, Orr requested retirement and resigned from all active ministry. The Archdiocese accepted his resignation and forbade him from functioning or presenting himself as a deacon. In 2017, a civil demand was made by a survivor alleging sexual abuse in approximately 1993. Beginning in 2007, the Archdiocese notified the Bexar County District Attorney’s office of all known allegations of child sexual abuse made against Orr. While the reports refer to child sexual abuse alleged to have occurred before Orr’s ordination, the Archdiocese found the abuse survivors credible and forbade Orr from exercising any future ministry, notifying the community of these allegations so that the Archdiocese can assist any other survivors with counseling or pastoral care. Orr died in 2019.

Ortiz Dietz, Javier – 16 allegations
Javier Ortiz-Dietz was ordained a priest in 1978 for the Archdiocese. From 1979-1992, he was assigned in the Archdiocese to St. Joseph in Yoakum, to St. Gregory in San Antonio, to Sacred Heart of Mary in Rocksprings and its mission churches in Leakey and Camp Wood, to Our Lady Queen of Heaven in Macdona, and to Sacred Heart in Von Ormy. The first allegations were made against Ortiz-Dietz in 1992, and he was removed from ministry and sent for psychiatric treatment. In 1993, he was indicted for abusing three boys over a two year period and in 1994 he was convicted and sentenced to three concurrently running twenty year jail sentences. He was laicized (removed from the clerical state) in 2005, while still in prison. In 2014, he was released from prison and deported to Mexico. In order to better ensure that Ortiz-Dietz not fraudulently present himself as a priest in Mexico, Archbishop Gustavo Garcia-Siller, MSpS proactively sent notice in 2015 of Ortiz-Dietz’ laicization to the Bishops’ Conference in Mexico and to the archbishop of Puebla, Mexico, where the Archdiocese believes Ortiz-Dietz is living. With this report, the Archdiocese acknowledges that Archbishop Patrick F. Flores had access to a prior seminary report which indicated in relation to Ortiz-Dietz: “The following are among the more serious personality traits that were found: marked sexual conflict, hypocrisy, defense mechanisms, desires of appearing different than he really is, puritanical attitudes, distortion of reality, obsessive manias, pronounced paranoid characteristics, delusions of grandeur, vanity and narcissism.”

Ozzimo, Anthony (SJ) – 1 allegation
Anthony Ozzimo was a priest of the Society of Jesus (the Jesuits). From 1987-1994, he was assigned within the Archdiocese to Our Lady of Guadalupe in San Antonio. In 1995, a woman alleged that Ozzimo had sexually abused her daughter, a child, during the early 1990’s. She also notified the San Antonio Police Department, but no indictment was brought. In 2016, the survivor, now an adult, brought the same allegation herself. The Archdiocese notified the Bexar County District Attorney’s office of the 2016 allegation when it was made, including with our report the information available from 1995. Ozzimo ceased functioning as a priest in 1995 when he was granted a leave of absence from the Jesuits; Ozzimo left the Jesuits in 1998 for unrelated reasons. The Jesuit USA Central and Southern Province was unable to determine that the allegation was credible, based on available information. The Province finds an allegation credible when an investigation concludes that the alleged offense had probably occurred, even though it could not be proved with absolute certainty. Nevertheless, the Archdiocese includes it here in case there are any other survivors for whom the Archdiocese can offer pastoral support or counseling.

1980-1989
Contreras, Jose Luis (CMF) – 1 allegation
Jose Luis Contreras was ordained a priest in Mexico as a member of the Claretians in 1967. From 1983-1988, he was assigned in the Archdiocese of San Antonio to Sacred Heart in Uvalde, to St. Jude in San Antonio, and to Methodist Hospital as a Chaplain. In 1987, it was alleged that he inappropriately touched a 17-year-old male patient’s genitals. His assignment was terminated and he was sent for psychiatric evaluation and treatment. In 1988, on completion of his treatment, his faculties to exercise priestly ministry in San Antonio were removed and he stated that he was returning to Guadalajara to live with his sister. The Archdiocese has not been in contact with him since 1988 and has not been able to locate him in preparing this report.


Fernandez Baeza, Federico (OFM) – 8 allegations
Federico Fernandez Baeza is a Franciscan priest who at the time of the alleged abuse was a member of the Chicago-St. Louis Province of the Franciscans. From 1981-1987, he was assigned in the Archdiocese to St. Leonard in San Antonio and to St. Clare in San Antonio. In 1983, it was reported that he exposed himself at a public pool to two teenage girls. Beginning in 1987, six allegations were brought forward alleging child sexual abuse between 1984 and 1987. In 1988, Fernandez was indicted on two criminal counts of indecency with a child, with contact, but the charges were later dropped. The Chicago-St. Louis Province of the Franciscans removed him from San Antonio at the request of the archbishop in 1987, but he was later found to be ministering in Bogota, Colombia. Baeza was removed from ministry there in 2015 and his case was referred to the Vatican by the Franciscan leadership in Colombia. Based on records available, the Archdiocese believes these allegations to be credible. From newspaper reports it appears that the Archdiocese took two months to report two 1987 allegations to law enforcement and were not specific in its reporting. In response, the newly formed Crisis Intervention Committee (a precursor to the Archdiocesan Review Board that helped the archbishop with allegations of child sexual abuse) met with Children’s Protective Services to discuss proper procedures for reporting allegations of child sexual abuse. In 1989, Child Protective Services led a workshop for priests working in the Archdiocese in order to assist with proper reporting in subsequent allegations.

Garcia, Richard – 1 allegation
Richard Garcia was ordained a priest for the Archdiocese in 1974. From 1974-1985, he was assigned in the Archdiocese to Sacred Heart in San Antonio, to St. Cornelius in Karnes City, to St. Timothy in San Antonio, to St. Patrick in Bloomington, and to St. Jude in San Antonio. He died in 1985. After his death, a civil demand was made related to an allegation of sexual abuse of a minor. The Archdiocese found the survivor to be credible.


Gomez, Ramon – 3 allegations
Ramon Gomez was a priest of the Diocese of Tapachula, Mexico. From 1984-1987, he was assigned in the Archdiocese to St. Matthew in Jourdanton and to Our Lady of Guadalupe in Carrizo Springs. In 1987, he was asked to leave the Archdiocese after law enforcement from California informed the pastor of Our Lady of Guadalupe of allegations of child sexual abuse against Gomez in California. He moved to Jalisco, Mexico, but continued to visit Carrizo Springs without faculties to exercise priestly ministry, in spite of the protests of the pastor and a letter from Archbishop Flores to the bishop of Tapachula. In 1991, a teenager reported during a retreat that he and two other minor teenagers had been abused by Gomez during one of his visits to Carrizo Springs. Law enforcement was informed, and the Archdiocese found the survivor to be credible. The Archdiocese has not been able to locate Gomez in preparing this report.

Gonzalez Zumaya, Benigno David – 9 allegations
David Gonzalez-Zumaya was ordained a priest in 1977 for the Archdiocese. From 1977-1998, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Grace in San Antonio, to Our Lady of Sorrows in San Antonio, to Sacred Heart in Uvalde, to St. Patrick in Batesville, to Sacred Heart in Crystal City, to St. Gregory the Great in San Antonio, to San Fernando Cathedral, to Our Lady of Guadalupe in Carrizo Springs, to St. Mary Magdalene in Brackettville, to St Joseph in Nixon, and to St. Philip in Smiley. In 1997, a survivor alleged that he had been sexually abused as a minor teenager by Gonzalez-Zumaya in 1982. The Archdiocese found the allegation to be credible and Gonzalez-Zumaya was removed from ministry in 1997. In 1998, he was retired without faculties to exercise priestly ministry in the Archdiocese, and he left the country to return to his native home of Guadalajara, Mexico. Since then, eight additional allegations of abuse by Gonzalez-Zumaya have been made, all dating to the 1970’s and 1980’s. He was allowed by the archbishop of Guadalajara to exercise priestly ministry without an assignment from 1999-2000. In 2008, the Archdiocese notified the public of an allegation made against Gonzalez-Zumaya, and stated that he was no longer in ministry. While the last record we have of Gonzalez-Zumaya having authorization to exercise ministry was 2000, we cannot be certain that he was not exercising any ministry in 2008. Gonzalez-Zumaya died in 2013.

Khoury, James – 1 allegation
James Khoury was ordained a priest in 1975 for the Eparchy (similar to a diocese) of St. Maron in the Maronite Catholic Church. From 1977-1985, he was assigned by the Maronite Eparch to St. George Maronite Church in San Antonio. From 1981-1983, he held the position of president of Antonian High School without compensation. In the mid 1980’s, a survivor made an allegation to the Eparchy of St. Maron that Khoury had sexually abused him as a student at Antonian High School. The survivor entered into a settlement with Khoury in 1985, and the Eparchy removed him from the San Antonio area. The survivor brought the allegation to the Archdiocese in 2004, and subsequently brought a lawsuit against the Archdiocese that was dismissed in 2006. Nevertheless, the Archdiocese found the survivor to be credible. Khoury died in 2016.


Martinez, Mario – 3 allegations
Mario Martinez was ordained a priest in 1977 in Mexico for the Archdiocese. In 1977, he was assigned to minister in the Archdiocese to Immaculate Conception in San Antonio and to Sacred Heart in Floresville. From there he left in 1977, without permission, saying that he was going to take care of his sick mother in Mexico. He returned in 1984 and was assigned to a convent of religious sisters. In 1985, he was sent for treatment for alcoholism. He left the treatment center without authorization and returned to San Antonio. While the Archdiocese was making arrangements for him to return to treatment, it was alleged that he sexually abused a child. A warrant was issued for his arrest, but he returned to Mexico without authorization. The archbishop removed all his faculties for priestly ministry and he died in Mexico in 1994. Beginning in 2008, two additional allegations of child sexual abuse were made against Martinez, and while Martinez was deceased at the time of these allegations, the Archdiocese found the survivors to be credible.

Miller, Charles, SM – 1 allegation
Charles Miller was ordained a priest for the Marianist community in 1964. From 1980-1999, and from 2003-2007, Miller was assigned by his community to a teaching position at St. Mary’s University. In 2007, a woman alleged that Miller had sexually abused her in 1980 when she was a minor teenager. In 2007, the Marianist provincial copied the archbishop on a letter identifying that the allegation had been deemed credible by the Marianist provincial administration. In the same letter, the provincial notified Miller that he was suspending him from all ministry as a priest.

Pavlicek, Edward – 1 allegation
Edward Pavlicek was ordained a priest for the Archdiocese in 1983. From 1983-2018, he was assigned in the Archdiocese to St. Ann in San Antonio, to St. Leo in San Antonio, to St. Benedict in San Antonio, to Sacred Heart in Floresville, to St. Mary in Somerset, to Good Shepherd in Schertz with its mission church in Marion, and to St. Thomas the Apostle in Canyon Lake. In 2018, the Archdiocese was informed of an allegation of child sexual abuse against Pavlicek, made by the abuse survivor. The abuse was alleged to have occurred between 1986 and 1988. The Archdiocese notified the Bexar County District Attorney’s office of the allegation. The Archdiocesan Review Board found that the allegation had an appearance of truth and recommended that the Archdiocese conduct a canonical investigation into the abuse. At the conclusion of this investigation, it was determined that there was sufficient evidence that the abuse occurred for the Archdiocese to refer the case to the Congregation for the Doctrine of the Faith for possible laicization (removal from the clerical state). Archbishop Gustavo made this referral and additionally prohibited Pavlicek from exercising any priestly ministry or presenting himself as a priest.


Prado, Alfredo (OMI) – 5 allegations
Alfredo Prado was a priest of the Oblates of Mary Immaculate. From 1959-1983, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Good Council in San Antonio, to Sacred Heart in Del Rio, to St. Timothy in San Antonio, and to the Oblate high school seminary, St. Anthony, in San Antonio. He also lived in the Archdiocese without assignment from 1990-1999. Beginning in 2002, five survivors alleged that they had been abused by Prado between 1965 and 1980. There was sufficient evidence that he sexually abused minors that he was dismissed from the Oblates in 2004 and dismissed from the clerical state in 2006.


White, Louis – 10 allegations
Louis White was ordained a priest for the Archdiocese in 1975. From 1975-1980, from 1981-1986, and from 1987-1988, he was assigned in the Archdiocese to St. Ann in San Antonio, to Sacred Heart in Floresville, to St. Joseph in Yoakum, to Notre Dame in Kerrville, to San Fernando Cathedral, to St. Luke in Loire, and to St. Vincent de Paul in San Antonio. In 1980, White was reported to the Archdiocese for sexually abusing a child and he was sent for psychiatric evaluation and treatment. Upon completing the program of treatment, he was reassigned to ministry in 1981 and thereafter was again found to have sexually abused a child. He was then sent a second time for psychiatric evaluation and treatment in 1986. He completed this treatment in 1987 and from 1987-1988, he was again assigned to ministry with restrictions that he not be involved in activities with youth or young adults. The Archdiocese found the allegations against White to be credible, and in 1989 White was laicized (removed from the clerical state) by the Congregation for the Doctrine of the Faith

Wilwerding, Albert – 1 allegation
Albert Wilwerding was ordained a priest for the Diocese of Des Moines, Iowa in 1956. From 1982-1984, he resided in the Archdiocese without formal assignment. He was engaged in studies during some of this time. He also assisted with Masses and for some of the time lived at St. Alphonsus in San Antonio. In 1984, he was investigated by the San Antonio Police Department for sexually assaulting an adult male. At that time he was sent for psychiatric treatment by his bishop to New Mexico. Wilwerding died in 2004. In 2018, a concerned woman alleged that her deceased husband had witnessed Wilwerding sexually abusing a minor teenage boy in 1983 or 1984 when the husband went to do work at Wilwerding’s house. She further alleged that she had notified Archbishop Flores of this at the time and that she notified the police. While the Archdiocese does not have a record of her making a report in 1983 or 1984, in light of prior child sexual abuse allegations that the Archdiocese has since become aware of in Des Moines, the Archdiocese found the woman to be credible.


1970-1979

Behnke, Thomas (OCD) – 1 allegation
Thomas Behnke was a priest of the Order of Discalced Carmelites. He lived in the Archdiocese from 1950-1978 and from 1989-1992. He was assigned to Our Lady of Mount Carmel and St. Térèse in San Antonio and to Immaculate Heart of Mary in Pearsall. In 2017, a survivor alleged that he had been sexually abused as a child by Behnke in the 1970’s. Behnke died in 2008. While the allegation of abuse in San Antonio was made after his death, the Archdiocese has been aware, since 2009, of allegations made against Behnke in Dallas. The Archdiocese found the survivor to be credible.

Connell, David – 2 allegations
David Connell was a priest who incardinated into (joined) the Archdiocese from the New York Province of the Carmelite Fathers in 1980. From 1976-1995, he was assigned in the Archdiocese to Antonian High School as instructor, vice-principal, and principal and to St. Thomas More in San Antonio. In 1976, a student from Nativity High School in Pottsville, Pennsylvania alleged that Connell made a sexual advance toward him, which the victim rejected. The same year the Diocese of Allenstown terminated their contract with the Carmelite Fathers and Connell sought an assignment in San Antonio. Aware of the allegation and Connell’s denial of the allegation, Archbishop Francis Furey assigned Connell in San Antonio. Current archdiocesan administrators became aware of this allegation when the 2018 Pennsylvania Grand Jury Report identified different allegations of child sexual abuse against Connell made in 2002. After the affected communities in San Antonio (including the alumni of Antonian College Preparatory High School) were notified in 2018, two San Antonio survivors came forward to inform the Archdiocese of additional incidences of child sexual abuse perpetrated by Connell. The Archdiocese found these survivors to be credible. Connell died in 1995.


Gomez, Francisco (OFM Conv) – 1 allegation
Francisco Gomez was ordained a priest for the Archdiocese in 1976. From 1976-1980 and from 1988-1991, he was assigned in the Archdiocese to San Juan de los Lagos in San Antonio, to Immaculate Conception in San Antonio, and to Holy Family in San Antonio. He joined the Conventual Franciscan Order in 1980 and died in 1998. In 2004, a survivor alleged that in the late 1970’s, Gomez, while still a priest of the Archdiocese, sexually abused him when he was a minor teenager. While the allegation was made after Gomez’ death, the Archdiocese found the survivor to be credible.

Harrold, Michael – 1 allegation
Michael Harrold was ordained a priest for the Archdiocese in 1950. From 1950-1982, he was assigned in the Archdiocese to St. Mary’s in Victoria, to Our Lady of Grace in La Coste, to St. Anthony in Palacios, to St. Cecilia in San Antonio, to St. Patrick in Bloomington, to St. Joseph High School in Victoria, to Our Lady of Victory in Victoria, and as a campus minister for Victoria Junior College and for the University of Houston Victoria Campus. In 1982, the Diocese of Victoria was established and he became a priest of that diocese. Harrold died in 2015. In 2018, it was alleged that he sexually abused a minor teenage girl in the 1970’s. While the allegation was made after Harrold’s death, the Archdiocese found the survivor to be credible.


Hernandez Gonzalez, Antonio (OMI) – 1 allegation
Antonio Hernandez Gonzalez was a priest of the Oblates of Mary Immaculate. From 1974-1980, he was assigned in the Archdiocese to St. Patrick in Sabinal, to St. Joseph in Knippa, to Our Lady of Refuge in Eagle Pass, to St. Joseph in Eagle Pass, and as a chaplain to Baptist Memorial Hospital in San Antonio. In 2003, a survivor alleged that Hernandez sexually abused her when she was a minor teenage girl in the 1970’s. Hernandez admitted to this abuse. He had been laicized (removed from the clerical state) in 1987 and died on December 2, 2016.


Hernandez, Lawrence (OSST) – 2 allegations
Lawrence Hernandez was ordained a priest for the Archdiocese in 1978. From 1978-1984, he was assigned in the Archdiocese to St. James in Gonzalez and its mission churches in Gonzalez and Waelder, to San Fernando Cathedral, and to St. Paul in San Antonio. In 1985, he left the Archdiocese and joined the Order of the Most Holy Trinity. In 2008, a survivor alleged that Hernandez had sexually abused him as a child in 1978. A second allegation was made following the Archdiocese notifying the community and inviting other survivors to come forward. The Archdiocese informed the Bexar County District Attorney’s office of the allegations. The Trinitarians removed him from ministry in 2008 and after a preliminary investigation found sufficient evidence that the abuse occurred to refer the case to the Congregation for the Doctrine of the Faith. As a result of this process, the Trinitarians permanently reaffirmed that Hernandez was prohibited from exercising any public ministry and from presenting himself as a priest. They also placed him under supervision. He has since left the Trinitarian community and has no faculties to exercise priestly ministry and no authorization to present himself as a priest or as a Trinitarian.

Kenny, Michael – 1 allegation
Michael Kenny was ordained a priest in Ireland for the Archdiocese in 1973. From 1973-1997, he was assigned in the Archdiocese to St. Vincent de Paul in San Antonio, to St. Luke in San Antonio, to Resurrection of the Lord in San Antonio, and to St. Margaret Mary in San Antonio. In 2000, a survivor alleged that he had sexually abused her when she was a minor teenager in the 1970’s. The Archdiocese found the survivor’s allegation to be credible. Kenny was removed from priestly ministry in 2000. He has no faculties to exercise any priestly ministry and has been prohibited from presenting himself as a priest. As a result of the recent review conducted in preparing this report, the Archdiocesan Review Board determined that there was sufficient evidence that the abuse occurred to recommend that the Archdiocese refer the case to the Congregation for the Doctrine of the Faith for possible laicization (removal from the clerical state). Archbishop Gustavo has since made this referral.


MacArthur, Bruce – 1 allegation
Bruce MacArthur was ordained a priest in 1953 for the Diocese of Sioux Falls, South Dakota. From 1979-1984, he was assigned in the Archdiocese to St. James in San Antonio and to St. Dominic in San Antonio. In 2004, a survivor reported that she had been abused as a child at St. James Parish in the late 1970’s. The Archdiocese found her to be credible in her allegation that she was sexually abused, and in the investigation identified that MacArthur was at St. James during the reported timeframe, and that he had been convicted of attempted rape of a vulnerable adult prior to 1979, and of sexual intercourse with a child and indecent behavior with a child in Wisconsin in 2008. The latter conviction referred to abuse that occurred in the late 1960’s. MacArthur died in 2012. It is clear that Archbishop Flores knew of the attempted rape of the vulnerable adult when assigning MacArthur to minister in San Antonio. It is unclear if he was aware that MacArthur had abused children, and our records do not indicate that he had any communication with the Sioux Falls Diocese about MacArthur.

Martin, Alfred Harry – 1 allegation
Alfred Harry Martin was ordained a priest in 1966 for the Diocese of Belize in Belize. He was incardinated into (joined) the Archdiocese in 1977. From 1972-2002, he was assigned in the Archdiocese to St. Agnes in Edna, to the Bexar County Jail as a chaplain, to Our Lady of Perpetual Help in Selma, to Christ the King in San Antonio, to St. Vincent de Paul in San Antonio, and to Audie Murphy Veteran’s Administration Hospital as a chaplain. In 2002, a survivor alleged that Martin had abused him as a minor teenager between 1975 and 1977. Martin voluntarily left priestly ministry when the allegation was made, and since 2002 has not had faculties to exercise any priestly ministry and has been prohibited from presenting himself as a priest. As a result of the recent review conducted in preparing this report, the Archdiocesan Review Board determined that there was sufficient evidence that the abuse occurred to recommend that the Archdiocese refer the case to the Congregation for the Doctrine of the Faith for possible laicization (removal from the clerical state). Archbishop Gustavo has since made this referral.

McMahon, Jon (OMI) – 2 allegations
Jon McMahon was a priest of the Oblates of Mary Immaculate. He was assigned by the Oblates to their high school seminary, St. Anthony, in San Antonio, during the 1970’s. The Oblates have identified that two credible allegations were made against McMahon. He was laicized (removed from the clerical state) in 2002.


McNulty, Patrick (SM) – 1 allegation
Patrick McNulty was ordained a priest in 1966 for the Society of Mary (the Marianists). From 1966-1982, he was assigned in the Archdiocese to St. Joseph High School in Victoria, to Holy Rosary in San Antonio, and to Our Lady of Guadalupe in Helotes. In 2002, a survivor alleged that McNulty sexually abused her in the 1970’s when she was a child. While McNulty died in 1984, prior to the allegation, the Archdiocese found the survivor to be credible.


McSwiggan, Thomas Aquinas – 1 allegation
Thomas McSwiggan was ordained a priest for the Archdiocese in 1967. From 1967-2005, he was assigned in the Archdiocese to St. Cecilia in San Antonio, to Our Lady of Grace in San Antonio, to Our Lady of Victory in Victoria, to Sts. Peter and Paul in New Braunfels, to St. Mary Magdalene in Brackettville, and to St. Patrick in San Antonio. In 2000, a survivor alleged that McSwiggan had sexually abused him when he was a minor teenager in the 1970’s. While the archdiocesan file does not have records to show that the allegation was resolved with clarity, the Archdiocese has no reason to doubt the survivor who brought forward this allegation. McSwiggan died in 2014.

Pantoja Segura, Eusebio (CMF) – 2 allegations
Eusebio Pantoja-Segura was ordained a priest in Mexico as a member of the Claretians in 1969. He lived in the Archdiocese in the early 1970’s and assisted with the Spanish Cursillo. In 2002, two survivors alleged that Pantoja-Segura had abused them as children in the early 1970’s. Pantoja-Segura is known to have abused children in other places. According to a recent report from Chicago, he was separated from the Claretians in 1973 and was removed from public ministry by the Diocese of Celaya, Mexico, in 2004. The Archdiocese found the survivors to be credible.


Sandoval, Jose Luis – 6 allegations
Jose Luis Sandoval was ordained a priest in Mexico in 1974 for the Archdiocese. From 1974-1998, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Grace in San Antonio (for Our Lady of Sorrows), to St. James in San Antonio, to Sacred Heart in Uvalde (for St. Patrick in Sabinal and St. Joseph in Knippa), to St. Patrick in Sabinal (when it became a parish separate from Sacred Heart), to St. Lawrence in San Antonio, and to St. Alphonsus in San Antonio. According to a 1985 letter written by a concerned parishioner, this parishioner had met in 1983 with Archbishop Flores, together with a minor teenage survivor of attempted sexual abuse by Sandoval, and the survivor’s father. In a 1993 review of files, this letter was discovered and the Crisis Intervention Committee (a precursor to the Archdiocesan Review Board that helped the archbishop with allegations of child sexual abuse) investigated the matter, as it was not clear that an investigation had been conducted in 1983 or 1985. This investigation resulted in Sandoval being sent for psychiatric evaluation and treatment from 1993-1994. Based on this evaluation and treatment, he was assigned to ministry again in 1994. In 1998, a survivor reported that he was sexually abused by Sandoval as a child between 1975 and 1977. He identified two additional survivors from the same timeframe. Rather than keep his appointment to meet with the archbishop following the allegation, Sandoval left the country without authorization and went to Guadalajara, Mexico. Archbishop Flores removed him from his assignment and prohibited him from exercising any priestly ministry in the Archdiocese of San Antonio. In spite of this, Archbishop Flores wrote a general letter of support for him in 2000, not indicating the cause of his absence from San Antonio. He was granted faculties to exercise priestly ministry in the Archdiocese of Guadalajara until 2004, when the archbishop of Guadalajara also removed his faculties and prohibited him from exercising priestly ministry. In 2016, a survivor who had originally come forward in 2003 approached the Archdiocese to discuss his allegation that Sandoval had abused him as a minor teenager in 1976. In response to this allegation, the Archdiocese informed the appropriate law enforcement jurisdictions based on where the incidences of abuse were alleged to have occurred. On the recommendation of the Archdiocesan Review Board, an investigation was opened that determined that Sandoval is retired in Guadalajara, not exercising any priestly ministry. Because the investigation provided sufficient evidence that the abuse occurred, his case has been referred to the Congregation for the Doctrine of the Faith for possible laicization (removal from the clerical state).


Sprigler, William – 2 allegations
William Sprigler was ordained a priest for the Archdiocese in 1975. From 1975-1976, he was assigned in the Archdiocese to St. Mary in Fredericksburg and to St. Luke in San Antonio. In 1976, it was alleged that he abused two boys and was sent for psychiatric care to Via Coeli in New Mexico. The Archdiocese found this to be a credible allegation. After the attending psychiatrist determined that Sprigler was ready to return to ministry in 1978, he was granted an indefinite leave of absence to join the Servants of the Paraclete, the religious community which operated Via Coeli. In 2002, the Archdiocese became aware that Sprigler had not finished the process of joining the Servants of the Paraclete, but rather had been incardinated into (joined) the Diocese of New Ulm in Minnesota. In response to a 2002 inquiry from the Diocese of New Ulm, Msgr. Lawrence Stuebben, then-Vicar General of the Archdiocese, was unaware of the reason for Sprigler’s time at Via Coeli. In preparing for this report, the Archdiocese discovered the 1976 allegation of child sexual abuse and has reported it to the Bexar County District Attorney’s Office. The archdiocese has also communicated it to the Diocese of New Ulm, where Sprigler was retired. The Diocese of New Ulm has reviewed the allegations, and has permanently removed Sprigler from public ministry.

1960-1969
Angeli, Joseph – 2 allegations
Joseph Angeli was a priest of the Diocese of Tacna, Peru. From 1960-1962, he was assigned in the Archdiocese to St. John the Evangelist in San Antonio, to Sacred Heart in San Antonio, and to St. John the Evangelist in Hondo. He died in 1993. While the allegations of abuse were made after his death, the Archdiocese found the survivors to be credible.


Flynn, John – 1 allegation
John Flynn was ordained a priest in Ireland for the Archdiocese in 1952. From 1952-1997, he was assigned in the Archdiocese to St. Ann in San Antonio, to St. Henry in San Antonio, to Sacred Heart in Hallettsville, to St. Mary Magdalen in San Antonio, to St. Michael in Cuero, to Saints Peter and Paul in Meyersville, to St. John the Evangelist in San Antonio, to Our Lady of Perpetual Help in Selma, to St. Helena in San Antonio, and to St. Matthew in San Antonio. In 1997, a survivor brought forward an allegation that Flynn had sexually abused her as a minor teenager in the 1960’s and sexually assaulted her as a young adult in the 1970’s. The Archdiocese found this to be a credible allegation. In his initial statement to the parish, Archbishop Flores did not identify that the survivor was a minor at the time of the abuse and appears to have made statements that left many people thinking that the victim had a lawyer and was contemplating a lawsuit, which was not the case. While Archbishop Flores later clarified that the abuse was child sexual abuse and apologized to the survivor for his words, this report expresses the sorrow of the Archdiocese for the unnecessary additional pain caused by his communication, as well as for any resistance or resentment that it fostered or allowed in the community. Our shared responsibility and care must be for the survivor who was sexually abused as a child by an adult who violated a sacred religious trust. In 1997, Flynn resigned from his position as pastor of St. Matthew and retired from all ministry. Archbishop Flores removed

his faculties and forbade him from exercising any priestly ministry. Nevertheless, Bishop Edmond Carmody, former auxiliary bishop of the Archdiocese and then bishop of the Diocese of Tyler, soon thereafter assigned Flynn to ministry in the Diocese of Tyler. In 1999, Archbishop Flores reaffirmed his order that Flynn not exercise any priestly ministry, and Flynn formally left the Archdiocese and incardinated into (joined) the Diocese of Tyler. In the process, Bishop Carmody was reminded of this allegation. In 2005, Archbishop José Gomez, becoming aware of the matter, brought it to the attention of the new bishop of Tyler, Bishop Alvaro Corrada, SJ Bishop Corrada removed all priestly faculties from Flynn (who was retired but still ministering) and after conducting a preliminary investigation, he referred the matter to the Congregation for the Doctrine of the Faith. In this case, the Congregation did not dispense from prescription (a canonical term barring the case from prosecution because of the passage of time) and returned the case to Bishop Corrada, instructing him to take the precautions he thought were appropriate. With some restrictions, Bishop Corrada restored priestly faculties to Flynn in 2008. Since that time, the current bishop of Tyler, Bishop Joseph Strickland, has removed all faculties from Flynn and forbidden him from exercising any priestly ministry. Since 1997, the archbishops of San Antonio have consistently forbidden Flynn from exercising any ministry in the Archdiocese.


Jansky, Edward John – 3 allegations
Edward Jansky was ordained a priest for the Archdiocese in 1930. From 1930-1974, he was assigned in the Archdiocese to Saints Cyril and Methodius in Cistern, to St. Andrew in Hillje, to Saints Peter and Paul in Plum, to Holy Rosary in Hostyn, to St. Joseph in Yoakum, and to St. Joseph in Inez. He retired in 1974 and died in 1979. In 2002, a survivor alleged that in 1957 Jansky sexually abused her and another child. In 2013, the Archdiocese found an allegation on file of child sexual abuse against Jansky from 1962. While the file does not indicate that a determination was made in the case in 1962, based on the information available, the Archdiocese found the person making this allegation to be credible. The Archdiocese also found that the survivor who alleged abuse in 2002 was credible.


Madrid, Jose Alfonso (SJ) – 6 allegations
Jose Alfonso Madrid was ordained as a member of the Society of Jesus (the Jesuits) in 1950. From 1966-1970, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Guadalupe in San Antonio. In 1968, it was reported that he had inappropriate contact with an unnamed 9-year-old boy. Since 2014, five additional survivors have alleged that they were abused by Madrid in the late 1960’s. While Madrid died in 1982, prior to these allegations, the Archdiocese found these survivors to be credible.

Mokarzel, Galeb (OMI) -1 allegation
Galeb Mokarzel was ordained a priest for the Oblates of Mary Immaculate in 1959. From 1959-1965, from 1971-1972, from 1977-1982, and from 1992-1997, he was assigned in the Archdiocese to the Oblate high school seminary, St. Anthony, in San Antonio, to St. Joseph Retreat Center (now Oblate Renewal Center) in San Antonio, to St. Joseph in Del Rio, and to San Juan de los Lagos in San Antonio. He retired without ministry in 1997. In 2019, a survivor alleged that as a minor teenager he was sexually abused by Mokarzel in the 1960’s. The Oblates of Mary Immaculate consider this to be a credible allegation. Mokarzel is living under supervision with a safety plan at an Oblate retirement facility in San Antonio.


O’Sullivan, Michael J. – 10 allegations
Michael J. O’Sullivan was ordained a priest in Ireland in 1955 for the Archdiocese. From 1955-1965, he was assigned in the Archdiocese to St. Mary in Fredericksburg, to St. Peter in San Antonio, to St. Mary in Victoria, to Blessed Sacrament in San Antonio, and to St. Vincent de Paul in San Antonio. The first known allegation of child sexual abuse against O’Sullivan was made in 1962, while he was assigned at Blessed Sacrament. O’Sullivan was placed under the care of a local psychiatrist, and on his recommendation was assigned to minister at St. Vincent de Paul while his treatment continued. Because it was alleged that he re-offended at St. Vincent de Paul, he was sent for residential treatment to Conyers, Georgia, under the care of a medical doctor. After about a year of this treatment, the doctor proposed that O’Sullivan’s return to ministry would be of service to the community and profitable to his psychotherapeutic progress. In a letter responding to the doctor’s proposal, the Archdiocese refused to accept O’Sullivan in San Antonio, but allowed that another diocese, “with full knowledge of Father’s problem,” might assign him. The Diocese of Savannah, Georgia assigned him to parish work in 1965, and when they learned in 1971 that he had again sexually abused children, the Diocese of Savannah removed his authorization for priestly ministry and asked him to leave their diocese. O’Sullivan returned to his hometown in Ireland. He lived in his parent’s house, but also exercised some priestly ministry over the years and received some assignments from the Diocese of Kerry. The Archdiocese became aware that he was no longer in Savannah in 1973, when the bishop of Savannah copied the Archdiocese on a letter warning the bishop of Kerry about O’Sullivan’s history. A visitor from Savannah had encountered O’Sullivan presenting himself as a priest in Ireland, and the letter was intended to ensure that action would be taken to keep him out of ministry. While the Archdiocese removed O’Sullivan from his assignment in San Antonio in 1964 and sent him for psychiatric treatment, the Archdiocese did not formally remove his faculties to minister or forbid him to present himself as a priest until 1994. While no allegations had yet been made against O’Sullivan in Ireland in 1994, since then four allegations have come forward, alleging child sexual abuse in Ireland in the 1970’s. Because the Archdiocese recognized that there was sufficient evidence of abuse to do so, in 2006 Archbishop Gomez referred this case to the Congregation for the Doctrine of the Faith, seeking O’Sullivan’s laicization (removal from the clerical state). O’Sullivan died in 2013, prior to the resolution of his case.

Park, Austin N. (SJ) – 2 allegations
Austin N. Park was a priest of the Society of Jesus (the Jesuits) who was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Guadalupe in San Antonio from 1957-1958 and from 1961-1963. He died in 2013. In 2013, a family member informed the Archdiocese that Park had sexually abused two children while he was here in the late 1950’s and early 1960’s. While the allegations were made after his death, the Archdiocese found the family member to be credible.


Rojas, Jesus Jeremias – 1 allegation
Jesus Jeremias Rojas was a priest of the Archdiocese of Huancayo, Peru. With permission from his bishop and on the recommendation of the apostolic nuncio to Peru, he intended to spend eight months working and learning in a diocese of the United States. For less than a month in late 1962, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Sorrows Parish in San Antonio. According to the record, a young girl accused him of sexually abusing her. Rojas admitted to the abuse, and was asked to leave the archdiocese immediately. The apostolic nuncio to Peru was informed of the admission of child sexual abuse by Rojas in 1962. The Archdiocese was unable to locate Rojas in preparing this report.


Swize, Marion T. – 1 allegation
Marion Swize was ordained a priest in 1959 for the Archdiocese. From 1959-1969, he was assigned in the Archdiocese to St. Benedict in San Antonio, to St. Michael in San Antonio, to St. John the Evangelist in San Antonio, to St. Margaret Mary in San Antonio, to St. Rose of Lima in Schulenburg, and to St. Agnes in San Antonio. In 1969, Swize left the priesthood and subsequently married. In 2005, the Archdiocese was sued by a woman who alleged that she was sexually abused as a minor teenager by Swize in the 1960’s. Swize denied the allegation, and the person bringing the lawsuit did not substantiate her claims. Nevertheless, the Archdiocese finds the survivor to be credible.

1950-1959
Gherman, Marshall (CSsR) – 5 allegations
Marshall Gherman, a Redemptorist priest, was a member of the New Orleans Vice-Province of the Redemptorists. From 1940-1946, in 1952, and from 1954-1957, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Perpetual Help in San Antonio. He died in 1959. In 2004, two survivors came forward with allegations of child sexual abuse dating to the 1950’s. One of the survivors identified three other victims in her allegation. While the allegations of abuse were made after his death, the Archdiocese found the survivors to be credible.


Hentrich, Gabriel (OCD) – 1 allegation
Gabriel Hentrich was ordained a priest for the Order of Discalced Carmelites in 1940. From 1942-1946, in 1952, from 1954-1958, from 1976-1980, and in 1987, Hentrich was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Mount Carmel and St. Térèse in San Antonio and to Immaculate Heart of Mary in Pearsall. He died in 1992. 1n 2018, a survivor alleged that he had been sexually abused as a child by Hentrich in the 1950’s. While the allegations were made after his death, the Archdiocese found the survivor to be credible.


Janak, Hubert Joseph – 1 allegation
Hubert Janak was ordained a priest for the Archdiocese in 1941. From 1941-1985, he was assigned in the Archdiocese to Sacred Heart in Hallettsville, to St. Joseph in Yoakum, to St. Mary in Fredericksburg, to St. Joseph in Moulton, to St. John the Evangelist in Hondo, to St. Joseph in Inez, to St. Cornelius in Karnes City, to St. Patrick in San Antonio, to St. Rose of Lima in Schulenburg, and to Blessed Sacrament in Poth. He retired in 1985 and died in 1994. In 2010, a survivor alleged that Janak had sexually abused her as a minor in the 1950’s. While the allegation was made after Janak’s death, the Archdiocese found the survivor to be credible and was able to find corroborating evidence of her allegation.

Keane, John Francis – 1 allegation
John Keane was ordained a priest in Ireland for the Archdiocese in 1957. From 1957-1961, he was assigned in the Archdiocese to St. Margaret Mary in San Antonio, to St. Mary in Victoria, to Assumption of the Blessed Virgin Mary in Ganado, to St. Rose of Lima in Schulenburg, to Sacred Heart in Hallettsville, and to St. Ann in San Antonio. The Archdiocese has a police report from 1957 identifying that Keane was detained by the San Antonio Police Department after being accused of sexually abusing a 9-year-old girl. While no charges appear to have been brought, the police report includes testimony contemporary to the alleged abuse. The Archdiocese has found the testimony of the survivor to be credible. Keane was dismissed from the Archdiocese in 1961 after being found in the parish school’s women’s restroom wearing a dress. He was sent to Ireland without assignment for psychiatric treatment. Records show that he later continued to function as a priest in Ireland and Great Britain. The last correspondence between Keane and the Archdiocese was in 1968, and in it Archbishop Robert Lucy refused to recommend him for ministry in Wheeling, West Virginia. Keane died in 2001.


Lievens, William (CICM) – 1 allegation
William Lievens was a priest of the Congregation of the Immaculate Heart of Mary ordained in 1954. From 1957-1972, he was assigned in the Archdiocese to Immaculate Concepcion in San Antonio, to San Juan Capistrano in San Antonio, to St. Joseph in Devine (for Saint Andrew in Lytle and St John Bosco in Natalia), and to St. John Berchmans in San Antonio. In 2018, an allegation was made that Lievens had sexually abused a child in the 1950’s. Lievens died in 1972. Although the allegation was made after both Lievens and the victim had died, the Archdiocese found the victim’s daughter credible.

Malone, Emmet (OFM) – 2 allegations
Emmet Malone was ordained as a priest for the Franciscans in 1947. From 1950-1952, and in 1957, he was assigned in the Archdiocese to St. Joseph South San. From 1990-1991, he lived in residence at the same parish. In 2001, a survivor alleged that he and his brother had been sexually abused as children by Malone in the 1950’s. While Malone died in 1994, before the allegation was made, the Archdiocese found the survivor to be credible.


Romero, Jose Leoca dio Cayetan de los Dolores (Cayetano) – 1 allegation
Cayetano Romero was ordained a priest for the Archdiocese in 1926. From 1926-1978, he was assigned in the Archdiocese to St. Phillip in El Campo, to St. Helena in Pierce, to St. John Seminary in San Antonio, to St. John the Evangelist in Hondo, to St. Peter Prince of the Apostles in San Antonio (for St. Anthony de Padua), to Notre Dame in Kerrville, to St. Andrew in Pleasanton, and to the Teresian Novitiate. In 2015, a survivor alleged that he had been sexually abused as a child by Romero in 1952 or 1953. While Romero died in 1978, before the allegation was made, the Archdiocese found the survivor to be credible.


Storme, Albert (CICM) – 2 allegations
Albert Storme was ordained a priest in 1940 for the Congregation of the Immaculate Heart of Mary. From 1955-1964, and from 1976-1985, he was assigned in the Archdiocese to St John the Evangelist in San Antonio, to San Juan Capistrano in San Antonio, to Immaculate Conception in San Antonio, to St. Jude in San Antonio, to St. Martin de Porres in San Antonio, to St. Gabriel in San Antonio, to St. Joseph in Devine with its mission church in Bigfoot, to St. Joseph in Dilley, and to Immaculate Heart of Mary in Pearsall. In 2004, two survivors reported that Storme had sexually abused them as children, one in 1949 and the other in the 1950’s. While Storme died in 1990, before the allegations were made, the Archdiocese found the survivors to be credible.

Van Houtteghem, Paul (CICM) – 1 allegation
Paul Van Houtteghem was ordained a priest in 1948 for the Congregation of the Immaculate Heart of Mary. From 1949-1988, he was assigned in the Archdiocese of San Antonio to St. John the Evangelist in San Antonio, to St. Agnes in San Antonio, to St. Philip Benizi in Poteet, to St. Joseph in Devine for St. Andrew in Lytle and St. John Bosco in Natalia, to St. Andrew in Lytle (when it became a parish separate from St. Joseph in Devine), to Our Lady of Sorrows, to Baptist Hospital as a chaplain, to Santa Rosa Hospital as a chaplain, and to St. Joseph in Nixon. In 1988 a survivor reported that Van Houtteghem had sexually abused her as a child in the 1950’s. Her allegation was found to be credible and Van Houtteghem was sent for treatment and removed from the Archdiocese. Van Houtteghem died in 2001 in Belgium.
1940-1949
Strobel, Francis Sales – 1 allegation
Francis Sales Strobel was ordained a priest in 1905 for the Diocese of Little Rock, Arkansas. He was incardinated into (joined) the Archdiocese in 1918. From 1914-1957, he was assigned in the Archdiocese to St. Mathias in Columbus, to Sacred Heart in Red Rock, to St. Stanislaus in Bandera, to Blessed Sacrament in Poth, and to St. Joseph in Honey Creek (Spring Branch). He retired to Germany in 1958 and died in 1969. In 2003, a survivor reported that she had been sexually abused as a child by Strobel in 1941. The Archdiocese found her to be credible.
Priests Named in this Report because the Allegation is a Matter of Public Record


Elizondo, Virgilio – 1 allegation
Virgilio Elizondo was ordained a priest in 1963 for the Archdiocese. From 1963-2015, he was assigned to various parishes and ministries in the Archdiocese. He died in 2016. In 2015, a man filed a lawsuit in Bexar County District Court against the Archdiocese, alleging that he was sexually abused as a minor teenage boy in the early 1980’s by Jesus Dominguez, a former priest of the Diocese of San Bernardino, California. In 1982, Dominguez was a student at Assumption Seminary in San Antonio. In his legal filing the man bringing the lawsuit also alleged that he reported the abuse in 1983; that Archbishop Flores failed to address his fears and concerns; and that Elizondo kissed him and fondled him in response to his reporting. When served with the lawsuit, the Archdiocese informed the Bexar County District Attorney’s office of the allegation. While this allegation is a matter of public record and is included in this report, the Archdiocese has been unable to substantiate the allegation made against Elizondo. Because this matter involves pending litigation, the Archdiocese will not make additional comments about this allegation at this time.

Ruppert, Donald – 1 allegation
Donald Ruppert was ordained a priest for the Archdiocese in 1978. From 1978-1982, he was assigned in the Archdiocese to St. Ann in San Antonio, St. Luke in San Antonio, Our Lady of Victory in Victoria, and to the Catholic Committee on Scouting as associate chaplain. In 1982, the Diocese of Victoria was established and he became a priest of that diocese. In 2003, the Archdiocese was named in a lawsuit in which the plaintiff alleged that Ruppert sexually abused him in 1978. The plaintiff did not actively pursue the lawsuit and it was dismissed by the court for want of prosecution. Ruppert denied all allegations of abuse. In 2003, Archbishop Flores informed Bishop Fellhauer, then-bishop of the Diocese of Victoria, of the allegation. While this allegation is a matter of public record and is included in this report, the Diocese of Victoria has thoroughly investigated the allegation and determined that the allegation cannot be substantiated and, thus, is deemed not credible. Fr. Ruppert is currently assigned to priestly ministry in the Diocese of Victoria.


Priests Not Named in this Report


Ongoing investigations into living priests


The Archdiocese is actively investigating one allegation made against a living priest. Appropriate law enforcement authorities have been notified of this allegation. The allegation has been referred to the Archdiocesan Review Board. The Board has sought the assistance of a licensed private investigator to gather additional information related to the allegation and any available corroborating evidence. With the information provided by the private investigator, the Board will make a recommendation to the archbishop related to whether or not there is sufficient evidence to forward the allegation to the Congregation for the Doctrine of the Faith for possible

laicization (removal from the clerical state). The priest is retired and the information currently available indicates that he does not pose a current danger to children. The Archdiocese offers free counseling or therapy as needed, and any pastoral support requested, to survivors without considering whether or not their allegations are substantiated. This report will be updated upon the completion of this investigation.


Ongoing investigations into deceased priests
The Archdiocese is actively looking into one allegation made recently against a deceased priest. The allegation has been referred to the Archdiocesan Review Board. When the Board has reviewed the report, they will make a recommendation to the archbishop related to notifying the affected communities of this allegation. The Archdiocese offers free counseling or therapy as needed, and any pastoral support requested, to survivors without considering whether or not their allegations are substantiated. This report will be updated when a determination is made.


Living priests with allegations found not to be credible
The Archdiocese has received allegations against five additional living priests which, after investigation, were determined not to be credible. Appropriate law enforcement authorities have been notified of each allegation. In each case this determination was made on the recommendation of the Archdiocesan Review Board, after involving a licensed private investigator. The Archdiocese offers free counseling or therapy as needed, and any pastoral support requested, to survivors without considering whether or not their allegations are substantiated.

Deceased priests with allegations found not to be credible
Since 1940, the Archdiocese has received allegations against seven deceased priests that were determined not to be credible. In each case this determination was made on the recommendation of the Archdiocesan Review Board, and was motivated by factors such as the survivor withdrawing the claim, inconsistencies in the survivor’s narrative, or inconsistencies between the survivor’s narrative and established facts. The Archdiocese offers free counseling or therapy as needed, and any pastoral support requested, to survivors without considering whether or not their allegations are found to be credible.


Allegations against unnamed priests
The Archdiocese has received three allegations against priests whom the survivor either chose not to identify or was unable to identify. In each case, the Archdiocesan Review Board was notified and an effort was made to assist the survivor in identifying the priest who allegedly abused him or her. The Archdiocese offers free counseling or therapy as needed, and any pastoral support requested, to survivors without considering whether or not their allegations are substantiated.

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EN LA CÁRCEL ENFRENTARÁ SACERDOTE EL PROCESO

MéRIDA (MEXICO)
Tribuna Campeche [San Francisco de Campeche, Campeche, Mexico]

January 31, 2019

By Tribuna

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Por violación equiparada y abuso sexual contra un estudiante de secundaria del Colegio Victoria, el cura Gustavo Alberto Z. T., que fuera guía espiritual del Seminario Menor Nuestra Señora del Carmen, permanecerá en prisión 10 meses o mientras concluye el proceso en su contra, determinó ayer en una larga audiencia la jueza de Control, Alejandra Flores Verástegui.

Tras tres horas y media, y luego de que la defensa pidiera el viernes la duplicidad del término constitucional, la juzgadora determinó sujetar a proceso al inculpado. El Ministerio Público tiene cinco meses para cerrar su investigación.

A pesar de que en días pasados la defensoría pública ganó una apelación para repetir la audiencia inicial, la jueza dijo que por lo pronto, el que fuera ordenado como sacerdote en 2015 estará en el Cereso 10 meses o el tiempo que dure el proceso en su contra.

La defensa, a cargo de Alicia Delgado Chan, pidió el viernes que la audiencia —decretada como privada—, se prolongara tres días más. Ayer no presentó otro medio de prueba para demostrar la inocencia del sacerdote.

Los fiscales adscritos a la sala de juicios orales insistieron en que el menor I.E.Z.P., fue abusado sexualmente en muchas ocasiones, al ser llamado de forma privada por su guía espiritual.

A menos que el Ministerio Público pida más tiempo para cerrar la investigación, en cinco meses habrá otra audiencia. No se sabe si la defensoría pública apelará de nuevo.

SILENCIO CLERICAL

Ningún representante de la Iglesia Católica ha emitido opinión o postura sobre este caso, aunque padres de familia de la Escuela “Victoria” que pidieron el anonimato, aseguraron que las monjas que administran el plantel sabían lo que ocurría.

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Inland Empire was dumping ground for abusive priests, law firm claims as it releases exhaustive list of clergy

SAN LUIS POTOSí (MEXICO)
San Bernardino Sun [San Bernardino CA]

January 31, 2019

By Joe Nelson

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List of 84 priests accused and/or convicted dates back to 1950s

A Minnesota-based law firm specializing in sex abuse cases released a 76-page report Thursday listing all clergy accused and/or convicted of sexual abuse in San Bernardino and Riverside County parishes dating back to 1950.

Unlike the report released in October by the Diocese of San Bernardino listing 34 priests, the new list comprises 84 priests who had worked in Inland Empire parishes and predated the formation of the Diocese of San Bernardino in 1978, when San Bernardino and Riverside county parishes were overseen by the Diocese of San Diego.

“We’re doing this today because the information contained in this report about accused sexual offenders is of a vital and burning public need,” attorney J. Michael Reck of the law firm Jeff Anderson & Associates said during a news conference Thursday at the Doubletree Hotel in Ontario.

“We’re doing this because disclosing this information makes children safer and it lets those survivors who are still suffering in silence, thinking they may be alone, know that they are not alone. They did nothing wrong, and this is not their fault.”

Reck said the information included in his law firm’s report “could have, and should have, been shared by church officials long ago.”

Secret archives?

“We’re doing this because the Diocese of San Bernardino did not, and the bishop did not,” Reck said. He said the diocese maintains secret archived files of priests accused of sexual abuse.

In a phone interview Thursday, a spokesman for the Diocese of San Bernardino denied the diocese maintains a secret archive of files of priests accused of sexual abuse.

John Andrews said that when the diocese posted its list of accused and/or convicted priests in October, it was a complete disclosure. He said the diocese also posted on its website the list of accused and/or convicted priests released a few weeks prior by the Diocese of San Diego.

“We made sure to put the two of them together and encourage people to read them both,” Andrews said. “Those lists are still on our website.”

He declined further comment.

Priest shortage led to ‘dangerous dynamic’

The law firm’s report maintains that the Diocese of San Bernardino historically has suffered a shortage of priests, depending on an influx of clerics from religious orders such as the Jesuits and Franciscans. It has created a “dangerous dynamic,” Reck said, allowing the diocese to serve as a dumping ground for problem priests.

In 2018, he said, 78 percent of clergy serving within the Diocese of San Bernardino were not diocesan priests. The shortage has led to an “international movement of child sex offenders” into and out of the diocese, he alleged.

“We’re able to verify that at least seven accused priests left the Diocese of San Bernardino and entered Mexico,” Reck said. Those priests, he said, worked in the “most vulnerable communities” within the diocese, which also includes parishes in Riverside County.

Of the 84 priests included in the law firm’s report, 53 are believe dead, and it is unknown how many of the remaining 31 are alive or dead or still involved in ministry outside the Diocese ofSan Bernardino, said Jennifer Stein, an attorney with Jeff Anderson & Associates.

As far back as 1950, when the Diocese of San Diego oversaw Riverside and San Bernardino County parishes, problem priests were an issue in the Inland Empire, according to an April 26, 1950, letter by Charles F. Buddy, the first bishop of San Diego, in which he singled out parishes in Beaumont and Banning.

“During the 13 years since this Diocese was erected, to my own personal knowledge, the Santa Barbara Province of the Franciscan Fathers has used this Diocese as a dumping ground for their moral, mental and physical problems,” Buddy said in his letter to the Rev. James T. Booth at Pontifical North American College in Rome.

‘One misfit after another’

“It became necessary for me some time ago to demand the withdrawal of one misfit after another,” he wrote. “I asked for the removal of the sick priest the Franciscans had sent to Beaumont and now it becomes necessary to request the removal of his successor. It is the same old story.”

Buddy went on to recommend that Franciscan leaders “consider giving up the two parishes in Beaumont and Banning.”

From the late 1970s until the early 1990s, the Servants of the Paraclete, a Latin Rite Catholic ministry, operated a treatment center in Cherry Valley for sexually abusive priests, Reck said. Church documents included in the law firm’s report refer to the former facility as a “halfway house for priests requiring aftercare and ongoing spiritual, psychotherapeutic, and pastoral supervision.”

Victims speak out

Two alleged survivors of clergy sexual abuse who have filed lawsuits — Tom Emens, 50, of Camarillo, and Manuel Vega, 52, of Oxnard — spoke during Thursday’s news conference.

Both men filed their lawsuits in October — Emens in Los Angeles Superior Court and Vega in U.S. District Court in Los Angeles. Defendants named in Emens’ lawsuit include the California Catholic Conference and dioceses across the state, including San Bernardino. Vega has sued the Vatican. Both men are fighting to expose the alleged cover-up of sexual abuse in the Catholic church, which they say is worldwide.

Vega, a retired Oxnard police officer, alleges he was raped by Rev. Fidencio Simon Silva-Flores at Our Lady of Guadalupe Church in Oxnard, where Silva-Flores worked from 1979 to 1984. Silva-Flores also worked at St. Philip Neri Church in Barstow in 1998. Vega said he was merely one of dozens of other boys abused by Silva-Flores

“When we presented out lawsuit against the Archdiocese of Los Angeles, there was 29 of us who came forward, plus another 10 who never came forward for whatever reason,” Vega said. He said other priests at the church were aware of what was occurring.

“This is worldwide,” Vega said. “The level of abuse that has occurred to children throughout the world is devastating.”

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January 30, 2019

Catholic parishes in San Antonio with ties to credibly accused priests

GUADALAJARA (MEXICO)
MySA [San Antonio TX]

January 30, 2019

By Unknown

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San Fernando Cathedral: 115 West Main Plaza

1977-1998
Benigno David Gonzalez Zumaya
 – 9 allegations:
David Gonzalez-Zumaya was ordained a priest in 1977 for the Archdiocese. From 1977-1998, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Grace in San Antonio, to Our Lady of Sorrows in San Antonio, to Sacred Heart in Uvalde, to St. Patrick in Batesville, to Sacred Heart in Crystal City, to St. Gregory the Great in San Antonio, to San Fernando Cathedral, to Our Lady of Guadalupe in Carrizo Springs, to St. Mary Magdalene in Brackettville, to St Joseph in Nixon, and to St. Philip in Smiley. In 1997, a survivor alleged that he had been sexually abused as a minor teenager by Gonzalez-Zumaya in 1982. The Archdiocese found the allegation to be credible and Gonzalez-Zumaya was removed from ministry in 1997. In 1998, he was retired without faculties to exercise priestly ministry in the Archdiocese, and he left the country to return to his native home of Guadalajara, Mexico. Since then, eight additional allegations of abuse by Gonzalez-Zumaya have been made, all dating to the 1970’s and 1980’s. He was allowed by the archbishop of Guadalajara to exercise priestly ministry without an assignment from 1999-2000. In 2008, the Archdiocese notified the public of an allegation made against Gonzalez-Zumaya, and stated that he was no longer in ministry. While the last record we have of Gonzalez-Zumaya having authorization to exercise ministry was 2000, we cannot be certain that he was not exercising any ministry in 2008. Gonzalez-Zumaya died in 2013.

St. Agnes: 804 Ruiz St.
1960-1969
Marion Swize 
From 1959-1969, he was assigned in the Archdiocese to St. Benedict in San Antonio, to St. Michael in San Antonio, to St. John the Evangelist in San Antonio, to St. Margaret Mary in San Antonio, to St. Rose of Lima in Schulenburg, and to St. Agnes in San Antonio. In 1969, Swize left the priesthood and subsequently married. In 2005, the Archdiocese was sued by a woman who alleged that she was sexually abused as a minor teenager by Swize in the 1960’s. Swize denied the allegation, and the person bringing the lawsuit did not substantiate her claims. Nevertheless, the Archdiocese finds the survivor to be credible.

St. Margaret Mary Catholic Church: 1314 Fair Ave.

1990-1999 
Jose Aviles
Jose Aviles was ordained a priest in 1990 for the Archdiocese. From 1990-2004, he was assigned in the Archdiocese as chaplain to the Catholic Community on Scouting, as vocation director, to St. Margaret Mary in San Antonio,to St. Mary Magdalen in San Antonio, and to St. Joseph South San. In 2003, it was alleged that Aviles sexually abused a minor teenage boy in 1984 or 1985 (before Aviles was ordained a priest). Aviles was removed from ministry in 2004, and the public was notified of the cause. After he was removed, also in 2004, it was alleged that he sexually abused a minor teenage boy in 1994. The San Antonio Police Department was notified of this allegation. The abuse was well enough established to keep him permanently removed from ministry until his death in 2008. 

1970-1979
Michael Kenny
Michael Kenny was ordained a priest in Ireland for the Archdiocese in 1973. From 1973-1997, he was assigned in the Archdiocese to St. Vincent de Paul in San Antonio, to St. Luke in San Antonio, to Resurrection of the Lord in San Antonio, and to St. Margaret Mary in San Antonio. In 2000, a survivor alleged that he had sexually abused her when she was a minor teenager in the 1970’s. The Archdiocese found the survivor’s allegation to be credible. 

1960-1969
Marion Swize
From 1959-1969, he was assigned in the Archdiocese to St. Benedict in San Antonio, to St. Michael in San Antonio, to St. John the Evangelist in San Antonio, to St. Margaret Mary in San Antonio, to St. Rose of Lima in Schulenburg, and to St. Agnes in San Antonio.

St. Michael Catholic Church: 418 Indiana St.
1960-1969
Marion Swize
From 1959-1969, he was assigned in the Archdiocese to St. Benedict in San Antonio, to St. Michael in San Antonio, to St. John the Evangelist in San Antonio, to St. Margaret Mary in San Antonio, to St. Rose of Lima in Schulenburg, and to St. Agnes in San Antonio.

St. Benedict Catholic Church: 4535 Lord Road 

1980-1989
Edward Pavlicek
– 1 allegation:Edward Pavlicek was ordained a priest for the Archdiocese in 1983. From 1983-2018, he was assigned in the Archdiocese to St. Ann in San Antonio, to St. Leo in San Antonio, to St. Benedict in San Antonio, to Sacred Heart in Floresville, to St. Mary in Somerset, to Good Shepherd in Schertz with its mission church in Marion, and to St. Thomas the Apostle in Canyon Lake. In 2018, the Archdiocese was informed of an allegation of child sexual abuse against Pavlicek, made by the abuse survivor. The abuse was alleged to have occurred between 1986 and 1988. The Archdiocese notified the Bexar County District Attorney’s office of the allegation. The Archdiocesan Review Board found that the allegation had an appearance of truth and recommended that the Archdiocese conduct a canonical investigation into the abuse. At the conclusion of this investigation, it was determined that there was sufficient evidence that the abuse occurred for the Archdiocese to refer the case to the Congregation for the Doctrine of the Faith for possible laicization (removal from the clerical state). Archbishop Gustavo made this referral and additionally prohibited Pavlicek from exercising any priestly ministry or presenting himself as a priest.
1960-1969Marion SwizeFrom…

St. Paul Catholic Church: 350 Sutton Drive 
1970-1979
Lawrence Hernandez 
Lawrence Hernandez was ordained a priest for the Archdiocese in 1978. From 1978-1984, he was assigned in the Archdiocese to St. James in Gonzalez and its mission churches in Gonzalez and Waelder, to San Fernando Cathedral, and to St. Paul in San Antonio. In 1985, he left the Archdiocese and joined the Order of the Most Holy Trinity. In 2008, a survivor alleged that Hernandez had sexually abused him as a child in 1978. A second allegation was made following the Archdiocese notifying the community and inviting other survivors to come forward. The Archdiocese informed the Bexar County District Attorney’s office of the allegations. The Trinitarians removed him from ministry in 2008 and after a preliminary investigation found sufficient evidence that the abuse occurred to refer the case to the Congregation for the Doctrine of the Faith. As a result of this process, the Trinitarians permanently reaffirmed that Hernandez was prohibited from exercising any public ministry and from presenting himself as a priest. They also placed him under supervision. He has since left the Trinitarian community and has no 14 faculties to exercise priestly ministry and no authorization to present himself as a priest or as a Trinitarian.

St. George Maronite Catholic Church: 6070 Babcock Road 
1980-1989
James Khoury

James Khoury was ordained a priest in 1975 for the Eparchy (similar to a diocese) of St. Maron in the Maronite Catholic Church. From 1977-1985, he was assigned by the Maronite Eparch to St. George Maronite Church in San Antonio. From 1981-1983, he held the position of president of Antonian High School without compensation. In the mid 1980’s, a survivor made an allegation to the Eparchy of St. Maron that Khoury had sexually abused him as a student at Antonian High School. The survivor entered into a settlement with Khoury in 1985, and the Eparchy removed him from the San Antonio area. The survivor brought the allegation to the Archdiocese in 2004, and subsequently brought a lawsuit against the Archdiocese that was 11 dismissed in 2006. Nevertheless, the Archdiocese found the survivor to be credible. Khoury died in 2016.

St. John Berchmans Catholic Church 
1990-1999 
Theo Clerx
 
Theo Clerx was a priest of the Congregation of the Immaculate Heart of Mary. From 1960-1992, he was assigned in the Archdiocese to St. Jude in San Antonio, to Immaculate Heart of Mary in Pearsall, to St. Joseph in Devine, and to St. John Berchmans in San Antonio. He also lived in the Archdiocese in retirement without assignment from 1992-2002. In 2002, it was alleged that he sexually abused a child in the early 1960’s and the San Antonio Police Department was notified of the allegation. Clerx admitted to this abuse. In 2011, after his death, six additional allegations of child sexual abuse were made, dating to the 1990’s. Clerx died in 2003. 
1957-1972
William Lievens
 (CICM)– 1 allegation: William Lievens was a priest of the Congregation of the Immaculate Heart of Mary ordained in 1954. From 1957-1972, he was assigned in the Archdiocese to Immaculate Concepcion in San Antonio, to San Juan Capistrano in San Antonio, to St. Joseph in Devine (for Saint Andrew in Lytle and St John Bosco in Natalia), and to St. John Berchmans in San Antonio. In 2018, an allegation was made that Lievens had sexually abused a child in the 1950’s. Lievens died in 1972. Although the allegation was made after both Lievens and the victim had died, the Archdiocese found the victim’s daughter credible.

Our Lady of the Atonement Catholic Church
15322 Red Robin Road
1990-1999
Orr, James – allegations of abuse that predate his ordination James Orr was ordained a permanent deacon for the Archdiocese in 1997. From 1997-2016, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of the Atonement in San Antonio. In 1992 or 1993, a child alleged that Orr, then a volunteer in the same parish, had sexually molested him in the neighborhood pool. In 2016, the then pastor of Our Lady of the Atonement, Fr. Christopher Phillips, acknowledged that he had received the complaint and had investigated it, finding it to be without basis. He did not inform the archbishop of the allegation, either at the time it was made or later when recommending Orr for ordination to the permanent diaconate. In 2007, a victim alleged that Orr had attempted to sexually abuse him in approximately 1995, also prior to Orr’s ordination. In December 2015, the Archdiocese was contacted by a psychologist who stated that her client had given her permission to inform the Archdiocese that he and another survivor had been sexually abused as children in the 1990’s by Orr. Shortly after this, Orr requested retirement and resigned from all active ministry. The Archdiocese accepted his resignation and forbade him from functioning or presenting himself as a deacon. In 2017, a civil demand was made by a survivor alleging sexual abuse in approximately 1993. Beginning in 2007, the Archdiocese notified the Bexar County District Attorney’s office of all known allegations of child sexual abuse made against Orr. While the reports refer to child sexual abuse alleged to have occurred before Orr’s ordination, the Archdiocese found the abuse survivors credible and forbade Orr from exercising any future ministry, notifying the community of these allegations so that the…

St. Joseph South San Catholic Church 
1990-1999
Jose Aviles

Jose Aviles was ordained a priest in 1990 for the Archdiocese. From 1990-2004, he was assigned in the Archdiocese as chaplain to the Catholic Community on Scouting, as vocation director, to St. Margaret Mary in San Antonio, to St. Mary Magdalen in San Antonio, and to St. Joseph South San. In 2003, it was alleged that Aviles sexually abused a minor teenage boy in 1984 or 1985 (before Aviles was ordained a priest). Aviles was removed from ministry in 2004, and the public was notified of the cause. After he was removed, also in 2004, it was alleged that he sexually abused a minor teenage boy in 1994. The San Antonio Police Department was notified of this allegation. The abuse was well enough established to keep him permanently removed from ministry until his death in 2008. 1950-1952, 1957 Emmet Malone (OFM) – 2 allegations Emmet Malone was ordained as a priest for the Franciscans in 1947. From 1950-1952, and in 1957, he was assigned in the Archdiocese to St. Joseph South San. From 1990-1991, he lived in residence at the same parish. In 2001, a survivor alleged that he and his brother had been sexually abused as children by Malone in the 1950’s. While Malone died in 1994, before the allegation was made, the Archdiocese found the survivor to be credible.

St. Matthew Catholic Church 
2000-2009

Jerzy Sieczynski
Jerzy Sieczynski was ordained a priest in 2000 for the Archdiocese. From 2000-2003, he was assigned in the Archdiocese to St. Matthew in San Antonio. He was removed from this assignment and his faculties for priestly ministry were removed in 2003, after an allegation of 7 indecent exposure (not involving a minor.) In 2004, child pornography was found on his computer. This was established in a criminal trial, and he served three years in prison. Sieczynski is listed in the Texas Public Sex Offender Registry, has been permanently restricted from exercising any ministry, and is not authorized to publicly present himself as a priest. 
1960-1969
John Flynn
From 1952-1997, he was assigned in the Archdiocese to St. Ann in San Antonio, to St. Henry in San Antonio, to Sacred Heart in Hallettsville, to St. Mary Magdalen in San Antonio, to St. Michael in Cuero, to Saints Peter and Paul in Meyersville, to St. John the Evangelist in San Antonio, to Our Lady of Perpetual Help in Selma, to St. Helena in San Antonio, and to St. Matthew in San Antonio. In 1997, a survivor brought forward an allegation that Flynn had sexually abused her as a minor teenager in the 1960’s and sexually assaulted her as a young adult in the 1970’s. The Archdiocese found this to be a credible allegation. In 1997, Flynn resigned from his position as pastor of St. Matthew and retired from all ministry.

St. Thomas More Catholic Church: 4411 Moana Drive
1970-1979
David Connell

David Connell was a priest who incardinated into (joined) the Archdiocese from the New York Province of the Carmelite Fathers in 1980. From 1976-1995, he was assigned in the Archdiocese to Antonian High School as instructor, vice-principal, and principal and to St. Thomas More in San Antonio. In 1976, a student from Nativity High School in Pottsville, Pennsylvania alleged that Connell made a sexual advance toward him, which the victim rejected. The same year the Diocese of Allenstown terminated their contract with the Carmelite Fathers and Connell sought an assignment in San Antonio. Aware of the allegation and Connell’s denial of the allegation, Archbishop Francis Furey assigned Connell in San Antonio. Current archdiocesan administrators became aware of this allegation when the 2018 Pennsylvania Grand Jury Report identified 13 different allegations of child sexual abuse against Connell made in 2002. After the affected communities in San Antonio (including the alumni of Antonian College Preparatory High School) were notified in 2018, two San Antonio survivors came forward to inform the Archdiocese of additional incidences of child sexual abuse perpetrated by Connell. The Archdiocese found these survivors to be credible. Connell died in 1995.

St. Clare Catholic Church: 7707 Somerset Road 
1980-1989
Federico Fernandez Baeza
, Federico (OFM) Federico Fernandez Baeza is a Franciscan priest who at the time of the alleged abuse was a member of the Chicago-St. Louis Province of the Franciscans. From 1981-1987, he was assigned in the Archdiocese to St. Leonard in San Antonio and to St. Clare in San Antonio. In 1983, it was reported that he exposed himself at a public pool to two teenage girls. Beginning in 1987, six allegations were brought forward alleging child sexual abuse between 1984 and 1987. In 1988, Fernandez was indicted on two criminal counts of indecency with a child, with contact, but the charges were later dropped. The Chicago-St. Louis Province of the Franciscans removed him from San Antonio at the request of the archbishop in 1987, but he was later found to be ministering in Bogota, Colombia. Baeza was removed from ministry there in 2015 and his case was referred to the Vatican by the Franciscan leadership in Colombia. Based on records available, the Archdiocese believes these allegations to be credible. From newspaper reports it appears that the Archdiocese took two months to report two 1987 allegations to law enforcement and were not specific in its reporting. In response, the newly formed Crisis Intervention Committee (a precursor to the Archdiocesan Review Board that helped the archbishop with allegations of child sexual abuse) met with Children’s Protective Services to discuss proper procedures for reporting allegations of child sexual abuse. In 1989, Child Protective Services led a workshop for priests working in the Archdiocese in order to assist with proper reporting in subsequent allegations.

St. Vincent de Paul Catholic Church:4222 S.W. Loop 410
1980-1989
Louis White
 From 1975-1980, from 1981- 1986, and from 1987-1988, he was assigned in the Archdiocese to St. Ann in San Antonio, to Sacred Heart in Floresville, to St. Joseph in Yoakum, to Notre Dame in Kerrville, to San 12 Fernando Cathedral, to St. Luke in Loire, and to St. Vincent de Paul in San Antonio. In 1980, White was reported to the Archdiocese for sexually abusing a child and he was sent for psychiatric evaluation and treatment.
1970-1979
Michael Kenny

Michael Kenny was ordained a priest in Ireland for the Archdiocese in 1973. From 1973-1997, he was assigned in the Archdiocese to St. Vincent de Paul in San Antonio, to St. Luke in San Antonio, to Resurrection of the Lord in San Antonio, and to St. Margaret Mary in San Antonio. In 2000, a survivor alleged that he had sexually abused her when she was a minor teenager in the 1970’s. The Archdiocese found the survivor’s allegation to be credible. 1972-2002 Alfred Harry Martin– 1 allegation: Alfred Harry Martin was ordained a priest in 1966 for the Diocese of Belize in Belize. He was incardinated into (joined) the Archdiocese in 1977. From 1972-2002, he was assigned in the Archdiocese to St. Agnes in Edna, to the Bexar County Jail as a chaplain, to Our Lady of Perpetual Help in Selma, to Christ the King in San Antonio, to St. Vincent de Paul in San Antonio, and to Audie Murphy Veteran’s Administration Hospital as a chaplain.

St. Lawrence Catholic Church: 236 E. Petaluma 
1970-1979
Jose Luis Sandoval 
From 1974- 1998, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Grace in San Antonio (for Our Lady of Sorrows), to St. James in San Antonio, to Sacred Heart in Uvalde (for St. Patrick in Sabinal and St. Joseph in Knippa), to St. Patrick in Sabinal (when it became a parish separate from Sacred Heart), to St. Lawrence in San Antonio, and to St. Alphonsus in San Antonio. According to a 1985 letter written by a concerned parishioner, this parishioner had met in 1983 with Archbishop Flores, together with a minor teenage survivor of attempted sexual abuse by Sandoval, and the survivor’s father. During a 1993 review of files, it was not clear that an investigation had been conducted in 1983 or 1985. In 1998, a survivor reported that he was sexually abused 16 by Sandoval as a child between 1975 and 1977. He identified two additional survivors from the same timeframe. Archbishop Flores removed him from his assignment and prohibited him from exercising any priestly ministry in the Archdiocese of San Antonio.

Sacred Heart Catholic Church: 2123 W. Commerce St. 
1980-1989
Richard Garcia 
Richard Garcia was ordained a priest for the Archdiocese in 1974. From 1974-1985, he was assigned in the Archdiocese to Sacred Heart in San Antonio, to St. Cornelius in Karnes City, to St. Timothy in San Antonio, to St. Patrick in Bloomington, and to St. Jude in San Antonio. He died in 1985. After his death, a civil demand was made related to an allegation of sexual abuse of a minor. The Archdiocese found the survivor to be credible. 
1960-1969 
Joseph Angeli
Joseph Angeli was a priest of the Diocese of Tacna, Peru. From 1960-1962, he was assigned in the Archdiocese to St. John the Evangelist in San Antonio, to Sacred Heart in San Antonio, and to St. John the Evangelist in Hondo. He died in 1993. While the allegations of abuse were made after his death, the Archdiocese found the survivors to be credible.

St. Henry Catholic Church: 1619 South Flores St.
1960-1969 
John Flynn 
From 1952-1997, he was assigned in the Archdiocese to St. Ann in San Antonio, to St. Henry in San Antonio, to Sacred Heart in Hallettsville, to St. Mary Magdalen in San Antonio, to St. Michael in Cuero, to Saints Peter and Paul in Meyersville, to St. John the Evangelist in San Antonio, to Our Lady of Perpetual Help in Selma, to St. Helena in San Antonio, and to St. Matthew in San Antonio.

St. Mary Magdalen Catholic Church: 1710 Clower 

1990-1999 
Jose Aviles
Jose Aviles was ordained a priest in 1990 for the Archdiocese. From 1990-2004, he was assigned in the Archdiocese as chaplain to the Catholic Community on Scouting, as vocation director, to St. Margaret Mary in San Antonio, to St. Mary Magdalen in San Antonio, and to St. Joseph South San in San Antonio.

1960-1969 
John Flynn 
From 1952-1997, he was assigned in the Archdiocese to St. Ann in San Antonio, to St. Henry in San Antonio, to Sacred Heart in Hallettsville, to St. Mary Magdalen in San Antonio, to St. Michael in Cuero, to Saints Peter and Paul in Meyersville, to St. John the Evangelist in San Antonio, to Our Lady of Perpetual Help in Selma, to St. Helena in San Antonio, and to St. Matthew in San Antonio.

St. Helena: 14714 Edgemont Drive 
1960-1969 
John Flynn

From 1952-1997, he was assigned in the Archdiocese to St. Ann in San Antonio, to St. Henry in San Antonio, to Sacred Heart in Hallettsville, to St. Mary Magdalen in San Antonio, to St. Michael in Cuero, to Saints Peter and Paul in Meyersville, to St. John the Evangelist in San Antonio, to Our Lady of Perpetual Help in Selma, to St. Helena in San Antonio, and to St. Matthew in San Antonio. In 1997, a survivor brought forward an allegation that Flynn had sexually abused her as a minor teenager in the 1960’s and sexually assaulted her as a young adult in the 1970’s. The Archdiocese found this to be a credible allegation.In 1997, Flynn resigned from his position as pastor of St. Matthew and retired from all ministry.

Our Lady of Guadalupe-Downtown: 1321 El Paso St.

1990-1999
Anthony Ozzimo (SJ)

Anthony Ozzimo was a priest of the Society of Jesus (the Jesuits). From 1987-1994, he was assigned within the Archdiocese to Our Lady of Guadalupe in San Antonio. In 1995, a woman alleged that Ozzimo had sexually abused her daughter, a child, during the early 1990’s. She also notified the SAPD, but no indictment was brought. In 2016, the survivor, now an adult, brought the same allegation herself. The Archdiocese notified the Bexar County DA’s office of the ’16 allegation when it was made, including with our report the information available from 1995. Ozzimo ceased functioning as a priest in 1995; Ozzimo left the Jesuits in 1998 for unrelated reasons. The Jesuit USA Central and Southern Province was unable to determine that the allegation was credible, based on available information.

1960-1969
Jose Alfonso Madrid

Jose Alfonso Madrid was ordained as a member of the Society of Jesus (the Jesuits) in 1950. From 1966-1970, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Guadalupe in San Antonio. In 1968, it was reported that he had inappropriate contact with an unnamed 9-year-old boy. Since 2014, five additional survivors have alleged that they were abused by Madrid in the late 1960’s. While Madrid died in 1982, prior to these allegations, the Archdiocese found these survivors to be credible.

1961-1963
Austin N. Park (SJ)
 – 2 allegations:
Austin N. Park was a priest of the Society of Jesus (the Jesuits) who was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Guadalupe in San Antonio from 1957-1958 and from 1961-1963. He died in 2013. In 2013, a family member informed the Archdiocese that Park had sexually abused two children while he was here in…

San Juan de los Lagos: 3231 El Paso St.

1970-1979
Francisco Gomez
Francisco Gomez was ordained a priest for the Archdiocese in 1976. From 1976-1980 and from 1988-1991, he was assigned in the Archdiocese to San Juan de los Lagos in San Antonio, to Immaculate Conception in San Antonio, and to Holy Family in San Antonio. He joined the Conventual Franciscan Order in 1980 and died in 1998. In 2004, a survivor alleged that in the late 1970’s, Gomez, while still a priest of the Archdiocese, sexually abused him when he was a minor teenager. While the allegation was made after Gomez’ death, the Archdiocese found the survivor to be credible. 

1960-1969
Galeb Mokarzel
From 1959- 1965, from 1971-1972, from 1977-1982, and from 1992-1997, he was assigned in the Archdiocese to the Oblate high school seminary,St. Anthony, in San Antonio, to St. Joseph Retreat Center (now Oblate Renewal Center) in San Antonio, to St. Joseph in Del Rio, and to San Juan de los Lagos in San Antonio.He retired without ministry in 1997. In 2019, a survivor alleged that as a minor teenager he was sexually abused by Mokarzel in the 1960’s. The Oblates of Mary Immaculate consider this to be a credible allegation. Mokarzel is living under supervision with a safety plan at an Oblate retirement facility in San Antonio.

St. Peter, Prince of the Apostles Catholic Church: 111 Barilla Place 

1960-1969
Michael J. O’Sullivan 
From 1955- 1965, he was assigned in the Archdiocese to St. Mary in Fredericksburg, to St. Peter in San Antonio, to St. Mary in Victoria, to Blessed Sacrament in San Antonio, and to St. Vincent de Paul in San Antonio.

1926-1978
Cayetano Romero
(Cayetano Jose Leoca dio Cayetan de los Dolores Romero) – 1 allegation: 
Cayetano Romero was ordained a priest for the Archdiocese in 1926. From 1926-1978, he was assigned in the Archdiocese to St. Phillip in El Campo, to St. Helena in Pierce, to St. John Seminary in San Antonio, to St. John the Evangelist in Hondo, to St. Peter Prince of the Apostles in San Antonio (for St. Anthony de Padua),to Notre Dame in Kerrville, to St. Andrew in Pleasanton, and to the Teresian Novitiate. In 2015, a survivor alleged that he had been sexually abused as a child by Romero in 1952 or 1953. While Romero died in 1978, before the allegation was made, the Archdiocese found the survivor to be credible.

1960-1969 
Michael J. O’Sullivan 
From 1955- 1965, he was assigned in the Archdiocese to St. Mary in Fredericksburg, to St. Peter in San Antonio, to St. Mary in Victoria, to Blessed Sacrament in San Antonio, and to St. Vincent de Paul in San Antonio. The first known allegation of child sexual abuse against O’Sullivan was made in 1962, while he was assigned at Blessed Sacrament. O’Sullivan was placed under the care of a local psychiatrist, and on his recommendation was assigned to minister at St. Vincent de Paul while his treatment continued. Because it was alleged that he re-offended at St. Vincent de Paul, he was sent for residential treatment to Conyers, Georgia, under the care of a medical doctor. O’Sullivan died in 2013.

St. Luke Catholic Church: 4603 Manitou

1970-1979 
Michael Kenny
 
Michael Kenny was ordained a priest in Ireland for the Archdiocese in 1973. From 1973-1997, he was assigned in the Archdiocese to St. Vincent de Paul in San Antonio, St. Luke in San Antonio, to Resurrection of the Lord in San Antonio, and to St. Margaret Mary in San Antonio. In 2000, a survivor alleged that he had sexually abused her when she was a minor teenager in the 1970’s. The Archdiocese found the survivor’s allegation to be credible.

1975-1976 
William Sprigler 
From 1975-1976, he was assigned in the Archdiocese to St. Mary in Fredericksburg and to St. Luke in San Antonio. In 1976, it was alleged that he abused two boys and was sent for psychiatric care to Via Coeli in New Mexico. The Archdiocese found this to be a credible allegation.

St. James the Apostle Catholic Church: 907 W. Theo Ave. 

1990-1999
John Davila
John Davila was ordained a priest in 1984 for the Archdiocese. From 1984-1993, he was assigned in the Archdiocese to Sacred Heart in Uvalde, to Our Lady of Guadalupe in Carrizo Springs, to St. James in San Antonio, to Our Lady of Peace in Kenedy, to St. Cecilia in San Antonio, to Holy Family in San Antonio, and as a rural youth retreat moderator. On December 24, 1993, the Archdiocese was notified by law enforcement of allegations that Davila sexually abused two girls. He was suspended from his assignment as pastor and from priestly ministry and the archbishop informed Sacred Heart Parish in Uvalde of the allegations and suspension the following weekend. Davila pleaded guilty and was given a seven year probated sentence. He was laicized (removed from the clerical state) in 1999.

Christ the King Catholic Church: 2619 Perez St. 

1970-1979 
Alfred Harry Martin 
Alfred Harry Martin was ordained a priest in 1966 for the Diocese of Belize in Belize. He was incardinated into (joined) the Archdiocese in 1977. From 1972-2002, he was assigned in the Archdiocese to St. Agnes in Edna, to theBexar County Jail as a chaplain to Our Lady of Perpetual Help in Selma, to Christ the King in San Antonio, toSt. Vincent de Paul in San Antonio, and to Audie Murphy Veteran’s Administration Hospital as a chaplain. In 2002, a survivor alleged that Martin had abused him as a minor teenager between 1975 and 1977.

Our Lady of Mount Carmel Catholic Church:18555 Leal Road 

1970-1979
Thomas Behnke
He lived in the Archdiocese from 1950-1978 and from 1989-1992. He was assigned to Our Lady of Mount Carmel and St. Térèse in San Antonio and to Immaculate Heart of Mary in Pearsall. In 2017, a survivor alleged that he had been sexually abused as a child by Behnke in the 1970’s. Behnke died in 2008. While the allegation of abuse in San Antonio was made after his death, the Archdiocese has been aware, since 2009, of allegations made against Behnke in Dallas. The Archdiocese found the survivor to be credible.

Our Lady of Perpetual Help: 618 South Grimes St. 

1950-1959 
Gherman, Marshall (CSsR) – 5 allegations: Marshall Gherman, a Redemptorist priest, was a member of the New Orleans Vice-Province of the Redemptorists. From 1940-1946, in 1952, and from 1954-1957, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Perpetual Help in San Antonio. He died in 1959. In 2004, two survivors came forward with allegations of child sexual abuse dating to the 1950’s. One of the survivors identified three other victims in her allegation. While the allegations of abuse were made after his death, the Archdiocese found the survivors to be credible.

Holy Family Catholic Church: 152 Florencia 

1990-1999

John Davila
John Davila was ordained a priest in 1984 for the Archdiocese. From 1984-1993, he was assigned in the Archdiocese to Sacred Heart in Uvalde, to Our Lady of Guadalupe in Carrizo Springs, to St. James in San Antonio, to Our Lady of Peace in Kenedy, to St. Cecilia in San Antonio, to Holy Family in San Antonio, and as a rural youth retreat moderator. 

1970-1979
Francisco Gomez
Francisco Gomez was ordained a priest for the Archdiocese in 1976. From 1976-1980 and from 1988-1991, he was assigned in the Archdiocese to San Juan de los Lagos in San Antonio, to Immaculate Conception in San Antonio, and to Holy Family in San Antonio. He joined the Conventual Franciscan Order in 1980 and died in 1998. In 2004, a survivor alleged that in the late 1970’s, Gomez, while still a priest of the Archdiocese, sexually abused him when he was a minor teenager. While the allegation was made after Gomez’ death, the Archdiocese found the survivor to be credible. 

Our Lady of Perpetual Help: 618 South Grimes St. 
1950-1959 
Gherman, Marshall
 (CSsR) – 5 allegations: Marshall Gherman, a Redemptorist priest, was a member of the New Orleans Vice-Province of the Redemptorists. From 1940-1946, in 1952, and from 1954-1957, he was assigned in the Archdiocese to Our Lady of Perpetual Help in San Antonio. He died in 1959. In 2004, two survivors came forward with allegations of child sexual abuse dating to the 1950’s. One of the survivors identified three other victims in her allegation. While the allegations of abuse were made after his death, the Archdiocese found the survivors to be credible.

Holy Family Catholic Church: 152 Florencia 
1990-1999
John Davila
John Davila was ordained a priest in 1984 for the Archdiocese. From 1984-1993, he was assigned in the Archdiocese to Sacred Heart in Uvalde, to Our Lady of Guadalupe in Carrizo Springs, to St. James in San Antonio, to Our Lady of Peace in Kenedy, to St. Cecilia in San Antonio, to Holy Family in San Antonio, and as a rural youth retreat moderator. 
1970-1979
Francisco Gomez
 Francisco Gomez was ordained a priest for the Archdiocese in 1976. From 1976-1980 and from 1988-1991, he was assigned in the Archdiocese to San Juan de los Lagos in San Antonio, to Immaculate Conception in San Antonio, and to Holy Family in San Antonio. He joined the Conventual Franciscan Order in 1980 and died in 1998. In 2004, a survivor alleged that in the late 1970’s, Gomez, while still a priest of the Archdiocese, sexually abused him when he was a minor teenager. While the allegation was made after Gomez’ death, the Archdiocese found the survivor to be credible.

Resurrection of the Lord: 7990 W. Military Drive

1970-1979

Michael KennyMichael Kenny was ordained a priest in Ireland for the Archdiocese in 1973. From 1973-1997, he was assigned in the…

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January 26, 2019

SIGUE DETENIDO PADRE PEDERASTA

MéRIDA (MEXICO)
Tribuna Campeche [San Francisco de Campeche, Campeche, Mexico]

January 26, 2019

By Tribuna

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Los casos de sacerdotes pederastas, registrados en distintas partes del mundo y del país, parecían alejados de nuestra entidad, sin embargo, a finales del 2018 el cura Gustavo Alberto Z.T., fue inculpado de violación equiparada y abuso sexual contra I.E.Z.P, un estudiante del Colegio Victoria, que era parte del Seminario Menor de Nuestra Señora del Carmen, el cual administraba el acusado.

Aunque todo parece indicar que la Diócesis de Campeche mantiene en secreto este grave caso, y que habría desterrado al presbítero de toda actividad clerical, ahora el inculpado en audiencia de ayer catalogada como privada ante la jueza de Control, Alejandra Flores Verástegui, buscó conseguir su libertad, pero la audiencia se prorrogó hasta el miércoles 30.

Cristina P.K., mamá del menor —que vive en Campeche— pudo enterarse de lo sucedido, en la carpeta judicial 110/17-2018/JC-II, se indica que él estudiaba en el Colegio Victoria, y que recibió una llamada del sacerdote Mario Ascencio León, quien le dijo que algo grave estaba sucediendo.

PRESO

Pese a que Gustavo se encuentra encarcelado, y que el abuso sexual sobre el menor venía ocurriendo desde el 2016, fue hasta diciembre pasado cuando la Policía Ministerial lo detuvo, pero ayer en una nueva audiencia no se pudo determinar su situación jurídica, porque se amplió hasta el próximo miércoles.

De la situación jurídica del “padre”, se puede resumir –según el número de apelación 207/18-2019/S.M- que el 19 de diciembre fue imputado, pero ese día pidió la ampliación del término constitucional, y cuando se reanudó la audiencia inicial lo sujetaron a prisión, sin embargo, su defensa ganó una apelación y ayer se repitió el proceso.

HECHOS

El expediente contra el clérigo, quien fungía como director espiritual del Seminario Menor, revela que desde diciembre pasado, un juez de Control le dictó auto de vinculación a proceso por los delitos antes mencionados, además de que se le impuso como medida cautelar prisión preventiva de siete meses.

Dentro de las acusaciones en contra de “padre” Gustavo, que reveló el agraviado, se detalló que “al menor de edad le vendaba los ojos y le ordenaba que se quitara toda la ropa, que se imaginaría cosas que le iba diciendo el cura, que se imaginara cosas sexuales, que imaginara una niña que le gustara, que imaginara que estaban sosteniendo relaciones sexuales, y que en ese momento lo comenzó a masturbar”.

En el relato plasmado en dicha denuncia, se establece que el abuso sexual comenzó desde el 2016 —es decir el presbítero Gustavo practicaba diversas formas de sexo con el menor—. Pues aunque el ultrajado sentía asco por lo que hacía, debía obedecer ya que el cura era su “consejero espiritual”.

GANA APELACIÓN

Cabe mencionar que la defensa del “padre”, a cargo de Alicia Delgado Chan alegó durante la audiencia de diciembre, y después en una apelación ante el Tribunal de Alzada, que el menor con 13 años, podía ver lo bueno y lo malo.

La abogada, férrea en sus alegatos durante la apelación, afirmó que la jueza Alejandra Flores, se justificó al decir que el menor se encontraba en el seminario y que por eso nunca dijo nada, pero que por lógica el agraviado tuvo que tener contacto con sus padres y contarle hasta algún familiar, incluso remata diciendo que “toda duda siempre debe favorecer al reo”.

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January 22, 2019

Legionaries to help police investigate abuse cover-up

MéRIDA (MEXICO)
The Tablet [Market Harborough, England]

January 22, 2019

By Junno Arocho Esteves, CNS

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The ‘cursed inheritance’ left by Maciel and other members of the Legionaries of Christ is a source of shame for the church.

Pope John Paul II blesses Father Marcial Maciel Degollado, founder of the Legionaries of Christ, at the Vatican in 2004. 
CNS photo/Tony Gentile, Reuters

The Legionaries of Christ have pledged they will cooperate with an investigation after a report stated that the congregation failed to address sexual abuse and cover-ups at one of its prestigious schools in Mexico.

The Associated Press reported that the Legionaries failed to investigate abuses committed by Father Fernando Martinez Suarez at its elite Cumbres School in Cancun despite reforms established nearly a decade ago after it was revealed that the congregation’s founder, Father Marcial Maciel Degollado, abused dozens of children.

In a statement released by the religious congregation, the Legionaries said they would work with the Vatican as well as civil authorities “to identify the persons responsible for negligence or cover-up in this case”.

In 2010, the Vatican announced that Father Maciel was guilty of “seriously and objectively immoral behavior” and “real crimes” and had lived a “life devoid of scruples and of genuine religious meaning”.

That same year, Pope Benedict XVI named the late Cardinal Velasio De Paolis to supervise reform of the Legionaries.

However, an investigation conducted by the congregation and published in late November revealed that although Cardinal De Paolis and then-superior general German Father Sylvester Heereman were made aware of the abuse allegations against Father Martinez, they “did not consider a canonical investigation nor sending out a written restriction necessary”.

The article, which included several survivors’ horrifying accounts of the abuse, was published the same day the Legionaries of Christ began its weeklong general chapter in Rome. Revelations of the abuses and cover-up caused one member of the congregation to withdraw as a member of the general chapter.

According to AP, Beatriz Sanchez, an English teacher at the school in the 1990s, said she was fired after reporting the abuses committed by Father Martinez to his superior at the time, Father Eloy Bedia.

Two days before the report was published, Father Bedia released a statement saying that he would not attend the Rome chapter meeting and that he understood how survivors and their families would “experience my presence in the general chapter as a new wound”.

However, despite Sanchez’s allegation, Father Bedia denied “before God” that he covered up the abuses and insisted he was not responsible for personnel changes.

“I became territorial director in 1992,” he said. “I had no awareness of Fernando Martinez Suarez’s history. As everyone knows, in those years, the general director (Maciel) made the decisions regarding processes and movements of personnel.”

In an interview with Mexican news agency Notimex, Archbishop Franco Coppola, apostolic nuncio to Mexico, said the “cursed inheritance” left by Father Maciel and other members of the Legionaries of Christ who have abused children are a source of shame for the church.

“It gives us much sorrow and shame that this has happened; we are trying to make it so that this does not happen ever again,” said Archbishop Coppola.

Addressing the fact that Martinez continues as a member of the Legionaries of Christ despite the abuses he committed, Archbishop Coppola explained that in some cases of abuse, those dismissed from the clerical state or from their religious orders or both became fugitives and disappeared after authorities attempted to arrest them.

“The fact that Fernando Martinez continues to be a Legionary means that, if any civil authority is looking for him, they know where to find him and can force the Legionaries to make him physically available to civil justice,” he said.

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January 14, 2019

Two Sonoma Valley priests on diocese abuser list

GUADALAJARA (MEXICO)
Sonoma Index-Tribune [Sonoma CA]

January 14, 2019

By Mary Callahan and Lorna Sheridan Sonoma Media

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Two Sonoma Valley priests are on the list.

Santa Rosa Bishop Robert F. Vasa on Saturday disclosed the names of 39 priests and deacons with ties to the diocese who church leaders say committed child sexual abuse or were credibly accused of such crimes, a disclosure that marks the most comprehensive acknowledgment to date of the decades-long scope of the clergy abuse scandal in the local Catholic church.

Two former Sonoma Valley priests are on the list: Francisco Xavier Ochoa and John Crews.

Francisco Xavier Ochoa

Francisco Xavier Ochoa was an assistant pastor at St. Francis Solano Church on West Napa Street in the 1980s and again from 2000 to 2006.

Ochoa died in Mexico in 2009 at age 71. He fled the U.S. for Mexico in 2006 several days after a meeting with the Santa Rosa Diocese in which he admitted that he offered a boy $100 to strip dance in front of him and that he had kissed other boys on the lips.

After the meeting, Ochoa was removed from his duties, but the diocese delayed in reporting the allegations to authorities. A subsequent police investigation revealed that Ochoa had allegedly molested multiple children from different families.https://newsletter.sonomanews.com/framed/single/a3adc18b5cb65f9d29d5f908b3bdadc1?pref=sit_daily&hideImage=1&padCopy=0&fid=1819

In documents disclosed after a warrant was issued for Ochoa’s arrest, investigators said that the priest also brought a 15-year-old boy – now an adult – from Mexico and installed him in his diocese-owned residence where the two engaged in regular, sometimes violent, sex.

‘If (the victim) refused to cooperate with Ochoa, Ochoa would violently rape him,’ wrote Sonoma County Sheriff’s Detective Ruben Martinez in 2006. The victim estimated Ochoa had sex with him two to three times a week for approximately one year. He told authorities that he did not know how to get Ochoa to stop.

The Santa Rosa Diocese was sued by families of Ochoa’s victims and in September 2007 the diocese settled the case for $5 million.

John Crews

John Crews resigned as executive director of the Hanna Boys Center in 2013 following an allegation of sexual misconduct with a boy in the 1970s, prior to his arrival in Sonoma in 1984.

His resignation, which shocked Sonoma residents at the time, stemmed from a complaint brought by relatives of the alleged victim, who is deceased.

At the time of Crews’ resignation, Vasa said that the diocese followed church and legal requirements in Crews’ case and he described Crews, who was 67 at the time, as handling the resignation ‘very graciously.’

Crews was allowed to remain a priest in the diocese until he retired, but would ‘not serve in any other public ministry,’ the bishop said.

Prior to his work at the Hanna center, Crews served as a parish priest at St. Sebastian Church in Sebastopol and St. Joseph Church in Cotati, and also served briefly as an administrator at Cardinal Newman High School in Santa Rosa.

Vasa said at the time of Crews’ resignation that no other allegations against Crews were contained in diocese records.

Crews did not admit to any misconduct, according to Hanna officials, contacted about the case in 2013.

The investigation

Vasa’s list, made public to about 140,000 parishioners as well as the media over the weekend, includes many well-known names long public due to high-profile molestation cases as well as several previously unknown — most of them accused for offenses committed several decades ago.

At least 23 of those on the list are deceased.

None are serving in public ministry in the Santa Rosa Diocese, Vasa was quoted as telling the North Coast Catholic newspaper last week.

About 17 people included on the list served in the Santa Rosa Diocese at some point but had accusations lodged against them elsewhere, Vasa said.

But the bishop said a search of the records indicated about 25 priests were accused of abusing about 100 children during service to the Santa Rosa Diocese from its founding in 1962 to the present — ‘a shocking number’ that, in part, inspired release of most of the names, he wrote in the diocesan newsletter.

He noted that four priests — Gary Timmons, Don Kimball, Austin Peter Keegan and Francisco Xavier Ochoa (of Sonoma) — were responsible for 63 known victims. Kimball and Ochoa are deceased, according to the church.

‘My primary goal in releasing the names of accused priests and deacons who served in Santa Rosa in this public fashion is to give to all the victims of clerical sexual abuse the assurance that they have been heard and that the Church is very much concerned for their well-being and healing,’ Vasa wrote. ‘It is my deepest prayer and hope that this release of names in a consolidated fashion says to any of you who are victims, we have heard you, we believe you, we affirm you in your trauma and we want to help with a healing process.’

Melanie Sakoda, national secretary and Bay Area spokeswoman for the Survivors Network of those Abused by Priests, or SNAP, said she found seven names on the list she had never seen associated with clergy abuse before and was pleased, as well, to see member of Catholic orders, which have been omitted by other dioceses, on Vasa’s list.

‘I think it was more complete than I suspected it was going to be,’ she said.

She said SNAP still believes Santa Rosa and other dioceses should also be accounting for nuns, teachers and others besides priests who serve within the world of the Catholic church and its schools and institutions, ‘but he did a good job.’

In contrast, an attorney with Jeff Anderson and Associates, a Minnesota-based law firm that has taken on the Catholic Church nationally, called the list ‘a deflection,’ released under pressure from the whole of society, as well as parishioners and his own clients.

Michael Reck, whose firm represents a Ventura County man and clergy-abuse survivor who has sued every Catholic diocese in California, said, ‘Yes, this is a good list.’ But ‘the focus on dead perpetrators,’ he said, ‘leaves out the hierarchy that covered this up, that moved them around.’

The list of 39 clergymen includes the well-known names of predatory priests whose behavior came to light beginning in the mid-1990s during a rash of civil and criminal cases that exposed the sprawling North Coast diocese as a focal point of the Catholic abuse scandal several years before widespread misdeeds erupted nationwide.

The diocese has since paid out more than $29 million in legal settlements to childhood victims of at least 10 priests since the 1990s, about $12 million of it covered by insurance, Vasa said.

‘Sadly, we have had sexual abuse events as late as 2006 and 2008 and I find that most troubling,’ Vasa said in his written statement accompanying the disclosure, which was also published in Spanish. ‘However, the vast majority of the abuses occurred decades ago. This is not complete proof that the Church is making progress in eliminating this great tragedy, but I find this to be a sign of hope.’

Vasa has said he spent weeks combing the internet and aggregated lists for names and information that might allow him to issue the fullest possible report to his parishioners, in collaboration with members of the Diocesan Review Board established in 2002.

The diocese also is urging any church abuse victims to contact the diocesan Victim Assistance Coordinator, Julie Sparacio, at 707-566-3308, or P.O. Box 1297, Santa Rosa, CA 95402.

You can reach Mary Callahan at mary.callahan@pressdemocrat.com or Lorna Sheridan at lorna.sheridan@sonomanews.com.

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January 7, 2019

Seis mujeres denuncian al director del Voluntariado Lasallista por violencia sexual en Durango

DURANGO (MEXICO)
Sinembargo.mx [Mexico City, Mexico]

January 7, 2019

By Redacción/SinEmbargo

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El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que tiene presencia en 23 estados del país, llamó a la Institución Lasallista a eliminar este tipo de conductas, revisar profundamente los hechos, a crear protocolos de actuación para prevenir y atender los actos de violencia sexual al interior de sus centros y a acompañar a las víctimas durante todo el proceso.

Ciudad de México – Seis ex integrantes del Voluntariado Lasallista en El Salto, Durango, programa donde jóvenes, maestros  y familiares realizan labores sociales durante un año, fueron violentadas sexualmente por el director y guía espiritual Alejandro Gaxiola Parra y amenazadas luego de denunciar los casos, expusieron las 43 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que conforman el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quienes condenaron los hechos y exigieron justicia para las víctimas.

De acuerdo con el OCNF, las agresiones habrían sido cometidas durante el ciclo escolar 2016-2017 y las ex voluntarias Lasallistas recibieron amenazas, por lo que la agrupación alerto en un comunicado sobre “cualquier agresión que pudiera derivar en más violencia feminicida o en hechos irreparables como el feminicidio”.

El OCNF llamó a la Institución Lasallista a eliminar este tipo de conductas, revisar profundamente los hechos, a crear protocolos de actuación para prevenir y atender los actos de violencia sexual al interior de sus centros y a acompañar a las víctimas durante todo el proceso.

“Exigimos que en el presente caso tanto la institución como sus directivos, se abstengan de realizar cualquier acto que pueda interferir u obstaculizar con la investigación que se ha iniciado por parte de las autoridades competentes”, expusieron las organizaciones civiles.

También recordaron que la violencia sexual de la que fueron víctimas estas tres mujeres no es un hecho aislado, ya que en Durango tan solo de 2010 a 2016 se denunciaron mil 329 violaciones sexuales y 124 denuncias de violación sexual en 2017, de acuerdo con la Solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la entidad.

Para 2018 datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que de enero a septiembre  se denunciaron un total de 435 casos de abuso sexual y violación.

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December 18, 2018

Arquidiocesis de Chihuahua: El nefasto legado de Monseñor José Fernández Arteaga

CHIHUAHUA (MEXICO)
Blog Santa & Pecadora [Tijuana, Baja California, Mexico]

December 18, 2018

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Sacerdotes homosexuales, pedofilos, dinereros, una decena de problemas legales, impunidad clerical, malversación de fondos y otros problemas  conocidos en Chihuahua son el legado de Monseñor Fernández Arteaga.

Actualmente es el Arzobispo emérito de Chihuahua desde 2009. Nació en 1933 en el pueblo de Santa Inés, prolífico lugar de vocaciones perteneciente al municipio de Tocumbo, conocido en Michoacan por la fabricación de paletas y nieves. Ingreso al Seminario de Montezuma regenteado por el Episcopado Norteamericano y la Compañía de Jesús, fue ordenado a los 23 años en 1957, incardinado a la diócesis de Tulancingo en Hidalgo.
En 1974 fue promovido al episcopado como Obispo de Apatzingan, en 1980 fue trasladado a Colima y en 1988 fue nombrado Arzobispo coadjutor de Chihuahua con derecho a sucesión. Desde que era seminarista el entonces Obispo de Tulancingo lo cobijo, al grado que toda su formación el Obispo vio por el , aunque Fernandez Arteaga proviene de una familia bien acomodada, Monseñor Almeida y Merino se convirtió en su protector, primero como Obispo de Tulancingo, luego como Obispo de Zacatecas y luego como Arzobispo de Chihuahua, fue entonces a quien lo pidió para que lo relevara en el cargo.
Desde que era Sacerdote parecía que Fernandez Arteaga  quería ser Obispo y lo logró. Es ahí donde se ve que  su vocación no era la de Obispo por eso hecho a perder muchas vocaciones y muchas comunidades. 
Un Obispo  mas político que prolíficoMillones de pesos recibió Fernández Arteaga del narco en Chihuahua y de los políticos del PRI, con ese dinero el Arzobispo se dedico a remodelar sus casas, la de Chihuahua  y la de Santa Ines ademas de vivir como un verdadero Príncipe, viajando y derrochando el dinero mal habido.
Comilonas, festines y borracheras eran testigos de las reuniones políticas del Arzobispo en su residencia en Chihuahua. De hecho el Arzobispo  siempre promovió públicamente al PRI.
Protector de Pederastas y promotor de Curas con esposa
La filosofía de Fernandez Arteaga era  “dejar hacer, dejar pasar” y es que si los Sacerdotes no daban problemas los dejaba hacer lo que quisieran,  y si daban problema pero daban buena cantidad económica al Arzobispado o pequeños regalitos adelante los removía y los protegía. Tal es el caso del Sacerdote Fernando Moriel quien violo por muchos años a un adolescente,  o los casos de los sacerdotes muy conocidos en Chihuahua Fernando Espinoza y Francisco Garay.
La rebelión de los Curas
Después de varias cartas al Vaticano sin respuesta en el 2002 un grupo de 18 curas decidieron revelar y denunciar mediante un libro las atrocidades ocurridas en la Arquidiocesis de Chihuahua, con el titulo JFA  denunciaron la malversación de fondos y el robo que el Arzobispo había estado haciendo  desde que llego a dirigir la iglesia de Chihuahua, en realidad un libro de denuncia muy interesante. En el firman los 18 Sacerdotes sin miedo.
Chihuahua en la actualidadEl respiro de los fieles y los clérigos de Chihuahua  inicio en 2009, en especifico el 27 de septiembre, fecha en que el Vaticano renunciaba por edad al arzobispo Fernandez, en su lugar llego un un Obispo del clero de Madera Chihuahua y quien había sido Obispo de Atlacomulco, de nombre Constancio Miranda Weckman, a quien le ha tocado lidiar con la problemática que dejo el anterior Arzobispo, si Miranda Weckman no se pone las pilas Chihuahua se encaminaría  en un futuro a a una diócesis fallida, o sea si no soluciona los problemas que le dejo su antecesor, su trabajo en Chihuahua seria en vano.
Jose Fernández Arteaga hoy
Tiene 81 años. Si no hubiera sido renunciado en la actualidad seguiría robando a la Iglesia, también seguiría  aferrado al poder y al dinero, pero gracias a ello JFA vive como rey en su casa en Santa Ines, gastando el dinero de la Iglesia y de la feligresía de Chihuahua.
Un miembro más de la Clericacia Mexicana, la participe de la oscura historia de la Iglesia en México.

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December 16, 2018

CON LA LUPA EN LOS PEDERASTAS

MONTERREY (MEXICO)
El Guardián [Saltillo, Mexico]

December 16, 2018

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» Ignacio Martínez Pacheco informó que ya dio inicio la averiguación previa

EXPERIENCIA. El activista al fin ve un poco de luz después de tanto sufrimiento.

El activista Ignacio Martínez Pacheco, presunta víctima del Padre Meño, dice que la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia ya cuenta con una averiguación previa de los casos reportados por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

Tras revelar los nombres de los dos presuntos culpables de actos de pederastia de nombre Carlos Alberto y Alfredo Tobías, el activista dio a conocer que después de la destitución, la Pronnif inició una averiguación con el expediente SG7-075/2014; sin embargo, hasta hoy se desconoce el paradero de los acusados.

El activista que narró una serie de actos de violencia sexual en el Seminario Menor de Piedras Negras señaló que dichos actos en la capital de Coahuila ocurrieron cuando Raúl Vera se encontraba al mando de la Diócesis de Saltillo durante 2006 y 2014 y su jurisdicción abarcaba hasta Piedras Negras.

En ese sentido, aseguró que al contrario de interponer una denuncia formal ante instancias de procuración de justicia, las autoridades, por orden del Vaticano de la Diócesis, únicamente procedieron a dar de baja a los presbíteros que ofrecían su misa en distintas parroquias de Saltillo.

“En lugar de denunciarlos ante los autoridades correspondientes, remitió las situaciones al Vaticano, lo que derivó en la destitución del sacerdocio de ambos, esto permitió que ambos religiosos huyeran y a la fecha permanezcan sin responder por sus actos.

Dicha situación derivó en la averiguación SG7-075/2014 a cargo de la Pronnif”, aseguró.

Actualmente, ambos sacerdotes no aparecen registrados bajo una orden diocesana en México; sin embargo, Carlos Alberto todavía cuenta con su nombramiento en la página de la Diócesis de Saltillo, aunque sin templos asignadas.

‘Está en casa el violador’

Tras revelar que de acuerdo con el Centro de Información de esta casa editorial, el 46 por ciento de las agresiones de tipo sexual registradas en la entidad han sido denunciadas desde la calle, la subtitular de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia en la Región Sureste, indicó que en el caso de los niños, la mayoría de este tipo de agresiones se dan en el seno familiar.

Aunque no reveló las cifras en números absolutos, Gabriela Ramos Castañeda, subprocuradora de la Región Sureste en la Pronnif, informó que actualmente se tiene registros de que 8 de cada 10 niños que han sufrido algún tipo de delito sexual, el victi mario investigado ha sido una persona integrante del seno familiar o exclusivamente cercano a la víctima.

Dentro de los casos que han sido denunciados por su instancia que contempla a Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, la subprocuradora mencionó que la incidencia no atenta únicamente contra las niñas menores.

En ese sentido, reveló que el 60 por ciento de los casos que les son reportados corresponden a violencia contra niñas menores en delitos como violación sexual y abuso sexual, mientras que el 40 por ciento de los casos corresponde a menores varones.

“La mayor parte son en casa o con personas cercanas a los niños. Ocho de cada 10 ocurren en casa o con personas muy cercanas. En su mayoría son mujeres. Del total, el 60 por ciento de las víctimas de violencia sexual son niñas”, expresó la funcionaria.

Agregó que en los dos casos que conjuntan al 100 por ciento de las denuncias que les son turnadas al ministerio público adscrito, se tiene registrado que los actos suceden en manos de los vecinos, cerca de las instituciones educativas o en su trayecto a casa.

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Inicia Pronnif averiguación por casos de pederastia en la Iglesia

MONTERREY (MEXICO)
Vanguardia MX [Saltillo, Coahuila, Mexico]

December 16, 2018

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La investigación es contra los sacerdotes Carlos Alberto y Alfredo Tobías

El activista Ignacio Martínez Pacheco, presunta víctima del Padre Meño, dice que la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia ya cuenta con una averiguación previa de los casos reportados por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

Tras revelar los nombres de los dos presuntos culpables de actos de pederastia de nombre Carlos Alberto y Alfredo Tobías, el activista dio a conocer que después de la destitución, la Pronnif inició una averiguación con el expediente SG7-075/2014; sin embargo, hasta hoy se desconoce el paradero de los acusados.

El activista que narró una serie de actos de violencia sexual en el Seminario Menor de Piedras Negras; señaló que dichos actos en la capital de Coahuila ocurrieron cuando Raúl Vera se encontraba al mando de la Diócesis de Saltillo durante 2006 y 2014 y su jurisdicción abarcaba hasta Piedras Negras.

En ese sentido, aseguró que al contrario de interponer una denuncia formal ante instancias de procuración de justicia, las autoridades, por orden del Vaticano de la Diócesis únicamente procedieron a dar de baja a los presbíterosque ofrecían su misa en distintas parroquias de Saltillo.

“En lugar de denunciarlos ante los autoridades correspondientes, remitió las situaciones al Vaticano, lo que derivó en la destitución del sacerdocio de ambos, esto permitió que ambos religiosos huyeran y a la fecha permanezcan sin responder por sus actos. Dicha situación derivó en la averiguación SG7-075/2014 a cargo de la Pronnif”, aseguró

Actualmente, ambos sacerdotes no aparecen registrados bajo una orden diocesana en México; sin embargo, Carlos Alberto todavía cuenta con su nombramiento en la página de la Diócesis de Saltillo, aunque sin templos asignadas, y asimismo, se tienen datos de que el otro presbítero egresó de una licenciatura en filosofía con orden sacerdotal.

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December 12, 2018

Critican a Cuauhtémoc Blanco por realizar misa en Palacio de Gobierno (VIDEO)

TLALNEPANTLA DE BAZ (MEXICO)
Pulso Diario de San Luis [San Luis Potosí, Mexico]

December 12, 2018

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El gobernador morelense, Cuauhtémoc Blanco Bravo, festejó a la Virgen de Guadalupe con una misa oficiada al interior del Palacio de Gobierno, a la que asistieron secretarios de despacho y trabajadores del Ejecutivo estatal.
Esta es la primera vez en la historia política del estado que un gobernador abre las puertas del Ejecutivo del estado para conmemorar a la virgen morena.
Para la misa fue colocado un altar en el claustro del palacio de Gobierno y una imagen de la virgen de Guadalupe. Además del gobernador Blanco, participaron el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz; Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de Administración; José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado Estatal de Seguridad; y un centenar de servidores públicos locales.
Al gobernador se le preguntó sobre la presunta violación al Estado laico y negó que el oficio religioso católico haya sido una violación legal a la separación Iglesia-Estado.
“Aquí todos son bienvenidos y creo que esto para nosotros es importante, es una tradición. Desde chico, desde que tenía seis años lo más bonito era festejar a la Virgen de Guadalupe en Tepito, todos nos cooperábamos. Aquí las puertas de las oficinas están abiertas para todos y la verdad que estamos muy contentos, toda la gente que está aquí son católicos”, dijo.
Cuauhtémoc Blanco precisó que la misa fue a petición de los trabajadores del Gobierno del Estado y “con mucho gusto les abrimos las puertas, a mí me invitaron y yo con mucho gusto acepté porque al final de cuentas es una tradición”, expresó Blanco Bravo quien rememoró su infancia cuando él mismo fue monaguillo.
En la liturgia religiosa, el sacerdote Gabriel Calderón Ruiz expresó su sorpresa por la realización de la misa. “Para mí es cosa nueva, sobre todo por la separación de la Iglesia-Estado con la Constitución del 57 con Benito Juárez… a mí me parece muy bueno que la Iglesia tenga su presencia en los edificios públicos porque es importante”, dijo.

El anuncio del oficio religioso, realizado por la tarde, provocó una andanada de protestas en redes sociales, entre ellos, el ex candidato a gobernador por el PRI, Jorge Meade Ocaranza, quien expresó que la misa transgredió el Estado laico.
Otros acusaron que la ceremonia católica constituyó una violación al artículo 130 de la Carta Magna.
Al cierre de la misa, el gobernador se abstuvo de comulgar, pero otros como el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, recibieron el sacramento de la eucaristía.

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December 9, 2018

Denuncian que congregación La Salle protege a abusador

DURANGO (MEXICO)
La Jornada [Mexico City, Mexico]

December 9, 2018

By Sanjuana Martínez

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Una segunda mujer acusa de abuso sexual a Alejandro “N” ante la fiscalía estatal

Cuando las seis alumnas denunciaron los abusos sexuales que habían sufrido por parte del hermano lasallista Alejandro Gaxiola Parra, la congregación, en lugar de ponerlo a disposición de las autoridades, prefirió esconderlo para protegerlo y lo trasladó a una casa en la colonia Contry, de Monterrey.

Así lo informa Sofía Vázquez, una de las víctimas que desde mayo pasado dio a conocer lo sucedido ante la congregación de La Salle. Y luego interpuso, en octubre pasado, una denuncia ante la vicefiscalía de Lerdo, Durango, por el delito de violación en grado de tentativa, con el número de carpeta 6746/18: Por su forma de actuar ya perdí la fe en los lasallistas. Nos dijeron que no se podía hacer nada contra él hasta que se presentara la denuncia. La presenté y lo trasladaron a Monterrey para esconderlo y seguirlo protegiendo.

En entrevista con La Jornada, afirma que mientras el agresor sexual lasallista vive tranquilo, sus víctimas padecen las secuelas de los abusos: En mi caso, sigo un tratamiento para la depresión con ansiolíticos, tengo trastorno del sueño y tomo medicamento todos los días.

A pesar de la denuncia penal, el llamado fuero eclesiástico lo protege, porque las autoridades judiciales tampoco han molestado al religioso lasallista, por el contrario, la carpeta de investigación no tiene avances: Queremos que dejen de protegerlo. Queremos justicia. Y es para que él no pueda dañar a nadie más. Estoy sufriendo todos los días por esto que me hizo y no quisiera que nadie más llegara a sufrir de esta forma, señala.

Las seudoterapias

La historia de abusos sexuales del hermano lasallista Alejandro Gaxiola Parra, de 46 años, inicia en El Salto, Durango, donde era el encargado del voluntariado de esta congregación católica. Ahí elegía a sus víctimas desde la vulnerabilidad, chicas de entre 17 y 18 años que sufrían miedos o baja autoestima.

Les ofrecía terapia, la cual consistía en pedirles por separado quitarse la ropa, caminar semidesnudas por los pasillos y después pedirles que permitieran los tocamientos, hasta llegar a distintos y variados niveles de abuso sexual.

Sofía cuenta que sus hermanas ya habían sido voluntarias y le llamó la atención continuar con esa tradición familiar de solidaridad en 2016: Tenía 18 años y él me asegura que me va a ayudar con mis miedos; me empieza a citar después de la oración, a las 11 de la noche, en el centro comunitario, y la primera noche de la terapia me pregunta que cuánta confianza le tengo y yo le digo que el 100 por ciento, porque era como mi papá. Y en esa primera noche me pide que me quite la blusa.

Como encargado del voluntariado lasallista, el hermano Gaxiola Parra ofrecía las terapias para atender, por ejemplo, el miedo a la oscuridad: “Mi miedo a la oscuridad era mucho y me dijo que tenía que caminar yo sola sin la blusa por un largo pasillo. Yo estaba paralizada, no podía moverme, hasta que pude y me pidió que caminara por encima de unos colchones donde dormíamos. Haz de cuenta que estás modelando, me dijo.

Añade: En las siguientes sesiones cada vez me fue pidiendo que me quitara más ropa. En una ocasión me encerró en un cuarto, yo estaba sólo con ropa interior y me dice que cuente hasta 60 y que él se iba a esconder; yo debía ir a buscarlo. Yo tenía mucho miedo y mi único alivio era encontrarlo a él. Así me fue trabajando. Durante el día, si estábamos solos, me daba una nalgada.

Cuenta que en una ocasión fue a la comunidad La Campana, en El Salto, Durango, y él la seguía a todas las comunidades donde ofrecían los servicios del voluntariado: Se quedó a dormir con nosotros y se durmió al lado de mí, y empezó a acariciarme la espalda y luego mis partes íntimas y mis pechos.

Sofía afirma que los abusos fueron constantes durante seis meses. En ese periodo sufrió depresión y ansiedad: Los abusos fueron subiendo de nivel. Cada vez era más y no lo podía hablar con nadie. Hasta que me animé a escribirle para mi mamá. Ahora me cuesta recordar, pero me siento más fuerte gracias a la ayuda sicológica y siquiátrica que estoy recibiendo.

El modus operandi

En un comunicado fechado el 6 de diciembre, la congregación La Salle distrito México Norte, anunció que el hermano lasallista Alejandro Gaxiola Parra fue separado de su cargo para iniciar una investigación, pero la misma orden católica se niega a dar información sobre su paradero.

Ana Lucía estudió en el Instituto Regiomontano Chepevera La Salle y también estuvo un año ofreciendo sus servicios en el voluntariado de El Salto, Durango.

En entrevista con La Jornadacuenta que el hermano lasallista utilizó el mismo modus operandi con todas sus víctimas. A todas les decía que se trataba de una terapia especial y única: “Nos pedía que nos entregáramos. Siempre nos decía que teníamos que salir de nuestra área de confort. Me dijo que yo tenía muchas inseguridades y que por eso no me podía dar a los pueblos, que mi trabajo era mediocre. Me sentía frustrada y recuerdo que una noche estábamos en la capilla y me dijo que necesitaba una terapia ‘privada’”.

El hermano Alejandro Gaxiola Parra le advirtió entonces que no contara a nadie el tipo de terapia que le estaba dando porque si hablaba iba a contar a los demás sus problemas: “‘Tú te tienes que desnudar’, me dijo. Él utilizaba esa frase, pero nunca pensé que se refiriera a quitarme la ropa. Una noche fuimos a la biblioteca y me dijo que dijera mis virtudes y defectos. Luego me pidió que subiéramos el nivel de la terapia”.

Explica que el método consistía que cada vez que dijera un defecto se tenía que quitar una prenda de la ropa: Yo no me sentía cómoda. Me sentí muy vulnerable y accedí. Me hizo que me subiera a una mesa y me pidió que caminara de un lado a otro como si estuviera modelando. Me iba pidiendo que me quitara todo, hasta que me quedé en ropa interior. Luego me pidió que me quitara el brasier. Al final me llevó a la casa de niñas y me dio un beso en la frente, algo que me dio mucho asco y me lavé la cara.

Añadió: Él me dijo: esto no lo hago por morbo, soy religioso e hice mis votos de castidad; a todas las considero mis hijas. Mira todo lo que te quiero que hago esto por ti.

Ana Lucía cuenta que al día siguiente la buscó preocupado y le preguntó si eran realmente amigos y le confesó que tuvo un sueño donde se veía tras las rejas: “Me dijo: ‘¿Verdad que yo no hice nada sin que tú quisieras?’ Le dije que no. Y me volvió a preguntar: ‘¿Yo me tengo que preocupar por este sueño?’ Y le contesté que no. Recuerdo que después me insistió para la segunda sesión, pero yo no quise”.

Cuenta que no pudo decirle a nadie, hasta que el último día de la misión se enteró de que otra de sus compañeras había sufrido lo mismo: Me quedé impactada porque me dí cuenta de que no fui la única. Y apenas hace tres meses hablé con mis papás.

El hermano lasallista Alejandro Gaxiola Parra ha atendido a cuatro generaciones de alumnas, por lo que creen debe haber decenas de víctimas. Ana Lucía interpondrá una denuncia penal mañana lunes: Lo primero que pedimos es que lo destituyan del cargo. La congregación no lo hizo, solamente lo quitó de El Salto, pero lo movieron a Monterrey donde él seguía conviviendo con jóvenes, incluso también en Tamaulipas. Lo que queremos es que lo detengan para que no siga haciendo daño, pero la congregación no dice dónde está.

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December 7, 2018

Separan de cargo lasallista acusado

DURANGO (MEXICO)
El Norte [Monterrey, Nuevo León, Mexico]

December 7, 2018

By Ma. Elena Sánchez

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Alejando “N”, Hermano lasallista denunciado por abuso sexual en la Fiscalía General del Estado fue separado del cargo que desempeñaba en el Instituto Francés de la Laguna (IFL).

A través de un comunicado, el plantel educativo informó que la determinación de separarlo de la institución es luego de enterarse por diversos medios de comunicación que un grupo de jóvenes ha denunciado que fueron objeto de un hostigamiento por parte de esta persona, en el 2016, cuando participaron en el voluntariado en la zona serrana de Durango.

“Nos duele profundamente los hechos denunciados de hostigamiento sexual en el Voluntariado de El Salto, Durango, expresamos nuestra completa solidaridad y respaldo a las voluntarias afectadas”, citó, “la persona denunciada ha sido separada de su cargo y actualmente no ostenta responsabilidad alguna dentro de nuestra institución”.

El martes, Ruth Medina, Fiscal General del Estado de Durango, informó que se inició la indagatoria en contra del Hermano Lasallista tras la denuncia presentada por una de las víctimas, aunque trascendió públicamente que al menos serían seis las jóvenes afectadas.

De acuerdo a lo que han dado a conocer las víctimas, Alejandro “N” aprovechaba su investidura y les pedía que se desnudaran, les hacía tocamientos, entre otros.

“Estamos en total disposición de colaborar con la Fiscalía del Estado de Durango y con cualquier autoridad que lo solicite. De igual manera nuestra congregación actuará de acuerdo a la normatividad institucional y conforme a derecho para que se lleve a cabo debido proceso y se haga justicia”, citó el IFL.

“Combatiremos decididamente el hostigamiento sexual y cualquier otra forma de violencia, priorizando la privacidad y seguridad de las víctimas”.

La institución educativa señaló que habrá de crear una Comisión Especial para el Acompañamiento de las Víctimas que así lo soliciten y que abrirá vías seguras de contacto para recibir denuncias.

El IFL se compromete a revisar y fortalecer los protocolos y procesos de capacitación para prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de abuso y violencia.

“Desde hace 113 años en México y 80 en el estado de Durango, la familia Lasallista ha trabajado de forma ética, responsable y respetando la Ley”, añadió.

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December 6, 2018

Arrestan a sacerdote acusado de abuso de menor en México

GUADALAJARA (MEXICO)
ACI Prensa [Lima, Peru]

December 6, 2018

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El sacerdote Flavio Ibarra Pedroza, de 42 años, fue arrestado el 4 de diciembre, en el marco de una investigación por presuntos abusos sexuales contra un menor en Aguascalientes (México).

Siguiendo las indicaciones de un juez, el P. Ibarra Pedroza será encarcelado mientras dura el proceso.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, la violación del menor se habría producido en 2013, en la parroquia María Nuestra Señora Madre y Reina de las Familias, en Haciendas de Aguascalientes.

En diálogo con la prensa local el 5 de diciembre, el Vicario General de Aguascalientes, P. Javier Cruz Muñoz, señaló que “hace algunos meses, al tener conocimiento de esta posible comisión delictiva, se aplicó el protocolo previsto para estos casos conforme exigen las normas de la Iglesia”.

“Inmediatamente se dio conocimiento a la Fiscalía General de los hechos conocidos, para que esta iniciara una carpeta de investigación que permitiera esclarecer los hechos referidos”, dijo el sacerdote.

El Vicario General de Aguascalientes señaló que además “como medida cautelar, se suspendió” al P. Ibarra Pedroza y se pidió al Vaticano su “dimisión definitiva del estado clerical, sin que esto impida el curso fijado por la Fiscalía General”.

“Vamos a tomar las medidas para corregir y renovarnos”, aseguró el P. Cruz Muñoz, al tiempo que reiteró el compromiso de la Diócesis en la lucha contra los abusos sexuales por parte de miembros del clero.

“Ante hechos comprobados de abuso sexual cometidos por un clérigo, mantendremos la postura de tolerancia cero y velaremos en la rigurosa aplicación de los protocolos existentes, como hemos hecho en este caso”, aseguró.

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Doble moral en la iglesia católica en Tijuana; entre la caridad y el acoso sexual

TIJUANA (MEXICO)
Said Betanazos [Tijuana, Baja California, Mexico]

November 6, 2018

By Chavarin

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Un joven seminarista se acercó en el 2011 a la oficina del arzobispo Rafael Romo Muñoz, y le platicó que un sacerdote lo acosaba sexualmente.

La respuesta de Romo Muñoz fue: “Dónde está tu caridad para con el padre”.

El joven sintió tristeza y decepción, y “mi caridad dónde está”, replicó y salió de la oficina.

Por su fe terminó sus estudios y actualmente es padre de una iglesia de Baja California Sur.

Hay muchas historias así, de jóvenes, incluyendo seminaristas que entregaron cartas en las oficinas del arzobispo Romo Muñoz, señalando a sacerdotes que los acosaban, y no obtuvieron respuestas.

Muestra de lo que sucede en la iglesia católica de Tijuana, son los casos de los sacerdotes Juan Carlos Ackerman Ayón y Enrique Tenorio Pérez, separados del ministerio (de sus funciones), por denuncias de acoso sexual a menores.

Ambos fueron separados por instrucción directa del Vaticano:

En el 2014, con todo el dolor de su corazón, el entonces arzobispo Rafael Romo Muñoz tuvo que hacerlo con Enrique Tenorio, padre de la iglesia San Martín Caballero en la colonia Las Villas.

En este 2018, apenas unos meses atrás, el actual arzobispo Francisco Moreno Barrón tuvo que suspender a Juan Carlos Ackerman Ayón, porque ya no lo podía aguantar, muchas las denuncias en su contra desde el 2012, a pesar de las presiones de sus amistades e influencia de la familia del conocido padre.

Enrique Tenorio, quien para algunos integrantes del presbiterio de Tijuana, debería estar en la cárcel, se encuentra viviendo desde el 2013 en la Casa del Sacerdote, y Juan Carlos Ackerman con un familiar cercano.

La página “Dossier Tijuana: Santa y Pecadora” del laico Teo Uckerman, quien en diversas ocasiones ha denunciado públicamente a sacerdotes presuntamente implicados en casos de pederastia, en un articulo fechado el 17 de octubre del presente año señala:

Las mentiras del Padre Ackerman

Desde siempre hemos sabido que el Cura Ackerman miente, ni sus contactos con el gobierno, con la prensa, la socialité tijuanense ni su dinero han servido para ocultar la doble vida de este sacerdote ya suspendido. De hecho después de haber recibido la indicación de que no podría celebrar misa en ningún lugar, que seria relevado de sus responsabilidades como Párroco y que se le enviaría a la Casa del Sacerdote se corrió el rumor en el clero que las cosas no podían estar del todo bien, incluso en la Curia y el mismo Arzobispo había comentado en mas de alguna ocasión que por cuestiones de salud se iría a descansar a dicha casa, pero la duda es: ¿Por qué a descansar siendo que, según el, se consideraba un cura innovador y muy pastoral?, porque a descansar a la casa del Sacerdote y no a la casa de su familia?, ¿Por qué si estaba enfermo no lo mandaron a una comunidad sin ninguna responsabilidad como lo hicieron con el enfermo sacerdote Francisco Monarrez?, ¿Por qué lo mandaron a la misma casa junto con él ya suspendido temporalmente Tenorio?.

Ackerman no está enfermo, está bajo investigación civil porque existe una fuerte acusación con pruebas de casos de pedofilia, existen un dossier que lo involucra junto con otros sacerdotes y que los arzobispos de Tijuana soncómplices porque conocieron y conocen el caso y no han hecho nada. Ackerman ha solicitado (dizque a petición de su madre) estar en su casa y no “arraigado” en la casa del Sacerdote, todo esto para evitarse chismes y salvaguardarse, pero la realidad es otra.

El Vaticano conoce a detalle lo que sucede en Tijuana, cada caso y hasta ahora no ha hecho nada, de nada sirvió la supuesta visita canónica ordenada por la Nunciatura, encabezada por el otrora corrupto arzobispo emérito de Hermosillo Ulises Macías.

A Tijuana no tarda en explotarle la bomba de pederastia, el actual arzobispo tuvo su tiempo para actuar, pero parece que se corrompió y protegió, ahora con la reciente muerte del Sacerdote asesinado el viernes pasado (que pronto sacaremos una nota) comienza a destaparse la cloaca.

Mas que faramalla de Renovación Parroquial de Moreno Barrón, debería haber empezado por atender los casos de pederastia de su diócesis, y no maquillarlos, silenciarlos como su antecesor, ahora enfrentar la tormenta que viene.

En Tijuana no tarda en explotar los casos de sacerdotes involucrados en pederastia, a pesar del encubrimiento que existe por parte de la Arquidiocesis y autoridades de gobierno, porque casos denunciados existen, pero no los sacan a la luz pública.

2014 EXPLOTÓ PARTE DE LA BOMBA

Debemos recordar que hace cuatro años (25 de junio del 2014), la Arquidiócesis de Tijuana se vio obligada por publicaciones de medios de comunicación, a reconocer la suspensión de cinco sacerdotes acusados de acoso sexual a menores: Jeffrey David Newell, de origen alemán y llegado de Los Angeles, California; Enrique Tenorio Pérez, párroco de la iglesia de San Martín Caballero; Aurelio Castillo Aguilar, a cargo del templo Santiago Apóstol; Carlos Castillo, del templo del Santo Niño, y el italiano Danilo Pietro Zanini, párroco de la iglesia de San José.

También estaba bajo investigación el sacerdoteBenigno Medrano Flores pero la Arquidiócesis de Tijuana lo ocultó, pero sí pasó unas semanas en la casa del Sacerdote, en ese 2014.

Incluso en una reunión –a principios del 2014– con damas de Tijuana, el padre “Beni” como se le conoce, les dijo que a lo mejor se ausentaba un tiempo, porque lo estaban acusando de algo, más no dijo de qué.

En ese año, la investigación ordenada por el Vaticano derivada por las denuncias presentadas en el 2012 por el ex rector del Seminario Mayor de Tijuana, Eduardo Ortiz –ahora párroco de Nuestra Señora de la Soledad–, fue considerada como integrantes del presbiterio de Tijuana, como amañada, para favorecer a los sacerdotes acusados, y acusan al entonces arzobispo Rafael Romo Muñoz de protegerlos.

“El error de la Diócesis y ahora Arquidiócesis de Tijuana –aseguran sacerdotes– es haber permitido la llegada de padres con antecedentes de pederastia, como Jeffrey David Newell, quien vino de la Arquidiócesis de Los Angeles, California, luego de ser acusado por un joven de abuso sexual, en los años ochenta.

Incluso, una nota de la agencia Associated Press 2010, asegura que el padre Jeffrey Newell fue removido en 1993 por no cumplir con un programa de tratamiento contra la obesidad y el alcoholismo, además de ser suspendido por “conductas sexuales con un adulto”.

Años más tarde, Jeffrey Newell aparece en Tijuana, en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en Camino Verde.

De esos sacerdotes “investigados” en el 2014 por el vicario judicial de Arquidiócesis de Tijuana, padre Héctor Emilio Nava, puesto por el entonces arzobispo Rafael Romo Muñoz, todos fueron exonerados, excepto Enrique Tenorio Pérez, actualmente separado del ministerio.

Los demás como: Jeffrey Newell sigue en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en Camino Verde.

El italiano Danilo Pietro Zanini está en Nuestra Señora de Loreto en la colonia Libertad.

Benigno Medrano Flores se encuentra en la Parroquia del Divino Rostro de Jesús en La Mesa.

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October 28, 2018

Un exsacerdote católico declarado culpable de abusar menores es demandado nuevamente por molestar a dos hermanos

MEXICO CITY (MEXICO)
LA Times [Los Angeles CA]

October 28, 2018

By Alejandra Reyes-Velarde

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Un exsacerdote católico que fue declarado culpable de abusar sexualmente de menores, es objeto de una demanda presentada por dos hermanos, quienes alegan haber sido molestados por éste a principios de la década de 1990, mientras ministraba en una iglesia de Riverside.

Carlos René Rodríguez pudo abusar de los niños, de siete y 12 años de edad, porque la Iglesia católica lo protegió y le permitió continuar con sus actividades eclesiásticas a pesar de conocer su problemático historial, según la demanda presentada en la Corte Superior del condado de Los Ángeles, el 25 de octubre.

Rodríguez, de 62 años, se declaró culpable en 2004 y fue condenado a ocho años de prisión por abusar sexualmente de dos hermanos, en Santa Paula, una década antes. Fue liberado después de cuatro años y ahora vive en Bakersfield, según el sitio web de la Ley Megan, que lista el paradero de los delincuentes sexuales registrados.ADVERTISING

La demanda acusa a la Arquidiócesis de Los Ángeles de permitir que Rodríguez continúe ministrando a las familias a pesar de admitir a un funcionario de la Iglesia que había acosado a un menor en 1987. Los funcionarios eclesiásticos de la Arquidiócesis de Los Ángeles y la Diócesis de San Bernardino no lo alejaron de los niños, conforme la querella.

Las acusaciones son particularmente alarmantes porque la Diócesis de San Bernardino, que también está mencionada en la demanda, publicó recientemente una lista de sacerdotes acusados de agresión sexual que no incluyó a Rodríguez, detalló el abogado Anthony DeMarco, quien representa a los dos hermanos en la demanda y resolvió casos similares por dos presuntas víctimas de Rodríguez en 2015.

Los demandantes continúan sufriendo trastornos mentales y emocionales, y solicitan una indemnización compensatoria por daños.

“¿La Diócesis de San Bernardino, cuando estaba creando su lista, hizo realmente un trabajo minucioso para determinar qué sacerdotes pedófilos habían ministrado allí?”, se preguntó. “No se está haciendo ninguna diligencia y, por lo tanto, cualquier sacerdote con un problema puede entrar en contacto con familias con niños. [El tema] da miedo y necesita cesar”.

La Diócesis de San Bernardino aseveró que no tiene registro de Rodríguez. “No podemos encontrar a nadie con ese nombre en nuestros archivos”, indicó John Andrews, portavoz de la diócesis. “Tampoco tenemos constancia de que alguien haya denunciado el abuso sexual de un menor por parte de un sacerdote llamado Carlos René Rodríguez.

“Por esas razones, el nombre del [padre] Rodríguez no se incluyó en nuestra lista de curas con alegatos creíbles de abuso sexual de un menor en nuestra diócesis [desde 1978 hasta el presente]. Simplemente, nunca hemos recibido ninguna información de las víctimas o de la policía sobre esta denuncia que nos permita investigar si es creíble o no”, agregó Andrews.

La Arquidiócesis de Los Ángeles indicó que no haría comentarios sobre la demanda porque aún no había sido notificada oficialmente. Pero la portavoz Itzel Magaña declaró que la última asignación de Rodríguez en la arquidiócesis fue en 1990, y que fue destituido del sacerdocio en mayo de 1998.

Cuando la arquidiócesis supo, en 2016, que Rodríguez estaba ministrando en una iglesia no afiliada bajo el nombre de ‘padre Carlos Ramírez’, los funcionarios eclesiásticos informaron a las autoridades y enviaron alertas a todas las parroquias informándoles que el hombre no estaba autorizado para actuar como sacerdote católico romano, detalló la vocera.

Magaña también señaló que la arquidiócesis tiene un protocolo para responder a los informes de abuso desde 2002. “La Arquidiócesis de Los Ángeles reafirma el compromiso con la sanación de víctimas y sobrevivientes del abuso y la protección contra el abuso y la mala conducta”, expresó.

La Congregación de Mission Western Province, que también se menciona en la demanda, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los demandantes en la querella actual presentaron su caso después de que uno de los hombres vio un segmento de noticias de 2016 acerca del trabajo de Rodríguez en una parroquia local. Ello incitó al hombre a discutir el abuso por primera vez con su hermano, quien reveló que también había sido molestado por Rodríguez, señala la demanda.

Los dos individuos acusan a Rodríguez de haber abusado de ellos varias veces en sus hogares y en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Riverside, donde Rodríguez ministró a principios de los años 1990, explicó DeMarco.

La demanda no dio más detalles sobre las acusaciones de los hermanos, pero afirma que ambos reprimieron los recuerdos de los abusos durante décadas, lo cual les causó daños psicológicos y les provocó problemas con la bebida.

Según DeMarco, la demanda subraya la falta de diligencia debida de la Iglesia en la selección de Rodríguez, dado su pasado bien documentado. “¿Qué tan difícil sería crear una política [que requiera] que antes de que cualquier sacerdote pueda ministrar en una parroquia, haya algún tipo de verificación de antecedentes?”, cuestionó. “Carlos Rodríguez es un peligro para los niños y la única forma de que no lo sea es que esté tras las rejas”.

Cuando Rodríguez fue ordenado sacerdote en la Congregación de Mission, en 1986, varios de sus colegas se preocuparon por su comportamiento hacia los menores porque a menudo pasaba tiempo a solas con ellos en su residencia, según la demanda. Pero estas preocupaciones nunca fueron reportadas a la policía, señala la demanda.

En 1987, mientras se desempeñaba en la iglesia católica St. Vincent De Paul, en el sur de Los Ángeles, Rodríguez llevó a dos chicos a un viaje al Gran Cañón y, a su regreso, admitió ante un funcionario eclesiástico haber abusado de al menos uno de ellos, alega la demanda.

Los funcionarios clericales instaron a los padres de los menores a no presentar una denuncia policial, según la querella. Pero cuando se enteraron de que lo harían, enviaron a Rodríguez a un centro de tratamiento para sacerdotes abusivos, en Maryland, antes de que los investigadores pudieran entrevistarlo, según la demanda.

La Congregación de Mission notificó a la Arquidiócesis de Los Ángeles sobre el tratamiento de Rodríguez después de las acusaciones de abuso, y las dos organizaciones trabajaron juntas para colocarlo en la Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis en Santa Bárbara cuando regresó a California, en 1988, según la querella. Allí ministró a familias inmigrantes de habla hispana en los condados de Ventura, Los Ángeles, San Bernardino y Riverside.

Durante este tiempo, varios pastores expresaron su preocupación porque Rodríguez violó las condiciones de su restricción al contacto cercano con los niños, de acuerdo con la demanda. Se le otorgó entonces un permiso de ausencia temporal, pero la Iglesia no lo retiró del sacerdocio, afirma la demanda.

A pesar de su ausencia, Rodríguez continuó ministrando en las comunidades para la Oficina de Vida Familiar, incluido el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Riverside, al cual asistía la familia de los demandantes. En ese momento, la Iglesia no tomó ninguna medida para informar a las parroquias ni a los feligreses que Rodríguez ya no tenía permiso para ministrar.

No fue sino hasta 1996, cuando la Iglesia católica se enteró de que Rodríguez residía con una familia de Santa Bárbara con cinco hijos, que comenzó el proceso de expulsarlo del sacerdocio, según la demanda, del cual fue apartado dos años después.

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October 22, 2018

I-TEAM EXCLUSIVE: California Attorney General looking into priest sexual abuse

TIJUANA (MEXICO)
ABC7 Chicago [Chicago, IL]

October 22, 2018

By Dan Noyes

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OAKLAND, Calif. (KGO) — The ABC7 News I-Team has learned the California Attorney General’s Office is looking into the issue of child sexual abuse in the Catholic Church. Since Pennsylvania announced the results of its massive grand jury investigation in August, the question’s been — when will California take action?

We contacted the AG’s Office back in August, to find out if they are investigating clergy sexual abuse. Their answer? “We can’t comment on, even to confirm or deny, a potential or ongoing investigation.” But now, we have details on some steps they’re taking to tackle the issue.

Wednesday, September 26th, 2pm, on the 20th floor of the state office building in Oakland. High-level staff of California Attorney General Xavier Becerra met to consider how to investigate child sexual abuse in the Catholic Church.

Joey Piscitelli was there.

Joey Piscitelli: “My impression by talking to them is they’ve already launched something.”

Dan Noyes: “The question is what, right?”

Joey Piscitelli: “I think they’ve seriously looked into investigating and how they’re going to go about doing it.”

Piscitelli joined two other members of the Survivors Network of Those Abused by Priests or SNAP, and two people from Bishop Accountability.org, the largest online archive of clergy abuse information. Special Assistant to the Attorney General Melanie Rainer led the meeting. AG Researcher Daniel Bertoni was there, with a roster of heavy hitters joining by video conference.

“We had the head of civil, the head of criminal, the head of sexual crimes,” Survivors’ advocate Dan McNevin told us. He walked the group through his Powerpoint on “Child Sexual Abuse in the Catholic Church in California”. It said SNAP estimates 1700 to 2,100 priests have abused children in the state, but they have been able to identify only 520 of them by name. McNevin predicts the number of known victims would soar if the Attorney General launched an investigation.

“That helps law enforcement,” said McNevin. “It helps victims’ advocates, it helps victims themselves begin to heal.”

Before the Pennsylvania grand jury investigation in August concluded there were “credible allegations” against more than 300 “predator priests”, involving more than a thousand victims.

Before the Boston Catholic Church Crisis in 2002 that became the Academy Award-winning film “Spotlight”.

There was the Northern California clergy abuse crisis.

Dan Noyes questioned the priest asking, “Father Timmons, what do you say to all those young men now?”

In 1995, a series of I-Team reports led to a prison sentence for Father Gary Timmons who ran a summer camp in the Mendocino wilderness.

Dan Noyes also found Father Austin Peter Keegan working in Mexican orphanages. The lawsuit against him for child sexual abuse in the Bay Area later settled.

Dan Noyes asked the priest about his victims, “How could you betray their trust?”

We also reported how Santa Rosa Bishop Mark Hurley handled secret files he kept on pedophile priests.

“They’re destroyed,” Hurley said in a 1995 deposition. “Those files, usually when a bishop leaves, they’re destroyed.”

Another bishop, Patrick Ziemann, had to resign after the I-Team revealed he kept a priest on beeper for sex and after we published a recording of their phone conversation.

Bishop Ziemann: “You know the times we were intimate physically?”

Father Jorge Salas: “Yeah, all the times I had to sleep with you.”

Bishop Ziemann: “Uh huh. It’s been my fault, and I am sorry for that ’cause I don’t think you wanted to do that.”

There is so much for Attorney General Becerra to investigate, but in that meeting last month, his staff reportedly said they won’t be able to launch a statewide grand jury investigation, the way Pennsylvania did.

Dan McNevin told us, “They would need to work with every county to have that district attorney start a grand jury process, which is what New York is doing.”

Joey Piscitelli added, “What they said they could do was have separate investigations by each county and pull that information together and share it.”

Working on the framework, but the attorney general is taking this very seriously. As he told a news conference last month, “We will take a back seat to no one when it comes to protecting our people.” More to come.

Additional Links:

BishopAccountability.org

Snap Network

California Attorney GeneralReport A Correction Or Typo

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October 18, 2018

CDMX investiga a cuatro sacerdotes por pederastia

MEXICO CITY (MEXICO)
Issuu [Palo Alto CA]

October 18, 2018

By Carlos Jiménez

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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas y en proceso cuando menos cuatro investigaciones en contra de distintos sacerdotes de la Iglesia católica, por abuso sexual o violación.

Uno de los curas acusados, quien oficiaba misas en la zona del Centro Histórico, se encuentra en proceso penal. Se le imputa el delito de abuso sexual a una niña en la casa sacerdotal.

Los otros tres purpurados que están bajo investigación pertenecen a San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan; al Centro, en Cuauhtémoc, y otro más a la demarcación Miguel Hidalgo.

Funcionarios de la Procuraduría capitalina revelaron que en todos los casos, autoridades y representantes legales del Arzobispado de México, se han presentado en la dependencia para conocer las denuncias que hay en su contra.

Incluso, en uno de los casos, personal del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis acompañó a la madre de una niña de ocho años a presentar su denuncia contra el párroco que abusó de la menor en funciones cine.

Expedientes de denuncias vs. curas

Carpetas de investigación entre julio y agosto

CI-FDS/FDS-6/771/08 -2018

CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-02/483/08-2018

CI-FDS/FDS-1/UI-FDS-1-03/432/07-2018

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Tres sacerdotes de la CDMX están en la mira de la PGR por casos de abuso sexual

MEXICO CITY (MEXICO)
Central Periodismo Irreverente [Puebla de Zaragoza, Puebla, Mexico]

October 18, 2018

By Letra Roja

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Se trata de: Armando Calvillo Ortiz, párroco de una iglesia de San Miguel Topilejo, Tlalpan, Gabriel Piña Landa del centro en la alcaldía de Cuauhtémoc, Luis Calderón, párroco en un iglesia ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo y el cura de la colonia Doctores

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México mantiene cuatro investigaciones en contra de sacerdotes de la iglesia católica, acusados de presuntos abusos sexuales.

Se trata de: Armando Calvillo Ortiz, párroco de una iglesia de San Miguel Topilejo, Tlalpan, Gabriel Piña Landa del centro en la alcaldía de Cuauhtémoc, Luis Calderón, párroco en un iglesia ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo y el cura de la colonia Doctores.

De acuerdo con información de Contra Réplica, el Ministerio Público ya inició un proceso penal contra al sacerdote de una iglesia de la zona centro, quien está vinculado por abusar sexualmente de una niña en la casa sacerdotal.

En los otros casos, los ministerios públicos de la Fiscalía Central para la investigación de Delitos Sexuales recabaron pruebas para enviarlos ante distintos jueces.

Entre sus víctimas se encuentran tres menores de edad y un joven con retraso mental.

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October 17, 2018

Tijuana: Suspensión del Padre Ackerman y la complicidad de los Arzobispos

TIJUANA (MEXICO)
Blog Santa & Pecadora [Tijuana, Baja California, Mexico]

October 17, 2018

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Desde 2013 hemos seguido detalle a detalle el caso del sacerdote Juan Carlos Ackerman Ayón, con todas sus mentiras, además de las protecciones de los dos Arzobispos: Romo Muñoz y Moreno Barrón.

El caso Ackerman es delicado, diríamos demasiado delicado, un caso al cual desconocemos el porqué los dos recientes arzobispos de esta demarcación eclesiástica han protegido, o fueron manipulados o en realidad los dos son cómplices. Para muchos sacerdotes del clero de Tijuana la realidad podría ser que fueron en realidad cómplices. El caso Ackerman está plagado de  un entramado donde no solo afecta directamente a los Arzobispos sino a miembros del gobierno  y a otros Sacerdotes, incluido el Sacerdote Enrique Tenorio.
Ni Romo Muñoz ni el actual Arzobispo quisieron indagar el caso Ackerman, este blog tiene pruebas  de que ninguno de los dos recibieron y atendieron las quejas de las víctimas. De hecho meses atrás el mismo Arzobispo  dijo  a su clero que en los casos de pederastia de la Arquidiócesis era borrón y cuenta nueva, gran error del Arzobispo porque  su comentario le costara caro.
Perdonar a los curas abusadores le puede costar incluso su ascenso episcopal y es que a estas alturas Moreno Barrón está tomando el mismo camino que su antecesor, o sea no ha hecho nada, su propuesta pastoral va camino al fracaso.
Después de que el Arzobispo Francisco anunciara su perdón a los curas pederastas tuvo que pedirle al Sacerdote Ackerman que dejara el ministerio porque estaría bajo investigación, y es que las pesquisas hechas por la autoridad competente le dan el pierde a Ackerman y esto ensucia desde luego al arzobispo emérito y al actual por haber  encubierto no solo al ex Cura Ackerman sino los demás pederastas  y acosadores de menores.

Las mentiras del Padre Ackerman
Desde siempre hemos sabido que el Cura Ackerman miente, ni sus contactos con el gobierno, con la prensa, la socialité tijuanense ni su dinero han servido para ocultar la doble vida de este sacerdote ya suspendido. De hecho después de haber recibido la indicación de que no podría celebrar misa en ningún lugar,  que seria relevado de sus responsabilidades como Párroco y que se le  enviaría a la Casa del Sacerdote se corrió el rumor en el clero que las cosas no podían estar del todo bien, incluso en la Curia y el mismo Arzobispo había comentado en mas de alguna ocasión que por cuestiones de salud  se iría a descansar a dicha casa, pero la duda es: ¿Por qué a descansar siendo que, según el, se consideraba un cura innovador y muy pastoral?, porque a descansar a la casa del Sacerdote y no a la casa de su familia?, ¿Por qué si estaba enfermo no lo mandaron a una comunidad sin ninguna responsabilidad como lo hicieron con el enfermo sacerdote Francisco Monarrez?, ¿Por qué lo mandaron a la misma casa junto con el ya suspendido temporalmente Tenorio?.
Ackerman no está enfermo, está bajo investigación civil porque existe una fuerte acusación con pruebas de casos de pedofilia, existen un dossier que lo involucra junto con otros sacerdotes y que los arzobispos de Tijuana son cómplices porque conocieron y conocen el caso y no han hecho nada. Ackerman ha solicitado (dizque a petición de su madre) estar en su casa y no  “arraigado” en la casa del Sacerdote, todo esto para evitarse chismes y salvaguardarse, pero la realidad es otra.
El Vaticano  conoce a detalle lo que sucede en Tijuana, cada caso y  hasta ahora no ha hecho nada, de nada sirvió la supuesta visita canónica ordenada por la Nunciatura, encabezada por el otrora corrupto arzobispo emérito de Hermosillo Ulises Macías.
A Tijuana no tarda en explotarle la bomba de pederastia, el actual arzobispo tuvo su tiempo para actuar, pero parece que se corrompió y protegió, ahora con la reciente muerte del Sacerdote asesinado el viernes pasado (que pronto sacaremos una nota) comienza a destaparse la cloaca.
Mas que faramalla de Renovación Parroquial de Moreno Barrón, debería haber empezado por atender los casos de pederastia de su diócesis, y no maquillarlos, silenciarlos como su antecesor, ahora enfrentar la tormenta que viene.

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October 5, 2018

México: Condenaron a un sacerdote a 15 años por actos de pederastia

MONTERREY (MEXICO)
La Nueva Radio YA [Managua, Nicaragua]

October 5, 2018

By Quique GonCan

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El sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el padre Meño, fue condenado a 15 años de prisión, luego de ser encontrado culpable del delito de violación calificada cometida por un ministro de culto, así como por violación calificada en grado de tentativa de acuerdo con el juicio 05/2018, en la ciudad de Piedras Negras, en el estado de Coahuila.

En marzo de 2017, Riojas Martínez fue acusado de violación por el exseminarista Javier Calzada, por hechos que ocurrieron en 2015 en el Seminario Menor de Piedras Negras cuando era un adolescente.

El padre Meño era rector del seminario, gracias a lo cual propició acercamientos con Javier que derivaron en distintos episodios de abuso sexual y violación. “Esto queda entre tú y yo”, le dijo el sacerdote luego de violarlo en su habitación, publicó Infobae en abril de este año.

Un año después, el joven fue trasladado a otra institución educativa, donde contó lo sucedido a sus asesores espirituales, quienes lo convencieron para que hiciera público el caso, por lo que le escribió una carta al obispo de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, quien le prometió denunciar al sacerdote, pero en lugar de hacerlo solo lo cambio de puesto.

Además, pidió a la víctima que guardara silencio y trató de convencerlo para que firmara una carta en la que lo exculpaba de cualquier responsabilidad en el caso.

Sin embargo, Javier decidió emprender acciones legales en contra del padre Meño y del obispo Garza Treviño, por encubrimiento.

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September 23, 2018

Abusos sexuales no son problema de la iglesia: arzobispo

MORELIA (MEXICO)
Contramuro [Morelia, Mexico]

September 23, 2018

By Ireri Piña

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Morelia, Michoacán.- “En la Iglesia Católica hay cero tolerancia en temas de abuso sexual, lo ha dicho el Papa; y en cuanto surge algún sacerdote o alguien de la iglesia que haya delinquido en el tema del abuso de menores, se trata con la debida drasticidad para ser entregado a las autoridades”, expuso el arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, Carlos Garfias Merlos.

“Pero este no es un tema de la Iglesia Católica, lo que presento es un tema de la sociedad, el abuso no es dentro de la iglesia, es un tema de la humanidad; lo vemos dentro de las familias, en las escuelas. Es un tema de educación sexual y es un tema donde la iglesia busca poner su aportación y medidas de justicia cuando se cometen asuntos, pero no es un problema de la iglesia, no es que la iglesia falle”, justificó.

En ese tenor, el sacerdote argumentó que como todos los seres humanos, la iglesia debe también educarse y ser respetuosos (los sacerdotes) de la dignidad humana y valorar como lo ha indicado el Papa Francisco, que la sexualidad es un don, lo que lleva a tener que educar desde pequeños para ejercerlo y vivir a plenitud la sexualidad.

Al respecto, señaló que las maneras de educar en la sexualidad dentro de las instituciones académicas podría no ser la indicada, pues enseñan a conocer y entender las partes del cuerpo, pero no “enseñan a amar”. Y al hacer referencia, Carlos Garfias, insistió en que la sexualidad es un don de Dios que da identidad al ser humano.

“Esta sexualidad conlleva en sí mismo la genitalidad y hay que educarla para no dejarla desbordar y que sea solo un impulso, sino una expresión de amor y brote de decisión propia de la persona. Y entender el concepto fundamental. Muchas veces consideramos la sexualidad como algo negativo, la complacencia del ser humano, algo que se tiene que soportar y no es así”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado para que haya dentro de cada familia una educación sexual adecuada, que se complemente con los conocimientos que brindan en las escuelas y la propia iglesia ponga lo necesario y aporte para que haya educación al respecto y con ello, se puedan bajar los índices de abuso y explotación sexual.

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September 18, 2018

Un tribunal declaró culpable de violación al sacerdote católico Juan Manuel Rojas Martínez en México

MONTERREY (MEXICO)
Infobae [Buenos Aires, Argentina]

September 18, 2018

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Era conocido como el Padre Meño. Es por un caso ocurrido en un seminario en 2013

Un tribunal mexicano declaró culpable de violación al sacerdote católico Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el Padre Meño, por un caso ocurrido en un seminario en 2013, informaron fuentes judiciales.

El Padre Meño, actualmente recluido en una prisión del estado de mexicano de Coahuila, afronta una pena de hasta 23 años de prisión, indicaron los abogados de Javier Calzada, quien acusó al religioso de violarlo en el seminario de la Diócesis de Piedras Negras.

La sentencia al sacerdote será dictada el 3 de octubre por los delitos de violación calificada y violación calificada equiparada, precisaron los abogados tras de que el tribunal declaró culpable al Padre Meño.

Este es el segundo caso de un sacerdote católico que es declarado culpable por una agresión sexual, después de que en marzo pasado, un juez condenó a 63 años de prisión al ministro Carlos López por pederastia.

Los abogados Hugo Flores y Luis Miguel Espinoza recordaron que su defendido, Javier Calzada Tamez, fue abusado sexualmente por el sacerdote en 2013 y en 2017 cuando decidió presentar cargos en contra del religioso.

La Fiscalía General del Estado informó en marzo pasado que habría 11 sacerdotes involucrados en casos pederastia, a partir de la denuncia de cuatro víctimas.

Roberto Ontiveros, fiscal ministerial, incluso afirmó que habían entregado a la Nunciatura Apostólica –la representación del Vaticano en México– un expediente con toda la información de las investigaciones.

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September 17, 2018

That Time Pope Francis Went to Bat for Argentine Bishop Caught in Gay Sex Scandal

MEXICO CITY (MEXICO)
PJ Media [Washington DC]

September 17, 2018

By Debra Heine

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Scandalous accusations continue to emerge regarding Pope Francis’ reign as archbishop of Buenos Aires, Argentina, where, as PJ Media reported last week, he fought to have a priest who had been sentenced for pedophilia acquitted. In his shocking 11-page letter about the sexual abuse crisis in the church, Archbishop Carlo Maria Viganò last month implicated Pope Francis for protecting a serial molester, former Cardinal Theodore McCarrick.

When he was Cardinal Jorge Mario Bergoglio, Francis was also reportedly involved in an attempt to at first cover up and then minimize a scandal involving a bishop who was caught en flagrante with a 23-year-old male chauffeur in Argentina.

The late Juan Carlos Maccarone resigned as bishop of Santiago del Estero in 2005 at age 64, after a video surfaced of his homosexual encounter with his driver, Alfredo Serrano. Serrano had filmed the tryst out of spite, reportedlybecause Maccarone had reneged on a promise to get him a job in the provincial public administration.

Maccarone was then the dean of the faculty of theology of the UCA Pontifical University of Buenos Aires, whose grand chancellor at the time was Cardinal Bergoglio. In various interviews with the Argentine media, Serrano said he and Maccarone had been sexually involved for as many as five years, putting him as young as 18 when he started having sex with the bishop. According to Argentine reports,  Maccarone had also previously been criminally investigated while bishop of Chascomús for having sex with a minor.

Serrano is naked in the tape, while the bishop is mostly clothed.  The Apostolic Nunciature reportedly sent the compromising video to the Holy See and upon viewing the tape, Vatican authorities immediately sought Maccarone’s resignation.

At first, church officials under Bergoglio insisted that “health problems” had forced Maccarone to resign, but after Serrano sold the tape to a television station and the video went public, that lie was no longer operative.

Then church officials tried to make Maccarone out to be the victim of “political vengeance” because of his work on behalf of the poor. They did this while ignoring the troubling implications of the bishop’s immoral behavior.

“Everything points to… political revenge,” said Rev. Guillermo Marco, then the official spokesman for Cardinal Bergoglio.

“Sounds like it was put together by some intelligence arm,” Marco told a radio station. He made sure to add that he was only giving his opinion. The spokesman apparently didn’t have an opinion about bishops having sex with young men.

Argentina’s council of bishops released a statement expressing “gratitude” to the former bishop and saying church leaders felt the “pain and confusion of our people.”

“We accompany our brother with sympathy, understanding and prayer,” said the statement, signed by Cardinal Bergoglio, the general secretary of the episcopal organism, Sergio Fenoy, and the president of the Episcopal Conference, Eduardo Mirás.

The trio said they were grateful for Maccarone’s work “at the service of the poor and those who have threatened life and faith” and offered their “affection, understanding and prayer”.

Five years later, the scandal blew up again when Maccarone surfaced at a Confirmation Mass at Holy Trinity parish in Rufino, Argentina.

The presence of Maccarone in the confirmation caused  stupor and indignation  in the parish of Santa Fe. The fact came to light when being denounced by a radio station in the town of Rufino. As it was explained, it was the diocesan bishop himself, Monsignor Gustavo Help, who appointed Maccarone to exercise the ministry because he, for reasons of agenda, could not be present.

“Maccarone resigned from the bishopric of Santiago del Estero but not to the ministry. Nor is there any impediment to celebrate the sacraments. Here  there was no conviction or any  civil offense , “Diego Cavanagh’s parish priest told FM 106 of Rufino.

Maccarone died in March 2015 at the age of 74 and was honored with a Catholic funeral, officially listed as bishop emeritus.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

September 15, 2018

In rare move, San Diego diocese names eight priests as alleged sexual predators

PAPANTLA (MEXICO)
LA Times [Los Angeles CA]

September 15, 2018

By Peter Rowe and Kristina Davis

Read original article

Reporting from San Diego —  

The clerical sexual abuse scandal rocking the Roman Catholic Church hit home Thursday, as the Diocese of San Diego added eight priests to the list of those believed to have molested children.

“This is a response to the terrible moment we are in,” said Bishop Robert McElroy, citing a recent Pennsylvania grand jury report that found 1,000 children there had been molested by Pittsburgh-area priests, and the resignation of Theodore McCarrick, who is accused of sexually assaulting altar boys, seminarians and priests.

“The cascade of emotions that this causes the survivors of the abuse, as well as other people in the pews, has caused a tumult of anger, grief, upset, incomprehension, disillusionment,” McElroy said.

The new names — the Revs. Jose Chavarin, Raymond Etienne, J. Patrick Foley, Michael French, Richard Houck, George Lally and Paolino Montagna, plus Msgr. Mark Medaer — were released in piecemeal fashion, with critical details missing.

This list extends the roster of alleged predator priests established by a landmark legal case that was concluded 11 years ago. On Sept. 7, 2007, the diocese settled 144 claims of child sexual abuse by 48 priests and one lay employee. The payments totaled $198.1 million, the second-largest settlement by a Catholic diocese in the United States.

Thursday’s announcement was prompted by the Pennsylvania grand jury report, the McCarrick case and other recent revelations that have called into question the church’s moral authority and its willingness to honestly address this scandal.

“There is a broad call for transparency,” McElroy said. “When we looked at it, we wanted to meet that as best we could.”

The newly listed priests were accused of abuse since the 2007 settlement, or reported to the diocese earlier in files that had been tucked away or mislaid. They were overlooked until, the bishop said, a recent review of records.

“They never kept good records on this stuff until recently,” McElroy said. “They kept records, but not in a very systematic way.”

The move came the same day the Diocese of San Jose announced that it, too, would release the names of priests “credibly accused” of sexually abusing minors by mid-October. San Jose Bishop Patrick J. McGrath also said the diocese had retained a consulting firm to review its sexual abuse records.

Advocates for victims said that revealing the identities of accused predators is a valuable step.

“It makes them more accountable,” said Dr. Marianne Benkert, a La Jolla-based psychiatrist who, with her husband, the late Richard Sipe, studied clerical sexual abuse. “And there are still some victims of these priests here in San Diego. It will give those victims some comfort to see their abusers exposed.”

“Some dioceses are trying to do proactive disclosures, which is great — disclosures are super important,” said Tim Lennon, president of Survivors Network of those Abused by Priests. “But it’s not because of the goodness of their hearts. They want to protect themselves as much as they can.”

This crisis is worldwide, a fact underscored Thursday, when Pope Francis and several top American bishops conferred on McCarrick’s case. The day before, the Vatican announced that the pontiff will convene the world’s bishops for a February 2019 meeting on the protection of minors.

In San Diego, McElroy will embark on a “listening tour” of the diocese, stopping at eight parishes between Oct. 1 and Nov. 5.

“I’ve met with a number of victims,” McElroy said. “They are looking for — they are really looking for the perpetrator to say it to them, but often the perpetrator is dead — so they are looking for the church to say we are truly sorry for this.”

This week, the diocese and other sources issued some details on the eight clerics added to the roster:

The Rev. Jose Chavarin. A native of Mexico, he served at Mary Star of the Sea in La Jolla from 1986 through 1991, while also working as associate pastor at Our Lady of Guadelupe in Calexico (1989-1990) and associate pastor at Lemon Grove’s St. John of the Cross (1990-1991).

On June 20 and 23, 2008, the diocese received reports that Chavarin — then working in San Francisco — had sexually abused three boys while in San Diego. The incidents involved two brothers in 1986 or ’87, and an unrelated boy who was abused between 1985 and 1988.

Confronted with these accusations, Chavarin denied any wrongdoing, then fled to Mexico.

Chavarin’s current whereabouts are unknown.

The Rev. Raymond Etienne. A priest of the Society of the Divine Word, Etienne was an associate pastor at San Bernardino’s St. Anthony parish from 1980 through 1988. He also worked at the Society of the Divine Word seminary in Riverside in the 1960s, where he allegedly sexually assaulted seminarians.

Etienne is deceased, the diocese reports, although officials there could not confirm when or where he died.

The Rev. J. Patrick Foley. Although attached to the San Diego diocese, Foley has been living in Northern California since 1991. In 2010, he was suspended from ministry pending a church trial on charges that he had abused two Sacramento-area boys, whose parents had been friends of the priest.

The canonical trial ended in January 2011 without a clear verdict. “He wasn’t guilty,” said Rodrigo Valdivia, the San Diego diocese’s vice-moderator of the curia, “but that’s not to say he was innocent.” His priestly faculties were restored until McElroy removed them in August 2015.

That hasn’t stopped Foley from advertising on his website as an “Itinerant Papist Preacher,” offering retreats and spiritual counsel. His most recent posting, dated May 18, 2017, is a personal reflection under the heading “Love — and then do as you will.”

This July, he led a “cluster mission” at St. Joseph the Worker in Dubuque, Iowa.

Foley did not return a reporter’s phone call Thursday.

The Rev. Michael French. In 2003, the diocese was alerted that French had abused a boy in 1980. French, who died in 1995, came to San Diego in 1973 to pursue doctoral studies at the California School of Professional Psychology.

In 1975, he was a chaplain at the Benedictine Convent for Perpetual Adoration in San Diego.

A director of Catholic Community Services and diocesan director for Worldwide Marriage Encourage, French met his alleged victim at a social occasion in his parent’s home. There were several reported instances of abuse. The diocese paid a settlement to the alleged victim, who did not press charges in court.

The Rev. Richard Houck. In his long career, Houck served as an assistant priest, an associate pastor, pastor and priest in residence at a series of local parishes — St. Vincent de Paul, St, Charles Borromeo, Our Lady of Angels, St. Charles, St. Didacus and Immaculate Conception, all in San Diego; Most Precious Blood in Chula Vista; and Our Lady of Light in Descanso.

In 1968, he assisted at St. Vincent de Paul, serving alongside another priest whom the diocese would list as a sexual predator in 2008, the Rev. Hugh John Sutton.

While at Most Precious Blood in 1977, he molested a 10-year-old altar boy, according to the diocese. When the victim reported this abuse in 2004, the diocese paid a settlement and the victim did not pursue the matter in court.

Houck died in February 2002.

The Rev. George Lally. As associate pastor at St. Mary in El Centro between September 1970 and February 1972, Lally allegedly molested a boy. A 2002 diocesan report refers to a 1971 agreement to pay college costs for the victim.

“As compensation for having been victimized,” said Valdivia.

The Union-Tribune reported that a man identified as “Ralph S.” sued the diocese, alleging that Lally had abused him when he was an altar boy at St. Mary. “Ralph S.” told reporters that he had reported the crime to St. Mary’s pastor, and Lally was then transferred.

Lally, who left the priesthood in 1979, is married and living in San Clemente.

His wife, a former nun and longtime Catholic administrator and educator, was hired in 1983 as principal of Holy Family School. Within a month, she was terminated. She sued the diocese.

That case was dismissed in 1990.

Msgr. Mark Medaer. While pastor of Our Lady of Guadelupe in Calexico, Medaer allegedly molested a boy in 1982. Roughly 20 years later, the victim reported this abuse to the diocese, which agreed to pay for his counseling.

Diocesan records show the counseling began in March 2002 and continued at least through November 2002.

Medaer died in June 1993.

The Rev. Paolino Montagna. Attached to the diocese for less than three years, Montagna was the associate pastor at El Centro’s Our Lady of Guadalupe (August 1972-October 1973) and then held the same position at a parish in Calexico with the same name, Our Lady of Guadalupe (October 1973-January 1975).

He was accused of molesting two girls. The diocese was unable to say when or where.

Montagna, who left the diocese in January 1975, is believed to be dead.

The new revelations were dismissed by SNAP’s Southern California liaison, Esther Miller, as “so much smoke and mirrors.” Benkert, the La Jolla psychiatrist and a former nun, said the scandal “seems to be kind of unending.”

“People can understand to what lengths the church has gone to try to protect itself as an institution,” she said.

McElroy, though, argued that new measures taken by the diocese — including a civilian review board for sexual abuse complaints, and a prevention program in Catholic school curriculum — have been effective, to a point.

“I’ve been here as bishop three and a half years and in that time we have not had a live case of a priest abusing minors,” he said.

“But at the same time, we’ve had four cases involving lay persons.”

Yet others are sure that more reports of clerical abuse will be forthcoming.

“They’re telling me that there are now 56 priests who are credibly accused of sexual abuse in San Diego?” asked Patrick Wall, a former priest who now investigates clerical sexual misconduct for a Minnesota law firm, Jeff Anderson and Associates. “I believe that number to be extremely short.”

Times staff writer Christine Mai-Duc contributed to this report.


UPDATES:

5:25 p.m., Sept. 15: This article was updated with plans by the San Jose diocese to release names.

This article was originally published at 6:25 a.m. on Sept. 14.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

In rare move, San Diego diocese names eight priests as alleged sexual predators

CHIHUAHUA (MEXICO)
LA Times [Los Angeles CA]

September 15, 2018

By Peter Rowe and Kristina Davis

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Reporting from San Diego —  

The clerical sexual abuse scandal rocking the Roman Catholic Church hit home Thursday, as the Diocese of San Diego added eight priests to the list of those believed to have molested children.

“This is a response to the terrible moment we are in,” said Bishop Robert McElroy, citing a recent Pennsylvania grand jury report that found 1,000 children there had been molested by Pittsburgh-area priests, and the resignation of Theodore McCarrick, who is accused of sexually assaulting altar boys, seminarians and priests.

“The cascade of emotions that this causes the survivors of the abuse, as well as other people in the pews, has caused a tumult of anger, grief, upset, incomprehension, disillusionment,” McElroy said.

The new names — the Revs. Jose Chavarin, Raymond Etienne, J. Patrick Foley, Michael French, Richard Houck, George Lally and Paolino Montagna, plus Msgr. Mark Medaer — were released in piecemeal fashion, with critical details missing.

This list extends the roster of alleged predator priests established by a landmark legal case that was concluded 11 years ago. On Sept. 7, 2007, the diocese settled 144 claims of child sexual abuse by 48 priests and one lay employee. The payments totaled $198.1 million, the second-largest settlement by a Catholic diocese in the United States.

Thursday’s announcement was prompted by the Pennsylvania grand jury report, the McCarrick case and other recent revelations that have called into question the church’s moral authority and its willingness to honestly address this scandal.

“There is a broad call for transparency,” McElroy said. “When we looked at it, we wanted to meet that as best we could.”

The newly listed priests were accused of abuse since the 2007 settlement, or reported to the diocese earlier in files that had been tucked away or mislaid. They were overlooked until, the bishop said, a recent review of records.

“They never kept good records on this stuff until recently,” McElroy said. “They kept records, but not in a very systematic way.”

The move came the same day the Diocese of San Jose announced that it, too, would release the names of priests “credibly accused” of sexually abusing minors by mid-October. San Jose Bishop Patrick J. McGrath also said the diocese had retained a consulting firm to review its sexual abuse records.

Advocates for victims said that revealing the identities of accused predators is a valuable step.

“It makes them more accountable,” said Dr. Marianne Benkert, a La Jolla-based psychiatrist who, with her husband, the late Richard Sipe, studied clerical sexual abuse. “And there are still some victims of these priests here in San Diego. It will give those victims some comfort to see their abusers exposed.”

“Some dioceses are trying to do proactive disclosures, which is great — disclosures are super important,” said Tim Lennon, president of Survivors Network of those Abused by Priests. “But it’s not because of the goodness of their hearts. They want to protect themselves as much as they can.”

This crisis is worldwide, a fact underscored Thursday, when Pope Francis and several top American bishops conferred on McCarrick’s case. The day before, the Vatican announced that the pontiff will convene the world’s bishops for a February 2019 meeting on the protection of minors.

In San Diego, McElroy will embark on a “listening tour” of the diocese, stopping at eight parishes between Oct. 1 and Nov. 5.

“I’ve met with a number of victims,” McElroy said. “They are looking for — they are really looking for the perpetrator to say it to them, but often the perpetrator is dead — so they are looking for the church to say we are truly sorry for this.”

This week, the diocese and other sources issued some details on the eight clerics added to the roster:

The Rev. Jose Chavarin. A native of Mexico, he served at Mary Star of the Sea in La Jolla from 1986 through 1991, while also working as associate pastor at Our Lady of Guadelupe in Calexico (1989-1990) and associate pastor at Lemon Grove’s St. John of the Cross (1990-1991).

On June 20 and 23, 2008, the diocese received reports that Chavarin — then working in San Francisco — had sexually abused three boys while in San Diego. The incidents involved two brothers in 1986 or ’87, and an unrelated boy who was abused between 1985 and 1988.

Confronted with these accusations, Chavarin denied any wrongdoing, then fled to Mexico.

Chavarin’s current whereabouts are unknown.

The Rev. Raymond Etienne. A priest of the Society of the Divine Word, Etienne was an associate pastor at San Bernardino’s St. Anthony parish from 1980 through 1988. He also worked at the Society of the Divine Word seminary in Riverside in the 1960s, where he allegedly sexually assaulted seminarians.

Etienne is deceased, the diocese reports, although officials there could not confirm when or where he died.

The Rev. J. Patrick Foley. Although attached to the San Diego diocese, Foley has been living in Northern California since 1991. In 2010, he was suspended from ministry pending a church trial on charges that he had abused two Sacramento-area boys, whose parents had been friends of the priest.

The canonical trial ended in January 2011 without a clear verdict. “He wasn’t guilty,” said Rodrigo Valdivia, the San Diego diocese’s vice-moderator of the curia, “but that’s not to say he was innocent.” His priestly faculties were restored until McElroy removed them in August 2015.

That hasn’t stopped Foley from advertising on his website as an “Itinerant Papist Preacher,” offering retreats and spiritual counsel. His most recent posting, dated May 18, 2017, is a personal reflection under the heading “Love — and then do as you will.”

This July, he led a “cluster mission” at St. Joseph the Worker in Dubuque, Iowa.

Foley did not return a reporter’s phone call Thursday.

The Rev. Michael French. In 2003, the diocese was alerted that French had abused a boy in 1980. French, who died in 1995, came to San Diego in 1973 to pursue doctoral studies at the California School of Professional Psychology.

In 1975, he was a chaplain at the Benedictine Convent for Perpetual Adoration in San Diego.

A director of Catholic Community Services and diocesan director for Worldwide Marriage Encourage, French met his alleged victim at a social occasion in his parent’s home. There were several reported instances of abuse. The diocese paid a settlement to the alleged victim, who did not press charges in court.

The Rev. Richard Houck. In his long career, Houck served as an assistant priest, an associate pastor, pastor and priest in residence at a series of local parishes — St. Vincent de Paul, St, Charles Borromeo, Our Lady of Angels, St. Charles, St. Didacus and Immaculate Conception, all in San Diego; Most Precious Blood in Chula Vista; and Our Lady of Light in Descanso.

In 1968, he assisted at St. Vincent de Paul, serving alongside another priest whom the diocese would list as a sexual predator in 2008, the Rev. Hugh John Sutton.

While at Most Precious Blood in 1977, he molested a 10-year-old altar boy, according to the diocese. When the victim reported this abuse in 2004, the diocese paid a settlement and the victim did not pursue the matter in court.

Houck died in February 2002.

The Rev. George Lally. As associate pastor at St. Mary in El Centro between September 1970 and February 1972, Lally allegedly molested a boy. A 2002 diocesan report refers to a 1971 agreement to pay college costs for the victim.

“As compensation for having been victimized,” said Valdivia.

The Union-Tribune reported that a man identified as “Ralph S.” sued the diocese, alleging that Lally had abused him when he was an altar boy at St. Mary. “Ralph S.” told reporters that he had reported the crime to St. Mary’s pastor, and Lally was then transferred.

Lally, who left the priesthood in 1979, is married and living in San Clemente.

His wife, a former nun and longtime Catholic administrator and educator, was hired in 1983 as principal of Holy Family School. Within a month, she was terminated. She sued the diocese.

That case was dismissed in 1990.

Msgr. Mark Medaer. While pastor of Our Lady of Guadelupe in Calexico, Medaer allegedly molested a boy in 1982. Roughly 20 years later, the victim reported this abuse to the diocese, which agreed to pay for his counseling.

Diocesan records show the counseling began in March 2002 and continued at least through November 2002.

Medaer died in June 1993.

The Rev. Paolino Montagna. Attached to the diocese for less than three years, Montagna was the associate pastor at El Centro’s Our Lady of Guadalupe (August 1972-October 1973) and then held the same position at a parish in Calexico with the same name, Our Lady of Guadalupe (October 1973-January 1975).

He was accused of molesting two girls. The diocese was unable to say when or where.

Montagna, who left the diocese in January 1975, is believed to be dead.

The new revelations were dismissed by SNAP’s Southern California liaison, Esther Miller, as “so much smoke and mirrors.” Benkert, the La Jolla psychiatrist and a former nun, said the scandal “seems to be kind of unending.”

“People can understand to what lengths the church has gone to try to protect itself as an institution,” she said.

McElroy, though, argued that new measures taken by the diocese — including a civilian review board for sexual abuse complaints, and a prevention program in Catholic school curriculum — have been effective, to a point.

“I’ve been here as bishop three and a half years and in that time we have not had a live case of a priest abusing minors,” he said.

“But at the same time, we’ve had four cases involving lay persons.”

Yet others are sure that more reports of clerical abuse will be forthcoming.

“They’re telling me that there are now 56 priests who are credibly accused of sexual abuse in San Diego?” asked Patrick Wall, a former priest who now investigates clerical sexual misconduct for a Minnesota law firm, Jeff Anderson and Associates. “I believe that number to be extremely short.”

Times staff writer Christine Mai-Duc contributed to this report.


UPDATES:

5:25 p.m., Sept. 15: This article was updated with plans by the San Jose diocese to release names.

This article was originally published at 6:25 a.m. on Sept. 14.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.

September 13, 2018

San Diego’s Catholic diocese adds eight priests to list of sexual predators

PAPANTLA (MEXICO)
Union-Tribune [San Diego CA]

September 13, 2018

By Peter Rowe, Kristina Davis

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The clerical sexual abuse scandal rocking the Roman Catholic Church hit home Thursday, as the Diocese of San Diego added eight priests to the list of those believed to have molested children.

“This is a response to the terrible moment we are in,” said Bishop Robert McElroy, citing a recent Pennsylvania grand jury report that found 1,000 children had been molested by Pittsburgh area priests there, and the resignation of Theodore McCarrick, who is accused of sexually assaulting altar boys, seminarians and priests.

“The cascade of emotions that this causes the survivors of the abuse as well as other people in the pews, has caused a tumult of anger, grief, upset, incomprehension, disillusionment,” McElroy said.

The new names — the Revs. Jose Chavarin, Raymond Etienne, J. Patrick Foley, Michael French, Richard Houck, George Lally and Paolino Montagna, plus Monsignor Mark Medaer — were released in piecemeal fashion, with critical details missing.

This list extends the roster of predator priests established by a landmark legal case that was concluded 11 years ago. On Sept. 7, 2007, the diocese settled 144 claims of child sexual abuse by 48 priests and one lay employee. The payments totaled $198.1 million, the second-largest settlement by a Catholic diocese in the United States.

Thursday’s announcement was prompted by the Pennsylvania grand jury report, the McCarrick case and other recent revelations that have called into question the church’s moral authority and its willingness to honestly address this scandal.

“There is a broad call for transparency,” McElroy said. “When we looked at it, we wanted to meet that as best we could.”

The newly listed priests were accused of abuse since the 2007 settlement, or reported to the diocese earlier in files that had been tucked away or mislaid. They were overlooked until, the bishop said, a recent review of records.

“They never kept good records on this stuff until recently,” McElroy said. “They kept records, but not in a very systematic way.”

Advocates for victims said that revealing the identities of accused predators is a valuable step.

“It makes them more accountable,” said Dr. Marianne Benkert, a La Jolla-based psychiatrist who, with her husband, the late Richard Sipe, studied clerical sexual abuse. “And there are still some victims of these priests here in San Diego. It will give those victims some comfort to see their abusers exposed.”

“Some dioceses are trying to do pro-active disclosures, which is great — disclosures are super important.” said Tim Lennon, president of Survivors Network of those Abused by Priests. “But it’s not because of the goodness of their hearts. They want to protect themselves as much as they can.”

This crisis is worldwide, a fact underscored this week. On Thursday, Pope Francis and several top American bishops conferred on McCarrick’s case. The day before, the Vatican announced that the pontiff will convene the world’s bishops for a February 2019 meeting on the protection of minors.

In San Diego, McElroy will embark on a “listening tour” of the diocese, stopping at eight parishes between Oct. 1 and Nov. 5.

“I’ve met with a number of victims,” McElroy said. “They are looking for — they are really looking for the perpetrator to say it to them, but often the perpetrator is dead — so they are looking for the church to say we are truly sorry for this.”

This week, the diocese and other sources issued some details on the eight clerics added to that roster:

The Rev. Jose Chavarin. A native of Mexico, he served at Mary Star of the Sea in La Jolla from 1986 through 1991, while also working as associate pastor at Our Lady of Guadelupe in Calexico (1989-1990) and associate pastor at Lemon Grove’s St. John of the Cross (1990-1991).

On June 20 and 23, 2008, the diocese received reports that Chavarin — then working in San Francisco — had sexually abused three boys while in San Diego. The incidents involved two brothers in 1986 or ‘87, and an unrelated boy who was abused between 1985 and 1988.

Confronted with these accusations, Chavarin denied any wrongdoing, then fled to Mexico.

Chavarin’s current whereabouts are unknown.

The Rev. Raymond Etienne. A priest of the Society of the Divine Word, Etienne was an associate pastor at San Bernardino’s St. Anthony parish from 1980 through 1988. He also worked at the Society of the Divine Word seminary in Riverside in the 1960s, where he allegedly sexually assaulted seminarians.

Etienne is deceased, the diocese reports, although officials there could not confirm when or where he died.

The Rev. J. Patrick Foley. While attached to the San Diego diocese, Foley has been living in Northern California since 1991. In 2010, he was suspended from ministry pending a church trial on charges that he had abused two Sacramento-area boys, whose parents had been friends of the priest.

The canonical trial ended in January 2011 without a clear verdict. “He wasn’t guilty,” said Rodrigo Valdivia, the San Diego diocese’s vice-moderator of the curia, “but that’s not to say he was innocent.” His priestly faculties were restored until McElroy removed them in August 2015.

That hasn’t stopped Foley from advertising on his web site as an “Itinerant Papist Preacher,” offering retreats and spiritual counsel. His most recent posting, dated May 18, 2017, is a personal reflection under the heading “Love — and then do as you will.”

This July, he led a “cluster mission” at St. Joseph the Worker in Dubuque, Iowa.

Foley did not return a reporter’s phone call Thursday.

The Rev. Michael French. In 2003, the diocese was alerted that French had abused a boy in 1980. French, who died in 1995, came to San Diego in 1973 to pursue doctoral studies at the California School of Professional Psychology.

In 1975, he was a chaplain at the Benedictine Convent for Perpetual Adoration in San Diego.

A director of Catholic Community Services and diocesan director for Worldwide Marriage Encourage, French met his victim at a social occasion in his parent’s home. There were several instances of abuse. The diocese paid a settlement to the victim, who did not press charges in court.

The Rev. Richard Houck. In his long career, Houck served as an assistant priest, an associate pastor, pastor and priest in residence at a series of local parishes — St. Vincent de Paul, St, Charles Borromeo, Our Lady of Angels, St. Charles, St. Didacus and Immaculate Conception, all in San Diego; Most Precious Blood in Chula Vista; and Our Lady of Light in Descanso.

In 1968, he assisted at St. Vincent de Paul, serving alongside the Rev. Hugh John Sutton. (In 2014, the Diocese of Fort Worth received reports of Sutton sexually abusing minors while working there as a teacher and chaplain between 1984 and 1992. Sutton died in 2004.)

While at Most Precious Blood in 1977, Houck molested a 10-year-old altar boy, according to the diocese. When the victim reported this abuse in 2004, the diocese paid a settlement and the victim did not pursue the matter in court.

Houck died in February 2002.

The Rev. George Lally. As associate pastor at St. Mary in El Centro between September 1970 and February 1972, Lally allegedly molested a boy. A 2002 diocesan report refers to a 1971 agreement to pay college costs for the victim.

“As compensation for having been victimized,” said Valdivia.

The Union-Tribune reported that a man identified as “Ralph S.” sued the diocese, alleging that Lally had abused him when he was an altar boy at St. Mary. “Ralph S.” told reporters that he had reported the crime to St. Mary’s pastor, and Lally was then transferred.

Lally, who left the priesthood in 1979, is married and living in San Clemente.

His wife, a former nun and longtime Catholic administrator and educator, was hired in 1983 as principal of Holy Family School. Within a month, she was terminated. She sued the diocese.

That case was dismissed in 1990.

Msgr. Mark Medaer. While pastor of Our Lady of Guadelupe in Calexico, Medaer allegedly molested a boy in 1982. Roughly 20 years later, the victim reported this abuse to the diocese, which agreed to pay for his counseling.

Diocesan records show the counseling began in March 2002 and continued at least through November 2002.

Medaer died in June 1993.

The Rev. Paolino Montagna. Attached to the diocese for less than three years, Montagna was the associate pastor at El Centro’s Our Lady of Guadalupe (August 1972-October 1973) and then held the same position at a parish in Calexico with the same name, Our Lady of Guadalupe (October 1973-January 1975).

He was accused of molesting two girls. The diocese was unable to say when or where.

Montagna, who left the diocese in January 1975, is believed to be dead.

The new revelations were dismissed by SNAP’s Southern California liaison, Esther Miller, as “so much smoke and mirrors.” Benkert, the La Jolla psychiatrist and a former nun, said the scandal “seems to be kind of unending.

“People can understand to what lengths the church has gone to try to protect itself as an institution,” she said.

McElroy, though, argued that new measures taken by the diocese — including a civilian review board for sexual abuse complaints, and a prevention program in Catholic school curriculum — have been effective, to a point.

“I’ve been here as bishop three and a half years and in that time we have not had a live case of a priest abusing minors,” he said.

“But at the same time, we’ve had four cases involving lay persons.”

Yet others are sure that more reports of clerical abuse will be forthcoming.

“They’re telling me that there are now 56 priests who are credibly accused of sexual abuse in San Diego?” asked Patrick Wall, a former priest who now investigates clerical sexual misconduct for a Minnesota law firm, Jeff Anderson and Associates. “I believe that number to be extremely short.”

Reporter Pauline Repard and research manager Merrie Monteagudo contributed to this report.

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August 31, 2018

Sin investigar violación de sacerdote

CHIHUAHUA (MEXICO)
Radiza Noticias [Delicias, Chihuahua, Mexico]

August 31, 2018

By Carlos Vega

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Luego de que un masculino denunciara que un sacerdote había abusado de el por varios años, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que no existe una carpeta de investigación ante esto.

Ricardo Legarda Vázquez dice haber sido abusado sexualmente por el sacerdote llamado Juan José Esquivias López, quien a decir de la presunta víctima, el sacerdote está muy bien protegido por la Iglesia, pues presume de que lo han movido en varias ocasiones para evitar la justicia.

Sin embargo, la Fiscalía aclaró que no se ha hecho una acusación formal por parte del presunto afectado, por ello no se tiene más información por falta de la perella que dé inicio a las indagaciones.

Edición: Carlos Vega 

Grupo Radiza Chihuahua

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August 26, 2018

Rompe voto de silencio

CIUDAD JUáREZ (MEXICO)
El Heraldo de Chihuahua [Chihuahua, Chihuahua, Mexico]

August 26, 2018

By Samara Martínez

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Existen otros 12 casos de violación

“En la oficina sacó su miembro y me obligó a hacerle sexo oral, afuera estaba su secretaria como si nada, con mucha normalidad. Una vez que terminaba, revisábamos archivos en la computadora como si no hubiera pasado nada, entraba su secretaria y le servía café o agua.”, relata Ricardo Legarda Vázquez víctima de violación y abuso, por más de 10 años, del sacerdote Juan José Esquivias López antiguo párroco del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Villa Nueva, de esta ciudad de Chihuahua.

Esta es la historia de dolor, tristeza y lucha de un joven que, desde los 13 años, sufrió violaciones continuas por parte de un sacerdote chihuahuense que se ganó, con mentiras y caras de hipocresía, la confianza de toda la comunidad creyente de la colonia Villa Nueva.“Yo lo seguí porque creía que no podía avanzar en mi vida sin él. Yo creía que la única manera de crecer era si lo seguía, ya que me iban a pagar más en ese trabajo e iba a conocer una ciudad nueva. Pero lamentablemente al llegar a Tijuana yo ya era otra persona, ya habían pasado muchos años del primer abuso, yo ya había cambiado y él ya no pudo conmigo, el abuso se dio una o dos veces más, pero esta vez ya muy forzado… de hecho… fue algo muy desagradable, incluso de pensarlo me da mucho asco.”, recuerda Ricardo con el aliento entre cortado. Después de eso, el año pasado en 2017, Ricardo decidió interponer una denuncia en la fiscalía de Chihuahua, la cual fue desechada porque los delitos ya se habían cometido hace varios años. “De pronto recibí ayuda de varias personas que le apuestan a los derechos humanos y empezamos a realizar las nuevas denuncias basándonos en los convenios internacionales en contra del abuso contra menores y adolescentes donde se explica que a pesar de los años no puede dejarse a un lado.”, describe Ricardo el proceso de denuncia. El lunes 20 de agosto, después de que el periódico La Jornada publicara parte del caso de Ricardo, la asociación civil en donde trabajaba el padre Juan José Esquivias, en la ciudad de Guadalajara, mandó una notificación donde se explicaba que el sacerdote había dejado de laborar ahí y el sitio web de la asociación, así como la página de Facebook desaparecieron.

Ricardo vivió una infancia como cualquier niño, jugaba con sus primos, tíos y familiares, era aplicado en la escuela y destacaba en el ámbito académico, sus tardes consistían en visitar La Deportiva y hacer los deberes que la escuela demandaba. De familia católica, todos los domingos asistían a misa y los sábados tomaba clases de inglés.

A los 13 años el camino de dolor comenzó, un compañero de inglés lo invitó a formar parte del grupo de monaguillos del templo de Nuestra Señora de Guadalupe; al principio Ricardo no aceptó, pero después de varias insistencias decidió ir un sábado. “Los primeros días fueron normales ya que no tenía el acercamiento a los padres, solo en la misa y saliendo me iba a casa, hasta ese momento no hubo nada fuera de lo normal o que fuera sospechoso.”, comenta Ricardo.

Al mes notó algo fuera de lo común, Esquivias López hacía comentarios raros acerca de su apariencia, destacando que él era más alto y blanco que los demás niños, por lo que al poco tiempo fue nombrado coordinador de servidores de altar, seguido de eso el sacerdote le besó la mano. 

El primer acercamiento anormal se dio en el municipio de Santa Isabel, cuando el grupo de monaguillos viajó con el sacerdote por parte de la iglesia; Esquivias López repartió a todos los niños en diferentes puntos de la comunidad excepto a Ricardo y ahí fue la primera vez que le tocó la pierna. “A mí se me hizo muy extraño, pero no quise decir nada porque existe un respeto hacia la figura del sacerdote y me dio miedo regarla…preferí no decir nada.”

Al poco tiempo, en agosto del 2000, el padre invitó a Ricardo al cine que está en Ortiz Mena y Mirador. Ya iniciada la película, volvió a tocarle la pierna, pero esta vez agarró la mano del joven para colocarla sobre su pene y alentarlo a masturbarlo mientras que él le tocaba sus genitales. “Además del abuso que pasó en la sala, la carga emocional fue demasiada, ya que al salir me hizo sentir culpable y me dijo que yo lo había incitado a hacer eso, es decir, él se encargó de depositar toda la culpa en mí, y yo me la creí, me sentía culpable, sucio, sentía que estaba actuando mal, pero creí que nadie me iba a creer.”

Ricardo jamás había experimentado ningún acercamiento sexual, “yo tenía trece años… imagínate.”, declara en entrevista con El Heraldo de Chihuahua.

Al llegar a casa, el joven, del shock que vivió, no recuerda exactamente qué fue lo que paso, pero su más grande inquietud era la culpabilidad. “Cuando me dijo que era la última vez que pasaba eso porque él era sacerdote y yo lo había hecho pecar, me hizo sentir tan culpable y eso es lo peor. En la noche no pude dormir, tenía la conciencia intranquila y me sentía muy mal.”

Los primeros abusos

“En la oficina sacó su pene y me obligó a hacerle sexo oral, afuera estaba su secretaria, como si nada y con mucha normalidad. Ahorita en retrospectiva me pongo a pensar que él ya sabía cómo actuar y conocía cuáles eran sus escenarios y una vez que terminaba en mi boca revisábamos archivos como si nada hubiera pasado, entraba su secretaria y le servía café o agua.”, recuerda el joven la primera vez que pasó.

“Es difícil decir que alguien de su círculo cercano sabía algo de lo que estaba pasando, porque puedo asegurar que como pasó conmigo hubo otros niños antes y después, pero él se encargó de crear un ambiente de confianza, al punto de que la gente cerraba los ojos y confiaba plenamente. Incluso a mí me pasó que llegué a defenderlo inconscientemente, hay gente muy ingenua que no se imagina lo que pasa y otros quizá sí sospecharon pero como no tenían alguna prueba, pues no llegaba a más. Era bastante extraño que siempre estaba acompañado de algún monaguillo y que tuviera muchos ahijados, no es normal que un padre siempre ande con un niño a su lado.”, comenta Ricardo. 

A pesar de que Ricardo ya había visitado anteriormente la casa de los padres, en donde residía Esquivias López, en una visita justamente dos semanas antes de que cumpliera 14 años, se le hizo raro que no hubiera ningún otro padre. “Estábamos en su casa, pero en esa ocasión estaba él solo, siempre había más padres y esa vez no. Cuando estábamos en la habitación empezó a tocarme las piernas como siempre hasta que me penetró por el ano. Me dolió muchísimo, empecé a sangrar y él no paraba…fueron varios días continuos de sangrado después de eso, yo creo que hubo un desgarre interno, pero mi preocupación era no manchar la ropa para que mis papás no se dieran cuenta.”

Los abusos continuaron de manera sistematizada del 2000 al 2002, con una frecuencia de 5 a 6 veces por semana. “Yo siempre trataba de esconderlo para que mis papás no sospecharan, yo me encargué de protegerlo para que todo pareciera normal.”, aclara Ricardo al preguntarle el por qué seguía con él.

Codependencia emocional

Tiempo después, justamente al momento de que Ricardo terminara su secundaria a Juan José Esquivias López lo hicieron vicerrector de la Universidad Iberoamericana en Torreón, Coahuila. “A pesar de que él (el padre) ya estaba lejos, yo lo visitaba en vacaciones y durante algún tiempo mientras estudiaba la preparatoria en Chihuahua.”, dice Ricardo.

El joven declara que sus visitas a Torreón no eran por petición del sacerdote, sino porque Ricardo tenía una codependencia emocional tan fuerte que necesitaba verlo; psicológicamente es un síndrome conocido como “Síndrome de Estocolmo”, donde la víctima desarrolla cierto apego por su abusador.

Esquivias López le otorgó una beca a Ricardo para que estudiara su licenciatura en Torreón, ahí mismo en la Universidad Iberoamericana. Fue en el 2005 cuando el joven ingresó a la licenciatura en comunicación y de ese año y hasta el 2007 siguió la violencia psicológica y los abusos.

“Sí hubo una dependencia muy, muy fuerte, yo ya lo conocía muy bien y con una mirada o un gesto yo sabía perfectamente qué quería que hiciera. Había días que apagaba mi celular o me escondía en la universidad para no verlo porque yo también ya quería empezar a hacer mi vida, ir con mis amigos, salir en la noche, yo como que ya empezaba a pisar freno pero de una manera discreta.”, comenta el joven.

“No creo que haya sido enamoramiento de mi parte, se hizo una atmósfera en la que no había más alternativas; es como si siempre tomas coca cola y nunca has probado otros refrescos, piensas que es el único que existe y a mí me pasó eso desde los 13. Enamoramiento… no creo porque siempre hubo miedo.”, asegura Ricardo.

Afortunadamente, a finales de 2007, principios de 2008, al sacerdote lo cambiaron a Santiago de Chile. “No sé qué pasaría porque a veces sus movimientos eran muy extraños, yo no sé si la misma compañía de Jesús lo movió por alguna denuncia para protegerlo, que ahorita no lo dudo.”

Ahí es cuando finalmente Ricardo empezó a respirar, y eso lo hizo darse cuenta de lo que había vivido: “Ahí caigo en una depresión muy fuerte, le perdí el sentido a la vida, a mi proyecto… me sentía solo, triste, me empezaron a caer todos los “veintes”, lo que me ayudaba a seguir era que yo sabía que tenía que terminar la carrera, para poder ser algo en la vida.” 

Ricardo aclara que la universidad jamás le condicionó la beca con la que él contaba para sus estudios, que fue el padre quien lo amenazó con quitársela si él decía algo, “dudo mucho que la universidad supiera algo porque Juan José siempre se encargó de mantener todo por debajo, de lo que no dudo es de que los jesuitas lo supieran.”

Al terminar su carrea, Ricardo comenzó su servicio social en Saltillo, específicamente en la casa de los migrantes, donde se ayudó a sí mismo, a darse cuenta de que no era el único que sufría, de que había otras personas que como él, habían sido víctimas de las injusticias y eso fue un parte aguas en su vida. “Me preocupaba por los demás, pero me había abandonado a mí mismo.”

“Ya había cambiado, era más maduro y ya no era un niño”

En Saltillo, Ricardo comenzó a trabajar en los derechos humanos, cuando fue contactado por Esquivias López quien lo invitó a trabajar a Tijuana, pues estaba nuevamente en México, ahora desempeñando un importante cargo en la ciudad fronteriza dentro de la Universidad Iberoamericana.

“Yo lo seguí porque creía que no podía avanzar en mi vida sin él. Yo creía que la única manera de crecer era si lo seguía, ya que me iban a pagar más en ese trabajo e iba a conocer una ciudad nueva. Pero lamentablemente al llegar a Tijuana yo ya era otra persona, ya habían pasado muchos años del primer abuso, yo ya había cambiado y él ya no pudo conmigo, el abuso se dio una o dos veces más, pero esta vez ya muy forzado… de hecho… fue algo muy desagradable, incluso de pensarlo me da mucho asco.”, recuerda Ricardo con el aliento entre cortado.

En esa ocasión Ricardo solo aguantó seis meses, renunció al trabajo y continuó su vida en Ciudad de México, directamente en el Museo de Antropología e Historia y eso le ayudó a seguir con su vida, estando allá, declara que vivió una depresión muy fuerte al pensar en suicidarse, pero finalmente decidió regresar a Chihuahua con su familia.

Se rompe el silencio

“Hasta el 2015 decido hablar con mis papás, decido contarles todo de una manera muy compasiva, porque ellos no eran culpables, ni yo tampoco y teníamos que entender esto para poder sanar todo el dolor. Decido escribirle al Provincial de los Jesuitas, que es el encargado de ellos en todo el país, y le mando una carta por correo electrónico explicándole lo sucedido. Irónicamente pensé que nunca me iban a responder, pero al día siguiente me contestaron diciendo que les daba mucha pena lo sucedido.”, explica Ricardo.

La sorpresa del joven fue cuando el secretario jesuita, Jaime Porras, lo visitó en Chihuahua para platicar: “la conversación que tuvimos fue muy fuerte porque me dijo que lo único que ellos podían hacer por mí era pagarme la ayuda psicológica. -“Ah, y otra cosa… el papa ha señalado que no más cosas por lo obscurito, entonces si nos quieres chantajear con que va a salir la nota, adelante porque nosotros no te vamos a dar dinero si es lo que buscas.”- me comentó el secretario… imagínate mi sorpresa”, asegura Ricardo, decepcionado aún más de ellos.

Después de eso, el año pasado en 2017, Ricardo decidió interponer una denuncia en la fiscalía de Chihuahua, la cual fue desechada porque los delitos ya se habían cometido hace varios años. “De pronto recibí ayuda de varias personas que le apuestan a los derechos humanos y empezamos a realizar las nuevas denuncias basándonos en los convenios internacionales en contra del abuso contra menores y adolescentes donde se explica que a pesar de los años no puede dejarse a un lado.”, describe Ricardo el proceso de denuncia.

“Yo no recupero esos años de mi adolescencia y de mi infancia pero me ayuda a sanar, me ayuda a tener una visión más esperanzadora de la vida, pero creo que es importante levantar la voz y denunciar para que no vuelva a pasar, porque habemos personas muy ingenuas y confiamos, pero es necesario tener precaución y cuidado, en especial con los niños y adolescentes porque es una etapa de mucha vulnerabilidad, se sienten incomprendidos, solos y cualquier muestra de afecto se presta a un abuso. Si yo hubiera podido distinguir entre lo que es un abuso y una simple muestra de afecto, yo creo que esta historia no existiría.”, asegura Ricardo.

Existen, hasta el momento, 12 víctimas más

“Puedo decir que a lo largo de todos estos años identificando a otras personas que sufren o han sufrido violaciones por parte de sacerdotes, hasta el momento tengo ubicados a doce personas más y creemos que puede haber más. He hablado con algunos de ellos, pero no están dispuestos a denunciar, tienen miedo, no quieren exponerse públicamente, no quieren que la familia se entere y lo entiendo, porque es todo un proceso. A mí me tomó 16, 17 años y creo que cada quien tiene que vivir su propio proceso de sanación y cada quien sabrá que hace con su historia.”, segura el involucrado.

El lunes 20 de agosto, después de que el periódico La Jornada publicara parte del caso de Ricardo, la asociación civil en donde trabajaba el padre Juan José Esquivias, en la ciudad de Guadalajara, mandó una notificación donde se explicaba que el sacerdote había dejado de laborar ahí y el sitio web de la asociación, así como la página de Facebook desaparecieron. 

Actualmente Ricardo Legarda es el director académico de la universidad de la Tarahumara, y ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, colaborando con la parte de los derechos humanos y la prevención de la violencia. 

Ricardo se describe como un hombre que ha avanzado en la vida, que ha tratado de dar lo mejor y de brindarle lo mejor de él a los demás, se considera a sí mismo como responsable, honesto, y como alguien que busca el bien de los demás. “Soy un ser humano con heridas y cicatrices pero eso no me define, tengo sueños y esperanzas y en un futuro me gustaría escribir un libro sobre esto para ayudar a prevenir este tipo de situaciones, también quiero desarrollar reformas y leyes en este tema. Espero que las victimas que hayan sufrido o lo estén haciendo en este momento, sepan que ellos no son culpables de lo que está pasando, que a veces se disfraza el amor con máscaras. Es importante que confíen en su familia, en sus amigos y denunciarlo es mi recomendación más grande.”

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August 22, 2018

Los casos más indignantes de sacerdotes pederastas en México

SAN LUIS POTOSí (MEXICO)
E-Consulta Veracruz [Xalapa, Veracruz, Mexico]

August 22, 2018

By La Silla Rota

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Uno de los casos más conocidos en el de Marcial Maciel, quien fue acusado por seminaristas y niños

Los casos de pederastia por parte de sacerdotes católicos en México han sido denunciados desde hace décadas, aunque han sido pocos los que han llegado a ser confirmados.

En el 2002 la Iglesia fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas.

El caso más emblemático es el de Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo. El cura murió en 2008 entre acusaciones de abuso sexual contra varios seminaristas y niños y la exigencia por parte de las víctimas de que pidiera perdón.

Uno de los que denunciaron a Maciel fue el ex rector de la Universidad Anáhuac, Juan Manuel Fernández Amenábar, cuyo caso fue dado a conocer por Alberto Athié Gallo.

En 2010, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de 65 sacerdotes acusados en Estados Unidos de abuso sexual.

SNAP además presentó acusaciones contra Norberto Rivera Carrera, quien fuera arzobispo de México, al que acusan de haberse coludido con Roger Mahony para proteger a varios de estos sacerdotes, pero particularmente en el caso de Nicolás Aguilar Rivera, procesado en Tehuacán (Puebla) por abuso sexual contra por lo menos sesenta niños.

En 2012, Manuel Ramírez García sacerdote de San Pedro, Nuevo León, fue acusado por 13 niños de abusar sexualmente de ellos. Los niños eran estudiantes de 5º grado de primaria en el “Colegio de Guadalupe”, según sus propias declaraciones el sacerdote los tocó.

La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí informó en 2015 que seis sacerdotes acusados de pederastia se encuentran prófugos de la justicia, encabezada por el padre Eduardo Córdova Bautista, quien enfrenta una denuncia por abuso sexual en contra de 19 menores de edad. En esa ocasión señaló que existen seis órdenes de aprehensión, giradas por jueces penales, en contra de igual número de clérigos acusados de abuso sexual.

Dos casos más de este tipo son los de Francisco Javier Castillo, párroco del templo del Sagrado Corazón del municipio de Santa María del Río, y Noé Trujillo, párroco del templo de Nuestra Señora de la Soledad. Las agencias especializadas en delitos sexuales integraron en su contra expedientes por abuso sexual agravado y violación, en los que dos niños tienen la calidad de víctimas.https://e9631db01fe68cad8fd44d1e5311f11e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

Sobre sacerdotes procesados en San Luis Potosí, en el penal de la Pila hay dos curas recluidos y sujetos a proceso penal por delitos sexuales. El primero es Guillermo Gil Torres, ex párroco del Templo Santa Rosa de Lima, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, a quien se le procesó por el delito de abuso sexual calificado en contra de un niño en la casa parroquial, al que presuntamente le mostraba fotografías en las que aparecía desnudo y lo ultrajaba. El otro cura es José de Jesús Cruz, ex párroco del templo de Nuestra Señora de Fátima, acusado de abusosexual, en perjuicio de un joven.

El 24 de febrero de 2017 Gerardo Silvestre Hernández, sacerdote de la Arquidiócesis de Oaxaca, fue sentenciado a 16 años de prisión por el delito de corrupción de menores en su modalidad de inducción a actos sexuales y exposición de filmes pornográficos, tras quedar comprobado que abusó de varios menores entre 2009 y 2010; asimismo, se le impuso una multa de 46 mil 179 pesos como reparación de daños en el caso. En 2013 Gerardo Silvestre fue detenido y desde entonces se encuentra recluido en el penal de Tlaxiaco, en la región Mixteca.

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August 20, 2018

La Compañía de Jesús se pronuncia sobre caso de presunto pederasta

CHIHUAHUA (MEXICO)
redespoder [Torreón, Coahuila, Mexico]

August 20, 2018

By Fredy González

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En respuesta a la noticia publicada ayer por el periódico La Jornada e informada en Red es Poder, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús publicó en su página de internet su posicionamiento sobre las acusaciones de pederastia contra el sacerdote Juan José Esquivias López, miembro suspendido de la orden religiosa. 

El texto, firmado por el Provincial de la orden, José Francisco Magaña Aviña, consta de siete puntos en que aclaran su posición respecto al caso. En el primero de éstos, Magaña Aviña declara que: La Compañía de Jesús condena cualquier forma de abuso, hostigamiento o maltrato que vulnere los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de cualquier persona, que se vincule con sacerdotes jesuitas en el ejercicio de sus ministerios.”

Los puntos dos y tres detallan que la orden cuenta con políticas institucionales que condenan acontecimientos como los descritos en la nota del día previo. Magaña Aviña comentó que existe un protocolo sobre “Procedimientos para la Protección de menores de edad y personas vulnerables” para casos como el presentado, el cual forma parte de la formación de los jesuitas y les es notificado a cada miembro de la orden para asumir su compromiso por escrito con el mismo. El protocolo establece los procedimientos de investigación sobre los casos de posibles abusos, en el que interviene un grupo especializado, y a partir de ello accionan los procedimientos correspondientes según el Derecho Canónico. 

Sobre el caso abordado en la nota, Magaña Aviña confirmó que la Compañía tuvo conocimiento del caso en agosto de 2015. Declaró que a partir de ello se inició una investigación y, al existir elementos de apreciación suficientes, se notificó a Roma y dieron inicio los procedimientos correspondientes. En consecuencia, Esquivia López fue suspendido del ejercicio de sus ministerios, a lo que el texto señala que el presunto ex clérigo reaccionó abandonando la orden religiosa, de la que vive al margen, como se detalló el día previo en la nota publicada por Red es Poder. Esto, continúa Magaña Aviña, no ha representado un obstáculos para que los procesos canónicos continúen.

Los últimos dos puntos del texto narran que desde un inicio la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús tuvo comunicación con la víctima del caso referido, a quien se le ofreció apoyo y manifestó disposición de coadyuvar y cooperar ante cualquier institución del Estado en relación con los hechos. El Provincial jesuita refrendó esta disposición, y reiteró la solidaridad de la Compañía con las víctimas de este y otros casos similares donde se han vulnerado los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los proyectos de vida de los afectados. Concluyó que con absoluto compromiso y respeto seguirán buscando medidas que les puedan significar en el proceso de resiliencia que ellos afrontan.

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August 16, 2018

Messico Ex sacerdote mexicano envuelto en escándalo sexual por pederastia en el Vaticano

MORELIA (MEXICO)
Il Sismografo [Rome, Italy]

August 16, 2018

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Eduardo Medina) Vladimir Reséndiz Gutiérrez, originario de Zamora, Michoacán, fue despojado de sus hábitos clericales en 2013, debido a un escándalo sexual en que se vio envuelto por pederastia. Actualmente enfrenta un juicio en Italia por cargos de abuso sexual a dos menores. Su caso es emblemático ya que los abusos habrían ocurrido entre 2007 y 2008, dos años después de que Benedicto XVI condenara públicamente al padre Marcial Maciel, y los Legionarios de Cristo tuvieran que reestructurarse. Reséndiz Gutiérrez también formaba parte de los Legionarios de Cristo. (…)

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August 14, 2018

Ex sacerdote mexicano envuelto en escándalo sexual por pederastia en el Vaticano

MORELIA (MEXICO)
Breaking [Ciudad de México, Mexico]

August 14, 2018

By Eduardo Medina

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Vladimir Reséndiz Gutiérrez, originario de Zamora, Michoacán, fue despojado de sus hábitos clericales en 2013, debido a un escándalo sexual en que se vio envuelto por pederastia. Actualmente enfrenta un juicio en Italia por cargos de abuso sexual a dos menores. Su caso es emblemático ya que los abusos habrían ocurrido entre 2007 y 2008, dos años después de que Benedicto XVI condenara públicamente al padre Marcial Maciel, y los Legionarios de Cristo tuvieran que reestructurarse. Reséndiz Gutiérrez también formaba parte de los Legionarios de Cristo.

Gracias a las investigaciones de Irene Savio, para Proceso, sabemos que los Legionarios tenían conocimiento de las inclinaciones de Reséndiz por lo menos desde 1994. Entonces, el sacerdote Antonio León Santacruz, instructor de los Novicios de Salamanca, en España, escribió una misiva donde expresa que: “El hermano Reséndiz posee fuertísimos impulsos sexuales, y una bajísima capacidad para controlarlos”.

“Se inclina por no respetar las reglas”, dice la carta, “o las respeta sólo si está bajo control, pero una vez que lo pierde evita seguir las reglas, y no se arrepiente por ello”.

El mismo Maciel habría recibido las noticias de que Reséndiz “muy a menudo tiene tentaciones, que él interpreta como oportunidades que Dios le está dando, ya que sólo los que luchan y aman pueden preservar”, escribió Luis Garza, uno de los directores de los Legionarios, en una carta para Maciel en 1995.

Entre 2007 y 2008, Reséndiz se desempeñaba como responsable de la disciplina del seminario ‘Centro Vocazionale’, que los Legionarios tienen en Gozzano, un pequeño pueblo en la provincia de Piamonte, al norte de Italia. Ahí, entre esos años, Reséndiz abusó de dos menores, muchachos, uno austríaco y otro italiano.

Los casos se dieron a conocer años después, alrededor de 2013, cuando una de las víctimas rompió el silencio y habló con otro sacerdote, también psicólogo, que denunció a Reséndiz ante las autoridades de Milán. Este sacerdote habría escuchado de primera mano cómo, cinco años antes, cuando uno de los muchachos tenía 12 años, Reséndiz abusó repetidamente de él.

La policía actuó de inmediato, y en una redada pudo obtener correos electrónicos, conversaciones telefónicas y otros documentos que, desde la cúpula de los Legionarios, probaban no sólo la conducta de Reséndiz, sino el conocimiento que tenía la congregación de ella. Gracias a estas pruebas se pudo saber que Reséndiz había abusado del muchacho austríaco, y también del italiano, aunque la causa por el abuso del italiano prescribió en 2017.

El caso del muchacho austríaco sigue abierto en los tribunales de Milán, y poco después del escándalo, otro procedimiento judicial se inició contra los Legionarios: intento de extorsión; y es que la congregación, para proteger a Reséndiz, envió a la familia de la víctima una serie de “acuerdos” que pedían su silencio absoluto, y la absolución pública de la congregación, a cambio de dinero.

Uno de los aspectos más graves de estos acuerdos es que, aprovechándose de las dificultades financieras de la familia, los Legionarios de Cristo le propusieron a ésta 15 mil euros a cambio de que el joven y sus padres negasen los hechos denunciados por el psicólogo, así como toda implicación de la congregación en los hechos”, apunta Daniela Cultrera, abogada de la víctima.

De no cumplir con el acuerdo, o de romperlo, la familia tendría que pagar a los Legionarios 30,000 euros. Ellos se negaron por entero a firmar los documentos, y con esa base, la abogada Cultrera presentó una denuncia en contra de Vladimir Reséndiz, y cinco legionarios más, por intento de extorsión.

Los Legionarios, para cubrirse la espalda, hicieron lo obvio: enviaron a Vladimir Reséndiz a Venezuela, a otro centro de los Legionarios, en donde habría seguido abusando de menores. Allá fue enviado desde 2009, en donde se convirtió en vicerrector de un seminario menor.

En 2011 lo trasladaron a la capital venezolana para atender tareas administrativas, y en 2013, con todas las investigaciones de la policía ya en marcha, Reséndiz fue retirado de sus hábitos clericales.

“Las autoridades italianas que investigaron estos hechos pudieron reconstruir la salida de Reséndiz de Italia, gracias a un allanamiento policiaco realizado en 2014 en la sede de los Legionarios de Cristo en Roma. Esta irrupción, autorizada por una juez de Milán, se produjo como parte de la investigación que luego desembocó en los dos procedimientos judiciales abiertos contra el exsacerdote ante el tribunal de Novara, en el norte del país”, subraya Irene Savio.

Este allanamiento dejó otras pruebas interesantes: la primera: Reséndiz abusó de al menos otro menor en Venezuela, cuando se despeñó ahí como vicerrector; y dos: los directivos de los Legionarios tenían, desde el principio, total conocimiento de lo que sucedía con Reséndiz.

El último trimestre de este año será decisivo para el ex sacerdote, ya que en noviembre se llevará a cabo la audiencia por el caso de abuso sexual, en Milán, y en diciembre la audiencia por el caso de extorsión, además del acuso, los citados para estas fechas son Óscar Náder Kuri, Víctor de Luna, Luca Gallizia, Manuel Cordero Arjona y el abogado Corrado D’Agostino.

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July 23, 2018

El cura católico que abusó de niños en NL recurre a estrategia legal para salir libre en un juicio abreviado

MONTERREY (MEXICO)
Sinembargo.mx [Mexico City, Mexico]

July 23, 2018

By Redacción

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Ciudad de México, (SinEmbargo/ZonaFranca).– Manuel Ramírez García, sacerdote que mantiene un perfil psicológico de alta peligrosidad, pudiera salir en libertad y evitar ir a prisión tras aceptar que realizó tocamientos a menores en un colegio católico del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, mientras los confesaba.

Debido a los beneficios del nuevo sistema acusatorio penal, que ya se instituyó en algunos juzgados de la entidad, el sacerdote Ramírez García, de 70 años, podría no ser enviado a la prisión a pesar de aceptar haber realizado y confesado que abusó sexualmente de menores.

De acuerdo con la autoridad que sigue el caso, el Juez Cuarto de Control, el sacerdote católico realizaba tocamientos a menores de entre 9 y 11 años que cursaban el quinto año de primaria en el Colegio Católico “Sagrado Corazón de Jesús” en el centro de San Pedro, ubicado a unos 10 minutos de la capital de Nuevo León.

Con el nuevo procedimiento de oralidad penal, el sacerdote de 70 años podría quedar en libertad al aceptar su responsabilidad en los cargos que se le imputan.

El pasado 27 de noviembre de 2012, dos menores denunciaron el ilícito del que eran víctimas en el confesionario. Al día siguiente, el sacerdote fue detenido.

Inicialmente, ante los padres, Ramírez García negó haber abusado de los menores. En el juzgado guardó silencio. Y ayer se aceptó ser responsable.

Un representante de la iglesia Católica lo acompañó en sus declaraciones. Ramírez García renunció al procedimiento ordinario y pidió ser sometido a un juicio abreviado para que le reduzcan la pena de 5 años que solicitó la fiscalía.

La Procuraduría de Justicia de Nuevo León solicitó al juez 5 años de cárcel y el pago de 39 mil pesos por reparación de daño.

Posteriormente pidió perdón a los menores y a sus padres, y se dijo arrepentido. “Quiero aprovechar este momento para ofrecer una sincera disculpa a todos los menores a los que ofendí con mis actos, así como a sus familias. Me siento profundamente arrepentido por lo sucedido”, dijo.

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July 6, 2018

Una “Pastoral para Comerciantes” en La Merced

MEXICO CITY (MEXICO)
Revista Desde la Fé [Ciudad de México, Mexico]

July 6, 2018

By Vladimir Alcántara

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El P. Gabriel Piña asegura que la integración y consolidación de la

comunidad parroquial se ha logrado a partir de un trabajo de Iglesia en

salida, en el que “todo ha sido ir, ir e ir”.

La Parroquia de Santo Tomás Apóstol “La Palma”, erigida en 1772 en el

barrio de La Merced, ampliará la celebración de su fiesta patronal (3 de

julio) hasta la siguiente semana, mediante una exposición denominada el

“Museo de la Biblia”, que contiene datos de gran interés, y la realización de

un torneo juvenil de futbol, que se llevará a cabo en el marco de este

festejo, como parte de las actividades que la parroquia realiza para alejar a

los jóvenes de los vicios.

Sobre la fiesta patronal y el caminar pastoral de la comunidad, habla para

Desde la fe el P. Gabriel Piña Landa, quien desde hace cinco años realiza

una labor de acercamiento con vecinos y comerciantes, bajo el concepto

arquidiocesano de “Pastoral de Ambiente”.

El P. Piña señala que hace un lustro, cuando llegó a esta parroquia, no había

propiamente una comunidad de gente organizada para el trabajo de Iglesia,

por lo que se vio en la necesidad de emprender acciones para integrarla.

“Lo primero –explica–, fue tratar de sembrar confianza en la gente. El barrio

de La Merced tiene muy pocos habitantes, ya que la mayoría de los

inmuebles funcionan como bodegas de comerciantes; pero comenzamos a

visitar a esos pocos para involucrarlos en el trabajo pastoral a través de

diferentes actividades. A partir de ese acercamiento, pudimos formar dos

coros parroquiales”.

Sin embargo –señala–, como la mayoría de las personas que hay en esta

zona son comerciantes, se tuvo que emprender otro tipo de acciones. “Así

como en la Arquidiócesis existe la ‘Pastoral para Empresarios’, la ‘Pastoral

para Académicos’ y otras, aquí vimos propicio una ‘Pastoral para

Comerciantes’, circunscrita a lo que sería una ‘Pastoral de Ambiente’.

Explica que se comenzó por ir a bendecir los negocios, pero no de una

manera exprés, sino como es debido: uno por uno, haciendo una oración y

conversando detenidamente con el dueño del local. “Posteriormente

comenzamos a hacer Horas Santas en algunos espacios, y a hablar con los

comerciantes de los problemas de la zona. Es así como se han ido

integrando a la Iglesia. No estamos esperando a que la gente venga. Todo

ha sido ir, ir, e ir”.

En La Merced los comerciantes siempre están ocupados, pero con frecuencia encargan el

negocio al empleado para asistir a la parroquia; o bien, el empleado pide permiso para hacerlo.

P. Gabriel Piña

Señala que, por otra parte, se ha trabajado bastante en materia de

religiosidad popular, a través de diferentes actividades para las que la gente

abre gustosa sus espacios, pues son personas que tienen mucha sed de

Dios. “Tratamos de alimentar su fe. Desde aquí salen algunas

peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, pues existen varios gremios,

como el de los dulces, el de las flores o el de las verduras, y en todas los

acompañamos como parroquia. La gente realmente percibe mucha cercanía

de su iglesia; por eso participa, por eso celebra con gusto a su santo

patrono”.

Finalmente, el P. Gabriel Piña externó que además de la exposición “Museo

de la Biblia” y del torneo juvenil de futbol que se llevarán a cabo en el marco

de la celebración de la fiesta patronal, se realizó un concurso denominado

“Relatos y Retratos del Barrio de La Merced” –que tuvo una extraordinaria

participación, especialmente de niños–, sobre historias verídicas o ficticias

en torno a la zona, bajo dos categorías: una para personas relacionadas con

la literatura, y la otra para vecinos, de la cual saldrá un anecdotario que

posteriormente se abrirá al público en la página de Facebook de la

parroquia.

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June 30, 2018

Caso Reséndiz – Gallizia

MORELIA (MEXICO)
Veritas Liberabit Vos [Ciudad de México, Mexico]

June 30, 2018

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Cuando Aaron Smith encuadró su participación en el Foro Abierto de Legioleaks, dijo que se limitaría a comentarios institucionales debido a su participación oficial. De este modo, Mr. Smith no ha emitido ninguna opinión personal. La postura es clara, lo que dice lo dice en cuanto Voz Oficial de los legionarios.
De hecho así es la participación de los legionarios en muchas actividades a las que acuden no a título personal, sino como legionarios.
Hoy sabemos por los tribunales y por la prensa, que en el caso de Reséndiz Gutiérrez intervinieron otros legionarios igualmente no a título personal.

Los Superiores legionarios a través de otro legionario con estudios en Derecho por la Universidad de Milán (2001-2011) intentaron extorsionar a una de las familias cuyo hijo había sido víctima de abuso sexual por parte de Resédiz (otro legionario) en el seminario menor de los legionarios. Por el momento, la indagatoria no ha mostrado si también hubo intento de extorsión o soborno en el caso de los otros dos abusados.
La demanda señala a los siguientes participantes:Luca Gallizia, legionario desde 1995 (hace 23 años)Víctor de Luna, legionario desde 1991 (hace 27 años)Óscar Náder, legionario desde 1976 (hace 42 años)Manuel Cordero, hermano lego ó 3GM desde 1981 (hace 37 años)
Cualquiera que conoce la gestión de los legionarios, sabe que todo esto viene desde “arriba”. Es decir, no fue Reséndiz quien pidió ayuda a Gallizia; sino que el Consejo General recibió el caso, lo analizó y optó por la propuesta de extorsión, mientras trasladaba a Reséndiz a otro seminario menor, pero en Venezuela.
No podemos decir que la participación “oficial” es mucho más grave por el intento de extorsión “corporativa” que el acto singular de un individuo que abusa sexualmente; pero, sí podemos decir que Reséndiz, además, cuenta con antecedentes pero no por abuso, sino por Víctima cuando era seminarista menor, donde era apodado “apostólico”[1].
En el informe (1995) de Antonio León, maestro de novicios, Reséndiz aparece como un joven que no puede dominar sus impulsos sexuales, ¿por qué siguió en la Congregación? ¿fue ayudado? ¿fue un caso aislado? ¿”desapareció” su test psicológico? Interrogantes que a distancia del tiempo parecen preguntas esenciales.
El caso Reséndiz tiene dos vertientes importantes en la vida actual de la Congregación. En primer lugar la falta de ética por parte de los Superiores que son capaces de cometer delitos “por el bien de la Congregación”; en segundo lugar  el nicho donde se gestó el Reséndiz-Abusador.
Los Delitos
Si recordamos que hace no mucho Sylvester Herrmmann se apuntó a una rueda de prensa para decir que “todos lo hacen” refiriéndose a las sociedades off-shore. Y que poco después en la misma fallida entrevista corrigió indicando que las off-shore legionarias son del tiempo de Marcial Maciel, pero en la Legión “reformada”, dichas sociedades de evasión fiscal, ya habían sido cerradas.
Las sociedades off-shore están en la frontera de lo ético y lo inmoral, pero en la mayoría de los casos son algo legal. Sin embargo, la extorsión[2], el cohecho y el soborno además de ser inmorales, son delito grave.
¿Quiénes fueron los oficiales de la Congregación que autorizaron proceder?
Francisco Mateos Gil (español), Michael Ryan (irlandés), Joseph Burtka (norteamericano) miembros del consejo general. Y el tristemente célebre Luis Garza Medina que en ese momento era el director territorial. Eduardo Vigneaux (chileno) era el administrador general. El delito debió de haber sido autorizado por el difunto Álvaro Corcuera, y autorizado por todos los Superiores anteriormente mencionados.
Recordemos que cada euro que sale de las arcas legionarias debe ser aprobado por un Consejo y las cantidades mayores o para gastos extraordinarios deben ser aprobada por el Consejo. Tan es así que el Superior General de la Congregación ha negado ayuda a varios exlegionarios indicando que después de analizarlo con el Consejo no se otorgó la ayuda.
Por tanto el ofrecimiento de 15.000 € a cambio del silencio no fue un gesto desesperado de un religioso que cometió “un error”. Tampoco fue una ayuda que gestionó Guillermo Meade con sus contactos, ni una de las campañas que publica Daren Weisbrod en Facebook esta vez con el título “Donation for extorsion fee”. Nada de eso. Se trató de una acción premeditada, coordinada, evaluada y autorizada por el órgano de gobierno más alto de la Congregación.
Luca Gallizia es quien carga la parte principal de la culpa, por haber sido él quien materialmente presentó los documentos a la familia. Pero Víctor de Luna y Manuel Cordero, junto con Óscar Náder fueron quienes gestionaron los detalles de la extorsión. Al parecer fue el abogado consultor quien preparó el documento, o al menos lo revisó, según los detalles de la demanda.
Salvo el abogado, que es un externo, todos los demás son miembros de la Congregación. Supuestamente son religiosos, supuestamente viven la caridad y la justicia. Supuestamente eran la esperanza de la Iglesia… (usando la expresión de San Juan Pablo II a los participantes en el último Capítulo General Ordinario). Más allá del resultado en los tribunales, este hecho habla con elocuencia de la verdadera naturaleza de la Congregación de los Legionarios.
Hasta el momento, Gallizia no ha emitido declaraciones. Él es abogado procedente de una familia de tradición notarial y por tanto conoce perfectamente los alcances de un delito del género. Por ello, para algunos sociólogos el fenómeno de los legionarios sigue suscitando interés; cada vez puede compararse más a la Iglesia de la Cienciología, por ejemplo. Un individuo con altos grados académicos, estudios en derecho, procedente de una familia socioeconómicamente acomodada, en un país desarrollado accede a cometer un delito por el bien del grupo al que pertenece.
Aunque Alberto Gallizia (padre de Luca) ya está retirado; él, junto con su esposa Clotilde (madre de Luca) están dispuestos a demandar a la Congregación si a su hijo se le imputa culpablemente el delito de extorsión. Por otro lado y además, Giuseppe Gallizia (hermano de Luca) actualmente ejerce como notario en Milán y podría igualmente proceder legalmente a través de otro despacho asociado contra la Congregación demostrando que Luca actuó no por iniciativa sino “por obediencia”.
El hecho Reséndiz-Gallizia tiene incluso más vigor si se considera que en México la Congregación logró sentencia en contra de José Raúl González Lara con una demanda por intento de extorsión. En aquel caso, los oficiales legionarios se “rasgaron las vestiduras” cuando Raúl, hijo de Marcial Maciel, pidió dinero a cambio de su silencio. 

Nicho
Se suele presentar a Reséndiz como un “lobo solitario”, un depredador que se coló, brincó todos los filtros, los exámenes psicológicos, las entrevistas, los escrutinios y todas las evaluaciones y llegó a colocarse para dar pasto a su impulso sexual… según le atribuyen al texto de su informe “impulso incontrolable”.
Reséndiz proviene de una familia humilde de Zamora, Michoacán. Entró desde muy pequeño a la escuela llamada “apostólica” de los legionarios, motivado por un español de nombre Leopoldo Cuchillo, en aquel entonces encargado de reclutar niños para los legionarios. Reséndiz fue abusado sexualmente en dicha escuela apenas siendo un puberto.
Quizás por aquella herida de Reséndiz, los Superiores lo “dejaron continuar” a pesar de carecer de la idoneidad para una vida sacerdotal. Lastimado en su psicología, en su vida emocional y en su sexualidad, Reséndiz regresó a la apostólica en 1998 pero esta vez como Prefecto de apostólicos (los seminaristas menores). En ese entonces él era un religioso en “prácticas apostólicas”.
Tres años duró Vladimir viviendo entre menores en la Ciudad de México para posteriormente agregar otro año también entre menores pero en Monterrey. Lo mismo, ejerciendo como Prefecto de la disciplina de los menores en la escuela llamada “apostólica”.
Significativamente por estas escuelas han pasado numerosos casos que suscitan suspicacias y que en algún momento se revelan como un peligro para los menores. ¿Hay algo en el proceso formativo de los legionarios? ¿O así es la naturaleza de la institución?
Reséndiz siguió sus estudios y preparación hacia el sacerdocio. Sin embargo Vladimir Reséndiz en lugar de estudiar la teología con los demás seminaristas en Roma, estudió “por su cuenta” mientras acompañaba a los menores en otra escuela también llamada apostólica, pero en Gozzano, cerca de Milán.
Si los impulsos de Reséndiz no se manifestaron en Monterrey o en la Ciudad de México, en parte fue porque había otros religiosos. Pero en Gozzano, Reséndiz podía estar solo. Era como si un grupo de Superiores deseaban que Vladimir repitiera el patrón de abuso que él había padecido. Por ello, los Superiores dejaron a Reséndiz 5 años en Gozzano (el período estipulado son 3 años).
Después del abuso, Reséndiz fue trasladado a Venezuela, donde permaneció ¡otros 3 años a cargo de menores!
Pero habíamos señalado que Vladimir Reséndiz no es un solitario. Entre los formadores de las escuelas apodadas “apostólicas” hay un sinnúmero de casos “especiales”. Mencionemos algunos nombres: Alfonso Corona, que estuvo en Gozzano antes de Reséndiz y también en la misma escuela “apostólica” en la Ciudad de México, también antes de Reséndiz. Corona fue el último “enfermero” de Marcial Maciel… A decir de sus compañeros, tuvo también trato muy especial por parte de los Superiores.
Ángel Amo que estuvo en la escuela “apostólica” de Venezuela después de Reséndiz. Posteriormente a raíz de un comportamiento “sospechoso” y nunca aclarado en otra escuela “apostólica” (en Guadalajara, México) fue trasladado intempestivamente a Santiago de Chile donde a decir de algunos testimonios tuvo fuertes depresiones y arrebatos de locura. Actualmente trabaja en un colegio en España, también con menores. ¿Habrán seguido los protocolos de protección de menores esta vez? Lo de Guadalajara nunca fue aclarado…
Luis Alberto Orozco procedente también de un seminario menor. Como legionario tuvo una larga trayectoria en dichas escuelas incorrectamente denominadas “apostólicas”. Estuvo en el Ajusco (Ciudad de México) como prefecto, fue Rector en Monterrey y por último Rector en “La Joya” (Ciudad de México). Luis Alberto Orozco fue acusado públicamente de molestar a un seminarista menor (abuso sexual). A partir de ese momento dejó de trabajar con menores, pero el caso nunca fue investigado.
La lista es más amplia según se retrocede en el tiempo, mencionamos sólo estos casos recientes para dimensionar cómo el caso Reséndiz-Gallizia no es un fenómeno aislado en la Congregación fundada por Marcial Maciel.
Más adelante referiremos TESTIMONIOS de hechos que han acaecido en los centros de filosofía (y teología) de los Legionarios con jóvenes ya adultos. Aunque Thornwood ya se vendió, los acontecimientos permanecen en el recuerdo y son testimonio del resultado de la formación legionaria: “Por sus frutos los conoceréis”.

[1] Marcial Maciel impuso este mote a los seminarios menores de los legionarios. Esta denominación no tiene nada qué ver con el papado, con la Sede Apostólica ni con ninguna institución eclesial. Se piensa que fue otra de las astucias de Maciel para disfrazar el lugar de donde se proveía de menores para cometer abusos sexuales en los primeros años de la Congregación.[2] Extorsión, cohecho y soborno son variaciones del mismo tipo de delitos. La gravedad de uno u otro difiere por características en cada legislación; por ejemplo la extorsión en algunas legislaciones requiere coacción, mientras que el soborno sólo el ofrecimiento.

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June 29, 2018

Los Legionarios de Cristo volvieron a las andadas

MORELIA (MEXICO)
Proceso [Mexico City, Mexico]

June 29, 2018

By Irene Savio

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Los Legionarios de Cristo vivieron un proceso de “refundación” luego de una larga cadena de denuncias de abusos sexuales contra menores cometidos por sus miembros; aún más, el papa Francisco les otorgó en 2015 un “indulto”. Pero nada de eso parece importar: ya hay otro legionario acusado en Italia de pederastia. Miembros de esta congregación ofrecieron a la víctima y a su familia dinero a cambio de su silencio. Ahora están acusados de “intento de extorsión”. ROMA (Proceso).- Los Legionarios de Cristo están otra vez en líos legales: varios de sus miembros son acusados en Italia de “intento de extorsión” y uno de  ellos, el exsacerdote Vladimir Reséndiz Gutiérrez, de pederastia. Al parecer de poco sirvió el proceso de refundación que, a instancias del Vaticano, esta congregación realizó tras los escándalos de abusos sexuales contra menores en que se vio envuelta; tampoco habría sacado provecho del indulto que Jorge Bergoglio, el papa Francisco, le brindó en 2015. El legionario Reséndiz Gutiérrez –a quien el Vaticano despojó de los hábitos en 2013– es actualmente juzgado en la ciudad italiana de Novara por abusar sexualmente de varios menores, según revelaron diversas fuentes y decenas de páginas de documentos que Proceso pudo revisar. “El juicio en Italia contra Reséndiz Gutiérrez es emblemático, puesto que las demandas en su contra se refieren a abusos que ocurrieron entre 2007 y 2008”; es decir “poco después de la condena pública” que Benedicto XVI lanzó en 2006 contra Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios, la cual “dio inicio al proceso de renovación de este grupo”, observa Francesco Zanardi, fundador de la asociación Rete L’Abuso, que apoya a las víctimas del antiguo sacerdote.  Según la demanda penal contra Reséndiz, éste habría abusado sexualmente y de manera reiterada de dos menores: uno austriaco y otro italiano, de madre española. Ambos afirman que los hechos ocurrieron cuando Reséndiz era responsable de la disciplina en el seminario que la Legión de Cristo tiene en Gozzano, un reposado pueblo de 5 mil habitantes en la región de Piamonte, en el norte de Italia.  Reséndiz –de 42 años, originario de Zamora, Michoacán– ejerció ese cargo hasta septiembre de 2008, cuando repentinamente fue trasladado a algún país de América Latina, para luego instalarse en México, país en el cual, según los investigadores italianos, está en la actualidad.  Proceso entrevistó a la madre del menor italiano, quien explicó que éste aún no se recupera del abuso del que fue objeto. Confiesa que más de una vez su hijo ha intentado suicidarse. Pide por ello mantener en reserva su nombre y apellidos y los de su familia. Accede a que sólo se le identifique por las siglas PJL.  Explica que en el caso de su hijo, los abusos se conocieron después de que un sacerdote, quien además es psicólogo, presentó en marzo de 2013 una denuncia ante la comisaría de la policía de Porta Ticinese, en Milán. De acuerdo con este sacerdote, el joven le contó en varias sesiones terapéuticas que Reséndiz abusó sexualmente de él. Ello habría ocurrido cinco años antes, cuando PJL tenía 12 años y era alumno del seminario de Gozzano.  La policía inició de inmediato una investigación. Como parte de ella realizó redadas y operativos en los que obtuvo mensajes de correos electrónicos, conversaciones telefónicas y otros documentos pertenecientes a la cúpula de los Legionarios en Italia. A partir de esta investigación, la policía descubrió que Reséndiz habría abusado sexualmente de otros dos adolescentes: el joven austriaco mencionado anteriormente y otro más, cuyo caso, sin embargo, prescribió en 2017. “Todo empezó en 2006, cuando una amiga me presentó a un legionario español. Yo andaba buscando un campamento de verano para mi hijo y él me habló de uno en las cercanías de Novara. Fuimos a visitarlo y mi hijo volvió entusiasmado. Sabe, somos una familia humilde, muy católica, y allí había salas con videojuegos, pistolas de pintura para jugar… Fue así que, dos años después de aquello, accedimos a que nuestro hijo acudiese a ese lugar”, cuenta la madre de PJL a Proceso.  “Ignoraba completamente que Reséndiz Gutiérrez había abusado de él, hasta que, con 17 años, empezó a comportarse de manera extraña. Se veía que no estaba bien; andaba deprimido y triste, y con dificultades en la relación con su novia. Fue entonces que se encontró con ese psicólogo, al que le confesó que había sido abusado reiteradamente, de manera muy fea, brutal”, explicó.  Comprar el silencio En el caso de PJL existe otro procedimiento judicial abierto ante el tribunal de Novara: el de intento de extorsión por parte de miembros de los Legionarios de Cristo en Italia. Y es que éstos enviaron a la familia del joven dos “acuerdos” por escrito donde le prometían dinero a cambio de su silencio, explica la abogada Daniela Cultrera, quien defiende a las víctimas.  “Uno de los aspectos más graves de estos acuerdos es que, aprovechándose de las dificultades financieras de la familia, los Legionarios de Cristo le propusieron a ésta 15 mil euros a cambio de que el joven y sus padres negasen los hechos denunciados por el psicólogo, así como toda implicación de la congregación en los hechos”, dice la abogada. Pero “la familia se negó a firmar los escritos y pidió nuestra ayuda a finales de 2013”, añade.  “Las partes se avienen para que el presente acuerdo se considere sujeto a un vínculo de confidencialidad que deberán respetar PJL y sus padres. En caso de violación (del acuerdo), los mismos serán de manera sólida obligados a entregar a la congregación (…) el doble de la suma de dinero pactada”, se lee en una versión del acuerdo, del cual Proceso tiene copia.  Con base en ello, Cultrera presentó una denuncia contra Vladimir Reséndiz Gutiérrez, Luca Gallizia, Manuel Cordero Arjona, Óscar Nader Kuri, Víctor de Luna y Corrado D’Agostino, quienes, según el acta número 3790/2017 presentada por la abogada al juez por las indagaciones preliminares de Novara, habrían participado en el delito de intento de extorsión. Pederasta conocido Cultrera llama la atención de un hecho: los “acuerdos” fueron entregados a la familia en octubre y diciembre de 2013; es decir, cuando los Legionarios ya conocían la denuncia del psicólogo contra Reséndiz Gutiérrez y cuando éste ya había sido reducido al estado laico.  De hecho, de acuerdo con el acta n. 425/2011, firmada por Gerhard Muller, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Reséndiz Gutiérrez fue despojado de los hábitos el 5 de abril de 2013 por haber violado el sexto mandamiento del Decálogo sobre los Menores, que considera al abuso sexual como uno de los delitos más graves, de acuerdo con las últimas reformas del derecho canónico.  “Además, se trata de acuerdos ilegítimos, pues están vinculados a la promesa de negar lo declarado por el psicólogo y los abusos sufridos por las víctimas; es decir, a cambio de mentir. Eso es un delito en Italia”, explica Cultrera.  Para Alberto Athié, exsacerdote que sufrió los abusos de Maciel y que se ha transformado en un combativo activista que denuncia los casos de pederastia en la Iglesia católica, esta estrategia de encubrimiento de la Legión no se ha interrumpido con el paso de los años.  “Tengo conocimiento directo de exlegionarios a quienes se les ofreció dinero a cambio de mantener su reserva. Esto continúa al día de hoy”, afirma. “No hubo borrón y cuenta nueva. Eso es una mentira. La Legión está dañada estructuralmente”, señala Athié, quien ha anunciado el nacimiento de Ending Clerical Abuse, una red de movimientos antipederastia en el mundo con el propósito de intercambiar información. Entre las organizaciones que participan en esta red se encuentra Rete L’Abuso, que se ha constituido en parte civil del juicio contra Reséndiz Gutiérrez. De acuerdo con una declaración hecha por la familia y ratificada por un testimonio realizado por una profesora de la Universidad Gregoriana de Roma, el comisario a cargo de la refundación de los Legionarios, el hoy fallecido cardenal Velasio de Paolis, desconocía los tejemanejes de éstos para ocultar los abusos de Reséndiz Gutiérrez. “Tras las gestiones de una profesora universitaria y del cardenal (Karl Josef ­Becker), finalmente logré hablar con De Paolis, quien me dijo que no firmara nada (del acuerdo enviado por la Legión). De Paolis no había sido informado y conoció el caso sólo después de que nos pusimos en contacto con él”, explica la madre de PJL.  Su testimonio coincide con el realizado por la profesora universitaria, el cual se anexó a las pruebas presentadas ante el tribunal de Novara. La profesora dijo saber “con certeza” que Becker se reunió con De Paolis el 29 de octubre de 2013 en el Vaticano. Durante ese encuentro, “De Paolis se mostró indignado (…) El acuerdo había sido preparado sin que fuera de su conocimiento”, explicó. De hecho, los Legionarios sabían del comportamiento de Reséndiz desde por lo menos una década antes. El 9 de enero de 1994 el sacerdote Antonio León Santacruz, instructor de los Novicios de Salamanca, en España, escribió una carta en la que señala que el entonces “hermano” Reséndiz “posee fuertísimos impulsos sexuales y una bajísima capacidad para controlarlos”. Agrega: “Por su tipo de carácter psicológico, se inclina por no respetar las reglas (…) Cumple si está bajo control. Sin embargo, si puede, evita (las reglas) y no se arrepiente por esos hechos”. En julio de 1995 Luis Garza, uno de los directivos de los Legionarios, envió un documento a Maciel, fundador de esta congregación, en el que señala que el entonces joven Reséndiz confiesa que “muy a menudo tiene tentaciones”, lo que él interpretaba como “una oportunidad que Dios le estaba dando” puesto que “sólo los que luchan y aman pueden perseverar”.  Ante preguntas de la reportera sobre los juicios de abuso sexual e intento de extorsión que se siguen en Italia, Aaron Smith, vocero de los Legionarios en Roma, se limitó a decir que Reséndiz Gutiérrez ya no es sacerdote ni legionario.  “Vladimir ya no es legionario y tampoco sacerdote. Dado que está en curso el juicio civil, no tengo más que añadir por el momento”, respondió Smith. Este reportaje se publicó el 24 de junio de 2018 en la edición 2173 de la revista Proceso.

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June 18, 2018

Dictan 8 años de prisión a sacerdote que abusó sexualmente de menor

LEóN (MEXICO)
Grupo Fórmula [Ciudad de México, Mexico]

June 18, 2018

By Alan Contreras

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También, el juez determinó una reparación del daño de más de 200 mil pesos para el menor y la familia.

Un juez dictó una sentencia de 8 años y 4 meses de prisión en contra de un sacerdote que abusó sexualmente de un menor, de la colonia Reforma Agraria, informó Fernanda Lazo, presidenta de Corazones Mágicos.

Indicó que también se logró una reparación del daño de más de 200 mil pesos para el menor y la familia.

Comentó que sabían que la pena no iba a ser las más alta porque, aparentemente, es la primera denuncia en contra del sacerdote.

Esta persona, que siguió su proceso en libertad, tiene un periodo para interponer algún recurso que en su derecho convenga, antes de que la sentencia se ejecute.

“La mamá del niño y el niño están tranquilos en el sentido de que se les hizo justicia, pero el gran tema es que como tiene derecho al amparo este señor todavía no está en la cárcel, de tal manera que son como tres meses más que hay que esperar, para ver si se ampara o recurre a alguna apelación”, señaló Fernanda Lazo.

Ella recordó que, el año pasado un juez había determinado para esta persona prisión preventiva, como medida cautelar en lo que seguía su proceso.

Sin embargo, después un juez de control determinó que podía seguir su proceso en libertad, motivo por el cual este año ha estado en esta condición.

Fue hace alrededor de 3 años que la madre denunció ante la Fiscalía General del Estado el abuso sexual que cometió este sacerdote en contra de su hijo. 

Se sabe que en algún momento el sacerdote continuó ofreciendo misa, hasta alrededor de julio de 2021, antes de ser denunciado, dijo Fernanda Lazo. 

“No hay dinero que solvente una experiencia tan traumática y dolorosa y cómo impacta en la vida y desarrollo de niños de este tipo, pero la mamá y el niño están contentos de que se hizo justicia”, declaró. 

La asociación Corazones Mágicos (dedicada a apoyar a menores abusados sexualmente) ofreció apoyo directo al menor y la familia, con diferentes acciones, entre lo que destaca el proceso terapéutico, mismo que ya culminó, y seguirá dandole acompañamiento. 

Este menor fue agredido sexualmente desde que tenía 8 años hasta los 11 años.

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June 4, 2018

Detienen en México a fraile chileno acusado de pederastia

SANTIAGO DE QUERéTARO (MEXICO)
El Mostrador [Providencia, Chile]

June 4, 2018

By El Mostrador

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El portavoz del organismo eclesiástico señaló que la diócesis no participará en la defensa del fraile chileno porque él depende de la orden de los Terciarios Capuchinos.

Un fraile chileno de la orden de los Terciarios Capuchinos fue encarcelado en el estado de Querétaro, en el centro de México, acusado de pederastia, informaron este miércoles fuentes de la Diócesis.

El portavoz del organismo eclesiástico, Saúl Ragoytia, dijo que el acusado, Luis Alberto Quezada Mayer, “no es sacerdote” ni mantiene “vínculo canónico con la diócesis”, pero trabajaba en un colegio de la Fundación de beneficencia Josefa Vergara y Hernández en el estado.

Según Ragoytia, la semana pasada el obispo de Querétaro, Mario de Gasperín, conoció el caso a través de la madre de un niño de 10 años, la víctima de los supuestos abusos sexuales.

El religioso comunicó a la denunciante que no obstaculizaría la acción de la justicia, por lo que la madre del menor presentó una denuncia contra el fraile ante la Procuraduría General de Justicia de Querétaro, que condujo a su arresto y encarcelamiento.

Un boletín de la Diócesis de Querétaro señaló esta semana que lo ocurrido es “un hecho lamentable que está pendiente de juicio”.

Ragoytia señaló que la diócesis no participará en la defensa del fraile chileno porque él depende de la orden de los Terciarios Capuchinos.

“Nosotros no podemos solapar ni callarnos ante situaciones en que se pone el riesgo el bien común”, concluyó Ragoytia.

EFE

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June 1, 2018

14 minutos de fama, 14 minutos de silencio

DURANGO (MEXICO)
kioSco [Ciudad de México, Mexico]

June 1, 2018

By Miriam Canales

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En mi breve ejercicio periodístico he tenido oportunidad de conocer a una gran cantidad de profesionistas en la materia y de todos tengo un registro minucioso de sus encuentros, de sus caras, sus palabras y gestos, el de José Antonio Jáquez Enríquez fue especial, a quien conocía de antemano por su trabajo periodístico en la revista Proceso y que murió el viernes 9 de mayo, víctima de un derrame cerebral en el Hospital Medical Sur del Distrito Federal a las 12:37pm.

El lunes siguiente, leyendo uno de los últimos números de esta publicación,  reparé en un recuadro donde rezaba «A la memoria de Antonio Jáquez», un reportero al cual siempre profesé admiración. De inmediato, las imágenes de la tarde del 26 de enero de 2007, fecha en que lo conocí, saltaron de mi baúl de recuerdos.

Jáquez había nacido en San Juan de Guadalupe, Durango en 1952, pero forjó su exitosa carrera en Torreón Coahuila donde estudió la secundaria y preparatoria en la Carlos Pereyra y la carrera de contador público en la ECA de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Sin embargo, los números los mantendría al margen de su vocación, su vida estaría regida por la palabra escrita: echó raíces profesionales en La Laguna en el periódico La Opinión y trabajó como corresponsal en esta entidad y en Monterrey para la revista Proceso donde consolidó su  meritorio trabajo.

La trayectoria de Jáquez lo llevó a conseguir «sus 14 minutos de fama», como lo denominaría él,  tras haber destapado el caso de las corruptelas de Raúl Salinas de Gortari en La Laguna con las importaciones de leche en polvo bajo la cobertura de Conasupo y Liconsa, los empresarios lecheros le acusaban de «competencia desleal» y le sugerían al reportero que investigara sobre el tema, todo a finales de la década de los 80.

Según cuenta en el número del 30 aniversario de Proceso, Scherer le encomendó formalmente la tarea de investigar al «hermano incómodo» minuciosamente antes de que concluyera el sexenio. Recordenmos la presencia de los Salinas en Monclova, La Laguna, Monterrey y el ejido Batopilas donde conservaban una casa en la que se dejaban ver de vez en cuando. Impulsaron la imagen de este sitio como un ejemplo de bonanza, mientras que el resto del sistema campesino se derrumbaba en un afán desmedido por la industria lechera.  El resultado del trabajo de Jáquez no sólo fue el mote del «hermano incómodo» para Raúl, sino evidencia de sus malos manejos que lo llevarían a pisar los penales de Almoloya y Santiaguito

El trabajo de Jáquez no concluiría ahí, sus pistas lo conducirían por otros senderos espinosos como el caso del sacerdote Javier Díaz Rivera, acusado de abusar sexualmente de niños de la Casa Hogar que tenía bajo su cobijo. A la diócesis le tembló la mano para aceptar, ya no digamos castigar, a un clérigo miembro de una acaudalda familia y amigo cercano a la entonces primera dama Amalia García de Cepeda (esposa de Carlos Román Cepeda). No obstante, un grupo de valientes mujeres como Alicia Pons y Ana María Ibarra, que trabajaban en esa instancia, decidieron denunciar el hecho a costa de su trabajo. Una historia más a las páginas de Proceso que pondría en entredicho la reputación del clero torreonense.

Otros trabajos alusivos en años siguientes tendrían que ver con el Fobaproa y la impunidad de empresarios y políticos de La Laguna, y las corruptelas de personajes de Vicente Fox y su cuadrilla. Sus méritos lo llevaron a trabajar estrechamente con Rafael Rodríguez Castañeda cuando fue asignado director y con Salvador Corro.

La salud del periodista se había tambaleado desde finales de los 90, donde incluso en alguna ocasión le aplicaron los santos oleos, su persistencia le otorgó vivir unos años más hasta la afección hepática que le aquejó y lo condujo a la muerte.

Tuve la oportunidad de conocer a Antonio Jáquez en la Ciudad de México más por una petición personal y un deseo ansioso por saber quien había escrito semejantes historias periodísticas.

En mi caso, por motivos profesionales y personales decidí emigrar al Distrito Federal, una ciudad temible, azarosa y fantástica, para buscarme la vida en pos de mejores oportunidades laborales. LIamé a todos mis contactos y amigos como Antonio Helguera, caricaturista de La Jornada Proceso, a quien había conocido un mes antes en Guadalajara, para pedirles apoyo. Le solicité que me llevara a la revista y me presentara con algunos de sus colaboradores, en especial a Jáquez y a Rodrigo Vera, cuyos reportajes habían fungido como referencia para otros elaborados por mí en la Revista de Coahuila, en la que colaboré por casi tres años.

El sexto día de mi estancia, un viernes por la tarde, Helguera pasó a mi nueva casa de la capital para llevarme a la calle Fresas en la Colonia del Valle. Las instalaciones de la revista que nunca visité en mi etapa de estudiante en esos viajes escolares (que suelen organizar los institutos para que los jóvenes «se codeen con el medio»), resultaron ser más austeras de lo que imaginaba: su mobiliario no mostraba el menor sentido de opulencia, contaba con un limitado equipo de computo exprofeso para un exclusivo grupo de reporteros y sus ventanales eran lo suficientemente amplios para que irradiara abiertamente la luz del sol. Eso sí, había mucha limpieza y pulcritud.

Ahí estaba Rodrigo Vera quien me observó con aire serio, platicamos un poco acerca de Peñoles y Alberto Bailleres tras haber publicado un reportaje alusivo en la Revista de Coahuila de la cual le obsequié un ejemplar. Para mi sorpresa encontré ni más ni menos que al mismísimo Julio Scherer, muy entrado en años, avejentado pero cordial, vestido con prendas oscuras. Tantos años de investigación y trabajo lo habían dejado en la ruina física. Me tendió la mano para saludarme, la que sujeté con gesto diplomático. «¿Cómo está don Julio?», le saludamos Helguera y yo.

El monero me condujo hacia unas escaleras alfombradas, a medida que avanzábamos la luz se volvía más exigua, pero una oficina bien iluminada del segundo piso rompía con esa incipiente oscuridad… y ahí se encontraba su homólogo Jáquez con una sonrisa que nunca olvidaré.

Su gesto era amable y extrovertido. Le dije mi nombre, donde trabajaba y de donde provenía, sintió gusto al escuchar la palabra «Torreón». «Ah, ahí me inicié yo»-me dijo. Tuvimos una amena charla  donde nunca perdió su amabilidad para conmigo; hablamos de periodismo, de nuestros respectivos trabajos y de La Laguna, evidentemente. Helguera tuvo que irse, razones ajenas a su voluntad le impidieron quedarse con nosotros, preferí permanecer en esa oficina y regresar por mi propio pie a casa aunque desconociera a fondo el camino de regreso.

Al término de la conversación me despedí de Jáquez y bajé de nuevo las escaleras para conocer al último personaje de la tarde: Jenaro Villamil, quien al igual que Jáquez mostró una sonrisa afable. De  igual modo le hablé brevemente de mis orígenes y para mi sorpresa me hizo un comentario inesperado: «Ah, he leído tu nombre en alguna parte».

 Nunca volví a ver a Jáquez, pero conservé siempre el buen recuerdo de ese encuentro. Descanse en paz.

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May 4, 2018

Iglesia denunció e investiga presunto abuso sexual de sacerdote

TIJUANA (MEXICO)
El Imparcial [Hermosillo, Sonora, Mexico]

May 4, 2018

By Nicolle De León

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La misma Iglesia Católica de Mexicali interpuso una denuncia contra el padre que señalan como presunto agresor sexual del joven Osvaldo, según autoridades eclesiásticas, negando así que haya un encubrimiento. 

Arnoldo Rascón Pérez, vicario general de la Diócesis de Mexicali, relató que la queja de la familia que se dice vulnerada fue atendida desde un inicio, sin embargo no hubo seguimiento por parte de la misma familia. 

Así lo informó luego de que Agúndiz reveló haber sufrido un presunto abuso sexual por parte del sacerdote Jesús, a la edad de 14 años. Cuando la Diócesis tiene la noticia de que se cometió un presunto delito por parte de un sacerdote, en cualquier ámbito, dijo el vicario que escuchan a la persona afectada para brindarle un apoyo y credibilidad. 

En este caso cuando se enteraron de la denuncia el mismo Rascón, habló con la familia del joven, a quienes les pidió un escrito donde detallaran cómo sucedieron los hechos y firmado, con el fin de darle formalidad y un cause justo. 

Rascón señaló que en el primer acercamiento con la mamá del joven afectado, le pidió el escrito para emprender una investigación. En cualquier delito que se comete, en este caso de presunto abuso sexual, se debe tener una noticia verosímil, es decir, que verdaderamente existan las pruebas para iniciar un proceso, comentó. 

Se tuvo ese primer momento y la familia quedó de regresar con el documento firmado, se enteraron que habían hablado con otros sacerdotes a nivel de confesión, por lo que ellos no podían compartir con el tribunal eclesiástico la información, según la versión de la iglesia. 

Siendo ella una persona que colabora en una parroquia tiene contacto con el obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, fue hasta el mes de noviembre del 2016 que los recibieron y hasta ese momento firmaron el documento para iniciar un proceso de investigación, detalló. 

El Obispo siguiendo las normas establecidas por el “Santo Padre”, toma la iniciativa de presentar el caso en el Ministerio Público (MP), a nivel civil, porque se prevé el delito del abuso a un menor, y a nivel canónico. Los dos procesos caminaron a la par, en el Civil hubo dos audiencias, la última fue en mes de febrero, donde el juez pidió al MP que buscara más pruebas para emitir una sentencia. 

“Se dieron las pruebas de ambas partes, en el primer juicio no se llegó a una sentencia porque el MP comentó que no había delito que perseguir, se le hicieron tres evaluaciones psicológicas al joven, lo que no dio elementos, por eso se pidieron más pruebas”, informó. 

A nivel canónico se mandó toda la información a Roma en la instancia correspondiente, quienes indican que activen un proceso administrativo el cual comprende recabar pruebas para enviarlas a las autoridades eclesiásticas y así determinarán qué harán con el sacerdote Canseco. 

“En ningún momento hemos ocultado pruebas o al sacerdote, él no tiene una orden de aprehensión, él se encuentra libre, sin embargo desde la denuncia civil, lo alejaron de toda actividad pastoral”, mencionó. 

Al padre lo enviaron a vivir a una casa sacerdotal donde albergan a padres mayores jubilados o enfermos, reveló. La dificultad la tuvo en la parroquia del Niño Divino, dijo que periódicamente cambian a los padres, él ya tenía tiempo determinado y se le cambió al ejido Reacomodo, a los pocos meses saben de esta situación y se le suspende. 

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May 2, 2018

Diócesis de Mexicali protege a sacerdote pederasta denunciado desde 2013

TIJUANA (MEXICO)
Los Ángeles Press [Ciudad de México, Mexico]

May 2, 2018

By Guadalupe Lizárraga

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Autoridades de la Diócesis de Mexicali encubren a sacerdote pederasta Jesús Antonio Canseco cambiándolo de una parroquia a otra, uso de tráfico de influencias, y amenazas a la víctima desde 2013 

MEXICALI, México.- Osvaldo Agundiz Quevedo tenía 14 años de edad cuando fue víctima de abuso sexual por el sacerdote diocesano Jesús Antonio Canseco, de la parroquia Divino Niño en la colonia Villas del Rey, en Mexicali, Baja California. Hoy, Osvaldo tiene 21 años, y lleva siete años, junto a sus padres, pidiendo justicia, mientras las autoridades de la Diócesis de Mexicali protegen al sacerdote acusado de pederastia desde 2013, cambiándolo de una parroquia a otra dentro de la zona conurbada en la misma ciudad, retardando la justicia penal y evitando que trascienda la información sobre el caso.

Estudiante de quinto semestre de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California y empleado del Ayuntamiento de Mexicali, Osvaldo Agundiz, pese a amenazas y acoso cibernético, ha emprendido esta lucha contra la pederastia de los sacerdotes católicos en Mexicali, porque asegura que no ha sido la única víctima de este tipo de abuso en manos de Canseco y de otros sacerdotes de la ciudad. “He sabido y conocido a otros jóvenes, pero no se animan a hablarlo”, dijo a Los Ángeles Press en entrevista a la salida de la segunda audiencia ante el Poder Judicial del Estado, donde se le imputó al sacerdote acusado de pederastia el cargo de abuso sexual y corrupción de menores de acuerdo con la abogada de oficio que lleva el caso bajo el número 0202-2016-49200. 

En la primera resolución judicial, con fecha del 30 de diciembre de 2016, la agente del Ministerio Público de la Coordinación de Delitos contra la Libertad sexual y la familia, Hermelinda Sánchez Pacheco, resolvió el “no ejercicio de la acción penal a favor del imputado Jesús Antonio Canseco por la comisión del delito de abuso sexual”, por considerar “en exceso el plazo que prevé la prescripción punitiva”. En una segunda resolución, con fecha del 22 de noviembre de 2017, la titular de la misma institución resolvió también el “no ejercicio de la acción penal” bajo el mismo argumento de la prescripción punitiva. Adicionalmente, en ambos documentos se hizo alusión a que el imputado “nunca ejerció violencia física sobre la víctima, no lo amagó, nunca lo golpeó, amenazó, ni utilizó sustancia alguna para obtener su consentimiento”, pese a que la víctima declaró “que se sentía sin fuerza para moverse, por la fuerza que el imputado ejercía al tocarlo”, y más aún como si el abuso sexual y psicológico no fueran violencia.

En conversación telefónica con el vicario general de la Diócesis de Mexicali, Arnoldo Rascón Pérez, Los Ángeles Press preguntó su opinión sobre este caso de pederastia. La respuesta inmediata del vicario fue de decir que no tenía ninguna referencia. A insistencia de la periodista sobre los tres años que había tardado en hacer una cita a la familia con el obispo para dar seguimiento a la denuncia, el vicario en un tono cortante dijo que si quería hablar con él fuera al obispado y cortó la llamada. No obstante, en una carta firmada por el obispo de Chihuahua, Jesús José Herrera, y dirigida al obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, con fecha del 21 de octubre de 2016, se hizo referencia que desde 2013, las autoridades de la Diócesis de Mexicali, incluyendo al vicario y seis sacerdotes más, sabían ya del caso de abuso.

En otro documento dirigido al juez del Tribunal eclesiástico, Marco Antonio Encinas, en noviembre de 2016, el decano Marcos Zavala Nava dio su testimonio sobre los hechos en relación con el abuso sexual perpetrado por el sacerdote Jesús Antonio Canseco y de cómo este sacerdote abusaba de la confianza de la familia por ser padrino de confirmación de la víctima. En ese mismo documento, Zavala Nava declaró haberle hecho una cita a la familia con el vicario general de la Diócesis, Arnoldo Rascón Pérez, y de que éste le había llamado por teléfono para informarle que ya había atendido a la familia. Concluyó el documento con una nota después de su firma: “Anexo la carta que dirigimos al obispo el día 2 de octubre de 2013”.

Antecedentes

En 2013, la primera autoridad eclesiástica con la que habló Osvaldo sobre el abuso fue con el decano de la Diócesis de Mexicali, Marco Zavala Nava, para denunciar al sacerdote Jesús Antonio Canseco por abuso sexual. El decano les dijo a él y a sus padres que los iba ayudar con la denuncia ante las autoridades de la iglesia y así lo hizo. Sin embargo, pasaron ocho meses y no hubo ningún indicio de justicia sobre el caso. Después de varias entrevistas con seis sacerdotes, la familia fue dirigida al vicario general de la Diócesis de Mexicali, Arnoldo Rascón Pérez, por medio de Zavala Nava. El vicario también prometió ayudarlos y, de la misma manera, dejó pasar el tiempo, en esta ocasión fueron hasta tres años, mientras trataba de disuadir a la familia para que no pusiera la denuncia penal porque, según sus palabras, la persona más perjudicada sería la víctima.

La madre de Osvaldo, Diana Quevedo, pese a ser una colaboradora voluntaria de la Iglesia Católica, aseguró al vicario que no iba a dejar de exigir justicia para su hijo y que denunciaría ante el Ministerio Público al abusador. El vicario alertó al obispo José Isidro Guerrero Macías de las intenciones de la madre y fue éste quien se adelantó a poner la denuncia ante el Ministerio Público contra el sacerdote Jesús Antonio Canseco por abuso sexual. Antes, ya el mismo obispo había intentado también de persuadir a la familia a que renunciara a poner la denuncia contra el depredador, y enfatizaba cuestionamientos sobre los altos costos de abogados y los daños colaterales por exhibir la situación de la víctima.

La Procuraduría de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación contra Jesús Antonio Canseco en 2016, pero el Ministerio Público dio largas al asunto y nunca llegó a investigar cabalmente los hechos. Cuando la familia llegaba a preguntar por el caso, los agentes les decían “que estaban armando la carpeta”. Y al tiempo, les dijeron que el caso se había cerrado: “no había delito que perseguir porque el tiempo había expirado para la denuncia”, como lo evidencian las resoluciones judiciales de diciembre de 2016 y noviembre de 2017. 

Las represalias

De acuerdo con la denuncia de Osvaldo Agundiz Quevedo, él y su familia han sido amenazados vía telefónica y hostigados por las redes sociales a partir de que hicieron pública la denuncia contra Jesús Antonio Canseco por pederastia. Incluso en su perfil de Facebook, le dejan comentarios soeces para intimidarlo. Sin embargo, no solamente la familia ha sido acosada, señaló Agundiz, también el sacerdote Álvaro Salvador Gutiérrez Félix, el padre Álvaro, porque los ha acompañado al juzgado y ha estado con la familia para darles fuerza moral. 

“Antes de ver al obispo, fuimos a pedir ayuda con muchos padres, y no nos quisieron ayudar. Todos decían que, si sabíamos lo que nos iba a costar hacer la denuncia, y que la gente se iba a burlar de mí, y muchas cosas más. El que nos ayudó y nos ha acompañado es el padre Álvaro”, afirmó Agundiz.

Como represalia al padre Álvaro, el obispo José Isidro Guerrero llamó al seminario para que lo retiraran de la docencia. También le pidió al sacerdote de la pastoral social que lo retirara de cualquier actividad de causa social, ya que el padre Álvaro trabajaba ayudando a migrantes que llegaban a la frontera. Incluso, pidió que lo quitara de su comunidad y lo enviaran a una comunidad apartada como Puerto Peñasco, el lugar más lejano de la Diócesis de Mexicali para ejercer el ministerio.

Hacer viva la palabra del Papa Francisco

Diana Quevedo, en entrevista con el periodista argentino Gustavo Daniel Pescetta, de SOS Señal de Radio, con sede en Buenos Aires, pidió al Papa Francisco “que hiciera viva su palabra de no más tolerancia a estas situaciones”. Como madre de la víctima, denunció a la radio argentina no sólo el dolor que están viviendo como familia después de haber servido a la Iglesia, sino “que es muy triste ver a la Iglesia que en vez de ayudar a las personas actúen como una mafia porque se están encubriendo entre ellos”, sostuvo.

El periodista Daniel Pescetta hizo alusión a la visita del Papa Francisco a su tierra natal y a Chile a principios de enero de 2018, donde pidió perdón a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes pederastas. «No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia», sostuvo Francisco por las investigaciones de la fiscalía chilena contra religiosos maristas.  

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April 30, 2018

Sin credibilidad y dividida, la Iglesia que deja Chávez Botello

OAXACA (MEXICO)
Real Politik [Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Mexico]

April 30, 2018

By David Méndez

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Protagonista de uno de los pasajes más oscuros del catolicismo oaxaqueño, José Luis Chávez Botello dejó definitivamente, el pasado 25 de abril, la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, a la que llegó hace 14 años y medio, el ocho de noviembre de 2003. Chávez se fue, al parecer, sin ninguna indagatoria judicial en su contra, a pesar de las múltiples acusaciones por brindar protección a curas pederastas y de orquestar campañas de represión en contra de quienes osaron revelar la verdad que impera detrás de la Iglesia oaxaqueña

Texto: David MÉNDEZ

Fotos: Esteban CHINCOYA

Entre polémica, acusado no sólo de ocultar casos de pederastia cometidos por sacerdotes sino de haber brindado protección a al menos dos de los  imputados –uno sentenciado y otro prófugo de la justicia–, lo que sumió a la Iglesia Católica de la entidad en una crisis de credibilidad y división, José Luis Chávez Botello dejó oficialmente la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca el pasado 25 de abril, luego de 14 años y cinco meses al frente de ella.

Chávez Botello se desempeñó como Arzobispo hasta el 10 de febrero de 2018, día en que El Vaticano aceptó su renuncia al cargo, presentada en 2016; luego, a la espera del nombramiento del nuevo titular, fungió como administrador apostólico.

Intolerante a los cuestionamientos, tal y como fue durante sus últimos años al frente del gobierno de la Provincia Eclesiástica de Antequera, Chávez se fue impidiendo que el nuncio Apostólico –representante del Papa en México–, Franco Coppola, hablara a detalle sobre la crisis de violencia que sacude actualmente al país y que entre sus antecedentes recientes resalta el asesinato de tres estudiantes de Jalisco y la disolución de sus cuerpos en ácido para borrar cualquier rastro de ellos, así como la desaparición de cinco jóvenes más oriundos de Tlaxcala, cuyos vehículos fueron localizados incinerados sobre la carretera Temascal-La Granja, en los límites de Oaxaca y Veracruz.

Cuando Coppola, italiano radicado en México desde hace casi dos años, respondía a Real Politik en torno a los planteamientos sobre la amnistía a criminales hechos por el candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, Chávez Botello hizo un gesto de desaprobación y soltó un “ya, ya”, que propició que los tres guaruras que custodiaban a ambos personajes se abalanzaran en contra del reportero para detenerlo, mientras las autoridades católicas subían presurosas al vehículo que las alejaría del auditorio Guelaguetza, donde se había realizado una “celebración eucarística”.

Aquel festejo religioso, al que asistieron alrededor de 9 mil personas, fue organizado, justamente, al mediodía del miércoles 25 de abril para darle la bienvenida como nuevo Arzobispo a Pedro Vázquez Villalobos, quien a partir de ese día y durante los próximos ocho años –cuando cumpla 75 años y deba retirarse, como lo hizo su antecesor–, se desempeñará como jerarca de la Arquidiócesis de Antequera, a la que pertenecen las diócesis de Puerto Escondido, Tuxtepec, Tehuantepec y las prelaturas de Huautla de Jiménez y de Mixes (con sede en San Pedro y San Pablo Ayutla), que abarcan las parroquias erigidas en siete de las ocho regiones de la entidad (Huajuapan de León pertenece a la Arquidiócesis de Puebla).

En su primer discurso enviado a los fieles, el ex obispo de Puerto Escondido admitió que la Iglesia oaxaqueña ha fallado, que se encuentra “desfigurada”, pero, al mismo tiempo,  “blindó” el actuar de Chávez Botello, al que calificó como “siervo bueno y fiel”, al que le pidió recibir el “cariño” y “gratitud” de todos los católicos.

 La Iglesia exonera a Chávez

Horas antes, en las instalaciones de la Catedral de Oaxaca, sede de la Arquidiócesis, Vásquez, en una conferencia de prensa realizada tras haber asumido de manera oficial el cargo, había sido más claro: “No creo que (Chávez Botello) haya encubierto los casos de pederastia; creo que los trató como debía de tratar todos esos casos”.

Y luego intentó desmarcarse de su antecesor: “(Habrá) cero tolerancia (a la pederastia durante mi gestión), y yo le pido a Dios que ninguno de nosotros ministros, que ninguno de los fieles, cometamos estos delitos”.

No se pronunció, sin embargo, sobre si apoyaría alguna indagatoria judicial en contra del anterior Arzobispo.

Lo que sí hizo el nuevo líder católico, de 67 años y también nacido en Jalisco, fue matizar las denuncias que existen en contra de los integrantes de la Iglesia: “Porque se señala a los sacerdotes como si fueran los únicos, pero, a veces, en nuestra familia están los más grandes pederastas: el padre de familia, el hermano”.

Durante el encuentro oficial con los medios de comunicación no hizo más pronunciamientos al respecto, y, horas después, al término del festejo realizado en el auditorio Guelaguetza, se negó a hablar con Real Politik.

“Ahora no”, soltó, luego de ser abordado y siguió su marcha a paso veloz hasta salir del inmueble y abordar un vehículo, siempre custodiado por un escolta.

Encubrimientos y represión, el legado

Chávez Botello, quien presentó su renuncia ante El Vaticano el ocho de febrero de 2016, después de cumplir la edad para su retiro, enfrentó durante los últimos dos años de su gestión diversos escándalos por casos de pederastia, recordó la revista Proceso.

Entre ellos destacan el del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, condenado a 16 años de prisión por corrupción de menores, y el del vicario Episcopal de Pastoral de la Arquidiócesis de Antequera, Carlos Franco Pérez Méndez, calificado como “mano derecha” del ex arzobispo, quien fue aprehendido por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) el 15 de julio de 2016 por el delito de abuso sexual agravado en contra del catequista Lenin Moisés López Jiménez.

Tres días después de la detención del Vicario, el Juez Cuarto de lo Penal otorgó a favor del indiciado un auto de libertad, bajo el argumento de que no existían elementos para ser sometido a juicio; sin embargo, siete meses después, en febrero de 2017, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJE) revocó la resolución y ordenó su reaprehensión, tras considerar que existían elementos para que fuera sometido a un proceso penal.

Desde entonces, el hombre, cuya influencia en la Iglesia era equiparable con la de un Obispo Diocesano, permanece prófugo.

Pasaje oscuro del catolicismo

Luego de que la acusación contra Carlos Franco Pérez se hizo pública, el coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alejandro Solalinde Guerra, se pronunció a favor de la familia del menor y acusó a Chávez Botello de proteger al inculpado.

En julio de 2016, tras la detención de Pérez, Solalinde demandó la renuncia del entonces Arzobispo por haber incurrido en el delito de encubrimiento.

“El papa Francisco ordenó a Obispos encubridores de pederastas  que renunciaran. Usted encubrió a su vicario, Carlos Franco. Renuncie! (sic)”, publicó el 15 de julio en la red social de Twitter, el también activista y defensor de migrantes.

“El Jueves Santo (de 2016) Carlos Franco, vicario de Pastoral de Oaxaca, abusó sexualmente de un hijo de dirigentes católicos. El Arzobispo, lo encubrió”, remarcó posteriormente, quien en 2017 fuera postulado al Premio Nobel de la Paz.

En su momento, José Luis Chávez dijo desconocer por qué Solalinde pedía su renuncia y argumentó que todos los integrantes de la Iglesia debían caminar “en la verdad”.

Sobre el caso que involucra al ex vicario, argumentó que podría tratarse de una “cortina de humo”, para tapar escándalos del gobierno.

Más casos

Pero Solalinde no fue el único que acusó a Chávez de dar protección a abusadores sexuales y violadores de menores, pues el sacerdote de la parroquia de San Francisco Telixtlahuaca, Miguel Ángel Morelos García, uno de los primeros en denunciar públicamente  el caso de Gerardo Silvestre Hernández, el párroco detenido en 2013 y sentenciado en enero de 2017 a 16 años de prisión al comprobarse su participación en el delito doloso de corrupción de menores en su modalidad de inducción a actos sexuales y exposición de filmes pornográficos, denunció en reiteradas ocasiones que la Arquidiócesis intentó separarlo de su cargo como represalia por sus acciones en contra de los ultrajes clericales.

Incluso, la población de Telixtlahuaca tuvo que salir en diversas ocasiones en defensa de Morelos, cuando las autoridades católicas intentaron desalojarlo de la parroquia. Finalmente, el sacerdote murió el 27 de diciembre de 2017, sin ser removido.

Los que no pudieron contrarrestar  el embate del entonces Arzobispo fueron los párrocos de las iglesias de Cristo Rey, Apolonio Merino Hernández, y de Santiago Camotlán, Ángel Noguera Nieto, quienes fueron separados del sacerdocio en 2015 –de acuerdo con sus denuncias—también por haber ventilado públicamente los abusos sexuales que cometía Silvestre Hernández.

Al igual que Miguel Ángel Morelos, Apolonio Merino y Ángel Noguera exigieron castigo en contra de los responsables de violaciones clericales y el fincamiento de responsabilidades contra su ex jerarca por encubrir esos hechos.

Las movilizaciones llegaron a tal grado que sacerdotes, víctimas y familiares de éstas demandaron que José Luis Chávez Botello ofreciera una disculpa pública a nombre de la Iglesia por los agravios cometidos en contra de la sociedad. Ésta, sin embargo, nunca llegó.

Olvidan pederastia, recriminan

pobreza y evaden inseguridad

Tras sortear el tema de la pederastia ante los medios de comunicación, el nuevo arzobispo, Pedro Vásquez, respaldado por el nuncio, Franco Coppola, recriminaron la miseria y pobreza que predominan en la entidad, así como la inestabilidad social, que han “herido” tanto a Oaxaca como a la Virgen de la Soledad, su patrona.

Ante los fieles, que esperaban impacientes en el auditorio Guelaguetza el primer mensaje del representante del catolicismo, Vásquez lanzó una crítica en contra de las autoridades, a las que cuestionó si habían decidido seguir al “mal”.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; su esposa, Ivette Moran, y el titular del Poder Judicial, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, acudieron al acto y escucharon el sermón.

“Nuestras autoridades, sean federales, estatales o municipales, deben actuar con misericordia. Nuestro pueblo sufre la pobreza viviendo en una tierra rica ¿Qué ha pasado?, ¿qué está pasando? ¿Por qué muchos de nuestros hermanos viven en la pobreza y muchos más en la miseria?”, dijo ante los asistentes.

“Al pensar en nuestros pueblos, se piensa también en las autoridades: ¿Qué hacen? ¿Cómo ejercen su autoridad?… Al mirar el sufrimiento, la pobreza y el desencanto de nuestro pueblo, quiero hacer una pregunta a quiénes son autoridades: ¿Cómo han vivido? ¿Han hecho a un lado la bondad que Dios ha puesto en sus corazones y ha entrado a vivir en ustedes la maldad?…”, reprochó.

Después de ello, pidió a los funcionarios ser “buenos administradores” porque la distribución equitativa de los bienes cambiará el “rostro triste” de quienes sufren pobreza y miseria.

***

Según información de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, durante los últimos 14 años, el gasto ejercido directamente por los últimos tres gobernadores, sin la intermediación del gobierno federal, asciende a por lo menos 641 mil 916 millones de pesos, lo que equivale a casi la totalidad de los ingresos petroleros obtenidos por México entre 2016 y 2017.

Sin embargo, a pesar de los multimillonarios presupuestos con que han contado las autoridades de Oaxaca, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que el número de pobres en el estado aumentó de 2 millones 310 mil personas, en 2008, a 2 millones 847 mil en, 2016; es decir, 537 mil ciudadanos más en esa condición.

Los Indicadores de Bienestar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaron que la informalidad laboral –personas que trabajan sin prestaciones de ley o que no son reconocidas como empleados– pasó de 79.39 por ciento, en 2007, a 82.02, en 2016, mientras que la tasa de condiciones críticas de ocupación –personas que necesitan trabajar más tiempo debido a que sus ingresos no les son suficientes para subsistir—subió de 17.1 a 21 por ciento, en el mismo periodo.

Por inercia, la desigualdad también aumentó: el coeficiente de Gini pasó de .509, en 2010, a 0.513, en 2016. Los componentes anteriores derivaron en que esta entidad, en 2016, haya reportado el peor índice de satisfacción con la vida del país, con 75 por ciento.

“…La iglesia debe tener esta voz, acercarse a los muchos que están dolidos, heridos”, dijo, en su intervención, el Nuncio Apostólico.

“Don Pedro Vásquez, el Papa sueña con una Iglesia que sea familia y le confía esta iglesia de Antequera-Oaxaca, una iglesia tan herida, tan dolida, que sufre tanto… La Virgen de Guadalupe, como la Virgen de la Soledad, está dolida y necesita compañía; cercanía…”, continuó.

México, sumido en 

crisis de inseguridad

En la Catedral Metropolitana, Franco Coppola había calificado como “insoportable” e “inaceptable” la violencia que se suscita actualmente tanto en Oaxaca como en todo el país.

Consultado por la prensa sobre los casos de los estudiantes jaliscienses Javier Salomón Aceves Gastélum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ávalos, desparecidos el pasado 19 de marzo y que fueron asesinados y disueltos en ácido en una finca por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, escisión del Cartel  Milenio, comentó: “Mi opinión yo la dije desde mi llegada hace un año y medio, en septiembre, la violencia que se vive es insoportable e inaceptable por el pueblo mexicano, tan cristiano, tan católico.

“Es un desafío para las autoridades no llegar a matarse y es algo que concede la educación”.

“(Más que) condenar, tenemos que interrogarnos y hacer mucho más en la formación. Todos, a todos los niveles, el Estado, la Iglesia, la sociedad civil, en formación de respeto de uno a otro”.

Hora más tardes, a su salida del auditorio Guelaguetza, este medio lo abordó:

–El nuevo Arzobispo y usted coincidieron que Oaxaca está herida

–Claro, es evidente; me parece.

–¿Hay una crisis de seguridad en el país?

–Es evidente, pero tampoco son cosas fáciles de resolver.

–Hay quienes dicen que una amnistía sería benéfica, ¿qué opina?

–No, no es papel de la Iglesia, eso.

–¿Lo vería bien?

Cuando se disponía a responder, los guardias de seguridad se abalanzaron contra el reportero, por lo que el embajador de El Vaticano optó por enmudecer y subir al vehículo que lo esperaba tanto a él, como a José Luis Chávez Botello, quien solo miró.

Minutos después, también el arzobispo Pedro Vázquez Villalobos evitó responder.

–Mencionaba que Oaxaca está dañada.

–Ahorita no puedo.

–¿Cómo se puede restablecer la paz?, soltó el reportero mientras caminaba detrás de él

–Trabajaremos, trabajaremos.

Su semblante fue distinto al que minutos antes había mantenido frente a los feligreses, ante los que reconoció que la Iglesia ha fallado.

“Dice el apóstol Pedro: ‘El enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Cuando se piensa en el caminar de la Iglesia, se piensa en los obispos y sacerdotes. Nuestro pueblo se fija cómo vivimos, qué hacemos, cuál es nuestro testimonio… así se califica a la iglesia.

“Bien o mal, con dolor reconocemos que hemos fallado y el rostro de la Iglesia de Cristo se ha desfigurado”.

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April 19, 2018

‘¡Fuiste el que abusó de ella!’

TLALNEPANTLA DE BAZ (MEXICO)
Reforma [Ciudad de México, Mexico]

April 19, 2018

By Gerardo Olvera y Antonio Nieto

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[Via vLex] 

Rubén, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la Colonia Cumbria, en Cuautitlán Izcalli, fue asesinado a puñaladas por un hombre que le reclamó el supuesto abuso de una menor.

La muerte del sacerdote ocurrió antes de la misa de las 19:00 horas de ayer, y frente a feligreses.

Según reportes de autoridades municipales, el cura, de unos 50 años, discutió e intercambio gritos con un hombre.

Luego de la pelea, el agresor le gritó al párroco: “Tú fuiste el que abusó de ella”, después sacó un cuchillo y lo hirió unas dos veces en la espalda, señalaron testigos.

“Te dije que esto no se iba a quedar así”, fue lo que le advirtió.

El responsable salió corriendo por el pasillo principal y abandonó la iglesia, que se ubica sobre la calle Mira Luna, esquina con Mira Mar.

En la oficina parroquial se escucharon los gritos y la discusión, por lo que al salir los empleados hallaron el cuerpo del sacerdote boca abajo.

De inmediato algunos feligreses dieron aviso a elementos de Seguridad Pública municipal. Paramédicos que arribaron al lugar sólo confirmaron la muerte del cura.

El agresor fue descrito como un hombre alto, robusto, de pelo cano y con un suéter color café.

El sitio fue acordonado y cerrado al público, previo al arribo de personal de la Fiscalía de Homicidios.

Debajo del cuerpo estaba un tubo metálico, el cual se indaga si fue usado para agredir al cura o si éste lo portaba para defenderse.

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April 18, 2018

Una red de pederastas o una persecución a clérigos ejemplares: el enredado caso de los curas de Coahuila

MONTERREY (MEXICO)
Infobae [Buenos Aires, Argentina]

April 18, 2018

By Elia Baltazar

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La fiscalía de ese estado asegura que hay al menos 11 sacerdotes involucrados. Un activista dice que son 18 y la diócesis de Saltillo asegura que hay detrás una “cacería de brujas” en contra de los prelados que enarbolan la búsqueda de desaparecidos

En Coahuila, estado del noreste del país, hay un asunto enredado. Se trata de los casos de pederastia presuntamente cometidos por sacerdotes de las diócesis de los municipios de Piedras Negras, Saltillo y Torreón.

La Fiscalía General del Estado informó en marzo pasado que habría 11 sacerdotes involucrados en casos pederastia, a partir de la denuncia de cuatro víctimas. Roberto Ontiveros, fiscal ministerial, incluso afirmó que habían entregado a la Nunciatura Apostólica –la representación del Vaticano en México– un expediente con toda la información de las investigaciones.

A la fecha sólo un sacerdote está en prisión. Se trata de Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el padre “Meño”, quien fue rector del Seminario Menor Diocesano de Piedras Negras y hoy está bajo proceso, acusado de violación con agravante de abuso de autoridad cometido en 2015 contra un menor de 16 años.

Del resto de los casos nada se sabe. La Fiscalía afirmó que “sí hay indicios que comprueban los delitos porque las víctimas han sido muy concretas en señalar quiénes fueron sus agresores” y los lugares donde presuntamente ocurrieron los hechos.

También aseguró que varios de los sacerdotes ya fueron llamados a declarar y que al menos 20 personas han rendido testimonio. Sin embargo, por tratarse de una investigación en curso, la autoridad se ha negado a proporcionar más información.

El problema es que este caso ya tomó una dimensión política. La diócesis de Saltillo que encabeza el obispo Raúl Vera, reconocido defensor de los derechos humanos, ha puesto en duda la investigación de las autoridades de Coahuila, al menos en lo que involucra a esa diócesis.

El mismo obispo Vera aseguró que los abogados de la diócesis se acercaron a la fiscalía para solicitar los expedientes que involucrarían a sus párrocos y estos no existen. “Nosotros mandamos un grupo de abogados (a la fiscalía del estado) para ver qué cosa hay, y no encontramos nada”, dijo a la prensa en Semana Santa, luego de la homilía del Domingo de Ramos.

El obispo Vera no quiere hablar más del tema en entrevistas. Pero lo ha abordado en misas y foros.

En su lugar, representantes de la diócesis de Saltillo advirtieron que las autoridades del estado han aprovechado los casos de pederastia para emprender “una cacería de brujas” contra sacerdotes involucrados en la lucha de familiares de desaparecidos en el estado. Sobre todo, a partir de que el obispo Vera acompañó la denuncia que familias y organizaciones interpusieron el año pasado ante la Corte Penal Internacional por esos casos.

“A partir de ahí comenzó una campaña que hoy es una cacería de brujas”, aseguró Jackie Campbell, coordinadora de comunicación social de la diócesis de Saltillo.

Los obispos de Torreón y Saltillo ya le han pedido a la fiscalía que les acerque los expedientes (de pederastia) y no existen, y si no hay expedientes abiertos no hay delitos”, dijo en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Santuario de Guadalupe el pasado 12 de abril.

La denuncia que destapó el escándalo

Esta entreverada historia comenzó en marzo de 2017, a partir de la denuncia que presentó el seminarista Javier Calzada Tamez, en contra del padre “Mencho” por violación.

Ocurrió en 2015 en el seminario de la diócesis de Piedras Negras, a donde ingresó Javier en 2013, cuando apenas era un adolescente.

Como rector del seminario, el padre “Meño” propició acercamientos con Javier que derivaron en distintos episodios de abuso sexual y violación. “Esto queda entre tú y yo”, le dijo el sacerdote luego de violarlo en su habitación. Javier guardó silencio.

En 2016, al ser trasladado al seminario de Monterrey como parte de su formación seminarista, le contó todo a sus directores espirituales, quienes lo animaron a revelar su caso.

El seminarista entonces le escribió una carta al obispo de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, quien le prometió denunciar al sacerdote y suspenderlo de sus funciones. Pero no lo hizo.

El obispo sólo trasladó de lugar al padre “Meño”: de la diócesis de Piedras Negras lo mandó al Santuario de Guadalupe y lo convirtió en vicario y director de las casas del migrante, aseguró Javier.

A Javier el obispo le pidió guardar silencio y hasta quiso que firmara una carta exculpándolo de cualquier responsabilidad en el caso. El seminarista no aceptó y, por el contrario, no sólo denunció ante el Ministerio Público al padre “Meño”. También procedió por encubrimiento contra el obispo Garza Treviño.

Luego de su denuncia, el padre “Meño” huyó y en agosto se entregó a las autoridades, que lo encarcelaron y abrieron un proceso en su contra por el delito de violación con agravante de abuso de autoridad.

El proceso todavía no concluye, por lo que está pendiente su sentencia. En las audiencias intermedias, que preceden el juicio oral previsto para junio, la Fiscalía de Coahuila ya solicitó al menos 23 años de cárcel para el sacerdote y la reparación del daño para la víctima.

Joaquín Aguilar, quien preside en México la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes, aseguró que se trata de uno de los casos más sólidos que se han presentado contra un sacerdote en México y contra un obispo (Garza Treviño) por encubrimiento de pederastia.

Hasta aquí la historia comprobada.

El obispo Vera, en medio del caso

El caso de Javier Calzada Tamez no fue el único que salió a la luz en 2017. Ese año apareció en la escena Ignacio Martínez Pacheco, un ex seminarista de la diócesis de Piedras Negras, quien aseguró que también había sido víctima del padre “Meño” en 2002.

Aunque Martínez Pacheco hizo pública su denuncia en medios, no hay carpeta de investigación de su caso en el Ministerio Público. Sin embargo, tomó por cuenta propia la causa en contra de los padres pederastas y en repetidas ocasiones ha asegurado que tiene testimonios y pruebas que involucrarían al menos a otros 18 sacerdotes de Coahuila en casos de pederastia.

Incluso dijo que presentó esa lista a la Nunciatura Apostólica y reveló sólo dos nombres con la promesa de dar a conocer el resto en una conferencia de prensa. Nunca lo hizo por consejo de sus abogados, afirmó.

“Mi equipo de abogados me señaló que dicha información debe permanecer aún en sigilo, debido a que está integrada en procesos legales tanto en lo penal como en lo canónico. Informo que por el momento acataré el consejo de mis abogados a la espera del momento oportuno para hacer pública la delicada información que poseo”, informó a la prensa de Coahuila.

Sobre la mesa quedaron expuestos los nombres de los sacerdotes Adolfo Villanueva y Jorge Alonso Campos Rodríguez, los dos pertenecientes a la diócesis de Saltillo, del obispo Vera.

También apareció relacionado el nombre del sacerdote César Isidro Córdova Castillo, párroco del templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ubicado en el municipio de Frontera, quien en una conferencia de prensa se deslindó de las acusaciones en su contra, luego de que incluso se le acusó de haber huido cuando en realidad estaba de vacaciones.

Sobre estos tres sacerdotes, todos bajo la autoridad del obispo Vera, la fiscalía no ha dicho una palabra. Tampoco Martínez Pacheco, quien en principio los involucró.

En su página de Facebook la periodista Sanjuana Martínez, quien ha seguido el caso desde 2017, acusó a Ignacio Martínez Pacheco de ser un “impostor” y de pedir dinero a distintas personas “argumentando que es víctima de abuso sexual de sacerdotes”, aun cuando las autoridades, afirma la periodista, “consideraron que no había argumentos judiciales y no tomaron en cuenta su caso”.

Sanjuana Martínez, quien entrevistó a Ignacio Martínez Pacheco en mayo de 2017, advierte que “su actuación resulta fraudulenta y afecta a las víctimas que en este momento están luchando por el acceso a la justicia y la reparación”.

Infobae buscó la entrevista con Ignacio Martínez, pero no hubo respuesta. Incluso desapareció de Facebook su perfil en el que difundía información sobre sus protestas y denuncias contra sacerdotes pederastas, y donde había anunciado la filmación de una película sobre los casos de pederastia en Coahuila.

Según la periodista, Martínez Pacheco recibió el apoyo del gobierno de Coahuila, entonces encabezado por Rubén Moreira, para “golpear al obispo Raúl Vera y enjuiciarlo por protección a curas pederastas con su testimonio”.

Había antecedentes para esta afirmación. En agosto de 2017, el entonces gobernador  Moreira, acusó a Raúl Vera de encubrir a curas pederastas de su diócesis. Después las autoridades lo citaron a declarar en torno de la investigación por pederastia de los  11 curas.

Entonces organizaciones nacionales y estatales acusaron que el gobernador únicamente reaccionaba a la denuncia que el obispo apoyó en  julio de 2017 ante la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad cometidos por policías estatales en los sexenios de Humberto y Rubén Moreira.

Javier Calzada Tamez, por su parte, se deslindó públicamente de las denuncias contra la Diócesis de Saltillo. “Me deslindo de los casos recientemente presentados en la Diócesis de Saltillo, es algo que a mí no me compete y no tengo nada que decir de eso”, anotó en un comunicado.

Aclaró además que, aparte de sus asesores legales Hugo Flores y Luis M. Espinoza, “no hay alguna otra persona que me represente”.

Por lo pronto, la diócesis de Saltillo decidió restringir la edad de acceso a su seminario menor, y a partir de ese año sólo podrán ingresar jóvenes que hayan concluido la preparatoria y no antes.

En su anuncio no atribuyó la decisión a los casos de pederastia, sino al ahorro de recursos y la falta de perseverancia de los más jóvenes en su formación seminarista.

Respecto de señalamientos en su contra y en contra de la diócesis de Saltillo, que se ha destacado además en la defensa de migrantes, el obispo Vera aseguró en un acto público: “No somos cómplices porque no tenemos de quién ser cómplices. Esto se los digo clara y limpiamente, no tenemos acusaciones”.

La Fiscalía General del Estado tiene el balón en su cancha. Las investigaciones están en curso y habrá que esperar su resolución para conocer la identidad de los 11 sacerdotes involucrados. Porque uno no basta para cerrar este largo y enredado expediente.

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El Arzobispo Francisco nombra nuevo párroco de Nuestra Señora de Loreto al Pbro. Danilo Zanini

TIJUANA (MEXICO)
Arquidiócesis de Tijuana [Tijuana, Baja California, Mexico]

April 18, 2018

By Medios

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La Santa Misa de toma de posesión de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto del Pbro. Danilo Pietro Zanini Odescalchi presidió nuestro Arzobispo, Mons. Francisco Moreno Barrón, y concelebraron varios sacerdotes.

“Querido hermanos hoy llega un nuevo párroco a esta parroquia. El Padre Danilo viene como Jesús en el Evangelio para estar en medio de su comunidad y para servir en nombre de Cristo y de la Iglesia a esta porción de bautizados que se le confía. La parroquia no es este templo y sus oficinas y la casa parroquial. La parroquia son los bautizados, las personas que viven en esta comunidad, en este territorio. Y el Padre Danilo está llamado a estar en medio de ustedes en nombre de su obispo y en nombre de Jesús el Buen Pastor”, dijo durante la homilía el Arzobispo.

Agregó: “En una actitud de servicio no viene a ser servido, sino a servir. Viene ante todo a estar en medio de ustedes para darles vida en Jesús, para engendrarlos en la fe, viene para ser un padre de la unidad y del amor, constructor de relación, para que en esta comunidad se vaya formando la familia de los hijos de Dios. Para que todos ustedes sean en verdad una familia en la fe, una familia unidad en el amor”.

También destacó Mons. Moreno Barrón que el Padre Danilo está llamado a anunciar el Evangelio, hacerlo vida en él mismo y ser una palabra viviente con su testimonio de vida. Y les muestre el camino de la salvación, de la verdadera felicidad.

“Qué hermosa es la figura, la imagen del sacerdote, que no hace otra cosa sino hablar de las cosas de Dios, que siempre tiene en su boca la palabra de Dios, que siempre está anunciando las buenas nuevas del Evangelio para abrir esperanzas en los corazones de toda la gente que le rodea. Así lo hizo Jesús y así lo hará su nuevo párroco”, mencionó el Arzobispo.

Destacó que el lugar privilegiado para el encuentro de su nuevo párroco con su nueva comunidad será la Santa Misa. Y que la Eucaristía ha de ser el centro de la comunidad parroquial.

E invita a toda la comunidad: familias, jóvenes, niños a colaborar con su nuevo párroco y a orar por él. Y al párroco a tener intimidad en la oración con el Señor y como fruto viva a fondo la Eucaristía y proclame de una manera auténtica y fiel el Evangelio para nutrir constantemente a su pueblo.

“Le pedimos a la Santísima Virgen, nuestra Señora de Loreto, nuestra santa patrona que siempre camine a su lado como parroquia, confiada a su valiosísima intercesión. Le pedimos que ella siga moldeando en el P. Danilo un corazón sacerdotal, y que ella interceda siempre ante Jesús por todas las necesidades, de todo tipo, de esta parroquia y de su nuevo párroco”, pidió Mons. Moreno Barrón.

Por su parte el anterior párroco, Pbro. Claudio Óscar Jiménez Benavides, “quiero expresar mi agradecimiento a Dios pro todos los beneficios que he encontrado en esta comunidad durante mi servicio pastoral de casi 2 años y medio”. Y le dio la bienvenida al Padre Danilo.

También el Padre Danilo dijo a su nueva comunidad parroquial: “las gracias nos las da el Señor en los sacramentos y su palabra. Nosotros somos solamente abiertos y disponibles a recibir estas gracias”.

La Eucaristía se llevó a cabo el martes 17 de abril a las 7:00 pm.

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April 12, 2018

Huye cura acusado de pederastia

MONTERREY (MEXICO)
Super Channel 12 [Piedras Negras, Coahuila, Mexico]

April 12, 2018

By SUPERCHANNEL

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Según versiones de feligreses de Cuatrociénegas, el párroco fue originalmente removido de su puesto por sostener relaciones con un menor y después fue asignado a Frontera.

Según versiones de feligreses de Cuatrociénegas, el párroco fue originalmente removido de su puesto por sostener relaciones con un menor y después fue asignado a Frontera.

Por: Jesús Castro

Saltillo, Coahuila.- Uno de los tres sacerdotes que se temí­a huirí­a de su parroquia por estar en la lista de curas acusados de pederastia, finalmente abandonó su parroquia en Frontera, Coahuila. A los feligreses de la iglesia del Sagrado Corazón de esa ciudad les dijeron que el padre César Isidro Córdova Castillo estaba de vacaciones… pero ya no regresó.

Luego de que el exseminarista Ignacio Martí­nez Pacheco entregara al enlace del Vaticano una lista conteniendo los nombres de 17 curas acusados de pederastia, fuentes al interior de la Diócesis de Saltillo advirtieron una posible desbandada, misma que posteriormente fue confirmada por la propia feligresí­a que evidenció cómo algunos sacerdotes primero eran separados de su ministerio y luego desaparecí­an.

Las fuentes aseguraron que habí­a una lista de 18 acusados de pederastia en Coahuila, entre ellos Jorge Campos, expárroco en el templo de la colonia Las Teresitas, en Saltillo.

‘Desbandada’

La desbandada ocasionada por la presentación de una lista con más de 17 sacerdotes acusados de pederastia o seí±alados por la feligresí­a por abuso sexual ante el enlace en México del Vaticano ya comenzó a notarse y el sacerdote César Isidro Córdova Castillo es uno de los ausentes en la iglesia del Sagrado Corazón en Frontera.

Miembros de la Diócesis de Saltillo advirtieron que habí­a por lo menos otros tres sacerdotes que abandonarí­an sus parroquias al concluir la Semana Santa, al enterarse de que también están en la lista entregada a la Nunciatura Apostólica y entre los denunciados ante la Fiscalí­a General del Estado (FGE).

Ayer, vecinos de la iglesia del Sagrado Corazón, en Frontera, en la que oficiaba el padre César Isidro Córdova Castillo, aseguraron que el cura ya no regresó y que aunque originalmente les dijeron que estaba de vacaciones la ausencia ya se extendió más allá del plazo esperado.

“Sabemos que ya se fue de la parroquia, pero no sabemos si va a volver, no nos dijeron nada”, contestaron ví­a telefónica al marcar a la notarí­a del mencionado templo.

Antecedente

» Según feligreses de Cuatro Ciénegas, este sacerdote primero fue removido del templo por conocerse que sostení­a relaciones sentimentales con un menor de edad, luego la Diócesis lo envió a una casa de retiro, después regresó a Saltillo, y finalmente lo hicieron párroco en Frontera.

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