UTORIDADES ECLESIÁSTICAS RECONOCEN EL AUMENTO DEL FENÓMENO DE ABUSOS SEXUALES DE SACERDOTES A MENORES DE EDAD. POR LO MENOS 426 PASTORES CATÓLICOS ESTÁN BAJO SOSPECHA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL MEXICANA DE PARTICIPAR EN CASOS DE PEDERASTIA Y DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. POCOS CASOS ANTE AUTORIDADES MINISTERIALES. EN FISCALÍAS, 156 AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE MINISTROS DE CULTO. CURAS PRÓFUGOS CUENTAN CON ORDEN DE APREHENSIÓN, OTROS ESTÁN EN PRISIÓN PREVENTIVA. DE LOS POCOS SENTENCIADOS, ENFRENTAN PENAS DESDE 16 AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN, HASTA 90 AÑOS SIETE MESES DE CÁRCEL
Eugenio, nombrado así para esta nota, tenía solo 8 años de edad cuando fue víctima de un ataque sexual. Hoy tiene 32 años y, aunque se resiste a hablar de lo que le sucedió, desea que no le ocurra a nadie más.
Fue violado por el sacerdote de su parroquia al Oriente de Guadalajara. Tres de sus amigos también fueron abusados en su integridad e intimidad.
Se trata de uno de los pocos asuntos de pederastia clerical que han encontrado castigo penal. Pero solo un castigo parcial, porque aunque el sacerdote fue condenado, al tiempo un amparo directo le facilitó la salida del penal del afamado Puente Grande. La sentencia dictada en primera instancia fue elevada en apelación, pero de nada sirvió.
La víctima recuerda cómo sus padres se mostraban contentos de que sus niños fueran a recibir las clases de piano del padre Heladio. Iniciaba el segundo semestre de 1996. Los amigos de Eugenio -Lalito, Ambrosio y Martín, de 8, 9 y 10 años, respectivamente- se acompañaban para salir de sus casas e ir al templo de la Transfiguración del Señor.
Durante la instrucción de piano, el sacerdote iba subiendo en sus piernas a los infantes, a quienes les decía cómo maniobrar el largo teclado del piano. Después de una breve sesión les compartía dulces y golosinas, al tiempo que los abrazaba y manoseaba. Un día decidió mostrarles su habitación en una casa contigua al templo. Y a partir de entonces les llevaba allí con frecuencia, a jugar con él sobre los muebles.
En una de las ocasiones, el cura pidió a los niños le esperaran en la sala mientras iba con Eugenio por los dulces. Ese día cambió no solo la vida del menor, sino la de toda su familia. El párroco lo violó. Los niños regresaron a sus casas, y el pequeño Eugenio, lloroso, fue
Reformas legales en México
Mucho se argumentó en los diversos congresos de los estados, así como en las cámaras de Diputados y de Senadores, la necesidad de incrementar penas y establecer mecanismos para prevenir y frenar los casos de pederastia no solo clerical, también por parte de ciudadanos. Entre las propuestas más aceleradas figuró en -noviembre de 2019- la del diputado local de Guerrero, Marco Cabada Arias, quien presentó una iniciativa para aplicar la castración química para abusadores sexuales.
Por su parte, en el Congreso de la Unión, en vísperas a Navidad, el diputado federal del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, urgió a aplicar la Ley sin distingos contra sacerdotes pederastas y quienes fueron sus cómplices, poniendo como ejemplo el informe en el que los Legionarios de Cristo reconocieron los abusos de 175 menores por 33 sacerdotes en 78 años.
En enero de 2020, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional en el Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció que presentaría una iniciativa para incrementar al doble las penas a sacerdotes que cometan lenocinio y corrupción contra menores. Propuso reformar el Código Penal Federal ante el incremento de impunidad por delitos sexuales perpetrados por ministros de culto.
Sin embargo, los diputados federales ya tenían su propio anteproyecto y, el 6 de febrero siguiente, el pleno de la Cámara, en el Palacio de San Lázaro, aprobó reformas para hacer imprescriptible el delito de pederastia. La pena aplicable ahora va de nueve años de cárcel la mínima, hasta los 18 años de prisión la máxima, complementada por una multa de 750 a 2 mil 250 días a los autores de ese ilícito.
De igual forma, se determinó también incorporar a la legislación penal que los pederastas sean sujetos a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera. Ahora la pelota está en el Senado para su aprobación.
interrogado por su madre, a quien le contó lo sucedido. La mujer se comunicó con las mamás de los otros niños, y a pregunta-respuesta, aceptaron que también fueron tocados por aquel hombre.
El 6 de julio fue, dice Eugenio, “no comprendía bien lo que me había pasado, cuando llegó la Policía y se llevó al padre”. Años tardó el entonces menor en darse cuenta del abuso del que fue objeto. Alarmados por la detención del sacerdote, los vecinos salieron a increpar a los denunciantes, alegando inocencia del que entonces consideraban un “pastor bueno”.
Debido a la agresividad de fieles devotos que durante días hostigaron a los ofendidos para que se retractaran, la familia de Eugenio se tuvo que mudar de casa. Nunca supo qué pasó con aquellos amigos. Sus papás cortaron cualquier nexo con el barrio. Años más tarde, la víctima investigó que al Padre Heladio le condenó el Juzgado Undécimo de lo Criminal a nueve años dos meses de prisión por los delitos de violación en su agravio, y por corrupción de menores en perjuicio de sus amiguitos.
El sacerdote no la pasó muy bien en un principio ante la amenaza de ser atacado sexualmente en el reclusorio, por lo que le tuvieron que segregar en un sitio de mínima seguridad por un tiempo, atado de pies y manos en el suelo. En segunda instancia le elevaron la pena, pero su panorama mejoró en 1999, cuando obtuvo un amparo directo que le devolvió la libertad. La Arquidiócesis de Guadalajara le acogió a su egreso, a los 68 años de edad, restableciendo su ministerio en una parroquia de Tlaquepaque. Hoy debe estar retirado, si aún vive.
LOS OTROS EUGENIOS
El fenómeno de la pederastia clerical es internacional y ocurre en diferentes religiones, como ahora se conoce de señalamientos en contra de ministros de culto de la Iglesia La Luz del Mundo. En México, sin embargo, hay muchos “Eugenios” y otros tantos “Heladios”.
En el caso de la Iglesia Católica, que con el Papa Francisco comenzó a reconocer la existencia de miles de abusos sexuales en el planeta, se ha ofrecido perdón públicamente, se establecieron algunas medidas y parece escucharse a las víctimas, pero sigue pendiente la transparencia y sobre todo las denuncias.
El asunto más emblemático a nivel mundial, que puso a México en el ojo del huracán, es el del fallecido sacerdote Marcial Maciel, fundador de la congregación católica Legionarios de Cristo. A Maciel y 33 de sus más allegados se les responsabiliza del abuso de más de 175 menores de edad en diversos colegios que tenían bajo su administración, pero tan solo a Marcel se le señala en 60 de los casos, según reconocieron los Legionarios al cumplir 78 años de existencia a finales de 2019.
Sin probar encubrimiento del Cardenal Rivera
A mediados de 2017, los ex sacerdotes José Barba y Alberto Athié denunciaron al ex Cardenal Primado de México, Norberto Rivera Carrera, de encubrir a por lo menos quince sacerdotes que supuestamente cometieron abusos sexuales en el país. El señalamiento se formuló ante la entonces Procuraduría General de la República, pues ya antes se habían presentado quejas ante autoridades eclesiásticas sin que los querellantes obtuvieran resultados.
En su denuncia los acusadores manifestaron que, en diciembre de 2016, Rivera reconoció públicamente haber enviado al Vaticano los expedientes de los quince sacerdotes que presuntamente participaron en actos de pederastia en México, pero, aunque los casos fueron procesados canónicamente, el prelado no informó de la noticia criminal ante autoridades ministeriales de este país.
Ante tal acusación, la Arquidiócesis de México notificó a reporteros el domingo 4 de junio de ese año, que el Cardenal Rivera respondería a la denuncia. Por esos días, el jerarca católico, que ya antes había sido llevado a instancias judiciales, cumplía 75 años y renunciaría a su ministerio ante el Papa Francisco por motivos de edad. Rivera salió a la luz pública a través del Semanario Desde la Feel 16 de julio siguiente, asegurando que sus denunciantes solo buscaban venganza y dañar su imagen. Del tema de los sacerdotes señalados de pederastia dijo que, luego de un juicio, el Papa los expulsó.
Al comparecer ante la ex PGR en agosto de 2017, el purpurado declaró ministerialmente que no incurrió en conductas de encubrimiento de sacerdotes por actos de pederastia. Dijo que desde 2010 se enteró de la existencia de seis casos de párrocos acusados de abuso sexual a menores y pidió a los vicarios presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades.
Para febrero de 2018, el sucesor de Rivera Carrera, el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, expresó que las quince denuncias por abuso sexual de clérigos, interpuestas durante el tiempo de Norberto Rivera, fueron resueltas y pasaron a ser casos cerrados. También lanzó la promesa de que las denuncias presentadas a partir de esa fecha serían puntualmente investigadas.
Inconformes con el silencio de la PGR y el anuncio del Arzobispado capitalino, tanto Athié como Barba presentaron una demanda de amparo ante autoridades judiciales, pero el recurso fue declarado improcedente. En diciembre de 2018, activistas anunciaron que llevarían el caso de Norberto Rivera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero a la fecha, nada relevante sucedió.
A partir de la apertura papal, la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) ha ofrecido cifras de los casos en los que los clérigos se han visto involucrados en conductas indignas y en comportamientos considerados delitos en contra de la libertad e integridad sexual de niñas y niños. En febrero de 2019 admitió que 152 sacerdotes católicos fueron separados de sus funciones por esa razón, pero se negó a revelar sus nombres y adscripciones “para no violentar sus derechos humanos”.
Aunque en esa fecha el CEM aseguró no conocer cuántos niños fueron abusados sexualmente por sus sacerdotes, para el mes de mayo siguiente, informó que existían 105 casos de abusos a menores registrados en 63 diócesis, pero que en 97 asuntos estaban relacionados los párrocos y el resto eran personas laicas relacionadas con la Iglesia.
Para enero de 2020, la propia Conferencia aventó nuevos números relacionados con los últimos diez años. El reporte señaló que sumaban 426 sacerdotes católicos investigados por abuso sexual contra menores y otras faltas que no fueron detalladas. Se informó que había 271 casos de agravios sexuales contra menores de edad, más otros 155 procesos canónicos por diversas faltas. De los investigados, a 253 les habían concluido procesos internos y 173 seguían su curso. También se aportó el dato: a 103 curas les dimitieron del estado clerical y 119 son procesados por autoridades civiles.
En efecto hay sacerdotes en la cárcel y otros prófugos, producto de denuncias penales en diferentes latitudes del país. Una investigación realizada por El Universal -en febrero reciente- establece que hay 156 averiguaciones previas y carpetas de investigación en contra de ministros de culto, catequistas y músicos de las iglesias por delitos sexuales como violación, pederastia, atentados al pudor y también corrupción de menores.
También destaca la investigación periodística que solo ocho estados de la República Mexicana tienen el tipo penal de pederastia en su legislación, al igual que se contempla en el Código Penal Federal. Las entidades que cuentan con la tipificación especial a nivel local son Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Sonora. Los demás estados solo consideran los abusos sexuales en contra de menores de edad como agravante de conductas como violación, entre otras.
En su última entrevista sobre los avances en el combate a la pederastia clerical, el secretario general de la CEM, Alfonso Miranda, afirmó que en México se ha trabajado “muy fuerte” para contar con protocolos de seguridad que garanticen justicia en caso que se presenten denuncias por algún tipo de abuso contra menores de edad.
LOS CURAS EN FUGA
De los 103 sacerdotes y miembros de la Iglesia supuestamente separados de sus ministerios, algunos se encuentran prófugos de la justicia tras
haber sido denunciados ante el Ministerio Público. Unos desaparecieron mientras se integraba la averiguación previa o carpeta de investigación. Otros se enteraron que ya existía orden de aprehensión en su contra. Algunos más simplemente se encuentran fuera del país, acogidos por casas religiosas.
Así ocurre con el sacerdote Fernando Martínez Suárez, señalado miembro de Legionarios de Cristo que el 13 de enero fue separado del Estado clerical, según comunicado de la propia congregación. Es acusado de abusos sexuales cometidos contra niñas desde 1969 en colegios de Ciudad de México y Cancún, entre otros. Las víctimas denunciaron 50 años después; es decir, apenas el año pasado, aunque cuentan con evidencias que datan de la época de los ataques. Martínez se encuentra en Roma.
Otro “pez gordo” al que vinculan con violación y otros delitos sexuales contra por lo menos 19 menores, es al sacerdote y abogado Eduardo Córdova Bautista, quien hasta antes de que fuese declarado prófugo, en julio de 2014, era representante legal de la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Desde entonces existe orden de captura en su contra por delitos de privación ilegal de la libertad, abuso sexual calificado y corrupción de menores. En junio de 2017, la entonces Procuraduría General de la República solicitó a la Interpol, la emisión de una ficha roja para localizar y detener a Córdova en cualquiera de los 190 países miembros de la organización.
También es buscado, sin éxito desde 2006, el cura católico Nicolás Aguilar, que frisa la edad de 80 años en la actualidad. El señalamiento fue por parte de niños que en 1986 aseguraron ser víctimas del entonces párroco de un templo de Tehuacán, Puebla, situación que motivó su traslado en 1987 a una parroquia de Los Ángeles, donde también se le achacó el abuso de 26 menores. Un año después regresó a México y se le reintegró a otro templo donde un monaguillo le señaló de violación.
Fuera del país hay señalamientos contra presbíteros y misioneros mexicanos, como es el caso del jalisciense Juan Huerta Ibarra, que hoy debe tener 66 años. En Mérida, Venezuela, fue denunciado en 2001 de abuso sexual cuando era encargado de la Casa de Formación Reina de los Apóstoles por un ex seminarista local. Leonardo “N”, que hoy tiene 32 años, ha rastreado la pista del clérigo por internet y sabe que ha estado en Estados Unidos, Cuba y Ciudad de México, al amparo de la congregación religiosa Sociedad de San Pablo.
Otros canónigos denunciados son Manuel Ramírez García, por tocamientos en 2012 en contra de 13 niños del quinto grado de primaria en el Colegio de Guadalupe, de San Pedro Garza García, Nuevo León. Carlos Franco Pérez, ex rector de la Catedral de Oaxaca, por violación equiparada de una catequista. Noé Trujillo y Francisco Javier Castillo, párrocos que presuntamente abusaron sexualmente de menores de edad.
Fuera de la CEM, son pocos los titulares de los arzobispados del país que hablan sobre el tema y evitan a los reporteros con los cuestionamientos. Sin embargo, el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles, ha reconocido sin tapujos que en Jalisco existen tres denuncias en contra de igual número de sacerdotes por agresión sexual infantil, denunciados por la propia Iglesia Católica. Por su parte, el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, admite tres casos de pederastia de presbíteros contra niñas en la Capital michoacana. La Arquidiócesis Primada de México acepta diez asuntos de esta naturaleza y que solo un sacerdote está preso.
EN PRISIÓN PREVENTIVA
De los 119 sacerdotes que asegura la CEM son procesados por autoridades civiles, pocos son identificables, pues tal vez esa organización se refiera a que están en etapas de averiguación previa y pocos en la cárcel sometidos a causas penales. Sin embargo, las procuradurías estatales han informado los casos en que se ha cumplimentado algún mandamiento judicial contra clérigos.
Tal fue la captura en agosto de 2017 del sacerdote Juan Manuel Riojas, ex rector del Seminario de Piedras Negras, Coahuila. Agentes de la Policía Ministerial le echaron el guante al ejecutar la orden de aprehensión dictada por un juez penal por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación en agravio de un ex seminarista.
Medidas eclesiásticas adoptadas contra la pederastia
Aunque no se advierten acciones sólidas que prevengan la comisión de actos de pederastia por parte de sacerdotes, autoridades clericales han expresado buena voluntad para acotar este flagelo. Lejos quedan aquellas declaraciones en las que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) calificó a los menores abusados por religiosos como “mártires de nuestra época”.
Tras los pronunciamientos del Papa Francisco en contra de la abominable conducta de algunos pastores de la Iglesia Católica, cambiaron los discursos de la CEM y de algunas representaciones arzobispales en México, al empezarse a afirmar desde 2017 que habrá “tolerancia cero” a los abusos sexuales de canónigos.
En marzo de 2018 se anunciaron reformas a los programas de formación en los seminarios del país, con la finalidad de evitar casos de pederastia. Ahí el Arzobispo Primado de Ciudad de México, Carlos Aguiar Retes, manifestó que muchos de los jóvenes aspirantes al sacerdocio provienen de familias que “no son ejemplares” y planteó la revisión administrativa integral a todas las vicarías.
Cuatro meses más tarde, en el marco de la Jornada de Oración por las Víctimas de Abuso Sexual en la Iglesia de México, Aguilar Retes condenó los ataques sexuales perpetrados por los curas, al considerar que las estructuras eclesiales del pasado estuvieron marcadas por la complicidad, el silencio y por obstaculizar la justicia. En ese evento, el religioso pidió perdón al pueblo mexicano por los casos que manchan a la Iglesia y oró para que no haya impunidad por ese delito.
A finales de noviembre de 2018, la CEM anunció el blindaje de las 93 diócesis del país contra la pederastia clerical, con la implementación de la referida estrategia de “tolerancia cero”. Se mencionó la creación del Equipo Nacional de Protección de Menores del Episcopado, con el diseño de medidas para la actuación y prevención de casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes.
En febrero de 2019, la Conferencia empezó a reunirse con autoridades ministeriales federales para llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de 150 sacerdotes denunciados por este tipo de delitos, además de colaborar con la información que las fiscalías requieran. Para esos días, el Papa Francisco llamó a la Iglesia Católica a no solo condenar los casos de pederastia clerical, sino a establecer medidas concretas para erradicar este escándalo.
Como medida relevante, la CEM informó que los aspirantes al sacerdocio deberán someterse a pruebas psicométricas para acreditar que no padecen de alguna “psicología riesgosa” (sic) que pudiera afectar a los niños. En voz de su presidente, Rogelio Cabrera López, se estableció que para ingresar al seminario será requisito insalvable que los jóvenes acrediten una serie de exámenes psicológicos para detectar o evitar a tiempo la posibilidad de abusos sexuales.
En marzo de ese año, la Arquidiócesis Primada de México anunció la creación de un grupo interdisciplinario que dará seguimiento e investigará casos de abusos a menores por parte de sacerdotes y brindará apoyo a víctimas en materia legal, psicológica y espiritual. El equipo, se dijo, sería encabezado por Andrés García Jasso, presidente del Tribunal Eclesiástico de la asociación religiosa.
A nivel internacional, a finales de ese mes, el Papa Francisco publicó tres documentos para prevenir, combatir y procesar ante la justicia a quienes cometan abusos sexuales contra menores en instalaciones del Vaticano y otras instituciones de la Iglesia Católica en el mundo. Promulgó un decreto para endurecer las leyes, prevenir y combatir estas conductas cometidas por sacerdotes, además de establecer la obligación de denuncia inmediata cuando se tenga noticia del abuso bajo pena de multa o cárcel y una ampliación de la prescripción de los delitos a 20 años.
Con base en lo anterior, en noviembre del año próximo pasado, la CEM actualizó su Protocolo Jurídico de Atención en Casos de Abuso Sexual a Menores cometidos por Sacerdotes, que establece plazos y medidas para disminuir los riesgos de este tipo de crímenes.
En San Luis Potosí fueron detenidos en distintos momentos y por hechos diversos, los párrocos José de Jesús Cruz y Guillermo Gil Torres. El primero se desempeñaba en el templo de Nuestra Señora de Fátima, cuando fue señalado de abuso sexual en contra de un adolescente; mientras que el cura Gil, acusado penalmente de ultrajes a la moral, habría mostrado fotos de él, desnudo, a un niño, en fechas que ejercía su ministerio en el templo de Santa Rosa de Lima en la entidad potosina.
En febrero de 2018, la Policía detuvo a un sacerdote porque presuntamente abusó sexualmente de una niña de 12 años en una iglesia en la ex delegación y ahora Alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos habrían acontecido el 14 del mes, cuando la madre de la menor la llevó al catecismo. El escándalo motivó que la Arquidiócesis de México condenara la conducta del pastor, y en un mensaje dirigido a medios de comunicación, informó que este dejaría de ejercer sus funciones hasta que se resolviera el caso, además de que existía disposición para colaborar con las autoridades.
En Ciudad Juárez fue detenido por actos de pederastia en un centro para niños de entre 4 y 12 años, el sacerdote Aristeo Baca. Del asunto se conoció hasta que la ex diputada del Partido Acción Nacional, Clara Torres, responsable en febrero de 2019 del Programa de Estancias Infantiles, de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) renunció. Se dijo en desacuerdo con los lineamientos del Gobierno de México, pero también, que le dieron las gracias por su presunta vinculación con el cura.
Para mayo del mismo año, la Policía Investigadora cumplimentó orden de aprehensión en contra del sacerdote Leopoldo “N”, señalado por el delito de ultrajes a la moral, en agravio de un joven de 13 años. Según las pesquisas, el hombre de sotana llevó a su casa en el poblado de Hacienda del Cabezón, municipio de Ameca, a la víctima, a quien puso a ver películas con contenido sexual, además de que en repetidas ocasiones lo amenazó con sostener actos sexuales con él. El adolescente informó a sus padres lo ocurrido, y
estos denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco el ilícito. Hoy es procesado en el penal de Puente Grande.
En junio de 2019, otro sacerdote de Guadalajara fue denunciado y detenido por presunto acoso sexual a un muchacho de 16 años. La Arquidiócesis tapatía reconoció que el hecho ocurrió en una parroquia local y que los representantes eclesiásticos colaboraron para la captura con base en el protocolo de prevención e intervención ante la denuncia de este tipo de delitos. El párroco fue liberado mediante el pago de una caución y lleva su proceso en libertad.
En agosto de 2019, en Nuevo León, fue apresado el ex sacerdote originario de Costa Rica, Mauricio Víquez. Se le imputó el abuso sexual de por lo menos un menor de edad. Había otras nueve denuncias ante la Iglesia Católica, que ya le sancionó un año antes expulsándolo de la curia. Fue trasladado al Reclusorio Sur de Ciudad de México para enfrentar su proceso de extradición, sin que hasta la fecha se conozca su situación.
SENTENCIAS SIN FIRMEZA
Además del caso del Padre Heladio, que data de más de dos décadas, existen otras condenas más recientes en contra de clérigos imputados por cometer indescriptibles ilícitos en contra de niñas, niños y adolescentes, solo que son muy pocas sentencias comparadas con el fenómeno y las cifras de asuntos que la propia CEM reconoce. Estas resoluciones tienen la característica de contener penas largas, aún debatibles judicialmente en juicios de amparo directo.
En febrero de 2017 recibió sentencia el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, de la Arquidiócesis de Oaxaca, por su responsabilidad plena en la comisión del delito de corrupción de menores, en la modalidad de inducción de actos sexuales y exposición de filmes pornográficos, en agravio de niños de su comunidad. Recibió pena de 16 años y seis meses de prisión. También se le condenó al pago de la reparación del daño por 46 mil 197 pesos por las terapias psicológicas que deberían recibir las víctimas. Los hechos ocurrieron entre 2009 y 2010, mientras que el inculpado fue aprehendido en 2013. Actualmente se halla recluido en el penal de Tlaxiaco.
Un año después se conoció de la condena del presbítero Carlos López Valdés, de 72 años, señalado de abusar sexualmente de un monaguillo de 11 años de edad en 2007, cuando se desempeñaba en la Parroquia de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, Ciudad de México. El “Padre Charly” fue detenido después de 2013, cuando la víctima escribió al Papa Francisco y se agilizó la investigación en México. Por los delitos de violación equiparada y corrupción de menores, el Juzgado 55 de lo Penal de la Capital del país, sentenció al responsable a la pena de 63 años de prisión.
Sin embargo, la definitividad y fiabilidad de los fallos judiciales siempre pende de un hilo, como ocurre con grandes capos del narcotráfico a los que dictan penas muy elevadas y al poco tiempo la sociedad se entera que ya andan libres, como ocurrió con el Padre Heladio en Guadalajara. Por cierto, de la sanción impuesta a Carlos López, solo pueden aplicarse 40 años de cárcel, pues era la pena máxima aplicable en el ex Distrito Federal en la época de la comisión de los delitos.
Para muestra, el caso de Jorge Raúl Villegas Chávez, quien fuera confesor y terapeuta del Colegio Atenas en Irapuato, además de ex vocero de la Arquidiócesis de León, Guanajuato. Acusado de abuso sexual, violación equiparada y corrupción sexual en la modalidad de exhibición sexual en agravio de una niña de secundaria; y de hostigamiento sexual, en perjuicio de otra menor, fue detenido en febrero de 2017 por autoridades ministeriales y llevado a juicio penal. En 2014 enfrentó un proceso familiar cuando un juez le obligó a reconocer la paternidad de una niña, que en esa fecha tenía 9 años de edad.
La sentencia dictada por los abusos sexuales fue inclemente. Una friolera de 90 años siete meses de prisión dictó un juzgador en 2019. La pena fue confirmada en segunda instancia. Sin embargo, la benevolencia de un amparo directo en un Tribunal Colegiado de Guanajuato, ordenó que la condena quedara sin efecto y se repusiera el procedimiento para que se realizara la suplencia de la queja por parte del juez y los magistrados de apelación. En diciembre se volvió a dictar pena de más de 90 años, pero Jorge Raúl nuevamente puede acudir al amparo directo contra la nueva resolución.
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