Un exsacerdote católico que fue declarado culpable de abusar sexualmente de menores, es objeto de una demanda presentada por dos hermanos, quienes alegan haber sido molestados por éste a principios de la década de 1990, mientras ministraba en una iglesia de Riverside.
Carlos René Rodríguez pudo abusar de los niños, de siete y 12 años de edad, porque la Iglesia católica lo protegió y le permitió continuar con sus actividades eclesiásticas a pesar de conocer su problemático historial, según la demanda presentada en la Corte Superior del condado de Los Ángeles, el 25 de octubre.
Rodríguez, de 62 años, se declaró culpable en 2004 y fue condenado a ocho años de prisión por abusar sexualmente de dos hermanos, en Santa Paula, una década antes. Fue liberado después de cuatro años y ahora vive en Bakersfield, según el sitio web de la Ley Megan, que lista el paradero de los delincuentes sexuales registrados.ADVERTISING
La demanda acusa a la Arquidiócesis de Los Ángeles de permitir que Rodríguez continúe ministrando a las familias a pesar de admitir a un funcionario de la Iglesia que había acosado a un menor en 1987. Los funcionarios eclesiásticos de la Arquidiócesis de Los Ángeles y la Diócesis de San Bernardino no lo alejaron de los niños, conforme la querella.
Las acusaciones son particularmente alarmantes porque la Diócesis de San Bernardino, que también está mencionada en la demanda, publicó recientemente una lista de sacerdotes acusados de agresión sexual que no incluyó a Rodríguez, detalló el abogado Anthony DeMarco, quien representa a los dos hermanos en la demanda y resolvió casos similares por dos presuntas víctimas de Rodríguez en 2015.
Los demandantes continúan sufriendo trastornos mentales y emocionales, y solicitan una indemnización compensatoria por daños.
“¿La Diócesis de San Bernardino, cuando estaba creando su lista, hizo realmente un trabajo minucioso para determinar qué sacerdotes pedófilos habían ministrado allí?”, se preguntó. “No se está haciendo ninguna diligencia y, por lo tanto, cualquier sacerdote con un problema puede entrar en contacto con familias con niños. [El tema] da miedo y necesita cesar”.
La Diócesis de San Bernardino aseveró que no tiene registro de Rodríguez. “No podemos encontrar a nadie con ese nombre en nuestros archivos”, indicó John Andrews, portavoz de la diócesis. “Tampoco tenemos constancia de que alguien haya denunciado el abuso sexual de un menor por parte de un sacerdote llamado Carlos René Rodríguez.
“Por esas razones, el nombre del [padre] Rodríguez no se incluyó en nuestra lista de curas con alegatos creíbles de abuso sexual de un menor en nuestra diócesis [desde 1978 hasta el presente]. Simplemente, nunca hemos recibido ninguna información de las víctimas o de la policía sobre esta denuncia que nos permita investigar si es creíble o no”, agregó Andrews.
La Arquidiócesis de Los Ángeles indicó que no haría comentarios sobre la demanda porque aún no había sido notificada oficialmente. Pero la portavoz Itzel Magaña declaró que la última asignación de Rodríguez en la arquidiócesis fue en 1990, y que fue destituido del sacerdocio en mayo de 1998.
Cuando la arquidiócesis supo, en 2016, que Rodríguez estaba ministrando en una iglesia no afiliada bajo el nombre de ‘padre Carlos Ramírez’, los funcionarios eclesiásticos informaron a las autoridades y enviaron alertas a todas las parroquias informándoles que el hombre no estaba autorizado para actuar como sacerdote católico romano, detalló la vocera.
Magaña también señaló que la arquidiócesis tiene un protocolo para responder a los informes de abuso desde 2002. “La Arquidiócesis de Los Ángeles reafirma el compromiso con la sanación de víctimas y sobrevivientes del abuso y la protección contra el abuso y la mala conducta”, expresó.
La Congregación de Mission Western Province, que también se menciona en la demanda, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los demandantes en la querella actual presentaron su caso después de que uno de los hombres vio un segmento de noticias de 2016 acerca del trabajo de Rodríguez en una parroquia local. Ello incitó al hombre a discutir el abuso por primera vez con su hermano, quien reveló que también había sido molestado por Rodríguez, señala la demanda.
Los dos individuos acusan a Rodríguez de haber abusado de ellos varias veces en sus hogares y en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Riverside, donde Rodríguez ministró a principios de los años 1990, explicó DeMarco.
La demanda no dio más detalles sobre las acusaciones de los hermanos, pero afirma que ambos reprimieron los recuerdos de los abusos durante décadas, lo cual les causó daños psicológicos y les provocó problemas con la bebida.
Según DeMarco, la demanda subraya la falta de diligencia debida de la Iglesia en la selección de Rodríguez, dado su pasado bien documentado. “¿Qué tan difícil sería crear una política [que requiera] que antes de que cualquier sacerdote pueda ministrar en una parroquia, haya algún tipo de verificación de antecedentes?”, cuestionó. “Carlos Rodríguez es un peligro para los niños y la única forma de que no lo sea es que esté tras las rejas”.
Cuando Rodríguez fue ordenado sacerdote en la Congregación de Mission, en 1986, varios de sus colegas se preocuparon por su comportamiento hacia los menores porque a menudo pasaba tiempo a solas con ellos en su residencia, según la demanda. Pero estas preocupaciones nunca fueron reportadas a la policía, señala la demanda.
En 1987, mientras se desempeñaba en la iglesia católica St. Vincent De Paul, en el sur de Los Ángeles, Rodríguez llevó a dos chicos a un viaje al Gran Cañón y, a su regreso, admitió ante un funcionario eclesiástico haber abusado de al menos uno de ellos, alega la demanda.
Los funcionarios clericales instaron a los padres de los menores a no presentar una denuncia policial, según la querella. Pero cuando se enteraron de que lo harían, enviaron a Rodríguez a un centro de tratamiento para sacerdotes abusivos, en Maryland, antes de que los investigadores pudieran entrevistarlo, según la demanda.
La Congregación de Mission notificó a la Arquidiócesis de Los Ángeles sobre el tratamiento de Rodríguez después de las acusaciones de abuso, y las dos organizaciones trabajaron juntas para colocarlo en la Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis en Santa Bárbara cuando regresó a California, en 1988, según la querella. Allí ministró a familias inmigrantes de habla hispana en los condados de Ventura, Los Ángeles, San Bernardino y Riverside.
Durante este tiempo, varios pastores expresaron su preocupación porque Rodríguez violó las condiciones de su restricción al contacto cercano con los niños, de acuerdo con la demanda. Se le otorgó entonces un permiso de ausencia temporal, pero la Iglesia no lo retiró del sacerdocio, afirma la demanda.
A pesar de su ausencia, Rodríguez continuó ministrando en las comunidades para la Oficina de Vida Familiar, incluido el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Riverside, al cual asistía la familia de los demandantes. En ese momento, la Iglesia no tomó ninguna medida para informar a las parroquias ni a los feligreses que Rodríguez ya no tenía permiso para ministrar.
No fue sino hasta 1996, cuando la Iglesia católica se enteró de que Rodríguez residía con una familia de Santa Bárbara con cinco hijos, que comenzó el proceso de expulsarlo del sacerdocio, según la demanda, del cual fue apartado dos años después.
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