Se pide que investiguen a un sacerdote por un abuso cometido hace varios años y al obispo que debería haberlo sancionado
Las acciones que se enumeran a continuación, han sido llevadas a cabo por el papa Franciscodesde que fue elegido hasta la fecha de publicación del presente informe, consigna el sitio Mendoza Online.
La enumeración no es taxativa, por lo que pueden sumarse muchas más acciones. Todas ellas, consolidan el sistema de encubrimiento de los sacerdotes abusadores sexuales que la institución religiosa mantiene en su estructura, cuyos efectos no son otros que el abuso de poder, la denegación de justicia y la violación de derechos humanos de las víctimas.
a) Institucionales
1. Designó en la Curia vaticana a cardenales que participaron del cónclave que lo eligieron como papa, integrantes de la denominada “docena sucia” por haber sido acusados de encubrir sacerdotes pederastas. Ellos son: Leonardo Sandri (Argentina), miembro de la secretaría para la Comunicación del Vaticano; George Pell (Australia), Prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede; Marc Ouellet (Canadá), Prefecto de la Congregación para los Obispos y Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina; Seán O’Malley (EE.UU.), Consejero en el C8 y Presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores; Peter Turkson (Ghana), Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; Oscar Rodríguez Madariaga (Honduras), Consejero del C9.
2. Designó en la C9 (órgano consultivo), a los siguientes cardenales acusados de encubrir abusos sexuales: Oscar Rodríguez Madariaga; Francisco Javier Errázuriz Ossa; Sean Patrick O’Malley; George Pell. En el caso de Errázuriz, se le aceptó el retiro luego de terminar el período para el cual fue nombrado.
3. En particular, el cardenal George Pell es responsable de encubrir más de 4.000 casos de abusos sexuales del clero en Australia y, también, de haberlos cometido. Al no poder sostener más su cargo y ser requerido por las autoridades judiciales de Australia, le concedió licencia para que viaje a su país y se someta a las autoridades judiciales del estado. En noviembre de 2018, Pell fue encontrado culpable de abusar sexualmente de dos monaguillos en los años ’90, cuando era obispo en Ballarat, conforme el veredicto unánime de un tribunal de Melbourne.
4. En los mencionados casos de Errázuriz y Pell no hubo expulsión ni apartamiento por parte del papa de los prelados, sino cumplimiento del mandato en el primero y otorgamiento de licencia en el segundo, sin renovación “agradeciéndoles el trabajo que han realizado en estos cinco años”.
5. No ha cumplido con las nueve exhortaciones que el Comité de los Derechos del Niño (ONU), le hizo a la Santa Sede en 2014 para extirpar el flagelo de los abusos sexuales, que está enquistado en su estructura y organización.
6. No ha cumplido con el conjunto de medidas sugeridas por el Comité que controla la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes, para evitar la comisión de abusos sexuales.
7. No ha presentado al Comité de los Derechos del Niño el último informe relativo al cumplimiento – dentro de la iglesia – de la Convención respectiva, que venció el 01 septiembre de 2017 y que la Santa Sede tiene la obligación de presentar por haberla suscripto.
8. Tampoco presentó al Comité contra la Tortura el informe periódico que venció el 23 de mayo de 2018.
9. Mantiene el sistema de violencia institucional, sexual, psicológica y de género contra niños, niñas y adolescentes.
10. Mantiene el cuerpo normativo interno, violatorio de derechos humanos de las víctimas de abuso sexual eclesiástico, principal eje donde engarza todo el sistema de encubrimiento de curas abusadores.
11. Mantiene el secreto pontificio en materia de abusos sexuales del clero. El mismo, obliga a todos los participantes de un procedimiento canónico a guardar secreto bajo juramento de silencio. Se amordaza y coacciona a las víctimas.
12. No ha publicado registro oficial – certificado por organismos independientes – de los sacerdotes expulsados por causa de abuso sexual infantil.
13. Mantiene en secreto el lugar donde están los sacerdotes acusados de abuso sexual y que han sido separados de modo transitorio por una medida cautelar canónica, con serio riesgo de estar cerca de niños y jóvenes. Tampoco existen mecanismos internos para controlar aquellas medidas.
14. Avala el rol marginal de la Comisión para la Tutela de Menores, que en la práctica, no ha producido cambios significativos. Desde su creación, sólo se ha reunido tres o cuatro veces de manera plenaria, cuyos dictámenes no son obligatorios para los obispos.
La misma no tiene poder de investigación real, no conoce la información existente en la Congregación para la Doctrina de la Fe (única con competencia en la materia), acerca de los abusos sexuales; tampoco conoce estadísticas. Sus resultados son prácticamente nulos.
15. Avaló la expulsión de Peter Saunders de la referida Comisión. Saunders fue víctima de abuso sexual y muy crítico con la actividad de la misma.
16. Avaló la inacción de la Comisión al aceptar la renuncia de Marie Collins, otra víctima de abuso sexual designada para integrarla como señal de transparencia. La causa por la que renunció: “Falta de apoyo dentro del Vaticano”. Las dos víctimas fueron usadas y manipuladas.
17. Creó un Tribunal encargado de juzgar a obispos negligentes en iniciar procedimientos contra curas abusadores. Luego, dio marcha atrás elaborando la carta apostólica Como una madre amorosa, suplantando el tribunal por un procedimiento regulado en el Código de Derecho Canónico y encargado a determinadas Congregaciones de la Curia.
El proceso es groseramente tramposo: el obispo acusado tiene la posibilidad de entrevistar a los superiores de las Congregaciones, fomentando el contubernio; se consolida el privilegium fori, es decir, el hecho que curas juzguen curas por delitos comunes; se elimina la independencia como fundamento de un juicio justo e imparcial. Un esperpento jurídico. Aún no hay un solo obispo sancionado por este mecanismo.
18. Avala la permanencia del sacerdote Tony Anatrella, psicoterapeuta y asesor francés del Vaticano en temas de la sexualidad que argumenta que los homosexuales no deben ser ordenados al sacerdocio y que ha sido acusado por al menos cuatro hombres de haberles abusado sexualmente en sesiones de terapia diseñadas para “curarles” de su homosexualidad.
19. Designó al arzobispo jesuita español Luis Ladaria Ferrer como nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien no llevó a la justicia estatal a un sacerdote que la Iglesia condenó por abuso sexual de 11 niños.
20. No ha propuesto reforma alguna relativa al secreto de confesión que, entre otras causas, permite el encubrimiento de sacerdotes pederastas.
En el caso del cardenal Pell, las autoridades australianas recibieron una recomendación de parte de una comisión especial creada para investigar los casos de abuso sexual que recomienda no otorgar “ninguna excusa, protección o privilegio” a los sacerdotes que no alerten a la policía de los delitos de los que tengan noticias, sin importar el contexto en el que se ha dado a conocer.
21. El Vaticano no informa el nombre de los sacerdotes pedófilos, con acusación o sanción; omite premeditadamente informar a la autoridad judicial de los estados. Ejemplo, el de un sacerdote italiano que desapareció de su diócesis. Luego se conoció que había sido enjuiciado y expulsado por la Congregación para la Doctrina de la Fe por pedófilo, lo redujeron al estado laical. Fue la propia Congregación quien le ordenó al sacerdote abusador que no debía contar nada a nadie porque había que proteger la imagen de la iglesia.
22. Reconoció expresamente que “la Iglesia llegó demasiado tarde” tanto para reconocer la gravedad del problema como para asumir responsabilidades al respecto.
“Tal vez la antigua práctica de transferir a la gente adormiló un poco las conciencias”, expresó Francisco durante una reunión con los miembros de Pontificia Comisión para la Protección de los Menores en el Palacio Apostólico.
23. Recibió una carta del joven polaco Kamil Tadeusz Jarzembowski, denunciando los abusos en su habitación a otro seminarista, más de 140 veces y de los que él era testigo ocular. El papa no tomó decisión alguna.
24. Avaló y no se opuso a la ordenación sacerdotal del Pbro. Gabriele Martinelli, acusado por abusos en el Preseminario San Pío X en el Vaticano. Año 2017.
25. Participó de la misa por el fallecimiento del cardenal Bernard Law, ex arzobispo de Boston, EE.UU., el mayor encubridor de sacerdotes pederastas en ese país, que fuera protegido en el Vaticano para no entregarlo a las autoridades judiciales. Nunca se lo enjuició ni sancionó.
26. En diciembre de 2017, renovó la Comisión para la Tutela de Menores, ampliándola a dieciséis miembros, pero sin modificar su función y sentido.
27. Designó al cardenal Roger Mahony – crónico encubridor de sacerdotes abusadores en Los Ángeles -, para ser su enviado especial y representante en una Misa Pontifical en la Catedral de Scranton, Pensilvania, para celebrar el 150 aniversario de esa diócesis, que tuvo lugar el 4 de marzo de 2018 en la Catedral de San Pedro, Scranton. Finalmente, el propio Mahony informó que no podría asistir.
28. Fue denunciado por el Arzobispo Carlo María Viganò, exnuncio en Estados Unidos, por encubrir los abusos sexuales cometidos por el Arzobispo Emérito de Washington, el ex cardenal Theodore McCarrick.
El caso reflejó, además, un conflicto interno dentro de la institución, por pertenecer el denunciante a una línea política distinta a la del papa.
b) En Europa
29. Avaló la protección que el cardenal Angelo Bagnasco – ex presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Génova – hizo de Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto Verbo Encarnado y sancionado canónicamente por casos de abuso sexual. Nadie controla a Buela, para evitar futuros abusos a niños y/o seminaristas.
30. Mantiene la ambigüedad en el caso español denominado “los romanones”. Atiende personalmente la llamada del denunciante, le pide perdón, le anima a denunciar a la justicia civil y pone en marcha el proceso canónico rápidamente, fruto del cual el arzobispo de Granada suspende a divinis a tres de los imputados. Sin embargo, coloca a otros miembros del clan como sus sustitutos. No somete al obispo de Granada – Francisco Javier Martínez- a juicio por negligencia.
31. Protege a 25 obispos franceses (5 de ellos en actividad), que encubrieron a 39 sacerdotes abusadores de 300 niños.
32. Redujo las sanciones a un grupo de curas pederastas italianos, que no perdieron su condición de sacerdotes, sino que no realizarán el ejercicio público de los oficios.
33. En Alemania, no ha sancionado a obispos ni sacerdotes por el escándalo de los 547 niños abusados en el coro Regensburger Domspatzen, dirigido durante décadas por Georg Ratzinger, el hermano mayor del papa Benedicto XVI.
En relación a este país, ha guardado silencio ante el informe que da cuenta que 3600 niños fueron abusados sexualmente por miembros del clero católico a lo largo de las últimas siete décadas.
34. No se ha pronunciado respecto a la situación de los 18 sacerdotes españoles incriminados o detenidos en su país de residencia, u otros acusados o condenados en España, luego trasladados, o que han huido.
c) América Latina
35. En Chile, nombró obispo de Osorno al sacerdote Juan Barros, principal encubridor del pederasta Fernando Karadima. Ante un grupo de chilenos en el Vaticano, les aconsejó que “piensen con la cabeza y no se dejen llevar por acusaciones infundadas de los zurdos”. Calificó de tontos a los católicos de Osorno que se opusieron a esa designación.
36. En su visita a aquel país en enero de 2018, pidió perdón por los abusos sexuales cometidos por clérigos chilenos; luego, admitió la participación en una misa y otros actos eclesiásticos a los obispos encubridores del pederasta Karadima (Valenzuela, Tomislav Koljatic), y al propio Barros.
Trató de mentirosos a Juan Carlos Cruz, Hamilton y Murillo, víctimas de Karadima quienes debieron llamar a conferencia de prensa para replicar al papa.
37. En la referida visita, se reunió en forma secreta con víctimas de abuso sexual, motivando el repudio de la Red de Sobrevivientes ya que confirmó el siniestro, violento e histórico proceder de la Iglesia Católica en materia de abuso sexual clerical.
Esa acción, confirmó la sospecha de que el Vaticano tiene una completa y actualizada base de datos de sus víctimas. Asimismo, la premeditada selección de ellas, el proceder secreto y oscuro del pontífice, la negativa a recibir reclamos concretos de parte de los afectados y la consiguiente manipulación efectuada por el máximo jerarca católico, dejan ver la contumacia en su proceder ladino, contrario a la transparencia que finge ostentar.
Sumado a que el papa Francisco ha vulnerado el derecho de todas las víctimas a ser convocadas por igual, ya que deben ser ellas las que deciden ejercer o no el derecho a concurrir a una reunión y no ser seleccionadas como ovejas por el poder religioso.
Sin perjuicio de ello, en razón del repudio público generado por las declaraciones de Bergoglio relativas a que no había pruebas para condenar a Barros, poco tiempo después, volvió sobre sus pasos, nombró una nueva comisión de investigación cuyas conclusiones admitieron la culpabilidad del obispo y la connivencia de otros.
El resultado de esa investigación fue que en el mes de mayo de 2018 la Conferencia Episcopal de Chile, en pleno, puso sus cargos a disposición del papa, quien aceptó las renuncias de cinco de ellos: el propio Juan Barros (Osorno), Cristian Caro Cordero (Puerto Montt), Gonzalo Duarte García de Cortázar (Valparaíso), Alejandro Goic (Rancagua), Horacio del Carmen Valenzuela (Talca).
La aceptación de las renuncias constituye otra trampa, ya que los “renunciantes” no fueron expulsados de la institución, sino que permanecen en ella con el consiguiente riesgo para niños, niñas y adolescentes.
Se suma el hecho no menor que las renuncias de Caro y Duarte se aceptaron por razones de edad.
La renuncia de Goic fue aceptada, además, por su complicidad y tardía reacción en el caso de la cofradía de 14 sacerdotes pedófilos denominada “La Familia”, investigada por la justicia estatal chilena.
38. Promocionó a cargos superiores a Ricardo Ezzati (nombrado cardenal en 2014) y Francisco Javier Errázuriz (integrante del C9). Los tres fueron protagonistas del mayor escándalo por abusos sexuales clericales en Chile.
39. Expulsó al sacerdote chileno Pedro Mariano Labarca Araya – de la orden mercedaria – por su participación en casos de abuso sexual contra menores y ex seminaristas. Sin embargo, el motivo principal de la decisión fue “el grave daño a la dignidad sacerdotal y a los compromisos religiosos”. Las víctimas – una vez más – pasaron a un segundo plano, de nuevo fueron invisibilizadas.
40. En el caso del Instituto Alonso de Ercilla, administrado por Hermanos Maristas, las medidas adoptadas fueron tardías, confirmando la política de silencio institucional. No se refirió al caso, ha ignorado por completo a las víctimas sobrevivientes. Existe una treintena de casos ocurridos entre los años 70 y 80.
41. El accionar contrario a los derechos humanos de las víctimas chilenas puede observarse en la situación de los 80 religiosos denunciados y al menos 11 Obispos involucrados en casos de abuso.
42. Retiró – rápidamente – de República Dominicana al nuncio apostólico Jozef Wesolowski, acusado de pederastia y tenencia de pornografía infantil, para no ponerlo a disposición de las autoridades judiciales de ese país.
Una de sus víctimas dijo que “tenía un tipo de gusto específico, de 14 a 16 años, y si eran “blanquitos’ mucho mejor”. Wesolowski falleció en el Vaticano, en circunstancias poco claras, antes de someterse a la justicia vaticana que, se sabe, no se destaca por su imparcialidad.
43. En México, mantuvo en su puesto – hasta que renunció – al cardenal Norberto Rivera, el mayor encubridor de sacerdotes pederastas de ese país, incluido el predador sexual Marcial Maciel Degollado (fallecido), fundador de los Legionarios de Cristo.
44. Dicha congregación fue “perdonada” mediante indulgencia plenaria, como también su movimiento seglar (Regnum Christi), por los abusos sexuales cometidos por su fundador, Marcial Maciel, quien fue acusado además de fraude, extorsión y haber abusado de sus propios hijos, ya que llevaba doble vida.
45. Avaló el proceder de la Arquidiócesis Primada de México que absolvió al sacerdote José Ataulfo García tras confesar haber abusado sexualmente de decenas de niñas en la comunidad indígena de Oaxaca. Al delito de abuso y violación de unas 30 niñas de entre 5 y 10 años, admitido por el propio clérigo, se suma el hecho de que García es portador de HIV.
46. En Argentina, no ha expulsado aún al cura Julio Cesar Grassi, no obstante estar condenado por delitos de abuso sexual y corrupción de menores a 15 años de prisión efectiva. El procedimiento canónico se retomó luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la prisión del sacerdote.
47. Avala las líneas-guía de la Conferencia Episcopal Argentina donde se niega sistemáticamente a las víctimas garantías del debido proceso, violando derechos humanos básicos y revictimizándolas ya que continúa el abuso de poder y la denegación de justicia.
48. Nunca recibió a víctimas de abuso integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina. Los intentos de reunión que hizo fue en secreto, evitando seleccionar personas que fueran a hacer reclamos concretos. Las que ha recibido – de otros países – han sido cuidadosamente digitadas para evitar dichos reclamos, manipulándolas, revictimizándolas.
49. Tomó conocimiento en 2014 de casos de abusos sexuales en el Instituto Antonio Próvolo de Verona, Italia y no adoptó ninguna medida. Se le entregó – en sus propias manos – la lista de sacerdotes abusadores y de víctimas.
50. Inició en el 2015 el proceso de beatificación del obispo de Verona, Giuseppe Carraro, quien abusó sexualmente de un alumno del Instituto Antonio Próvolo de aquella ciudad.
51. Volvió a tomar conocimiento – en 2016 – de más casos de abusos sexuales en el Instituto Próvolo, esta vez en Mendoza y La Plata, Argentina. Recién ahí nombró una comisión de investigación integrada por dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Córdoba, Argentina, quienes a requerimiento del fiscal adjunto de la causa Próvolo – para que colaborasen con la justicia estatal aportando su propia documentación -, se negaron, invocando el privilegio jurídico que le otorga el Concordato de 1966 firmado entre Argentina y la Santa Sede, es decir, no informar.
El trabajo de la referida comisión tuvo claros propósitos de extraer información del expediente sin tener legitimación procesal, entorpeciendo el desarrollo del mismo, con riegos de planteos de nulidad que perjudicarían a las víctimas.
52. Avala el accionar delictivo de las autoridades del Instituto Próvolo de Italia respecto a los sacerdotes detenidos en Mendoza, no llevando cabo ningún procedimiento para sancionarlas. Mantiene en el cargo de Vicedirector del Instituto a Giovanni Granuzzo, sacerdote pederasta denunciado por víctimas italianas.
53. Avala el accionar cómplice del Arzobispado de Mendoza, entidad localmente responsable del Instituto Antonio Próvolo.
54. No ha iniciado procedimiento canónico alguno contra los tres obispos de Mendoza por su responsabilidad en el funcionamiento del Instituto Antonio Próvolo aplicando las disposiciones contenidas en el documento “Como una madre amorosa”.
55. Avala los dichos del sacerdote Dante Simón, que integra la Comisión enviada por el Vaticano para investigar los hechos del Próvolo, quien sostuvo que “una chica, un chico… se enamora de un sacerdote, y éste no le responde. Tan despechado puede ser el varón como la mujer. Entonces, lo denuncian. Y como hay que intervenir de oficio, ante la denuncia, hay que intervenir. Entonces muchas causas son desestimadas”.
56. No ha iniciado proceso canónico contra el obispo de San Francisco, Córdoba, Sergio Buenanueva, quien expresamente reconoció: “Nuestro gran error fue proteger a los curas abusadores”.
57. Avaló la decisión de la Comisión que investigó los hechos del Próvolo en su negativa a brindar información y documentación al fiscal de la causa, amparándose en el Concordato de 1966. Incumplió, de ese modo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza – caso Iván González c/ Arzobispado de Mendoza – que le ordenó a la iglesia brindar información a las víctimas.
58. No ha iniciado procedimiento canónico alguno – para determinar responsabilidades por omisión y negligencia, aplicando las disposiciones contenidas en el documento “Como una madre amorosa”- contra los obispos argentinos que se enumeran a continuación, responsables de controlar a sacerdotes incardinados en sus diócesis, denunciados por abuso sexual en sede estatal y/o canónica:
Héctor Aguer, sacerdotes Héctor Ricardo Giménez, Nicola Corradi y Horacio Corbacho (La Plata).
José María Arancedo, sacerdote Félix Alejandro José Martínez (Mar del Plata), y Luis Brizzio (Santa Fe).
Antonio Marino, sacerdote Félix Alejandro José Martínez (Mar del Plata).
Ricardo Faifer, sacerdote Domingo Jesús Pacheco (Corrientes).
José María Arancibia y Sergio Buenanueva, sacerdotes Jorge Luis Morello y Raúl del Castillo (Mendoza).
Carlos María Franzini (fallecido) y Dante Braida, sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho (Mendoza).
Juan Alberto Puíggari, sacerdotes Justo José Ilarraz, Marcelino Moya, Juan Diego Escobar Gavíria y religiosa Bibiana Fleitas (Entre Ríos),
Estanislao Karlic, sacerdote Justo José Ilarraz (Entre Ríos).
Mario Maulión, sacerdote Justo José Ilarraz (Entre Ríos).
Oscar Ojea y Mario Poli, sacerdote Mario Koessler (San Isidro, Buenos Aires).
Mario Cargnello, sacerdotes Emilio Raimundo Lama y Agustín Rosa Torino (Salta).
Luis Urbanc, sacerdotes Juan de Dios Gutiérrez y Renato Rasjido (Catamarca).
Adolfo Uriona, sacerdote Carlos Alberto Dorado (Santiago del Estero).
José Masín y Rubén Martínez, sacerdote Néstor Monzón (Chaco).
Guillermo Rodríguez Melgarejo y Sergio Buenanueva, sacerdote Carlos José (San Martín, Buenos Aires).
Miguel Ángel D´Annibale, sacerdote Cristian Abel Vázquez (Río Grande, Tierra del Fuego).
Hugo Santiago, sacerdote Tulio Mattiussi (San Pedro, Buenos Aires).
Alfredo Dus, sacerdotes Luxorio Ruiz Bilbao (fallecido) y Juan José Crippa (Chaco)
Fernando Maletti y Oscar Miñarro, por el laico que trabaja en el taller de Cáritas (Merlo, Pcia. de Bs. As.).
Respecto al caso del sacerdote Félix Alejandro José Martínez, cabe aclarar que cuando Jorge M. Bergoglio era cardenal, uno de los papás de víctimas llamó por teléfono y el secretario le contesto que no los iba a recibir porque no era un tema de su competencia. Al poco tiempo, los padres de las víctimas le enviaron dos cartas al Papa Francisco, a través de Gustavo Vera, diputado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y amigo personal del papa, pero ni siquiera recibieron un acuse de recibo.
En el caso del fallecido obispo Abelardo Silva, tampoco inició investigación alguna para determinar las responsabilidades. La denuncia canónica lleva número Prot. 142/2017-59513 Congregación para la Doctrina de la Fe -Cardenal Prefecto Gerhard Ludwin Muller.
Los obispos argentinos que se reunieron con la víctima y fueron notificados del caso, son los siguientes: Fernando Croxatto (Neuquén), Carlos Malfa (Secretario de la Conferencia Episcopal Argentina), Martín Fassi (auxiliar de San Isidro), Miguel Angel Dänibale (Río Gallegos) y el Cardenal Mario Poli.
59. Como consecuencia de ser el principal avalista del sistema de encubrimiento, tolera, sin haber tomado medida alguna, que el sacerdote Luis Alberto Bergliaffa, sancionado en 2014 por abusar de una niña en la provincia de Córdoba, tenga cobijo en la diócesis de General Roca, provincia de Río Negro.
El mencionado pederasta, fue sancionado la Iglesia Católica que le impide ejercer el sacerdocio por 10 años, pero sin ningún tipo de control. Es decir, nadie dentro de la institución eclesiástica, controla que el sacerdote no siga celebrando sacramentos, o tenga otro tipo de actividad clerical.
Como no fue sancionado por la justicia del Estado, cumplida la pena canónica, podrá volver a participar de cualquier actividad dentro de la iglesia, con el consiguiente riesgo de volver a tener contacto con niños, niñas y adolescentes.
60. En Perú, avala la continuidad del movimiento Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), investigado por la justicia de ese país, al que se le imputa ser una organización criminal en la que se habrían cometido los delitos de asociación ilícita, secuestro, abusos sexuales a menores, esclavitud moderna y lesiones graves, así como un presunto delito de lavado de activos.
61. Protege a su fundador, Luis Fernando Figari, quien fuera declarado culpable por la propia organización, de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por aquél y otras cabezas del movimiento. La sanción impuesta por al Vaticano ha sido enviarlo a un lugar de penitencia en Italia, donde quedará enclaustrado. Además, tiene prohibido volver al Perú (excepto por motivos sumamente graves y siempre con permiso escrito), tener contacto directo o personal con miembros de la comunidad sodálite y conceder entrevistas a los medios de comunicación, ya sea en público o en privado. La Santa Sede consideró que los delitos, de acuerdo al derecho canónico, han prescrito. Lo que se le impone son medidas disciplinarias de carácter administrativo. A pesar de haberse iniciado una investigación penal en los tribunales peruanos, el Vaticano no lo ha puesto a disposición de la justicia estatal.
62. En su visita a Perú en 2018, permitió que el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi (integrante del Sodalicio), leyera un discurso en su honor.
Eguren fue el primer denunciado en el año 2000. Ha sido señalado como partícipe principal en casos de tráficos de terrenos en la ciudad de Piura, y vinculado a la organización criminal La Gran Cruz.
63. En Paraguay, medió en el conflicto desatado entre el obispo Rogelio Ricardo Livieres y el arzobispo de Asunción, Pastor Cuquejo, quien sugirió en junio de 2014 abrir una investigación para aclarar las acusaciones sobre el sacerdote argentino Carlos Urrutigoity, acusado de abuso sexual en 2002 por un estudiante de la Academia Saint Gregory en Pensilvania, Estados Unidos, y protegido por Livieres. El conflicto terminó con la destitución de Livieres, quien luego falleció en 2015.
En cuanto al sacerdote motivo del conflicto, se sabe – extraoficialmente – que la iglesia lo mantiene escondido en la provincia de Mendoza, Argentina.
64. Permitió que el sacerdote argentino Carlos Richard Ibañez, investigado por abuso sexual de al menos diez jóvenes en Bell Ville, provincia de Córdoba, Argentina, entre los años 1991 y 1992, participara en la concelebración de una misa en 12 de julio del 2015 en Ñu Guasu, actividad prevista en el viaje papal a Paraguay.
65. Avaló la presión que el Nuncio Apostólico en Paraguay llevara a cabo contra el Diario La Nación de ese país, con la finalidad de que no se siguiera con la publicación de una investigación efectuada por periodistas de ese diario, sobre sacerdotes pederastas argentinos trasladados por haber cometido ese delito.
Abog. Carlos Lombardi – Mat. Fed. T° 76 F° 491
Asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina.
Apoderado de la Rete L’Abuso, Associazione italiana vittime di preti pedofili, Italia.
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